Nicaragua

Crisis energética: aquí está el detalle

El economista Adolfo Acevedo nos comparte estas reflexiones y datos, de mucha importancia para ubicar mejor la razones de la actual crisis energética.

Adolfo Acevedo

De acuerdo a datos de la CEPAL, actualizados en 2003, en Nicaragua, el 72% de la capacidad de energía eléctrica depende de las importaciones de petróleo. En El Salvador es alrededor del 48%, en Honduras el 55%. En Costa Rica han conseguido bajar la dependencia al 21%. Nuestra considerable dependencia del petróleo es resultado, en buena medida, de opciones de política, adoptadas en la década de los años 90. En esos años, los bancos multilaterales -Banco Mundial y BID- suspendieron totalmente el financiamiento de inversión pública en infraestructura energética.
En las décadas anteriores, habían sido los grandes financiadores de estas inversiones. Además de la suspensión, establecieron como “marco de política” que la inversión en este campo dependiera enteramente de la “atracción de inversión extranjera”, particularmente a través de procesos de privatización de la infraestuctura y las empresas estatales, y del otorgamiento de concesiones. Mientras esto sucedía en Nicaragua, y particularmente en la última mitad de los años 90, Costa Rica expandía sensiblemente su capacidad de generación hidroeléctrica, con el apoyo, entre otros, del Fondo Prototipo de Carbono. Así, redujo en términos prácticos a cero su dependencia de los hidrocarburos y comenzó a vender energía barata a su población y a la red interconectada centroamericana.


Nicaragua iba por otro camino. Y hacía descansar enteramente su “estrategia energética” en el otorgamiento de concesiones a corporaciones privadas -AMFELS, COASTAL, ENRON- para la instalacion de plantas térmicas basadas en la combustión de diesel. En aquellos tiempos se rumoró sobre el cobro de generosas coimas por el otorgamiento de estas concesiones. Al parecer, había “incentivos privados” para avanzar en la dirección de la privatizacion “a toda costa” de la distribuidora y de las plantas generadoras estatales. Las inversiones iniciales en los segmentos de la generación fueron atraídas con relativa facilidad debido a condiciones sumamente favorables para disminuir los riesgos de mercado. Estas inversiones concentraron casi el 90% de la generación de energía en manos de unos pocos grupos económicos.

Al entrar en operación, las plantas térmicas privadas pasaron a representar en el año 2000 más del 50% de la capacidad total de generación de energía eléctrica, elevando al extremo la dependencia del país de las importaciones de hidrocarburos para la generación de electricidad. Estas inversiones también sobre-expandieron la capacidad de generación. Llegó a colocarse un 55% por encima de la demanda máxima total observada de consumo de energía eléctrica del país, provocando una importante sobrecapacidad en el sector, un gran “coeficiente de reserva”. La capacidad de generación ascendió a 686 megavatios en el año 2003, mientras la demanda máxima observada fue de 442 megavatios. A pesar de este notable “coeficiente de reserva”, más de la mitad de la población nicaragüense siguió careciendo de acceso a la electricidad, sobre todo en las zonas rurales. De acuerdo a datos de la CEPAL, el “índice de electrificación”, que mide la cobertura del acceso de la población es de sólo el 48% en Nicaragua. En Costa Rica
es del 97%, en El Salvador del 80%, en Honduras del 63% y en Guatemala del 87%.

Hay que hacer notar que en 1996 Guatemala tenía el mismo índice de electrificación de Nicaragua. En el año 2002, había en Nicaragua 2.8 millones de personas, o 457 mil hogares, que, en el lenguaje de los expertos, estaban “pendientes de electrificar”. De acuerdo al Banco Mundial, Nicaragua muestra unos niveles de consumo de energía eléctrica per cápita que colocan al país muy por debajo del nivel de consumo de otros países tan pobres como el nuestro. Obviamente, cuando el acceso a la electricidad depende de consideraciones estrictas de rentabilidad privada, no existe “incentivo” para proveer el acceso a ella a las regiones geográficas más aisladas o a los segmentos de la poblacion más pobres. Como resultado de la política de concesiones al sector privado para la instalación de nuevas plantas térmicas, actualmente el 67% de la capacidad total de generacion se encuentra en manos privadas: GEOSA, GEMOSA -entregada en concesión- y las plantas de diesel de AMSFELD, COASTAL y ENRON. En un 33% permanece aún en manos públicas: HIDROGESA y GECSA. En cuanto a la distribución, y como resultado de los procesos de privatizacion, toda la capacidad distribuidora se encuentra en manos de la española Unión Fenosa, un virtual monopolio privado que aplica un muy elevado margen en la distribución por sobre el costo de generación.


Estos márgenes exagerados que en la distribución carga Union Fenosa al costo de la energía se establecieron mediante los “contratos de transición” -que terminaban a fines de 2004-, creados exclusivamente “para hacer atractivas las compañías de distribución a los inversionistas extranjeros”, tal como lo reconocen hoy el FMI y el Banco Mundial en el Documento del Punto de Culminacion de la Iniciativa HIPC para Nicaragua. Reconocen que estos márgenes se establecieron con el propósito expreso de asegurar beneficios extraordinarios a las empresas compradoras, sin la más mínima consideración del impacto que esto tendría sobre la población de Nicaragua, que en un 78% sobrevive con menos de dos dólares al día.

De acuerdo a datos del Banco Mundial, la distribución le agrega un 61% al costo de generación, lo que significa que si el costo de generación es 100, el margen que por la distribucion se apropia Unión Fenosa eleva el costo para el consumidor a 161. Es un dato fundamental que explica las muy altas tarifas de energía que prevalecen en Nicaragua. A esto hay que agregar, a cuenta de Unión Fenosa, 9 puntos porcentuales más de costo adicional que añaden al costo de generación, como resultado de las enormes “pérdidas de distribución” que se mantienen en la empresa. Así, Unión Fenosa agrega al costo de la generación un 70%.

En 2003, el costo de generación más el costo de transmisión ascendió a 58.9 dólares por kilovatio/hora, mientras que el margen de distribución le agregó 32.6 dólares por megavatio/hora a dicho costo y además, el costo de las pérdidas:
10.8 dólares por kilovatio/hora.De acuerdo a la CEPAL, las pérdidas de distribución en Nicaragua se han continuado acentuando de manera acelerada despues de la privatización de la distribución, elevándose de un 28% en 1977 a casi un 33% en 2003. En Costa Rica son del 7%, en El Salvador del 13% y en Honduras del 17%, lo que resulta alarmante ya que la promesa de la reduccion de las pérdidas de distribución fue precisamente una de las justificaciones para llevar a cabo la privatización. Según la CEPAL, la reduccion de las perdidas al 11% permitiría una reducción significativa de las tarifas.

Como lo ha denunciado la Red de Defensa de los Consumidores, a estos costos que agrega a la tarifa Unión Fenosa debe también añadirse la frecuente aplicación de cobros indebidos bajo conceptos diversos: gastos de comercialización, alumbrado público, depósito en garantía, mora, energía no registrada, alquiler de medidor, etc.,
lo cual conduce a que un gran porcentaje de los ingresos de las familias pobres esté destinado al pago de la energía eléctrica. Esto presiona a la gente a “pegarse” al fluido de forma ilegal, buscando salidas irregulares para mantener el acceso a este servicio vital, lo que aumenta las “pérdidas de distribución”.

Además, el costo de la generación previo a la distribución estaría también “inflado” por los elevados márgenes y privilegios de monopolio que negoció el Presidente Bolaños con los grupos económicos que controlan la generación,
a través de unos “contratos” que se mantienen secretos. Bolaños presidió la estatal ENEL cuando era Vicepresidente de la República con el Presidente Alemán y dirigió estas negociaciones. Como resultado de todos estos factores, el costo de la electricidad en Nicaragua es el más elevado de toda Centroamérica. En 2003 alcanzo los 123 dólares por megavatio/hora, cuando en Honduras era de 90 dólares, en Costa Rica de 69, en Guatemala de 113 y en El Salvador de 117.


Los costos más altos de la energía en la región, con Nicaragua a la cabeza, se dan en los tres países que privatizaron los sistemas de distribución. De los 123 dólares que costaba el megavatio/hora en Nicaragua, el 54.5% correspondió al costo de generación, el 3.6% al costo de transmisión, el 32.6% al margen de distribución, el 9% al costo de las pérdidas de energía en la distribucion y el 0.5% a otros factores.

Es interesante relevar que también los márgenes de ganancia en la distribución de la gasolina en Nicaragua son de los más altos de Centroamérica. En 2003, el margen por galón de gasolina “super” en Nicaragua fue de 0.61 dólares. El de la gasolina regular fue de 0.59 dólares. En Guatemala era de 0.21 y 0.25, en El Salvador de 0.45 y 0.38 y en Costa Rica
de 0.42 y 0.40.

Después de haber presionado durante años por la privatización “a cualquier costo” de las generadoras estatales HIDROGESA y GECSA, el FMI y el Banco Mundial reconocen ahora que haber evitado esta privatizacion, por presiones sociales y en contra de la condicionalidad establecida por estos organismos, le evitó a Nicaragua importantes costos y más daños económicos y sociales. El primer costo social frenado es el de las pérdidas para la población derivadas de la formación de un monopolio, también en la generación. Además, se le han evitado al país grandes costos financieros. Para asegurar altos márgenes a la empresa Unión Fenosa en los “contratos de transición” se le estableció un precio estable de la energía de parte de las empresas generadoras, lo cual era posible principalmente por los bajos costos de operación de la estatal HIDROGESA y la regulacion estatal de sus tarifas, las que mantuvo por debajo de los precios del mercado subsidiando a la distribuidora.

Si HIDROGESA hubiera sido privatizada en 2003, esto hubiera representado el establecimiento de un poderoso monopolio privado que hubiese controlado toda la capacidad instalada de generacion en el país. Las empresas que competían por adquirir HIDROGESA ya controlaban las plantas de generacion de diesel. Al evitarse este monopolio privado, la fijación de las tarifas por debajo de los precios del mercado hubiese representado un fuerte aumento en las tarifas de generación, de manera que para mantener el precio establecido en los contratos -expiran en 2005- el gobierno hubiese tenido que otorgar un generoso subsidio financiero a la distribuidora Unión Fenosa.

En este contexto, ¿qué impacto tienen los aumentos en los precios internacionales del petróleo? Efectivamente, elevan los costos de la generación de energía en las plantas térmicas, que dependen del combustible. Y, dados sus márgenes
de beneficio, estas plantas generadoras presionan por un aumento en el precio de venta a la distribuidora Unión Fenosa. Mientras, la estatal HIDROGESA, que genera energía hidroeléctrica, continúa subsidiando, con precios por debajo de los del mercado a Unión Fenosa, a expensas de descapitalizarse, viéndose imposibilitada de reponer equipos y de invertir. Sólo así mitiga las presiones al alza. Mientras, las generadoras privadas, que generan electricidad
en base a la combustión de hidrocarburos, bajo la lógica de la rentabilidad privada, elevan el precio de venta de la energía que generan.

Las presiones de Unión Fenosa para elevar la tarifa a los usuarios al elevarse el precio al que le compran la energía a las empresas generadoras térmicas, y queriendo mantener su propio margen de ganancia en la distribución y cubrir
las enormes pérdidas de distribución en la energía, buscan trasladar el costo a los usuarios.

De toda esta historia surgen muchos interrogantes. Sobre la estructura de este mercado, con unos niveles de concentracion monopólica considerables, con un “ente regulador” -ENEL, que ahora sería la Superintendencia de Energía-, “capturado” por poderosos intereses privados que no protegen el interés público. Sobre los resultados de la política de privatización. Sobre los intereses que las políticas públicas han favorecido, y siguen favoreciendo. El hecho de que en la generación y en la distribución de la energía eléctrica estén implicados monopolios privados extranjeros, con sus socios locales, ¿no sesga estas políticas hacia estos poderosos intereses? En particular, surgen interrogantes muy serios en términos de economía política: quién paga los costos y quién concentra los beneficios. Aunque en estos tiempos los interrogantes sobre la suerte de los seres humanos, que tanto necesitan de la energía eléctrica, no parecen ya revestir ninguna importancia.

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