Apuesta a una peligrosa aventura

Un gigantesco enclave comercial en las áreas de la Zona del Canal que revertirán a Panamá en el año 2000. Y una "modernización" de la fuerza pública para garantizar un control social favorable a las inversiones extranjeras. Esa es la apuesta.

José Raúl Aparicio

En los años 90 Panamá atraviesa por un amplio proceso de transiciones. Cerrada al parecer la transición política, se acentúa la transición demográfica, la laboral, la económica y la estatal. Después de las elecciones de mayo/94, se redefinió la agenda del país y en ella se propuso:

- El reordenamiento de la economía nacional a través de una insistencia aún mayor en el sector servicios.

La articulación a la economía nacional de las áreas revertidas mediante una estrategia múltiple que implica la negociación de las bases militares y el establecimiento de zonas procesadoras para la exportación y el almacenaje, maquilas e instalaciones turísticas.

La integración multilateral de Panamá a las organizaciones internacionales de comercio.

No había otro camino

Desde la perspectiva neoliberal criolla no existía otra opción y esta agenda debía ser asumida por cualquiera de los grupos económicos, políticos o sociales que llegara al poder. El discurso del gobierno Pérez Balladares lo repite: las economías deben abrirse a un mundo competitivo que busca integraciones bilaterales, subregionales y regionales para conformar bloques económicos, culturales y políticos. Es un discurso que nos deja ante un universo cerrado en donde el mercado gobierna y toma decisiones autónomas, en ocasiones sin sentido.

El gobierno cifra todas sus esperanzas en las inversiones extranjeras para solucionar todos los problemas nacionales. Pero ¿qué tipo de inversiones llegará y quiénes serán sus beneficiarios en un país como Panamá, donde el 20% más rico concentra el 60% del producto interno bruto, estimado en 6 mil millones de dólares, y en donde la economía gira en torno al sector servicios?

Estrategia aventurera

En su primer año de gestión el gobierno Pérez Balladares estructuró un "paquete de políticas prioritarias" que incluía la modificación de la legislación tributaria, la eliminación o reducción de exoneraciones, la reducción arancelaria, la privatización de empresas estatales, la agilización de la Autoridad de la Región Interoceánica, la implementación de incentivos turísticos y las reformas a la legislación laboral.

Este paquete parte del proyecto neoliberal del actual gobierno pretende generar un proceso de capitalización con la privatización de empresas estatales y la atracción de inversiones extranjeras. La crítica más seria que se le hace a esta estrategia económica sostiene que el proyecto pretende financiarse en su totalidad con el ingreso de capitales internacionales y que no enfatiza lo suficiente en el esfuerzo del ahorro interno y que además, se montó sobre la base de que Panamá se iba a integrar rápidamente al Tratado de Libre Comercio (TLC), lo que aseguraría la atracción de capitales. La adhesión al TLC todavía no está muy clara y el precio de la aventura se refleja ya en las estimaciones sobre la tasa de crecimiento: para 1995 se prevé un 1.7%, cuando en 1994 llegó a un 4.7%

Concertación fracasada

Pérez Balladares inició su estrategia tratando de ampliar su legitimidad política mediante un proceso de concertación con grupos políticos y económicos. Esto implicó por un lado, la negociación de espacios con el Partido Solidaridad y el Movimiento de Unidad Nacional para consolidar su mayoría legislativa y por otro, el nombramiento de funcionarios "idóneos" para varios cargos públicos. Pérez Balladares seleccionó a los elementos más representativos de la oposición: Samuel L. Galindo del Partido Solidaridad como Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Sossa Lennox del Partido Demócrata Cristiano como Ministro de Desarrollo Agropecuario y José Antonio Sosa del Partido Arnulfista como Procurador de la Nación.

La ampliación de la legitimidad pretendía encontrar aliados para la aprobación de las reformas políticas y económicas, presentadas a la sociedad panameña como la única solución a los problemas sociales y económicos. Empieza a desenmascararse desde entonces la demagogia presidencial: su concertación no era con los sectores populares e indígenas, sino con los grupos políticos y las familias económicas que le permitirían agilizar el proyecto neoliberal en Panamá.

Ya es claro que la concertación no busca la unidad nacional ni el fortalecimiento de un proyecto nacional o popular. Tampoco defiende la nacionalidad y la soberanía panameña, como sostiene el Ministro de Relaciones Exteriores, Samuel L. Galindo. Por el contrario, el gobierno explora la posibilidad de una permanencia de las bases militares estadounidenses en el país más allá del año 2000 y la política económica, al acentuar la terciarización deja en el abandono a la industria de capital nacional y a la agricultura. La concertación diseñada como mediación política se puede dar por fracasada: no se cumplieron los acuerdos, se impusieron los criterios del sector presidencial y se traicionó la confianza de los participantes.

La gran huelga

El proyecto neoliberal de Pérez Balladares fue lanzado desde arriba hacia abajo con una campaña masiva en todos los medios de comunicación escritos, hablados y televisivos, que creó resistencias bien claras en la sociedad. La más notable, la reciente huelga, encabezada por 49 organizaciones sindicales y populares y que duró 10 días.

La justificación para las reformas laborales, que fueron el motivo de la huelga, es la necesidad de una flexibilización de las relaciones laborales que permita una mayor inversión extranjera. Pero la economía panameña siempre ha sido abierta y la causa central del desempleo y de la ausencia de inversión no se encuentra ni en los salarios ni en las seguridades laborales que ofrece el código laboral. A los grandes bloques económicos lo único que les interesa es la reducción de aranceles para que sus productos circulen libremente dentro del mercado panameño. Y si no han invertido, es simplemente porque no han querido.

La batalla por las reformas al código laboral mostró que se trata más que de un problema económico, de un problema político. Un sector del movimiento sindical "los consensuados" se sentó a negociar con los empresarios y el gobierno las reformas y otro sector se negó a cualquier reforma. Es clave para entender la huelga el responder a esta pregunta: ¿cómo se separaron negociación y protesta dentro del movimiento sindical cuando las grandes victorias de años anteriores se basaron en la conjunción de ambas estrategias? A pesar de todo, aunque actuaran aisladas las dos fuerzas negociación y protesta la coyuntura permitió la consolidación de un frente que, aunque no evitó las reformas, no permitió que éstas fueran tan antipopulares como el gobierno pretendía.

Otra de las preguntas claves ante la huelga es la estrategia usada por los antimotines. Siendo un aparato con capacidad para dispersar a los huelguistas con facilidad, los antimotines permitieron su movilización y toleraron altos niveles de violencia en las calles. ¿Por qué se dejó golpear la policía? ¿No será para tener una buena excusa desde la que plantear la reestructuración de la fuerza pública en la nueva coyuntura panameña?

Al final, el gobierno logró la aprobación de las reformas por el control que tiene sobre ciertos grupos sindicales vinculados al PRD y por su alianza con sectores de la Democracia Cristiana, representados en la Fundación del Trabajo y la Central General de Trabajadores. Su estrategia fue simple: divide y vencerás. La reforzó el temor de algunos dirigentes no vinculados ni al PRD ni al PDC de perder espacios de protesta y negociación. O respondes al nuevo orden o te quedes fuera, con todo lo que eso implica: ésa es la disyuntiva.

Ejecutivo autoritario

La huelga demostró el fracaso de la "concertación" como método para la resolución del conflicto. Existe hoy en Panamá una especie de unificación de poderes, por la que el Ejecutivo impone al Legislativo lo que debe aprobar o no. Este autoritarismo tiene efectos negativos en lo social, lo económico y lo político.

Desde las reformas a la ley de Autoridad Interoceánica y al título constitucional sobre el Canal de Panamá hasta la ley de reformas al código de trabajo se ha evidenciado la intervención del Ejecutivo en el Legislativo. Este ha perdido autonomía y poder de decisión en los asuntos de la nación. Si la división de los poderes del Estado es una garantía para que ninguno de ellos se aleje de los intereses del pueblo, ¿quién velará por esos intereses si el Ejecutivo domina sobre el Legislativo y del Judicial es mejor ni hablar?

Todo esto ha provocado una baja en la popularidad de Pérez Balladares que, a pesar de todo, sabe vender muy bien su imagen en los medios. Esa es la causa de que algunas encuestas reflejen un descontento popular por el modo como se implementan las medidas económicas, pero no por las medidas en sí mismas. La apuesta del sector oligárquico panameño, asumida por el gobierno de Pérez Balladares, entra en contradicción con fracciones de la burguesía nacional y sus gremios representativos. Pero esta burguesía se encuentra en un proceso de oligarquización y por eso asume la actual transición como única salida para enfrentar el proceso de mundialización de la economía.

Enclave comercial

Las giras internacionales del Presidente panameño muestran las verdaderas intenciones del gobierno. Su compromiso no es con la nación sino con la oligarquía y su proyecto no sólo tendrá su ruta de operaciones de norte a sur ruta de tránsito por el Canal sino que se pretende extender este modo de desarrollo a lo largo del país: eje Este Oeste.

En la ex Zona del Canal se proyecta un conjunto de inversiones que profundizarán la economía de servicios, convirtiendo en un gran enclave comercial las áreas que revertirán a Panamá. Todas las inversiones giran en torno al sector servicios y al desarrollo marítimo. Lo peligroso de esta aventura es que el capital que viene a invertir a Panamá es un capital volátil que requiere de una estabilidad social impecable donde nada interrumpa o afecte la inversión. A partir de ahí debe entenderse la "modernización" de la fuerza pública que se está planteando. La huelga, las manifestaciones y otras expresiones populares no caben en una economía modernizada porque alejan la inversión.

Los operativos policiales han aumentado tanto en la ciudad como en el interior del país, durante el día y la noche y en especial, en todos los barrios populares de la capital. Lo más alarmante es la estructuración de una red de espionaje y de control social en alianza con los taxistas, que cuentan ahora con línea directa de radio con la policía y realizan con ella operativos conjuntos. La justificación para camuflar esta medida es "la ola de violencia que vive el país". Un enclave comercial en la ex Zona del Canal y una institucionalización del control social. Esa es la pretensión. Y a esa peligrosa aventura está apostando el gobierno.

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PÉREZ BALLADARES EN GIRA POR ASIA

Japón

- Japón es, junto con Estados Unidos, el mayor usuario del Canal de Panamá. Le preocupa el futuro de la vía acuática y desea que se expanda su capacidad de operaciones. Uno de los principales objetivos de Pérez Balladares fue garantizar a Japón que Panamá está dando todos los pasos para el manejo del canal después del año 2000. También acordó revisar los resultados de un estudio sobre alternativas del Canal, realizado por una comisión tripartita (Panamá Japón EU) que recomendaba la construcción de un tercer juego de esclusas. Japón prometió continuar con los programas de asistencia económica y mostró interés en financiar la modernización de la educación panameña. Se expuso a varios empresarios japoneses las ventajas para la inversión que ofrecen las instalaciones militares próximas a revertir, pero no hubo ningún acuerdo importante.

Taiwan

Pérez Balladares firmó un contrato con la Empresa Evergreen para la construcción de un puerto de contenedores en Coco Solo. La primera fase costará $80 millones, deberá comenzar en 1996, generará unos 500 empleos temporales durante la construcción y otro 500 permanentes cuando el puerto inicie operaciones. La empresa donó 100 motocicletas a la Policía Nacional. Se suman a otras 50 donadas en julio/94. Una línea aérea que pertenece al grupo Evergreen inició 3 vuelos semanales a Panamá. Taiwan concedió préstamos multimillonarios a bajos intereses para la construcción de hospitales, centros de salud y equipos. Taiwan prometió aumentar la cuota de productos agrícolas e industriales que importa de Panamá (café, carne, cuero, galletas). Taiwan exporta hacia Panamá $150 millones anuales y Panamá sólo exporta a Taiwan $250 mil.

Filipinas

El objetivo era inspeccionar la antigua base naval estadounidense de Subic Bay, para conocer de primera mano la gestión del gobierno filipino para sacar provecho a instalaciones revertidas de 18 mil hectáreas de extensión (7 mil en edificios y 11 mil en áreas verdes). Cuando los militares norteamericanos salieron de esta base en 1992 quedaron sin empleo 14 mil filipinos. Hoy, 115 empresas transnacionales y filipinas operan en esa área.

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