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| Universidad Centroamericana - UCA |
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Número 256 | Julio 2003 |
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Nicaragua
Noticias del mes
UNIÓN FENOSAEn junio llegó a un clímax la tensión entre diversos sectores nacionales y la transnacional española Unión Fenosa (UF), que distribuye la energía eléctrica en el país desde 1999, tras el proceso de privatización de la empresa estatal ENEL. El Vicepresidente de Fenosa, el español José Miguel Maiz y otros directivos de la empresa tuvieron que acudir el 25 de junio a la Asamblea Nacional a responder a diputados liberales, sandinistas y bolañistas, que en una tensa sesión, se hicieron eco de crecientes reclamos de los consumidores. Entre otros, el aumento excesivo en las tarifas (150% desde que inició operaciones UF), el cobro por alumbrado público inexistente y recientes cobros por “energía no registrada”. El 1 de julio, el estatal Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ente regulador de la industria eléctrica, dio a conocer un informe que señala a la transnacional serias deficiencias en su gestión, que han provocado excesivos costos en la comercialización, incremento en las cuentas por cobrar y poca calidad en la atención a los usuarios. También señaló INE que UF no ha hecho inversiones ni para ampliar la cobertura del servicio eléctrico ni para mejorar el servicio. El 2 de julio los diputados reformaron la Ley de la industria eléctrica, buscando poner frenos a UF. El INE criticó las reformas: “Son producto de una coyuntura que busca castigar más que ordenar al sector eléctrico”. Maiz expresó su confianza en que el Presidente vete la reforma.
PROPIEDADES EMBARGADASEl 20 de junio, la Procuraduría General de la República (PGR) intervino a favor del Estado la finca La Chinampa, de mil manzanas, propiedad de la familia Alemán. Ese día la PGR ordenó la intervención de otras 50 propiedades de los involucrados en el caso de defraudación al Estado conocido como “la guaca”, revelado en agosto 2002. Desde 1998, La Chinampa se convirtió en símbolo del poderío económico amasado con corrupción por Alemán, quien, según demostró la Contraloría, invirtió millones de dólares de los recursos públicos en una carretera hacia la finca y en equiparla con construcciones, postes de luz, pozos, una bomba de gasolina, ganado, caballos pura sangre, árboles frutales, etc. Cuando fue intervenida, La Chinampa, sede de las fiestas pantagruélicas de Alemán, estaba ya prácticamente desmantelada. El 23 de junio fue intervenida la casa de playa de Byron Jerez, en Pochomil, valorada en unos 2 millones de dólares, y construida con fondos internacionales destinados a los damnificados del huracán Mitch. El lujo que la población pudo ver, a través de los medios, en la fabulosa mansión veraniega, provocó uno de los mayores escándalos desde que el ex-Presidente Alemán y su socio más cercano, el ex-Director General de Ingresos, Byron Jerez, fueron acusados por actos de corrupción.
ACUERDO CON EEUUEl 17 de junio, “El Nuevo Diario” reveló que el gobierno de Nicaragua, cediendo a presiones y bajo amenaza de corte de ayuda económica, había firmado un acuerdo bilateral con el gobierno de EEUU para no entregar a ningún estadounidense requerido por la Corte Penal Internacional (CPI) que esté en territorio nicaragüense. A lo mismo se compromete el gobierno de EEUU con los ciudadanos nicaragüenses en territorio de EEUU. Después de las primeras negativas, el gobierno tuvo que aceptar que el acuerdo había sido firmado el 4 de junio. La CPI nació en Roma en julio de 1998 como nuevo tribunal internacional de Naciones Unidas para juzgar a responsables de genocidio y de crímenes de lesa humanidad cometidos durante los conflictos armados, complementando así la labor de los tribunales nacionales, cuando éstos sean incapaces o carezcan de voluntad para sancionar estos delitos. Su principal adversario es el gobierno de George W. Bush, que ha querido acompañarse de un séquito de cinco decenas de países empobrecidos o dependientes de la ayuda estadounidense con los que firmar acuerdos que dejen en la impunidad los delitos que puedan cometer sus funcionarios civiles o militares en la interminable guerra contra el terrorismo en la que ha embarcado a su país y al mundo. Nicaragua no ha firmado el Estatuto de Roma, creador de la CPI.
NICAS A IRAKEl 2 de julio el Presidente Bolaños envió a la Asamblea Nacional para su aprobación con carácter de urgencia un decreto por el cual envía a Irak a 230 militares del Ejército de Nicaragua (zapadores, médicos y seguridad) para que trabajen en operaciones de desminado en ese país durante seis meses. Los nicas se integrarán a un contingente de dominicanos, salvadoreños y hondureños que estarán bajo el mando del Ejército de España en la zona centro-sur de Irak. El costo de este operativo, en cuanto a viajes, mantenimiento y equipo, lo cubre el gobierno de EEUU. Los sobresueldos que ganarán los 230 militares y el seguro de vida con que deben viajar como garantía -condiciones establecidas por el Ejército de Nicaragua- no saldrán del presupuesto nacional, sino de donaciones de países aún no identificados. Mientras EEUU pretende legitimar con operativos como éste la ilegal ocupación de Irak para apropiarse de su petróleo, el Ejército de Nicaragua inscribe su participación en la “operación humanitaria” avalada por Naciones Unidas al terminar la guerra, y el Presidente Bolaños declara que se trata de retribuir la colaboración que Nicaragua ha recibido tan generosamente de la comunidad internacional.
AUTONOMÍA COSTEÑAEl 3 de julio, la Asamblea Nacional aprobó, en lo general y por unanimidad, el Reglamento de la Ley de Autonomía de las dos Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. La Ley, que establece que los gobiernos regionales del Caribe norte y sur administren autónomamente la salud, la educación, la cultura, el transporte, las infraestructuras, los recursos naturales y las instituciones, en coordinación con las instancias correspondientes del gobierno central, y en beneficio de los pueblos y etnias costeños (mískitos, mayangnas y ramas), fue aprobada en septiembre de 1987, durante el gobierno revolucionario, pero pasaron 16 años sin que fuera reglamentada, lo que impedía aplicarla. El próximo paso será la discusión en la Asamblea del Reglamento en lo particular, artículo por artículo. El 4 de julio fue de bulliciosas fiestas callejeras en los municipios costeños. Durante los gobiernos de Violeta Chamorro y Arnoldo Alemán no hubo voluntad de reglamentar la Ley de Autonomía. La explotación indiscriminada por grupos de poder del Pacífico de los valiosos recursos naturales de la costa (madera, pesca, oro, y tal vez petróleo) lo explica. La Costa Caribe ocupa el 46% del territorio de Nicaragua. La reglamentación de la Ley de Autonomía y la aprobación, en diciembre 2002, de la Ley de Demarcación de los Territorios Indígenas son dos hitos históricos para la población costeña y para la unidad nacional.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica