Nicaragua
La piñata: algunas reflexiones
La pérdida de credibilidad moral del sandinismo se ha traducido en pérdida de confianza de los ciudadanos y tal vez en pérdida de votos en las urnas.
Augusto Zamora
La corrupción - no hay que cansarse de decirlo - la paga siempre Nicaragua. Pero, ante la extendida corrupción oficial en el gobierno Chamorro, podría verme tentado a recurrir a la doble moral en uso y limitarme a hablar de la viga en el ojo ajeno y no de la paja en el nuestro. No: estoy convencido que no hay corrupciones buenas y corrupciones malas y también lo estoy de que si todos participamos en el juego - por acción u omisión -, todos nos hacemos cómplices del hundimiento de Nicaragua. Partiendo de estas convicciones, intentaré dar una explicación del mayor escándalo que salpicó al sandinismo y que ha sido utilizado para restarle autoridad moral: la piñata.
Como suele suceder, quienes más han gritado en contra de la piñata han sido aquellos que tenían más corrupciones que ocultar: el viejo truco de señalar en dirección contraria para que nadie se fije en lo que hacemos. Por lo demás, justo será reconocer que desde el sandinismo les pusieron fácil la tarea. Es más, quienes dentro del FSLN, y por atender sus intereses egoístas, mermaron la autoridad moral del sandinismo, le hicieron un gran favor a la derecha, pues allanaron el camino a la corrupción que hoy ahoga Nicaragua. Esta situación ha incidido dramáticamente en la vida nacional, ya que la corrupción se ha ido extendiendo como un cáncer maligno y el sandinismo oficial ha permanecido callado, cuando no se ha unido al juego de las complicidades. Buscaré las causas de las causas, que fueron finalmente la causa del mal causado.
El gobierno más honesto de la historia La revolución la hicimos no para engrosar nuestras arcas, sino aspirando a una Nicaragua mejor, más justa, más solidaria, más igualitaria. Alfabetizamos, cortamos café y algodón, hicimos vigilancia revolucionaria, miles sacrificaron sus vidas en la cruel guerra que Estados Unidos nos impuso. Formamos el gobierno más honesto de la historia de Nicaragua, donde la honradez era la norma y las corruptelas la excepción. De hecho, organismos internacionales como UNICEF, ACNUR y la OMS pusieron a Nicaragua como ejemplo en sus respectivos campos. Los gobiernos y organizaciones no gubernamentales que nos dieron su cooperación pudieron comprobar el uso honesto que hacíamos de esos fondos.
Los salarios que cobrábamos eran exiguos, en algún período casi simbólicos. Recuerdo una época en que cobré 40 dólares al mes, otros compañeros cobraban aún menos. Se podrá decir de los sandinistas cualquier desavenencia política, pero durante nuestro gobierno se dio la mayor igualdad y los mayores niveles de justicia social de la historia del país. No que hubieran desaparecido las desigualdades, sino que éstas fueron menores que nunca. Por otra parte, debe tenerse presente en todo momento que durante el gobierno sandinista se hizo una defensa firme de las riquezas y recursos naturales, que fueron nacionalizados. Tampoco se puede acusar a los funcionarios del gobierno sandinista de haberse enriquecido otorgando concesiones lesivas al país, ni de haber traficado con la dignidad de la patria. Pudimos haber hecho mejor las cosas, eso es indudable, como también pudimos hacer más, pero esa página ya fue doblada y no vale que hoy, junto a los muros de Babilonia, lloremos acordándonos de Sión, como al poeta no le valió llorar sobre lo que en otros tiempos fue Itálica famosa.
Menosprecio de la ley y política de poder La derrota electoral nos tomó completamente desprevenidos, lo que resultó un error estratégico del sandinismo. En ese momento adquirieron su verdadera dimensión una serie de errores y de vicios que serían la causa de lo que la derecha, perversa e interesadamente, llamó piñata.
El primer problema que saltó a la vista fue que una parte importante de los bienes administrados por el Estado (viviendas, fincas, empresas, cooperativas, etc.) no estaban regularizados legalmente. Muchos, incluso, seguían a nombre de los antiguos dueños. ¿Cómo pudo pasar eso después de casi once años? Porque en el gobierno sandinista la ley y el principio de legalidad nunca fueron valorados adecuadamente. Se gobernó de facto, pues por lecturas superficiales de teóricos marxistas, se tenía a la ley como instrumento al servicio de la clase dominante. Desde tal perspectiva resultaba suficiente - y sobre todo cómodo - tener el poder, que además nos pertenecería para siempre. La revolución es fuente de derecho - se decía - y esa frase lapidaria bastaba para cerrar cualquier discusión.
Pero no era éste el único factor. Desde el sandinismo se preconizaba que, de conformidad con los derechos de la persona humana, todos teníamos derecho a la vivienda y los campesinos a la tierra. ¿Por qué no se siguió una po- lítica de venta de las viviendas y por qué no se entregó en propiedad la tierra a los campesinos o las fábricas a los obreros, aunque fuera parcialmente? ¿Por qué nunca se regularizaron esas situaciones, convirtiendo en derechos las situaciones de hecho? Creo que el menosprecio a la ley no basta para explicar tal actitud. Presumo que pesaron consideraciones de otra índole, que poco o nada tenían que ver con el ideario sandinista de solidaridad y justicia y sí mucho con una política de poder.
La casi totalidad de sandinistas vivíamos en casas que eran del Estado y trabajábamos para el Estado. Incluso, los automóviles eran del Estado. En términos materiales la dependencia era total. Si perdíamos el trabajo o caíamos en desgracia podíamos vernos, literalmente, en la calle. Tal grado de dependencia material implicaba, consciente e inconscientemente, una dependencia personal. Desde la perspectiva de quienes detentaban el poder se trataba de una situación ideal, próxima a la que vivían los siervos de la gleba respecto del señor feudal. En este punto es oportuno recordar a Rousseau. Decía el ginebrino que la libertad civil implicaba "en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea bastante opulento como para poder comprar a otro, y ninguno tan pobre como para verse obligado a venderse". Para ser objetivo, ignoro si la dirigencia sandinista se planteó la situación en términos tan crudos como la explico yo. Este extremo, no obstante, es irrelevante, pues lo que cuentan son los resultados.
Derrota moral peor que la derrota electoralUna visión coherente de la revolución habría llevado a legalizar las situaciones y, al menos en cuanto a las casas modestas, a venderlas a sus moradores. La reforma agraria habría llevado a resultados similares o, cuando menos, a una ley general que determinara el régimen jurídico de las tierras administradas por el Estado. La ausencia de leyes, desde una visión pura y dura del poder, tiene una ventaja sobre la legalidad: permite obrar impunemente al amparo del vacío legal.
Para hacer justicia a los compañeros que trabajaron en el área jurídica, debo decir que me consta que batallaron en múltiples ocasiones por establecer marcos jurídicos y que sus propuestas fueron desechadas. Caro pagaríamos todos esa concepción errónea y reaccionaria del poder. Si las viviendas y tierras se hubieran distribuido ordenadamente en años anteriores, con justicia y equidad, no hubiera pasado mayor cosa.
El desamparo legal fue la causa que obligó a intentar legislar, en los tres dramáticos meses que siguieron al 25 de febrero de 1990, lo que no se había legislado en diez años. Si todos los papeles hubieran estado en regla no habría habido necesidad de leyes de emergencia para in- tentar salvar lo que se pudiera del naufragio. Fuimos un barco precipitado a la mar sin botes salvavidas, sin planes de evacuación y cuyo capitán se olvidó de la nave. Porque nadie debe olvidar que, tras la derrota, la dirigencia del FSLN desapareció como tragada por la vorágine y el sandinismo se encontró acéfalo y enfrentado al revanchismo del gobierno. El vacío lo llenaron los sindicatos.
El problema que planteaba la derrota electoral era múltiple. Por una parte, no podía permitirse que el revanchismo de la UNO revirtiera las transformaciones en el régimen de propiedad, tan necesario y justo. Por otra parte, la gran masa de sandinistas, precisamente por su probada honestidad, no tenía nada. Se planteaban, por tanto, dilemas éticos y prácticos. Yo defenderé como coherente con nuestro ideario sandinista que se hayan, por fin, entregado en propiedad tierras y viviendas a quienes carecían de ellas. A fin de cuentas, ésa fue una de las razones que movieron a la revolución.
¿Cómo podía pedírsele a la gente que desocupara las viviendas y las tierras, las fábricas y las cooperativas? Lo contrario habría sido una traición, pues estaba anunciado que la coalición triunfante aspiraba a concentrar nuevamente la riqueza y los bienes del país en unas pocas manos, para restablecer el inicuo sistema de explotación derribado por el sandinismo. Lo criticable es que haya sido necesaria la derrota electoral para que la dirigencia sandinista se viera obligada a legalizar, de forma precipitada y desordenada, la democratización de la propiedad en Nicaragua, que fue uno de los mayores logros de la revolución.
Esa circunstancia fue lo que posibilitó que una minoría dentro del FSLN abusara y se enriqueciera ilícitamente, arrastrando con ella la reputación duramente ganada por la masa sandinista. Aplicando el refrán de "a río revuelto, ganancias de pescadores", esa minoría hizo su agosto entre marzo y abril, en lo que constituyó la derrota moral del sandinismo, más grave en muchos sentidos que la derrota electoral.
Conducta censurable de una minoría¿Por qué sucedió y se permitió tal abuso? Un primer elemento es que el sandinismo era un partido heterogéneo, en el que alcanzaban desde radicales leninistas hasta conservadores bienintencionados. Algunos, desde un principio, creyeron que debían mantener su anterior estatus y otros decidieron elevar el suyo. Quienes temieron perder el nivel económico adquirido fueron los más proclives a apropiarse de bienes estatales para mantenerlo. Otra minoría vio en el desorden la oportunidad de mejorar su situación económica. Cambiaron de casa a otras de mejor construcción y buscaron vehículos de alto estándar, fincas con ganado, etc. Solamente esta minoría podría ser calificada de piñatera, al quedar sus casos fuera de las leyes aprobadas.
El problema es que la conducta irregular y censurable de esta minoría, dentro de la que se encontraban altos dirigentes, acabó arrastrando a todo el sandinismo. Al final pagaron justos por pecadores. El hecho demostraba no sólo la fragilidad de las convicciones revolucionarias de esta minoría, sino el poco respeto que les mereció el pundonor del sandinismo y el prestigio ganado al precio de tanta sangre y sufrimiento.
El problema supera el ámbito legal, pues su dimensión no es sólo legal, sino moral. Podrá aprobarse una ley que ponga punto final a la crisis de la propiedad, pero ello no hará desaparecer el estigma que arrastra el sandinismo. El quid del problema es que dentro del sandinismo se actuó con los bienes del Estado de la misma forma que había actuado la oligarquía liberal-conservadora y el somozato: como medio de enriquecimiento personal. Se re- cogieron los antivalores de la oligarquía y se la imitó en uno de sus peores y más dañinos hábitos. Si la ética es una de las notas fundamentales que distingue a la izquierda de la derecha y si a la hora de los hornos ambas actúan igual, ¿cuál es en sustancia la diferencia entre una y otra? ¿Será verdad lo que afirma Sartori, que "si el poder corrompe un poco a todos, corrompe más que a los demás a la izquierda en el poder"?
Una carrera por el estatusRechazo esa afirmación y reivindico el talante honesto de la inmensa mayoría de sandinistas, cuyo sacrificio y abnegación al servicio de la revolución y de Nicaragua les ha convertido en el sector más castigado de un país castigado. Fueron los primeros en perder sus empleos y son los últimos en hallarlos. La corrupción de una minoría no puede ni debe estigmatizar al partido más grande y honesto de los que ha conocido Nicaragua. Esa es una asignatura pendiente que deberá resolver el sandinismo, cuanto más pronto mejor.
La resolución de este problema requiere de autocrítica y de voluntad política para evitar recaer en pasados errores. Porque la corrupción no se dio solamente tras la derrota electoral. Antes del 25 de febrero habían venido adquiriendo carta de naturaleza dentro del gobierno conductas que no se correspondían en forma alguna con lo que se predicaba. El nivel de vida de algunos altos cargos contrastaba radicalmente con las dificultades que vivía la población. A medida que la guerra devoraba las divisas, se hacía más patente la doble moral. Se reducían los ser- vicios básicos de los nicaragüenses, pero no los gastos superfluos de ministros y dirigentes. Esta actitud evidenciaba que la revolución agonizaba y en su lugar se estaba entronizando una nueva clase, dispuesta a aceptar una sociedad dual y a convivir con el apartheid económico.
En un momento dado se entró en una carrera no declarada por el estatus: el baremo era, en lo externo, el vehículo que se usaba. En un país donde escaseaban las medicinas y los soldados combatían y morían en las montañas, antiguos revolucionarios competían entre sí a ver quién conseguía el vehículo más caro -pagado, claro está, con dineros del Estado-. Que en un país en la situación de Nicaragua se gastaran 25 mil o 30 mil dólares en comprar una cherokee ofendía a la moral. Y se compraron decenas de cherokees porque nadie quería ser menos que los demás. ¿Se imagina alguien a Charles de Gaulle, con Francia ocupada por los nazis, emplear dineros públicos en comprarle limousines a su gabinete en el exilio? Aún en el presente, en términos proporcionales, una cherokee en Nicaragua equivaldría a un Rolls Royce en Francia. Si a Miterrand se le hubiera ocurrido comprar una flota de Rolls Royce a sus ministros se originaría una crisis política. Y en Francia, para comprar tal flota, no haría falta cerrar escuelas.
¿Guerrillero o pirata?En algún momento un ex-guerrillero -de los que se ju- garon la vida durante mucho tiempo- afirmó que ellos, por haber combatido y sufrido durante largos años, tenían derecho a disfrutar de un nivel de vida elevado. No fueron ésas exactamente sus palabras -la redacción original era menos discreta-, pero provocaron cierta sorpresa. No seré yo un demagogo que crea que sólo los ricos tienen derecho a aspirar a una vida muelle, pues ésa es una aspiración humana legítima. El asunto no es ése.
No creo que nadie se haya metido a revolucionario para mejorar su situación económica. Sucedía lo contrario. Quien ingresaba al FSLN en los años de la dictadura tenía más posibilidades de morir joven que de viejo en un diván. Su decisión implicaba una renuncia a lo más preciado: la vida. Quien quería ascender económicamente se corrompía, se hacía somocista y medraba a la sombra del tirano.
En consecuencia, la actitud del ex-guerrillero era incorrecta. La revolución se hizo para mejorar la situación general de la población, no para adquirir estatus. No hay contradicción entre ambas aspiraciones, siempre que se actúe con honestidad - de cada quien según su capacidad, a cada quien según su trabajo-. Recurrir a los años de clandestinidad para justificar un enriquecimiento ilícito no es el mejor camino, ni el más inteligente.
Ese silogismo haría que guerrillero se hiciera sinónimo de pirata o bucanero. A fin de cuentas, también ellos arriesgaban sus vidas, morían y pasaban mil privaciones esperando dar el golpe que les sacaría de pobres. Puestos a escoger entre ambas situaciones, me quedaría con el pirata, pues éste no engañaba a nadie diciéndole que luchaba por un mundo mejor y más justo, sino sólo para enriquecerse. Francis Drake lo consiguió: acumuló una gran fortuna y acabó sus días luciendo el título de Sir con que lo premió su reina por los servicios prestados. Y Drake es un caso-tipo de fortuna en el capitalismo: un padre de horca y cuchillo hace una fortuna a base de mil delitos, los hijos ganan nivel social y los nietos se dedican a la música...
Si todos caemos en la tentación del dinero fácil no nos distinguiremos unos de otros. Es de público conocimiento que, dentro del gobierno de la señora Chamorro se vive una carrera desesperada por adquirir riqueza ilegalmente. Los funcionarios del gobierno saben que su tiempo se acaba, que el tiempo del enriquecimiento ilícito se agota, y buscan obtener un último despojo de los saqueados bienes del Estado. Buscan también garantizarse un status mínimum para el futuro. La base argumental es la misma. En la búsqueda desesperada de dinero, un funcionario da concesiones madereras a una empresa extranjera para que arrase los bosques y otro lo hace con la pesca, sin importarle el recurso nacional. Así ad infinitum. El ex-guerrillero y el futuro ex-funcionario tendrán su problema económico resuelto. La que queda crucificada es Nicaragua, condenada a pagar en los años venideros la venalidad de algunos de sus hijos.
FSLN: ¿un partido más?La pérdida de credibilidad moral del sandinismo se ha traducido en pérdida de confianza de los ciudadanos y si nada lo remedia, en pérdida de votos en octubre de 1996. De hecho, las encuestas concedían al FSLN, antes de la ruptura de febrero de 1995, un porcentaje de votos equivalente a la mitad del obtenido en 1990. Si no ya por razones éticas, debe asumirse la responsabilidad de los abusos por razones electorales, aunque limitarse a ello sería hacernos iguales a aquellos a quienes decimos combatir.
Esa es la disyuntiva inmediata del sandinismo: tanto en el aspecto de sus miembros involucrados en casos de co- rrupción como en otros, deberá estar dispuesto a asumir los cambios necesarios o resignarse a permanecer en la oposición. O, lo que es tal vez peor: convertirse en un partido más y sumarse a quienes mantienen y promueven la espiral destructiva que mantienen hundida a Nicaragua.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica