Apariencias y realidades en la lucha anticorrupción

La lucha anticorrupción, que tantas novedades, polémica y contradicciones ha provocado en Nicaragua, debe ser encuadrada en un marco más amplio, en un tiempo y un espacio más amplios. Esto buscó mostrar Castillo en un Foro-Debate celebrado en la Universidad Americana de Managua en mayo.

Ernesto Castillo Martínez

Desde hace un tiempo, y de manera más clara en estos últimos años, la corrupción ocupa un lugar primordial en la temática política. Todos los observadores coinciden en la gravedad del problema y las eventuales discrepancias sólo se dan por matices o aspectos secundarios. Sin embargo, más allá del acuerdo mínimo hay que aceptar que son muchas las formas en que se expresa la corrupción y muy diversas los actores que en ella intervienen.

¿A MÁS ESTADO, MÁS CORRUPCIÓN? ¿EXAGERAN LOS MEDIOS?

El análisis de las causas de la corrupción va en direcciones radicalmente opuestas, dependiendo de los paradigmas ideológicos. La escuela neoliberal considera la corrupción como una de las manifestaciones de los mercados negros originados por el exceso de intervencionismo estatal. Cuanto más interviene el Estado, más reglamenta y más fomenta la invasión de las burocracias, existen más riesgos de procedimientos y mercados paralelos, origen de comportamientos delictivos. En el extremo opuesto, quienes no están convencidos de la perversidad intrínseca del Estado o de los méritos evidentes del mercado, insisten en otros aspectos: el debilitamiento de la ética pública, la deslegitimación del Estado como encarnación del interés general, la disolución de los valores colectivos por la búsqueda del beneficio y la defensa de intereses egoístas y privados. Todo esto sería caldo de cultivo de la corrupción.

A quienes pretenden que la corrupción nunca había causado tantos estragos como ahora, tanto en la esfera pública como en las relaciones privadas, otras voces contestan que la corrupción es tan antigua como el mundo, que es inherente a la condición humana y que no hay por qué dramatizar la situación. Para los primeros, el período actual se caracteriza por una corrupción generalizada, alcanzando cada vez más ambientes, lo que supone un retroceso respecto a los progresos realizados con la extensión de las democracias. Para los segundos, el alcance de la corrupción ha sido exagerado notablemente por los medios de comunicación. Consideran que algunos hechos se filtran o amplifican, mientras otros sólo salen a la luz en razón de un interés pasajero por el problema, como sucedería, por ejemplo, con algunos temas ambientales.

La discusión no tiene salida. Los optimistas insisten en el carácter coyuntural del fenómeno, y sacan a relucir el gusto de los periodistas por el sensacionalismo y el exceso de celo de los moralistas. Y los pesimistas se declaran convencidos de que los hechos que salen a la luz no son sino la parte visible del iceberg, y que numerosos casos se han descubierto sólo por casualidad. Mientras el debate se mantiene, la sensibilidad de la opinión pública con respecto a la corrupción varía considerablemente de un país a otro, de una cultura a otra. Pero se van detectando algunos consensos. Sondeos en Italia, Francia o Japón atestiguan que la gran mayoría de las personas entrevistadas -a veces más del 80%- están convencidas de que "todos los políticos son corruptos".

Otras mediciones se dificultan. La corrupción es siempre una transacción clandestina, salvo allí donde, por ser ya sistemática, disfruta de un estatus casi oficial, como el de un "acuerdo" no escrito pero conocido y aceptado por todos. El carácter secreto de la corrupción dificulta todos los intentos de medirla que se han llevado a cabo.

¿SÓLO LO QUE DEFINEN LAS LEYES?
¿EXISTE LA OPOSICIÓN CORRUPTOR-CORROMPIDO?

¿La corrupción es solamente el delito tipificado como tal por las leyes penales de cada sistema político, o hay que dar con una definición más amplia, basada en una observación más realista del fenómeno? ¿Es preferible una definición más jurídica o una explicación más sociológica?

La definición jurídica tiene la ventaja de la seguridad y de la certeza: es corrupción todo lo que el código penal define como tal, o todo lo que prohiben los códigos de ética profesional. Al fijar lo permitido y lo prohibido, la ley traza unas fronteras claras que permiten al hombre público o privado, al ciudadano y al funcionario, determinar sin demasiadas dudas ni vacilaciones la línea de conducta debida. A falta de ética individual o colectiva, se impone la ley como árbitro de las decisiones. Como decía Albert Camus: Cuando no se tienen principios, hacen falta reglas.

Esta explicación positivista y jurídica plantea dos problemas: uno estrictamente jurídico, otro de naturaleza ética. En el plano jurídico, la mayoría de los juristas coinciden en destacar las limitaciones de las definiciones tradicionales de corrupción. Porque las prácticas corruptas rara vez se limitan al campo definido por las leyes penales. Y porque en torno al delito de corrupción se han ido incorporando otros delitos en conexión hasta constituir un conjunto que las calificaciones jurídicas segmentan artificialmente. Igualmente, la oposición tradicional entre corruptor y corrupto, base de numerosas disposiciones penales, no responde ya a la imagen sobre la cual estaba basada: la de un corruptor -procedente del cuerpo social- tratando de persuadir a un funcionario público -el corrompido- para que viole los deberes de su cargo a cambio de ventajas personales. Una observación actualizada muestra que lo más frecuente es la situación inversa: el ofrecimiento de corrupción ya no parte del supuesto "corrupto" sino de quien los códigos consideran como el actor pasivo, el corrompido, es decir, el político o el funcionario. Es cada vez más frecuente que sea el agente público el que está en situación de corruptor.

CORRUPCIÓN BLANCA, CORRUPCIÓN NEGRA, CORRUPCIÓN GRIS

Las definiciones centradas en la conducta suelen sostener que la corrupción es el abuso de un cargo, el abuso del poder y el abuso de los recursos públicos para obtener beneficios personales. ¿Pero, cuáles son los criterios con que identificamos estos "abusos"? ¿Y qué significa público y privado en la práctica, especialmente cuando se suma a esta distinción la noción de beneficios?

Muchos académicos han buscado criterios "objetivos" aduciendo que las respuestas a estas preguntas se encuentran en la ley o en otros reglamentos formales, o haciendo referencia al interés público. Otros proponen definiciones "subjetivas" o "culturales", señalando que el interés público es una noción demasiado vaga o polémica para servir como indicador útil, y que en ocasiones, las leyes y roles formales gozan de escasa legitimidad. No sólo puede ser difícil estar de acuerdo con el significado de abuso, también puede ser muy poco claro lo que constituye una función, un recurso público o un beneficio personal.

La corrupción es la conducta que se desvía de los deberes formales de una función pública para obtener beneficios privados -pecuniarios o de prestigio- para el entorno familiar y personal o para camarillas privadas. Hay una definición de corrupción blanca, empleada para referirse a prácticas que no son reconocidas como corruptas ni por la opinión pública ni por las minorías. Esto sucede cuando la corrupción se integró ya en la cultura de tal forma que ni siquiera se percibe el problema. Desde esta visión, lo que es corrupción en un país no lo es en otro. Este relativismo cultural -espacial, temporal, de clase- puede permitir que una situación no parezca corrupta en comparación con otra que sí lo parece. No tienen, por ejemplo, la misma connotación las mordidas o pagos para acelerar trámites en México y Nicaragua que en Alemania.

La corrupción negra tiene el mismo consenso, pero al revés: todos, minorías y ciudadanos, están de acuerdo en estigmatizar ciertas prácticas. Es lo que, por lo menos públicamente, se condena en el narcotráfico. El desacuerdo aparece ante la corrupción gris: lo que unos definen como corrupción, otros no lo consideran como tal. En este desajuste entre las percepciones de unos y las prácticas de otros es donde existe el riesgo de que estalle el escándalo, como ocurre, por ejemplo, ante la financiación de los partidos políticos.

¿LAS CRECIENTES NECESIDADES DE LOS PARTIDOS GENERAN CORRUPCIÓN?

Hasta hace relativamente poco, en la mayoría de los países la corrupción parecía más una cuestión de culpas individuales que una perversión generalizada del medio político-administrativo. Las cosas empezaron a cambiar con las crecientes necesidades de los partidos políticos, incapaces de cubrir por vías regulares el aumento de los gastos de sus organizaciones y los costos incrementados vertiginosamente de las campañas electorales. Hasta los años 60 los partidos políticos no disponían más que de las aportaciones -en tiempo y en cotizaciones- de sus militantes y de donaciones más o menos generosas de hombres de negocios o de organizaciones profesionales y sindicales. A partir de los años 70, los recursos tradicionales decrecen -crisis de militantes- y la "americanización" de las campañas electorales multiplica por diez los gastos. Casi en todos los países, los partidos, buscaron resolver esta limitación con prácticas irregulares en el mejor de los casos, y con práticas violatorias del derecho penal en el peor.

Una primera oleada de reformas tras algunos escándalos sonados -escándalo Flick en Alemania, escándalo de la campaña electoral de Nixon, dimisión del vicepresidente estadounidense Spiro Agnew, escándalos en Italia, Japón, Países Bajos -llevó a pensar que se había encontrado el remedio milagroso: financiar con fondos públicos partidos y campañas electorales y establecer mecanismos para controlar el origen de los fondos y el uso que de ellos hacían los partidos. Pronto se descubrió que gran parte de esos fondos eran utilizados para beneficio personal de dirigentes partidarios.

EN EL SOCIALISMO: ¿UNA VÍA CONTRA LA BUROCRATIZACIÓN?

El fenómeno de la corrupción ya no es, como en el pasado, un problema principalmente nacional, inherente a un sistema político. Su aspecto internacional es cada vez más notorio. Esto hace que las formas y modos de corrupción se hayan sofisticado considerablemente hasta el punto de hacerla casi invisible, o al menos, difícilmente detectable. A lo largo de estos últimos años la corrupción se ha convertido en una práctica habitual, tanto en los regímenes democráticos como en los autocráticos, tanto en los países ricos como en los pobres.

En los fracasados regímenes socialistas, en los países en desarrollo, y también en numerosas sociedades occidentales, la corrupción ha surgido como una vía funcional para enfrentar una reglamentación y una burocratización excesivas. Aunque detestable en principio, la corrupción aparece así también como una válvula de seguridad, "el aceite de los engranajes", el instrumento capaz de desbloquear a una sociedad bloqueada. Sin embargo, aun cuando las razones que la "justificaban" hayan desaparecido, la corrupción permanece y crece. El mejor ejemplo lo brindan los países ex-socialistas, donde prospera la corrupción, pese al hundimiento de los regímenes autoritarios y burocratizados que le dieron origen.

En realidad, la corrupción se abre camino allí donde quien decide dispone de un cierto poder discrecional: aplicar o rebajar una multa, adjudicar o declarar desierta una licitación, autorizar o no una compra o una inversión. Son decisiones que dejan una capacidad de maniobra apreciable a los funcionarios o a los políticos, sobre todo si las reglas de procedimiento que se supone garantizan la transparencia no se aplican ni según su letra ni según su espíritu.

EN EL REINO DEL MERCADO: ¿MÁS OPORTUNIDADES DE CORRUPCIÓN?

En la actualidad, la corrupción se inscribe en un cambio ideológico importante: la prevalencia de la idea de mercado sobre la idea de Estado. Partiendo de los Estados Unidos, la ola neoliberal ha conquistado Gran Bretaña, América Latina, Asia, Europa, e incluso Africa, pese a los problemas de este continente, el más afectado por el subdesarrollo. La apología del mercado se vio confirmada por los éxitos económicos de Japón y de los "tigres asiáticos", y reforzada por el hundimiento de los países socialistas y por las crecientes dificultades de los gobiernos socialdemócratas para afrontar sus costosas políticas de inspiración keynesiana.

En todas partes, con el impulso de los neoliberales o bajo la férula del Banco Mundial, del FMI, incluso de la OCDE, vigorosas políticas de desregulación y de privatización han desmantelado el dominio jurídico, económico y financiero del Estado. En todas partes se han impuesto nuevas reglas de juego y han aparecido nuevos actores. Las viejas coaliciones de intereses han sido puestas en cuestión con nuevas ideas y obligaciones externas cada vez más apremiantes en relación a la constitución de bloques regionales y a la liberalización del comercio mundial. En este momento de transición, la crisis de los antiguos modelos y la introducción de drásticos cambios en la manera de pensar y de actuar, han dado lugar a considerables oportunidades de corrupción. Hoy, cuando las convenciones del pasado ya no son válidas ni legítimas, y las nuevas reglas de juego todavía no están establecidas o son mal aceptadas o mal integradas, es tiempo de corrupción.

CALDOS DE CULTIVO: LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES

La corrupción es una forma de intercambio paralelo y oculto que se infiltra tanto en los mecanismos de mercado como en los procesos públicos de distribución de derechos o recursos. La corrupción se extiende allí donde las operaciones, en lugar de estar reglamentadas y ser transparentes, se convierten en transacciones ocultas que tienden a procurar a los beneficiarios ventajas que no podrían obtener en una libre competencia o con la aplicación rigurosa de las normas establecidas. Esto es justamente lo que ocurre en muchas transacciones internacionales.

En el ámbito internacional, los cauces que favorecen la corrupción son múltiples. Reglamentos proteccionistas que el exportador trata de evitar: necesidad de obtener permisos, autorizaciones, licencias. Obligación de contratar por intermediación de corredores cuya finalidad muy a menudo se reduce a obtener la gratificación obligatoria. Obligación para un Estado beneficiario de préstamos de emplear esos créditos en el país acreedor. Intervención de las autoridades públicas en la negociación y conclusión de contratos, especialmente cuando el proveedor y el cliente son funcionarios del sector público de sus respectivos Estados.

Las relaciones de corrupción a nivel internacional son especialmente complejas en la medida en que mezclan intereses privados legítimos -los de la empresa- o menos honorables -los de los intermediarios- con los intereses de socios político-administrativos que pueden actuar en nombre de los intereses públicos considerados legítimos -apoyo a la exportación, defensa de intereses nacionales- o como partes directamente interesadas en el intercambio delictivo. Un buen ejemplo: los efectos del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y Nicaragua produjeron en ambos países el diseño de necesarias operaciones de triangulación, con las consecuencias de corrupción y de enriquecimiento personal de muchos de los operadores de esas triangulaciones.

MAFIAS INTERNACIONALES QUE GANAN TERRENO

A diferencia de la situación que prevalece en la mayoría de los Estados -al menos en el plano jurídico-, el intercambio corrupto internacional se desarrolla en un universo en el que el Estado de Derecho es más una loable aspiración que una realidad. Hasta hoy, sólo se puede reprimir la corrupción por medio de las legislaciones nacionales. Aparte de que siempre resulta difícil probar el delito, es iluso esperar una gran eficacia represora cuando dirigentes del más alto nivel están ellos mismos en la primera fila de los actores de la corrupción.

Suiza, refugio tradicional de "operaciones discretas", ha tenido que hacer algunas concesiones menores, presionada por los escándalos provocados por los depósitos provenientes del tráfico de drogas y el blanqueo de dinero que han acogido sus prestigiosos bancos. Pero los pequeños cambios que se han producido en la Confederación Suiza se han compensado o anulado por la multiplicación de bancos off-shore y por el diseño de complicadas e innumerables transacciones cruzadas. Este fenómeno es tanto más inquietante por cuanto las diversas mafias internacionales de la droga y del crimen organizado se valen no sólo de protecciones nacionales del más alto nivel en la clase política y en la policía, sino que se benefician de las nuevas oportunidades que ofrece la mundialización de los flujos monetarios y del sigilo que resguarda las operaciones bancarias.

LA CORRUPCIÓN MENOS VISIBLE

La corrupción es siempre un intercambio clandestino. Esta afirmación sigue siendo la más básica para entender el problema, salvo cuando la corrupción se ha convertido en un hecho tan integrado en las costumbres que ni siquiera hay necesidad de tomar la precaución de disimular el intercambio. Cuando sucede así, es más evidente que el pacto de la corrupción es lo único que sigue siendo clandestino, y todos los demás elementos del trato pueden convivir tranquilamente en los contornos de la legalidad y de la respetabilidad.

La corrupción más extendida es también la menos visible porque toma el aspecto de relaciones económicas o sociales habituales. En este caso, todo lo corrupto tiene la apariencia de la legalidad o de la normalidad, excepto el pacto clandestino, tácito, no escrito. La regularidad formal de los procedimientos borra hasta el sentimiento de culpabilidad en los principales protagonistas de la corrupción, que se declaran injustamente perseguidos y acosados en su vida privada y familiar.

Esto demuestra cómo la multiplicación de disposiciones represivas, de vigilancia de los procedimientos, no constituye más que un intento parcial e insuficiente. Ninguna sanción penal puede resolver el problema de la corrupción si ésta no se concibe antes como una falta a las reglas de la ética pública.

CUANDO SE CONVIVE CON MUCHA CORRUPCIÓN ES MUY ALTO EL GRADO DE TOLERANCIA

En todo el mundo la corrupción no es sólo una costumbre detestable, se ha convertido en un problema político. El aumento de las prácticas corruptas y de su carácter cada vez menos oculto -por no decir casi oficial a veces- es lo primero que ha contribuido a la toma de conciencia. Lo que al principio sólo sabían unos círculos de "iniciados" muy restringidos -dirigentes de partidos, responsables de grandes empresas-, ha acabado por ser un secreto a voces porque la corrupción se ha extendido e incide cada vez más en la marcha de toda la economía. El enriquecimiento de dirigentes del FSLN a través de "la piñata", los negociados de líderes sandinistas con los ingenios azucareros y las bananeras, o el vertiginoso crecimiento del patrimonio del Presidente Arnoldo Alemán y sus principales allegados eran hechos conocidos ampliamente en Nicaragua en el mismo momento en que sucedían.

Cuando la ética pública es flexible, cuando la opinión pública tiene en general un concepto negativo de la política, la corrupción se tolera porque se llega a considerar una consecuencia inevitable del ejercicio del poder. Esta tolerancia está reforzada por las políticas clientelistas: la distribución generalizada que hacen los corruptos de prebendas y pequeños beneficios. Así, aunque no todos se aprovechen de la corrupción, el entramado clientelista y prebendario promueve un silencio cómplice en torno a las desviaciones de un régimen considerado "positivo en todo lo demás". Es lo que sostuvieron muchos al justificar los actos de corrupción de la gestión de Alemán y votaron por él: Roba, pero hace.

GOTAS QUE DERRAMAN EL VASO

A pesar de todo, cuando estalla un gran escándalo, cuando el sistema corrupto cae en la trampa de demandas crecientes, cuando los recursos a derrochar escasean, cuando las contradicciones internas son cada vez más acusadas, se produce la ruptura de este círculo vicioso. Italia constituye un ejemplo llamativo de esta evolución. Después de decenios de tácita complicidad de las minorías y de una gran parte de la opinión pública, el sistema corrupto se hundió, víctima de su imprudencia y de su arrogancia, y también de sus costos económicos y financieros.

En el caso de Italia, la idea de algunos de que los escándalos sanearían fácilmente al sistema fue impugnada por escritores de la talla de Umberto Eco: No estamos asistiendo a la revuelta de un país sano contra la cúpula de la corrupción, sino que debemos examinar la conciencia de un país donde impera ampliamente la corrupción. Los italianos sabían a quién tenían que ver para conseguir un favor y cuánto costaba, sabían cómo evadir una multa de tráfico, cómo encontrar un empleo fácil y cómodo con una carta de recomendación o cómo obtener un contrato sin verse sometidos a la competencia. En resumen, a la gente le iba bien en este sistema y al ir a votar, se tapaban las narices pero votaban.

UNA NUEVA LEY EN LA HORA DE LA GLOBALIZACIÓN

En la década de los 90 empezó a difundirse un nuevo tipo de prisma para medir las actividades de corrupción de las empresas europeas en el extranjero. Su origen es estadounidense. Esta ley, la FCPA (Ley contra Prácticas Internacionales de Corrupción), fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1977, en los días que siguieron al escándalo Watergate y a las revelaciones sobre sobornos generalizados de empresas estadounidenses en el extranjero. La compañía Lockheed, del sector aeronáutico, se había convertido en la más notoria de las más de 500 empresas que habían pagado a políticos extranjeros y a funcionarios de alto rango con el fin de obtener un trato preferencial en las ofertas de contratos.

Si bien las leyes de la mayoría de los países permitían el procesamiento de prácticas corruptas en el marco de la jurisdicción nacional, en ningún país importante existían las bases jurídicas para procesar a empresas o a individuos implicados en casos de soborno más allá de las fronteras nacionales. La FCPA inauguró una nueva vía para que los gobiernos pudieran controlar efectivamente el comportamiento de las empresas transnacionales, en un momento en que la globalización del comercio empezaba a acelerarse a un ritmo sin precedentes.

NUEVOS MECANISMOS Y NUEVAS CONTRADICCIONES

A lo largo del decenio siguiente, el gobierno de Estados Unidos empezó a aplicar la ley a un ritmo muy pausado. Los juicios más severos tuvieron que enfrentarse al argumento de que las empresas estadounidenses quedaban en una posición muy desventajosa, puesto que otros países industrializados, especialmente los países europeos y Japón, no habían introducido una legislación similar. Estos países alentaban las prácticas corruptas de sus empresas en países en desarrollo, al seguir tolerando que los gastos pro soborno se incluyeran legítimamente en las deducciones de impuestos. Se iniciaron así una serie de investigaciones relacionadas con procesos incoados bajo esta ley, y se llevó a los tribunales una docena de casos. Incluso las empresas de los países escandinavos, que se felicitan por su elevado nivel moral, recurrían a prácticas de corrupción en sus actividades en el extranjero, y no siempre eran objeto de denuncia ni suscitaban escándalo.

La Ley estadounidense reflejaba fielmente la política exterior moralista de la administración Carter, que también puso énfasis en los derechos civiles y humanos. Sin embargo, una vez iniciada la era Reagan y su política de laissez-faire, la mayoría de los habitantes de Estados Unidos se sintió menos concernida por cuestiones de orden moral. Paralelamente, surgían otras iniciativas cuasi privadas, como la creación en 1993 de Transparency Internacional (TI), fundada por Peter Eigen, un alemán ex-funcionario del Banco Mundial. En abril de 1996 la europea OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) pidió formalmente a sus países miembros que revisaran su reglamentación fiscal susceptible de incitar a la corrupción de funcionarios extranjeros mediante el otorgamiento de deducciones fiscales.

UN CÁNCER QUE MINA LAS ECONOMÍAS

La corrupción tiene efectos negativos muy importantes en la economía de cualquier país, al distorsionar las fuerzas que regulan los mercados. La corrupción destruye los esfuerzos de los negocios legítimos, tanto locales como extranjeros, para proveer los mejores productos y servicios al mejor precio posible.

En relación con los costos económicos, más allá del decaimiento moral que introducen en la sociedad, las actividades de corrupción, representan costos reales para el bienestar social. Tienen impacto sobre el producto de la economía. Provocan que las energías de los empresarios se desvíen de las actividades productivas hacia las menos productivas socialmente: bancos, hoteles, casinos. La corrupción está asociada a un mayor déficit fiscal, con el consecuente impacto sobre las políticas de estabilización. Distorsiona también el rol redistributivo del Estado, pues los que se benefician con el gasto público y sus programas no son quienes más lo necesitan. La corrupción afecta más a las actividades innovadoras -que deben solicitar permisos para iniciar actividades- que a las ya establecidas. Al actuar como freno de las actividades innovadoras, impactan sobre el crecimiento económico del país.

La transición que viven actualmente sociedades con economías altamente intervenidas por el Estado hacia economías orientadas al mercado crea condiciones muy favorables a la corrupción. Las privatizaciones, con sus danzas de millones tan fáciles de conseguir en la venta de las propiedades estatales, altera la nerviosa e inquieta estabilidad de políticos ambiciosos, sedientos de poder y de dinero. La valoración de las propiedades estatales en venta es altamente subjetiva y se presta a interpretaciones torcidas porque puede generar increíbles ganancias a los pocos que están a cargo de esos procesos.

FOCOS ROJOS DE LA CORRUPCIÓN MUNDIAL

La fuga de capitales y la corrupción son las principales causas del empobrecimiento de los países del Sur. Sin fuga de capitales y sin corrupción, la crisis de la deuda externa que agobia al Sur no tendría las actuales dimensiones.

Más de la mitad del monto de las deudas de los países de Sur está depositada en cuentas particulares en paraísos fiscales controlados por los bancos del Norte. Los cincos países que reciben una mayor cantidad de esos capitales provenientes de por lo menos doce formas de corrupción -entre ellas, el soborno, el enriquecimiento fraudulento de autoridades públicas y la evasión de impuestos- son Panamá, Islas Caimán, Suiza, Luxemburgo y Estados Unidos.

Los centros financieros y los paraísos fiscales juegan un papel fundamental en las relaciones financieras internacionales. Para combatir eficazmente los procedimientos de la corrupción debería crearse una estructura jurídica legal a nivel nacional, regional e internacional. Muchos países, entre ellos los que funcionan como paraísos fiscales, no respaldan la creación de un marco jurídico internacional.

La corrupción moviliza anualmente más de 600 mil millones de dólares, según un informe de Transparencia Internacional difundido en el marco del Congreso Anticorrupción realizado hace un tiempo en Perú. Esta cantidad se calcula estimando las comisiones pagadas en contratos públicos, en compras de armas, en sobornos a jueces y autoridades políticas y en facilidades al narcotráfico.

La generalizada sensación de impunidad, el poco apego a la ley, la permeabilidad de funcionarios y empresarios a pedir o a pagar coimas son las tres características dominantes de la corrupción en América Latina, definida como uno de los enemigos principales de la democracia por los efectos negativos que causa en el sistema político.

RETÓRICA, DEMAGOGIA, CINISMO

Los ciudadanos comunes permanecen al margen y perplejos. No tienen intervención alguna en el manejo público, salvo votar cada cuatro o cinco años. Por su parte, los políticos se limitan a declaraciones programáticas llenas de retórica. Tal es el caso de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas, marzo 1996). Alguien dijo acertadamente que este tipo de declaraciones equivale a que el mismo Lucifer anunciara la apertura de una tienda para vender artículos religiosos.

Para el analista peruano Mirko Lauer, los Congresos sobre la corrupción realizados en Washington, Nueva York, Hong Kong, Sidney, Amsterdam, Cancún, Beijing, Lima y Caracas, no son más que torneos de oratoria. Suenan como eventos de gran impacto, pero la falta de éxitos contundentes ha ido convirtiendo la cruzada política contra la corrupción en un negocio de consultoría privada, en una rama de los estudios académicos y en una cómoda cachiporra para golpear a gobiernos y a opositores. En esas reuniones la corrupción es analizada en forma demagógica y hasta cínica, ya que asisten a ellas participantes directos y protagonistas de actos de corrupción. Se trata en muchos casos de pagar vacaciones lujosas a los responsables del problema. A los países en vías de desarrollo se les dijo primero que el neoliberalismo traería la prosperidad y ahora se les dice que las reformas neoliberales no pueden dar resultado por culpa de la corrupción, afirma Laner, comentando el cinismo que domina estos Congresos.

EN LA META, UN GRAN OBSTÁCULO: LA CORRUPCIÓN JUDICIAL

En el caso de América Latina los tribunales de justicia sufren de crecientes irregularidades y de corrupción, generando gran desconfianza en el sistema. A medida que aumenta esta adecuada percepción, la gente reacciona acudiendo menos a los tribunales, por considerar que el sistema es lento, incierto y de escasa calidad. Es también una percepción general que la capacitación de los jueces es deficiente y que no garantizan la igualdad de todos ante la ley.

La inercia de los funcionarios judiciales ante las necesarias reformas que requiere la administración de justicia, se explica en parte porque los beneficios de la lucha anticorrupción -mayor inversión y crecimiento económico- son generales y de largo plazo, mientras que el costo individual que tendría sumarse a esta lucha es inmediato: la desaparición de los ingresos que se perciben con la corrupción. Por esto, las reformas tendrían que incluir mayores beneficios a corto plazo para los funcionarios del sistema judicial: salarios y pensiones adecuadas, promociones para jueces y empleados, nuevas instalaciones y más amplios presupuestos.

En algunos casos, en nuestros sistemas legales y judiciales se ha diseñado toda una ingeniería de pillaje y extorsión socioeconómica basada en impuestos, regulaciones, protecciones, subsidios, licencias, permisos, concesiones y transferencias. Montesquieu decía: Hay dos géneros de corrupción: una cuando el pueblo no observa las leyes, el otro cuando el pueblo es corrompido por las leyes. En este caso, se trata de un mal incurable ya que radica en el único remedio que el mal tendría.

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