Panamá
Promesas que se hicieron humo
Las campañas electorales se llenan de consignas, y de promesas. En Panamá, muchos creyeron en ellas. En sólo unos meses todas se han desvanecido.
Jaime Cheng
Transcurrido casi año y medio del gobierno de Ernesto Pérez Balladares, las promesas electorales hechas por el PRD bajo la consigna "El pueblo al poder" parecen desvanecidas. La famosa "guerra contra el desempleo" se está convirtiendo en una batalla inganable. Las grandes inversiones millonarias prometidas cuelgan aún de expectativas nada alentadoras. El deterioro social de miles de panameños se incrementa cada día y el gobierno ha emprendido una campaña de despidos de los empleados públicos nombrados en la gestión del ex-Presidente Endara para así garantizarle espacios y empleos a los miembros "leales" al partido gobernante.
Para las élitesBalladares tiene su residencia en Altos del Golf, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad capital. Según estimaciones de un diario local, la casa del Presidente está valorada en más de un millón de dólares, mucho más de lo que costaría un edificio de cinco pisos para albergar familias de clase media. A pocos pasos de la mansión presidencial viven los Vallarino, los Canavaggio y la familia Brostella, miembros de la oligarquía criolla, vinculados a la industria de licores y cervezas, con algunos de los cuales Balladares mantiene vínculos familiares.
En su campaña, Pérez Balladares hizo del nombramiento de personas con arraigo popular uno de los ejes principales. Hoy muchos de los cargos clave en el actual gobierno están en manos de miembros de familias oligarcas: Ministerio de Planificación, de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Presidencia, Autoridad de la Región Interoceánica, etc. Este es sólo uno de los aspectos que muestra que la frase "El Pueblo al Poder" ha sido olvidada: es clara la preferencia por las élites y por figuras vinculadas al proceso de acumulación de capital en Panamá.
Para los extranjerosOtro eje de política planteado en su campaña electoral por el PRD fue la administración, de la manera más "colectiva" posible, de los bienes de la antigua Zona del Canal, que están en proceso de reversión a propiedad de Panamá. Sin embargo, el gobierno mantiene hoy que lo prioritario es ofertar estos bienes al gran capital transnacional. De hecho, los terrenos e instalaciones de mayor riqueza y valor están siendo promovidos como oferta atractiva a inversionistas extranjeros, muchos de ellos norteamericanos. Se pretende así convertir lo que fue Zona del Canal, ocupada por funcionarios y militares norteamericanos, en una Zona en donde los extranjeros tengan la posibilidad de obtener hasta títulos de propiedad. Y aunque el gobierno dijo que construiría en la Zona viviendas para sectores populares y vendería algunas casas que ya estaban en pie, los precios que estarían fijándose para esas casas permiten pensar que terminarán en manos de unos cuantos privilegiados.
Para unos pocosDe acuerdo al informe denominado "Políticas públicas para el desarrollo social con eficiencia económica", el 20% de los panameños más ricos tienen ingresos 45 veces mayores que el ingreso promedio del 20% más pobre. Si a esto se agrega que el 50% de los hogares panameños se catalogan en el nivel de pobreza - según estudios hechos en 1993 por un grupo de organismos que se unieron para proponer el Plan Nacional Mujer y Desarrollo -, se concluye que la capacidad de sobrevivencia de cientos de miles de panameños está cada vez más en el aire.
A este panorama de crisis hay que sumar una ola de despidos en diversas instancias estatales. La mayoría de los funcionarios ahora cesanteados fueron nombrados durante el período 1990-94 y muchos ganaban salarios de 150-200 balboas mensuales, clasificados en Panamá como sueldos muy bajos. A pesar de que Pérez Balladares prometió que no destituiría a empleados de bajos ingresos y nombrados durante el período de Endara, no cumplió tampoco esta promesa y son cada vez más los panameños que quedan sin empleo sin aviso previo.
Sin críticasLa última carta pastoral de la Conferencia Episcopal Panameña criticó la falta de claridad de la política social del gobierno y señaló con preocupación que la política sea vista por muchos como camino fácil para aprovecharse de los recursos del Estado y para el enriquecimiento ilícito. Ministros y funcionarios del gobierno cuestionaron las declaraciones de los obispos, lo que colocó en un punto critico las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño, llegó incluso a denunciar que el gobierno preparaba represalias contra los obispos por su declaración. Según Dimas Cedeño, el gobierno habría excluido a la Iglesia Católica de los actos de proyección pública. En general, el gobierno se ha mostrado intolerante frente a las críticas de diversos sectores sociales. Esta confrontación con la Iglesia Católica lo corrobora.
¿Sin los indígenas?También caracterizan la actual coyuntura nacional las concesiones que el gobierno pretende entregar a compañías transnacionales aliadas al capital local para la exploración y explotación de yacimientos de oro, cobre y otros minerales. Todos los yacimientos están localizados en comunidades campesinas e indígenas con niveles de vida bastante precarios. El más importante yacimiento de cobre encontrado hasta el momento se encuentra en el área donde ha vivido tradicionalmente el pueblo Ngóbe, que viene reclamando que se les delimite su Comarca.
Según un cálculo conservador, la compañía multinacional Anacobre estima en 24 billones las libras de cobre que se ocultan en Cerro Colorado y según informaciones de esta compañía minera, el valor de este recurso mineral es de un dólar la libra en el mercado internacional, fluctuando el precio de acuerdo a las cotizaciones del mercado y a sus demandas específicas.
La Coordinadora de los Pueblos Indígenas de Panamá (CONAPIP) denunció que el gobierno ha pasado por alto los acuerdos por los cuales se creó -por Decreto Ejecutivo 208 del 8 de mayo de 1995- una comisión intergubernamental para el desarrollo de la comarca Ngóbe-Buglé. En clara alianza con el capital transnacional, el gobierno ha priorizado un discurso falsamente desarrollista, tildando de "grupitos sectarios y manipulados" a los indígenas y, pese a las protestas, no parece que dará marcha atrás, aunque tenga que utilizar medios represivos.
Es este un breve balance y de sólo grandes rasgos. Lo que ya está bien claro para muchos panameños es que, en la medida que se acentúan las contradicciones sociales, Pérez Balladares se inclina por quienes tienen mayores recursos económicos, mientras sus promesas de campaña se hacen humo, desaparecen.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica