Nicaragua

"Nuestro sistema energético revela uno de los fracasos más grandes de nuestra clase política"

Ruth Selma Herrera, coordinadora de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, -que funciona en Nicaragua con creatividad y tesón desde hace tres años y medio, haciendo proyectos de ley, propuestas, investigaciones, denuncias y movilizaciones- analizó aspectos históricos, sociales, económicos y éticos de la crisis de la energía en Nicaragua, en una charla con Envío que transcribimos.

Ruth Selma Herrera

Cuando uno va siguiendo el hilo de lo que está ocurriendo en el sector energético en Nicaragua se da cuenta de que está ante uno de los fracasos más grandes de la clase política que ha gobernado este país. La energía es fundamental para que un país tenga posibilidades de desarrollo y mejore la calidad de vida de su población. Nicaragua no hizo en su momento las inversiones necesarias para contar con suficiente energía. Y lo que hoy estamos viviendo son las consecuencias de esa falta de responsabilidad y de visión estratégica.

En los años 40 del siglo XX la energía se generaba en Nicaragua de forma privada a través de pequeñas plantas hidroeléctricas y termoeléctricas que servían al sector industrial. Había algunas que ofertaban este servicio en las principales ciudades. Bajo esas modalidades de producción, en 1945 el Estado aportaba menos del 30% de la oferta nacional, que en ese año era de 67 Gigawatts/hora (GWh). Con el paso de los años la situación fue modificándose, pues el Estado inició un proceso de inversión y de compras de plantas privadas. Así, en 1963 la producción del país alcanzó los 241 GWh, de los cuales sólo un 32% era generación privada. Ese año, del total de la energía generada, se producían con recursos térmicos 198 GW. En la década de los 50 el Estado tomó la decisión política de asumir un rol preponderante en la energía.

En 1954 creó ENALUF y un año después la Comisión Nacional de la Energía como ente regulador. Ya en 1957 existía un Plan de Inversión y se reemplazaron las plantas obsoletas por la planta de vapor Managua, desde donde se extendió el servicio al Pacífico. Este plan se inició con los estudios y posterior construcción de la planta hidroeléctrica Centroamérica, de Jinotega, de 50 Megawatts (MW) y se comenzó también la construcción de la planta Santa Bárbara, en Ciudad Darío.A partir de entonces y hasta 1979, cuando finaliza la dictadura somocista, el sector eléctrico es ya ayoritariamente estatal, se han concluido algunos estudios de toda la capacidad geotérmica nacional -energía generada a partir de los volcanes- y se ha iniciado la construcción de la primera planta de ese género, así como la planta térmica Tiscuco -hoy Puerto Sandino- en dos fases con 50 y 56 MW. Se inició también la interconexión con Costa Rica. También la generación hidroeléctrica alcanzó en esta época su máxima expresión en 1976, generando 379 MW, el 40% de la generación total del país. Sucesivos problemas -sequías, falta de inversión y otros- redujeron desde fines de los años 70 la participación de la generación hidroeléctrica hasta sólo el 11.7% Al triunfo de la Revolución Sandinista existía una capacidad instalada -sin incluir la planta geotérmica Momotombo- de 357.7 MW. En los años 80 hubo casi cero inversión en esta generación. Lo único a destacar en esta década es el inicio de operaciones de la Planta Momotombo, con potencial de 50 MW. Los cambios fueron más bien de nombres: ENALUF pasó a llamarse ENEL. Por muy diversas circunstancias -la guerra, el bloqueo, el gasto de las escasas divisas en megaproyectos no realizables, etc.-, la revolución se mantuvo con lo que había heredado. Probablemente, los funcionarios que estuvieron en este sector no tuvieron la iniciativa de canalizar proyectos para instalar nuevas plantas, a pesar de que en aquellos años se hubiera podido conseguir financiamiento para esto. Pienso que, aún en medio de la guerra, les faltó una visión estratégica sobre el sector, no dimensionaron su importancia para convertirlo en un eje dinámico de toda la economía.

Según los datos del año 2003, la producción energética basada en una matriz térmica alcanzaba
una capacidad efectiva de 534 MW, con un nivel de pérdida de 35.8%, lo que reducía su capacidad real a 343 MW. La estructura de generación en ese año era: 80.3% térmica (generada a partir de derivados del petróleo), 9.7% hidroeléctrica y 9.9% geotérmica.Estudios realizados en la época somocista inventariaron el potencial de generación con energía renovable que Nicaragua tenía, concluyendo que la geotermia podría contribuir con 1,000 MW, las hidroeléctricas con 1,760 MW y la eólica con 200 MW. De haberse implementado tan siquiera algo de estos proyectos, Nicaragua no dependería hoy del petróleo para la generación de energía, podría producir el triple de su demanda y hasta podría obtener divisas exportando energía a la región centroamericana.

A excepción de Costa Rica, todos nuestros vecinos en Centroamérica son todavía dependientes del petróleo en su estructura energética.Las proyecciones y los estudios realizados han servido de poco. Las grandes ideas de los gobiernos que siguieron al gobierno revolucionario no fueron más allá del proyecto de privatizar las plantas de generación térmica -la mayoría obsoletas- y de vender a precio “de guate mojado” a la transnacional Unión Fenosa el monopolio de la distribución de la energía. Como consecuencia de una falta de visión de país, hoy nos encontramos con una factura petrolera para la generación de energía cada día mayor, equivalente a casi el 100% de nuestras exportaciones. Los gastos en la factura petrolera en el año 2003 eran ya de 85.2 millones de dólares.

Hoy, esta factura se encarece a diario. Viendo toda esta historia, no se puede concluir más que esta evidencia: la clase política que ha gobernado Nicaragua no se ha dado cuenta de que un país que no controla su capacidad energética no tiene posibilidades de desarrollo. La justificación que dan muchos especialistas en energía de por qué en los años 60, 70 y 80 no se invirtió más en la generación alternativa -hidroeléctricas o geotérmicas- es que el precio del petróleo era tan barato que realmente resultaba más costoso invertir en una planta hidroeléctrica o en una geotérmica -que inicialmente representan inversiones muy fuertes, aunque después se recuperan gradualmente los costos y resultan rentables- que comprar el petróleo para hacer funcionar las generadoras térmicas. Los organismos internacionales también inducían a no gastar en nueva infraestructura energética. Se juntaron así varios factores: el precio del combustible, las imposiciones de los organismos internacionales y la falta de visión estratégica de los gobernantes.

El resultado concreto es que hoy en Nicaragua las únicas plantas hidroeléctrica y geotérmica que tenemos son las que se construyeron en la época de Somoza. Con el gobierno de doña Violeta se empezó a privatizar casi todo lo que se había nacionalizado durante la revolución. Se separó la empresa operadora ENEL de la entidad rectora, INE. Una de las primeras medidas fue privatizar las plantas generadoras térmicas y de gas, que se malvendieron a precios ridículos. Se sumaron a la generación algunas empresas privadas extranjeras, que invirtieron sólo en plantas térmicas, de energía cara. Son: Censa en León; en Tipitapa la de la Coastal Power; y en Corinto la de la Corinto Power (sucesora de la desprestigiada ENRON). A la Coastal Power, de capital estadounidense y en co-inversión con el grupo Banco UNO, le vendieron la Planta Tiscuco y la de Chinandega, las que sumadas a la de Tipitapa colocan a esta empresa en cabeza en materia de generación: ofertan más o menos el 40% de toda la energía del país.

La licitación de la geotérmica de San Jacinto Tizate (Polaris Geotérmica) la ganó hace más de diez años Erwin Krüger, actual presidente del COSEP, cuando era Ministro de Cooperación Externa del gobierno de doña Violeta. Pero este “empresario inversionista” no ha hecho inversiones significativas y hasta muy recientemente la geotérmica está produciendo menos de 8 MW, cuando tiene un potencial de 70 MW. Un dato que evidencia la ineficiencia en la generación. El campo geotérmico Momotombo -antes Patricio Argüello-, lo administra la co-inversión ORMAT/ENEL y produce aproximadamente 30 MW. Hidrogesa (inicialmente Planta Centroamérica y Santa Bárbara) sigue siendo estatal, es un bien público. En el año 2002, ya en el gobierno de Bolaños, la quisieron privatizar a favor del grupo Banco UNO de Ernesto Fernandez Hollman, pero dimos una batalla férrea -con denuncias, recursos legales, iniciativas, y en este caso con el apoyo de la Contraloría- para impedirlo. Lo logramos.

El plan del gobierno era venderla a la Coastal Power en 40 millones de dólares, que iban a pagar en abonos a 5 años. ¡Y sólo en un año Hidrogesa producía 18 millones de dólares de utilidades! Es sólo un ejemplo de cómo se hacen las cosas en Nicaragua, un país que se ha deshecho de sus recursos públicos a cambio de nada. Hoy tenemos a Hidrogesa trabajando las 24 horas, pero no se le está dando mantenimiento y puede colapsar en cualquier momento. Cualquier repuesto importante que necesitara esta planta hay que fabricarlo en Alemania, traerlo desde allí y tardaría unos seis meses en llegar a Nicaragua. Sin embargo, el Estado le sacó primero 5 millones de dólares a Hidrogesa para dárselo como subsidio a Unión Fenosa. Y con la reciente ley “de estabilidad energética”, aprobada en el mes de septiembre de este año por la Asamblea Nacional, recurrieron nuevamente a sus fondos para entregarle a los generadores privados y a Unión Fenosa ¡30 millones de dólares más! ¿Qué están haciendo? Están desmantelando, canibaleando la única planta hidroeléctrica que tiene el país, y que es rentable. ¿Será que Bolaños, quienes dirigen el sector de la energía, y los diputados de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional que aprobaron esta ley, son tan ignorantes que no saben que habría que invertir esos fondos públicos en proyectos que ya están hechos y que son urgentes, estratégicos?

Para encontrar solución a nuestros problemas de energía es necesario analizar y revisar toda la cadena energética. Empecemos por el combustible, por el petróleo que compramos. Sabemos -ahí están los datos de la CEPAL, y nacionalmente los de profesionales como Ricardo Meléndez, Adolfo Acevedo y Néstor Avendaño- que Nicaragua es el país de Centroamérica que más caro compra el petróleo. Una de las razones es que los generadores no compran el petróleo o el búnker juntos, sino que cada quien hace sus compras por separado, cada quien tiene sus propios contratos. ¡Un paisito miserable, donde cada generador hace sus importaciones directas! Sabemos que cuando se compra de esta manera
no se pueden conseguir mejores precios y todos tienen que dar coimas.

La Red ha planteado en las mesas sectoriales del Diálogo Nacional que una alternativa es juntarse todos los generadores para comprar el búnker. Pero no les interesa esta salida porque ya tienen creada toda una cadena de gente que se beneficia de la intermediación y de las coimas. Otra razón es que la Esso de Nicaragua tiene el privilegio de una protección especial. La Esso tiene el monopolio del único gasoducto para traer el combustible al país. Lo refina y después lo vende más caro: la Esso está cobrando entre 5 y 15 dólares más por cada barril de petróleo. Y aunque a Nicaragua le convendría más comprar el producto final que estarle comprando a la Esso, no aparece ni una sola autoridad que diga que va a negociar con esta empresa transnacional. Y hay países capitalistas que, para evitar que el impacto del alza del precio del petróleo sea tan dramático sobre la población, están negociando actualmente con las petroleras. En Nicaragua no, aquí nadie plantea eso. Tampoco se les ocurrió, antes de que estallara la crisis internacional por el alza de los precios, adquirir un seguro sobre las compras de petróleo.

Ése es el primer eslabón de la cadena. El segundo eslabón es el de los generadores de la energía. Cuando empezamos a revisar, descubrimos que muchos de sus ingresos se les van en pagos de préstamos y de intereses. Y cuando les preguntamos: Y si ustedes son inversionistas, ¿por qué no invierten de su propio dinero? Entonces se retiran airados y dicen que los estamos ofendiendo y que hoy en día los inversionistas de todo el mundo trabajan siempre con dinero ajeno, con préstamos. Entonces les decimos: Pero en este país, con los niveles de pobreza y de desempleo que tenemos, no da para tener alta rentabilidad, sacar buenas ganancias para pagar a los bancos intermediarios y mantener altos salarios como gerentes de empresas… sin siquiera arriesgar dinero propio en inversión. En realidad, lo que sucede es que hay unos cuantos nicaragüenses que se han conseguido la franquicia de una transnacional -o una concesión local- y con eso se han convertido en “empresarios” de la energía. Pero son empresarios que nunca invierten nada. Y el mantenimiento que le dan a las plantas es mínimo, y por eso en cualquier momento esas plantas pueden pararse. Además de que no invierten, a los generadores de energía el gobierno les paga una cantidad, un piso fijo, generen o no generen energía, el que se llama “factor de potencia”.

Fue éste un invento del gobierno de doña Violeta en los famosos contratos PPA, que dieron a estas empresas condiciones especiales porque venían a invertir a un país “de alto riesgo”. Fueron contratos firmados por catorce años, y aunque en la Red pensábamos que ya estaban caducando, se han seguido renovando y firmando otros. La Red plantea que los generadores privados no pueden seguir actuando con este tipo de privilegios y que tiene que haber una autoridad que en las actuales circunstancias internacionales -cuando el alza de los precios del petróleo no cesa y no se va a detener, y considerando que el precio de la energía y del petróleo son precios que determinan todos los precios de la economía- anule estos contratos y haga inversiones públicas en la energía. No podemos estar dependiendo de una mafia enquistada en este sector, produciendo una energía cada vez más cara, y para colmo, interesados ahora en ser quienes se apropien de las concesiones para generar las energías alternativas, la hidroeléctrica, la geotérmica y la eólica. Porque a eso es a lo que aspiran ahora.

El tercer eslabón de la cadena es la distribución de la energía. Y aquí es donde aparece Unión Fenosa. Cuando se iba a privatizar la distribución de la energía nos vendieron la idea de que iba a mejorar la calidad del servicio, se iba a ampliar la cobertura y probablemente los precios iban a disminuir. Ése fue el envoltorio con el que nos presentaron la privatización de la empresa distribuidora de la energía eléctrica. En la práctica ha sucedido todo lo contrario: hoy estamos pagando carísimo un servicio deficiente, con el que todos estos “grandes inversionistas” nos trasladan sus ineficiencias.

La empresa española Unión Fenosa vino a Nicaragua en 1987-88 a hacerle a la empresa estatal ENEL una especie de consultoría sobre sus sistemas informáticos y el tipo de software que iban a necesitar para modernizarlos. Después de venderle e instalarle nuevos sistemas, se fueron de Nicaragua con toda la información que necesitaban de nuestro sistema. En 1998 la Asamblea Nacional, con el voto de todos los diputados -liberales, sandinistas, todos- reformaron la Ley de Energía de tal forma que ésta favoreciera la privatización de la distribución. La ley fue hecha deliberadamente con esta intención. En el año 2000 se hizo la licitación para la privatización del servicio y sólo concursó Unión Fenosa, y aunque por sólo haber un único concursante, la licitación debió haberse declarado desierta, Unión Fenosa la ganó. La empresa española creó entonces la ficción de que se trataba de dos empresas, Disnorte y Dissur, para que no apareciera como un monopolio, y “compró” esas dos empresas, creadas previamente y con ese propósito por ENEL.

Por sólo 115 millones de dólares el Estado le “vendió” a Unión Fenosa el sector más rentable de la energía nacional, toda la red de energía montada en el país y todos los activos de la red. En aquel momento, el presidente de ENEL, quien realizó toda esta operación, era el actual Presidente de la República, Enrique Bolaños, entonces Vicepresidente del gobierno de Alemán. Bolaños ha sido el padrino de Unión Fenosa desde que esta empresa llegó a Nicaragua. Y de hecho, cuando Bolaños ganó la Presidencia, una de sus primeras misiones fue viajar a España a negociar con Unión Fenosa.
Les anunció que en sólo unos meses los “apoyaría” aumentando el costo de la tarifa de energía eléctrica.

Y efectivamente, a los seis meses les autorizó el alza de la tarifa. La Red recurrió de amparo, porque no es facultad del Presidente establecer las tarifas, eso es facultad del INE. Nos pasamos nueve meses en un famoso juicio y se lo ganamos. ¿Qué hizo entonces Bolaños? Ordenó a su ministro Eduardo Montealegre que trasladara 12 millones de dólares de recursos públicos a Unión Fenosa como subsidio, sin que esto fuera autorizado por la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea no lo impugnó. Y así quedó. Fue un dinero que se le entregó a Unión Fenosa a cuenta de la venta de Hidrogesa, detrás de la cual estaba, y está, el grupo de Ernesto Fernández Hollman, socio de “La Prensa”, del Banco Uno, de la Coastal Power, y muy cercano a Bolaños. En torno a la energía hay una cantidad de grupos con intereses creados que nunca sabés por dónde saltará la liebre.

En el contrato con Unión Fenosa -que la Red ha cuestionado recurriendo ante el INE, la Contraloría y todas las instancias, y que no logramos todavía que ninguna autoridad revise- se especificaba que si la empresa que ganaba la concesión no era especialista en la distribución de la energía debía contratar
“un operador idóneo”, que pondría el 25% del capital y se llevaría el 2% de la facturación. Pero aunque Unión Fenosa sí era especialista en distribución de energía, se aprovechó de esta cláusula y fabricó una “empresa de papel” llamada Distribuidora de Energía de Nicaragua y la contrató como operador idóneo. Esta empresa fabricada le endosó después las acciones a Unión Fenosa Internacional. Y así, sin haber necesidad de ese gasto, este operador idóneo ha sacado de Nicaragua hasta 2003 más de 2 millones de dólares en ganancias transferidas a España.

Unión Fenosa fue auditada en el período 2001-2003 por el grupo Gaitán y Asociados a solicitud del INE. La Red tiene el resumen ejecutivo de esa auditoría. En ese documento se ratifica lo que la Red ha venido denunciando durante todos estos años: que Unión Fenosa no ha realizado las inversiones a las que se comprometió, que sigue trabajando prácticamente con el mismo tendido, con los mismos cables, con los mismos conductores que encontró, que no ha ampliado la red de distribución y que en algunos barrios o comarcas donde sí la ha ampliado, han participado en esa ampliación el PNUD, CARE, los fondos de contravalor de Japón o de Taiwán, aunque todo eso Unión Fenosa lo contabiliza como inversión propia.

La mayoría de las líneas que hoy conocemos son las de la época de Somoza y en todos los barrios de Managua podemos ver postes podridos, semipodridos, inclinados o a punto de caerse. Al inicio de las lluvias de este invierno hubo apagones motivados por el colapso de las líneas y de los transformadores obsoletos. La auditoría identifica que la principal inversión de Union Fenosa han sido los medidores. La Red también lo ha denunciado: en lo único que han invertido es en instalar medidores de mayor sensibilidad. Pero cuando este tipo de medidores se instalan en casas como las de Nicaragua, que no han hecho una reingeniería en su sistema eléctrico interno, no miden adecuadamente el consumo real de energía. Y eso es lo que ha pasado con muchos usuarios: que con el cambio de medidor se les duplica la tarifa.

Y no porque consuman más. Tampoco Unión Fenosa ha ampliado el servicio: Nicaragua es uno de los países de América Latina con más limitada cobertura eléctrica. En Nicaragua solamente la mitad de la población dispone de energía eléctrica. Unión Fenosa afirma que ellos han hecho crecer el servicio a unos 150 mil usuarios, pero sólo se trata de los que se han legalizado en los asentamientos. Además, nunca tienen en cuenta la tasa de crecimiento de la población. Estamos igual que hace diez años: sólo la mitad de la población nicaragüense goza del servicio eléctrico. El dato más grave que ofrece la auditoría es algo que también la Red ha denunciado: que el nivel de fuga técnica que tiene la distribución de Unión Fenosa no ha variado desde que ellos asumieron el servicio. La CEPAL había hecho el pronóstico de que, con la privatización y para el año 2005, debería haber en Nicaragua un máximo de 15% de pérdidas por fuga técnica. Pero Unión Fenosa se mantiene todavía en el 29-30% de fuga. La auditoría demuestra que, al no haber realizado las inversiones que le habrían permitido mejorar la conducción de la energía, se sigue fugando nada menos que un 30% de la energía que recibe de los generadores. Unión Fenosa se excusa afirmando que la principal pérdida de la empresa la causa el robo de energía de quienes están “pegados” a la red en los asentamientos y la falta de pago o el fraude de los grandes consumidores. En la Red sabemos -por la información de la misma Unión Fenosa y de la CEPAL- que no pasa del 5% la pérdida que se podría atribuir a estos fraudes. Unión Fenosa ha sacado una propaganda en vallas que dice: “La energía que otros se roban usted la paga”. Se trata de una propaganda perversa para echarnos a pelear a los usuarios. Con ella tratan de encubrir sus ineficiencias.

La empresa privada de Corn Island igual: no ha invertido siquiera en el sistema para apagar las luminarias públicas y las luminarias pasan encendidas día y noche. Y ese gasto se lo cargan después a los usuarios en la factura. Pero, ¿qué culpa tienen los usuarios de eso? Eso es responsabilidad
de la empresa. En Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala, los índices de pérdida por fuga técnica andan entre un 8 y un 10%. Esos rangos son aceptables. Si en estos países vecinos andan en esos rangos, ¿por qué le aceptaríamos en Nicaragua uno tan alto a esta empresa? Recientemente, un funcionario del INE/SISEP que llegó como contraparte a defender el alza de las tarifas, dijo que a ellos, como entidad rectora, no les importaba si Unión Fenosa desperdiciaba el 15, el 20, el 40 o el 50% de la energía, porque ellos en la tarifa sólo le reconocían el 15%. La Red le reclamó: A ustedes tal vez no les importa porque ganan muy bien y lo que pagan de energía no les afecta su salario, pero a los usuarios sí nos importa porque si la fuga es realmente del 30%, ese otro 15% que ustedes no les reconocen nos los cobran por otra vía a los usuarios. Y a Nicaragua también le importa, porque esa fuga significa que casi el 30% de la factura petrolera se está desperdiciando. Además de la empresa fabricada como “operador idóneo”, Unión Fenosa creó también en el año 2002 cuatro empresas satélites. Una, que hace los cortes de luz. Otra, que hace las reconexiones a quienes les cortaron la luz. Otra, que trabaja en dar algún mantenimiento. Y otra que distribuye las facturas por las casas. Los trabajadores de estas cuatro empresas no tienen contrato, no tienen prestaciones sociales, trabajan subcontratados y a destajo, ganan una cantidad por cada corte y una por cada reconexión. Algunos de ellos se prestan, por eso, a todo tipo de fraudes y arreglos con los usuarios para no pagar, para pagar menos, para “pegarse”, etc.

Nosotros demostramos que nos están cobrando las fugas y otras ineficiencias con los recibos de cobro de la energía eléctrica desde el año 2001 hasta hoy. Hemos acopiado muestras de recibos en distintos tipos de barrios y queda claro que para los consumidores de menores ingresos el valor de la factura ha subido al menos en 100%. Para los intermedios en 200%. Y para los que consumen más de 500 Kilowatts/hora un 400%.

Si alguien pagaba 500 córdobas de energía y ahora paga 2 mil, ¿cómo se explica, si mantiene el mismo consumo y si la tarifa oficial sólo ha subido como máximo un 20% en todos estos años? De alguna manera, Unión Fenosa o nos cobra más Kw o no lee el medidor o los medidores están mal calibrados o nos cobran otros rubros que no deben cobrarnos. Creemos que los medidores, además de estar destinados a otro tipo de instalaciones eléctricas, están mal calibrados. La Red reclama que los medidores sean regulados por el Estado. Pero también el laboratorio se lo entregaron en concesión a Unión Fenosa. Así, esta empresa importa los medidores que quiere y de donde quiere, los calibra, y los pone y los quita cuando quiere. Son juez y parte en todo el proceso. La Red ha exigido que el usuario pueda contar con un laboratorio estatal o independiente -los hay en el país- donde se le verifique su medidor. Son muchos los cobros indebidos que Unión Fenosa suma a la factura que pagamos los usuarios. El rubro “comercialización” significa simplemente que una de las cuatro empresas satélites imprime la factura y te la lleva a la casa. Solamente por eso están cobrando como mínimo 30 córdobas. En algunos barrios se paga hasta 100 córdobas. También se cobra en la factura “alumbrado público”, aun cuando no lo haya ni en la calle ni en el barrio. Otro cobro indebido es el del impuesto municipal que las empresas deben pagarle a las alcaldías y que en Managua y otros municipios se nos traslada también a la factura que pagamos los usuarios.

Y hablando de cobros indebidos, hay también una gran mentira: se afirma que el 70% de los usuarios
-ahora dicen que casi el 80%- consume menos de 150 Kilowatts/hora. Unión Fenosa empezó diciéndolo y desde entonces lo repiten los ministros, los diputados, los magistrados, el Presidente Bolaños. Sin preguntarse ninguno de dónde salió ese dato. Pero, ¿estaría Unión Fenosa en el negocio de energía si aquí tal cantidad de usuarios consumiera menos de 150 kw? 150 kw significa que en la casa tenés dos bujías y un ventilador.

La realidad es exactamente al revés: ni el 30% de los usuarios consume menos de 150 kw. Los reclamos a Unión Fenosa se han convertido en un martirio. Ninguna autoridad del Estado fiscaliza hoy a esta empresa. Y habría que hacerlo. Porque aunque es una empresa privada presta un servicio público. Y de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, un servicio público, lo brinde una empresa estatal o privada, debe estar siempre garantizado por el Estado para asegurar que sea accesible a toda la población. Petroleras, empresas generadoras de la energía, distribuidores de la energía… Al final de la cadena está el Estado. ¿Qué hace el Estado? En Nicaragua hay al menos cuatro entidades estatales responsables de la energía. Una, la que ha sido el INE y es ahora la Intendencia de la Energía dentro de la nueva SISEP, nacida de las reformas constitucionales y cuestionada por el Ejecutivo. Es el ente rector, el que regula a los generadores, a Unión Fenosa, las tarifas, la transmisión.

La historia gris del INE ha sido favorecer a los generadores y a Unión FENOSA Está también la Comisión Nacional de la Energía. Al frente de ella, don Raúl Solórzano, una reliquia del somocismo en estos asuntos. Su misión es diseñar la política energética del país. Pero hoy por hoy es sólo una especie de edecán de todos los inversionistas que vienen a interesarse en proyectos de generación hidroeléctrica, geotérmica o eólica. La Red plantea que el Estado debe de tener al menos el 50% de cualquier empresa de generación de energía alternativa que se cree en el país. Para no seguir siendo dependientes de los fenicios que llegan a sacar ventaja de un negocio que es cada vez más rentable en todo el mundo. Sin embargo, el responsable de la Comisión Nacional de Energía nunca habla del papel del Estado. Es de este tipo de funcionarios que tanto abunda en Nicaragua: son anti-inversión del sector público, pero son funcionarios públicos, ganan grandes salarios de los recursos públicos y han vivido siempre enquistados en el sector público. Lo que ellos no entienden es la función social del Estado. Está también ENEL, un aparato técnico que se encarga de Hidrogesa, de las plantas de las Minas y de Puerto Cabezas -que aún son estatales-. Siempre están haciendo estudios técnicos que nunca ejecutan. Finalmente, está el Presidente Bolaños.

En el mes de junio, cuando ya se hizo imparable el alza del precio internacional del petróleo, y “para evitar apagones”, el Presidente Bolaños anunció un “estado de emergencia económica” y emitió un decreto aumentando la tarifa de energía eléctrica en casi 12%. Para compensar a Unión Fenosa y a los generadores por sus pérdidas. No le correspondía al Presidente hacer esto, le correspondía al ente regulador. La Red recurrió de amparo y la Corte Suprema anuló el decreto, dentro de la guerra de posiciones políticas que significaron tantas otras escaramuzas en la batalla institucional entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Poco después, la Intendencia de Energía de la recién creada SISEP ordenó un alza de la tarifa de 5.98% más el 1.5% mensual, que en siete meses que quedaban del año sumarían el 13%, casi lo mismo que el alza decretada por el Presidente. La Red recurrió nuevamente a la Corte Suprema, que nos dio la razón en primera instancia. De inmediato, los generadores y Unión Fenosa respondieron con el chantaje de un programa desordenado de prolongados apagones, que duraron más de dos semanas y que agravaron la crisis económica y social del país. Después, por razones de procedimiento de la Corte, llegamos a un trámite de mediación con la Intendencia de Energía de la SISEP a sabiendas de que la Corte iba a fallar en contra de los usuarios, porque en razón del pacto PLC-FSLN están protegiendo a la SISEP, la nueva institución que el pacto creó. Planteamos entonces que podríamos desistir de la demanda, siempre que la SISEP se comprometiera a revisar los costos de Unión Fenosa, haciéndole una auditoria operacional -en la que participen los usuarios organizados- y eliminar a los cobros indebidos que hace a los usuarios y que encarecen la factura.

Lo hicimos así para poner a “prueba” a la SISEP, para que demuestre que es una institución distinta al INE y de beneficio para los usuarios, que fue como nos la presentaron los del pacto. Pero el petróleo siguió subiendo de precio y Unión Fenosa y las generadoras siguieron reclamando compensación por sus pérdidas. Después de los apagones del mes de septiembre, el Presidente Bolaños y los diputados elaboraron y acordaron una ley “de estabilidad energética” que no plantea revisar la cadena energética ni los costos e ineficiencias de Unión Fenosa y de los generadores y sigue privilegiando a la empresa privada a costa del Estado.

Al firmar esta ley, Ejecutivo y Legislativo decidieron, entre otras medidas, entregarle 30 millones de dólares de las utilidades de Hidrogesa a Unión Fenosa y a los generadores, y dejar indexada la tarifa de energía al precio del petróleo. Ya estaba indexada al precio del dólar. ¿Cuál es el drama de todo esto? Que aunque a Unión Fenosa y a los generadores el gobierno les de 50 ó 100 millones es como echarlo a un saco roto. El propio César Zamora -uno de los generadores, el de la Corinto Power, que siempre habla como vocero de Unión FENOSA- admitió en conferencia de prensa que los 30 millones que les iban a dar ya los habían gastado y que la “solución” apenas llegaba hasta el 30 de septiembre.

Y que si no los subsidiaban más, volverían los apagones. Esta generadora es la que vende más cara la energía, porque el 50% de su producción la vende al precio del mercado de ocasión. El drama es que siguen comprando el combustible más caro, que el Estado les sigue pagando un factor de potencia produzcan o no produzcan, y que no le dan mantenimiento a las plantas. Y sin mantenimiento, rinden menos, producen menos. Lo que tendría que hacer Unión Fenosa, si la generación nacional no le suple la energía que requiere, es comprarla en el mercado centroamericano, donde sí hay energía.

Pero Unión Fenosa no lo hace. Unión Fenosa no invierte. Todas las utilidades las manda para España. En cualquier país capitalista, si una empresa entra en crisis, tiene que inyectar capital para continuar, tiene que negociar, calcular precios, idear iniciativas. Cuando hay una depresión económica mundial, todas las empresas se afectan. Aquí no, aquí el Estado les cubre las pérdidas, las subsidia.

Obviamente, la Red va a recurrir contra esta Ley. ¿Cuánto puede durar esta absurda e irresponsable situación? Con lo que estipula la ley “de estabilidad energética” aprobada por la Asamblea Nacional, ¿cuántos nicaragüenses van a poder pagar la energía si el barril de petróleo llega a costar 100 dólares? ¿Cuánto se incrementará la energía, además de con el alza de los precios, con generadores térmicos ineficientes, y con una Unión Fenosa que derrocha el 30% de la energía?

Nuestra apuesta es que Unión Fenosa se desgaste y que los usuarios contribuyamos a ese desgaste reclamándoles que nos devuelvan los impuestos que nos cobraron de más, reclamándoles que no nos cobren la comercialización, reclamándoles que no nos cobren “energía no registrada”, reclamándoles que calibren de otra forma los medidores, reclamándoles todos los cobros indebidos. Reclamándoles también que expandan el servicio de energía eléctrica. Tan compleja es la crisis que estamos convencidos de que Unión Fenosa se va a tener que ir de Nicaragua. Porque no tiene posibilidades de mantener niveles de ganancia en un país con salarios tan bajos y con una población tan empobrecida. Si ninguna autoridad los obliga a ser más eficientes, a bajar sus costos, a bajar las tarifas, las tarifas irán para arriba.

¿Y qué va a hacer la gente? Pegarse. Te cortan, te volvés a pegar. Yo estoy segura de que la mitad de la gente a la que le corten la energía por falta de pago, de alguna manera se las va a ingeniar para tener energía aunque sea un rato. Y Unión Fenosa tendrá que contratar más gente para andar vigilando los barrios. Ya lo hace en algunos barrios de Managua, donde sus brigadas pasan dando vueltas y patrullando para que no haya robos.

Nosotros calculamos que Unión Fenosa, que tan poco ha invertido -y que en los tres primeros años recuperó la inversión que hizo- no va a invertir más en Nicaragua. Calculamos que se piensan ir del país y que diseñaron la empresa para traspasarla al Grupo Pellas. Pero antes de irse, lo que quiere Unión Fenosa es crear las condiciones para cobrar el seguro que establecía el contrato. Un seguro por más de 100 millones de dólares que Nicaragua tendría que pagarles si decide nacionalizar la energía, tal como ya mucha gente está reclamando. En la Red lo que planteamos es que antes de esa nacionalización se revise el contrato de concesión a Unión Fenosa para demostrar que no se cumplieron los compromisos de esta transnacional y se les cancele el contrato.

Sin cancelarlo, exigirán que se les paguen esos 100 millones de dólares. Se trata de un seguro oneroso que la banca internacional obliga a los gobiernos a entregar a las empresas transnacionales que “invierten” en nuestros países cuando se retiran. Estos seguros aparecen en los Tratados de Libre Comercio. Con todo lo que está pasando -la subida del precio del petróleo, la amenaza de los apagones, el aumento de la tarifa-, creemos que existe ahora un poquito de más conciencia en la población: tenemos que encontrar una salida distinta. Y entre algunos diputados, la Red ha encontrado una más adecuada percepción y mayor sensibilidad.

En Nicaragua, las opiniones hoy están divididas. La gente que tiene con qué pagar dice: Súbanme la tarifa, lo que no quiero son apagones. Pero el grueso de la gente, que no tiene mucho dinero, dice otra cosa: Estamos claros que está subiendo el petróleo y que tiene que subir la tarifa, entonces racionen, cumpliendo con el horario de racionamiento, no haciéndolo muy largo y no racionando dos veces al día… ¡pero que no nos suban la tarifa! ¿Y qué va a pasar si se va Unión Fenosa de Nicaragua? De la República Dominicana se tuvieron que ir. Y por las mismas razones que se tendrán que ir de aquí.
Las acciones de resistencia allí fueron por los mismos cobros indebidos, por la misma ineficiencia y falta de inversión. Es la misma empresa insensible e ineficiente en todas partes, con los mismos métodos, los mismos procedimientos. Unión Fenosa se fue y dejó desarticulada la red y el gobierno está todavía en la fase de rearticularla.

En Nicaragua no va a haber caos cuando Unión Fenosa se vaya. El personal que tiene actualmente es prácticamente el mismo que tenía ENEL. Es más, la mayoría de los funcionarios del INE son los funcionarios de Unión Fenosa, especialmente después de que se fue el español que actuó como primer gerente de la empresa, al que le dieron orden desde España de incluir a más nacionales, porque tenía a unos 50 españoles viviendo en hoteles y ganando hasta ocho mil dólares al mes. Son nicaragüenses quienes manejan hoy el sistema y saben cómo opera. No hay que tener temor, no habrá un caos si se va Unión Fenosa. Nos estamos acercando al caos con ellos o sin ellos. Si se va Unión FENOSA lo que se irá es la cúpula de la empresa. Todo lo demás quedaría igual.La lucha por cancelarles el contrato es factible. Hay que lanzar esta idea, popularizarla. Unión Fenosa no es una empresa querida por sus propios trabajadores. Los sindicatos tienen temor. La Red ni siquiera se puede reunir con ellos, porque como la Red tiene la fama de que a donde va consigue información -Unión Fenosa se queda sorprendida de todos los datos que tenemos-, a los trabajadores los ha organizado de manera que el trabajador del nivel A no sabe lo que hace el del nivel B ni el del nivel C.

Hay una segmentación del proceso de trabajo para que los trabajadores no sepan más que lo que estrictamente tienen que saber. La Red piensa que en el año 2006, que es año electoral, tenemos que exigirle a todos los que quieren ser Presidentes de la República que digan qué compromiso van a asumir con el problema energético del país. Exigirles que nacionalicen la energía. O si no, que la distribución no sea un monopolio y que sea como es en Panamá, donde hay cinco empresas distribuidoras. Exigirles que como Estado inviertan en otras empresas que empiecen a cubrir determinadas áreas.

Se alega que el Estado va a ser ineficiente. Pero las empresas estatales funcionan bien si hay voluntad política de que el servicio público se administre bien, si el funcionario es un servidor público que cumple y que tiene planes y metas, si al funcionario que es malo lo botan y si malversa lo enjuician. Pero para lograr todo esto los usuarios y los consumidores deben estar organizados. Lo que ya tenemos visto en Nicaragua es que los servicios públicos en manos de transnacionales y de privados ineficientes son peores que en manos del Estado. Hacer funcionar bien al Estado es también un reto para los ciudadanos.

En cualquier país del mundo el Estado puede funcionar mal o funcionar bien. En Costa Rica el Estado ha asumido los servicios públicos y funcionan bien. En New Orleans, con el huracán Katrina, los servicios públicos de Estados Unidos funcionaron mal. En muchos países hay experiencias de buena gestión pública y hay que aprender de ellas. Creo que en Nicaragua tenemos muchos retos en este sentido y creo también que tenemos hoy a gente suficiente y dispuesta a comprometerse para que el Estado de Nicaragua funcione mejor.El problema no es sólo que Unión Fenosa se vaya. El problema de fondo es qué van a hacer ante la crisis de nuestro sistema energético quienes hoy tienen el poder. Estamos inmersos todos los países en una gran oleada neoliberal. Con una gran desventaja en nuestro país: la “gran empresa” es tan subdesarrollada, tan miope, tan parasitaria, que es casi imposible hacer con ellos planteamientos nacionalistas. La mayoría están dispuestos a venderle la empresa,
la concesión, la licencia que tienen a la primera transnacional que se presente. Además, hay diputados vinculados a los grupos que están en la generación y en la transmisión de la energía y también en los proyectos transnacionales para la privatización del agua. El agua es tan crucial como la energía. En este tema hemos logrado crear un nivel de conciencia más complejo, y ha habido y hay ya más voces críticas. Y hay propuestas. Con eso hemos evitado, hasta el momento,
la privatización del agua. Llevamos ya tres años luchando por esto y ha habido una cierta capacidad de reacción. Hay un cierto movimiento de resistencia que pensamos va a crecer. Nuestra lucha comenzó hace tres años cuando la Red presentó un anteproyecto de Ley General de Aguas.
El diputado Jaime Morales Carazo, quien dirige la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Nacional, tuvo una posición positiva, nos llamó a que expusiéramos nuestros puntos de vista. Hemos tenido muchas reuniones y han sido receptivos, aunque no a todo el anteproyecto, sí a una buena parte de nuestros aportes, con los que han corregido su propio anteproyecto de ley.

Nuestro anteproyecto de Ley General de Aguas no era el que esperaban los diputados. Esperaban que sólo reclamáramos por el agua potable. Pero nuestro planteamiento es más amplio. Planteamos que lo primero que hay que hacer en Nicaragua es proteger todos los recursos hídricos: las cuencas, todos los cuerpos de agua y también el agua subterránea. Nicaragua tiene mucha agua, pero la mayoría está contaminada o en vías de contaminarse, y con los niveles de deforestación, el tráfico de madera, las agresivas prácticas agrícolas de los campesinos y la ampliación de la frontera agrícola, en menos de 20 años estaremos convertidos en un desierto.

En segundo lugar, planteamos que haya una autoridad del agua que, entre otras atribuciones, regule cómo usarla, cómo revertir los procesos de contaminación y cómo cuidar el uso del agua del subsuelo. Un ejemplo de un grave desorden actual: la empresa lechera Parmalat, la cervecera Victoria
y la Coca-Cola han abierto, sin autorización y sin licencia de nadie, varios pozos para sacar agua, envasarla y venderla. Les resulta un negocio más rentable que sus negocios originales y hoy están vendiendo más cara el agua embotellada que la cerveza, la gaseosa y la leche. Y no han pagado nada por esos pozos “privados”, que debían nacionalizarse. Y están dejando sin agua de consumo humano a varias comunidades de los barrios orientales de Managua.

El anteproyecto contempla también que en el proceso de regulación del uso de los cuerpos de agua haya un estudio de factibilidad que determine si esa agua se puede usar con tal o cual vocación, estableciendo una jerarquía de prioridades, siendo siempre la número uno el consumo humano.
De tal manera que no se pueda autorizar un riego o una hidroeléctrica ni otro uso si en esa zona hay comunidades que se quedarían sin agua. Los estudios también deben garantizar que no se dañe el medio ambiente. Además de hacer todos los estudios y contar con todos los permisos, planteamos que el Estado sea dueño de al menos el 70% de la generación hidroeléctrica. Algunos de estos planteamientos no fueron retomados en el anteproyecto que los diputados tienen ya aprobado en lo general, pero lo que ya tienen aprobado permitiría al Estado ejercer un mayor control que el ejercido hasta ahora. Hay en la ley unos cinco o seis artículos que nos parecen todavía bastante peligrosos y por los que hay que seguir presionando. La Red está luchando por eso y para que la ley se apruebe antes de la ratificación del TLC con Estados Unidos, para impedir la privatización del agua por esa vía.

La energía y el agua son dos recursos muy rentables y no es casual que las transnacionales vengan a nuestro país a apropiarse de ellos. Pero estamos aún a tiempo. Los nicaragüenses tenemos todavía suficientes recursos para forjar nuestra propia estrategia energética y de agua, una estrategia verdaderamente nacional.

Lo que necesitamos son gobernantes y una clase política con otro tipo de actitud y de compromiso con Nicaragua. Lo que necesitamos son organizaciones sociales que luchen, que presionen, que se informen, que hagan propuestas. Todavía hay posibilidades de revertir un futuro trágico para Nicaragua. Tenemos posibilidades de producir energía limpia y sostenible. Tenemos posibilidades de tener agua en abundancia. Y el país que tenga agua y energía va a tener una posición ventajosa en el mundo global en el que ya estamos viviendo.

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