Quién tiene el poder en Centroamérica (3): Con “derecho a picaporte” ¿y con cuántos límites?

El poder de los grandes grupos económicos centroamericanos -protagonistas de la integración real que experimenta hoy nuestra región- y su influencia en la formulación y ejecución de las políticas públicas está afectando la democracia y el desarrollo. Y pone en el centro del debate la relación conflictiva entre Democracia y Mercado. Asumir este debate es una de las tareas más urgentes que tenemos por delante.

Alexander Segovia

Para nadie es un secreto que históricamente los grupos de poder económico centroamericanos han ejercido una influencia significativa en nuestras sociedades y economías. Lo novedoso de la situación actual es que, como resultado de su creciente presencia regional, su influencia se ha expandido del ámbito nacional al regional. Y que esto ha sucedido en el contexto de un debilitamiento del Estado, de los partidos políticos, de las clases medias y de las organizaciones laborales y sindicales, que en un sistema democrático sirven de contrapeso al poder empresarial.

CON EL PODER DE “DOBLAR EL BRAZO”

Esto ha coincidido con la llegada al poder de gobiernos pro-empresariales y empresariales y con la hegemonía ideológica del pensamiento neoliberal. Resultado: se ha producido un cambio en la correlación de fuerzas políticas regionales a favor de los grupos de poder económico regionales y de las empresas transnacionales, principales beneficiarios del nuevo modelo económico prevaleciente en la región. Así se han profundizado las desigualdades de poder en Centroamérica.

Este mayor desbalance del poder regional ha tenido serias implicaciones para la democracia y el desarrollo de la región, ya que ha profundizado la tradicional dependencia de los Estados centroamericanos respecto al capital, o como lo llaman algunos autores, respecto al poder estructural capitalista, esencialmente negativo porque se manifiesta a través del veto.

Mencionemos solamente un ejemplo de este poder de veto ocurrido en El Salvador. En abril de 2005, José Eduardo Cáceres, jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitó al Banco Agrícola y al Banco Salvadoreño una lista de informes sobre las cuentas de varios ex-funcionarios públicos, cuyas declaraciones patrimoniales le ameritaron “comentarios”. En la lista de 13 nombres figuraba el ex-Presidente Francisco Flores y su esposa; el ex-secretario técnico de la Presidencia Juan José Daboub, y el ex-ministro de economía Miguel Lacayo. También aparecía en el informe el nombre de María Eugenia Brizuela de Ávila, ex-Canciller, quien desde el 11 de agosto de 2004 es la Presidenta del Banco Salvadoreño.

En lugar de enviar los informes, como habían hecho de manera rutinaria en otras ocasiones, los bancos se rehusaron a proporcionar la información y decidieron remitir una carta -respaldada por el Banco Cuscatlán- al Presidente del Órgano Judicial, Agustín García Calderón, objetando la facultad de la Sección de Probidad para pedirles informes. El punto fue discutido por los quince magistrados de la CSJ el 9 de junio, y luego de una acalorada discusión se decidió, por mayoría de diez votos, retirar a la Sección de Probidad la facultad de pedirle informes a los bancos, la cual quedaría en manos de los magistrados. René Fortín Magaña, uno de los magistrados que votó en contra de la medida tomada por la CSJ, interpretó la carta enviada por los bancos como un acto de presión sobre el máximo tribunal y afirmó: Con esta decisión se demuestra que los bancos pueden doblarle el brazo a la Corte Suprema de Justicia. Además, hizo una petición al Fiscal General de la República para que declarara nulo el acuerdo tomado por la Corte.

CON UNA ENORME INFLUENCIA
A TRAVÉS DEL “DERECHO A PICAPORTE”

Para contribuir a un mejor conocimiento de las implicaciones políticas de la nueva integración económica y del cambio en la correlación de fuerzas políticas en Centroamérica, realizamos entrevistas en todos los países de la región con empresarios, ejecutivos de empresas, políticos y académicos y revisamos la bibliografía sobre el tema, por cierto muy escasa.

Históricamente, los grupos de poder económico han tenido una influencia importante en la definición y ejecución de políticas públicas nacionales, sobre todo en los países en donde la elevada concentración de la riqueza se conjugaba con la existencia de Estados débiles, regímenes políticos autoritarios y corruptos y, consecuentemente, con instituciones democráticas débiles o inexistentes. En estos casos, los grupos de poder económico ejercían su influencia de manera directa, mediante el control de los ministerios vinculados con el manejo económico; o de manera indirecta, a través de la participación de las cámaras empresariales en los espacios institucionales existentes dentro de la administración pública.

Por ejemplo, en el caso de Guatemala, la principal cúpula empresarial del país, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), ha tenido participación hasta en 27 instituciones estatales, incluyendo la Junta Monetaria, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Comisión Nacional de Salario Mínimo. A estas dos modalidades para ejercer influencia, hay que agregar los tradicionales mecanismos informales de presión, consistentes en los contactos directos de los empresarios más poderosos con los funcionarios públicos pertenecientes a los tres poderes del Estado.

Hoy los grupos de poder económico siguen utilizando estos mecanismos, pero en las entrevistas que realizamos en nuestro estudio pudimos comprobar que, de manera creciente, la presión de estos grupos sobre los distintos poderes del Estado se ejerce fundamentalmente a través de mecanismos informales, por fuera de la institucionalidad empresarial y estatal existente en la región. Dentro de los mecanismos informales utilizados, sobresale, por la manifestación de poder que suponen, los contactos directos frecuentes de estos grupos con las autoridades gubernamentales, incluyendo el Presidente de la República, Ministros de Estado, Diputados y Magistrados y Jueces del Poder Judicial.

Como señaló apropiadamente durante las entrevistas un alto funcionario público y dirigente empresarial de Guatemala, los grupos económicos más poderosos de la región
-que forman una especie de club, conocido en El Salvador como los grandotes y los torogozones y en Guatemala como los big boys- tienen “derecho de picaporte”. Esto significa el derecho a tocar la puerta y a comunicarse informalmente con las más altas autoridades de los países en cualquier momento y circunstancia. Este “derecho de picaporte” proviene del enorme poderío económico de estos grupos, de su rol central en el financiamiento de las campañas políticas de los partidos en el poder y de su influencia sobre los medios de comunicación social. Adicionalmente, tiene que ver con la existencia de estrechas relaciones familiares y económicas entre los principales grupos nacionales, lo que les permite acceder de manera relativamente fácil a los círculos de poder estatales. La existencia de gobiernos pro-empresariales y empresariales les han facilitado aún más las cosas.

MÁS MEDIOS, MENOS DEBATE

Por su importancia para la democracia, conviene subrayar la enorme influencia que los grupos de poder económico ejercen a través de los medios de comunicación social, la mayoría bajo su control directo o pertenecientes a grupos nacionales con los cuales tienen buenas relaciones y afinidades ideológicas. A través de los medios de comunicación, estos grupos hacen aparecer sus agendas particulares como agendas nacionales y tratan de influir sobre la opinión pública en las políticas que ellos consideran críticas para sus intereses, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue apoyado incondicionalmente por la mayoría de los medios de comunicación en los que los grupos de poder económico ejercen un control directo.

La influencia sobre los medios de comunicación y la ausencia de una legislación efectiva que regule el acceso a los mismos, les permite a los grupos de poder económico marginar las voces que cuestionan la orientación general de la política socioeconómica. Como resultado, en algunos países centroamericanos ha disminuido notablemente la calidad del debate público sobre temas económicos, lo que a su vez ha influido negativamente en la legitimidad de las políticas públicas implementadas.

INCIDEN Y SE COORDINAN

De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas, los grupos de poder económico inciden en la definición y aplicación de políticas públicas en varios niveles. El más general -en los últimos tiempos muy importante en la región- es la orientación global de la reforma económica de los países, especialmente lo relacionado con la privatización, la liberalización, la desregulación y la apertura externa. En este ámbito, la presión ejercida por los grupos de poder económico ha sido particularmente intensa, ya que de estas políticas depende en buena medida la apertura de mayores espacios de acumulación a nivel nacional y regional -sobre todo en sectores que en algunos países aún están vedados a la inversión privada, como son las telecomunicaciones, el sector eléctrico y el sector financiero-, así como la profundización de la inserción internacional, especialmente con Estados Unidos.

En algunos países como El Salvador, la orientación general de la reforma económica es particularmente importante para los grupos de poder económico, dado su interés por convertir al país en una plaza financiera y de servicios de nivel regional. Los grupos económicos salvadoreños han utilizado toda su influencia en los sucesivos gobiernos de ARENA para lograrlo.

Dado que en las grandes orientaciones de política -apertura, liberalización privatización, rol del Estado, etc.- no existen mayores diferencias entre los principales grupos de poder económico, su influencia la realizan muchas veces de manera coordinada, utilizando todas sus alianzas nacionales e internacionales. Esto explica cómo en los últimos años estos grupos han realizado reuniones periódicas informales en las que discuten los problemas centroamericanos y sus posibles soluciones y han patrocinado reuniones internacionales y regionales en las que incluso han participado los Presidentes centroamericanos.

EL SALVADOR:
EL CASO EMBLEMÁTICO

El caso de El Salvador es emblemático. Uno de los hechos políticos más relevantes ocurridos en los últimos 15 años es la emergencia y consolidación de poderosos grupos económicos vinculados al sector financiero, surgidos a raíz del proceso de reprivatización de la banca realizado durante el gobierno de Cristiani (1989-94). En el proceso -que estuvo plagado de anomalías y se caracterizó por su falta de transparencia- algunas de las familias más poderosas del país accedieron al control de los bancos y, a través de ellos, al excedente financiero generado en el exterior, las remesas familiares que envían los salvadoreños viviendo en Estados Unidos.

A partir del control de la banca, estos grupos extendieron sus actividades hacia los servicios financieros no bancarios entre otros, compañías de seguros, arrendamiento, administración de carteras, casas corredoras de bolsas, empresas de factoraje, administradoras de fondos de pensiones y casas de cambio, convirtiéndose de esta manera en verdaderos conglomerados financieros regionales.

Dada la influencia de estos grupos en ARENA, el partido en el poder y en el gobierno, en los últimos 15 años la orientación general de la reforma económica se ha enfocado a convertir a El Salvador en una plaza regional financiera y de servicios así como a integrar totalmente al país con Estados Unidos.

Para lograrlo, se ha hecho todo lo que se ha considerado necesario, incluyendo el establecimiento, desde el año 1993, de una política de tipo de cambio fijo, y la dolarización de la economía a partir del año 2001, con una ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en tiempo récord con los votos de los partidos de derecha. Más recientemente, El Salvador fue el primer país que aprobó el CAFTA-DR, también en cuestión de días, y sin ninguna discusión nacional sustantiva sobre las implicaciones sociales y económicas de la entrada en vigencia del acuerdo. Estos grupos han influido también permanentemente en la definición e implementación de la política financiera, incluyendo la política de regulación del sistema financiero.

INTERESES, MONOPOLIOS, OLIGOPOLIOS
QUE DEFIENDEN ESTOS GRUPOS

El segundo nivel sobre el que ejercen influencia los grupos de poder económico es el sectorial, en el cual uno o varios grupos interesados en determinadas políticas sectoriales -o en impedir que se implementen otras políticas- ejercen influencia para obtener beneficios particulares para sus empresas.

Este es el caso, por ejemplo, de los grupos con intereses en el sector turismo, que presionan para obtener las mayores prebendas posibles por parte de los gobiernos del área. O el de la industria azucarera, en donde los mercados internos de varios países se encuentran protegidos, beneficiando a los grupos económicos vinculados a esta actividad.

El tercer nivel, más microeconómico, es aquel en el cual un grupo en particular ejerce su influencia para preservar privilegios derivados de poseer un monopolio u oligopolio. Éste ha sido el caso de los grupos vinculados al tradicional monopolio del transporte aéreo, de las compañías cerveceras y de las empresas cementeras. También influyen estos grupos para obtener ventajas arancelarias o fiscales, una de las áreas en donde con más frecuencia ejercen su presión.

¿CUÁNTO INFLUYEN ESTOS GRUPOS?
¿GANAN SIEMPRE?

Dos preguntas obligadas surgen de este análisis. ¿Qué tan efectiva es la influencia de los grupos de poder económico en términos de la definición y modificación de políticas públicas en la región? ¿Es similar la influencia de estos grupos en los diferentes países del área? ¿Ganan siempre o, si pierden, a qué se debe?
El resultado de las entrevistas y la evidencia empírica disponible sugiere que si bien la influencia de los grupos de poder económico es en general bastante efectiva, no siempre logran imponer sus intereses y visiones a los gobiernos del área, no siempre sus intervenciones son exitosas en las políticas públicas. Y parece ser que la influencia de los distintos grupos de poder económico difiere de país a país, lo cual tiene que ver con la forma distinta en la que se organiza y se ejerce el poder en cada caso.

Son varios los factores que explican la eficacia relativa de la influencia de los grupos de poder económico en Centroamérica y las diferencias en su grado de influencia en cada uno de los países.

En primer lugar está la autonomía relativa que ganan los partidos políticos, y sobre todo los candidatos presidenciales, una vez que acceden al control del aparato estatal, ya que su nueva posición política los reviste de una autoridad y de un poder formal que les permite en cierto modo redefinir sus relaciones -de subordinación- con los grupos de poder económico. Esto es particularmente cierto en regímenes presidencialistas como los existentes en la mayoría de países centroamericanos, en donde la figura del Presidente tiene siempre, y a pesar de todo, un gran poder en sí misma.

Por eso, en coyunturas particulares, los Presidentes pueden enfrentar a los grupos de poder económico, independientemente de que éstos hayan financiado sus campañas electorales. Tal fue el caso en El Salvador, en donde en 2004 el gobierno del Presidente Tony Saca, pese a la oposición abierta y beligerante de los grupos financieros del país, implementó reformas tributarias que afectaron los intereses de corto plazo de estos grupos.

Otro ejemplo salvadoreño es la reciente aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, de la Ley del Consumidor, cuestionada firmemente por algunos grupos empresariales y por algunos medios de comunicación escritos. Una situación similar, aunque con mayor éxito relativo de los grupos de poder económico, ocurrió en Guatemala en 2004, cuando el gobierno del Presidente Berger implementó una reforma fiscal que, si bien favorecía en lo fundamental al sector empresarial, fue rechazada y combatida en algunos puntos por los grupos de poder económico.

PARTIDOS POLÍTICOS
CONTROLADOS POR EMPRESARIOS

En los países en donde hay un esquema de partidos políticos y los partidos juegan el papel de la intermediación, el rol de los grupos económicos se ve limitado. Y en donde el sistema de partidos o los partidos son muy débiles, como es el caso de Guatemala, la influencia es mucho mayor. Honduras tiene un sistema de partidos políticos tradicionales de más de cien años y allí los grupos económicos saben que para influir tienen que participar en los partidos políticos. En Costa Rica, donde hay una democracia más avanzada en términos de participación, su influencia se ve limitada.

El caso salvadoreño es el caso extremo. En El Salvador, la agenda gubernamental en materia económica es básicamente la agenda de los grupos de poder económico. Esta situación fue aceptada por varios de los empresarios y políticos salvadoreños entrevistados. Uno afirmó que los principales responsables de esta confusión de agendas son los empresarios que no pertenecen a los grupos de poder económico, a quienes calificó de “demasiado aguados”.

Donde los partidos políticos en el poder responden a intereses más amplios que los empresariales y los grupos de poder económico no los controlan directamente, la influencia -y su eficacia- es menor. Por supuesto, en los casos en los que acceden al poder del Estado partidos o coaliciones que reflejan intereses económicos de grupos emergentes, distintos a los tradicionales, o que tienen posiciones políticas o ideológicas diferentes a los grupos de poder económico, la influencia de los grupos de poder económico se reduce significativamente.

TRES CASOS Y UNA NECESARIA DISTINCIÓN

Existen sólo tres casos en la historia reciente de Centroamérica en donde los grupos de poder económico estuvieron literalmente fuera del poder estatal y su influencia sobre las políticas públicas fue reducida: en El Salvador en los años 80, durante la gestión de la Democracia Cristiana; en Nicaragua, durante la Revolución Sandinista; y en Guatemala durante la administración del Presidente Álvaro Portillo, perteneciente al Frente Republicano Guatemalteco (FRG). En estos tres casos, los grupos de poder económico utilizaron su influencia y su poder para desestabilizar y desprestigiar a los gobiernos, utilizando los medios de comunicación social y otros recursos.

Una distinción útil es la que debe establecerse entre gobiernos empresarios y gobiernos pro-empresariales. Los gobiernos empresarios son los que tienen una agenda que responde básicamente a los intereses empresariales y a los de los grupos de poder económico. El gobierno de ARENA en El Salvador -sobre todo durante la administración de Francisco Flores- sería el caso más ilustrativo porque la agenda del gobierno y la del partido eran básicamente iguales a la de los grupos económicos. Es muy simbólico que el Presidente que sucedió a Flores, Tony Saca sea, a la vez, presidente del partido ARENA. Un miembro prominente del partido re¬conoció que esta doble función no era conveniente, pero que coyunturalmente servía mucho a ARENA, por la gran popularidad de Saca.

Los gobiernos pro-empresariales son los que, aunque tienen en su interior participación empresarial y simpatizan y promueven el mercado y la libre empresa, no necesariamente tienen una agenda que coincide en todos los puntos con la agenda de los empresarios y por eso, tienen más espacio para impulsar políticas nacionales.

CON MÁS PARTICIPACIÓN SOCIAL,
ES MENOR SU INFLUENCIA

Según sea el grado de fortaleza y el tipo de institucionalidad democrática existente en los países, y más específicamente los mecanismos institucionales de participación social, será mayor la influencia de los grupos de poder económico. En los países donde existe una mayor institucionalidad democrática, que permite una mayor participación social en la toma de decisiones -como es el caso de Costa Rica y en alguna medida Panamá-, es mayor la autonomía relativa del gobierno y del Estado en general. Y donde la institucionalidad democrática es débil y la participación ciudadana es limitada, su autonomía es menor.

La influencia de los grupos de poder económico depende también del tipo de Estado y del rol que juega en cada uno de los países. Donde existe una tradición de participación estatal y un Estado relativamente fuerte y legitimado socialmente, los gobiernos tienen mayores márgenes de autonomía respecto de los grupos de poder económico que en los países donde el Estado ha sido tradicionalmente débil y con un rol limitado. Varios entrevistados de países en los que ha habido privatizaciones, expresaron su preocupación por el control que las empresas transnacionales y algunos grupos regionales tienen hoy sobre los servicios públicos básicos, pues esto reduce los márgenes de maniobra de los gobiernos para definir y ejecutar políticas públicas, y aumenta el poder de negociación de los grupos que controlan estos servicios, reduciéndose así la autonomía relativa del Estado.

OBJETIVO: CONTROLAR EL ESTADO

A raíz de la pérdida del control del aparato estatal y de la marginación política que sufrieron los empresarios en El Salvador y Nicaragua en los años 80, con la llegada al poder de la Democracia Cristiana y del Frente Sandinista de Liberación Nacional; y en Guatemala más recientemente, con la llegada al poder del Frente Republicano Guatemalteco, los grupos de poder económico aprendieron una gran lección, fundamental para sus intereses de corto, mediano y largo plazo: asegurar que el aparato estatal esté en control de fuerzas políticas amigables con la empresa privada y con la economía de mercado y, por tanto, su máxima prioridad es evitar que accedan al poder gobiernos que ellos consideran anti-empresariales.

El interés de los grupos económicos por controlar directamente el Estado ha tenido profundas implicaciones en su comportamiento político. Y en el contexto de la democracia electoral que vive la región, donde la única manera de acceder al poder estatal es a través de elecciones periódicas, los principales grupos de poder económico han comenzado a cambiar su modo tradicional de relacionarse con los partidos políticos y sus formas de participación política.

En algunos países -El Salvador, Guatemala y Nicaragua-, han comenzado a modificar la forma de financiar a los partidos. Tradicionalmente, estos grupos han colaborado con el financiamiento de todos o la mayor parte de los partidos políticos contendientes, aunque en proporciones diferentes dependiendo de sus expectativas y de sus afinidades ideológicas, bajo la lógica de diversificar el riesgo y de asegurarse la influencia en el futuro gobierno, cualquiera que sea el partido ganador.

Este comportamiento tradicional ha comenzado a cambiar en algunos países, y de manera creciente los grupos de poder económico sólo financian los partidos que consideran amigables con la economía de mercado y, en los casos en que financian las campañas de otros partidos, lo hacen en cantidades reducidas o apoyan únicamente a los candidatos que consideran moderados. En El Salvador y Guatemala se nos informó que algunos grupos de poder económico apoyan únicamente las campañas de los candidatos a alcaldes y diputados que consideran más moderados dentro de los partidos de oposición.

SON DEMOCRÁTICOS PORQUE
ESTÁN “SEGUROS DE QUE NO PUEDEN PERDER”

Este cambio en el comportamiento de los empresarios, junto a la ausencia de regulaciones efectivas sobre el monto de financiamiento privado de las campañas políticas, ha provocado un sobre-financiamiento de los partidos apoyados por los grupos de poder económico. Esto,sumado a la falta de legislación que reglamente el acceso y el uso de espacios en los medios de comunicación por los partidos políticos, da como resultado una clara competencia desleal a favor de los partidos que tienen el aval de los grupos de poder económico y en contra de los que son considerados hostiles a la empresa privada o que simplemente no son considerados como opciones reales de poder. Ésta es una de las áreas que más preocupaba a muchas de las personas entrevistadas, por las implicaciones negativas que supone para el futuro de la democracia de la región. ¿Hasta dónde se puede hablar de alternativas al modelo cuando los dados electorales están tan cargados?

Los grupos de poder económico no financian a las fuerzas políticas que consideran radicales y enemigas de la libre empresa. En El Salvador, algunos de los principales grupos económicos no aceptan bajo ninguna circunstancia que el FMLN con su liderazgo actual acceda al poder del Estado y hacen todo lo que esté a su alcance para impedirlo, incluyendo el financiamiento de campañas sucias. Algunos sectores de derecha y grupos de poder económico salvadoreños están hoy considerando incluso la posibilidad de crearle al partido oficial ARENA su propia competencia, apoyando la creación de una nueva fuerza de centro, de derecha o de izquierda, que sea amiga de la economía de mercado y de los empresarios.

Esta situación es grave para el futuro de la democracia en la región, ya que la alternabilidad en el poder, que es a fin de cuentas, esencia de la democracia, no parece ser una opción a considerar por algunos grupos de poder económico regionales. Hay que recordar que una de las causas de las guerras en El Salvador, Guatemala y Nicaragua fue precisamente la exclusión política de sectores que querían acceder al poder del Estado por vía electoral, lo que los regímenes militares -apoyados por los grupos de poder económico- no les permitían.

Ante esta situación, cabe preguntarse si algunos grupos de poder económico creen verdaderamente en la democracia. Todo parece indicar que algunos de ellos apoyan la democracia solo cuando les conviene para mantenerse en el poder. Como ha señalado Edelberto Torres-Rivas: La derecha centroamericana ha entrado, por fuerza de las circunstancias que ellas no crearon, a escenarios donde se juega el poder sin ayuda militar. Ahora, son ciudadanos que aceptan el enredo de la democracia participativa porque hasta ahora están seguros de que no pueden perder.

EMPRESARIOS POLÍTICOS
Y PARTIDOS EMPRESARIALES

La actitud antidemocrática de algunos de los grupos de poder económico centroamericanos es contradictoria: dicen oponerse a la alternancia en el poder, preocupados porque un gobierno de izquierda cambiaría las reglas del juego económico establecidas durante las últimas décadas por gobiernos de derecha, pero son ellos mismos los que han fomentado un estilo autoritario de definición de las políticas públicas impidiendo construir verdaderas políticas de Estado.

Es precisamente este estilo excluyente de elaboración de políticas públicas, basado en la imposición, lo que ha minado la credibilidad y la legitimidad de las políticas económicas aplicadas y lo que ha puesto en peligro la viabilidad futura de las reformas. Por eso, estos grupos deberían ser los primeros en apoyar un estilo de definición de políticas económicas basado en la discusión y la concertación, ya que en una verdadera democracia es ésta la única manera de construir esas reglas de juego permanentes y estables que tanto reclaman.

La tradicional renuencia de los grandes empresarios de algunos países de la región a participar activamente en la política partidista ha comenzado a cambiar. Ahora los empresarios pertenecientes a los grupos de poder económico participan directamente en política y para esto se afilian a los partidos de su preferencia, que son aquellos en los que tienen más influencia o control.

Hay diferencias según los países. En los que cuentan con sistemas de partidos políticos estables y partidos políticos de larga tradición y con membresía heterogénea, como en Costa Rica y Honduras, la motivación principal de los empresarios es influir indirectamente en las decisiones políticas. Esto significa que reconocen el papel de representación de los partidos. Pero en países donde los sistemas de partidos políticos son inestables o simplemente no existen -como en Guatemala- y los partidos políticos son débiles o son de tipo empresarial, la razón principal que motiva a los grandes empresarios a participar en política partidista es controlar directamente los partidos y utilizarlos para promover e imponer sus agendas particulares. Este control lo logran fundando sus propios partidos -como en Panamá, donde algunos de los principales empresarios tienen sus propios partidos- o financiando partidos, como en el resto de los países.

Lo más frecuente es que los grupos de poder económico utilicen su dinero para influir en los partidos políticos con representación en el Legislativo. Vale la pena destacar la práctica ilegal que algunos grupos económicos utilizan repartiendo considerables sumas de dinero entre los diputados con tal de sumar los votos necesarios para pasar leyes que les interesan o les benefician directamente.

Para un futuro democrático, Centroamérica necesita fortalecer sus sistemas de partidos políticos, para que puedan cumplir a cabalidad con su papel de representación de los diversos intereses sociales y así servir de contrapeso al poder empresarial.

INTERESES CADA VEZ MÁS COMPLEJOS

Desde hace algún tiempo, la institucionalidad empresarial de Centroamérica está pasando por una transición bastante compleja -en cierto modo traumática-, en buena medida por los cambios en el entorno empresarial provocados por la globalización económica, por la mayor diferenciación y polarización del sector y por la mayor diversificación empresarial, fruto de la emergencia de nuevos actores económicos. Es¬to ha complejizado la diversidad de intereses empresariales.

Los nuevos actores económicos están vinculados a las nuevas actividades dinámicas -exportación agrícola no tradicional, turismo y maquila, construcción y bienes raíces-; al grupo integrado por los ejecutivos de las empresas transnacionales que operan en Centroamérica; al surgimiento de nuevos grupos económicos vinculados a sectores políticos -como los relacionados con el FSLN y el ex-Presidente Alemán en Nicaragua-; a los ejércitos, algunos de los cuales, como el guatemalteco, tienen un poder y una influencia relevantes y compiten con los grupos tradicionales; y a actividades ilegales, como el narcotráfico.

Además de contribuir a disminuir los incentivos para la acción colectiva formal de los empresarios, estos factores han contribuido a erosionar la función de representación de las cámaras empresariales tradicionales, lo que a su vez se ha traducido en una menor capacidad de estas instituciones para incidir en la definición de políticas públicas. En esta pérdida de influencia social y política de la institucionalidad empresarial ha tenido mucho que ver el comportamiento de los grupos de poder económico.

¿EL FIN DE LAS CÁMARAS EMPRESARIALES?

Los grupos de poder económico están localizados nacio¬nalmente y piensan regionalmente. Se reúnen dos o tres veces al año, hacen un balance político de Centroamérica, planifican Centroamérica y deciden acciones. Ven a la región como una sola realidad, ya no ven seis países. Esto ha conducido a una crisis de la institucionalidad empresarial tradicional. Antes, estos grupos influían en los gobiernos a través de las cámaras empresariales (CACIF, ANEP, COHEP, COSEP). Hoy las utilizan menos y emplean “el derecho al picaporte” con el presidente, los ministros, los magistrados del poder judicial. Sólo necesitan las cámaras empresariales cuando tienen que librar batallas ideológicas y ejercer presión en defensa de sus intereses: cuando hay que unirse para defender la propiedad privada o una determinada reforma económica o cuando unen sus voces para ir contra el comunismo, o contra el FSLN o contra el FMLN. Con matices en cada país, la institucionalidad empresarial ha dejado de ser referente, no tiene el poder real.

En algunos países estos grupos ya han dejado de utilizar las cámaras empresariales como instrumentos de intermediación política entre ellos y el Estado y ahora simplemente se representan a sí mismos utilizando estos mecanismos informales directos para influir en las políticas públicas. En algunos países, la dirección de las cámaras empresariales está ya en manos de gerentes y de empresarios medianos.

HAN CREADO SU PROPIA INSTITUCIONALIDAD

Los grupos económicos han creado su propia institucionalidad empresarial -fundaciones de acción social, instituciones educativas, centros de pensamiento-, la que no sólo compite con las instituciones empresariales tradicionales, sino que también la cuestiona por su falta de capacidad propositiva y por su incapacidad para lidiar con el nuevo entorno internacional. A diferencia de la institucionalidad tradicional, la nueva es de naturaleza privada, en el sentido de que no busca la acción colectiva formal, sino que pretende contribuir al desarrollo social y sus expresiones son financiadas por los mismos grupos, muchas veces con apoyos externos.

Para la formulación de propuestas de política económica, los grupos de poder económico recurren a instituciones académicas regionales, como el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y a los centros de pensamiento creados con financiamiento de la USAID en los años 80, como es el caso de la Fundación Salvadoreña Para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en El Salvador y más recientemente, la Fundación Para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA.).

En el plano regional, los grupos de poder económico han creado en la práctica su propia institucionalidad, también informal, que consiste en realizar reuniones periódicas, en donde discuten los problemas de la región y sus posibles soluciones. Además de debilitar la institucionalidad empresarial nacional, esto actúa en contra de los esfuerzos encaminados a fortalecer la poca institucionalidad empresarial regional existente, que es sumamente débil y no tiene una visión regional. Tampoco la academia tiene una visión regional.

Tampoco la clase política. Cuando se le preguntó a un gran empresario de Honduras por qué despreciaban a los políticos y hablaban tan mal de ellos, por qué no querían inter-relacionar con ellos, me dijo: ¿Cómo vamos a hablar con ellos, si nosotros ya estamos regionalizados y ellos sólo piensan en Honduras, qué discusión vamos a tener con ellos si no saben de lo que pasa más allá de sus fronteras? O cuando se le preguntó a un empresario guatemalteco: ¿Y usted por qué ya no le dedica tiempo a Guatemala y a las Cámaras de Guatemala?, respondió: En mi agenda del día sólo le puedo dedicar a Guatemala 35 minutos; las Cámaras sólo piensan en Guatemala, pero nosotros ya tenemos que pensar en muchos países.

Ante esta situación, nada favorable a la democracia, debemos recuperar ese vínculo que se rompió en algún momento entre la academia y la política. En los años 60 y 70 académicos y políticos centroamericanos trabajaban juntos en muchos proyectos. Ahora mantienen un divorcio radical. Si le preguntan a un político, argumenta: Los académicos no saben nada. Si le preguntan a un académico, contesta: No nos metemos con los políticos porque son todos unos corruptos. Es preocupante, porque ambos son sectores clave para pensar y ejecutar proyectos económicos y políticos alternativos.

¿Y LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS?

La pérdida de la importancia de la función de representación política de la institucionalidad empresarial de la región es preocupante también, ya que instituciones fuertes y representativas de los diversos intereses empresariales contribuyen a la consolidación de la democracia y representan un contrapeso importante al poder de los grupos de poder económico. Un desafío para los países centroamericanos es precisamente crear una institucionalidad empresarial democrática en la que los pequeños, medianos y grandes empresarios no pertenecientes a los grupos de poder económico tengan una participación efectiva.

En los últimos 20 años Centroamérica ha vivido un importante proceso de diversificación empresarial: hay nuevos empresarios, pequeños, medianos, grandes, super-grandes, en maquila, en servicios, en turismo, en industria. No tienen necesariamente intereses comunes. Esta diversificación es positiva, pero existe una polarización que resulta negativa: los grandes grupos ya integrados regionalmente, el llamado “grupo centroamericano”, es muy poderoso, tiene más poder que todos los sectores juntos.

INTERNACIONALIZADOS: LO POSITIVO, LO NEGATIVO

En términos administrativos, de cómo manejan sus negocios, los principales grupos de poder económico de Centroamérica no tienen nada que envidiar a cualquier transnacional. Están totalmente modernizados y globalizados. Algunos dicen que, aunque ya no esconden el dinero debajo de la cama, en términos políticos siguen siendo los mismos reaccionarios. ¿Es así? Es un reto para los académicos interpretar cómo se ha traducido ya o cómo se está traduciendo esta modernización económica en el comportamiento político de estas élites.

Más allá de la cultura política, la internacionalización de los principales grupos de poder económico ha tenido importantes repercusiones en la cultura empresarial de la región. En primer lugar, su presencia ha contribuido a concientizar al resto de actores económicos sobre la necesidad de modernizarse y de prepararse para enfrentar con éxito la globalización económica. En segundo lugar, ha colaborado a promover la responsabilidad social empresarial en el área, visión que la mayoría de grupos comparte -aunque sea de manera formal- y promueve mediante diversos mecanismos, incluyendo la creación y fortalecimiento de instituciones especializadas en el tema, en las cuales participan activamente.

Las influencias positivas han sido acompañadas de otras negativas para la vigencia de la democracia en la región. Por ejemplo, las prácticas antidemocráticas de algunos grupos de poder económico -sobre todo salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses- contra los sindicatos, así como la cultura aberrante de algunos de ellos de infligir las leyes laborales, incluyendo el pago de salarios mínimos. Algunas de las personas entrevistadas nos informaron sobre la influencia negativa de algunos grupos que tienen visiones autoritarias y que se oponen a las prácticas de concertación social existentes en Costa Rica o Panamá. Estos comportamientos subrayan la necesidad de realizar estudios adicionales relacionados con la cultura política de los grupos de poder económico regionales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL SÍ,
PAGO DE IMPUESTOS NO

Uno de los temas que hay que seguir investigando es si la modernización económica de estos grupos ha implicado también modernización política y modernización social. Tengo una doble percepción. En el lenguaje formal, estos grupos económicos asumen estratégicamente el tema de la responsabilidad social empresarial. La mayoría tiene ahora su fundación, vinculada al desarrollo empresarial. Algunos de los principales grupos de poder económico son defensores y promotores vehementes de la responsabilidad social empresarial. Pero cuando uno analiza su comportamiento en el tema de los impuestos, ahí no vemos ningún cambio. Continúan con la práctica de no pagar los impuestos que le corresponden, y se oponen a una intervención más activa del Estado en lo social, lo que mina las posibilidades de los Estados centroamericanos para solucionar tantos problemas sociales. Para estos grupos, el tabú sigue siendo el Estado y siguen siendo los impuestos. Ellos no se ven a sí mismos pagando impuestos, no ven que su responsabilidad social se exprese a través de los impuestos y quieren ejercerla directamente.

Un empresario salvadoreño me decía: Yo tengo siete mil empleados y ahí es donde le aporto al país. Y otro me dijo: A través de nuestra fundación estamos haciendo viviendas, dando créditos, financiando alimentos, ¿qué más quieren que hagamos? Y cuando les preguntamos por los impuestos responden: El Estado se los roba. Y salen con un discurso ideológico anti-estatal muy vibrante. Ellos no conciben un Estado redistributivo. Están dispuestos a apoyar estrategias de combate a la pobreza focalizadas, y hay algunos grupos económicos a los que les interesa mucho la educación y la salud, pero cuando se les plantean políticas estatales más amplias de redistribución de las riquezas, se comienzan a retraer.

PROTAGÓNICOS EN UN PROCESO
POCO PARTICIPATIVO Y EXCLUYENTE

Los grupos de poder económico están contribuyendo a la integración centroamericana de manera significativa, siendo ellos los principales motores de este proceso. Esto ha aumentado la competitividad de la región mediante la aplicación de procesos de producción y distribución más eficientes y técnicas administrativas y gerenciales modernas, lo que es particularmente importante en el caso de los grupos que tienen alianzas internacionales. La existencia misma de los grupos de poder económico está contribuyendo a hacer más atractiva a Centroamérica a la inversión extranjera, porque las empresas transnacionales se vinculan a conglomerados grandes con presencia regional. A través de sus inversiones están colaborando también a la generación de empleo. Sin embargo, esto no es suficiente para contrarrestar la fuerte tendencia a la concentración del ingreso y la riqueza a favor de estos actores.

Todo esto está incidiendo negativamente en la desigualdad regional y nacional, porque la integración empresarial que impulsan estos grupos está concentrando cada vez más la riqueza y el poder político. En este sentido, la nueva integración centroamericana sí es parecida a la registrada cuarenta años atrás, caracterizada por distribuir de manera desigual los beneficios del proceso entre los diferentes países y al interior de cada uno de ellos, lo que a la larga condujo a la crisis y provocó guerras.

La integración institucional que llevan adelante los gobiernos y las instituciones formales y oficiales de la integración centroamericana ha recibido de parte de los grupos de poder económico un gran interés -y por tanto presiones- para que se avance lo más rápidamente posible en el proceso de eliminación de controles y trabas a los flujos comerciales y de capitales dentro de la región. Como señaló uno de los empresarios más poderosos del área durante las entrevistas, “la integración centroamericana debería ser total, debería haber libertad absoluta, libre movilidad de bienes y personas”.

En realidad, es la creciente importancia que tiene para los grupos de poder el mercado regional como espacio de acumulación, uno de los factores principales que explican el interés renovado de los gobiernos centroamericanos en el proceso de integración regional. Por ejemplo, en El Salvador, el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-94), apenas dedicó en su primer programa de gobierno unas líneas a la integración centroamericana. Sin embargo, meses después, fue el mandatario más interesado en el proceso. Cambió de actitud por el interés de los grupos financieros -de los cuales formaba parte él mismo- en expandir sus negocios a la región.

Hay que señalar también que la influencia de los grupos de poder económico sobre la integración institucional no ha sido muy efectiva, debido al contrapeso que representan en este ámbito los empresarios no globalizados, sobre todo industriales y agroindustriales, que se resisten a una mayor integración regional por temor a perder su control monopólico y oligopólico en los mercados nacionales en los que operan.
Aunque el interés de los grupos de poder económico por la integración centroamericana es positivo porque obliga a los gobiernos a tratar de cumplir los compromisos ya adquiridos -por ejemplo, la conformación de la unión aduanera- y a mantener, aunque sea de manera formal, el tema de la integración en las agendas nacionales, se corre el riesgo de que el proceso de integración institucional resultante sólo tome en cuenta los intereses de estos grupos y, por tanto, institucionalice y formalice un proceso que hasta hoy ha sido altamente excluyente y poco participativo.

¿QUÉ HACER HOY?

Los grandes grupos económicos centroamericanos son hoy más poderosos económica y políticamente que nunca antes en la historia de Centroamérica. Es paradójico: después de guerras que buscaban sociedades más equitativas y menos polarizadas, lo que tenemos hoy son sociedades con la riqueza mucho más concentrada en pocas familias que hace 20-30 años, sociedades más excluyentes y más polarizadas.

De esta nueva y amplia integración de las economías y las sociedades centroamericanas sabemos, desgraciadamente, muy poco todavía. El desbalance de poder que está creando la integración de los grandes grupos económicos representa un serio riesgo para la democracia de la región, al estar contribuyendo a la configuración de sociedades más desiguales en el plano económico, y más polarizadas en lo social y en lo político.

Riesgo, porque, a la par que estos grupos económicos se han hecho más fuertes económica y políticamente, otros sectores que en una democracia sirven de contrapeso, se han debilitado: los Estados, las clases medias, los sindicatos, la llamada sociedad civil, los partidos de izquierda. En este contexto, existe un desbalance peligroso para la democracia. La sociedad civil centroamericana es después de la paz, más débil en ciertas áreas, que lo que lo era en los tiempos del conflicto. Algunos sectores se han fortalecido -y algunos son de derecha-, pero en su conjunto la sociedad civil no parece más fuerte y por eso no hace contrapeso a los poderes económicos.

A pesar de que en Centroamérica mucha gente está desencantada con la democracia y piensa que no se puede ir más allá de lo que tenemos, sigo creyendo que la solución es fortalecer la democracia, fortalecer los contrapesos y actuar para que el Estado regule, para que invierta, para que fomente, para que fortalezca a los sectores sociales, a los sindicatos, a los movimientos sociales, a la sociedad civil.

Tenemos ahora un poder más concentrado y más regio¬nalizado, que nos obliga a pensar ya no sólo en cómo llegar al poder para cambiar las cosas, sino en lo que haremos al siguiente día de llegar al poder, en qué posibilidades reales existen de gobernar nuestros países y bajo qué reglas. Las alianzas para llegar al poder no necesariamente son las mismas que las alianzas para poder gobernar. Algunos de los actuales gobiernos de izquierda latinoamericanos llegan al poder como fruto de alianzas populares, pero cuando empiezan a gobernar se encuentran con los poderes fácticos, con los poderes reales, con los poderes que en la realidad hacen funcionar los países. ¿Qué sentido tiene la búsqueda del poder cuando al llegar al poder el espacio de maniobra para cambiar las cosas es tan limitado?

¿CÓMO CANALIZAR EL DESCONTENTO?

Centroamérica necesita una “segunda generación de reformas políticas” que permitan fortalecer la democracia, profundizar la democracia. Frente al poder empresarial no podemos más que profundizar la democracia, y la democracia participativa. Un Estado fuerte, partidos políticos fuertes, sectores sociales fuertes. El cambio que necesitamos no se va a dar a partir de voluntades, sino a partir de correlaciones de fuerzas. Y hoy por hoy, la correlación de fuerzas no es la favorable para construir democracia participativa.
Hay quien compara los cambios drásticos que ha vivido Centroamérica con un tsunami, algo tan poderoso que es imposible enfrentar. ¿Habrá salida? La tiene que haber, porque el modelo económico no está funcionando bien. En los últimos años la concentración de poder y de riqueza se ha profundizado y la pobreza ha aumentado, incluso en los dos países en los que había comenzado a reducirse, El Salvador y Costa Rica. Ha aumentado la pobreza, y ya no digamos la desigualdad. Comienza a haber deterioro y descontento entre las clases medias y la gente empieza a decir que las cosas no van por donde debían ir.

¿Cómo canalizar este descontento y estas energías en proyectos políticos alternativos? Hablando con los términos marxistas que ya no se usan: las condiciones objetivas están ahí. En lo social y lo económico a la mayoría no le va bien y sólo a algunos les está yendo super-bien. El día en que la gente haga un vínculo entre la gestión gubernamental y su vida cotidiana, los gobiernos centroamericanos y las élites económicas van a estar en problemas. ¿Esa conexión se hará de forma espontánea? ¿O quién será capaz de hacerla? Si hoy ya hay en Centroamérica una nueva economía, lo que tenemos que descubrir es una nueva forma de hacer política.

Estamos convencidos de que una de las tareas más urgentes que enfrentan actualmente las sociedades centroamericanas es avanzar en la construcción y fortalecimiento de contrapesos que permitan equilibrar el poder regional y, por tanto, que contribuyan a la instauración de una verdadera democracia participativa. Esto es particularmente importante con la entrada en vigencia del CAFTA-RD.

Todo esto pone en el centro del debate la relación -conflictiva- entre democracia y mercado, ya que por una parte una integración económica más equitativa y socialmente equilibrada supone necesariamente una profundización de la democracia más allá del ámbito electoral; y por otra, implica conciliar los intereses de los empresarios, que son los principales actores de la integración económica, con los intereses de los Estados, que tienen un papel central en el logro de la integración social y política. Por estas razones, asumir un debate amplio sobre la relación entre Democracia y Mercado es una de las tareas más urgentes que enfrentan las sociedades de Centroamérica a principios del Siglo XXI.

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO “TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL EN AMÉRICA CENTRAL” DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS DE EL SALVADOR.

VERSIÓN RESUMIDA Y EDITADA POR ENVÍO DEL ESTUDIO “INTEGRACIÓN REAL Y GRUPOS DE PODER ECONÓMICO EN AMÉRICA CENTRAL. IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA EN LA REGIÓN”, FINANCIADO POR LA FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT, Y DE UNA CHARLA DEL AUTOR EN EL SEMINARIO ANUAL DEL APOSTOLADO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN CENTROAMÉRICA. SAN SALVADOR, SEPTIEMBRE 2006.

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