Nicaragua
¿Hora de pacto? Hora de reflexión
Ya es tiempo de que los nicaragüenses
analicemos juntos las verdades y las mentiras,
los logros y los mitos de estos últimos 25 años.
Ya es hora de hacer esta reflexión
Equipo Nitlápan-Envío
El deterioro de la imagen proyectada y del proyecto real del gobierno de Arnoldo Alemán es obvio. Y es preocupante. A su vez, el deterioro interno del FSLN, también obvio y también preocupante, ha ido anulando su capacidad de encabezar o acompañar una oposición constructiva al alemanismo. La "oposición" del FSLN se reduce al discurso incendiario, mientras lo que se libra tras las bambalinas son desgastantes mediciones de fuerzas destinadas a conservar cuotas de poder político y económico, dejando siempre por fuera el objetivo de dar participación a la sociedad.
El deterioro de rojinegros y de rojos "sin mancha" empieza a abrir espacios para recibir a las franjas de la población que buscan alejarse de ambos polos. ¿Existen ya las condiciones para llenar este espacio "de centro" con organización, nuevos liderazgos y un proyecto que sea auténticamente nacional, para el bien de todos? ¿Es tiempo ya para que se consolide una tercera fuerza? Esta pregunta está destinada a acompañar cualquier análisis en los próximos meses. Mientras se va desplegando la respuesta a esta pregunta, lo que aparece en el horizonte de corto plazo es la posibilidad de un acuerdo entre los liberales del PLC y los sandinistas del FSLN, un pacto de cúpulas que no beneficiaría en nada a Nicaragua.
En vergüenza nacionalAunque el caso del narcojet ni siquiera haya sido a medias aclarado, y aunque pueda sospecharse que tal vez nunca lo sea, marca ya un hito en el deterioro del gobierno liberal. Evidencia extrema de irregularidades y arbitrariedades, de nepotismo, de encubrimientos, de negocios turbios y una sensación asentada de vergüenza nacional han quedado como turbia estela del paso del narcojet.
En el mismo platillo negativo de la balanza hay que colocarle al gobierno la pésima interlocución con la que durante cuatro meses se desempeñó ante el gremio médico en huelga. Inflexibilidad, maniobras, consistente altanería, propaganda manipulada y los hechos de fuerza del día 8 de mayo, otra vergüenza nacional, cuando por orden directa del Presidente Alemán, los policías antimotines vapulearon en las calles de Managua y Estelí a médicas y médicos sólo escudados por sus batas blancas. ¿Cuánto deterioro sumó la huelga de los médicos al gobierno liberal?
Balance de una protesta ejemplarA pesar de que el Cardenal Obando solicitado por los médicos como mediador y garante de los acuerdos, papel en que resultó "oportuno" a juicio de los huelguistas apoyó públicamente un aumento del 300% en los salarios de los médicos, éstos tuvieron que poner fin a la huelga, por sus ya peligrosas consecuencias en la salud de la mayoría, y aceptando sólo un 100%. "La huelga demostró que este gobierno no da importancia a la salud pública y que nos ve como el gobierno anterior: como prestadores de servicios y no como productores", dijo a envío uno de los líderes del Movimiento Médico Pro Salario.
En otro ángulo, el de la sociedad, la huelga demostró también una notable capacidad de resistencia cívica, dio un importante ejemplo de unidad gremial y dejó sentadas bases para estructurar una organización profesional que hasta ahora no existía. En muchos años no se había visto en Nicaragua un movimiento de reivindicación social tan ordenado y tenaz y con tanto respaldo popular. Todos estos logros, inmedibles en números, no son poca cosa en un escenario social tan disperso y desmovilizado.
Tendencias desgastantesLa falta de sensibilidad social y la intolerancia ante voces diferentes, de reclamo o de disidencia tendencias tan claramente expresadas en el desarrollo de la huelga médica , le han venido generando al gobierno problemas innecesarios y un permanente desgaste. Las consecuencias de estas tendencias han empezado ya a hacerse sentir en las filas de los parlamentarios liberales, tan disciplinadamente leales al Ejecutivo desde enero de 1997.
Aunque el modelo político nicaragüense sigue siendo presidencialista, las importantes reformas hechas en 1995 a la Constitución sandinista de 1987 le dieron a la Asamblea Nacional suficientes facultades para ejercer sus funciones con independencia, haciendo así el necesario contrapeso al Ejecutivo y fomentando un ejercicio de la gestión pública y una cultura política más democrática, más consensuada y más plural.
Limitado por la Constitución reformada que él estrenaba , Arnoldo Alemán inició su gestión con la prioridad de transformar el Poder Legislativo en una extensión del Ejecutivo. Como resultado de las elecciones, tenía una leve mayoría parlamentaria: 41 diputados liberales frente a 36 del FSLN y a otros 15 parlamentarios de nueve agrupaciones políticas. De inmediato, con prebendas y regalías, sumó a varios de estos quince hasta alcanzar los 48 votos necesarios para aprobar las leyes ordinarias. Asegurada una "mayoría simple" totalmente leal podía y ése era su objetivo imponer quiénes conformarían la Junta Directiva de la Asamblea, decidir quiénes integrarían las Comisiones parlamentarias y establecer, desde su despacho, cuál sería la agenda de la Asamblea.
Legislando desde la PresidenciaEn algún momento, la capacidad de maniobra del Presidente le puso en las manos 50, 52 y hasta un máximo de 54 votos totalmente plegados a su proyecto. Nunca llegó a 56, la "mayoría cualificada" con la que imponer decisiones más trascendentales a las que también aspira: nombramiento de Magistrados, reformas a la Constitución, destitución de cargos estratégicos como el del Contralor, etc.
Desde la primera sesión parlamentaria, la mayoría liberal fue activada directamente desde la oficina del Presidente, que orientaba toda la actividad de este Poder del Estado, teóricamente independiente y teóricamente máxima expresión de la soberanía popular. En 1997, la Asamblea Nacional aprobó 36 leyes, el 61% de ellas a iniciativa del Ejecutivo. Entre enero y marzo de 1998, la tendencia se agudizó. El Legislativo aprobó diez leyes, ocho de ellas propuestas por el Presidente. Además, las leyes que envía el Ejecutivo a la Asamblea llegan "con carácter de urgencia", lo que minimiza su estudio y debate. La oposición sandinistas, conservadores y algunos más han discutido las leyes buscando modificarlas, pero el éxito ha sido escaso o nulo. Y cuando han propuesto otras iniciativas de ley, éstas han ido quedando mayoritariamente engavetadas.
La agenda parlamentaria ha estado monopolizada por los intereses del Ejecutivo. Y los intereses del Ejecutivo han priorizado las leyes que interesan a la consolidación del grupo económico creado en torno al Presidente y las que exige la nueva etapa del ajuste estructural a la que se ha comprometido el gobierno con los organismos financieros internacionales.
Liberales "disidentes"La situación del Parlamento se hizo insostenible y en abril se inició una crisis creciente en la Asamblea Nacional, que la fue haciendo cada vez más inestable, llegando a paralizarse la actividad legislativa. Unos días faltaba quórum, otros días tardaba en llegar la "línea" presidencial y había que suspender la sesión, otros días el debate entre los parlamentarios liberales buscaba sólo ganar tiempo y consumir la sesión sin desembocar en nada, se prolongaban los recesos de la legislatura...
En este contexto, las bancadas opositoras en el Parlamento decidieron romper definitivamente el quórum, mientras un grupo de diputados liberales oscilando entre doce y seis comenzó a hacer gestos y a dar declaraciones buscando distanciarse de su lealtad incondicional con el Ejecutivo, reclamando por un conjunto de motivaciones disímiles más espacios políticos, mayores cuotas de poder, más iniciativa legislativa.
Una cierta sensibilidad ante la crisis que viven las mayorías, reclamos de sus electores, el desprestigio creciente de la Asamblea en la opinión pública que percibe a este poder del Estado como ineficaz y elitista , serias contradicciones de clase al interior del alemanismo decantadas a favor de los tecnócratas tras la firma del ESAF , contradicciones entre los liberales "nacionales" quienes se mantuvieron en Nicaragua durante los años 80 y los liberales "importados" los que regresaron después de 1990 o más tarde aún, después de 1996 , y también el deseo de forzar al Ejecutivo a negociaciones sobre nuevos "favores", pueden haber estado en el haz de motivaciones de los diputados liberales "disidentes".
Cuando empezó a cuajar la "disidencia" liberal, liderada por el jefe de la bancada liberal, Eliseo Núñez, la Asamblea Nacional quedó prácticamente paralizada. No fue elegido por casualidad el momento. Estaba cercana la Convención Liberal, donde el Presidente Alemán comenzaba ya a repartir "a dedo" los cargos en el PLC. Y le urgía en aquellos momentos al Ejecutivo que su mayoría incondicional de legisladores aprobara varias leyes imprescindibles para que el FMI ratificara el acuerdo de ajuste estructural, ESAF II, con el gobierno. Resultó obvio que los "disidentes" supieron escoger el momento más oportuno para disentir.
¿Nueva correlación en la Asamblea?Después de forcejeos más privados que públicos, a mediados de mayo se superó el impasse. Puso fin a la crisis un acuerdo sobre el contenido de la agenda parlamentaria, establecido entre la Junta Directiva de la Asamblea y los jefes de las cuatro bancadas opositoras en las que se agrupan los diputados no liberales. La Junta Directiva se comprometió a alternar para su estudio y debate las iniciativas de ley que le llegan desde las oficinas del Ejecutivo con las iniciativas de ley que surgen de los distintos grupos políticos.
La crisis varió levemente ¿sólo momentánea y coyunturalmente? la correlación de fuerzas en la Asamblea, ya que quedó constituido "otro" grupo liberal con seis parlamentarios, unidos en la que ellos llaman bancada Por la Dignidad y el Cambio. Eliseo Núñez, su líder, después de declararse hastiado del "verticalismo absoluto" del Presidente que les impide legislar a favor del pueblo, y después incluso de haber viajado a Miami buscando apoyo para su causa, se esfuerza por ser menos incondicional de lo que fue hasta ahora. Un reclamo central de los "disidentes" es la aprobación de leyes sociales, lo que les acerca a los diputados del FSLN y a los de otras agrupaciones opositoras. Si el "cisma" se mantuviera y fuera real, habría en la Asamblea 45 diputados con lealtad incondicional al Presidente frente a 48 en una "oposición" con muy diversos grados y matices.
Las leyes que urgía el ESAFEl acuerdo permitió al Ejecutivo que se aprobaran en un tiempo récord las leyes que le urgían por su estrecha vinculación al acuerdo ESAF. La primera, el 9 de junio, para la creación del Fondo de Crédito Rural, que debe financiar a los productores agropecuarios. Los 48 diputados "no incondicionales" cuestionaron unidos las formas burocráticas que se pretende dar a este organismo. Ese mismo día quedó "enterrado" el Banco Nacional de Desarrollo (BANADES), con una votación de amplia mayoría.
El 16 de junio se aprobó, con similar mayoría, la privatización de la empresa estatal de comunicaciones ENITEL para comienzos de 1999 y con reglas de juego diferentes a las establecidas al final del gobierno Chamorro. El nuevo marco privatizador favorece claramente al Ejecutivo.
El 18 de junio se aprobó la ley que autoriza la venta del último banco estatal, el BANIC. Y el 19 se aprobó la privatización del servicio de agua potable. La ley enviada al Parlamento por el Presidente proponía que fuera el Ejecutivo quien otorgue concesiones a privados para la comercialización del servicio, sin que en estas decisiones tenga participación la Asamblea Nacional. Los diputados oficialistas defendieron esta posición, los "no incondicionales" se opusieron, pero al final, mientras los sandinistas abandonaban el Parlamento en señal de protesta, los "disidentes" liberales sacaron adelante la propuesta del Ejecutivo, aunque con la salvedad de que las concesiones tendrán que ser "ratificadas" por la Asamblea.
¿Una "bisagra" de qué material?
Después de este esfuerzo, la Asamblea Nacional entró a mediados de julio en sus largas vacaciones de mitad de año dejando pendientes la aprobación de una veintena de leyes y sin que hubieran señales de que al retorno de las vacaciones se empezará a discutir una agenda parlamentaria alternativa, la "agenda social". Para darle contenido a esta agenda se han propuesto desde hace meses y en distintas ocasiones varias leyes que responden a necesidades muy sentidas de la población: para congelar la continua subida de las tarifas de agua, teléfono y luz, para revisar e indexar periódicamente el salario mínimo, para aumentar las transferencias a los gobiernos municipales, para la privatización de una serie de empresas a favor de sus trabajadores sindicalizados, para la creación de un fondo de recursos con los que combatir la pobreza extrema, para fomentar la generación de empleos. Eliseo Núñez dijo que el papel de su grupo será actuar como una "bisagra" entre el oficialismo que hasta ahora actuó como aplanadora y la oposición, hasta ahora cuasi anulada en la Asamblea.
¿Cuánto tiempo estará engrasada esta bisagra, de qué material estará hecha y al servicio de qué causas funcionará? En el actual contexto nacional, no es aventurado pensar que, aunque existen razones y motivaciones objetivas y subjetivas para que los diputados que dicen estar "por la dignidad y el cambio" disientan del verticalismo del Presidente, son muchas más las razones que tienen para mantenerse unidos a él y al resto de sus colegas, los incondicionales. Y es bastante improbable pensar que esta "disidencia" contribuya a crear un cambio duradero en la correlación de fuerzas en el Parlamento que decida enfrentar al Ejecutivo. En las condiciones actuales lo que se necesita es un freno, no una bisagra.
Un cambio drástico en la configuración del Parlamento sería una señal de esperanza para el país. Requeriría de un cambio profundo en la bancada del FSLN y de una fractura en la bancada liberal. Sólo podría conseguirse con un auténtico sentido de nación. No existen muchas señales para alimentar optimismos.
Imparable marea de corrupciónLa realidad nos nutre de un realismo teñido de pesimismo. Tanto las leyes en favor de la macroeconomía que diseña el ESAF como las leyes de una eventual "agenda social" destinada a defender la microeconomía familiar pueden dejar de ser efectivas al verse envueltas en una marea de corrupción que parece imparable. A diario se descubren casos, aunque casi nunca se pasa del rumor a la sanción. Gracias al trabajo investigativo de algunos medios de comunicación, a una incipiente conciencia ciudadana sobre ese cáncer que es la corrupción y, principalmente, gracias al trabajo del equipo de la Contraloría General de la República, se están empezando, al menos, a ordenar algo las olas de esa marea que no cesa. Pero cada vez resulta más difícil el esfuerzo conjuntado de estos tres factores para conseguir como fruto auténticas rectificaciones.
Junio aportó dos nuevos y significativos incidentes de corrupción. El 25 de junio, la Contraloría General de la República (CGR), después de una evaluación de un año de la gestión financiera del Banco Central durante el gobierno Chamorro, dio a conocer que, al menos 500 millones de dólares en divisas líquidas se habían "esfumado" del Banco Central entre 1990 y 1992, los primeros y convulsos años del gobierno Chamorro. La situación detectada anunciaba el informe de la CGR obligaba a esta institución fiscalizadora del Estado a realizar en el resto de 1997 cinco grandes auditorías para determinar el uso que se le había dado a tan voluminosa cantidad de fondos.
La palabra "esfumados", empleada al anunciar el informe de la Contraloría fue interpretada generalizadamente como faltantes, desaparecidos, fugados = "robados", lo que provocó una conmoción nacional. Una más. Naturalmente, la conmoción también impactó a la comunidad cooperante porque de esos 500 millones, una buena parte llegó a Nicaragua como parte de la cooperación internacional. En 24 horas, el Contralor, sin desmentir el contenido del informe y sin liberar al país, por tanto, de la conmoción , aclaró que la palabra "esfumados" no era la adecuada y que lo que la CGR había descubierto era la no existencia de los soportes contables que indicaran cómo fueron usados esos 500 millones, lo que suponía "aparentemente, mala administración". Aparentemente, porque estaban pendientes las auditorías anunciadas.
Según la CGR, durante el gobierno Chamorro se ligaron causas técnicas y políticas que explicarían esta situación: los bonos de pago por indemnización, el desorden en que se dio el proceso de privatización, el saneamiento del BANADES hecho con dinero del BCN con altos montos de créditos que se concentraron en pocas manos que jamás pagaron, la escasa disciplina financiera heredada de los años 80, la casi nula vigilancia que ejerció la Contraloría entre 1990 y 1995...
Todos contra todos El contenido del informe y la aclaración de la CGR sobre el error semántico al usar la palabra "esfumados" dio lugar a 48 horas de un fiero combate de imágenes y declaraciones jamás visto donde se cruzaron derechazos e izquierdazos a todos lados, con el objeto de dejar en la lona al rival. El Presidente Alemán acusó al Contralor de haber sido y seguir siendo "pasivo" en denunciar la gran corrupción del gobierno Chamorro, mientras resultaba muy activo ante las "raterías o sinvergüenzadas" que cometían sus funcionarios. La expresión con que el Presidente calificó a su gobierno como un gobierno "de rateros" dejó estupefacta a la opinión pública. Los cuatro Presidentes que tuvo el Banco Central durante el gobierno Chamorro tuvieron distintas reacciones en el primer momento. Pero enseguida se unieron para, con mayor peso y mejor imagen, dar declaraciones conjuntas: confesaron una total honestidad y descalificaron el escaso profesionalismo de la Contraloría. El Banco Central aprovechó y golpeó a ambos lados: calificó de "monstruoso acto de corrupción" el hecho que habría descubierto la CGR, si es que era cierto su informe, pero alertó sobre la "ligereza o incapacidad" de la CGR, que habría destruido su credibilidad y dañado la imagen de Nicaragua, si es que no lo era.
El Contralor declaró que el comunicado del Banco Central era un "panfleto político". Doña Violeta, tan parca en declaraciones desde 1997, aprovechó el caso para recordarle al Presidente la vergüenza en que había puesto al país por causa del narcojet. Y "los hombres del Presidente" no se atrevieron a ripostar a la ex Presidenta y se dedicaron a aprovechar el caso para arreciar con una nueva campaña en busca de la destitución del Contralor, Agustín Jarquín, objetivo priorizado por el actual gobierno desde que asumió el poder.
Desacato a la institucionalidadMientras el caso quedaba abierto para nuevos capítulos en los próximos meses, estallaba otro conflicto vinculado a otro caso de corrupción, tanto o más grave que el de los 500 millones por sus peligrosos ribetes de "guerra" entre instituciones y sus implicaciones políticas futuras.
El 18 de junio, la Contraloría emitió una resolución definitiva en la que señala y prueba la ilegalidad con la que actuó la empresa estatal ENABAS al pretender comprar directamente, sin licitación y sin autorización de la Contraloría, 6 mil toneladas de arroz a una empresa estadounidense, aduciendo que en el país había escasez de arroz, lo que resultó una falsedad. La resolución de la CGR ordenó a la Junta Directiva de ENABAS sancionar al director de esta institución, al menos con una multa equivalente a seis meses de su salario.
La investigación de la CGR había comenzado en febrero, cuando se inició la llamada "guerra del arroz" entre grupos económicos en pugna, uno de los cuales, presuntamente vinculado a los intereses privados de la Presidencia, habría pretendido sacar ventaja respecto de sus rivales comprando ese arroz a través de la empresa estatal. José Marenco, director de ENABAS y pariente del Presidente Alemán, negó todos los contenidos de la investigación de la CGR, calificándola de "panfleto" con "figuras literarias de circo", y ofendió al Contralor Agustín Jarquín en extensos campos pagados en los periódicos hablando de sus "cantinflescas opiniones" y de su "paranoia", achacándole a Jarquín un "enfermizo protagonismo infantil" y retándolo incluso a un duelo público al reclamo de "sea hombre".. Cuestionado por el burlesco y vulgar contenido de sus declaraciones y escritos, Marenco dijo que todo era "en defensa de la institucionalidad". Haciéndole eco a su pariente, el Presidente Alemán calificó la resolución de la CGR de "precipitada" y dijo que estaba destinada por el Contralor a "robar cámara".
El caso se agravó el 7 de julio, cuando la Junta Directiva de ENABAS calificó de "equivocado" el dictamen de la Contraloría y se negó a aplicarle a Marenco ninguna sanción, tal como manda la ley. La Contraloría, en uso de sus facultades, ordenó entonces, de forma enérgica que, en apego a la ley, fueran sancionados también los miembros de la Junta Directiva, entre los que está el Ministro de Economía. Al día siguiente, el propio Vicepresidente Enrique Bolaños declaró que la Presidencia no sancionaría ni a la Junta Directiva ni a Marenco, desacatando abiertamente a la Contraloría. Todo este caso que también quedó abierto ejemplificó de manera rotunda la discrecionalidad, el irrespeto y la impunidad oficial contra la que hoy está luchando la Contraloría General de la República, abanderada de una causa de la que todavía no se ha apropiado activa y consecuentemente la sociedad nicaragüense.
¿Quién encubre a quién?A diario sube la marea. Viene subiendo desde los desmanes de los años 80. Creció en los 90: tráfico de influencias en sucesivas ventas de valiosos equipos y maquinaria pertenecientes al Banco Central, despilfarro de decenas de millones de dólares en bonos tributarios para incentivar la producción entregados a los más cercanos allegados del gobierno de Chamorro: Ha crecido incontenible en el año y medio del gobierno de Arnoldo Alemán: contratos amarrados desde el Estado Empresa que deciden el rumbo económico del país, tráfico de influencias en los procesos de privatización de lo último que queda por privatizar, desfalco millonario en un banco privado con complicidad de altos e inmunes funcionarios del Estado y señales emparentadas con la turbia estela del narcojet... ¿Hasta cuándo, hasta dónde? Hoy en Nicaragua, no bastaría con saber quién es quién en los viejos y en los nuevos grupos económicos. Urge saber el who's who en esta marea de corrupción. ¿Quiénes hicieron qué y quiénes encubren a quiénes y a cambio de qué?
El privilegiado ropaje de la inmunidadNo deja de ser preocupante que el caso de la querella de Zoilamérica Narváez en contra de Daniel Ortega haya llegado a la Asamblea Nacional en momentos en que es agudo el fuego cruzado entre responsables y encubridores de piñatas sandinistas, cañonazos chamorristas y raterías alemanistas. Y en momentos en que ese fuego cruzado podría desembocar en uno de los escenarios más posibles, probables y dañinos para Nicaragua: un pacto entre el FSLN y el PLC.
El 15 de junio, y después de más de tres meses de silencio, Daniel Ortega habló por primera vez sobre la denuncia hecha el 2 de marzo por quien fuera su hijastra. Habló para afirmar escuetamente que se trataba de "una conspiración política" para destruirlo a él y para destruir al FSLN. La declaración la hizo al presentar en el juzgado que el 10 de junio había acogido la querella de Zoilamérica la documentación que prueba que, como diputado, tiene inmunidad y que, en razón de este fuero de inmunidad, no puede ser llevado a los tribunales. Una semana después, el 22 de junio, Zoilamérica se presentó a la Asamblea Nacional para solicitar le sea retirada esa inmunidad a fin de que sea juzgado "por varios delitos sexuales de carácter grave". "El mundo entero está pendiente de los pasos de esta Excelentísima Asamblea", decía el escrito de la querellante.
¿Hora de pacto?La decisión de Ortega de declararse inmune y la de Zoilamérica de acudir a la Asamblea Nacional abrió una nueva etapa a este caso al colocarlo en el escenario político institucional y por tanto, en el espacio donde se refleja más públicamente la polarización política y la corrupción. Tres semanas después de llegado el caso a la Asamblea, y al iniciarse la larga vacación de mitad de año de los diputados, no existían señales claras de cuál podría ser el resultado de una votación sobre la desaforación o no de Ortega, paso indispensable para que en el terreno judicial se esclarezca la verdad. La desaforación requiere de 56 votos, lo que significa un quórum total en la Asamblea casi nunca se logra y los votos de prácticamente todos los diputados que no son del FSLN, ya que éstos han expresado que no votarán nunca por la desaforación y aún más: tratan de impedir que el tema llegue a plenario para debate. En este contexto, el caso podría convertirse en excusa catalizadora de un posible y muy probable acuerdo PLC FSLN del que se viene hablando desde hace un tiempo. En torno a la defensa o al despojo de la inmunidad podrían engarzarse otros asuntos por los cuales las estructuras del FSLN (¿o sólo un sector dentro de ellas?) parecen interesadas en llegar a un acuerdo con los liberales.
Entre las motivaciones que el FSLN tiene para ese acuerdo estaría la necesidad que el grupo empresarial sandinista tiene de una tregua fiscal para sus empresas y de una solución aún más definitiva y explícita para algunos casos de propiedades de sus dirigentes, y el sumo interés que parece tener el partido sandinista en que la reforma ad hoc hecha a la Ley Electoral para las elecciones de la Costa Atlántica de marzo sea definitiva y se aplique en las próximas elecciones municipales (2000) y presidenciales (2001), con lo que cristalizaría el bipartidismo y el FSLN se aseguraría privilegios como segunda fuerza política. Interesa mucho también al FSLN aumentar sus cuotas de poder en espacios institucionales que resultan claves desde el punto de vista económico: sistema financiero y servicios públicos en vías de privatización.
El PLC estaría dispuesto a concederle todo esto al FSLN a cambio de esas reformas a la Ley Electoral que le aseguren el bipartidismo, y a cambio de contar con los votos sandinistas para continuar controlando la Asamblea Nacional, tanto para la aprobación de leyes claves, como para la elección del primer Procurador de Derechos Humanos que tendrá Nicaragua, de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, para la destitución del Contralor y del Superintendente de Bancos y especialmente, para reformar la Constitución, lo que allanaría el camino para la reelección de Alemán o para la postulación como candidatos de otros dirigentes liberales, hoy inhibidos constitucionalmente por ser ciudadanos estadounidenses. La no desaforación de Daniel Ortega sería pieza importante en este acuerdo.
Un candado con una llaveEl receso vacacional de la Asamblea abrió una tregua de varias semanas para que el PLC y el FSLN armen este escenario y también para que la sociedad y la oposición ese "centro" en ciernes reflexionen sobre las graves consecuencias que para Nicaragua tendría un acuerdo de esta naturaleza, que consolidaría el autoritarismo liberal del que ya se tienen tantas preocupantes señales , y que significaría el suicidio del FSLN como proyecto, al perder el FSLN toda iniciativa política y ensuciar definitivamente las banderas sociales por las que tantos dieron su vida, pudiéndose malograr también en este suicidio las energías y los valores del sandinismo de base, tan necesarios para pensar y construir el futuro de Nicaragua.
Test ético y test políticoLo que desde el 3 de marzo empezó a ser un test ético que inesperadamente se le presentó a una sociedad en crisis, se ha convertido también por la decisión de Daniel Ortega de cubrirse con el privilegiado ropaje de la inmunidad un test político trascendental para el PLC y el FSLN, los dos partidos que monopolizaron las urnas y pretenden monopolizar todo el escenario político nacional. Que lo logren, dependerá de la actuación responsable del resto de la oposición al alemanismo y de la capacidad de reaccionar y de actuar que tenga la sociedad civil.
Esclarecer la verdad de los hechos denunciados por Zoilamérica Narváez no será fácil. La vía con logros de más corto plazo que es la judicial tiene hoy el pórtico cerrado con el candado de la inmunidad. La llave para abrirlo está en mano de las dos cúpulas políticas. En el caso de que ese candado sea abierto por los liberales, ciertos sectores del FSLN han dado ya señales de que "incendiarán" el país para "defender al Comandante" e impedir que el caso llegue a los tribunales. Si el candado quedara cerrado con el privilegio de la inmunidad, ¿por qué caminos se enrumbaría el proceso? El abogado de Zoilamérica habló ya de presentar un caso tan emblemático a la consideración de instancias jurídicas internacionales.
Ya es hora de reflexiónLas respuestas que ha dado el FSLN a un reto tan complejo y delicado, de tanta trascendencia social, evidencian el grado de deterioro ético, y también de deterioro político, de esta agrupación que un día encabezó tan histórica gesta por la justicia social y enfrentó como un nuevo David al Goliat estadounidense. Al negarse Daniel Ortega y las estructuras de su partido a recorrer el único camino recto aceptar el esclarecimiento público de los hechos , él y el FSLN aparecen perdidos en turbios vericuetos que se ensayan y se reacomodan a diario con el único objetivo de desalentar el proceso y amilanar a la David que hoy los desafía. Este camino sinuoso está resultando más desgastante políticamente que la verdad. Y si es que la verdad es terrible, más lo empieza a ser el procedimiento para ocultarla.
Nicaragua debe enfrentarse a esta verdad y a todas sus verdades para poder salir adelante. "Ya es tiempo decía a envío un diplomático con probada experiencia en este país de que todos los nicaragüenses analicen juntos y constructivamente los últimos 25 años de su historia". Analizar las verdades y las mentiras, los logros y los mitos de este último cuarto de siglo. Esta tarea exige un esfuerzo de diálogo y de concertación que aún no ha existido. Hay que hacerlo posible. Porque un pacto o un acuerdo basado en el oportunismo político podría ser tal vez el preludio de un suicido colectivo.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica