Guatemala
Pobreza: protagonista de la postguerra
Cuando ya la guerra no protagoniza, aparece en escena, sin discusión, la pobreza inmerecida de demasiada gente. Pero hay conciencia de este problema y hay esfuerzos que intentan sembrar diferencias fundamentales con el pasado.
Juan Hernández Pico, SJ
El retroceso de Guatemala en el informe sobre desarrollo Humano fue la noticia más significativa en el país en el mes de junio. Según este Informe, que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica anualmente, Guatemala ha descendido 17 puestos desde 1990 primer año en que el informe vio la luz hasta 1997. Guatemala ocupa hoy el puesto 117 de un total de 175 países clasificados. En América Latina y el Caribe, tiene por debajo solamente a Nicaragua (127) y a Haití (156).
La esperanza de vida de los guatemaltecos al nacer es de 65.6 años (68 las mujeres) y la tasa de alfabetización de adultos llega sólo al 55.7%. Sólo un 2% de la población lee diarios y sólo un 5% ve televisión. Sólo un 57% de los guatemaltecos tiene acceso a servicios de salud, un 64% goza de agua potable y un 59% de alcantarillado. Hay en el país un 22% de niños de un año que todavía no está totalmente inmunizado contra la tuberculosis y un 25% que no lo está contra el sarampión. Casi un 4% de la población guatemalteca es discapacitada. En el país existen 4 mil habitantes por médico (4 veces más que en Costa Rica) y 7 mil 43 habitantes por enfermera o enfermero (más del triple que en Costa Rica). La fecundidad promedio de las mujeres es de 5.3 hijos.
Gasto social reducidoOtros estudios del Banco Mundial y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) arrojan más datos alarmantes. En el estudio Pobreza, Desigualdad y Formación de Capital Humano, 1950 2025, el Banco Mundial señala que el mayor porcentaje de población que vive en pobreza en América Latina y el Caribe se encuentra en Centroamérica: un 60%. De ella, el 36% vive en la extrema pobreza. El Banco Mundial usa como límite de pobreza un ingreso de 2 dólares diarios por persona, mientras que la línea de la extrema pobreza la sitúa en el ingreso de sólo un dólar por persona al día. En los países andinos el 44% de la población vive en pobreza y el 25% en extrema pobreza. Para el Caribe, las cifras son 38% y 19%. En Brasil, 35% y 23%. En México, 26%y 17%. Y en los países del Cono Sur, 10% y 5%.
En su estudio de 1996, Panorama Social de América Latina, la CEPAL indica que Guatemala es el país de América Latina con el menor gasto social como porcentaje del PIB y el país con menor gasto social per cápita. En el período 1994 95, Argentina gastó alrededor de 700 dólares per cápita y Costa Rica unos 400, mientras que Guatemala no llegó a gastar ni 50 dólares.
Una economía arrasadaEsta acumulación de dramáticas informaciones han impactado en el país. Funcionarios del gobierno las acogieron con filosofía, atribuyendo su peso fundamental a los estragos producidos por el prolongado conflicto armado al que se puso fin con la firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996.
Pero declaraciones del Canciller Eduardo Stein ubicaron exactamente el problema: reafirmó que una de las realidades más graves que el país enfrenta es la preponderancia de la inversión financiera especulativa sobre la inversión productiva. Una observación que está apuntando a las raíces de lo que la misma CEPAL llama "la capacidad que tiene el 10% de mayores ingresos en América Latina para sostener o acrecentar su participación en el ingreso total", mientras que se mantiene o deteriora "la participación del 40% de los hogares más pobres en ese ingreso". La CEPAL se fija así en la persistencia de enormes desigualdades en la distribución de la riqueza.
El señalamiento de Stein coincide también con la predicción del director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, de que "la próxima crisis económica internacional comenzará con una crisis bancaria", porque una gran cantidad de bancos y otras instituciones financieras en el mundo "no han ampliado su base de capital para reflejar su mayor tamaño" y su mayor importancia económica, especialmente en los países en desarrollo. Transitan así peligrosamente por la vía de la inversión especulativa, que multiplica el dinero, pero no la base de riqueza que se supone representa el dinero.
¿Aumentar impuestos?En lo que se refiere al problema económico social del país, los a cuerdos de paz plantean la necesidad de elevar la carga tributaria en un 50%. Plantean que los impuestos pasen de ser el 8% del PIB al 12% para el año 2000. Desde que este acuerdo se firmó, tanto la comunidad internacional como la URNG no han cesado de recordar al gobierno y al país su prioridad. Más aún, parecería que los 1 mil 900 millones de dólares prometidos en enero, en Bruselas, por la comunidad internacional al gobierno para poder llevar a la práctica los compromisos concertados en los acuerdos de paz, están condicionados al logro de esta significativa elevación de los ingresos fiscales del Estado. Así lo han comunicado tanto el Ministro holandés de Cooperación para el desarrollo como el Director del FMI y el Vicepresidente de la Unión Europea.
El recuerdo apremiante de este compromiso coloca al gobierno de Arzú ante un dilema de difícil solución: tiene que cumplir con la meta de un ingreso fiscal notablemente mayor que el actual para poder asegurar la inyección de los fondos internacionales que permitan llevar a la práctica el proyecto de nación renovada contenido en los acuerdos de paz. Pero si ese aumento del ingreso fiscal no se logra mejorando los métodos de recaudación, puede implicar aumento o creación de nuevos impuestos, lo que podría desembocar en una mayor evasión o en una contracción de la inversión privada.
El esfuerzo del Ministro de Finanzas, José Alejandro Arévalo, está encaminado a mejorar la actual recaudación de impuestos, haciéndola más eficiente con la creación de una Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El ministro pretende ampliar los márgenes de confianza de los contribuyentes, estrechar la amplia puerta por la que tradicionalmente se ha colado la evasión y reformar algunos de los impuestos ya existentes. Pero la creación de la SAT depende de que el ministro logre superar en el Congreso la oposición sistemática con la que la segunda fuerza parlamentaria, el FRG de Ríos Montt, bloquea las iniciativas gubernamentales de ley que requieren de mayoría cualificada para su aprobación.
¿Privatizar o no?Guatemala se encuentra también confrontada con el problema del destino de los activos del Estado. Especialmente, la generación y distribución de la energía, las obras públicas infraestructurales que mejoren la conexión de las diferentes regiones del país entre sí y con el exterior, y las comunicaciones telefónicas, postales, etc. Todos en Guatemala están de acuerdo con la imperiosa necesidad de modernizar estos servicios. La divergencia empieza a la hora de determinar los métodos para alcanzar esa modernización.
El gobierno está empeñado en un proyecto privatizador, sobre todo de la Empresa Eléctrica (EEGSA), de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL) y de los fondos de pensiones para los jubilados, así como de todo el sistema de seguridad social. Además, ha cerrado ya la Dirección General de Obras Públicas y contrata con compañías privadas de construcción las importantes obras que se están realizando en carreteras y caminos.
Varios de los partidos de oposición, incluidos los de centro y derecha que llevaban la privatización de estos activos estatales en sus programas electorales de 1995 se oponen ahora al proyecto del gobierno, alegando precipitación y falta de transparencia. La izquierda no presenta una postura opositora de principios en contra de la privatización. Cuestiona, sí, la venta de activos del Estado que, como GUATEL, son básicamente rentables y pueden serlo más; duda de que la privatización pueda lograrse sin favorecer un oligopolio privado de telecomunicaciones, peor que el monopolio estatal, que dejaría a los usuarios sin ninguna defensa contra alzas desmesuradas en las tarifas de los servicios; y teme que el Estado prefiera la venta de activos como solución al pago de su deuda interna, en lugar de abordar en serio una reforma tributaria. Estos cuestionamientos los expresó la dirigencia de la URNG el 15 de abril en su declaración política Riesgos y peligros para la democracia y la paz: éste es un momento crucial; y el 25 de abril en su llamamiento para el Primero de Mayo.
