Nicaragua
Diálogo sobre aguas turbulentas
El gobierno sigue sumando adversarios y abriendo espacios al capital de Miami. Su estrategia es riesgosa para la estabilidad nacional. Pero todo indica que está decidido a que el país navegue en las turbulentas aguas de ese riesgo.
Equipo Nitlápan-Envío
En un clima de grave incertidumbre económica y de creciente descontento social, el gobierno liberal siguió abriendo frentes de confrontación y sumando adversarios. La discusión de la Ley de Justicia Tributaria, y el empantanamiento de las negociaciones con los sectores que participaron en la protesta de abril, agudizaron al extremo las contradicciones. Mientras la "guerra económica" entre viejos y nuevos grupos, entre los grupos nacionales y "los de Miami" apenas comenzaba, y los sandinistas anunciaban una nueva "jornada de protesta nacional", el Presidente se vio forzado a convocar a un
Diálogo Nacional.
Ley Tributaria: estrategia liberalEl desequilibrio estructural de las finanzas públicas nicaragüenses es, sin lugar a dudas, el factor clave desde el punto de vista estrictamente económico, para entender la urgencia de una nueva Ley Tributaria. El gasto público no puede financiarse con las recaudaciones fiscales al nivel actual y seguir recortando el gasto social para reducir el déficit fiscal trae cada vez más costos políticos. El gobierno estaba forzado a buscar cómo incrementar sus ingresos a través de los impuestos.
Nicaragua tiene el nivel de gasto social relativamente más alto de Centroamérica, con la excepción de Costa Rica, como herencia de las transformaciones revolucionarias de los años 80. También tiene la carga de deuda externa más alta de la región y una de las mayores del mundo, destinando aproximadamente un tercio del presupuesto a pagar el servicio de esa deuda. La falta de recursos nacionales para financiar el gasto público fue cubierta durante la administración Chamorro con financiamiento externo, pero los niveles de cooperación externa están disminuyendo y seguirán descendiendo, mientras el Fondo Monetario no cesó de exigir a la administración Chamorro, y hoy exige al nuevo gobierno liberal, la reducción del déficit público. El gobierno Chamorro introdujo una nueva Ley Tributaria en la Asamblea Nacional, pero al calor del proceso electoral se retrasó una y otra vez su aprobación.
La Ley chamorrista tenía objetivos más limitados en materia de recaudación fiscal que la Ley de los liberales. La diferencia fundamental era que no quería alterar el status quo. La Ley alemanista tiene alcances más amplios y polémicos y su lógica de largo plazo es lograr una estrategia de reactivación económica basada en el agro y complementada con la inversión extranjera en maquila. Así lo expresó uno de los dos "padres" de la Ley, el Presidente del Banco Central, Noel Ramírez, que declaró que el gobierno trabaja para "convertir a Nicaragua en una gran zona franca."
Hay coincidencias entre los objetivos políticos de corto plazo del gobierno de Alemán y la lógica de largo plazo de su Ley Tributaria, que afecta principalmente al capital oligárquico y al capital sandinista de nuevo cuño y beneficia fundamentalmente al Estado liberal, que dispondrá de más recursos, y al capital liberal de Miami aliado al capital de un sector de cubanos exiliados que podrá venir a invertir en Nicaragua con todas las facilidades. La lógica pro agrícola de algunos aspectos de la Ley beneficia a los principales aliados internos de Alemán: los medianos y grandes productores agropecuarios del país.
Vicio de origen: su cuna tecnocráticaLa nueva Ley Tributaria modifica la casi totalidad del sistema de impuestos de Nicaragua y reforma 33 leyes hasta ahora vigentes en el país. En ninguno de los países centroamericanos se ha ido adelante con una ley tan compleja y completa como ésta. Por otra parte, la Ley es, hasta el momento, el único instrumento de política económica del nuevo gobierno, que no ha logrado trazar aún ni un programa económico ni una política de desarrollo coherente. Y ésta es precisamente la primera gran contradicción de la Ley: toda ley tributaria se pone al servicio de la política económica del gobierno. En Nicaragua ha sido al revés: se ordena la recaudación de tributos antes de que se haya formulado la política económica.
Tiene la Ley un vicio de origen: su génesis tecnocrática. Tan trascendental y abarcadora Ley fue concebida, elaborada y dirigida exclusivamente por el Banco Central, sin ninguna consulta con los sectores económicos afectados o con ningún otro sector de la sociedad civil. Sin ninguna coordinación con el Ministerio de Economía. Se trata de un hecho inédito en América Latina: lo lógico es que la ley sobre los impuestos sea diseñada por el Ministerio de Finanzas. Y lo democrático hubiera sido someterla a algún tipo de consultas.
Según explicó a envío el jurista y experto en temas tributarios, Teódulo Báez, "los objetivos de la nueva Ley Tributaria no aparecen claramente definidos y el texto está lleno de contradicciones preocupantes, en las que predomina el sesgo político e ideológico y se olvida lo técnico." Entre estas contradicciones, señala Báez el que no aparezca en la Ley ni un solo incentivo a la producción, ni un solo incentivo a quien genere empleos, y el que se violenten beneficios históricos que tenían las universidades, las ONGs o las cooperativas, con determinadas exenciones de impuestos.
Vicios de intención y procedimientoEl modo en que fue anunciada, presentada, debatida y aprobada la nueva Ley Tributaria puso en entredicho su legitimidad y creó fisuras innecesarias (¿e insalvables?) en la relación del gobierno con un importante sector comercial e industrial aliado del gobierno hasta antes de la aprobación de la Ley , a la vez que ahondaba las brechas ya existentes con otros sectores nacionales.
Otro de los vicios de la Ley está en haberla aprobado con el ya habitual método legislativo de la "aplanadora" liberal, y después de haber aprobado el Presupuesto General de la República, que en sus cifras presuponía que la Ley de Justicia Tributaria sería aprobada. El gobierno incluyó en el Presupuesto ingresos hasta por 100 millones de dólares en base a una Ley aún no aprobada. Esto demuestra que no existía voluntad política para una discusión seria y profunda de la Ley ni con los sectores económicos afectados ni con los distintos grupos de la sociedad civil, ni tampoco con los diputados en la Asamblea Nacional. El gobierno no estaba dispuesto a ceder en los grandes principios fiscales contenidos en su proyecto.
¿Contra todos los privilegios?Un costoso despliegue publicitario del gobierno por todos los medios de comunicación presenta la Ley como la llave para la reactivación de la economía a partir del sector agropecuario y como beneficiosa para los más pobres. Según el gobierno, la Ley traerá beneficios en el corto plazo a los sectores más golpeados por la crisis, especialmente al muy golpeado sector agropecuario. Beneficiará también al sector trabajador, que sólo tributará el 50% de los impuestos que tributó en 1996: de 110 millones de córdobas en impuestos que pagaron los asalariados, ahora sólo pagarán 56 millones. También los favorecería la desgravación acelerada, que permitirá abaratar los precios de muchos productos. Pero, ¿qué significa esto ante al alto porcentaje de desempleo existente, y que está incrementándose con el nuevo gobierno?
Otro beneficio anunciado por el gobierno es la posibilidad de aumentar las recaudaciones con una sustancial eliminación del "privilegio" que representan ciertas exoneraciones fiscales. En 1996, el Estado dejó de recaudar 1 mil 600 millones de córdobas a causa de estas exoneraciones. Desde esta perspectiva, resulta altamente contradictorio que se hayan suprimido las exoneraciones que beneficiaban a las cooperativas agrícolas y de servicios y a artesanos y pequeños empresarios, a universidades y a ONGs, y no se haya establecido ninguna medida para eliminar el privilegio que supone la recaudación extra presupuestaria que realizan habitualmente y desde hace años varios Ministerios.
Ministerios como el de Economía, el de Gobernación, etc. recaudan directamente por diferentes servicios concesiones, trámites, multas, etc. hasta 700 millones de córdobas anuales, lo que significa casi la quinta parte del total del Presupuesto nacional. Por razones políticas, la Ley Tributaria no prohibió esta vía de recaudación, que tanto espacio deja a la discrecionalidad y a la co rrupción, a pesar de que suprimir la recaudación extra presupuestaria en los Ministerios ha sido exigencia del FMI y del Banco Mundial desde hace tiempo.
El gobierno, que no se atreve a reconocer que carece de mecanismos eficaces para ejercer un adecuado control fiscal, ha pretendido "asegurarlo", con el nombramiento, hecho por el Presidente, de Agustín Alemán, su hermano y asesor jurídico, para que sea quien autorice a partir de ahora las exoneraciones.
¿Preparándonos para globalización?El grupo que protestó más alto contra la Ley Tributaria fue el de los casi 2 mil empresarios que desde hace décadas tienen la representación exclusiva en Nicaragua para la distribución y venta de productos de importantes firmas extranjeras.
Según Noel Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua, la derogación de la Ley de Representación de Casas Extranjeras contenida en la Ley Tributaria y que se hará efectiva en julio de 1998 "prepara a Nicaragua para insertarse al proceso de globalización y apertura económica". Esta medida y otras que contiene la Ley según Ramírez estaría orientada "a asegurarnos que los mercados funcionen, que las discrecionalidades se acaben y que los privilegios desaparezcan". El gobierno liberal está apostando a la apertura total del país al capital extranjero, creándole a éste las mejores condiciones posibles para que compita con un capital nacional tradicionalmente adormecido. El ataque liberal a los monopolios nacionales en el sector comercio tendría la intención de someterlos a los estrictos rigores de las leyes del mercado. El gobierno proclama que no discrimina a los nacionales ante los extranjeros sino que les exige igual eficiencia a ambos, y que una apertura total al mercado redundará en mayores beneficios para los consumidores, al reducirse las ganancias de los intermediarios locales y abaratarse los precios.
Apostando al capital de los náufragosEl gobierno alemanista está apostando a que puede reactivar la economía porque es el único que puede atraer al capital de "los náufragos" del cambio revolucionario del 79. También piensa reactivarla dándole un "empujoncito subsidiado" al capital agropecuario, reestructurándole parcialmente sus deudas, para así impulsarlo a invertir y a reactivar el agro. Al mismo tiempo, va a darle continuidad al esfuerzo de atraer capitales transnacionales del Sudeste Asiático, que empezaron a llegar a Nicaragua durante la administración Chamorro. Piensa también que "los sobrevivientes del naufragio" el capital oligárquico no somocista terminará apoyándolo porque no tienen "otro palo en que ahorcarse".
Esta estrategia tiene serias contradicciones. En la medida en que el gobierno liberal confronta al capital sandinista aliado en los 90 al de los sobrevivientes del naufragio satisface al capital de los náufragos, pero crea inestabilidad en el país. Y los náufragos no van a invertir, por muy alemanistas que sean, si la situación nacional es caótica o riesgosa.
Contra sobrevivientes del naufragioDarle incentivos al capital náufrago supone arriesgarse a confrontar al capital tradicional oligárquico. Carlos Pellas, el máximo representante de este grupo, que hace escasas apariciones públicas, hizo una después de que Alemán asumió el poder para recordar a todos que "exportamos 35 millones de dólares y le damos trabajo a 9 mil cabezas de familia". Noel Vidaurre, el candidato presidencial financiado por los Pellas, fue uno de los más claros objetores de la Ley de Incentivos Migratorios, que promovió el Presidente en febrero, destinada a incentivar la repatriación de los náufragos, y ha sido una de las voces que en la Asamblea ha cuestionado con más vigor y argumentos la Ley Tributaria.
Otra contradicción importante de la estrategia alemanista es que el capital náufrago, si regresa, no va a querer invertir tanto en la agricultura o en la creación de empleo en los sectores productivos, como en servicios financieros y en comercio. El capital náufrago grande ya no tiene los vínculos que tuvo en los 60 y 70 con el agro, sobre todo ahora, cuando el algodón, la carne o el café no tienen la rentabilidad de antaño.
Son muchas las contradicciones y no hay actualmente en Nicaragua más indicios de inversión extranjera que la de un sector de poco importantes maquiladores taiwaneses y la de turbios capitales de un grupo de cubanos de Miami, a la cabeza de los cuales está el de Jorge Mas Canosa, que pareciera querer "comprar" Nicaragua con el fin de trasladar su poderosa base económica y política anticastrista desde Miami hacia Centroamérica.
¿Sobrevivirán las cooperativas?La falta de consenso con la que nació la Ley Tributaria es su más grave vicio. Aunque se afirme que el 95% de sus artículos fue aprobado sin mayor oposición, las serias discrepancias en aspectos sensibles afectación a las cooperativas y a las alcaldías, nuevo impuesto sobre la tierra, etc. anuncian una cadena de desestabilizaciones e inconformidades.
Las exoneraciones y demás incentivos y beneficios fiscales contenidos en la Ley de Cooperativas desaparecen con la Ley Tributaria. El gobierno considera que, al ser la Ley Tributaria un paso en la ordenación de las exoneraciones, el Ministerio de Finanzas decidirá anualmente qué exonerarles y qué no exonerarles a las cooperativas. En el mediano plazo, este sector de la economía nacional, que agrupa a pequeñas y medianas empresas agroindustriales, se verá disminuido en su capacidad productiva, y sin duda, puede llegar a ser anulado por la invasión de productos extranjeros, de menor costo y mejor presentación. La supresión de los beneficios a las cooperativas no parece garantizar mayores recaudaciones fiscales.
¿Se reconstruirá el latifundio?El impuesto que habrá que pagar por la tierra que se posea "es uno de los aspectos más sorprendentes y negativos de la Ley Tributaria", comentó a envío Teódulo Báez. "En un país señala , con tierras en disputa, con productores endeudados, con falta de financiamiento, con violencia rural e inseguridad en el campo, ¿se puede pensar que se va a recaudar mucho por la tierra? ¿O, en la realidad, lo que se busca es otra cosa? ¿No se estará buscando con este impuesto impagable el reconstruir los latifundios, obligando a los campesinos sobre todo, a los organizados en cooperaativas a vender sus tierras?"
Ciertamente, este impuesto puede significar, a mediano plazo, una reestructuración de la tenencia de la tierra en todo el país. Según cálculos de la institución de investigación de la economía nicaragüense, FIDEG, el impuesto sobre la tierra del que, afortunadamente, fueron exentas las tierras de las comunidades indígenas afectará a 159 mil 539 familias rurales, que tienen en propiedad aproximadamente 1 millón 985 mil 14 manzanas de tierra. Si la actividad agropecuaria enfrenta hoy la iliquidez de la economía campesina, las deudas y la falta de crédito, un considerable sector rural se verá imposibilitado de pagar el impuesto de la tierra y terminará viéndose forzado a venderla.
Los gremios de productores consideran que un impacto inmediato de este inédito impuesto sobre la tierra inexistente en Centroamérica será el aumento de los precios de los productos agrícolas. Otras dudas surgen ante el planteamiento que hace la Ley sobre la forma de aplicación del impuesto, atendiendo en su primera etapa únicamente al volumen de tierra y, sólo a partir de 1999, a su uso y calidad. La propuesta crea las condiciones para que ex latifundistas y nuevos aspirantes a latifundistas se apropien de considerables extensiones de tierra en la primera etapa para, posteriormente, no ser afectados con la aplicación del impuesto.
Desde hace meses se conoce de la actividad de capitales centroamericanos salvadoreños y guatemaltecos que están comprando tierras por distintas zonas del país. "Hay un capital no sólo centroamericano, sino también local, que se presenta como dinamizador y que, a pesar de los cambios que ha habido en el país en la tenencia de la tierra, está dispuesto a comprar lo que haya. Quieren comprar la tierra de la Reforma Agraria a mitad de precio, quieren comprar la tierra de los que se han endeudado con la banca nacional, quieren comprarlo todo", han reiterado fuentes sandinistas y de otras tendencias.
¿Acabarán con autonomía municipal?El gobierno está haciendo todo lo posible para anular o reducir al máximo la autonomía de las municipalidades por la vía financiera. Primeramente, redujo en el presupuesto el aporte del gobierno central a las alcaldías, del 8% solicitado al 4.87%. Ahora, con la Ley Tributaria, las alcaldías están autorizadas a cobrar únicamente el 1.5% del impuesto municipal, en lugar del 2% que cobraban y que ya les era insuficiente. Un 60 70% de los ingresos de todos los municipios del país provenían del cobro del 2% de impuesto municipal. ¿Y ahora? Ahora, las municipalidades quedan en manos del gobierno central, que las puede apoyar o no a su entera discreción. Esta acción, destinada a disminuir el poder local, cercena derechos ganados por los municipios, violenta la Constitución y ratifica la voluntad centralizadora y controladora del Ejecutivo.
La Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) fue uno de los sectores más críticos de la Ley Tributaria y los alcaldes liberales tuvieron que ser llamados al orden por Alemán, que los urgió a apoyarla. No lo hicieron y quedaron inconformes con la Ley. Sin duda, la aplicación de la Ley Tributaria será un golpe bajo al poder local, y un golpe sin amortiguadores, porque sólo se consideraron dudosas propuestas de compensación para mejorar la difícil situación económica en la que sobreviven la mayoría de las alcaldías.
"¡Alemán no terminará su mandato!"Aunque todavía queda mucho por ver de las consecuencias de esta polémica Ley Tributaria, dirigentes populares y empresariales de todas las tendencias consideran que su aplicación significará el encarecimiento de la vida y una recomposición drástica de los sectores sociales y económicos de Nicaragua. La Ley evidenció el conflicto de intereses al que está sometido el gobierno de Alemán. Los compromisos adquiridos con el capital extranjero que le apoyó desde Miami en su campaña electoral le han enfrentado con un importante sector económico del país y han incrementado las tensiones con otros muchos sectores sociales.
La flexibilidad y la apertura al capital extranjero mediante la eliminación de privilegios al capital nacional tradicional, que es el que a pesar de todas las adversidades ha permanecido en el país ha enfrentado a Alemán con el grupo Terán, con el poderoso grupo Pellas y con el incidente grupo Lacayo, principales representantes del gran sector comercial e industrial. Ahora, estos grupos se sienten traicionados y levantan un dedo acusador y amenazador en contra de Alemán y sus asesores. Desde este sector surgieron las críticas más airadas a la Ley. Luis Alizaga, dirigente de la Asociación de Representantes de Casas Extranjeras (ARCEN) que agrupa a más de 2 mil empresarios llegó a decir, casi a gritos, en la Asamblea Nacional, al aprobarse la Ley Tributaria: "¡Alemán no va a llegar a terminar su mandato en el año 2000 y quién sabe si llegará a fines del 97!"
Según Roberto Terán, la Ley "es una confiscación", está diseñada para favorecer a más de mil empresarios radicados en Miami y creará un problema más grave que el de la propiedad, porque supondrá el desempleo de unos 60 mil nicaragüenses y una menor recaudación, porque se exonera de impuestos a la inversión extranjera. Varios empresarios anunciaron que recurrirán de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y que se sumarían a las protestas de los sectores populares afectados por la Ley.
No es sencillo vislumbrar cómo una ley tan voluminosa y tan trascendental que afecta a todos los sectores y que más parece concebida como un simple instrumento de recaudación , incidirá en el desarrollo de la capacidad competitiva de nuestra economía, a la que con poca objetividad o falso entusiasmo apuesta el gabinete económico liberal. Quedan también en el aire aspectos de la integración centroamericana, pues mientras se grava con impuestos a los productos centroamericanos, se libera a los de otras regiones.
Una carta ante el FMINo queda claro cuáles son los mecanismos tributarios que garantizarán la reactivación del sector agropecuario. La ampliación de la base tributaria a la que aspira el gobierno supone una economía boyante en la que todos los ciudadanos están en condiciones de participar pagando sus impuestos, pero al ser tan reducido el número real de contribuyentes, difícilmente se recaudarán los 600 millones de córdobas que el gobierno calcula recaudar con la Ley. Todo hace suponer que, en la realidad, la Ley tiene como objetivo la creación de nuevos impuestos y no la reducción de los muchos que ya existen.
Para los funcionarios que la formularon y que la defienden a capa y espada, la principal ganancia es haber mejorado las condiciones para negociar a partir de junio con el FMI un nuevo plan de ajuste. De hecho, los grandes logros que se le presentarán a la delegación del FMI serán el plan de austeridad gubernamental, dado a conocer en febrero, y la Ley Tributaria.
Las cuatro "mesas de trabajo"Mientras se polemizaba sobe los contenidos de la Ley Tributaria, los diferentes sectores sociales y económicos que participaron en la protesta nacional de abril, medían fuerzas con el gobierno en cuatro controversiales "mesas de trabajo". El mayor éxito de las protestas de abril, de "la crisis de los tranques", fue sentar al gobierno a negociar. La realidad mostró que una cosa es sentarlo y otra que negocie, y que resulta muy difícil que el gobierno liberal asuma compromisos que tenga después que cumplir.
La unidad de los sectores populares y su capacidad de propuesta y de resistencia fueron fundamentales para sobrevivir al pantano en que casi desde su comienzo, el 21 de abril, se convirtieron las mesas de negociación. El gobierno pareció apostar a una prolongación indefinida de las conversaciones, mientras superaba las muchas contradicciones internas que ha venido acumulando. Pero sólo logró que el 7 de junio, el FSLN diera por cerradas las mesas y sus infructuosos trabajos y convocara a "una segunda fase de la protesta nacional". Sólo entonces, el gobierno de Alemán se vio forzado a ampliar las cuatro mesas en las que no dialogaba "sólo mantenemos un canal de comunicación y escuchamos", repitieron varios funcionarios para convertirlas en una mesa mayor, en la mesa de un Diálogo Nacional.
Transporte, producción, área social Los resultados en las cuatro mesas área social, producción, transporte y propiedad reformada fueron prácticamente nulos y fue más el despliegue propagandístico y de imagen que la realidad. Las mesas se cerraron con más fricciones que acuerdos. Fricciones que erosionaron aún más la relación entre los sandinistas y el gobierno y que desgastaron la imagen del gobierno entre el conjunto de la población.
El gobierno consideró desde el primer momento que las peticiones de los sectores sociales afines al sandinismo eran excesivas y los sandinistas acusaron al gobierno desde el primer momento de falta de voluntad política para resolver los conflictos planteados en cada una de las mesas. El único resultado claro que quedó fueron nuevas incertidumbres. ¿Llegará a resolverlas el Diálogo Nacional?
En las mesas del transporte y de la producción fue en las que más se avanzó, aunque no se puede medir el alcance de los acuerdos. El gobierno propagandizó los logros con los transportistas, pero no quedó claro con cuál de los tres grupos en los que dividió al sector llegó a acuerdos. De hecho la derogación del artículo 74 de la Ley de Cooperativas, con la nueva Ley Tributaria, puso en entredicho cualquier acuerdo que en materia fiscal se alcance con las cooperativas del transporte.
En la mesa de la producción las conversaciones estuvieron orientadas a encontrar modalidades flexibles para la reestructuración de la deuda y para la implementación de programas complementarios de apoyo a la reactivación agropecuaria. La propuesta del gobierno fue el que los productores pagaran sus deudas con la banca estatal en un plazo de 7 años y al 14% de interés, mientras que los productores pedían 9 años, con 2 de gracia sin intereses, y al 7%. Siendo agropecuaria la lógica fundamental del gobierno como ha repetido el Ministro de Agricultura, Mario de Franco , esta mesa se convirtió en un test para conocer si realmente hay disposición de apostar por el pequeño y mediano sector agropecuario nacional. El resultado del test parece haber sido fallido.
La propiedad reformada es claveEn la mesa de trabajo sobre la propiedad reformada tampoco se avanzó mucho. Las discrepancias entre Rosendo Díaz, Presidente de la CORNAP, y David Robleto, Ministro de Cooperación Externa, impidieron aclarar cuál era realmente la posición del gobierno. En esta mesa es central el destino de las casi 250 propiedades estatales que fueron privatizadas a favor de los trabajadores y desmovilizados de la Resistencia y del Ejército en los 90.
Esta mesa de trabajo se consideró de tanta importancia que fue presidida en su primera sesión por el mismo Presidente Alemán, quien entregó a los representantes del gobierno la Ley 204 como base para el debate. La ley 204 fue aprobada en agosto de 1995, pero el gobierno Chamorro la publicó hasta abril de 1996, una vez concluida la privatización de las empresas del Estado que más le interesaban. Al publicarla con tanto retraso pretendió evitar que las empresas adquiridas por los trabajadores fueran escrituradas.
Los representantes del sector reformado batallaron para lograr que sea la Ley 209, de diciembre de 1995, la Ley de la Propiedad en la que medió Carter, la base para la discusión. Superada la terquedad del gobierno, la CORNAP dio a conocer la situación registral de las propiedades privatizadas y una lista de los ex dueños ya indemnizados, quienes, por esta razón, no podrían ya reclamar propiedades. El objetivo de la oposición en esta mesa fue lograr que se mantenga la opción de compra a los trabajadores y que se fijen plazos definitivos para los pagos.
Propiedad: ¿conflicto sin solución?La mesa más conflictiva y hasta ahora sin ningún avance es la "quinta" mesa, la primera que se estableció apenas Alemán asumió el gobierno, la que no necesitó de "tranques" para instalarse, la mesa de la propiedad, en la que dirigen las delegaciones el Vicepresidente Bolaños por el gobierno, y el diputado Bayardo Arce por el FSLN.
Agrias han sido las disputas verbales en esta mesa. Los sandinistas han acusado a Bolaños de "mentiroso e insidioso", de "incapaz de resolver el problema de la propiedad" y Daniel Ortega ha pedido en varias ocasiones su retiro de las negociaciones por "envenenador" del diálogo y para posibilitar algún acuerdo. "O el doctor Alemán no manda nada y el ingeniero Bolaños hace lo que le da la gana, o están hablados: uno haciendo el papel de malo y el otro de bueno dijo Daniel en vísperas de quebrarse las "mesas" . Lo cierto es que no hay una actitud coherente entre lo que dice Alemán y lo que hace Bolaños." Por su parte, Bolaños ha ripostado siempre que los líderes sandinistas pretenden "legalizar lo robado". Y fue drástico en esas mismas vísperas al afirmar: "Nunca ha habido diálogo sobre la propiedad entre el gobierno y el FSLN. El diálogo conlleva acuerdos, arreglos, y el gobierno nunca ha tenido esa intención. Unicamente ha habido intercambio de ideas sobre la propiedad." Llegar a alguna solución parece una misión imposible, lo que augura la prolongación del conflicto.
¿Nueva Ley de Propiedad?Para llenar los vacíos o imprecisiones que hay en la Ley 209, el FSLN formuló en mayo una nueva Ley, que sometió a consideración pública y del gobierno. La propuesta del FSLN retoma la ley 209 y la desarrolla, centrándose en que todo lo actuado por el Estado en los años 80 y en los 90 no sea desconocido, como pretenden algunos liberales. Según la Ley que proponen los sandinistas, es al Estado en su conjunto y no sólo al Poder Judicial a quien compete dirimir el conflicto estableciendo principios, condiciones y mecanismos. La propuesta mantiene como irrevocables las confiscaciones ejecutadas contra los Somoza y sus allegados.
La reacción de Bolaños a la propuesta del FSLN fue muy negativa. Unos días después, el gobierno envió al FSLN una contrapropuesta. El tema, como los demás, parece empantanado, mientras la comunidad internacional muestra mucha preocupación por el retroceso que significa partir de cero en el tema de la propiedad, como pretenden algunos en el gobierno. Los organismos internacionales han dedicado mucho tiempo y muchos recursos a buscar una solución definitiva a los conflictos de propiedad, que continúan siendo un laberinto de intereses, en el que algunos se empeñan en jugar peligrosamente al todo o nada.
La sombra de Jorge Mas CanosaToda esta contienda de intereses se produce en el marco de una profunda y silenciada crisis económica, con oscuras movidas oficiales para lograr superarla, y a las puertas de la negociación con el Fondo Monetario de un nuevo acuerdo de ajuste estructural.
Ya está claro, y está probado, que el gobierno está dando pasos acelerados, con la intención de propiciar la recomposición del capital somocista, abriéndole los espacios sociales y políticos necesarios para recuperar el tiempo y el poder perdido. Esta decisión pone en peligro el Estado de Derecho, pues para imponer esos intereses, el gobierno no está escatimando esfuerzos políticos ni económicos: usa la aplanadora liberal para imponer leyes en el Legislativo, viola principios constitucionales básicos, acorrala a la sociedad civil... La urgencia liberal está resultando riesgosa y podría precipitar reacciones violentas e incontrolables al cerrarse los espacios de la concertación social.
Mas Canosa: "piñata" de bonos"Festín del somocismo", llamó a este propósito el diputado Bayardo Arce que, en una intervención, a inicios de junio, en la Asamblea Nacional, habló del asunto con nuevos datos. El diputado del FSLN aseguró que, después de la asunción al poder de Alemán, a Nicaragua no ha ingresado un solo dólar en ayuda externa por la vía de préstamo o donación. Y explicó que la única vía para enfrentar la necesidades de divisas de Nicaragua fue una transacción financiera entre el Estado de Nicaragua y el millonario estadounidense cubano Mas Canosa, que habría incrementado coyunturalmente las reservas internacionales del país con la compra de bonos del Banco Central de Nicaragua por más de 100 millones de dólares. Bayardo Arce había hablado ya de esta transacción a fines de abril.
Ahora, con papeles en mano, volvió sobre el tema, dirigiéndole además una carta al Contralor de la República para que investigue este asunto, que resultará trascendental para la economía nicaragüense, a juicio de todos los expertos consultados por Envío. "Hay grupos internacionales en operaciones con el Banco Central denunció Arce en la Asamblea . Los interesados son el grupo de Jorge Mas Canosa, el Hamilton Bank que pertenece a cubanos exilados en Miami , y el grupo de Fernández Hollman. Esta gente tiene un plan de compra de 250 millones de dólares en bonos en este año 97 y ya compraron unos 100 millones o más... Lo más grave de todo esto son dos aspectos. El primero, que el gobierno ha venido diciendo que la economía del país va adelante y que las reservas internacionales han crecido. Pero la economía está funcionando por la compra de estos bonos e incluso, parte de ese incremento de divisas ya se lo ha comido el gobierno porque, entretanto, no ha venido todavía ninguna ayuda externa.
El segundo aspecto preocupante es que esa deuda contraida por esta transacción, Nicaragua tiene que pagarla en 360 días. Es una deuda externa carísima porque un país como el nuestro gestiona ayuda internacional a 5, a 8, a 10 años de plazo, a 40 años, y la gestiona con un interés de un 2%, pero no la gestiona nunca a 1 año de plazo y con el 18, el 16 o el 15% de interés, como se ha hecho en esta ocasión. ¿Cómo Nicaragua va a pagar esta deuda? Como no va a alcanzar el dinero, ésta va a ser seguramente la puerta de entrada para que Mas Canosa compre Enitel... O para darle entrada a una sociedad, que ya se armó, donde están metidos el grupo Fernández Hollman, gente del gobierno y del exilio cubano, que van a venir a adueñarse de la Cementera y a poner en Nicaragua una maquiladora de cemento. Con algunas exoneraciones, la Ley Tributaria ya les preparó el camino." La gran pregunta es: ¿qué habrán dicho el FMI y el Banco Mundial sobre esta transacción, prohibida por la normativa de los organismos multilaterales?
¿Una nueva "asonada"?Ante el estancamiento de las negociaciones y el deteriorado clima de falta de consensos, ante la miseria que no cesa, la pregunta obligada es si el país está o no a las puertas de una protesta similar o mayor que la de abril. Y si la economía en crisis la va a poder resistir. Los sectores más duros del gobierno comenzaron a hablar de la necesidad de enfrentar con una nueva y durísima ley cualquier nueva "asonada", mientras organizaban marchas pro gubernamentales en Granada, Matagalpa, Masatepe y León y, clandestinamente, parecían estar organizando "otras" actividades.
El Vicepresidente Enrique Bolaños asumió el papel de principal promotor de la llamada "Ley contra asonadas", que daría poderes al Ejecutivo para ordenar el arresto preventivo de líderes de protestas, la desaforación de diputados involucrados en ellas y el uso de la represión contra los manifestantes. Con esta ley se pretende anular cualquier expresión de descontento popular. Sumada a ella estaría la pretendida reforma del Código Militar, que busca disminuir la autoridad de los mandos militares. Detrás de esta reforma está también Bolaños.
El papel de BolañosEl Vicepresidente Enrique Bolaños ha sido víctima de la poca claridad que existen sobre sus funciones al lado de un caudillo como Arnoldo Alemán, que no tolera que nadie le haga sombra. Bolaños manifestó públicamente su desacuerdo con el desenlace diálogo y mesas de negociación que tuvo la protesta nacional de abril, que se desarrolló (¿casualmente?) cuando Bolaños estaba en Taiwan. Al regresar al país, usando la jerga beisbolera, Bolaños dijo: "En la próxima asonada vamos a jugar a la bola recia", a la de poner en su lugar a los sandinistas a cualquier precio.
El antisandinismo visceral, del que Bolaños es el más alto promotor en el gobierno, está causando problemas al gobierno. La anulación de todas las cuotas y espacios de poder que conserva el sandinismo se ha convertido en una obsesión para los más radicales en el gobierno. Esta obsesión es una peligrosa provocación. Los líderes liberales se equivocan al confundir gobernabilidad con ausencia de crítica y falta de movilización social. Para algunos personajes del gobierno la democracia parece ser sinónimo de total acuerdo con las políticas y el discurso oficial.
Entre los dirigentes populares no hay consenso sobre los métodos de lucha. La pregunta de fondo es cómo lo acumulado en desaciertos por los liberales y en desencantos por la población, sumado a la explícita mala voluntad de algunos funcionarios, va creando un caldo de cultivo adecuado para el surgimiento de "un nuevo escenario" nacional.
Los 3 mil despidos ya anunciados en el sector público y la crisis rural, que se agravaría si hay sequía o los huracanes anunciados, son eventuales detonantes. Aunque existe el convencimiento teórico de que los canales institucionales pueden contribuir a la superación de los conflictos, estos espacios se están cerrando por el autoritarismo liberal.
La "asonada" de la realidadEl liberalismo alemanista y el FSLN están en un momento especialmente propicio para demostrar su habilidad para negociar y para superar los conflictos, ganándose la simpatía de una población hasta el momento desconcertada por los movimientos erráticos del nuevo gobierno.
Las cúpulas dirigentes saben lo arriesgado que es ser extremadamente duro o totalmente flexible. Y encontrar una posición intermedia no es fácil en un país todavía muy polarizado. Hay mucho por discutir y por consensuar. Hay mucho de que hablar en una mesa de Diálogo Nacional, sea bilateral o multilateral. Pero mientras no se empiece a solucionar el problema de la mesa de la comida diaria a la mayoría de los nicaragüenses, con o sin mesas de trabajo, estén vencidos o no los plazos, participen en las mesas de diálogo más o menos partidos, las protestas continuarán y crecerán. Las ideologías solas ya no mueven las "asonadas", las mueve la realidad.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica