Un gobierno atrapado en la lógica de la guerra sucia

El gobierno de Felipe Calderón carece de legitimidad y para cubrir su desnudez se viste de militar. El ejército está en las calles “para combatir el narcotráfico” pero el objetivo real es inhibir y reprimir las protestas sociales, cada vez más frecuentes, cada vez más intensas. La lista de los luchadores sociales encarcelados ha alcanzado niveles históricos. Ya no hay duda: se trata de un gobierno represivo en un país cada vez más injusto y violento.

Jorge Alonso

La situación económica, política, social y cultural mexicana está marcada por graves injusticias. En brochazos muy gruesos: una mitad de la población disfruta de más del 80% del ingreso disponible y la otra mitad apenas sobrevive con el 17.8%. Pero esas mitades tampoco son homogéneas.

CARLOS SLIM:
EL MÁS RICO DEL MUNDO

El desigual reparto de la riqueza es peor ahora que hace tres décadas. Mientras 18 millones viven en una muy alta marginación, tan sólo diez familias acumulan cerca del 10% del PIB nacional y su fortuna equivale al 40% del gasto público. Sólo una persona, Carlos Slim, ha ido escalando vertiginosamente los niveles de riqueza mundial hasta colocarse en los primeros sitios. Al amparo de la privatización del que fuera monopolio estatal telefónico, con un inmenso mercado cautivo que es esquilmado despiadadamente, esa única persona ha amasado una escandalosa fortuna. Posiblemente el hombre más rico del mundo vive en México. Como lo ha descrito el economista José Blanco, Slim se ha dedicado a comprar empresas quebradas que otros han hecho. Las repara y las explota en su país o en otros países. Si incorpora innovaciones no son las producidas por él, sino las que otros han creado, pues no es un empresario sino un paradigmático capitalista. Es vergonzoso que haya una persona tan excesivamente rica en medio de millones que apenas tienen para comer.

UNA LACERANTE DESIGUALDAD

Quien ocupa la silla presidencial prometió en su campaña ser el Presidente del empleo, pero en lo que lleva de su gestión sólo se han generado medio millón de empleos, cuando deberían haber sido tres veces más. Además, la mayoría de los empleos creados son de poca calidad. Un estudio sindical reveló que 6 de cada 10 trabajadores están sobreexplotados, carecen de seguridad social y viven en pobreza extrema con salarios que no cubren los parámetros mínimos de subsistencia. Cada año unos 600 mil mexicanos tienen que dejar su país para buscar el trabajo que no encuentran en donde nacieron. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido que reconocer que en México no se cumple con los derechos económicos y sociales. La lacerante desigualdad se ha convertido en un grave peligro para la convivencia democrática.

ABUSOS DEL EJÉRCITO

El escritor Sergio Pitol, premio Cervantes de Literatura, declaró, a un año de las elecciones que Calderón sabía que gobernaba ilegítimamente. La investigadora Laura Carlsen, del Centro de Política Internacional con sede en Washington, el académico Víctor Flores Olea y el investigador John Saxe Fernández han señalado que Calderón pretende asumir un liderazgo que no ha obtenido en las urnas apoyándose en las fuerzas armadas. Pese a esto, los operativos contra el narcotráfico, más allá de lo mediático, están resultando insuficientes e ineficaces para frenar la delincuencia. Se evidencia así la debilidad gubernamental y la fortaleza del crimen organizado, bien armado, con una poderosa estructura financiera, y con una telaraña de complicidades en el sistema económico y político.

Al salir indiscriminadamente a las calles, el ejército ha provocado también roces con la población. Se incrementan las denuncias por sus abusos. Nunca se transparentó, por ejemplo, el suceso ocurrido en junio de 2007 en Sinaloa, cuando una mujer y cuatro menores resultaron muertos a tiros en un retén del ejército. Algunos testimonios dijeron que antes de llegar al retén el vehículo donde viajaban fue recibido a balazos. El partido gobernante minimizó el hecho aduciendo que en la guerra contra el crimen había “efectos colaterales”. Días después, una menor de 13 años fue baleada en Guerrero por el ejército y la Secretaría de la Defensa trató de justificar la agresión. El organismo nacional de defensa de los derechos humanos confirmó que en mayo varios militares habían violado a varias muchachas en Michoacán. Y tres años después de la denuncia, aún no habían sido castigados los militares acusados de violar a 14 mujeres en Coahuila.

LA MUERTE DE ERNESTINA

El hecho más escandaloso fue la muerte de Ernestina Ascencio, una anciana indígena en Veracruz en febrero de 2007. Los primeros datos denunciaban que se le había encontrado moribunda después de ser atacada y violada por militares. Pero de inmediato salió el presidente Calderón afirmando que su muerte se debía a gastritis. Entonces, el gobierno de Veracruz se desdijo de los primeros peritajes, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se alineó con lo dicho por el gobernante federal. Tras sucesivas y contradictorias “verdades oficiales”, las autoridades indígenas anunciaron que llegarían hasta instancias internacionales para que se hiciera justicia. La jurista Magdalena Gómez recalcó que había sido del dominio público que las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz apuntaban hacia la violación de la indígena por miembros del ejército. Basaban su versión en el testimonio de sus familiares, que escucharon las últimas palabras que había pronunciado. Informes médicos y dictámenes periciales iban en el mismo sentido. Pero al plegarse todos a la versión presidencial, se mostró que se habían cometido violaciones a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica y se había dado una evidente manipulación del caso.

Posteriormente se supo que la Presidencia había declarado la muerte por gastritis “sin prueba documental alguna”. López Obrador consideró que el caso de la indígena era una ofensa para toda la nación. El jurista Clemente Valdés acotó que la lucha del ejército contra la droga no justificaba en ningún caso los atropellos y las violaciones a los derechos fundamentales de ninguno de los habitantes del país. La realidad es que el ejército en las calles, realizando labores de policía, lejos de abonar al prestigio del gobierno, ha multiplicado las acciones violatorias de derechos humanos y ha puesto en evidencia su enorme incompetencia.

EN ALIANZA CON “UNA MAFIA”

Otra alianza que acarrea gran desprestigio al gobierno es la que ha instituido Calderón con el cacicazgo magisterial de Elba Esther Gordillo. En su edición del 4 de junio, la revista “Proceso” denunciaba que en dos décadas esta mujer había hecho uso de más de 104 mil millones de pesos sin que exista un informe preciso del manejo de esos recursos provenientes de las cuotas y recursos públicos otorgados al sindicato. A cambio de las manipulaciones electorales, Calderón ha cedido a la dirigente de ese sindicato el control de la Secretaría de Educación y de varias carteras en su gabinete ampliado. Gordillo se autoproclamó “presidenta vitalicia” en el sindicato de maestros y por su relación con Calderón y se exhibe mandando con autosuficiencia y descaro.

Especialistas en educación lamentaron la entrega descarada de las políticas educativas a “una mafia”. Por su parte, la disidencia de ese sindicato consideró un grave error calderonista haber cedido la enseñanza “a una asesina y corrupta” y anunció que lucharía contra la dictadora. Esa disidencia no ha cesado de manifestarse masivamente en repudio a las modificaciones legales relativas a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y exigiendo una alternativa en la política educativa nacional.

¿ES INDEPENDIENTE LA CORTE?

En julio, la Suprema Corte aceptó que puntos medulares de la llamada Ley Televisa eran anticonstitucionales. Esto despertó esperanzas de que la Suprema Corte se perfilara como garante de la Constitución más allá de acuerdos metajurídicos con los otros poderes. El caso de Oaxaca también llegó a la Corte. Pero en este asunto, la Corte se limitó a tomar nota de lo sucedido sin tocar a los responsables gubernamentales federales y estatales.

Más de dos mil personalidades demandaron a la Corte intervenir en defensa de los derechos constitucionales de la periodista Lydia Cacho, quien con gran valor denunció en 2005 en el libro “Los demonios del Edén”, a una influyente red de pederastas. Los defensores de Cacho alegan que lo que está en juego es saber si los ciudadanos comunes tienen alguna posibilidad de que el Estado los proteja de los criminales que se alían con servidores públicos. La comisión investigadora comprobó que el gobernador de Puebla, Mario Marín, y las cabezas del poder judicial del estado de Puebla, habían incurrido en violaciones graves a las garantías de la periodista, pero las esperanzas de confiar en un poder judicial al servicio de los ciudadanos se derrumbaron. La dirigencia del PRI apoyó denodadamente a sus gobernadores de Puebla y de Oaxaca. Establa claro: panistas y priístas se apoyaban. Ante esta alianza, la Corte no quiso condenar al gobernador poblano. A principios de julio, la prensa mostró una foto en la que Calderón y el gobernador de Puebla, Mario Marín departían muy sonrientes.

A seis meses de haberse creado en la Corte una comisión para investigar las violaciones a los derechos humanos contra los pobladores de Atenco, ocurridas en 2006 durante la toma policíaca de ese municipio, se anunció que no había fecha para que la Corte rindiera informe sobre el caso. También se filtró a la prensa que antes de resolver el caso Televisa la Corte había consultado a la Presidencia, en una muestra de su endeble y aparente autonomía.

OBRAS PÚBLICAS MAL HECHAS

Pocos días después, en una carretera del Estado de Puebla se desgajó un cerró y sepultó a un autobús con todos sus ocupantes. El editorial del periódico “El Universal” destacó que, lejos de ser un mero accidente de la naturaleza, había una oscura trama de irresponsabilidad oficial, desidia y corrupción en la obra pública y hasta de cinismo por parte del gobernador de ese Estado. La carretera se había hecho sin estudios geológicos ni de mecánica de suelos y sin considerar las características geográficas de la zona. Además se divulgó que ese gobernador había asignado 116 obras de manera directa, sin licitación. Días después, Calderón y el gobernador inauguraban otro tramo carretero. Una señal más de la estrecha alianza entre Calderón y los gobernadores priístas.

OAXACA SIGUE ARDIENDO

A mediados de junio el editorial del periódico “El Universal” señalaba que Oaxaca ardía internamente. “Los asesinatos de opositores a manos de patrullas paramilitares con amplias evidencias de mando estatal” hacían moralmente imposible que el gobernador Ulises Ruiz prosiguiera al frente de la entidad. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) organizó un jurado popular sobre las violaciones de los derechos en esa región. En el juicio se documentaron detenciones sin orden judicial que constituían verdaderos secuestros, aplicación de tortura sicológica y física a los detenidos, persecución a familiares y opositores políticos e intentos de someter a los gobernados por el terror estatal.

Según el veredicto del tribunal popular, Ulises Ruiz es culpable de delitos de lesa humanidad. La documentación probatoria de los ilícitos del gobernador oaxaqueño fue entregada a la Cámara de Diputados. Los appistas señalaron que era la última oportunidad para que las instituciones demostraran ser eficientes y oportunas para evitar la violencia. Pero poco después resurgió la violencia.

REPRESIÓN
EN LA GUELAGUETZA

A raíz de un terremoto en 1931 el poder ideó la celebración en Oaxaca de la llamada Guelaguetza. En ella, los indios de 16 pueblos lucen sus tradiciones festivas de bailes, danzas y cantos. La Guelaguetza significa “participar cooperando”, un don gratuito que implica reciprocidad. Muy pronto la burguesía oaxaqueña se apoderó de este festejo, y sobre todo de los beneficios económicos de la celebración. Al surgir el movimiento popular de 2006, la APPO se propuso recuperar para el pueblo esta festividad y anunció que el 16 de julio se celebraría una Guelaguetza popular cuyo acceso sería totalmente gratuito.

Como la afluencia de la gente a la plaza de la danza fue enorme, un gran contingente se dirigió también al lugar donde una semana después se celebraría la Guelaguetza oficial mercantilizada, en el cerro del Fortín, que estaba resguardado por las fuerzas represivas. La policía inició entonces un enfrentamiento que duró varias horas. Hubo medio centenar de detenidos y otro tanto de heridos. Un miembro de un comité de defensa de derechos humanos fue apresado, y sin que ofreciera resistencia, recibió tan fuerte golpiza que lo puso al borde de la muerte. No fue un caso aislado. Miembros del movimiento y hasta transeúntes fueron víctimas de la brutalidad policial. Después, el gobierno impuso como fianza dos millones de pesos a cada detenido. Los miembros del movimiento acusaron al Presidente Calderón y al gobernador Ruiz de ser los responsables de los hechos violentos.

Una semana después, mientras el gobernador celebraba la Guelaguetza oficial con la asistencia de burócratas y con el acarreo de priistas, la APPO y los maestros organizaron una masiva manifestación en la que denunciaron detenciones ilegales. Los zapatistas apoyaron al movimiento popular oaxaqueño y la Asamblea Popular del Pueblo de Guerrero inició movilizaciones para demandar la presentación de los desaparecidos en Oaxaca. Maestros disidentes lograron llegar a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para pedir diálogo al gobierno de Calderón, pero éste se negó. El analista Carlos Montemayor denunció que existe una estrategia de represión selectiva, y que las autoridades federales y estatales, en vez de resolver las demandas sociales y entablar una negociación, optan por reprimir.

EL SÁTRAPA DE OAXACA

Varios organismos sociales y políticos emitieron una declaración conjunta en la que denunciaron que en Oaxaca se vivía una vez más la violencia gubernamental. Señalaron que el Estado tenía al frente del gobierno a “un sátrapa” y que se había consolidado la impunidad. Insistieron en que en el fondo del conflicto se encuentra la pobreza extrema, la marginación, la falta de oportunidades para una vida digna, los salarios miserables cuando hay empleo, la migración forzosa y los cacicazgos. Se declaraban en pie de lucha contra esta “situación asfixiante” y exigían la sustitución de la violencia por un verdadero diálogo.

Organizaciones civiles han hecho ver que en Oaxaca se actúa como en tiempos de la guerra sucia. El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, en un comunicado a la opinión pública nacional e internacional, expresó su repudio y condena a la vía violenta que los tres niveles de gobierno en México -el federal, el estatal y el municipal- han elegido como respuesta a las demandas legítimas de justicia y democracia de los pueblos oaxaqueños y de todo el país. Recordó que el movimiento popular de Oaxaca es el resultado de un proceso democrático y plural cuya lucha expresa la gran inconformidad de los pueblos oaxaqueños contra los abusos y la imposición de un modelo de desarrollo neoliberal y de ultraderecha que profundiza las desigualdades, la explotación social y económica, la exclusión y la opresión de los pueblos.Responsabilizó de la brutal represión a Ulises Ruiz, a Calderón y a su Secretario de Gobernación y exigió la libertad inmediata e incondicional de los detenidos, la presentación con vida de los detenidos, la salida inmediata de todos los cuerpos represores y paramilitares, el cese a la campaña mediática contra los movimientos sociales, el cese de la criminalización de los luchadores sociales y la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca.

OAXACA:
PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL

La Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la organización Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura difundieron un comunicado en el que manifestaron su alarma por los sucesos de Oaxaca y recalcaron que desde hacía un año las autoridades federales y el gobierno estatal habían dejado en la impunidad homicidios, torturas, detenciones y cateos arbitrarios, así como una serie de violaciones individuales y colectivas a los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su profunda preocupación por los acontecimientos de Oaxaca. Había recibido información esta institución de la OEA de que hay personas detenidas de las que no se sabe su paradero. La CIDH recordó al Estado mexicano su deber de respetar los derechos humanos. Amnistía Internacional anunció que en la primera semana de agosto visitaría México preocupada por la situación de Oaxaca. El académico José Antonio Crespo recordó que en el fondo del problema está la ilegitimidad del gobierno de Calderón y consideró que hay claras señales de que el PRI ha aceptado pactar con Calderón a cambio de la impunidad de sus gobernadores y sus sicarios.

INVESTIGAR EL FRAUDE

A un año de las elecciones presidenciales, una tercera parte de la población sigue pensando que el reciente proceso electoral fue “muy malo”. Y poco menos de la mitad no puede afirmar que no hubo un fraude electoral. Mientras los funcionarios electorales califican esos comicios como “alegres” y Calderón anuncia que su proyecto irá más allá del término de su mandato, un pujante movimiento cívico se propuso constituir una Comisión de la Verdad para investigar el fraude de 2006. Una gran parte de la sociedad no ha querido olvidar este agravio de los poderes fácticos.

Quien fue el candidato priísta sacó un libro en el que se queja de la traición interna sufrida de parte de Elba Esther Gordillo y califica la elección presidencial de ilegal. Andrés Manuel López Obrador también publicó un libro en el que muestra cómo una mafia -compuesta por el Presidente Fox, los grandes empresarios y los poderosos medios electrónicos de comunicación- se había robado la Presidencia de la República.

Un dato importante para probar el fraude es el que se refiere a las más de 9 mil casillas en las que aparentemente hubo una gran afluencia de votantes, a tal punto que se rebasaron las reglas elementales de la probabilidad. En esas casillas, cerca de la mitad de los votos eran para el candidato panista y sólo una cuarta parte para el candidato perredista. Mientras a nivel nacional la distancia oficial fue de medio punto, en esas casillas la distancia superaba los quince puntos. Varios especialistas han destacado que una mayor parte de esa supuesta gran participación estuvo compuesta por votos falsos. Según López Obrador, esas casillas fueron tomadas por delincuentes electorales. Él califica el fraude como una operación de Estado, en la que el organismo electoral fue una pieza fundamental en la manipulación.

UN MOVIMIENTO
QUE RESISTE Y AVANZA

En el acto multitudinario celebrado al año de las elecciones de 2006 se volvió a llenar el Zócalo de la ciudad de México. La premiada escritora Elena Poniatowska señaló que la intervención de Fox en la elección de 2006 fue una traición a la democracia. Pidió que contra el olvido que pregonaban los defraudadores, la gente reunida en esta ocasión opusiera “el ejercicio crítico de la memoria tejida con los hilos inquebrantables de la historia”.

López Obrador destacó que los poderes fácticos no habían podido destruir el movimiento surgido contra el fraude electoral. Sentenció que los escandalosos ingresos y prestaciones de los funcionarios no eran aceptables, que no era tolerable un gobierno rico ante un pueblo pobre. Se pronunció por cambiar la política económica, demandó la renuncia y el castigo de los gobernadores Ulises Ruiz y Mario Marín y exigió castigo para los responsables de violar los derechos humanos.

López Obrador expresó su alegría porque en su recorrido por todo el territorio nacional se estaba encontrando con millones dispuestos a luchar pacíficamente por un cambio verdadero. Pese al cerco informativo impuesto por los grandes medios de comunicación, este movimiento no sólo resiste sino que avanza. Ante una sociedad política podrida, el cambio y la transformación que necesita el país se opera de abajo hacia arriba.

CALDERÓN: NO AL DEBATE
CON LÓPEZ OBRADOR

La periodista Carmen Aristegui le preguntó a López Obrador si estaría dispuesto a debatir con Calderón, y el líder opositor respondió que sí. Adelantó que le inquiriría todo lo que tiene que ver con el derroche y los contratos que estaba haciendo, el por qué le había entregado la Secretaría de Educación y los fondos de las pensiones de los maestros y trabajadores estatales a Elba Esther Gordillo, el por qué del actual manejo del ejército, y el por qué no había aceptado el recuento de votos.

Calderón no aceptó el debate. Uno de sus voceros respondió que la Presidencia de la República sólo hablaba con otras instancias de gobierno. El PRD le preguntó que, si eso era así, por qué constantemente mantenía un afable diálogo público con Elba Esther Gordillo. Calderón se dedicó entonces a atacar verbalmente al gobierno perredista del Distrito Federal. El diario “La Jornada” hizo ver que la inocultable animadversión calderonista contra las autoridades capitalinas contrastaba con las obsequiosas actitudes del jefe del Ejecutivo Federal para con gobernadores impugnados, desacreditados y difícilmente defendibles como Ulises Ruiz y Mario Marín. En entrevista con la revista “Proceso”, el historiador Lorenzo Meyer sentenció que la derecha tenía miedo a la democracia, y que eso puede conducirla a cualquier meta, incluso a la violencia.

UN CASO OSCURO
QUE QUEDÓ EN LA SOMBRA

Un escándalo que ahondó el desprestigio de las autoridades federales mexicanas fue el caso del chino Zheni Ye Gon, un personaje que se hacía pasar por próspero y respetable empresario. En un rápido proceso, este hombre fue naturalizado mexicano en 2002 y en un acto público a principios de 2003 recibió sus documentos de manos de Fox. En marzo de 2007,a este empresario, encumbrado desde el mismo gobierno, le fueron incautados en su lujosa casa 205 millones de dólares en billetes. Se supo que importaba materias primas para la industria farmacéutica legal y también para los productores de drogas. Pero, para hacer esto debió contar con complicidades en la Secretaría de Salud, que le daba los permisos y en aduanas, donde pasaba una gran cantidad de sustancias importadas que requieren de estricto control.

También aparecieron acusaciones de que había apoyado las campañas de panistas y de priístas. Después de la campaña presidencial de 2000 se demostró que el PRI y el PAN habían manejado dinero ilegalmente. Ahora, el gobierno de Calderón se inquietó ante posibles evidencias que implicaran manejos sucios en su campaña. No hubo claridad en cuanto al destino del dinero incautado a Zheni Ye Gon. Sin explicaciones convincentes, se dijo que se había depositado en el Bank of America y después, que había sido devuelto a las bóvedas del Banco Central. En el Diario Oficial apareció que, dado que el dinero había sido abandonado, pasaba al dominio del Estado mexicano. El economista Mario di Costanzo llamó la atención de que el movimiento de esos fondos tenía el perfil del lavado de dinero con la intención de borrar las huellas de cómo había llegado tal cantidad de billetes a un particular. El chino fue apresado a fines de junio en Estados Unidos pero aclararon que era por acusaciones de la DEA y no por lo descubierto en México. Este caso, plagado de contradicciones y de sospechas, obligaba a que el dinero incautado quedara intocado como prueba para un juicio. López Obrador exigió que, en lugar de que las autoridades federales emprendieran una campaña mediática intentando reducir los efectos del escándalo, se realizara una investigación a fondo.

UN SABOTAJE EXPLOSIVO

Graves incendios en instalaciones de la empresa estatal petrolera provocaron también tensiones políticas. De acuerdo a versiones oficiales el 22 de junio un rayo cayó en un tanque en una refinería instalada en el estado de Nuevo León y el 5 de julio hubo estallidos de ductos en el estado de Guanajuato. Horas después explotó otro ducto en el estado de Querétaro. Aunque los accidentes ocurrieron en lugares despoblados, se tuvo que desplazar a miles de habitantes.

Una primera versión oficial de los siniestros apuntaba a que la extracción clandestina de gasolina había causado una baja de presión y esto había provocado los incendios. Posteriormente, el Ejército Popular Revolucionario se adjudicó la colocación de ocho cargas de explosivos en los ductos como acciones quirúrgicas de hostigamiento. El EPR anunció que había puesto en marcha una campaña nacional de hostigamiento “contra los intereses de la oligarquía y del gobierno ilegítimo”, indicando que esas acciones no se detendrían hasta que el gobierno de Calderón y el de Ulises Ruiz presentaran con vida a dos de sus compañeros detenidos y desaparecidos a finales de mayo en Oaxaca.

El gobierno tuvo que reconocer que las instalaciones de PEMEX habían sido objeto de ataques. Y tanto el gobierno federal como el de Oaxaca negaron tener presos a las personas nombradas en el comunicado del EPR. El ejército movilizó tropas de élite tras el sabotaje. Carlos Montemayor, especialista en la guerrilla mexicana, explicó que esta era siempre un fenómeno social y que para hacerla desaparecer no bastaban medidas militares. En el comunicado del EPR veía que habían resurgido algunos rasgos dominantes de la guerra sucia, como la desaparición forzada de personas. El periodista Miguel Ángel Granados Chapa recordó que a principios de junio se había hecho un reclamo público por la aparición de esas personas, señaladas como desaparecidas, sin que las autoridades hubieran hecho nada al respecto. El politólogo Octavio Rodríguez Araujo resaltó que los grupos guerrilleros surgían por la falta de voluntad de los gobiernos para atender las muchas y crecientes demandas del pueblo. Cuando las instituciones no funcionaban o cuando se utilizaban para reprimir los movimientos sociales había grupos que buscaban otras vías al margen y contra las instituciones. El gobierno seguía sin aprender que defender a sátrapas como Ulises Ruiz tenía sus consecuencias. Y en colmo de la insensatez, en las filas del panismo apareció un plan para tratar de acusar a López Obrador y al PRD de ser responsables de los atentados, cuando el movimiento lopezobradorista había demostrado con creces durante todo un año que, pese a los múltiples agravios, había elegido la vía pacífica.

Mientras varias voces subrayaban que “los ductos” que estaban “taponeados” eran los políticos, algunas interpretaciones señalaban la irresponsabilidad gubernamental por no contar con una instancia eficiente que le hubiera prevenido de las explosiones y otros afirmaban que se había tratado de una acción del narcotráfico para distraer al ejército.

¿FUE LA GUERRILLA?

Hubo encuestas que mostraron que un 40% de la opinión pública consideraba que las explosiones eran cortinas de humo para distraer la atención de otros problemas. Un 60% decía no creer que el responsable fuera el EPR. En un siguiente comunicado el EPR insistió en que los desaparecidos estaban en manos de militares y policías federales y atribuía a un general su tortura. Decían que no se trataba de cortinas de humo ni de discursos lastimeros de pobreza y lucha social, sino que ellos eran una realidad política.

En lugar de certezas, este comunicado levantó más sospechas. Su redacción llevó a algunos a sospechar que podía provenir de sótanos gubernamentales encargados de crear confusión, pues parecía dar a entender que el movimiento de Oaxaca lo orientaba el EPR y además abría camino para posibles “ajustes de cuentas” , provocando un endurecimiento represivo.

Víctor Flores Olea afirmó que las explosiones que durante varios días habían desquiciado las actividades productivas en gran parte de la planta industrial de México sonaban a una provocación para impulsar la privatización de PEMEX. El articulista Luis Hernández defendió que había que reconocerle las explosiones al EPR y que la clase política debía entender que éste era un actor en la mesa política nacional.

En cualquier caso, no hay que olvidar que los grupos guerrilleros en México han estado infiltrados. A finales de julio, una escisión del EPR, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, lanzaron otro comunicado en el que criticaban al Plan Puebla Panamá por no hacer mención a alternativas de desarrollo para los pobres ni a proyectos productivos ni a la creación de empresas de carácter social, sino sólo a grandes inversiones de capital oligárquico.

NO HABRÁ JUSTICIA

A los gobiernos panistas de Fox y Calderón no les ha importado el respeto a los derechos humanos. Fox había prometido que habría justicia en los hechos de la represión estudiantil de 1968 y en la guerra sucia que el Estado mexicano instauró contra los disidentes. Pero el organismo encargado de hacer justicia se canceló sin ningún resultado. Al conocer que a uno de los principales acusados de esa guerra, el ex-presidente Echeverría, le habían concedido un amparo, la tenaz luchadora por la presentación de los desaparecidos de la guerra sucia, Rosario Ibarra de Piedra, declaró que eso mostraba el contubernio del PAN y del PRI. Por su parte, el Comité del 68 anunció que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigara el proceso de denegación de justicia. Miguel Ángel Granados Chapa escribió que en ningún país los políticos que ejercieron el poder disfrutan de tanta impunidad social y judicial como en México.

EN LA LÓGICA
DE LA GUERRA SUCIA

Mientras todo esto sucedía, los casos de agraviados porque no se respetan sus derechos humanos aumentaban día a día. En Mérida, varios jóvenes fueron apresados por oponerse a la globalización neoliberal. En San Luis Potosí había perseguidos por estar en contra de la depredación ecológica de una empresa minera. En Toluca se metía a la cárcel a un asesor de mujeres mazahuas por enseñarlas a defenderse. En Oaxaca se incrementaba el número de luchadores sociales encarcelados. En Atenco, a los defensores de la tierra del pueblo les condenaron a las penas más largas, cosa que no sucede ni con los grandes narcotraficantes.

La lista de los luchadores sociales encarcelados bajo los gobiernos panistas ha alcanzado niveles históricos. Cuando Calderón visitó Europa suscitó manifestaciones de protesta por los casos de Atenco y Oaxaca. En su reunión con Calderón, el primer ministro italiano tuvo que expresarle su inquietud por los derechos humanos en México. Carlos Montemayor ha recalcado que el gobierno calderonista se encuentra atrapado en la lógica de la guerra sucia, pues en lugar de dialogar ha preferido torturar, matar y desaparecer a luchadores sociales.

RAÚL VERA:
UN OBISPO PERSEGUIDO

México es el país de la impunidad. Aunque la Organización Mundial del Trabajo emplazó al gobierno mexicano para que respondiera por las negligencias en la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos, a un año y cinco meses hay evidente tardanza para castigar a los culpables. Y porque el obispo Raúl Vera se puso del lado de las familias de los mineros y de las mujeres que sufrieron una violación tumultuaria de militares en esa entidad, ha recibido persecuciones, presiones acoso y campañas de intimidación por parte de instituciones federales.

El obispo Vera ha insistido en que las familias de los mineros y él mismo creen que la empresa intenta ocultar los cuerpos de los mineros sepultados por la explosión de la mina porque no quiere que se conozca que se desplomó por las malas condiciones que mantenían en la mina. Ha señalado que tanto la empresa como el gobierno federal han mentido a los mineros y a sus familias, y ha pedido una mediación imparcial para determinar las causas reales de la tragedia.

También se ha pronunciado porque las fuerzas militares desplegadas en el país regresen a sus cuarteles y porque el gobierno federal se aboque a cortar las redes del crimen organizado interviniendo los centros financieros donde se les permiten inversiones ilícitas. El obispo ha declarado que le preocupa el giro que están tomando las cosas en México, donde al ejército le están dado carta blanca para que haga y deshaga como si estuviéramos en una dictadura.

UN RÉGIMEN REPRESIVO
Y MILITAR

Sin ceder ante los que lo han querido callar, el obispo Vera ha denunciado que desde la administración foxista, con el caso de la Mina de Pasta de Conchos, hasta los más recientes acontecimientos en Oaxaca, lo que ha prevalecido es la represión que ejerce un pequeño grupo que ve como criminal a todo aquel que lucha por un mínimo de justicia y ha acusado al actual gobierno de haberse constituido en “un régimen represivo”.

Adherentes de La Otra Campaña zapatista han realizado actos públicos en los que exigen a las autoridades federales detener la política de acoso y terrorismo contra las organizaciones sociales y demandan la libertad de todos los presos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado las pruebas para iniciar un proceso contra el Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional ha calificado como decepcionante la actuación del gobierno de Calderón en materia de derechos humanos y ha señalado que los casos de Atenco y Oaxaca requieren investigaciones a fondo. Porfirio Muñoz Ledo ha sugerido una fiscalía especial para Fox y ha destacado que la impunidad actual no puede continuar.

El Grupo Sur declara que el gobierno de Calderón carece de legitimidad y para cubrir su desnudez se viste de militar. El ejército está en las calles, aparentemente para combatir el narcotráfico, aunque el objetivo real es inhibir, reprimir y criminalizar la protesta social. Asistimos a la institucionalización de la mentira. El Grupo Sur convoca a que desde las trincheras de la resistencia se desarrolle más eficacia y más audacia, pensando y construyendo más allá de los límites defensivos que impone la agresión cotidiana.

ACECHA LA TENTACIÓN
DE RESPUESTAS VIOLENTAS

En México existe una violencia institucionalizada que día a día propicia la opresión y explotación de la mayoría, que sobrevive en una terrible pobreza. La proclamada transición a la democracia no ha existido. Sólo hubo un cambio dentro del régimen. Ha habido una profunda involución. La corrupción se ha consolidado. El corporativismo inventado por el priísmo ha sido perfeccionado y afianzado por el panismo. No hay democracia en México. Se han cerrado los pequeños espacios de negociación y se ha ampliado la represión policial y militar sobre la protesta social. En este clima ha resurgido la tentación de dar repuestas violentas. Pero éstas agravarían la situación. Las armas más sofisticadas y una gran cantidad de recursos se encuentran en manos de los poderes oficiales y fácticos, enemigos de las causas populares.

Las respuestas violentas no instaurarán la justicia. La única vía transitable de verdadero cambio se encuentra en los dos grandes movimientos actuales: el de La Otra Campaña y el que se originó a raíz del fraude electoral. Ambos han preferido la paciente organización del descontento de los de abajo. Ante la múltiple y destructiva violencia de los poderes oficiales y fácticos hay que oponer la construcción de una no violencia activa.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL
DE ENVÍO EN MÉXICO.

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