En cualquier caso, la venta de las instituciones autónomas estatales requiere de un voto cualificado en el Congreso. La dificultad de lograr este voto alrededor del proyecto gubernamental, y la incapacidad de llegar a negociaciones legislativas que incorporen al proyecto gubernamental enmiendas provenientes de propuestas de la oposición, han llevado al gobierno a pretender salir del estancamiento a través de una modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, para la que bastaba la mayoría absoluta de los parlamentarios del partido de gobierno (PAN). Pero las modificaciones a esta ley han sido objetadas ante la Corte de Constitucionalidad.
Para complicarlo más, el presupuesto de 1997 se elaboró contando ya con los fondos que saldrían de la venta de activos del Estado, procedimiento que fue cuestionado en su momento por no pocos diputados de la oposición. Fue en este empantanamiento del gobierno que se produjo la iniciativa del vicepresidente Luis Flores de convocar a los encuentros de actualización, con la propuesta de que el primer tema a tratar fuera la modernización del Estado.
Desarrollo: ¿qué recursos?De fondo, está la insoslayable necesidad de una contribución estatal al desarrollo humano de Guatemala, que va a resultar bastante costosa. ¿De dónde saldrán los recursos para cumplir con los a cuerdos de paz en esta materia? Eso es lo que está en juego. Los acuerdos de paz registran el compromiso mínimo de que el gobierno incremente "para el año 2000 el gasto público ejecutado en educación en relación con el PIB en 50% respecto del gasto ejecutado en 1995", tendiendo a que ese porcentaje se eleve si se produce una evolución exitosa de la recaudación fiscal.
Ese gasto educativo público mayor se necesitará para, entre otros compromisos concretos, "facilitar el acceso de toda la población entre 7 y 12 años de edad a por lo menos tres años de escolaridad antes del año 2000", para "ampliar el porcentaje de alfabetismo a un 70% para el año 2000", para programas "de educación, capacitación y tecnificación de adultos", y para "programas de capacitación en las comunidades y empresas para la reconversión y actualización técnica de los trabajadores".
El mismo aumento del gasto público debe realizarse también, según los acuerdos de paz, en el campo de la salud. En particular, el compromiso se concreta en dedicar al menos la mitad del gasto público en salud "a la atención preventiva y a reducir la mortalidad infantil antes del año 2000 a un 50% del índice observado en 1995", así como a certificar la erradicación del sarampión para el año 2000. Compromisos de un alcance social similar se programan en los acuerdos de paz alrededor de la seguridad social, la vivienda, el fomento del empleo y "la transformación de la tenencia y el uso de la tierra", con el objetivo de incorporar a "la población rural al desarrollo económico, social y político".
Todo esto supone ingentes recursos económicos. Sólo hace falta pensar en los costos de la política de modernización agraria, de la constitución de un fondo de tierras, del otorgamiento para 1999 a pequeños y medianos campesinos legalmente organizados de cien mil hectáreas para el manejo de recursos naturales, de los programas de inversión pública entre 1997 y 2000 en las zonas más pobres del país, del desarrollo rural con énfasis en infraestructura básica, de los programas de capacitación y crédito rurales, y especialmente de las nuevas instituciones que deben ser creadas para la resolución de conflictos y litigios de tierras, así como para levantar a partir de 1997 un nuevo registro y catastro modernizado y obligatoriamente actualizable.
Los últimos conflictos de tierras en el occidente del país, especialmente en el departamento de San Marcos, así como los conflictos de límites entre comunidades de los departamentos de Sololá y de Totonicapán, con el costo de diez muertos, avalan la urgencia de la puesta en práctica del proyecto de modernización agrícola y de acceso a la tierra y a los recursos naturales, contenido en los acuerdos de paz.
Tarea muy arduaA juicio del Canciller Stein, para ofrecer al país la garantía de un estado modernizado, capaz de ponerse a realizar eficiente y eficazmente los compromisos contenidos en los acuerdos de paz, es impostergable abandonar la ruta de los subsidios financiados con un exagerado endeudamiento interno y emprender la tarea de "reducir la deuda interna y equilibrar las finanzas públicas".
Dado que la población resiente, sobre todo, los problemas económicos y los de seguridad, y que a juicio de Stein , una vez acabada la guerra, son estos temas de gran preocupación los que han sido objeto de una "crítica pública más intensa que nunca", las reformas estructurales a largo plazo que el gobierno está intentando presagian "una etapa muy ardua, muy dura, en donde tenemos que trabajar esforzadamente, corregir distorsiones y vicios muy agudos del pasado". Lo que está hoy más claro que nunca es que la tarea de reestructurar la economía con sostenibilidad y equidad es enorme, par tiendo de un gran atraso y de una aplastante falta de justicia social.
Tres ex ComandantesEl 30 de junio es el Día del Ejército. Tradicionalmente es feriado y se celebra con esplendor bélico. En la jornada suelen darse los cambios, ascensos y pases a retiro de la oficialidad. Las ceremonias suelen estar presididas por el Presidente de la República como Comandante en Jefe del Ejército.
El 30 de junio, hace 19 años, murió asesinado el primer sacerdote católico víctima de la represión en Guatemala, el padre Hermógenes López Coarchita, en aquel entonces párroco de un municipio cercano a la capital, San José Pinula. Hermógenes, pastor sencillo y cercano al pueblo, había denunciado en voz alta no pocas veces incluso en declaraciones en los diarios la costumbre inconstitucional de reclutar a la fuerza a jóvenes del área rural. Desde hace algún tiempo, el 30 de junio coinciden el desfile militar y la peregrinación de activistas religiosos y de derechos humanos desde el lugar donde en 1990 un especialista del Estado Mayor Presidencial asesinó a la antropóloga Mirna Mack hasta el templo donde se celebra una misa en honor de los mártires guatemaltecos.
Este año el desfile militar no fue en el Campo de Marte, sino en la Plaza de la Constitución, en el parque central, ante la fachada del Palacio Nacional. Como para destacar con énfasis la sujeción del ejército al poder civil en el símbolo de su Comandante, el Presidente de la República.
Por primera vez el tono del desfile no lo dieron los armamentos más o menos sofisticados ni las caras pintarrajeadas de negro de las tropas especiales de contrainsurgencia, los temidos kaibiles. Desfilaron las primeras mujeres cadetes, alumnas de la escuela politécnica, desfilaron unidades de ingeniería del ejército, con los carros que usan en tareas agrícolas y en la construcción. Desfilaron las unidades de cuidado ambiental y las de atención médica a la población. Naturalmente, también evolucionaron en los aires aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea. Pero el énfasis fue claramente diferente al de otros años: desfiló un ejército para tiempos de paz, desprovisto de arranques bélicos y revestido de propósitos cívicos.
Pero la sorpresa mayor del desfile estuvo en la tribuna de honor. Al lado del Presidente y Comandante en Jefe y de su esposa, del gabinete y del alto mando del Ejército, tres de los cuatro ex Comandantes de la URNG fueron invitados especiales del Presidente y del Ministro de la Defensa, General Julio Balconi. Los ex Comandantes guerrilleros Ricardo Ramírez (Rolando Morán), Jorge Ismael Soto (Pablo Monsanto) y Ricardo Rosales (Carlos González) estaban allí. Notoriamente ausente, Rodrigo Asturias (Gaspar Ilom). Ningún otro político guatemalteco no gubernamental de cierto peso estaba en la tribuna. Al terminar el acto, el Presidente dio a los dirigentes de la URNG un cordial abrazo.
URNG: nuevo partidoA mediados del mes de junio, estos tres ex Comandantes de la URNG, electos dos de ellos como presidente (Ricardo Ramírez) y vicepresidente (Jorge Soto) de la directiva provisional de la URNG, se dirigieron al Registro de Ciudadanos para formalizar las primeras diligencias que conducirán a la URNG a constituirse en un partido político. Además de dejar constancia en escritura pública de nombre, siglas, emblema, principios y fundamentos ideológicos, postulados políticos, económicos, sociales y culturales, estatutos y representante legal, deberán reunir una lista de 4 mil 162 ciudadanos empadronados que, en forma proporcional, representen a no menos de 50 municipios de 12 de los 22 departamentos del país.
La izquierda política de Guatemala cuenta ahora con tres agrupaciones: el Frente Democrático para la Nueva Guatemala (FDNG), que ya es partido; y otras dos en camino de ser partidos, la URNG e Izquierda Unitaria. ¿Llegarán a unirse o competirán en la arena política? Es aún prematuro el decirlo. A juicio de Jorge Soto, las divisiones de la izquierda en Guatemala no tienen su raíz en "diferencias políticas o ideológicas, porque en el fondo se quiere lo mismo, se dan más bien por el protagonismo". Otros afirman que las diferencias se deben al autoritarismo de los actuales dirigentes y a sus deficiencias éticas, simbolizadas, por ejemplo, en la negación de la existencia del misterioso Mincho, un supuesto guerrillero de la URNG presuntamente desaparecido con ocasión de la captura del comandante Isaías, jefe de la célula secuestradora de Olga de Novella en octubre de 1996.
Presencia y ausenciaMiembros de izquierda de la sociedad civil guatemalteca no comprendieron el por qué de la presencia de los dirigentes de la URNG en la tribuna presidencial en el Día del Ejército y el por qué de su ausencia en la peregrinación en memoria de los mártires.
Entre quienes han mostrado su desagrado por esta contradicción está la presidenta de la Fundación Mirna Mack y premio alternativo Nobel de la Paz, Helen Mack; y el columnista y antiguo dirigente sindical socialcristiano, y disidente de la URNG, Miguel Angel Albisúrez. Otros piensan que los dirigentes de la URNG acertaron al sellar con su presencia tanto la reconciliación con sus antiguos enemigos militares como la preponderancia civil sobre el ejército. En cualquier caso, no parece lejos de la verdad el que la invitación del Ministro de Defensa a los dirigentes de la URNG para ocupar asientos en la tribuna presidencial pudo ser la gota que rebasó el vaso y provocó su destitución tres días más tarde.
Cambios en el EjércitoOtra sorpresa del Día del Ejército fue el hecho de que ese día no hubiera cambios en la cúpula de la jerarquía militar. El Presidente parecía haber confirmado en sus cargos al Ministro de Defensa, General Balconi, al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General Camargo y al Inspector General del Ejército, General Pérez Molina, cuando tres días más tarde destituyó al Ministro de Defensa y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa sin nombrar como Ministro ni al General Camargo ni tampoco al General Pérez Molina.
Numerosos analistas compiten en demostrar con alardes de conocimiento interno del ejército y de la política guatemalteca lo que hay detrás de estos cambios, esperados por un lado y, por el otro extemporáneos a la hora de producirse. Lo más probable es que durante algún tiempo no sepamos todas las razones o las verdaderas razones. La más aducida ha sido que el Presidente encontró ya contraproducentes o intolerables las discrepancias, reales o al menos profusamente publicitadas, entre los Generales Balconi y Camargo, y por eso los habría relevado de sus puestos a ambos en forma fulminante. Con ello habría mostrado, además, que no es Comandante en Jefe del ejército nominalmente, sino que tiene respaldo para ejercer el poder de su cargo porque ha logrado establecer con firmeza su autoridad en el otrora "deliberante" ejército de Guatemala.
Por otro lado, el Presidente habría saltado por encima del General Otto Pérez Molina de la misma promoción de los dos militares destituidos para nombrar a otros oficiales superiores que no han tenido protagonismos en la negociación de los acuerdos de paz y que no tienen un liderazgo en el ejército comparable al de Pérez Molina.
Todo esto dejaría al Presidente Arzú como verdadero árbitro de las relaciones de fuerza dentro del ejército, habiéndolas reducido, al menos de momento, a estrictas relaciones de disciplina jerárquica. Así, las habría conformado en la práctica con los principios que la teoría militar sostiene. De confirmarse esto, el movimiento presidencial fue audaz y no exento de riesgos.
¿Astucia presidencial?Otros analistas piensan que el Presidente Arzú procedió conforme a parámetros más astutos, reproduciendo el patrón que ya inauguró cuando nombró en la cúpula del ejército a dos militares de características contrapuestas, para equilibrarlos así en un juego de opiniones y consejos complementarios, y a veces conflictivos. En aquel momento se trató de Julio Balconi Turcios, militar negociador, protagonista de los acuerdos de paz, sereno y moderado, pariente no tan lejano del legendario guerrillero Turcios Lima; y de Sergio Camargo Muralles, militar más belicoso, recién salido de una comandancia de campo, más en contacto con los protagonistas de la guerra.
Ahora, el presidente se decidió para Ministro de Defensa por el General Héctor Barrios Zelada, con fama de intelectual y organizador de la formación académica de altos oficiales. Barrios ocupaba el puesto de comandante de uno de los cuarteles más prestigiosos en el ejército, el Mariscal Zavala. Como Jefe del Estado Mayor de la Defensa Arzú se decidió por el General Marco Tulio Espinoza, con fama de astucia e intriga en la organización de servicios de inteligencia militar, sobre todo últimamente desde su puesto de Jefe del Estado Mayor Presidencial. En este puesto se ganó la animosidad de muchos, pues a él se le atribuyó la ocupación en 1996 del Congreso con efectivos militares, cuando se discutía la ley que restringe ciertos derechos de organización sindical. También se le atribuye a Espinoza la organización del comando antisecuestros presuntamente responsable de la desaparición de Mincho.
Con esta astuta movida, el Presidente Arzú habría conseguido retirar de su inmediata cercanía al general Espinoza y degradar de rango al Estado Mayor Presidencial, pues ha nombrado para suceder a Espinoza a un coronel y no a un general, lo que podría ser el principio del fin del Estado Mayor Presidencial, institución supermilitarizada en su actual estructura. Otros observadores de la escena guatemalteca achacan al Presidente el haber cedido a la fascinacion que ejercería en él Espinoza y el no haber aprovechado los cambios para, con la misma demostración de su autoridad, prescindir de un militar sospechoso de haber autorizado la que ya se conoce como la última desaparición forzosa de la guerra, la de Mincho.
De entre las filas de quienes critican a los dirigentes de la URNG por su presencia en la tribuna presidencial el Día del Ejército han surgido críticas contra el Presidente Arzú por el nombramiento de Espinoza. Mientras la Secretaría General de la ONU afirman publica la destitución de los empleados de MINUGUA supuestamente involucrados en haber omitido investigar de oficio la presunta desaparición de Mincho, el Presidente de Guatemala estaría premiando con una promoción al presunto autor intelectual de ese hecho.
"Ese país distinto"Los complejos entramados del poder se resisten a veces a un análisis monocolor. Este parece ser el caso de los cambios en la cúpula militar guatemalteca. Lo importante es que esos cambios favorezcan la progresiva desmilitarización del país, que, junto a otros muchos cambios, si son lo suficientemente profundos, requerirán de esfuerzos prolongados de prudencia, tino y audacia.
Algo se ha avanzado. El Canciller Eduardo Stein declaró que "si no hubiese movimientos en la dirección correcta en este proceso y si no hubiese un esfuerzo de decantamiento, creo que una buena cantidad de guatemaltecos nos habríamos ido ya. Porque algunos de nosotros, y eso lo puedo decir sin que suene presuntuoso, no nos sentimos comprometidos con un gobierno de cuatro años. Esta administración se trazó como uno de sus objetivos fundamentales el sentar las bases para una transformación del país en un plazo muchísimo mayor que sus cuatro años de responsabilidad. Con ese país distinto es con el que uno se siente comprometido. Una nación no se cambia por decreto".
Palabras así son palabras mayores. Nadie tiene derecho a desear que sean inauténticas o excesivamente idealistas. O que se vengan a pique por politiquería o arrogancia.
En Guatemala la gran protagonista es hoy la pobreza inmerecida de demasiada gente. Pero no deja de haber conciencia de los problemas y no deja de haber esfuerzos que intentan comenzar a sembrar diferencias fundamentales con el pasado. Son semillas de esperanza.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica