Nicaragua

“La lucha contra la corrupción tiene ya logros intangibles, los más valiosos”

Alberto Novoa, Procurador General de la República, compartió con Envío sus reflexiones sobre el sistema de justicia en Nicaragua e hizo una valoración de la lucha contra la corrupción iniciada hace tres años, cuando él fue pionero, maestro y promotor de expectativas y de esperanzas, en una charla que transcribimos.

Alberto Novoa

Hagamos un breve bosquejo histórico de por qué estamos donde estamos y de las razones por las que debemos buscar a la mayor brevedad posible un marco normativo y jurídico propio que nos permita una mejor convivencia social.

Hablar del Derecho en Nicaragua es hablar de las aspiraciones de inmensas mayorías de pobres que nunca han tenido acceso al sistema de justicia. No es que hoy no tengan acceso, es que nunca lo han tenido. La Conquista y la Colonia trastocaron el modelo de justicia que conocieron nuestros antepasados. Nunca nuestro sistema de justicia volvió a ser incluyente, como lo fue antes de aquel choque cultural. Hoy, en nuestra Nicaragua, que es al menos tres Nicaraguas -el Pacífico, llevado a la postmodernidad sin haber pasado por la modernidad; un Centro, con estructuras semifeudales; y la Costa Caribe, con estructuras casi tribales-, tan sólo en la Costa Caribe subsiste un sistema comunitario de justicia, que aplican los propios habitantes de la comunidad, y que conserva reminiscencias y rasgos, de aquel modelo original.

El derecho que heredamos culturalmente desde Europa es un derecho excluyente. Aun dentro de esta herencia, nos enfrentamos a una bipolaridad de tradiciones culturales y la historia nos ha demostrado que heredamos más de Pedrarias Dávila que de Fray Bartolomé de las Casas, que influyó más en nuestra cultura la violencia de Rodrigo de Contreras que el espíritu de Fray Antonio Valdivieso. Así, durante toda nuestra historia hemos estado tratando de resolver -o resolviendo- nuestros problemas al margen del Derecho, aún al margen del Derecho Canónico y aún al margen de las Leyes de Indias.

Cuando Nicaragua aparece como provincia independiente de España en 1821 carece de identidad nacional. Aparecemos incluidos en Centroamérica, en el territorio de la Capitanía General de Guatemala, como resultado de una división geográfica-administrativa hecha por la Corona española, sin tener en cuenta ningún rasgo de nuestras identidades. No nacimos como naciones, no nació Nicaragua como nación expresando la evolución de nuestras propias contradicciones sociales. Nacimos administrativamente y después tuvimos que importar de Europa instituciones políticas y administrativas, leyes y normas, que eran las que regulaban la vida de los europeos y a las que nuestra sociedad era ajena, porque ni almacenábamos una experiencia propia ni habíamos aprendido a conocer ni a resolver nuestras propias contradicciones. Y no sólo importamos instituciones, leyes e ideas, sino que las pusimos en marcha sin valorarlas, sin reflexionar si convenían o no a la sociedad que en aquel momento era Nicaragua. Nuestros ilustres ilustrados -como nos enseña Andrés Pérez Baltodano en su reciente libro “Del Estado Conquistador al Estado Nación”- actuaron miméticamente. Copiaron.

Esta tendencia ha generado en nuestro país un sistema normativo calcado del de los países europeos, España, Francia, Italia. Cualquier estudiante de Derecho que vaya a los pies de página de cualquiera de nuestros Códigos se encontrará que son normas calcadas del Código español, del francés, del italiano, y de sus expresiones en América, el Código chileno y el Código argentino. No hay nada propio, nuestras normas no han sido el resultante de la observación crítica de nuestras contradicciones sociales ni reflejan nuestros propios planteamientos para resolverlas. Son el resultante de la extrapolación mimética de normas hechas por legisladores de otros países que, ellos sí, observaron críticamente sus propias sociedades y consideraron que esas normas eran buenas para resolver sus contradicciones. Nunca hemos tropicalizado el Derecho, nunca hemos nicaraguanizado el Derecho. Sólo hemos aplicado e interpretado de forma mimética lo de otros. Y esto, naturalmente, ha ido generando nuevas contradicciones. Después de 1821, buscamos elementos para forjarnos una identidad, pero no los encontramos ni en la Justicia ni en el Derecho y en la construcción de nuestra conciencia nacional fueron otros los valores que asumimos. Especialmente, los valores militares. Nunca el Derecho fue un valor.

En 1824, las Provincias Unidas de Centroamérica dictaron su primera Constitución. En 1826 la Provincia de Nicaragua dictó su primera Constitución. En 1838, cuando Centroamérica se desune, Nicaragua tiene ya su segunda Constitución.

A lo largo de nuestra historia independiente hemos tenido trece Constituciones -una de ellas, la de 1911, fue elaborada pero no nació-, a las que se les han hecho 160 reformas. Cada una de estas Constituciones y de estas reformas constitucionales ha sido sólo un marco de referencia coyuntural para los grupos de poder. Todas fueron hechas para resolver los problemas coyunturales de los grupos de poder que dominaban el escenario político en ese preciso momento. Esto es un índice de que nuestra sociedad jamás ha tenido un sedimento jurídico sobre el cual levantarse, de que sus clases dirigentes han estado moldeando siempre la realidad buscando darle en cada momento al Derecho una formalidad que se acomodara a sus propios intereses.

Lógicamente, esta forma de proceder nos ha heredado lo único que nos podía heredar: una gran desconfianza hacia lo que no sirve para nada y una gran confianza en lo que sí sirve para algo. Una gran desconfianza en la ley, en el Derecho, y una gran confianza en los fusiles. Con esa confianza, hemos tratado siempre de resolver todas nuestras contradicciones con el fusil. Lomazos, cuartelazos, revueltas, guerras, hasta llegar a la insurrección armada de 1979. Está claro que las normas, las leyes, no crean las contradicciones sociales ni las resuelven.

Las contradicciones sociales requieren soluciones objetivas, materiales. Y el Derecho es sólo un cauce por el cual discurrir entre las contradicciones para lograr una convivencia pacífica. Pero en Nicaragua siempre hemos tenido al Derecho en el último vagón del tren, acorralado en el último cuarto de la casa, allí donde se van a echar los desperdicios, allí donde no queremos que se mire. Porque el Derecho nunca reivindicó a las clases más desposeídas y sólo representó primero a los peninsulares, después a los criollos, y después, en cada época, a los diferentes grupos de poder predominantes.

El Derecho que hoy tenemos circula en el país como moneda nacional, a pesar de que su hechura no es nacional. Es interpretado a diario por quienes tienen poder. Y sirve sólo a los grupos minoritarios de poder para oprimir a las mayorías que no tienen poder. Todo esto explica la gran desconfianza de la gente que no tiene poder en el Derecho. Porque los pobres únicamente tienen relación con el Derecho en la medida en que son sojuzgados por la ley, enjuiciados y encarcelados, pero para demandar sus derechos no tienen acceso al Derecho.

Es hasta hoy, hasta muy recientemente, hasta esta etapa de nuestra historia, que aparece en la conciencia nacional una nueva visión, una comprensión de para qué sirve el Derecho. ¿Por qué ahora? Tal vez porque somos el único país de América Latina que le ha dado ya la vuelta completa al estadio. Hemos recorrido ya todos los sistemas. Ya hicimos guerras, ya hicimos una revolución, ya estamos manejando, aunque de manera imperfecta, una democracia. ¿Qué nos queda? Hoy, como sociedad, ya hemos reflexionado y decimos: No podemos volver a los fusiles, tenemos que avanzar, y no porque queramos, sino como un imperativo categórico de sobrevivencia. Y el único marco donde encontramos la posibilidad de avanzar es en el marco del Derecho, en el marco de la ley.

No nos queda de otra. Ya entendimos que no podemos resolver nuestras contradicciones como las hemos resuelto siempre, como las resolvimos hace 25 años. Ya no podemos. Tenemos que resolverlas dentro del marco de la ley.
Y ahora, cuando ese marco -que es nuestro sistema judicial, nuestro sistema jurídico- se encuentra sobre sus hombros con este peso y esta responsabilidad, vemos que no estaba preparado para asumirlo, ni anímica ni institucionalmente. ¡Y lo vemos hacer agua! Y todos comenzamos a ver cómo podemos avanzar con este sistema, pero como el sistema judicial no tiene identidad propia, como nunca la ha buscado -porque hasta ahora no la necesitaba, ya que el Derecho fue siempre objeto y nunca fue sujeto-, todo ha comenzado a hacer agua.

A la vez, los contaminantes político-partidarios del sistema judicial y los contaminantes económicos del sistema judicial, sin visión de futuro, se han lanzado sobre el sistema judicial viéndolo como un coto de caza donde defender sus cuotas de poder. Y el sistema judicial es vulnerable a la contaminación de los grupos de poder que quieren manipularlo para seguir ejerciendo su poder sin control. Es una visión miope, torpe. No se dan cuenta que la única posibilidad que Nicaragua tiene hoy para alcanzar una convivencia en paz y en respeto es con un sistema judicial independiente, autónomo, imparcial, con identidad y con proyección. Un Poder Judicial parcializado, ya sea económica, partidaria o religiosamente, es cualquier cosa menos poder. Y el Poder Judicial debe ser un poder. Y ésa es precisamente su incongrencia aparente: que no teniendo el poder de la representación, es poder. Y ésa es precisamente su esencia: no tener poder de representación social para ser un equilibrio entre los poderes fácticos de la sociedad.

Un problema muy grave que se presenta en este momento estratégico de nuestra historia es la intervención de poderes extranjeros en nuestro sistema judicial. Después de heredar y de copiar miméticamente los modelos europeos, actualmente quien más presiona sobre nuestro sistema es Estados Unidos, que trata de imponernos el suyo, su modelo. Y así vemos que la USAID acaba de anunciar millones de dólares para que se formule por fin la Ley de Carrera Judicial.

Y ya vimos cómo otorgó hace unos años dos millones de dólares para que se formulara el Código de Procedimiento Penal, calcado del Código de Florida y hecho por proyectistas de la Universidad de Florida bajo la óptica de que si eso es bueno para los norteamericanos de Florida también debe ser bueno para los nicaragüenses, lo que no es cierto. A estos códigos y a estas leyes que se están financiando desde fuera, por muy bien intencionadas que estén, les falta un componente esencial: una visión crítica de las contradicciones de la sociedad nicaragüense.

Si seguimos así, vamos a ir creando un sistema normativo cada vez más atrofiado que generará nuevas contradicciones en nuestro sistema judicial,
ya carente de identidad.

Nicaragua tiene aproximadamente 16 mil normas, 16 mil leyes. Leyes obsoletas, leyes que ni siquiera sabemos que existen. En este enmarañamiento de normas, no sabemos si sirven o no sirven y para qué sirven. Y a pesar de ello, no dejamos de crear más y más normas. Pero, ¿quién las conoce? La Gaceta imprime solamente 900 ejemplares para todo el país. 700 se reparten en las oficinas públicas, 100 quedan en archivo y sólo 100 se sacan a la venta. Y nos exigen: nadie puede desconocer la ley. Y nos insisten: nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿No parece una ficción algo absurda? Nos obligan a no desconocer la ley, te pueden aplicar la ley aunque no la conozcás y sólo salen 100 gacetas al mercado. ¿Y quién las compra? ¿No vivimos en un Estado de derecho basado en una ficción?

Estamos en una fase de transición -y yo espero que algún día acabe por fin esta transición, porque siempre estamos justificándolo todo con la transición- y la pregunta es: ¿qué precio pagará la sociedad nicaragüense por su historia, por la historia de su sistema judicial y por la falta de visión de quienes lo han dirigido? Será un precio muy alto. Creo que pasará aún mucho tiempo para que busquemos y hallemos nuestra propia identidad y nos convirtamos realmente en un Estado Nación, con leyes que realmente se adapten a nuestra realidad social.
Leí una vez que los juristas son aquellas personas que, observando la realidad, la analizan y adoptan y formulan las normas que ayudan a resolver las contradicciones de esa realidad. Y que hay que diferenciar a los juristas de los codigueros, que son aquellas personas que se aprenden de memoria el artículo cinco, el artículo noveno, el artículo décimo, y los recitan como letanías sin entender si resuelven o no resuelven los problemas sociales. Yo creo que en Nicaragua hay muchos abogados, bastantes codigueros y poquísimos juristas que observen críticamente la realidad, la reflexionen y la plasmen en leyes con proyección social.

En esta situación, ¿cuánto vamos a tardar en dar con nuestra propia identidad? Son tan profundas las contradicciones que existen en Nicaragua que es difícil, es imposible, calcular cuánto vamos a tardar. Lo que sí vislumbro es que en la medida en que haya denuncia ciudadana, crítica ciudadana, y en la medida en que la sociedad civil le reclame al Poder Judicial, actuando como lo que he llamado una “guerrilla jurídica”, la transición va a ser mucho más rápida.

Y aquí cabe hacer también un bosquejo de lo que ha sido, y de lo que nos ha dejado, la lucha contra la corrupción. En el año 2001 yo fui contratado como abogado, por un contrato de servicios, para ser Procurador Especial en dos casos: el caso del Canal 6, que involucraba al ex-Presidente Alemán y el caso de los camionetazos, que involucraba al ex-director general de ingresos Byron Jerez. Yo no fui funcionario del Estado, no fui funcionario de la Procuraduría General de la República. En este sentido, yo no podía estar en la mente del resto de funcionarios que inició la lucha contra la corrupción o que la diseñó.

En las Olimpíadas de Atenas vi al dominicano Félix Sánchez ganar los 400 metros con vallas. Y al verlo, pensaba en el inicio de la lucha contra la corrupción en el año 2001. Cada cual tenía sus límites, cada quien sabía hasta dónde podía o quería llegar. Cada uno dijo: voy a correr 100 metros...o 200... o 400. Yo me dispuse a correr el estadio completo. Al paso del tiempo he reflexionado y creo que cuando la juez Gertrudis Arias dictó aquella sentencia emblemática en el caso del Canal 6, y cuando vieron mi accionar, algunos dijeron: esta gente es independiente, es peligrosa. Al poder no le gusta la independencia, le gusta la dependencia. Yo no sé cuáles eran las metas del grupo de poder que me contrató o si se pusieron ellos algunas metas de hasta dónde debía llegar yo. Lo que sí puedo decir hoy es lo que dije cuando cancelaron mis servicios en el año 2002: no había una estrategia de cómo desarrollar la lucha contra la corrupción. Lo que se hizo se hizo, en buen nicaragüense, “al bolsazo”, a ver qué sale, cada uno con una idea y una meta diferentes. Internamente, cada uno calculaba el límite a donde quería llegar.

Ahora soy Procurador, ahora estoy al frente de la Procuraduría. Y en la medida en que avance yo sé que me pasará lo que al Quijote, cuando dice: ¡Alto, Sancho, que viene la Santa Inquisición! El Quijote no se detuvo ni ante molinos ni molineros, pero sí ante la Santa Inquisición. Yo sabía entonces, y yo sé ahora, que tarde o temprano en esta carrera me encontraré con la “santa inquisición” religiosa, con la “santa inquisición” política, y sobre todo con la “santa inquisición” económica. ¿Cómo obviarlas? No hay fórmula de no encontrárselas de frente.

Si se lucha contra la corrupción, me encontraré de frente también con el sistema financiero. He dicho recientemente a los banqueros: No se rasguen ahora las vestiduras, porque el sistema financiero es uno de los causantes de la podredumbre del Poder Judicial. Porque los abogados de los bancos llegan a los juzgados con grandes expedientes, pagándole descaradamente a los jueces para que les resuelvan rápido y según sus intereses. Y esto es corrupción. ¿Y quiénes son los afectados en esos expedientes, quiénes van a ver ejecutadas, embargadas, sus propiedades? Algún que otro rico malversador de su fortuna, pero la inmensa mayoría son gente excluida, gente que ha trabajado mucho, ha ganado poco y ha perdido sus derechos sociales.

El único antídoto que yo tengo para poder trabajar en este cargo y para poder enfrentar estos obstáculos es que ni quiero el puesto ni me importa perderlo. Por principios. No quiero ser rico, no quiero tener dinero, no me interesa. El poder económico es una droga, pero cuando uno no aspira a él tiene un buen antídoto. La única forma de luchar contra la corrupción es con ética, con valores morales, no hay otra forma. Jurídicamente, tengo las manos muy amarradas con un Poder Judicial politizado, partidarizado, en el que los políticos ejercen su poder. Sólo puedo avanzar con ética. Sólo es posible enfrentar al monstruo bicéfalo, o tricéfalo, que hoy controla el poder en Nicaragua, si nos revestimos de valores éticos y morales. No conozco otra fórmula ni como abogado desde hace muchos años ni como Procurador ahora.

Un día, los embajadores de los países donantes de la Unión Europea me dijeron: Les hemos dado no sé cuántos millones de dólares para la lucha anticorrupción, ¿y cuántos presos tenemos? Tenemos sólo uno, les dije. Y me dicen: ¡Tanto dinero para tan pocos resultados! Entonces les dije: No miren el resultado por el uno, por los dos o por los tres. Un resultado inmediato, práctico y muy importante de esta lucha ha sido que el que estaba robando en ese momento dejó de robar y que el que pensaba robar al momento siguiente ya no lo hizo. ¡Y eso es bastante! Ese resultado que no se mira es muy importante.

Yo les aseguro que con la lucha contra la corrupción tocamos el corazón de la organización fraudulenta que instaló en el Estado el anterior gobierno y desmontamos su red. El desmontaje del aparato burocrático organizado para la corrupción ha sido desmontado. No digo aniquilado, pero sí desmontado. Y éste es un logro muy importante.

A veces me preguntan los periodistas: Pero, ¿dónde están los reales que se robaron, cuándo los repatriamos? Es muy difícil saber dónde está todo ese dinero. Le hemos perdido el rastro. Y hasta a los organismos internacionales que nos han ayudado les ha sido imposible dar con el rastro de ese dinero. Esta red había creado más de 35 empresas “de papel” en Panamá, en Gran Caimán, hasta en Filipinas una de ellas. Yo sé que el tema del dinero, del rescate del dinero robado, es muy sentido por la población.

¿A cuánto es a lo que hoy podemos aspirar? Hay un juicio en Estados Unidos contra la familia Alemán por siete certificados de depósito en el Estado de Florida porque suponen son producto de lavado de dinero. Uno de esos certificados le fue devuelto a una hija de Alemán y los otros están congelados o embargados. Si el gobierno de Estados Unidos quiere devolver ese dinero a Nicaragua, lo recuperaríamos. Podemos recuperar otros 3 millones de dólares de un condominio que compró Byron Jerez en Miami, menos los 300 mil dólares que hay que pagar por gastos legales y por comisiones. Tenemos también otros 700 mil dólares del helicóptero que compró Alemán. Y además, unos 2 millones de dólares congelados en Panamá, sujetos aún a la prueba de un juicio y que sólo nos serán devueltos cuando haya una sentencia definitiva contra Alemán. Unos 6 millones de dólares: eso es lo único que hoy sabemos que podríamos repatriar de todo lo robado. Rescatar todo el dinero robado sería un resultado tangible de la lucha contra la corrupción. Pero yo creo que hay resultados intangibles de mayor valor. Para mí, el más importante -y que no es atribuible solamente al actual gobierno sino a toda la sociedad nicaragüense- es la nueva conciencia que hemos adquirido en este esfuerzo. El Derecho ha despertado y el pueblo, la sociedad, despierta al Derecho. Y en aquella primera etapa vivimos, protagonizamos, una verdadera insurrección jurídica. Todo el mundo estaba pendiente de esto, entendiendo por primera vez, embelesado con la nueva tarea, todo el mundo queriendo avanzar. Esto es un gran logro. Lo que se estaba debatiendo en aquel momento no era si eran dos, tres o cien millones, se estaban debatiendo valores éticos. Y la lucha contra la corrupción es una lucha ética, moral.

Yo creo que el pueblo de Nicaragua ha sacado ya grandes ventajas de este esfuerzo. El pueblo identifica claramente a sus dirigentes y sabe quién es ético y quién no es ético, quién puede hablar y quién no puede hablar. Éste es el más grande logro que nos ha dejado la lucha contra la corrupción. Se han despertado valores, nuevos valores. Y esto es muy importante en una guerra que se libran entre quienes dicen que robar es normal y es bueno y quienes decimos que no es bueno, que es un delito. Se trata de una guerra cultural, porque en la filosofía popular se ha dicho siempre: ¡Chocho, tenés poder ¿y no estás robando? ¡Sos pendejo, sos tonto! Y al tonto ni Dios lo quiere. Contra estas ideas arraigadas en nuestra cultura hemos hecho un gran esfuerzo y ahora ya hay mucha gente que dice: ¡Un momentito! El que le está robando al Estado me está robando a mí. Porque hasta ahora todo mundo creía que quien le robaba al Estado no le estaba robando a nadie. El Estado-botín está muy enraizado en la mentalidad popular. Y esto ya ha empezado a cambiar. En los hechos. Y en la conciencia.

La corrupción es sólo la arista más visible de un comportamiento social más amplio, caracterizado por la inequidad entre pocos con mucho y muchos sin nada. Independientemente de sus magros resultados visibles y tangibles, esta lucha contra la corrupción va a sacudir, está ya sacudiendo, las bases de un Estado que aún no es un Estado nacional. En esta lucha, yo no sé si todos queremos llegar a la misma meta, no sé tampoco si todos vamos a llegar a la meta. Sé que muchos se quedarán en el camino. Yo los animo a que no se queden ustedes en el camino. Sabiendo que esta lucha será larga. Los logros de estos cambios van a trascender y sólo los veremos en cinco, diez, veinte o muchos años más, cuando por fin construyamos una sociedad de mejores calidades que ésta, en la que nunca faltarán contradicciones. Ahora estamos sembrando, cosecharemos después.

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