El impenetrable muro construido por los ricos

Es sólido el muro que los ricos de Guatemala han construido entre ellos y la población guatemalteca. Violencia y pobreza crean un círculo vicioso del lado del muro en donde sobreviven los pobres. Mientras, el lado de los ricos se consolida con el capital oligárquico clásico, con el capital emergente de los advenedizos y con el capital delincuencial del crimen organizado.

Juan Hernández Pico, SJ

Cuando el Director Ejecutivo del FMI, Rodrigo Rato, llegó a Guatemala, expresó claramente que este país no puede funcionar si el Estado sigue sin recaudar los impuestos que necesita para poder programar un gasto social mayor
y contribuir así a disminuir las enormes desigualdades. Un correctivo así no lo recibían los empresarios de este país desde los tiempos de la CEPAL de la “sustitución de importaciones” de Raúl Prebisch. Ni los empresarios clásicos -los que conforman la oligarquía de siempre- ni los empresarios emergentes -los advenedizos de la segunda ola-.

Cada vez más, este gobierno esclarece con sus actos su dependencia de los empresarios clásicos y, sobre todo
de los intereses geoeconómicos y geopolíticos de Estados Unidos. Y así responde al FMI, por boca de la ministra de Finanzas, afirmando que no va a aumentar los impuestos y, por boca del Vicepresidente de la República, que los damnificados por la tormenta tropical “Stan” tendrán que esperar un año más antes de poder contar con viviendas dignas o que hablar de reforma agraria es jugar irresponsablemente con reacciones semejantes a las que causaron los movimientos revolucionarios.

Es impenetrable el muro que los ricos han construido históricamente entre ellos y la mayoría de la ciudadanía guatemalteca. Y, lo que es peor, el muro que pretenden seguir construyendo en el futuro previsible. Es un muro construido con violencia y pobreza. Es, como otros muros del mundo, un muro de la vergüenza que mantiene a los pobres del otro lado, en la orilla de la pobreza y envueltos en el torbellino de la violencia.

Este año se cumplirán diez años de los Acuerdos de Paz, en un estado casi epidémico de retraso en su cumplimiento. Hace unos años los cronogramas de aplicación de los Acuerdos de Paz se revisaban al menos periódicamente. Hoy parecen haber caído en el olvido y Guatemala se debate en una dura contradicción entre la dinámica proyectiva de la paz y la realidad cotidiana de la violencia.

VIOLENCIA Y POBREZA:
UN CÍRCULO VICIOSO

Violencia y pobreza no son dos realidades desvinculadas. Se vinculan en un círculo vicioso inextricable cuando se niega precisamente su vinculación. El Presidente Berger afirma que el problema de la violencia y su consecuencia, la inseguridad ciudadana, es el problema principal de su gobierno. Los encuestadores de la opinión pública afirman que es el problema reconocido como más grave y urgente por la mayoría de la gente. Sin embargo, estas afirmaciones omiten parte de la verdad. Si en las respuestas a las encuestas se suman los porcentajes que aseguran que el problema más grave y urgente es la economía, la pobreza, el desempleo, los altos precios, la falta de vivienda, la falta de acceso a la salud y a la educación, la inseguridad social y otros problemas económicos y sociales, el resultado arroja un porcentaje tan alto o mayor que el de las respuestas que se decantan por la inseguridad o la violencia. Además, las encuestas desagregan mucho más todo lo que toca a la pobreza que lo que concierne a la violencia. Y así no se transparenta el círculo vicioso entre pobreza y violencia y viceversa. Y cómo estas dos preocupaciones ciudadanas están, por lo menos, en un empate técnico, indicio muy importante de que no se las abordará adecuadamente si se las aborda por separado.

HOMICIDIOS, ROBOS,
ARMAS, CÁRCELES, IMPUNIDAD

En el año 2005 se contaron en Guatemala 5,338 homicidios, 770 más que en 2004 y 1,101 más que en 2003. Según cifras del Informe de Desarrollo Humano 2005, Guatemala es el país de América Latina con mayor porcentaje de homicidios por cada 100 mil habitantes, después de El Salvador: 38.19 en 2004 en Guatemala y 49.4 en El Salvador. De los 5,388 homicidios del año 2005, más de 500, prácticamente cerca del 10%, fueron feminicidios. Y 334 fueron muertes violentas de niños (284 en 2004). El 90% de los homicidios de 2005, 9 de cada 10, se debieron a disparos de armas de fuego. Se calcula que en el país existen entre 700 mil y un millón y medio de armas en manos privadas. Sólo el hecho de que esta cifra oficial tenga una enorme oscilación entre mínimo y máximo es ya un grave indicio del tremendo descontrol sobre la disponibilidad y uso de armas.

Además de los homicidios, está la multitud de robos y asaltos que terminan con daños personales ligeros o graves
y con pérdidas o perjuicios materiales. Sólo el 1.79% de las denuncias al Ministerio Público llegan a sentencia. La impunidad en que termina la mayoría de los grandes delitos y crímenes tiene otra cara igualmente injusta:
la de pequeños infractores de la ley, de ambos sexos, que esperan durante años en prisión, con su libertad vulnerada y en esa eficaz escuela de criminalidad que es la cárcel, sin que el sistema de justicia aborde sus casos. Desde las cárceles del país se planifica la comisión de atroces delitos y se monitorea su ejecución. La nueva ley del sistema penitenciario duerme el sueño de los injustos en las gavetas del Congreso. Únicamente con el nombramiento de Alejandro Giammattei como director del sistema penitenciario parece haberse dado un paso adelante, tanto hacia cárceles más seguras como hacia la diferenciación entre cárceles para delitos muy graves y para pequeñas infracciones y hacia la depuración de la guardia carcelaria y de los alcaides.

VIOLENCIA POLÍTICA REPRESIVA
DE DERECHOS ECONÓMICOS

Hace cuatro años escribimos en “Envío” un texto sobre “el brazo armado de los poderes ocultos”. Con ayuda de un análisis de la Fundación Myrna Mack, tratábamos de tipificar la violencia en Guatemala. Aquel análisis se ha ido depurando durante estos cuatro años. En esta taxonomía analógica, la violencia sería el género, mientras habría varias especies de violencia, algunas de ellas subdivididas en familias.

La primera “especie” es la violencia política. No es la misma que el Estado ejerció desde 1954 y, sobre todo, durante el conflicto armado interno hasta más o menos 1994, contra los derechos humanos -incluida la libertad, la vida y la integridad personal- de todos sus opositores, miembros de la guerrilla y civiles de su entorno, de miembros de partidos de oposición, de sindicatos, de las Iglesias, de los medios. Hoy el Estado no practica una política que programe la violación de esos derechos humanos. Pero existe actualmente una familia -o subespecie- de violencia política: la política represiva de los derechos económicos que el Estado ejerce, a través del actual Ejecutivo, contra ciertos movimientos sociales o políticos. La ejerció muy duramente contra las manifestaciones de protesta contra el TLC en 2005 y la ha ejercido en forma especialmente inescrupulosa -con algunos muertos, con bastantes heridos y dejando a familias enteras sin techo- en los desalojos campesinos de ocupantes de fincas u otras tierras. Y lo hace sin que las investigaciones internas o los procedimientos judiciales contra policías presuntamente implicados en esta represión lleven a más que una sentencia suspendida, a pesar de las pruebas fotográficas o filmadas de los destrozos causados por esos policías.

Algo diferencia a este gobierno del anterior, en cuyo período no hubo desalojos, por más que existieran órdenes judiciales para hacerlos. El que el gobierno actual cumpla con esas órdenes, sin entrar en serio en un programa de desarrollo agrario que incluya el reparto de tierras y la capacitación para cultivarlas -conforme establece uno de los Acuerdos de Paz- es un indicio muy serio de que los intereses del capital clásico de origen oligárquico dominan a este gobierno. Del mismo modo que los intereses del capital emergente, de origen no terrateniente, dominaban al gobierno
de Alfonso Portillo.

Es también un indicio el que la Ley sobre el catastro se haya degradado, de una ley con un claro componente político,
a una ley asépticamente técnica, que no favorecerá la redistribución de la riqueza y del potencial agrario de Guatemala, sino que garantizará únicamente el estatus quo de la propiedad agropecuaria y agroindustrial. El Presidente de la República, Oscar Berger, es finquero y su suegro es uno de los grandes azucareros de Guatemala. El Ministro de Agricultura, Alvaro Aguilar, ex-presidente de AGEXPRONT, está al frente de un ministerio donde todo el tiempo es juez
y parte. Así, los esfuerzos del Vicepresidente de la República. Eduardo Stein, de conducir diálogos sustanciales con las organizaciones campesinas se estrellan con los atavismos del Presidente y con el poder del Ministro de Agricultura, firmemente respaldados por el Ministro de Gobernación, Carlos Vielman y por el jefe de Policía, Sperisen, ambos enraizados en la misma clase de capital que Berger y Aguilar.

VIOLENCIA POLÍTICA
DE LOS PODERES OCULTOS

La violencia política se despliega también en otra familia o subespecie: la que ejercen grupos de los “poderes ocultos” contra policías competentes y honestos, jueces y abogados litigantes, fiscales, querellantes adhesivos, testigos, críticos en los medios de comunicación masiva, organismos de derechos humanos, etc., con el fin de amedrentarlos y lograr que los procesos orales no lleguen a sentencias condenatorias, o que las protestas sean silenciadas o las reivindicaciones retiradas o rebajados los términos de su negociación hasta casi anularlas. Por “poderes ocultos” hay que entender a los antiguos escuadrones de la muerte, procedentes del Ejército, de la Policía o de antiguos partidos de la “violencia organizada” o de grupos creados por inescrupulosos empresarios extremistas hoy reconvertidos en grupos clandestinos ilegales y criminales. Los “poderes ocultos” albergan también a nuevos grupos clandestinos ilegales -a veces traslapados con los otros- organizados criminalmente sobre todo por el capital delincuencial del narcotráfico, y también por los demás tráficos prohibidos, especialmente el de armas, todos ellos entrelazados en las redes del capital delincuencial global, que considera como sus peores enemigos a un sistema judicial honesto y decidido, a un periodismo investigativo experto y valiente, y a los luchadores por los derechos humanos.

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA
EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Otra familia o subespecie de la violencia política es la que se ejerce contra quienes promueven el permanente esclarecimiento de las desapariciones y demás violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno: familiares de desaparecidos y de toda clase de víctimas durante el conflicto y antropólogos forenses.

Con la ayuda de ellos, las familias de las víctimas intentan ubicar cementerios clandestinos, exhumar las osamentas enterradas en ellos ilegalmente, y luego de difíciles procesos de identificación, inhumar a sus deudos para cerrar así
el duelo, sin cuyas ceremonias de enterramiento en lugares legales, conocidos y accesibles, es muy difícil seguir adelante con la vida. Después de este complejo proceso se carga con el dolor, pero asumiéndolo ya con un corazón y una mente sanos. Líderes prominentes de ex-patrulleros de la autodefensa civil y ex-comisionados militares, junto a militares en retiro y de alta, están tras los hostigamientos, amenazas y otras formas más contundentes de violencia política contra el esclarecimiento de lo sucedido en la historia reciente de Guatemala.

VIOLENCIA DEL NARCOTRÁFICO

Otra especie de violencia es la violencia procedente de los “poderes ocultos” que explotan la industria de producción de drogas y el narcotráfico. Presentes en Guatemala a través de varios “carteles” (el de Zacapa, el de Izabal, el de Cobán, el de Sayajché en El Petén, etc., etc.), viven en clandestinidad, aunque a veces lo hacen en la ostentación y en el lujo manifiestos, protegidos por la complicidad de poblaciones amedrentadas de su entorno. Dada la naturaleza de sus negocios, no podrían funcionar, obviamente sin vinculaciones con otros carteles centroamericanos, caribeños, y sobre todo colombianos y mexicanos. Pero tampoco lo podrían hacer sin vinculaciones con redes de distribución mayoristas y de comercio detallista, incluso callejeras, en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en otros países ricos del mundo occidental.

Son parte de una red transnacional de la droga que trabaja con “mafias”, que se extienden desde los Estados Unidos e Italia a Turquía, Japón, China y el Triángulo Dorado en Asia Suroriental. Son eslabones de una de las más importantes cadenas globales de producción, comercio y financiamiento, que incluye como gozne fundamental el lavado de dinero. Normalmente están relacionadas con el contrabando, con el tráfico de armas, con la evasión de impuestos, el tráfico de migrantes, de sicarios, la trata de personas, el tráfico de órganos, etc. Todos, traficantes de la vida que trabajan a través del crimen organizado. Sus víctimas pueden ser miembros de carteles o mafias rivales, jóvenes obligados a traficar -a veces con previo secuestro y adicción- y personas y poblaciones que viven alrededor de sus rutas de tráfico o de sus “escondites” ostentosos.

VIOLENCIA
DEL CRIMEN ORGANIZADO

El “crimen organizado” es el procedimiento delictivo, antes escuadronero o meramente mafioso, usado ahora por los “poderes ocultos” -de origen político, económico o estrictamente delincuencial- para proteger sus propios intereses e infiltrar al Estado, si no con sus propios miembros -lo cual no se excluye, como lo denunció el Vicepresidente Stein hablando de las próximas elecciones de 2007-, al menos con sus propias decisiones para conseguir sus fines. Según las acusaciones de uno de los Viceministros de Gobernación -que hasta el momento se ha negado a dar nombres- el actual Congreso de la República se encuentra infiltrado por estos “poderes ocultos”. A esto apunta también la embajada de los Estados Unidos al retirarle la visa a dos diputados del Congreso, uno de la UNE y otro de los tránsfugas que han constituido bancadas de independientes o se han adherido a ellas.

La importancia de la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Asociaciones Clandestinas contra la Seguridad (CICIACS) -una iniciativa de la Fundación Myrna Mack- reside precisamente en el intento de superar la impunidad, concediendo a una comisión híbrida de nacionales guatemaltecos y miembros de la ONU la autoridad para investigar ampliamente lo que ni el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) ni el Ministerio Público (MP) investigan eficazmente, probablemente por estar también infiltrados o corrompidos. La anterior Corte de Constitucionalidad bloqueó un primer proyecto para crear la CICIACS por razones de inconstitucionalidad, estableciendo que únicamente la PNC y el MP tienen autoridad constitucional. Por segunda vez, el Vicepresidente Stein ha intentado la creación de la CICIACS con un proyecto que toma en cuenta las objeciones de la Corte.

VIOLENCIA DE LAS MARAS

Otra especie de violencia es la de las pandillas juveniles, llamadas en Guatemala, Honduras y El Salvador “maras” -el nombre viene de la “marabunta” de hormigas destructoras-. El origen de estos grupos hay que buscarlo en una multicausalidad que incluye el elemento transcultural del mimetismo de la violencia juvenil, callejera y pandillista, en Los Angeles, por parte de jóvenes latinos emigrantes. El trasplante de esa subcultura juvenil -una “remesa” cultural- no se hace en un organismo de otra especie, sino en la inmemorial tendencia de jóvenes, tanto marginales como de la cultura dominante, a vincularse en forma de bandas o pandillas. Se da en esa edad de la vida en donde las incertidumbres del crecimiento y de la identidad producen una necesidad de distanciamiento respecto del mundo de los adultos que se traduce en la construcción de una identidad nueva, aunque provisional. Un distanciamiento tanto mayor cuanto es más quebrado y brutalmente violento el entorno familiar, desvalorizado pero imitado. Los medios de comunicación, y especialmente las televisoras y las salas de cine, seleccionan la violencia sin compasión ni escrúpulos como producto preferido en oferta permanente para todos, la juventud incluida. Y nuestros países, inmersos en una cultura de violencia que hunde sus raíces en la cultura precolombina, en la Conquista, en la Colonia, en la República Independiente
y sobre todo en las dictaduras militares o dinásticas y en las guerras de liberación y de contrainsurgencia de la segunda mitad del siglo XX, producen un caldo de cultivo magnífico para que germine la violencia de las maras.

Siembra represión y guerra y heredarás violencia. Sobre todo, si guerra y represión se acaban de cimentar en la exclusión de la miseria, en la polarización de la desigualdad y en la segregación y concentración poblacional de los barrios marginados urbanos. De alguna manera, las “maras” se miran en el espejo de la cultura violenta de los Estados Unidos y en el de la cultura violenta de las clases dominantes y de las policías y los ejércitos de nuestros países. La inmersión de los jóvenes pandilleros no sólo en el consumo sino principalmente en el tráfico de drogas, multiplica también la violencia. Muchos grupos mareros se convierten así en eslabones del “crimen organizado”, en la cadena de corrupción y de intereses delincuenciales de “los poderes ocultos”, hasta perder el corazón e irse deshumanizando.

Además, atizan el desarrollo de la “limpieza social”, esa forma brutalmente clandestina con la que el Estado
-enmascarado, por supuesto, tras los vidrios esmerilados de carros sin placa- o grupos anónimos de ciudadanos embozados, se toman la justicia por su mano en una sociedad donde la muerte violenta se hizo artículo de consumo diario durante los años del terrorismo estatal y de la violencia guerrillera. Los linchamientos son apenas una de esas formas brutales de limpieza social, en la que los líderes que enardecen a la multitud son generalmente ex-patrulleros o ex-comisionados militares, acostumbrados a la cultura del terror. Se enmarcan también aquí los asesinatos nocturnos de niños de la calle por gente que los toma como blancos de un macabro juego de desprecio y racismo.

LA VIOLENCIA COTIDIANA
DE LA DELINCUENCIA

Otra especie de violencia es la que proviene de la delincuencia común. Es la violencia cotidiana con la que se encuentra la población, ya al borde de la desesperación. Son los asaltos y tiroteos en “camionetas” (buses urbanos), los robos a mano armada en barrios residenciales, las ejecuciones de gente en la calle por motoristas que pasan a gran velocidad en cumplimiento de quién sabe qué venganzas personales, grupales o familiares, las muertes a mansalva en asaltos a bancos o negocios comerciales...

Es una violencia que se nutre de la cultura de violencia de la sociedad, y que ha convertido la pequeña delincuencia en una aventura o en un juego donde se arriesga la vida con tal de ganar dinero fácil y rápido. Y es también una violencia desesperada para quienes no ven otra salida al desempleo o a la miseria en los pútridos asentamientos marginales urbanos.

También la sociedad rural se está contagiando de esta violencia. Y aunque no muchos lo acepten, hay que engastar aquí también la brutal forma de conducir de choferes de “camionetas” extraurbanas, de camioneros y traileros, que manejan sus vehículos a velocidades prohibitivas por carreteras angostas y plagadas de curvas, adelantando en curva o jugando a la competencia de ver quién gana con otros vehículos similares. Por simple ley de probabilidades, muchas de estas aventuras violentas terminan en choques espeluznantes o en desplomes en barrancos, donde el número de víctimas es siempre elevado y los conductores o sus ayudantes, si sobreviven, se dan siempre a la fuga.

LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES EN LA CASA

Otra especie de violencia es la violencia doméstica. Enraizada en un patriarcalismo sin concesiones, que se traduce en una conducta machista cotidiana, la violencia doméstica pudiera estar en la raíz de todas las violencias o ser el padre de todas ellas. La dominación de la mujer exacerbada hasta el extremo de herir y hasta matar, está en la raíz de la actitud de superioridad religiosa, clasista, racial, urbana, etc., que justifica la opresión, la explotación, el mantenimiento de la desigualdad y, en último extremo, la violencia y la muerte. Y aunque también hay mujeres que usan la violencia contra sus hijos e hijas -algunas madres solas, abandonadas por el hombre- o contra sus compañeros, también esa violencia femenina se aprende en la lección de violencia que les dieron a ellas los abuelos, los padres, los tíos o los esposos y compañeros, antes de desaparecer de la escena.

Existen antropólogos que sugieren la hipótesis de que el aumento del feminicidio en nuestra sociedad y, en general, en el mundo, está causado precisamente por una sociedad machista que no acepta el cambio de rol que están experimentando las mujeres liberadas por el trabajo fuera del hogar, por la educación o por la profesión,
y por el aumento de autoestima que ellas derivan de todo esto.

SUBCULTURA DE VIOLENCIA
FRENTE A SUBCULTURA DE PAZ

Todas estas especies y subespecies del género violencia conforman una subcultura de la violencia o se derivan de ella. Una subcultura, porque existe otra subcultura de la paz, manifestada, por ejemplo, en la convivencia multitudinaria y festiva en el día de la canonización del Santo Hermano Pedro de Betancur hace unos años. Allí, 700 mil guatemaltecos, mujeres y hombres de todas las etnias y de todos los colores mostraron frente a Juan Pablo II otro rostro del país e hicieron imaginar la otra Guatemala posible. Más posible si -como recordó continuamente la Conferencia Episcopal- todas esas personas llegaran a asumir la personalidad samaritana del Hermano Pedro y fueran a la vida a hacer,
con las formas del siglo XXI, lo mismo que él hizo en el siglo XVII.

Esa subcultura de la paz, que corre por las venas abiertas de Guatemala y se traduce en la emancipación de los indígenas y en la revitalización de la identidad maya, así como en la sobrevivencia tras las masacres, en la epopeya de la migración y en la lucha por los derechos humanos y la construcción de la democracia, así como en el acompañamiento de las víctimas por la Iglesia, está en contradicción con la subcultura de la violencia, con raíces en la cultura precolombina y reforzada en la cultura de la Conquista.

La subcultura de la violencia quedó atragantada como una espina durante la Colonia, fundamentada en la expoliación de tierras -la primera gran “reforma agraria”- y en las jerarquías dominantes -nido de la actual oligarquía-, en las discriminaciones de castas y en las ejecuciones, cuya memoria ha rescatado la novela de F. Pérez de Antón “Los Hijos del incienso y de la pólvora”, así como antes lo habían hecho científicamente la historia económica de Murdo McLeod
y la antropología histórica de Christopher Lutz. La agudización de la subcultura de la violencia aconteció con el despojo de tierras de las comunidades indígenas perpetrado por los Reformadores liberales -la segunda gran “reforma agraria”- y con el trabajo forzado en las fincas de café y en las carreteras hasta Ubico (1930-44). Después del paréntesis del decenio revolucionario (1944-54) -con la única reforma agraria popular-, la subcultura de la violencia fue elevada a brutal paradigma modélico de la sociedad guatemalteca por el terrorismo con que el Estado respondió al desafío armado que la guerrilla lanzó contra el orden establecido.

La consecuencia de todo esto es, una inseguridad institucionalizada y un fracaso de la democracia electoralista. Algunos han llegado a decir que “la apuesta por la gobernabilidad democrática no ha dado resultado en Guatemala”. Y continúan: lo que toca es avanzar hacia una “democracia autoritaria”, al estilo de Putin en Rusia. Así se ha venido expresando el último Arzú. Pero la verdad es que Putin está restaurando no sólo el autoritarismo, sino también el capitalismo de Estado, sobre la base del inmenso potencial energético y el avance tecnológico de Rusia.
Aquí, en Guatemala, la deriva hacia esa “democracia autoritaria” sólo cabe afirmarla si el Estado guatemalteco se concibe como el Estado de los oligarcas criollos, en donde el capitalismo es de Estado en el sentido de que el Estado está gobernado por los mandatarios del capital clásico ya globalizado, invisibilizando a la mayoría empobrecida de la población. Sólo si lo que valen son los intereses privados y no el bien común, al servicio del cual debe estar por principio la democracia.

En 2006, décimo aniversario de los Acuerdos de Paz, urge recordar que la gran desigualdad económica de la sociedad guatemalteca y la pobreza de la gran mayoría fueron una de las causas más importantes del conflicto armado interno. Sin un auténtico contrato social para distribuir con equidad la riqueza de la nación entre sus ciudadanos, la paz interna estará profundamente minada y sólo se podrá mantener con la filosofía del garrote. Por eso, recorre los Acuerdos de Paz la dinámica hacia un desarrollo económico más ágil con redistribución de la riqueza. La meta que se plantea es la de un crecimiento anual sostenido del PIB en un promedio del 6% por un período suficientemente prolongado de años, sin especificar cuántos.

¿CUÁNTO CRECIMIENTO?
¿CUÁNTA POBREZA?

Según un trabajo inédito de Arturo Grigsby, del instituto de investigación Nitlapan de la UCA de Managua, durante la década de los 90 el promedio de crecimiento anual del PIB en Guatemala fue de 1.5%, inferior al del crecimiento demográfico vegetativo (2.5% de promedio anual). Ése fue también el promedio de crecimiento anual de México, a pesar del TLC con Estados Unidos y Canadá. En Centroamérica sólo en Costa Rica subió a 3.5% y en El Salvador a 2.5%. Desde la firma de la paz en Guatemala, sólo en un año, 1998, el crecimiento del PIB fue de 4.5%, habiendo ido en descenso desde entonces con dos años de crecimiento negativo hasta volver a ascender durante este gobierno y colocarse en 2005 en 3.5%, según el Banco de Guatemala.

Estas cifras muestran que en los años 90, Centroamérica -menos Nicaragua y Honduras- creció a tasas más elevadas que el resto de América Latina y que en Guatemala el crecimiento queda lejos del programado en los Acuerdos de Paz, siendo muy insuficiente para luchar contra la miseria y la pobreza.

Según un estudio de la CEPAL de 2002, la tasa de pobreza para Guatemala en el año 2000 era de un 60.1%. En números redondos, 40% de pobreza y 20% de pobreza extrema o miseria. El año 2000 fue el año del diseño internacional en la ONU de las “Metas del Milenio”, que implicaban que en 15 años, en 2015, la extrema pobreza o miseria se reduciría a la mitad. No es cierto que la pobreza no disminuya. Según el mismo estudio de la CEPAL, en 1990 la tasa de pobreza de Guatemala era del 69.1%. Así, en una década descendió un 10%. Sin embargo, la base desde donde se pretende descender es altísima y descender más es cada vez más difícil. En el mismo año 2000 la tasa de pobreza de Costa Rica era de 20.6%, la de México de 41.1%, la de El Salvador de 49.9%. La tasa promedio de América Latina era de 43.8% en 1999. Es por comparación cuando se ve la desastrosa situación de Guatemala.

DESIGUALDADES, MIGRACIONES
Y REMESAS

El indíce estadístico que agrava el panorama guatemalteco es el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad dentro de la estructura de acceso a la riqueza de la población de un país. Cero es el coeficiente que señala una máxima igualdad, mientras que 1 es indicador de una máxima desigualdad. Guatemala tenía en el año 2000 un coeficiente de Gini de 0.58, el más alto, es decir el peor, de América Latina, con la excepción de Nicaragua (0.59) y Brasil (0.64). Según
el PNUD, en 2002, el 20% más rico de Guatemala accedía al 64% de los ingresos totales, mientras el 20% más pobre accedía al 1.7% y era casi 38 veces más pobre. El ingreso diario promedio de un hombre trabajador urbano era en 2004, según el Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2005, 70.87 quetzales, equivalentes a 9.45 dólares y el de una mujer urbana era de 43.87 quetzales ($5.85). El ingreso de un hombre trabajador rural era de 34.47 quetzales ($4.60) y el de una mujer rural 19,17 quetzales ($2.56). No se consideraron las grandes diferencias entre los ingresos de no indígenas e indígenas en las ciudades y en el agro.

Es comprensible la atracción de migrar al Norte. Allá los trabajadores reciben 8 dólares por hora de trabajo o un mínimo de 64 dólares diarios en sus primeros empleos, aun cuando estén en situación irregular, sin documentos. Precisamente por eso se quejan algunos grupos negros estadounidenses que los latinos les roban sus empleos, ya que ellos ya no aceptan ingresos inferiores a 20 dólares la hora. La atracción migratoria es tanto más comprensible cuanto que ni las actuales bonanzas cafetaleras ni las bonanzas azucareras se traducen en aumentos de ingresos para quienes trabajan en los cortes o en las zafras. Dicen los empresarios que hay que reinvertir ganancias, pero no sólo en bienes de equipo y mucho menos únicamente en bienes muebles o inmuebles de consumo ostentoso, sino también en costos salariales. En un país que exportaba en 2004 bienes por unos 3 mil millones de dólares y los importaba por casi 7 mil 200 millones de dólares, con una balanza comercial negativa de 4 mil 250 millones, es evidente el enorme valor que adquieren los que el economista jesuita Javier Ibisate llama “pobredólares”, las remesas de los migrantes, que en 2005 llegaron casi a 3 mil millones de dólares, sin contar los 600 millones que se quedaron en la intermediación financiera.

LA INSOPORTABLE LEVEDAD
DE LA CARGA TRIBUTARIA

En estas circunstancias, el hecho de que diez años después de los Acuerdos de Paz la carga tributaria de Guatemala -el porcentaje que representa la recaudación de impuestos del gobierno respecto del PIB- sea aún de un poco más del 10% (10.3% en 2004), cuando debía haber alcanzado hace tiempo el 12%, indica la enorme brecha de evasión de quienes deberían ser los grandes contribuyentes de este país y la falta de responsabilidad ciudadana del capital clásico, dispuesto siempre a tumbar gobiernos para evitar pagar impuestos. La carga tributaria de Guatemala es una de las más bajas de América Latina y la más baja de Centroamérica. Esto explica el fuerte regaño del Director del FMI en su visita a Guatemala. Sin embargo, el muro de los ricos es grueso y los regaños rebotan en él. El copresidente de Multiinversiones (Pollo Campero y muchas otras), Dionisio Gutiérrez, director del programa televisivo dominical “Libre Encuentro”, interviene continuamente en él para etiquetar como “demagogos” y “populistas” a quienes plantean un aumento de los impuestos, afirmando que “desincentivan las inversiones”.

Pero, según el Informe mundial del PNUD en el 2000, en los países con mejor índice de desarrollo humano (IDH) en el mundo, como los escandinavos, la carga tributaria oscila entre el 30 y el 35% del PIB. En el Reino Unido y Francia supera el 39% y en Bélgica y Holanda el 40%. Incluso en los Estados Unidos supera el 20%. En América Latina, la carga tributaria en Chile era en 2004 del 18.4%, en Costa Rica del 23.1%, y en Nicaragua del 23.9%. Parece claro que si la carga tributaria de Guatemala no supera las metas de los Acuerdos de Paz y no llega, como mínimo, al 15% del PIB, será imposible cumplir con las Metas del Milenio, que incluyen que nadie muera de hambre en el país para el año 2015, que se reduzca en dos tercios la mortalidad infantil, que se cubra universalmente la enseñanza primaria, que se acabe totalmente con el analfabetismo de la población entre 15 y 24 años, que se logre dominar el avance del SIDA, de la malaria y de la tuberculosis, que se garantice la sostenibilidad del medio ambiente y, entre otras metas no menos exigentes, que se mejore sustancialmente la vida de al menos 100 millones de personas que habitan en tugurios, de los cuales 600 mil son guatemaltecos.

ESLABONES DE LA CATÁSTROFE

Sólo personas o grupos cegados por su falta de responsabilidad ciudadana y su déficit de solidaridad pueden dejar de ver la relación que existe entre el hambre, la miseria, la frustración continua de las necesidades elementales, y las aspiraciones fomentadas por los medios y por los centros comerciales, con la proliferación de la violencia. Es cierto que la violencia y la pobreza se asientan sobre desarrollos que poseen su propia autonomía, pero se trata de una autonomía relativa que no excluye sus interdependencias. Siembra indiferencia e insolidaridad en la cultura y recogerás las tempestades de la violencia. Así se irá acercando Guatemala al estado de catástrofe. Mucho mayor si, frente a las protestas campesinas, Presidentes como Berger ordenan emplear todo el peso de la ley contra quienes la infrinjan y el director de la policía Sperisen afirma, después de haber cumplido la orden presidencial, que “se usó toda la fuerza contra quienes estaban interrumpiendo la economía”. Como si el campesinado que protestó no tuviera su propia economía vital “interrumpida” todos los días de su vida.

EL CRIOLLO EXITOSO

Una de las explicaciones a esta insolidaridad lacerante se encuentra en el paradigma del ideal guatemalteco de persona exitosa. Tal paradigma es el guatemalteco -no la guatemalteca- criollo, terrateniente, evasor de impuestos y violento o autoritario, que puede mirar de arriba a abajo a la mayoría de la gente, a quien puede decir con patente patriarcalismo “mijo” o “mija”, haciendo resonar los ecos del comienzo del mestizaje, y asumiendo así la sumisión de todos los que no son él mismo en una especie de familia extensa que se funde con el país. Hablamos de una familia malograda, en la que los tales “hijos e hijas míos” nunca llegarán a convertirse en herederos porque nunca llegarán a “igualarse”. Y si lo pretenden serán unos “igualados”, tratados por eso con rechazo y desprecio.

Las consecuencias de este paradigma son muy graves. La primera es una cultura dominante oligárquica, enfrascada en los atavismos terratenientes, y por ello elitista y básicamente antimoderna, por mucho que haya asimilado las nuevas tecnologías. La propiedad y la posesión concentrada de la tierra y, sobre todo, el paradigma del finquero que monta caballos de raza durante sus fines de semana en La Antigua, mantiene en la oligarquía guatemalteca una mente
y un corazón pre-modernos, a lo ancien régime, pre-republicanos y pre-ciudadanos. Es la mentalidad y el corazón del abolengo, de la sangre azul, para quien todo lo que huela a “libertad, igualdad y fraternidad” suena a subversión peligrosa.

SIN EDUCACIÓN
Y SIN REFORMA AGRARIA

Cuando le preguntaron al famoso jurista y politólogo Norberto Bobbio si en el mundo actual hay todavía alguna diferencia entre la izquierda y la derecha políticas, teniendo en cuenta que todos los partidos parecen presos del extremismo de centro (centro-derecha, centro-izquierda, centro-centro), respondió claramente que sí, que hay una diferencia: la izquierda auténtica plantea proyectos que acerquen progresivamente a la igualdad, mientras que la derecha sigue aficionada a los privilegios de la desigualdad. De modo que, aunque en la izquierda guatemalteca, incluso étnica, se dé tal vez como en ninguna otra la fragmentación y el canibalismo, “el corazón late a la izquierda”, como dice Oskar Lafontaine, político socialdemócrata alemán, consecuente si los hay.

No hay ciudadanía sin una base de igualdad. El síntoma más claro está en la educación. Guatemala es el Estado de América Latina con uno de los presupuestos más bajos para la educación. El acceso de los ricos a la calidad de la educación está garantizado privadamente por la concentración de la riqueza en sus manos, pero el acceso de las mayorías pobres a la calidad de la educación no lo garantiza en Guatemala la educación pública. Ni siquiera los grandes aumentos del presupuesto de educación pública desde los Acuerdos de Paz nos acercan a los porcentajes del PIB que la educación pública alcanza en Costa Rica, en Panamá, o incluso en El Salvador. La feroz negativa a pensar siquiera en la posibilidad de una Reforma Agraria está enraizada en esa mentalidad premoderna. Ningún estado “recientemente industrializado” (“tigre asiático”) ha conseguido el acceso a la modernidad sin imponer la reforma agraria a sus recalcitrantes clases oligárquicas. Así, Taiwán y así Corea del Sur. Y así Chile, con menor drasticidad. Tampoco Brasil o Guatemala -los grandes desiguales latinoamericanos- lograrán transitar hacia la modernidad y la ciudadanía sin emprender la reforma agraria. Por eso, es tan triste que haya sido emasculada la ley del catastro. Y por eso es tan doloroso que no se cumpla la provisión de los Acuerdos de Paz de devolver alcance social a las tierras nacionales -agrícolas, ganaderas, petroleras y mineras- en El Petén y a ambas orillas de la Franja Transversal Norte, apropiadas principalmente por militares.

¿ESTADO AL SERVICIO DE QUIÉN?

Naturalmente, para lograr esto hace falta un Estado fuerte e independiente de los intereses del capital oligárquico clásico y del capital emergente así como del capital delincuencial de los narconegocios. Y naturalmente esto no se puede conseguir si los ejecutivos de esos capitales gobiernan el Estado, lo infiltran o lo sobornan. Esto no se puede conseguir reclutando candidaturas al Congreso entre personas que quieren vivir de la política y no servir a la ciudadanía. Esto no se puede conseguir con una carga tributaria ridícula para el funcionamiento de un Estado moderno, como los actuales, que no renuncian a ser Estados del Bienestar, aunque lo sean hoy en menor medida que en los 28 años entre la postguerra y la primera crisis petrolera (1973).

El Estado instrumento del capital o el Estado botín de los políticos o el Estado feudo del capital delincuencial de la droga y de las armas -y en los dos primeros casos el Estado sirviente de la lucha estadounidense contra el terrorismo y la narcoactividad- sólo puede ser fuerte para la represión de reivindicaciones populares y de flujos migratorios y para la contención de terroristas y narcotraficantes internacionales, pero no para la construcción de ciudadanía.

UNA SOCIEDAD CIVIL FRAGMENTADA Y EMPOBRECIDA

Ante el Estado, tenemos una sociedad civil fragmentada y empobrecida. La flexibilización del trabajo -temporalidad, inseguridad social, precariedad en capacitación, indefensión sindical, productos en Guatemala no sólo de la tendencia globalizadora a escala planetaria, sino también de la incapacidad de las organizaciones de los trabajadores de recuperarse de la militarización a la que las sometió la estrategia guerrillera y del terrorismo de Estado que las diezmó- reduce a lo que queda hoy de un liderazgo envejecido sin bases. Además, el pulular de organizaciones no gubernamentales provoca, más veces de lo conveniente, multiplicación de rivalidades entre protagonistas individuales, haciéndose realidad aquel viejo proverbio: “Muchos jefes y pocos indios”.

La fuga de cerebros resta potencial a la intelectualidad, diezmada también por el conflicto armado, pero más todavía por la masificación del estudiantado universitario Sancarlista y por la corrupción y burocratización de la dirigencia universitaria, que ya no genera rectores de la talla de los Martínez Durán, los Cuevas del Cid, los Valdeavellano Pinot o los Osorio Paz; ni tampoco intelectuales como los Arévalo Martínez, los Muñoz Meany, los Piedrasanta Arandi, los Molina Orantes, los Villagrán Kramer, los Martínez Peláez, los Guzmán Bockler, los Torres Rivas o los Díaz Castillo. Ni tampoco dirigentes estudiantiles como los Torres Rivas, los Díaz Castillo, los Oliverio Castañeda o los Vela.

Los medios de comunicación masiva se vuelven poderes empresariales, monopólicos algunos -como la televisión al alcance de las mayorías y la de cable- y algunos, después de un comienzo crítico, acaban respondiendo a los intereses del capital clásico, como “Siglo XXI”. Otros se vuelven críticos del capital emergente y del gobierno corrupto que lo representa, pero vuelven después a su cauce de voceros del capital clásico, como “Prensa Libre”. Aunque tanto “Prensa Libre” como “El Periódico” mantienen aún columnistas críticos en sus páginas y cultivan de vez en cuando un periodismo investigativo de cierta altura, pero sus órganos más masivos son tabloides amarillistas y sexistas, como “Nuestro Diario”, que no contribuyen a la creación de una ciudadanía consciente. En este paisaje, los intelectuales mayas y algunas de sus organizaciones étnicas y de las personalidades que las lideran son un factor enriquecedor de la sociedad civil. También lo son algunos centros de investigación social, así como algunas de las asociaciones pro justicia y en defensa de los derechos humanos.

EN LA RAÍZ, EL RACISMO

El problema de fondo es el racismo. Tras la cultura oligárquica se esconde el monstruo racista. El gran miedo es que “el otro”, “el diferente”, que además ha sido mantenido a raya por el poder político, despierte y baje del altiplano noroccidental con la fuerza de un alud incontenible. Aunque en confianza se habla del indio “haragán” o “shuco”, o -cuando ha escalado posiciones sociales- del indio “igualado” o “relamido”, en público se mantiene la tesis del darwinismo social adobado de nitzschenismo: si están abajo es porque pertenecen a familias de la especie humana menos dotadas para la inteligencia y el liderazgo, o para la voluntad de poder. Y para mantenerlos ahí abajo, para que no sobrevenga el alud, es importante evadir o incluso atacar la memoria histórica, y preferir la benigna ingobernabilidad de una democracia electoralista a tomar en serio las garantías constitucionales, los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, y el proyecto de nación diseñado en los Acuerdos de Paz. En último término siempre se podrá acudir a la democracia autoritaria en caso de crisis grave de gobernabilidad. Por eso no se fomenta una Asamblea Constituyente que permita reubicar al Ejército de una vez por todas fuera de roles en la seguridad interna.

EL MURO SE HARÁ
MÁS SÓLIDO

Todo esto no se da hoy en un país aislado, sino en un país globalizado. El Tratado de Libre Comercio es el último exponente del triunfo de lo más nefasto de esa globalización en nuestro país y en nuestra región. Es el triunfo de la libertad del todopoderoso mercado, un mercado paradójicamente planificado donde las transnacionales -y el capital guatemalteco vinculado a ellas- tendrán toda la protección que han exigido para sus inversiones y para lo que llaman su propiedad intelectual. La libertad de todos los demás grupos y personas será un mal menor de la democracia y podrá prescindirse de ella si la libertad del mercado peligra. Eso es el TLC: un tratado para proteger las inversiones transnacionales mucho más que lo que dice su nombre, un tratado de libre intercambio de mercancías.

Las desigualdades de este país tenderán a crecer por la vía de una expulsión del trabajo de pequeños y medianos empresarios industriales y de una exclusión mayor del campesinado y de la mayoría de los pequeños trabajadores del campo, con la consecuencia de la inseguridad alimentaria para el país a mediano plazo. El muro de los ricos se hará más espeso y sólido.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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