Nicaragua
El huevo de la serpiente: la nueva ley electoral
La Ley Electoral fuerza el bipartidismo.
El nuevo bipartidismo refuerza el modelo electoral de mercado.
Este modelo electoral prosperó durante la Guerra Fría. Hoy es obsoleto.
El PLC y el FSLN no son ya expresión de los intereses
de los diversos sectores sociales ni de los diversos sectores regionales.
José Luis Rocha
A la par de las tres últimas elecciones celebradas en Nicaragua ha corrido la promulgación de tres leyes electorales: la de 1990, la de 1996 y la de enero del 2000. La que rige los comicios municipales de noviembre del 2000 establece criterios mucho más restrictivos para la formación de nuevos partidos y condiciones más estrictas para su supervivencia; incluyó requisitos adicionales para la presentación de candidaturas por parte de los partidos al sancionarse la ley; y con una disposición claramente anti-democrática, eliminó de un tajo las asociaciones de suscripción popular.
Para la constitución de partidos políticos, la ley de 1995 exigía únicamente la integración de una directiva nacional de 9 miembros, directivas de 7 miembros en los 17 departamentos y regiones autónomas, y directivas de 5 miembros en al menos el 50% de los 147 municipios. Con menos de 500 simpatizantes era posible constituir un partido. Esto llevó al ridículo extremo de que en las elecciones de 1998 en la Costa Atlántica, varios partidos obtuvieran una cantidad de votos inferior al número de fiscales acreditados, que habían accedido a desempeñar esta tarea estimulados únicamente por la remuneración que recibieron de algunos partidos. El PLC y el FSLN resintieron los efectos adversos de la Ley de 1995. El fraccionamiento de la Asamblea Nacional y la dificultad de construir alianzas estables les decidieron a reducir las facilidades para formar partidos pequeños y para lograr acceso al financiamiento estatal a los partidos. Esta es una de las varias razones del pacto.
Estrictas medidas excluyentesLa Ley Electoral reformada tras el pacto entre el FSLN y el PLC exige que el nuevo partido presente un documento debidamente autenticado con firmas de respaldo que sumen al menos el 3% del total de votantes registrados en el padrón electoral correspondiente a las últimas elecciones nacionales. Ese 3% equivale para estas elecciones a 72 mil 633 firmas. El nuevo partido debe también constituir directivas nacionales de 9 miembros, directivas departamentales de 7 miembros y municipales de 5 miembros en los 152 municipios del país. Unas modificaciones más moderadas hubieran conseguido el objetivo de restringir los partidos garantizando permanencia a los de suficiente representatividad. La extrema dureza de las reformas puso en evidencia una intención excluyente reduciendo al mínimo a los contendientes de los comicios. Horacio Boneo, quien hizo un estudio sobre estas reformas para la cooperación sueca, encontró exageradas las medidas adoptadas, especialmente al contrastarlas con la práctica de otros países. Boneo hizo notar que en Finlandia, por ejemplo, sólo se requiere un número de firmas equivalente al 0.57% del total de votos válidos en la última elección para constituir un nuevo partido. En Alemania este requisito se reduce al 0.1% del total de votos emitidos en las últimas elecciones. En la legislación latinoamericana, sólo Perú supera a Nicaragua, mientras la mayoría de los países oscilan entre el 1% y el 2%.
A tales exigencias se añadió el absurdo requisito de que un ciudadano sólo puede apoyar con su firma la constitución de un único partido, lo que resulta contradictorio con el hecho de que ese mismo ciudadano puede "cruzar" su voto el día de los comicios, eligiendo candidatos de diferentes partidos para los distintos ámbitos: alcalde, concejales, diputados nacionales, diputados al Parlamento Centroamericano, presidente y vicepresidente.
En 1996 participaron 27 partidos, en el 2000 sólo cuatroLa Ley Electoral convirtió en una proeza el que los partidos ya existentes conservaran su personería jurídica. Sólo el FSLN y Camino Cristiano, que obtuvieron más del 3% de los votos en las elecciones de 1996, se ganaron, de hecho, el derecho a participar en estas elecciones. El resto debía presentar antes del 15 de julio del 2000 un volumen de firmas no inferior al 3% de los registrados en el padrón en 1996, e inscribir candidatos en al menos el 80% del total de municipios.
La imposición de tan elevado número de firmas provoca una "exclusión de clase". El costo de la recolección de firmas, si se adopta la táctica de bonificar tanto a recolectores como a firmantes, no es neutral respecto a la posición económica de la élite que organiza el partido. El requisito de formar directivas en todos lo municipios del país tiene también una finalidad excluyente. Ninguna otra legislación del mundo propone semejante cobertura. Boneo observó que es perfectamente legítimo para un partido ser esencialmente urbano y tener simpatizantes en todo el territorio nacional, pues de hecho la gestación de nuevos partidos ha comenzado siempre con una base urbana que se va expandiendo a zonas rurales y a municipios distantes.
Probablemente, el PLC no quiso, de ninguna manera, que se replicara el fenómeno de su fabulosa metamorfosis de micropartido en macropartido, al conquistar Alemán una fuerte base desde la Alcaldía de Managua comprando líderes clave de los partidos liberales con mayor tradición y cobertura, para después engrosar sus huestes con bases y simpatizantes del Partido Liberal Nacionalista (PLN) y el Partido Liberal Independiente (PLI). El ex-ministro José Antonio Alvarado, ahora rival de Alemán y del PLC y hasta hace pocos meses fiel militante y conocedor de los métodos del PLC, podría haber seguido esa ruta, atrayendo, para iniciar su nuevo partido, el PLD, a dirigentes clave del PLC.
Las reformas hechas a la Ley Electoral en el 2000 pretenden evitar la sobrerrepresentación de partidos pequeños y desincentivar las subdivisiones partidarias haciendo más difícil la formación de nuevos partidos y de alianzas. Por añadidura, las reformas trataron de reducir considerablemente el costo de los procesos electorales.
Original y aparentemente concebidas como un golpe de timón que revirtiera los efectos de las reformas de 1995, que habían redundado en extraordinarias concesiones a micropartidos con escasa representatividad, las reformas fortalecen el bipartidismo: si veintisiete partidos participaron en 1996, en el 2000 participan sólo cuatro.
La repartición entre el FSLN y el PLC de todos los cargos del Consejo Supremo Electoral -desde los magistrados hacia abajo- garantiza el bipartidismo sentando las bases de la manipulación electoral para excluir, inhibir y declarar insatisfactorios los requisitos. La anulación de firmas para excluir a varios partidos que lograron cumplir las dra-conianas medidas impuestas fue la primera consecuencia previsible. Después, la inhibición de la candidatura de Pedro Solórzano, trató de consolidar el duopolio electoral.
Papel del pueblo: producir un gobiernoLas reformas construyeron la base legal para una restringida oferta. Esto refuerza la limitada participación democrática del modelo actual. A lo largo de la historia han existido diversos modelos de democracia. En la antigua Grecia, se ideó un sistema bastante curioso para elegir a los altos funcionarios e impedir sus abusos. Montesquieu destaca que Solón dividió al pueblo de Atenas en cuatro clases. Guiado por el espíritu de la democracia no lo hizo para determinar quiénes debían elegir, sino quiénes podían ser elegidos. Primero, dispuso que los magistrados sólo podían ser elegidos entre las tres primeras clases, constituidas por los ciudadanos más acomodados. Después, Solón corrigió su propio mecanismo prescribiendo que los jueces examinasen a los candidatos electos, que cualquiera pudiese acusarlos de indignidad para el cargo, y que al acabar el período de sus magistraturas sufrieran otro examen sobre su manera de proceder, de modo que los incapaces o corruptos sintieran de previo temor a postularse para los cargos. Ya quisiéramos en Nicaragua un modelo que persuadiera a los corruptos de no aspirar a las magistraturas...
De acuerdo a los politólogos, las concepciones de democracia han venido dando tumbos hasta producir el modelo actual, que califican de modelo elitista pluralista de mercado. Es el modelo que impera en las democracias occidentales. Se trata de un modelo donde el papel protagónico en el proceso político se asigna a grupos de dirigentes que se escogen a sí mismos y que, organizados en partidos políticos, compiten entre sí ofreciendo "mercaderías" políticas. Los votantes no toman decisiones sobre las políticas, pero sí eligen funcionarios para que las ejecuten. Su papel queda restringido a elegir a los dirigentes que adoptarán las decisiones. Schumpeter describió muy acertadamente este modelo: El papel del pueblo es el de producir un gobierno. El método democrático es el mecanismo institucional para alcanzar decisiones políticas en las cuales unos individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha competitiva por el voto del pueblo. Los ciudadanos no hacen más que escoger entre los grupos de políticos y éstos determinan las políticas. El mecanismo de elecciones periódicas impide un retorno a la tiranía y posibilita castigar -con el voto- a los malos gobernantes.
En el modelo de mercado, el pueblo produce gobernantes mediante sus votos. Y los partidos producen ideología -o la importan o fabrican combinaciones- y líderes que presentan ante los electores un lote de "mercaderías" en oferta. Unos las compran con sus votos. Y todos los ciudadanos, votemos o no, debemos consumir el lote completo hasta el siguiente período electoral.
El modelo de mercado hace de las elecciones un enfrentamiento entre élites en competencia. El sistema de élites competitivas en un escenario donde es bajo el nivel de participación de los ciudadanos es típico de una sociedad desigual, integrada por gente que lo que prioriza es maximizar individual o familiarmente su consumo y no construir una comunidad.
Bipartidismo: modelo en decadenciaEl nuevo bipartidismo nica refuerza este modelo y reedita el que campeaba en el escenario electoral tradicional: timbucos y calandracas, fiebres y serviles, conservadores y liberales, zancudos y somocistas. Ahora, FSLN y PLC.
La competencia entre élites que propicia el modelo de mercado electoral se agudiza con el doupolio político que implica el bipartidismo. En estas elecciones no hay en el mercado más que cuatro vendedores, dos de ellos fuertes proveedores de mercancía política. En el oligopolio político -como ocurre con el oligopolio económico- observa el especialista en política C. B. Macpherson, los partidos no necesitan responder, y no responden, a las demandas de los compradores, tal como deben hacerlo en un sistema plenamente competitivo. Lo que pueden es fijar los precios y establecer la gama de mercaderías que se van a ofrecer. Y hasta pueden ofrecer una mercadería sumamente deteriorada, podrida, de imposible digestión. Según Macpherson, además, en gran medida pueden crear ellos mismos la demanda. En un mercado oligopólico la demanda no es autónoma, no es un dato independiente. No encontramos, por eso, una voluntad genuina, sino manufacturada. Así se explican los discursos estereotipados y congelados en los años 80 de muchos candidatos del 2000: feroz antisandinismo, rabia anti-burguesía, pavor ante el comunismo... Se debe a que ese modelo bipartidista y de mercado está muy ligado a un mundo polarizado. El modelo electoral de mercado prosperó en el contexto de la Guerra Fría, cuando se pensaba que la única alternativa al mercado capitalista era el socialismo totalitario. Ahora, sólo cabe vender ese modelo como uno de esos tractores de segunda que ya son desechados en muchos países del Primer Mundo, porque sólo reciben combustible de los fantasmas ideológicos y no responden a las necesidades concretas.
FSLN y PLC: ideologizaciones sin base real ni localEl PLC y el FSLN no son expresión de voluntades populares contrapuestas. ¿Representan acaso el PLC y el FSLN los intereses de diversos sectores -clases antagónicas- en Wiwilí, en Pantasma, en Ciudad Darío...? Ni siquiera son expresión de distintos intereses regionales. No apuntan hacia la representatividad socioeconómica ni geográfica. Representan sólo ideologizaciones que, tras el pacto y la protección que garantizó a las cuotas de poder y bienes materiales de los dirigentes involucrados, tienen cada vez menos razón de ser. El Partido de la Resistencia, por ejemplo, sí representaba los intereses de un sector. Pero la multiplicidad y fragmentación de liderazgos imposibles de coordinar, amén de lo restringido de sus propuestas, minaron su capacidad de convocatoria y dispersaron el voto de sus simpatizantes, captado en las elecciones de 1996 fundamentalmente por el PLC, razón de la aplastante victoria de este partido en el interior del país.
La apatía política actual impide romper el esquema de mercado electoral y crear o revitalizar otros canales de participación distintos -adicionales o incluso sustitutivos- de los partidos políticos. Impide comprender que las elecciones son únicamente uno de los mecanismos de la democracia.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica