¿Democracia? ¿Estado de Derecho?

El más reciente informe de la prestigiosa Fundación Myrna Mack -sintetizado en estas páginas- establece serias y sustentadas dudas sobre la democracia y el Estado de derecho que vive Guatemala. Y analiza los grandes temas que hoy dividen a una sociedad aún tan dividida.

Fundación Myrna Mack

El 2005 inició con un ambiente de conflictividad y confrontación entre diversos grupos sociales y entre algunos de estos grupos y el gobierno, situación que podría encaminar a Guatemala a afrontar en el corto plazo un déficit significativo de gobernabilidad.

AUSENCIA DE DIÁLOGO
Y FALTA DE RESPONSABILIDAD

Durante el 2004 y en los primeros meses del 2005 la sociedad guatemalteca ha presenciado hechos de violencia en distintos puntos del territorio, provocados por conflictos no resueltos adecuadamente y no enfrentados eficientemente por las autoridades. Ha quedado en evidencia la ausencia de diálogo y la falta de voluntad y de responsabilidad políticas y la aplicación de un Estado de Derecho a la medida de grupos influyentes en el aparato estatal y con poder real en el país.

La desatención de la conflictividad social crea condiciones propicias para la confrontación, pone en alto riesgo la gobernabilidad del país y erosiona el frágil proceso de construcción democrática, sentando serias dudas sobre el tipo de democracia que hoy funciona en Guatemala y el concepto del Estado de Derecho que impera
en el país.

La debilidad de las políticas públicas del gobierno de Berger -especialmente en lo que respecta a la seguridad ciudadana- no contribuye a bajar de intensidad la conflictividad. Y más que intervenir eficientemente en los conflictos entre sectores sociales, el gobierno se ha convertido en un actor central de la confrontación.

El peor signo de estos tiempos es la manifiesta ausencia de canales efectivos de comunicación y de entendimiento entre las autoridades estatales para enfrentar las circunstancias nacionales. Resulta evidente que las figuras centrales del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo guardan una relación de cortesía y tienen una aparente voluntad de cooperación mutua, pero en el fondo no se reúnen con el afán de tomar decisiones de Estado y abordar de manera integral los múltiples problemas que aquejan a la sociedad. Por lo menos no lo han hecho hasta ahora.

En algunos casos, las instituciones han actuado como testigos mudos de injusticias, estallidos de violencia y manifestaciones antidemocráticas, sin que sus autoridades ofrezcan el menor indicio de querer buscar soluciones integrales y de largo plazo.

¿ESTADO DE DERECHO O DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA?

El actual gobierno ha decidido poner en práctica una política cada vez más represiva ante los conflictos que se han registrado durante su gestión. Entre ellos, destacan el desalojo violento en la finca Nueva Linda, en 2004; la confrontación alrededor de la explotación minera en el país y el paso de maquinaria por Sololá para esa actividad, y el problema irresuelto que plantean los ex-patrulleros de autodefensa civil y la impunidad con que ejecutan acciones violentas. Y aunque el gobierno utiliza recurrentemente el discurso de la defensa del Estado de derecho, en la práctica esto se traduce sólo en la defensa de la propiedad privada, neutralizando de forma contundente -sin escatimar esfuerzos ni recursos- las crecientes demandas e insatisfacciones sociales.

La contundencia en la acción no se observa frente al alto índice de inseguridad ciudadana que persiste en el país y que mantiene en constante peligro la vida, la integridad física y la propiedad de miles de personas, que son asaltadas en sus casas, en los autobuses y en las calles. Tampoco se ha visto esa determinación frente al crimen organizado, la narcoactividad y la acción de los poderes ocultos que afectan la institucionalidad política del país. Tampoco se ha actuado con esa firmeza en los casos de injusticia social y violación de derechos constitucionales que dañan a las mayorías en beneficio de minorías poderosas. Es preocupante la situación en el interior del país, donde diariamente se violan los derechos de miles de trabajadores del campo por las condiciones adversas en las que laboran, por la inobservancia de las leyes y por el incumplimiento de resoluciones judiciales que obligan a los patronos a restituir todo derecho inobservado. Es esto lo que, en gran medida, explica las relaciones conflictivas que desde hace décadas hay entre finqueros y campesinos. Frente a estos problemas, el gobierno mantiene una actitud pasiva y cuando actúa lo hace a favor de los propietarios.

CONTROVERSIA REVELADORA

Guatemala vive hoy a merced de un concepto de Estado de Derecho que no se aplica a toda la población y que carece de los más esenciales componentes democráticos. Este “tipo” de Estado de Derecho es, según se percibe, la tendencia que impulsa una de las corrientes internas del gobierno central que, en apariencia, ha estado acumulando espacios importantes de influencia, especialmente en el Ministerio de Gobernación y en sus estructuras de seguridad.

En fechas recientes detonó una controversia que permitió visualizar las discrepancias, particularmente las que hay entre “el grupo” del vicepresidente Eduardo Stein y “el grupo” que encabeza el Ministro de Gobernación Carlos Vielman. La controversia surgió en torno al desempeño del entonces titular de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), Edmundo Urrutia, a quien se le vinculaba al grupo de Stein. Desde los primeros meses de gobierno quedó claro que Urrutia no pertenecía al círculo íntimo del Presidente Berger y que sólo se sostenía en el puesto por el apoyo de Stein. Los intentos por expulsar a Urrutia del puesto fructificaron en enero, cuando se descubrieron algunas anomalías en su administración. Su puesto fue ocupado por Juan Carlos Villacorta, quien desde julio del 2004 se desempeñaba como Viceministro de Gobernación encargado de seguridad, del grupo de Vielman,
lo que permite especular que el Vicepresidente Stein y su grupo habrían perdido el pulso que tuvieron con el grupo del Ministro de Gobernación. Más allá de estas supuestas inquinas internas, existe el riesgo de que la SAE pueda ser conducida hacia el ejercicio de funciones más vinculadas a la seguridad interna, cuando su prioridad debiera ser el fortalecimiento del análisis estratégico.

La preponderancia de una tendencia gubernamental a favor de conceptos duros en seguridad y en otros órdenes de la vida nacional puede explicar por qué el gobierno de Óscar Berger se ha convertido en un actor central de la confrontación, cuando su función debiera encaminarse a solventar los conflictos con los grupos sociales.

LOS OBISPOS PASAN
A SER PROTAGONISTAS

En el manejo observado por el gobierno en el tema de la minería destaca la pésima actitud gubernamental. En este conflicto, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) se ha convertido en el principal actor que la rechaza. El ingreso colectivo de los obispos al tema levantó un debate incómodo para gobernantes y empresarios.

Las posiciones políticas que se han vertido por los permisos otorgados para la exploración y explotación mineras, sin consultar a las poblaciones directamente afectadas, así como la dureza con que el gobierno enfrentó la movilización social, provocaron ácidos debates que en un primer momento sólo concitaron confrontación pero no la búsqueda de soluciones. La opinión del Cardenal Quezada Toruño y de toda la Conferencia Episcopal fue descalificada por el Presidente Berger, lo que abrió un lapso de confrontación con la jerarquía católica. Como ha sido usual desde el inicio del gobierno, el Vicepresidente Stein tuvo que intervenir para calmar las aguas. Este incidente evolucionó hacia la conformación de una comisión de alto nivel, con la participación, entre otros,
de la Iglesia Católica, de estudiosos de las ciencias sociales, de funcionarios y de ambientalistas. Los partidos políticos se ubicaron al margen de la controversia, aunque después que la confrontación menguó en intensidad, algunos bloques parlamentarios mostraron cierto interés en ejercer algún tipo de control.

La CEG está convencida de que hay razones suficientes para temer que la actividad minera afecte el futuro del país. Consideran los obispos que no es una buena opción cuando nuestro potencial forestal y turístico no está siendo desarrollado con eficiencia y que la decisión de abrir a Guatemala a la actividad minera puede significar graves riesgos para el ambiente, la vida y la salud de los guatemaltecos: Con tal fuerza plantearon los obispos esta posición ante el gobierno que el Presidente Berger accedió a consultar a las poblaciones sobre la concesión de licencias y decidió no otorgar nuevas autorizaciones.

Es importante destacar el poco tacto político con que el gobierno fijó su posición ante los obispos con declaraciones impertinentes del propio Presidente. Esto contribuyó a que los obispos cerraran filas en una sólida posición institucional. También en otros temas sociales. Esta controversia con el gobierno acercó a los obispos, incluyendo al obispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini, cuya posición en el seno de la CEG no pasaba por su mejor momento. Los ataques del Presidente y de otros sectores de poder que apoyan los proyectos mineros, como el empresarial, lograron que Ramazzini obtuviera el apoyo de toda la CEG a sus planteamientos sobre la degradada situación social que sufren los pobres de su diócesis y del país en general.

El pleito con el gobierno creó en la CEG una correlación de fuerzas políticas favorable al obispo de San Marcos.
Y la impericia gubernamental convirtió a la Iglesia Católica en un actor político fundamental para reivindicar demandas sociales y para ejercer presión sobre las autoridades en las decisiones de impacto social que el gobierno desee echar a andar.

CONFLICTOS MAL ABORDADOS

Los temas que generan disensos -como la aprobación del TLC de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, la permanente inconformidad en el gremio magisterial, la persistente violencia con que amenazan los ex-patrulleros civiles, la conflictividad agraria que sigue sin ser abordada con un enfoque integral de Estado- le presentan como negros nubarrones en la actual coyuntura.

Tras ardientes manifestaciones contra el TLC, su aprobación tuvo lugar en el Congreso el 10 de marzo. Las protestas públicas fueron enfrentadas por contingentes policiales que ocuparon el centro capitalino para resguardar las instalaciones del Congreso e impedir el asedio a los diputados. Hubo violencia, heridos y capturados. En un bloqueo de carreteras en Colotenango (Huehuetenango) murió un activista social de 24 años y es muy probable que su muerte se haya debido a las balas de policías o soldados, que han vuelto a ser “de fácil gatillo” a la hora de resolver problemas de orden público, tal como ocurría en los gobiernos represivos de Lucas, Ríos Montt y Mejía Víctores. Aún firmado el TLC, los grupos de protesta anunciaron nuevas manifestaciones de rechazo para exigir compensadores sociales que amortigüen el impacto negativo
que el TLC tendrá en el campo social y laboral.

Los conflictos son inherentes a toda sociedad. Nunca desaparecen, constantemente se transforman y dan lugar a nuevas manifestaciones. Sin embargo, su evolución depende de cómo el Estado los aborda, cómo interviene en ellos, cómo emplea ante ellos los recursos que ofrece el sistema político y cuál es la política que plantea ante la generación y manifestación de nuevos conflictos. Por eso es crucial que el tratamiento de estos nudos problemáticos se convierta en una tarea del Estado y de la institucionalidad del país. Sólo así se evitaría que la resolución de los focos conflictivos quede exclusivamente en manos de un Presidente que, como el actual, suele apresurarse al emitir opiniones, que después deben ser “interpretadas” o “aclaradas” por el Vicepresidente,
en el afán de limar asperezas o deshacer entuertos.

SON MUY PROFUNDAS
LAS BRECHAS SOCIALES

La persistencia de grandes déficit sociales -especialmente en materia de educación, salud, empleo y seguridad- y el alto índice de pobreza que se padece en diversos puntos del país, principalmente en los 51 municipios catalogados de alto riesgo, mantienen en crisis permanente a una parte significativa de la población guatemalteca.

Desde hace décadas, las políticas sociales no han tenido éxito en reducir las profundas brechas sociales y no han contribuido a transformar las condiciones adversas de tanta gente. Además, como resultado del distanciamiento funcional entre la población y los funcionarios, y de la inexistencia de canales de intermediación de los intereses sociales, las decisiones gubernamentales son impuestas y, en la mayoría de los casos, no corresponden a las principales demandas y necesidades de las comunidades.

Esto es precisamente lo que ocurre en la administración de Óscar Berger. Su equipo de gobierno diseñó el “Programa de Reactivación Económica y Social ¡Vamos Guatemala!” como una política de gobierno para 2004-2005. Pero el énfasis de esta estrategia no es social y se orienta a logros de carácter económico: crecimiento de la economía, atracción de inversiones y competitividad en el marco del TLC. El componente social está claramente marcado por medidas de asistencia y de solidaridad que no mejoran la vida de la mayoría de guatemaltecos.

VIOLENCIA: PUNTO CRÍTICO

Los logros alcanzados hasta el momento son insignificantes, especialmente en materia de seguridad ciudadana, principal preocupación de la población. El Ministerio de Gobernación se mantiene en el ojo de la crítica, principalmente por los diversos problemas que enfrenta la Policía Nacional Civil. Una razón más para que las acciones del gobierno se encaminen con más firmeza hacia el fortalecimiento institucional, la depuración de personal ineficiente y corrupto, así como hacia la adopción de una política de seguridad preventiva que permita contrarrestar la difícil situación de seguridad que nubla el escenario nacional. Aunque el cambio de condiciones sociales siempre se espera para el mediano y largo plazo, si la violencia y la criminalidad se mantienen en el actual punto crítico, cualquier política que se ejecute se verá afectada y no tendrá el éxito deseado.

Son medidas de corto alcance, coyunturales y nada integrales, las que hasta ahora han tomado los diferentes gobiernos: patrullajes, capturas arbitrarias, aplicación de esfuerzos institucionales en el combate de faltas y delitos menores. No superan el ámbito de lo urbano. Las fuerzas de seguridad no muestran eficiencia ante los delitos de mayor impacto en la vida de la población: homicidios, asesinatos, hurto y robo agravado, crimen organizado y narcoactividad. Sin mencionar la falta de políticas públicas para combatir las fuentes de violencia política que afectan a los operadores de justicia, defensores de derechos humanos y líderes de movimientos sociales, entre otros.

Un estudio en proceso de elaboración de la Fundación Myrna Mack muestra de manera preliminar que la actividad policial, centrada en capturas arbitrarias y en la persecución de faltas y delitos menores, genera una cadena de errores en el funcionamiento del sistema de justicia que tienen un costo multimillonario para el Estado.

UN CONGRESO DEBILITADO
Y ENTRE DOS PODERES

El Congreso de la República inició el año atrapado en una extensa crítica de la opinión pública, provocada por el débil e insignificante trabajo legislativo desarrollado durante el 2004 y por los amplios señalamientos de corrupción y pésimos manejos administrativos de la Junta Directiva que funcionó durante el primer año de este periodo legislativo, encabezada por Rolando Morales.

El Legislativo sufre críticas justas. Basta recordar que a finales del 2004 los diputados decidieron aumentar su salario en 10 mil quetzales. A inicios del 2005 se vieron forzados a dar marcha atrás ante la amenaza de manifestaciones públicas en su contra y el temor de que eso derivara en un proceso de depuración. Este aumento salarial de los diputados levantó grandes olas de crítica, adicionales a las que ya existían por su deficiente desempeño legislativo y los problemas administrativos.

No se descarta que en el proceso de desprestigio que vive el Congreso, existan también otras motivaciones políticas, pues hay grupos de poder interesados en ejercer un mayor control. Por un lado, el poder tradicional, que resiente no controlar la multiplicidad de fuerzas políticas expresadas en el actual Congreso. Por el otro, el poder oculto, que desea recuperar espacios de los que se vio desplazado por los resultados electorales del 2003. Esto reactivó el debate sobre la necesidad de reducir el número de curules y de conformar un Congreso más pequeño y eficiente.

La diputada Nineth Montenegro introdujo una iniciativa de ley para la reducción del Legislativo. La crítica constante contra el Congreso está profundizando su debilidad institucional y al descrédito público que afecta a los parlamentarios se añade la ausencia de una agenda legislativa definida y la inestabilidad política interna que producen al menos dos factores muy visibles: la fragilidad de las diferentes bancadas, que constantemente sufren pérdidas cuando sus diputados renuncian para declararse independientes o incorporarse a otro bloque parlamentario; y la poca consistencia de los acuerdos, coaliciones o alianzas entre los partidos con representación.

La nueva alianza formada hacia finales del 2004 por los grupos de la GANA con el FRG y los partidos Unionista y Patriota alrededor de la elección de la nueva directiva del Congreso y la aprobación del Presupuesto Nacional para el 2005 indican posibilidades de mayor solidez para superar los acuerdos meramente coyunturales. En especial porque a este nuevo entendido se han sumado de manera cada vez más frecuente otras expresiones minoritarias y porque el Vicepresidente Stein está desarrollando una gestión política con los secretarios generales de los partidos, con miras a lograr acuerdos con proyección de mediano plazo. Todo dependerá de la cohesión que logren estas cuatro bancadas durante este año, de cuáles serán los principales temas de negociaciones y de en qué condiciones políticas se llevarán a cabo.

SISTEMA DE JUSTICIA:
ELECCIONES CRUCIALES

El año 2005 será fundamental para el desempeño de las instituciones que conforman el sistema de administración de justicia en el país, principalmente para el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, ya que corresponde al período previo a que ambas instituciones experimenten nuevamente el cambio de sus más altas autoridades. En abril del 2006 será necesario elegir nuevos magistrados a la Corte de Constitucionalidad, para el período 2006-2011 y en mayo de ese mismo año deberá ser nombrado un nuevo Fiscal General de la República, para el período 2006-2010.

Durante este año el Ministerio Público (MP) deberá alcanzar resultados concretos en los procesos judiciales de alto impacto encaminados desde el año pasado contra funcionarios del anterior gobierno y que hasta ahora no han tenido éxito en comprobar su responsabilidad penal en los hechos que se les imputan. Además, este año será determinante para que el MP avance cualitativamente en los procesos de fortalecimiento institucional impulsados desde 2004 y logre que éstos se mantengan como políticas institucionales, independientemente de quién quede en el cargo de Fiscal General, proceso que culminará
en mayo del 2006.

Otro reto importante será definir con mayor visión los criterios de persecución penal, pues hasta ahora el Fiscal Juan Luis Florido se ha concentrado en los casos de corrupción de mayor impacto, a costa de limitar la persecución de otros casos: homicidios, asesinatos y otros delitos mayores, vinculados a la delincuencia común, a la violencia política y al crimen organizado, que son los que afectan a diario a la casi totalidad de la población.

Aunque es plausible la voluntad de investigar y de enjuiciar a los ex-funcionarios involucrados en la corrupción que caracterizó la gestión del presidente Alfonso Portillo, es preciso que el Ministerio Público ponga más empeño en dar una respuesta institucional al clamor generalizado de la población, que sufre mayoritariamente el impacto de los comportamientos sociales criminales y que no siga relegando su propio fortalecimiento para estar en mejores condiciones de atender esa demanda social.

A pesar de que aún falta tiempo para que la Comisión de Postulación sea convocada, existe ya todo un movimiento de fuerzas alrededor de este proceso, proveniente de grupos que tienen interés en tomar control del Ministerio Público y determinar el rumbo de la investigación y persecución penal que por mandato le corresponde ejercer a esta institución.

¿PRESIONES EFICACES
O ELECCIONES TRANSPARENTES?

La Corte de Constitucionalidad (CC) experimentará en breve la rotación de Presidente, ya que el período del magistrado Cipriano Soto llega a su fin, luego de haber ocupado el cargo durante el 2004. Por orden de sucesión, la Presidencia le corresponde al magistrado Francisco Flores, de quien se espera imprima a la institución una nueva orientación, hacia una mejor gestión en la administración de la justicia constitucional y el control jurídico que le corresponden.

El año 2005 significará también para la CC un período previo al proceso de elección de nuevas autoridades. Y los grupos que tienen interés en influir en el trabajo de la institución empiezan ya a manifestarse. Las presiones están dirigidas a la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, las cinco instituciones que designarán magistrados titular y suplente para integrar la CC en el período 2006-2011.

La situación preelectoral de estas dos instituciones exige una reflexión y una alerta constante para evitar que los intereses políticos de diferentes grupos de poder marquen la nueva composición de estas entidades, tal como ocurrió en el 2004 con la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad. El reto es lograr procesos de elección transparentes que tengan como único fin designar autoridades con un alto perfil ético y profesional, dispuestos a poner sus mejores esfuerzos al servicio de la sociedad y no de grupos en particular. ¿Será posible?

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