México
Paz en Chiapas: ¿la maldición de Sísifo?
Los indígenas fueron considerados legalmente
como objetos de tutela
y no como sujetos autónomos de derecho y decisión.
Habrá que volver a empezar, hay que seguir luchando.
Jorge Alonso
Sobre Sísifo pesaba la condena de subir una enorme piedra hasta una cumbre. Cuando, después de mucho esfuerzo, estaba a punto de culminar su tarea, la piedra se le escapaba y rodaba hasta abajo. Sísifo tenía que volver a comenzar, sin que nunca su trabajo se viera coronado por el éxito. En la época del existencialismo, Albert Camus propuso una solución: habría que imaginarse a Sísifo dichoso ante esta tarea. Después de la Marcha de la Dignidad, parecía que los zapatistas estaban a punto de conseguir un importante triunfo. Pero, ya en la cima del largo proceso, el Congreso frustró el esfuerzo, negando un auténtico reconocimiento a los derechos indígenas. Y todo lo avanzado se desandó. En tiempos de los globalicríticos tal vez la solución sería que Sísifo encontrara novedosos métodos de resistencia y alternativas para romper la maldición.
"Ya aestá más cerca la paz"
A principios de abril, en la Cátedra Julio Cortázar en Guadalajara, el catalán Manuel Castells, autor de La era de la información (Siglo XXI, México, 1999), sostuvo que el zapatismo es uno de los movimientos más innovadores que existen hoy en el mundo, por combinar la afirmación de la identidad, la política mediática y la articulación de alianzas más allá de su identidad. Por esto, es un movimiento que enseña, que se ha convertido en un interlocutor nacional con impacto en las formas de actuación social en el resto del mundo. Castells auguró que las formas de intervención cultural y política ensayadas por el zapatismo se multiplicarían.
Después de la Marcha de la Dignidad, los zapatistas regresaron a la selva. Durante la Marcha realizaron 80 actos públicos, mantuvieron una intensa argumentación ante la opinión pública y, sobre todo, estrecharon su contacto con el pueblo de México. Cerraban así una importante acción pacífica. La Marcha demostró que existía un ejército que no usaba armas ni hacía actos terroristas, sino que hablaba, comunicaba, buscaba vencer y convencer con la palabra. El comandante Tacho resumió los logros de la Marcha resaltando que, tras concluirla, tenían una esperanza más grande que cuando iniciaron la guerra, y se alegraban de constatar que con ellos estaban miles de indígenas. "Vemos que ya está más cerca la paz", "Ya no habrá pena por ser indígena", sintetizó así Marcos los logros de la Marcha. Tras ella, la responsabilidad de la paz pasaba de lleno al Congreso de la Unión.
El Parlamento Europeo pidió al Congreso mexicano que aprobara la iniciativa de Ley sobre derechos y cultura indígena elaborada por la pluralista Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA). El 4 de abril, en Washington, el Secretario de Gobernación de México, Santiago Creel, se reunió con organismos de la sociedad civil -entre ellos Human Rights Watch- y afirmó que en breve se aprobaría la iniciativa de ley de la COCOPA. Aseguró que el gobierno estaba procediendo a cumplir con las condiciones de liberar a los presos zapatistas que estaban bajo su jurisdicción, y trabajaba para excarcelar a los que se encontraban bajo la autoridad de varios gobiernos estatales. La COCOPA analizó la situación de los presos zapatistas en Querétaro y en Tabasco, y se desplazó allí para resolver el problema.
La COCOPA también asumió el compromiso de impulsar la iniciativa que había redactado, la misma que el Presidente había enviado al Senado. El PRD anunció que no sólo la apoyaría sino que introduciría algunas precisiones jurídicas para mejorarla. Todo parecía anunciar que la paz estaba por llegar. En la segunda quincena de abril concluyó el retiro de los dos últimos puestos militares ocupados por el Ejército en Chiapas: Guadalupe Tepeyac y Río Euseba. Fueron testigos el Comisionado para la Paz, Luis H. Alvarez, y el correo oficial del EZLN, Fernando Yánez. Se acordó ue los proyectos que la Secretaría de Desarrollo Social desarrollaría en los lugares ocupados militarmente deberían ser los que determinaran las comunidades.
Aunque muchos grupos de la sociedad civil instaban al Congreso a aprobar la ley tal como la había enviado el Ejecutivo, también existían voces que se pronunciaban en contra. En marzo los grandes empresarios pagaron un desplegado en el que exigían a los legisladores no aprobar la iniciativa de la COCOPA, y en abril ganaderos y priístas de Chiapas volvieron sobre esta exigencia.
Desinformación y prejuicios
Los legisladores priístas, repitiendo lo que siempre había hecho Zedillo, anunciaron que la ley no tendría cambios de fondo, sino sólo adecuaciones jurídicas. Sin embargo, cuando dejaban ver por dónde andarían esas adecuaciones se percibía que mutilarían lo fundamental de la ley. Entre una mayoría de legisladores del PRI y del PAN existía desinformación y prejuicios. Entre las principales confusiones estaban la relativa a los términos "pueblo" y "comunidad indígena", vistos por priístas y panistas estrechamente ligados a la tenencia de la tierra. Los especialistas en el tema trataron de ilustrarlos.
El concepto "pueblo indígena" como sujeto del derecho a la libre determinación y a la autonomía no se refería a formas específicas de tenencia de la tierra, sino que privilegiaba lo étnico. Las características básicas de este concepto se encontraban definidas en el Convenio 169 de la OIT y en la misma iniciativa de la COCOPA. Los integrantes de un pueblo originario podían ser comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios o no tener tierra alguna, y no por eso dejaban de ser indígenas. Lo mismo sucedía con el concepto "comunidad indígena". La comunidad no se hallaba asociada a una forma particular de tenencia de la tierra. Había comunidades donde la forma de propiedad dominante era la comunal, en otras era la ejidal, y las había en las que lo más extendida era la pequeña propiedad. También se daban casos en donde coexistían diversas formas de tenencia de la tierra. Quienes formaban parte de la comunidad no necesariamente eran poseedores de tierra de cultivo. Mujeres, jóvenes, avecinados, etc., se consideraban parte de la comunidad independientemente de que fueran o no propietarios. Lo mismo sucedía con muchos migrantes que vivían y trabajaban fuera de la localidad, pero seguían cumpliendo sus compromisos comunitarios. Los especialistas hacían ver que "pueblo indígena" y "comunidad" no eran lo mismo.
Muchos integrantes de los pueblos vivían en comunidades, pero otros vivían en ciudades y hasta en los Estados Unidos, y no por eso dejaban de ser indígenas. Los pueblos indígenas no se reducían a las comunidades en las que una parte de sus miembros habitaban.
Había otros temas que también entraron en la polémica: los derechos colectivos, la lengua y la educación. Las lenguas y sus modelos discursivos constituyen el núcleo organizador y el referente simbólico de la identidad étnica. Sólo el reconocimiento de los derechos colectivos de un pueblo a crear y a controlar sus instituciones educativas, a extender sus lenguas y sistemas normativos a los ámbitos de prestigio y de poder -la administración pública, la justicia, los medios de comunicación y la educación en sus territorios- podría satisfacer las necesidades colectivas de reproducción cultural como expresión de su autonomía lingüística y educativa. Todo esto se requería para la construcción de un México pluricultural.
Jornada amarga, día de luto
No obstante todas las muchas aclaraciones vertidas, los prejuicios racistas, arraigados en la mayoría de los legisladores, oscurecían y enturbiaban la discusión antes aún de que se iniciara el debate legislativo.
El 21 de abril el PRI presentó lo que denominó su proyecto de ley indígena. El 23, el panista Diego Fernández de Cevallos declaró que se le habían hecho a la propuesta de la COCOPA adiciones, supresiones y cambios "positivos", anunciando que se había rebasado en muchos aspectos el planteamiento original. El PAN y el PRI modificaron el texto de la COCOPA argumentando que no se debía dar lugar a conflictos posteriores. El 25 de abril, tras importantes modificaciones hechas a la iniciativa de la COCOPA, el Senado aprobó la ley indígena por unanimidad. El PRD votó a favor de la ley en lo general. Los senadores del PRD valoraron como algo muy positivo el hecho de que se hubiera logrado establecer el derecho de autonomía y libre determinación, cuestión a la que los priístas y panistas se oponían. Sin embargo, con lo que ocurrió después tuvieron que reconocer que con ese voto favorable habían cometido un error táctico.
El 28 de abril la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, sin modificar un ápice, el texto de la ley sobre derechos y cultura indígena enviado por el Senado. Estuvieron en contra el PRD, el PT, los cuatro diputados priístas por Oaxaca, y otro diputado priísta independiente. La ley resultó aprobada con la alianza formada para este fin por el PRI, el PAN y el Partido Verde. Los diputados del PRD calificaron ese día como el más amargo para México y como día de luto para los diez millones de indígenas mexicanos.
Ley COCOPA alterada
La nueva ley se le dio una estructura muy distinta a la planteada por la COCOPA. Por eso se le llamó Ley Bartlett-Fernández de Cevallos, aludiendo a los senadores del PRI y del PAN que impulsaron la nueva redacción. Bartlett contó con la asesoría de todo el equipo salinista y zedillista que había realizado los cambios anticampesinos al artículo 27 de la Constitución y que fue responsable de impedir que en 1996 prosperara la iniciativa de la COCOPA. En la nueva ley se habla del reconocimiento del derecho a la autonomía de los pueblos, pero no se le da a este derecho una expresión territorial. La ley no define los mecanismos a través de los cuales se podría ejercer la autonomía.
La ley aprobada se refiere sólo a comunidades, cuando la iniciativa de la COCOPA destacaba que el pueblo indígena era el sujeto de derecho y precisaba que las comunidades eran integrantes del pueblo indígena. En la ley se anuló el párrafo de la COCOPA que decía: "Se respetará el ejercicio y libre determinación de los pueblos indígenas, en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa". Así se definía que los pueblos podían ejercer su autonomía en lo económico, político, social y jurídico; y se señalaban los niveles, que iban desde la comunidad al municipio y hasta a la región. Al eliminarse este párrafo, quedaron anulados los mecanismos para hacer posible y eficaz la autonomía.
En la formulación de la COCOPA la conciencia de la identidad indígena era criterio fundamental para determinar a quiénes se aplicarían las disposiciones sobre pueblos indígenas, pero en la ley aprobada fue negada la esencia de lo que proponía la COCOPA. En realidad, más que reconocer los derechos sólo se les enuncia, relegando su determinación a leyes secundarias o a constituciones locales. Ahora, las autoridades pueden determinar discrecionalmente cuándo existe un pueblo indígena.
De esta forma, lo legislado no sólo fue insuficiente, sino hasta contrario a los intereses de los pueblos indios. Al dejar en manos de las entidades federativas el definir las características de la autonomía indígena y los mecanismos para su realización, se anularon de hecho los derechos de los pueblos indios a su libre autodeterminación, y se estableció algo contrario a lo que se había pactado en los Acuerdos de San Andrés. Se limitó así un derecho que por su naturaleza debería ser consagrado en la Constitución.
Modificaciones sustanciales
Otro de los graves problemas de la nueva ley es que omite el término "territorio" y lo convierte en "lugares". Así se despoja a los pueblos indios del espacio físico para el ejercicio de la autonomía. No se reconoce el derecho constitucional que tienen los pueblos para acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales que se encuentran en sus tierras y territorios. Este derecho constitucional queda convertido en simple derecho de preferencia, previamente limitado por las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra ya establecidas en la Constitución y por los derechos ya adquiridos en los pueblos indios -generalmente de forma ilegal- por terceros. En este punto las modificaciones que había hecho en su iniciativa Zedillo tenían mayor alcance que lo aprobado por el Congreso de la Unión, pues en la iniciativa zedillista sí se estipulaba que tenían derecho a acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras. Sin embargo, ahora se impuso el criterio de los juristas y latifundistas del PRI y del PAN, excluyéndose del texto legal la palabra "colectivo" y el concepto "territorios".
Así, la nueva ley se encuentra lejos del contenido del artículo 169 de la OIT, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a que se les reconozca la propiedad y posesión de sus recursos naturales, así como el derecho a utilizarlos, administrarlos y conservarlos, y cuando éstos pertenezcan a la nación, deben acordarse formas de consulta para su aprovechamiento. Al no reconocerse a los pueblos y comunidades indígenas el acceso colectivo al uso y disfrute de los recursos naturales en sus tierras y territorios, y al limitar su derecho para utilizarlos y administrarlos, se deja de lado un aspecto vital para la existencia misma de los pueblos indígenas y para el ejercicio de sus derechos.
No sujetos de decisión sino objetos de protección
Mientras la iniciativa de la COCOPA definía que las comunidades indígenas tenían que ser consideradas como entidades "de derecho público", la nueva ley, siguiendo la propuesta de Zedillo, establece que son "de interés público". La diferencia entre ambos términos es enorme. Siendo de derecho público se les ve dentro de la estructura organizativa del Estado. Pero si son de interés público significa que son algo que el Estado debe proteger. El cambio de concepto quita a los pueblos indios la posibilidad de ejercer el derecho a la autonomía, a la cual supuestamente son titulares bajo la protección del Estado. La nueva ley no los reconoce como sujetos de decisión, sino como objetos de protección por parte de los órganos del Estado. En la ley se incluyeron una serie de medidas que reproducen las políticas asistencialistas que se imponen de manera autoritaria a las comunidades indígenas, lo que es congruente con la simulación de la autonomía.
En lo relativo a su facultad para asociarse la ley quedó atrás de lo que Zedillo proponía, pues desapareció la posibilidad de asociación regional. Todo se limita al ámbito municipal, y así se impide el que los pueblos puedan reconstituirse. No se aceptó que los pueblos puedan elegir a sus autoridades, sino que sólo se acepta la elección de representantes ante los ayuntamientos. No queda así garantizado el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que deberían hacer valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos. Se omitió la posibilidad de remunicipalización de los territorios en que están asentados los pueblos indígenas. Y en cuanto a las circunscripciones electorales para la elección de legisladores, la ley remite a un artículo transitorio -que no tiene vigencia temporal, y que por lo tanto no podrá ser aplicado- para que, cuando sea posible, se tome en cuenta la ubicación de las comunidades indígenas.
Increíble retroceso legal
La ley omite la obligación del Poder Judicial de convalidar las resoluciones emitidas por las autoridades internas de los pueblos indígenas. Se subordinan derechos aparentemente reconocidos a nivel constitucional a la discrecionalidad de autoridades menores en materia de juicios. No se otorga ningún derecho sustantivo en materia educativa a los pueblos indígenas, remitiéndose todo a la obligación del Estado de garantizar la educación. De esta forma no se reconoce su diferencia cultural. Otro de los puntos acordados en San Andrés, el relativo a que los indígenas tuvieran sus propios medios de comunicación, se volvió a limitar estableciendo que todo debe ajustarse a lo ya legislado en esta materia. Se pone así a los indígenas a competir -muy desigualmente- con los grandes consorcios de la comunicación. El colmo de la nueva ley es que establece como un derecho específico de los pueblos indígenas lo que es una obligación de todos los mexicanos: conservar el hábitat.
Inmediatamente después de aprobada la ley en el Congreso, se informó que en diversos Estados con población indígena había leyes locales más avanzadas, que la ley aprobada es más atrasada que legislaciones de derechos indígenas de Oaxaca, Nayarit, Chihuahua, Veracruz, Campeche y otras entidades federativas, en las cuales sí se habla de territorios, de asociación de municipios y comunidades, de que las comunidades tienen personalidad jurídica y del derecho al acceso colectivo a los recursos naturales.
Cuando los perredistas hicieron ver que el nuevo texto no iba a ser aceptado por los zapatistas, los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN respondieron con desdén que ése sería problema para el Ejecutivo, no para ellos. Y como el Congreso había actuado haciendo modificaciones a la Constitución, se requería la aprobación de la mayoría de los Congresos de los Estados de la República, el debate alcanzó también esos espacios políticos. Alcanzó a toda la nación.
Zapatistas: rechazo total, resistencia y rebeldía
El zapatismo declaró que la ley aprobada en el Congreso impedía el ejercicio de los derechos indígenas. La rechazó y rompió el diálogo que ya había iniciado con el gobierno foxista. Argumentó que la nueva legislación no respondía en absoluto a las demandas de los pueblos indios de México, del Consejo Nacional Indígena, del EZLN, y de la sociedad civil nacional e internacional que se había movilizado en torno a ella. La ley traicionaba los acuerdos de San Andrés en lo general y en lo particular, y contradecía la iniciativa de la COCOPA en sus puntos sustanciales: autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho político, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derecho a asociación regional, entre otros. La ley representaba una grave ofensa a los pueblos indios, y al aprobarse, se habían cerrado las puertas al diálogo y a la paz.
Para los zapatistas, lo legislado reafirmaba que los indígenas seguirían siendo objeto de desprecios y de limosnas y el verdadero nombre que merecía la ley era el de "Reconocimiento Constitucional de los derechos y la cultura de latifundistas y racistas". Los zapatistas vieron en la ley un sabotaje al incipiente proceso de acercamiento entre el gobierno federal y el EZLN, una traición a las esperanzas de una solución negociada a la guerra en Chiapas, y una revelación del divorcio total de la clase política con las demandas populares. La nueva ley no resolvía una de las causas que habían originado el alzamiento zapatista y daba a los diferentes grupos armados en México razones para mantenerse alzados, al invalidar un proceso de diálogo y negociación.
Resistir el escarnio
Marcos recalcó que ante esta nueva situación los zapatistas se mantendrían en la clandestinidad, en resistencia y en rebeldía, aclarando que ya sabía lo que vendría: una gran campaña para presentar a los zapatistas como intransigentes, un aumento de la presión militar y policíaca y la reactivación de los grupos paramilitares. El zapatismo llamó a la sociedad civil a que exigiera al gobierno de México que diera marcha atrás en la burla legislativa.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) también se opuso a la legislación recién aprobada por las mismas razones. Los indígenas de esta organización se lamentaron de que, pese a que habían hecho lo imposible para darse a entender, no se les entendiera. La mayoría de senadores y diputados pretendían que todo siguiera igual. El Primero de Mayo el CNI difundió un manifiesto (ver número anterior de envío). Denunciaba que la palabra y sentir de los pueblos indios había servido una vez más para burla y escarnio de los poderosos.
Calificaban la nueva ley como regresiva pues desconocía derechos fundamentales de los pueblos indios consignados en la propia Constitución, y en convenios, pactos y tratados internacionales que México ha suscrito. Los pueblos indígenas, a quienes se negaba que pudieran definir sus propias prioridades de desarrollo, anunciaban que resistirían frente a la nueva burla de los pocos que detentaban el poder y tenían secuestrado al Congreso de la Unión. El grupo guerrillero ERPI llamó a que, por la vía de los hechos, los pueblos indígenas crearan nuevos municipios autónomos.
Fox: primero aplausos, después distancia
Cuando el Senado aprobó por unanimidad un texto que no correspondía a lo que el Presidente Fox había enviado como iniciativa de ley, y cuando los diputados del PAN y del PRI aprobaran ese texto por mayoría, lo primero que hizo el Presidente Fox fue alabar el trabajo del Poder Legislativo para la aprobación de la ley indígena. Calificó el hecho como un paso más hacia los acuerdos definitivos de paz, un paso que permitiría avanzar con rapidez en el desarrollo de los pueblos y comunidades. Tales alabanzas constituyeron una mala señal para el zapatismo. Todavía estaba celebrando el Presidente cuando supo que los indígenas rechazaban la ley. Entonces, pidió al CNI que no realizara movilizaciones sino que dialogara. Cuando el zapatismo rompió el diálogo con el gobierno, Fox llamó a una reunión de emergencia a los miembros de su gabinete que conforman el grupo Chiapas. A raíz de las discusiones del grupo el gobierno aceptó que la ley requería profundizar aspectos como el de autonomía y libre determinación, el del reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, y el relativo al uso de los recursos naturales. El gobierno comenzó entonces a recalcar que la aprobación de la ley era responsabilidad del Poder Legislativo, destacando que los compromisos correspondientes al Ejecutivo habían sido cumplidos.
La encargada de la oficina presidencial de asuntos indígenas, la empresaria indígena Xóchitl Gálvez, fue quien con más claridad criticó desde el gobierno la nueva ley. Consideró que lo aprobado no correspondía a lo que ella hubiera querido, y atribuyó la votación de los senadores y de la mayoría de los diputados a un profundo desconocimiento de los pueblos autóctonos. También desde instancias gubernamentales como el Instituto Nacional Indigenista se acusó a los legisladores de haber temido reconocer la autonomía indígena. Funcionarios de ese organismo presentaron un estudio comparativo bien elaborado en el que se podía constatar que la nueva ley distaba mucho de lo propuesto por la COCOPA y de los resultados de los Acuerdos de San Andrés.
Vuelve la tensión a Chiapas
El Comisionado gubernamental para la paz, Luis H. Alvarez, admitió que la reforma debía ser profundizada, y pidió al EZLN reflexionar su decisión de suspender los contactos con el gobierno. Sin demostrarlo, y contra evidencias textuales, negó que lo aprobado se asemejara más a lo propuesto por la iniciativa de Zedillo que a lo elaborado por la COCOPA.
Severas críticas recibió la nueva ley de parte del gobernador chiapaneco, que descalificó la legislación por no atender las demandas indígenas y no apoyar la paz. La calificó como "retrógrada" y "producto del triunfo de grupos conservadores". Acusó a los legisladores de haber pasado por alto el desgaste del ejército mexicano y la depauperación de los pueblos indígenas. Como el gobernador había sido integrante de la COCOPA cuando se redactó la propuesta, tenía muy claro que el Poder Legislativo había hecho a un lado elementos centrales de la iniciativa de la COCOPA. Destacó que el Congreso había omitido incluir tres puntos esenciales de los acuerdos de San Andrés: los que preveían construir una nueva relación federación-pueblos indígenas; los encaminados a erradicar las formas cotidianas y de vida pública que generaban subordinación y desigualdad; y los que hacían efectivos los derechos y garantías para el uso y disfrute del territorio y la autogestión política comunitaria basados en el convenio 169 de la OIT. Juzgó que era difícil a corto plazo solucionar el conflicto zapatista: si en lo jurídico no había una salida, en lo político habría más problemas. Y así fue: la tensión regresó a Chiapas y el ejército volvió a intensificar sus patrullajes.
PAN y PRI: contradicciones y pugnas
Mientras la mayoría de los senadores insistían en que sí habían recogido los Acuerdos de San Andrés, el PAN argumentó que no se habían valorado los aspectos positivos de la ley y lamentó las reacciones en su contra. El jefe de la bancada de los panistas en el Senado, Diego Fernández de Cevallos, advirtió airado tanto a los voceros del Presidente como al mismo Fox que respetaran al Congreso en sus pronunciamientos. Calificó a los asesores de Xóchitl Gálvez de "piojosos" que usaban "morral en lugar de portafolios" y aclaró que él no había legislado al gusto de un guerrillero. El 9 de mayo, la dirigencia del PAN mandó llamar a los dirigentes estatales y a los líderes de las bancadas panistas en los Congresos locales para conminarlos a apoyar las modificaciones hechas a la ley. Se les hizo saber que la ley había salido así porque se querían proteger derechos de "terceros".
En el PRI se prosiguió con la tradicional conducta de doble cara y simulación. Públicamente se hizo saber que no habría una orientación para los legisladores locales del partido, pero fuera de los reflectores de los medios masivos se les dijo que tenían que apoyar la ley. Sin embargo, los diputados priístas oaxaqueños manifestaron que no aprobarían la legislación federal. El gobernador priísta de Oaxaca apoyó a los diputados y calificó las reformas hechas a la ley de racistas y de dar un trato vejatorio de menores de edad a los pueblos y comunidades indígenas. Alegó que no debían permitir una ley mutilada.
Estos legisladores locales no se conformaron con declarar lo que harían en su Estado, sino que llamaron a los diputados locales priístas de los demás Estados a votar en contra de las reformas constitucionales en materia indígena porque constituían un retroceso respecto de legislaciones locales y porque ponían en riesgo la convivencia pacífica. No obstante, varias bancadas priístas dieron señales de que acatarían las indicaciones de su dirigencia nacional y aprobarían en sus Estados la ley enviada por el Congreso de la Unión.
PRD: vetar la ley
En el PRD un senador siguió defendiendo la ley. Otros senadores de ese partido tuvieron que aceptar que tenía deficiencias. Justificaban su proceder en el Senado, donde habían votado a favor, alegando que la ley también contenía algunos avances. Metidos en la lógica de la real política aducían que lo aprobado había sido lo más que se había podido conseguir dada la correlación de fuerzas en el Senado. Entre los avances apuntaban el reconocimiento de los derechos indios en la Constitución.
Los diputados perredistas criticaron a los senadores de su partido. Ante las insuficiencias de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas reflejadas en la ley aprobada, la dirección del partido anunció que presentaría reformas al artículo 115 constitucional para que pudieran los pueblos indígenas organizarse más allá de los municipios. El PRD solicitó al Presidente que vetara la ley, y exhortó a las legislaturas estatales a rechazarla. Posteriormente, revivió la propuesta de la COCOPA y el 16 de mayo la presentó como propia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El PRD se comprometió con el CNI a impulsar un debate nacional sobre la ley indígena. Para el PRD las modificaciones realizadas, aunque eran legales no eran legítimas.
Las contradicciones de los partidos quebrantaron la unidad de la COCOPA, lo que debilitó a esta instancia que tan importante papel venía jugando. El Presidente de la COCOPA durante el mes de mayo, un diputado del PT, dijo que la nueva ley había "nacido muerta", y llamó al Presidente Fox a vetarla por ser "una antesala de la guerra".
Voces de obispos
El Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano planteó que el EZLN debería tener realismo democrático y aceptar lo aprobado. El obispo Arizmendi, sucesor de Samuel Ruiz, declaró que el Congreso no podía dar gusto a todos y que el zapatismo debía respetar la ley. Pero el obispo de la región indígena Tarahumara se dirigió el 30 de abril a Fox indicándole que los agentes de pastoral de su diócesis veían con profunda preocupación los cambios sustanciales que se habían hecho a la iniciativa de ley indígena. Subrayó que todos los implicados en la acción pastoral de su diócesis, desde su experiencia de acompañamiento a los pueblos indígenas, veían que la ley representaba un retroceso grave para el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Pidió al Presidente que vetara la ley y que se hiciera una consulta adecuada a los propios pueblos indígenas para considerar, de acuerdo con ellos, los cambios constitucionales oportunos.
"El Congreso coquetea con la guerra"
Especialistas en derecho indígena acusaron a los legisladores de negarse a mirar la realidad pluricultural del país. Se habían escudado en una mítica integridad nacional, como si nada ocurriera en la sociedad. La reforma dejaba a medio camino el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Aunque verbalmente la ley reconocía la autonomía, la negaba mediante la tutela estatal. La paz en Chiapas no había sido prioridad para el Congreso, muy alejado de los ciudadanos y actuando como defensor de los propietarios privados. El Congreso había dejado fuera aspectos sustanciales que el gobierno había reconocido y hasta defendido a nivel internacional. Los partidos le habían dado la espalda al movimiento social real.
Un nutrido grupo de antropólogos se expresó a través de desplegados en los medios. Demostraron cómo la iniciativa de la COCOPA había sido modificada sustancialmente. Alertaron sobre el hecho de que lo aceptado por la mayoría de los legisladores no respondía a las necesidades fundamentales y a las expectativas de los pueblos indígenas. Diversos articulistas consideraron que la guerra en Chiapas entraba en una nueva fase de incertidumbre pues se quería imponer una reforma que se apartaba profundamente de lo pactado en San Andrés y que no garantizaba los derechos de los pueblos indios. Era lamentable que para los legisladores los indios no fueran sujetos de derechos y de su propio destino sino objeto de políticas asistencialistas del Estado.
El EZLN y los grupos armados habían recibido una mala señal: no tenía objeto dialogar ni llegar a acuerdos con el gobierno. Se boicoteaba así un proceso de diálogo y se le daba la razón a los diversos grupos que habían optado por las armas. Se acusó al Congreso de "coquetear con la guerra", de querer defender tan protagónicamente su autonomía que no atendió el reclamo de autonomía de los pueblos indios. Se advertía a los legisladores que si ellos tenían derecho a legislar, los ciudadanos tenían derecho a ser gobernados con leyes justas.
Incompleta, inexacta e inaceptable
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas declaró que la ley era un obstáculo para el proceso de paz, porque en los hechos se negaba a reconocer a los pueblos indios diversos derechos que ya habían sido aceptados por las partes en conflicto, y porque reducía los derechos indígenas que ya habían sido reconocidos en los acuerdos de San Andrés. Lo aprobado retrocedía a la concepción de un Estado integracionista en perjuicio de los pueblos indios. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro declaró que los indígenas se habían convertido en "rehenes de negociaciones". En un estudio, hizo ver que la ley indígena aprobada era incompleta, inexacta e inaceptable, pues diluía y dejaba fuera derechos ya existentes y hacía más caso a los empresarios que a los pueblos indios.
El 11 de mayo la Cumbre Indígena celebrada en Panamá, denominada Conferencia del Milenio, rechazó las modificaciones legislativas hechas en México por no haber recogido las demandas de los pueblos indígenas. La nueva ley mexicana en materia indígena fue calificada de "discriminatoria", pues eran otras personas las que decidían la suerte de los pueblos indígenas. La Cumbre Indígena demandó al Presidente mexicano enviar de nuevo a las Cámaras el texto de la COCOPA.
Paradoja: quiénes la alaban
A finales de mayo, los índigenas marcharon en Chiapas en contra de una ley que consideraban les quiere tapar la boca y la conciencia. Recordaron que a lo largo de muchos años los programas gubernamentales no habían servido para el verdadero desarrollo de las comunidades indígenas y anunciaron que seguirían movilizándose. En Querétaro 30 organizaciones sociales con participación de indígenas exigieron a los legisladores locales que no aprobaran la ley indígena. En Durango los perredistas se manifestaron en contra de la ley. Con la participación de organizaciones de pueblos indios, de sindicatos y de organizaciones cívicas se instaló en la capital un Congreso Ciudadano en defensa de la propuesta de legislación indígena elaborada por la COCOPA, exigiendo a los congresos locales rechazar la reforma aprobada por el Congreso de la Unión. Resulta paradójico que se haya aprobado una ley indígena, y que quienes la alaban son los no indígenas, mientras los pueblos indios la repudian.
Quienes se han alegrado de cómo quedó la nueva ley son los poderosos que impulsan el Plan Puebla-Panamá: los terratenientes, los ganaderos que han usurpado tierras indígenas y que se felicitan por verlos sin base legal para reclamarlas, los grupos más conservadores que desprecian a los indígenas, y la élite eclesiástica ligada al poder económico y político. Paradójicamente, los especialistas en derecho indígena, los indígenas abogados, y los pueblos indios de todos los rincones del país rechazaron lo aprobado por el Congreso de la Unión.
Una ley que concede pero no reconoce
No se puede negar que la nueva ley concede derechos a los indígenas. El problema está en la forma como lo hace. Como ha advertido el respetable intelectual especialista en cuestiones indígenas, Luis Villoro, la nueva ley se mantuvo dentro de la misma estructura político jurídica de un Estado nación homogéneo que, durante siglos y de hecho, ha imposibilitado el desarrollo de los pueblos indios como pueblos libres con identidad propia. Muchos legisladores no entendieron que no se trataba de CONCEDER derechos dentro de una idea mestiza de nación, sino de RECONOCER el derecho de los distintos pueblos para determinar, junto con los demás, una nueva idea de nación. Los legisladores adujeron que defendían la unidad nacional, pero olvidaron que un Estado plural no mantiene su unidad cuando un pueblo impone su idea de nación a los demás.
La unidad debe ser resultado del acuerdo entre los diversos pueblos que componen el Estado. Los legisladores no habían comprendido -por ignorancia y por prejuicios- que un Estado multicultural exige una estructura distinta a la de un Estado homogéneo. La realidad mundial en el siglo XXI requiere tanto de una pluralidad de espacios de poder autónomos, subordinados a los poderes del Estado -pero no subordinados entre sí- como de una pluralidad de sistemas jurídicos en una diversidad de territorios. La nueva ley constituía un engaño porque, a pesar de declarar pluricultural al Estado mexicano, no cambiaba en consecuencia su estructura política y jurídica.
Lo que parió el Congreso fue una ley que, proclamando la existencia de pueblos indígenas, no les concede un lugar específico en la estructura del Estado de derecho. No se les reconocieron territorios propios, sino "lugares que ocupan", y no se les permitió reconstituirse a partir de la unión de municipios de mayoría indígena, tal como lo señalaba la iniciativa de la COCOPA. En el colmo de la mala conciencia, se introdujeron en la ley una serie de obligaciones estatales -que si no se cumplen, no pasa nada- y que incluyen la falsa concepción de que los pueblos indios sólo saldrán de la marginación con la asistencia que los mestizos les otorguen. Por todo esto, la ley hace evidente el temor a que los pueblos indios decidan por sí mismos.
Reflejo de la polarización
La nueva ley demostró una vez más la polarización que se está exacerbando en México. Mientras en el gobierno, donde prevalecen los intereses empresariales, se ha podido incluir a personalidades abiertas a la expresión de la democracia de los de abajo, la sociedad civil está escindida entre los pocos que cada día tienen más y la mayoría que resiste la política neoliberal. Si hubiera prosperado la iniciativa de la COCOPA se hubieran abierto espacios para la expresión de los derechos de los más explotados y marginados del país, que son los pueblos indios. La tendencia conservadora manifestada por el viejo priísmo y un nuevo panismo muy cercano a él en sus proyectos impidió esta apertura. En el interior del PRD se enfrentaron un aparato partidista alejado de los reclamos populares y las mentes más abiertas. Por momentos prevalecieron los métodos de actuación que han llevado al PRD a ser parte de una clase política que sólo atiende los signos que ella misma emite, mientras que desde posiciones medias y de base criticó la actuación de la élite senatorial, lo que produjo la difícil rectificación.
La lucha sigue
El poder económico y político del país, tan concentrado en tan pocas manos, celebró como un gran triunfo el gatopardismo de cambiar algo para no cambiar nada y todo siga igual.
Aunque el desprecio por los más marginados se exhibió con descaro, los pueblos indios respondieron a la afrenta con dignidad. No aceptaron simulaciones ni migajas. Seguirán defendiendo el reconocimiento de sus derechos. Saben que perdieron una batalla política, pero también saben que tienen la razón y son tenaces. Proseguirán su lucha. La sociedad civil sensible a los derechos de la ciudadanía multicultural también se apresta a proseguir luchando. La comunidad pluralista es una adquisición reciente y frágil de la humanidad. En México todavía no logra su reconocimiento legal. Pero existen fuerzas de abajo que quieren construirla, que no se desaniman y que tampoco aceptan estar condenadas a un esfuerzo sin fruto.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica