CPC: ¿Cuántos Posibles Conflictos provocará esta “democracia directa”?

“Al instalar los Consejos de Poder Ciudadano, junto al CONPES, estaremos sellando la Gran Alianza Popular en Nicaragua. Estaremos creando los instrumentos para el desarrollo de la Democracia Directa en nuestro país, del Poder del Pueblo. ¿Cuál es el rol que va a jugar esta Gran Alianza de la organización territorial del Pueblo Presidente?” Esto se preguntaba Rosario Murillo el 28 de noviembre. Nos lo preguntaremos todos en Nicaragua a lo largo de los próximos meses.

Equipo Nitlápan-Envío

Desde antes de ganar las elecciones, Daniel Ortega comenzó a hablar de instalar en Nicaragua la “democracia directa”. Después de la victoria electoral, insistió en ese plan ya como Presidente de la República, pero sin llenar nunca de claros contenidos el concepto. Le bastaba decir que la democracia representativa no servía, porque no estaba representando verdaderamente los intereses populares.

Al finalizar su primer año de gobierno, ya hemos visto de qué se trata su propuesta. El 30 de noviembre quedaron instalados, por decreto presidencial, con la oposición de una mayoría parlamentaria, y en un clima de confrontación social, provocado por el propio mandatario, los CPC, Consejos del Poder Ciudadano, los órganos que harán realidad su “democracia directa”.

AUTONOMÍA: PALABRA CLAVE

El experimento democrático de Nicaragua después de la revolución tiene apenas dos décadas. Las primeras elecciones se celebraron en 1984 y llevaron a la Presidencia a Daniel Ortega. Cierta democracia participativa comenzó a gestarse con la autonomía municipal promulgada en la Constitución de 1987, con la Ley de Municipios de 1988, y con la elección directa de alcaldes y concejales en los comicios de 1990. Todo esto comenzó a construir un poder local autónomo. Autonomía es una palabra que resulta clave cuando se trata de llenar de contenido el concepto de “democracia directa”.

Las posteriores Ley de Régimen Presupuestario Municipal y Ley de Transferencias Municipales iban también en la misma dirección. Todas estas leyes, que apuntaban a la participación de la ciudadanía en el poder local, iniciaron la experiencia y cuajaron finalmente en la Ley 475, Ley de Participación Ciudadana, aprobada a finales del año 2003. Con vacíos y debilidades, pero también con aciertos y novedades, esta Ley comenzó a ponerse en práctica en parte del territorio nacional apenas tres años antes de que el Presidente Ortega, ignorándola, comenzara a gestar su proyecto de “democracia directa”.

BIENVENIDA A NICARAGUA

La democracia directa, la participación ciudadana, el poder ciudadano -como se le quiera llamar- supone la participación de una ciudadanía, informada y con capacidad de debate y de deliberación, en la elaboración y ejecución de las políticas públicas. Cómo no darle la bienvenida a un proyecto así en una sociedad como la nicaragüense, donde gran parte de la población está habituada, por la historia y por el empobrecimiento, y mucho más aún por la cultura religiosa, a colocarse ante la autoridad para recibir de ella favores, dádivas y ayudas, y no de igual a igual, con una conciencia y una agenda de derechos y de deberes. Un ejercicio de poder horizontal, que desde abajo hacia arriba va borrando jerarquías, evitando mesianismos, frenando paternalismos y construyendo responsabilidades individuales y colectivas siempre será bienvenido.

Cuando es auténtica, la democracia participativa se inspira en principios que construyen un proceso: se aprende a participar participando y el resultado de ese aprendizaje es una ciudadanía crítica, que debate, interpela, interviene, decide y tiene iniciativas.

UN DISEÑO
TOTALMENTE VERTICAL

Con sus más y con sus menos, con apenas tres años de vida y aplicaciones aún muy desiguales, la Ley de Participación Ciudadana inició ese proceso participativo en muchos municipios y también a nivel departamental y alentó y formalizó la creación de asociaciones de pobladores en barrios y comarcas.

La autonomía de esos nuevos espacios, no presididos por ninguna autoridad interna nombrada desde arriba por algún mando superior, era uno de sus principales valores. Naturalmente, esta experiencia era aún muy inicial cuando la pareja presidencial llegó al gobierno, pero suponía un avance, un punto de partida. Los diputados del FSLN participaron activamente en el debate, consultas y aprobación de esta Ley.

Un proyecto auténtico de democracia directa debería haber evaluado y reforzado lo ya existente. Imperfecto, ciertamente, como tantas otras expresiones de nuestra frágil institucionalidad. Pero ya estaba ahí. Por eso, el primer desacato a la ley del gobierno Ortega-Murillo ha sido ignorar totalmente el entramado legal precedente y las experiencias acumuladas en estos años, para iniciar, como si nada hubiera existido antes, una experiencia que contradice los principios mismos de la democracia directa.

El Consejo de Comunicación y Ciudadanía -al que sólo se le conoce una miembra, su propia coordinadora Rosario Murillo- tiene control sobre todos los Consejos del Poder Ciudadano, los que a su vez están dirigidos, en todos sus niveles, por dirigentes de las estructuras del partido FSLN, siendo también que los CPC han quedado finalmente integrados a la máxima instancia de consulta de la sociedad civil con el gobierno, el CONPES, que a su vez tendrá como directora ejecutiva a la propia Murillo. Es difícil imaginar un esquema más vertical.

YA NO SOMOS TRIBUS

Es un error asumir que la democracia directa es superior a la democracia representativa. Las ventajas y desventajas dependen de las circunstancias y condiciones históricas de cada sociedad.

Dadas las complejidades de las sociedades nacionales del mundo de hoy -más numerosas, más informadas, más plurales-, la democracia representativa se impone como una necesidad. Desde que dejamos de ser tribus y gavillas, desde que la pequeña aldea en la que todos se conocen quedó atrás, en la medida en que el crecimiento poblacional y del conocimiento se incrementaron exponencialmente, fueron necesarios mecanismos de representación política, de democracia “indirecta”.

En una sociedad como la nicaragüense los mecanismos de representación política funcionan -o deberían funcionar- como instancias en las que se agregan las demandas de los diferentes sectores de la sociedad. En ausencia de esas instancias de intermediación entre el Estado y los miembros de la sociedad, el individuo se vería obligado a enfrentarse ante el poder del Estado, sin el apoyo de un colectivo que comparte un conjunto de intereses y aspiraciones.

¿DIRECTA O VACÍA?

La “democracia directa” que ofrecen los CPC tiende a anular los mecanismos de intermediación y de representación que le permiten al individuo transformar sus intereses y aspiraciones en una fuerza social. El peligro que esto representa es enorme si se toma en cuenta la experiencia de todos los regímenes totalitarios del siglo XX, en los que el individuo aparece atomizado frente a un Estado que lo decide todo o es convertido por el Estado en una pieza más de un conjunto homogéneo, para el que todo lo que signifique autonomía, reconocimiento de la diferencia y pluralidad se entiende como un peligro social.

Los gérmenes del modelo totalitario son visibles en el modelo de “democracia directa” que el actual gobierno nicaragüense trata de impulsar. El Estado tiende a debilitar todas las instancias de representación e intermediación que pueden convertirse en una fuerza social contestataria. Y más concretamente, las dos personas que manejan el Estado nos han hecho entender desde que llegaron al gobierno que serán ellas las que establecerán las reglas del juego dentro de las que deberá operar el modelo de democracia al que llaman “directa” sólo porque elimina los mecanismos de agregación de demandas ciudadanas. Ésta no es una democracia directa, es una democracia vacía que trata de ocultar la realidad de un proyecto de gobierno vertialista, centralista y autoritario.

TAREA URGENTE:
DEL 38% AL 50%

El proyecto de Daniel Ortega apuesta a continuarse en el tiempo, con la reelección de Ortega -o eligiendo a Murillo-, sea con un modelo presidencialista o parlamentarista. Ese horizonte estaría en serio riesgo si el gobernante no se construye una base social que supere el limitado 38% de quienes llevaron a Daniel Ortega a la Presidencia de la República.

En el FSLN hay quienes plantean que el objetivo político de los CPC es ése: convertir esa base electoral fiel en una base política incondicional políticamente y cautiva económicamente y hacerla crecer por lo menos hasta el 50%. Se nota una urgencia en lograrlo. Porque ya en 2008 viene una prueba electoral: los comicios municipales, que tendrán aires de referéndum sobre la gestión de la pareja presidencial. También porque hay que dejar zanjado de una vez que no existe más liderazgo en el FSLN que el de Daniel Ortega. Tal vez hasta los problemas de salud del Presidente tengan que ver con la urgencia y la imposición, a despecho de la ley, con que se ha emprendido el camino de los Consejos del Poder Ciudadano.

¿DE NUEVO EL ESTADO-PARTIDO?

El 30 de noviembre, en un solemne, multitudinario, colorido y costoso acto en la Plaza de la Revolución, frente a la casa presidencial que el gobierno de Taiwán le regaló al Presidente Alemán, que después ocupó Bolaños, y que ahora se llamará “Casa de los Pueblos”, se instalaron formalmente los Consejos del Poder Ciudadano. Según sus organizadores están integrados ya a los CPC en todo el país un millón de nicaragüenses.

Desde que el Presidente Ortega creó por decreto los Consejos, no más llegar al gobierno, estalló el conflicto. Hay dos buenas razones para la oposición que provocaron. Tienen que ver con la distribución del poder y con la cultura política que sostiene el poder en Nicaragua. Primera razón: siendo estructuras organizadas y controladas todas por dirigentes del FSLN, desarrollarán tareas estatales -naturalmente, con recursos estatales-, lo que significa la re-edición de la fórmula Estado-Partido, probada en los años 80, fracasada y agotada. Así lo recuerdan hoy sandinistas que se organizaron en el Movimiento Comunal desde 1988, fracasados los CDS de los primeros años 80, y cuya experiencia no ha sido tomada en cuenta ahora por los CPC.

¿GERMEN DE CONFRONTACIÓN?

Segunda razón: ejecutando tareas estatales, los CPC, al igual que la pareja que los ha creado, no parecen mostrar voluntad de coordinarse con las muchas organizaciones sociales que ya existen en Nicaragua y que venían trabajando en las mismas áreas de trabajo que tendrán los CPC, lo que podría significar un germen de confrontaciones y polarizaciones en una sociedad necesitada de consenso, de diálogo, de unir voluntades para lograr eficiencia, no el “amor” ideologizado de los discursos de Murillo.

Uno de los ejemplos más evidentes de rivalidad, animadversión y desconocimiento de las organizaciones sociales por parte de los CPC es su separación explícita de los grupos de mujeres que desde hace años y por todo el país trabajan en una de las áreas de trabajo de los CPC: los “derechos de las mujeres”, en donde han acumulado valiosas experiencias. Si en Nicaragua existen organizaciones autónomas son las de las mujeres. No ha habido voluntad de coordinación con ellas y sí muchas señales de que lo que busca el gobierno es descalificarlas, debilitarlas y suplantarlas.

Además, el enfoque de género que propone Murillo no trasciende el objetivo de colocar un 50% de mujeres en los cargos institucionales y en los de los CPC. Temas tan cruciales como la violencia de género, el abuso sexual o la salud sexual y reproductiva no aparecen ni siquiera mencionados en el enfoque oficial. Evidentemente, para no molestar a la jerarquía católica, que ve en la toma de conciencia de las mujeres sobre su capacidad de decidir y de cuestionar los mandatos religiosos vinculados a estos temas un serio peligro. Es por eso que las feministas son hoy blanco de ataque de la jerarquía católica y del gobierno de Ortega, coa¬ligados en una funesta alianza.

¿LEGALES, ILEGALES?

La legalidad de los CPC fue cuestionada principalmente por la primera razón -estructuras partidarias con rango estatal- desde que el Presidente Ortega los incluyó en la Ley 290 al reorganizar el Estado cuando tomó posesión del gobierno en enero. Desde entonces, y después de continuos debates en la Asamblea Nacional, los CPC fueron eliminados como instancias estatales que gestionarían programas gubernamentales.

El FSLN -ése fue el consenso de la oposición parlamentaria- tenía derecho a crear las organizaciones que quisiera, pero no podía darles carácter estatal ni vida institucional ni recursos públicos ni hacerlas parte del Estado. No podía tampoco ponerla a disputar espacios con las instancias de participación que ya existen por ley y que funcionan, si no con gran incidencia, sí con verdadero pluralismo.

Los dos grupos liberales y los sandinistas del MRS votaron a favor de sacar a los CPC de la Ley 290 desde el mes de septiembre. El Presidente Ortega vetó inmediatamente esa ley y, tras una expectativa creciente sobre la “unidad opositora” creada en torno a los conflictivos CPC, el 13 de noviembre, 52 diputados vencieron a los 38 sandinistas y rechazaron el veto presidencial. Hubo aplausos, vítores y celebraciones, pero se sabía de antemano que esta “unidad” estaba pegada con chicle y era para las cámaras, como se sabía que los recovecos institucionales -todos controlados por el proyecto Ortega-Murillo o por el pacto Alemán-Ortega- invalidarían ese “éxito” opositor.

EL PACTO FUNCIONÓ

Y así fue: en un procedimiento insólito e ilegal, el coordinador de los CPC de Managua presentó ese mismo día 13 un recurso de amparo en un tribunal de apelaciones de la capital y los magistrados del FSLN se lo aceptaron en el tiempo récord de una hora y tres minutos, ordenando no publicar el rechazo al veto en la gaceta oficial.

El Poder Judicial deteniendo el proceso de formación de la ley: un “golpe de Estado” técnico al quitarle autonomía al Poder Legislativo por la vía judicial. La Asamblea Nacional dejó de sesionar. Los 52 diputados amenazaron con extender el boicot y destituir al presidente de la Asamblea, el danielista René Núñez. Daniel Ortega amenazó con gobernar “por decreto” si la Asamblea se cerraba.

El conflicto era político, aunque revestido de ropaje jurídico. Y se “resolvió” políticamente. Ortega y Alemán se arreglaron para que los diputados más alemanistas del PLC hicieran fracasar la destitución de Núñez. Sacado el conflicto sobre los CPC del Parlamento -donde Ortega no tiene mayoría y donde Alemán está perdiendo poder sobre una docena de “sus” hasta ahora dóciles diputados- no se empañaba con la enrevesada disputa institucional el florido acto de la plaza.

Pero eso no era suficiente. En vísperas del acto florido, el 29 de noviembre, el Presidente Ortega legalizó a los CPC de otra forma: emitió otro decreto, volviéndolos a “crear”, pero ahora sacándolos del ámbito del Poder Ejecutivo e insertándolos, integrándolos, en el CONPES (Consejo Nacional de Planificación Económica y Social), la máxima instancia constitucional de consulta del gobierno con la sociedad civil, que fue organizada desde hace ocho años por presiones de la comunidad internacional.

Así, los CPC coparán el CONPES. Y para sellar la jugada, Ortega nombró como directora ejecutiva del CONPES a la ya nombrada coordinadora de los CPC, Rosario Murillo, un poder más que concentra en su esposa, nuevamente a despecho de la ley que prohíbe el nepotismo. La cosa queda así: él el gobernante y ella la co-gobernante y ahora también la coordinadora de la sociedad que debe hacer contrapeso al gobierno que ambos presiden. Estado y sociedad civil se fusionan así en un matrimonio institucional insólito.

SERÁN UNA PRUEBA

En el país legal los CPC siguen presentando aristas ilegales, pero quedó claro que ningún debate legal los detendrá. Sólo los detendrá una oposición organizada y con liderazgos creíbles o una sociedad que les decrete “muerte por indiferencia”.

Hace unos meses, y en las páginas de Envío, Silvio Prado, investigador y miembro de la Red de Democracia y Desarrollo Local, hacía varios vaticinios para el futuro. A partir de la creación, a la fuerza, por decreto, y en desconocimiento de todo lo existente, de los Consejos, todo podía suceder: que la gente se siguiera reuniendo en los espacios que conoce, germen de democracia directa; que el gobierno hiciera desaparecer algunos de esos espacios o decidiera reconvertirlos; que la gente, por temor o por clientelismo, terminara “cuadrándose” ante la autoridad del gobierno central que controla los CPC y que se perdiera totalmente la autonomía municipal; y que el esquema resultara inviable y no lograra funcionar.

Prado concluía así su análisis de futuro: “Ahora se va a poner a prueba de qué está hecha la sociedad civil en este país. Ahora se va a saber quién es autónomo de verdad, quién está fortalecido y empoderado de verdad”.

Del lado de la pareja presidencial, los CPC son un proyecto estratégico y como han demostrado no preocuparse por ser legales o simpáticos, pero sí tenaces y empecinados, como desafiar abiertamente las leyes ha sido característica del actual gobierno y como además, los intelectuales que sirven al gobierno ya nos advirtieron que en este proyecto “la justicia social prevalecerá sobre las leyes”, podemos calcular cuántos posibles conflictos no provocará esta “democracia directa”.

CON DERECHO A DUDAR

En el país real, los CPC ya existen y comienzan a funcionar. Serían algo magnífico si no se convirtieran en lo que tenemos el derecho a sospechar que pueden llegar a ser. Serían algo magnífico si contribuyeran a superar el individualismo y el yoquepierdismo reinantes, recuperando el sentido de comunidad, de colectividad, el apoyo mutuo, la preocupación por el bien común, la solidaridad, la reciprocidad.

Serían algo magnífico si contribuyeran a construir conciencia ciudadana en un pueblo que derrocó a una dictadura por las armas y que sostuvo una revolución social con su vida, pero que está hoy más desmovilizado que muchos otros pueblos del continente que no han conocido tan valiosas experiencias. Con autonomía de pensamiento, tenemos derecho a dudar de que sea esto lo que sucederá.

SEÑALES Y TEMORES

En algunos lugares los CPC están queriendo quedarse con las sedes que organizaciones sociales y populares emplearon durante estos años para sus actividades y que compraron con fondos de ONG. En otros lugares buscan atraer a pobladores organizados previamente en otras asociaciones: “¿Para qué seguís en esa asociación si donde te van a escuchar es en el CPC?” Montarse en caballo ajeno, caballo engordado por otros y de buen trote, fue durante estos años neoliberales una de las vías empleadas por los comandos electorales del FSLN para captar votos.

En algunos lugares los CPC boicotean las actividades de otras organizaciones sociales, valiéndose de rumores, intimidaciones, promesas y hasta amenazas. Aunque sea cierto que las puertas de los CPC están abiertas para todos “sin distingos” -como dice el discurso oficial- parece que lo que está ocurriendo es que cerrarán o pretenderán cerrar no sus propias puertas, sino las de quienes ven como “competidores” en el terreno.

Los CPC son los que ofrecen a pequeñas comerciantes y vendedoras los créditos del BANDES venezolano, los créditos favorables del programa estatal Usura Cero. Los CPC te adjudican un número en las listas para la legalización de lotes urbanos y tal vez para la futura construcción de viviendas. Son los CPC los que te tienen que avalar si te van a dar trabajo en alguna institución estatal... Crear clientela política en base a empleos, ayudas, prebendas, premios y castigos, es una enfermedad de la cultura política nacional. Este mal se hace epidemia durante las campañas electorales. Tal vez se haga endémico cuando los CPC se consoliden.

Otros dicen que no, que hay municipios, lugares, zonas, donde los CPC ni existen y por lo tanto, no hay que preocuparse tanto. También dicen otros que como están empezando, hay que darles un voto de confianza y el beneficio de la duda, porque con tanta pobreza y tanta pasividad social, el proyecto “es bonito”.

¿CÓMO LEGITIMARLOS?

Se escuchan cosas más preocupantes. Que los CPC tienen como meta controlar a la población, actuar como estructuras de espionaje activo en la base. Que los CPC, ya integrados a un recién creado por Ortega Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana -que la pareja presidencial integró a la Policía Nacional- auguran cuerpos armados en los barrios, capaces de ejercer violencia política. Que los CPC, que ya venden arroz y frijoles más baratos, terminarán administrando “tarjetas de racionamiento” de la comida…

Todo esto es sospecha, prejuicio, cálculo basado en rumores y en temores. Y aunque tiene mucho de reacción emocional, tiene también fundamento racional en lo que ya hemos visto en el gobierno que ha creado los CPC: centralización, arbitrariedad, capricho, tendencia a la polarización y al conflicto viendo enemigos, traidores y oligarcas por todas partes, permanente demanda de incondicionalidad y docilidad…

A despecho de la ley, y sin preocuparse ya por la legalidad de los CPC, la pareja presidencial invertirá todos los esfuerzos posibles en los próximos meses para legitimarlos. El 29 de noviembre concluyeron por fin los racionamientos de entre cinco y ocho horas diarias que afectaban a todo el país desde el mes de julio. El Ministro de Energía se vio obligado a declarar que el Presidente Ortega se lo había ordenado porque a él se lo habían reclamado los CPC.

Desde finales de noviembre los CPC comenzaron a vender frijoles comprados con el dinero donado por Venezuela para los damnificados por el huracán en el Caribe y arroz donado por Taiwán a precios más baratos que los del mercado, aduciendo que el alza desbocada de precios de esta comida básica en noviembre se debía a especuladores que acaparaban los granos y que los CPC iban a enfrentar, saliendo al rescate de la comida popular. Así, los CPC se estrenaron devolviéndonos lo básico: luz y gallopinto… ¿Qué más tareas no les dará el gobierno para legitimarlos?

¿MARENCO TRAIDOR?

En la colorida ceremonia de instalación de los CPC, más solemne y grandiosa que la celebración del 19 de Julio de este año, no estuvo presente el Alcalde de Managua, Dionisio Marenco. Tampoco fue invitado a aquella celebración histórica ni ha estado en muchas otras celebraciones oficiales.

El conflicto entre la pareja presidencial y Nicho Marenco ha ido en aumento desde enero. Marenco cuestionó públicamente varias decisiones de la pareja presidencial -seguramente, iniciativas de Murillo-. La decisión de Ortega de despachar en la secretaría del partido que dirige, que es también su casa particular. La decisión de no consultarle, como alcalde, la destrucción de la fuente musical de la Plaza de la Revolución. Y últimamente, sus opiniones sobre los CPC: Marenco ha dicho que no entiende su lógica, que no podrá atender a sus reclamos si no cuenta con recursos materiales para darles respusta, que no los ve por ninguna parte, que lo que ve no es otra cosa que las mismas estructuras del FSLN que él conoce y que ahora están activándose…

Este mes el conflicto entre Marenco y la pareja presidencial fue de 7 grados en la escala de los terremotos políticos visibles en el FSLN. El sismo se desencadenó en ocasión de la elección de un nuevo vicealcalde para Managua. Según denunció el 7 de noviembre el propio Marenco, Rosario Murillo habría tratado de imponer a su candidato, amenazando de muerte al candidato de Marenco y a su familia. A pesar de las amenazas, ganó el candidato de Marenco.

El día de la elección, Marenco, con una indignación que no estila y una inusual voz conmovida, estalló: En esta discusión no se ha usado la fraternidad sandinista, se han utilizado métodos perversos…Si éste es el sandinismo que queremos, ¡lo denuncio y lo rechazo aquí públicamente!

Al día siguiente, el Presidente Ortega, visiblemente enfurecido, lanzó cuatro agresivas indirectas contra Marenco, pero sin nombrarlo. Los medios sandinistas iniciaron una campaña acusando al alcalde de traidor, mientras otros medios cercanos al gobierno, le recomendaban renunciar a la alcaldía para evitar la escalada de la crisis.

“ESTÁ HACIENDO
MUCHO DAÑO”

Marenco ripostó: No acepto ningún epíteto… De mi partido no me pueden sacar… Soy sandinista y punto. Lo que han dicho me dolió mucho y lo siento, porque sé que ellos están siendo manipulados. Trabajadores de esos medios llamaron para decirme que ésas son órdenes que les da la señora Murillo. Y lo siento muchísimo por ella, porque está completamente equivocada, le está haciendo mucho daño al Frente Sandinista. Y aclaró: No voy a renunciar porque los CPC o alguien más del Frente me lo pida. Y dijo más: Yo no tengo que hablar con Rosario, yo no tengo comunicación con ella, no es ninguna autoridad del Frente.

La crisis escaló. Por presiones de la pareja presidencial, dos concejales que habían respaldado a Marenco en las votaciones que Murillo pretendió manipular, fueron obligados a renunciar a la alcaldía. El 20 de noviembre Marenco admitió haber redoblado su seguridad personal: Rosario Murillo me acusó de traidor, y las traiciones en el FSLN son como condenas a muerte.

“¿POR QUÉ ACTÚAN ASÍ?”

Durante largos días, la suerte de Marenco estuvo en el centro de la atención nacional. Por fin, y como queriendo decirle a Ortega lo que no le ha podido decir en otros espacios, y sin cuestionar nunca el liderazgo de Ortega desde criterios éticos o políticos, reafirmando su cariño por él, y defendiendo sin ningún matiz el nefasto pacto Ortega-Alemán, estrategia para la que él fue principal asesor de Ortega, Marenco habló tres días consecutivos entrevistado por “El Nuevo Diario”.

Entre sus declaraciones destaca este análisis que hace de los extravagantes comportamientos que se aprecian en el gobierno y en el FSLN: Hay una tendencia ahorita en el Frente que yo creo que es muy peligrosa, a no discutir, sino a imponer las cosas. ¿Por qué razón está actuando así Daniel o sería influencia de la primera dama o ambos actúan de esa manera? No lo sé.

Pero sí siento que no hay mecanismos de discusión donde podás opinar, más bien veo yo que nadie quiere decir nada, todo el mundo anda como escondido. Al que opina hasta lo destituyen de su cargo, y eso no abona a crear un partido fuerte, que se basa en la unión de voluntades y por el cual podés llegar a dar tu vida.

TODO EL PODER A AMBOS

Durante el terremoto Marenco, Rosario Murillo no dijo una sola palabra. Queriendo poner punto final al enjambre sísmico de declaraciones comprometedoras, el Presidente Ortega afirmó después que circularan las expresivas entrevistas en “El Nuevo Diario”: Nicho es nuestro hermano, también es hermano de Rosario, aunque hable así de ella.

Como todos los terremotos, éste también abrió fallas y grietas que seguramente dejarán huellas. Buenos conocedores de las interioridades del FSLN, aunque ya no en su actual intimidad, evaluaron la crisis. Entre ellos destacó el análisis de Sergio Ramírez, vicepresidente de Ortega entre 1984 y 1990, quien gobernó de hecho en aquellos años de guerra.

Dice Sergio: Aquí lo que se está dando ante los ojos de todo el país es un traslado de las estructuras de poder, tal como estaban articuladas antes de la subida de Daniel Ortega al poder, a las manos personales de él y su esposa. Eso se está dando dentro del Frente Sandinista, pero obviamente está cimbrando a todo el país porque es un partido grande, importante y ese traslado de poder se está dando de manera forzada y está arrancando pedazos… Le están quitando poder a las alcaldías, le están quitando poder al Movimiento Comunal…Todas las estructuras partidarias, a nivel de secretarios políticos, están pasando a manos de los CPC. Y esto es para eliminar a Lenín Cerna (secretario de organización, responsable de los comandos electorales). Todas las estructuras partidarias van a responder a la esposa del Presidente…Y eso es parte de la lucha con Marenco.

¿ES POR MACHISMO?

Cuántos posibles conflictos han planteado ya los CPC. Y cuántos no seguirán planteando. Uno de los mayores problemas que tendrán que enfrentar, entre conflictos seguramente, es precisamente su coordinadora, Rosario Murillo, un personaje político con creciente poder público y con absoluto control partidario -sin que nunca haya sido electa para ello-, pero que tiene escasa simpatía popular, según lo indican las encuestas, tanto las que se hacen entre la población en general como entre la población votante por el FSLN.

Daniel Ortega siempre desestima esta falta de atractivo, que conoce perfectamente, y las críticas que se le hacen a su esposa, justificándolas en el machismo de la sociedad nicaragüense. Una apreciación muy superficial.

Como también lo es la consideración -ésta seguramente sí potenciada por el machismo- que presenta a Daniel Ortega como “víctima” de su mujer, dominado por ella, que sería la mala mientras él es el bueno, maniqueísmo que permite achacarle a ella los desaciertos y dejarlo a él impoluto. Los señalamientos de Marenco apuntan en otra dirección. Y hay que tenerlos en cuenta viniendo de un sandinista que es tal vez el más consecuente, constante e inteligente danielista dentro del Frente Sandinista.

¿PODRÁN LOGRARLO?

El sandinismo es una realidad social, política y cultural mucho más amplia que la militancia o pertenencia al Frente Sandinista. A partir de la derrota electoral de 1990, el sandinismo vinculado al FSLN fue transmutándose en danielismo. Ni siquiera todo el electorado del Frente Sandinista es danielista. Los sandinistas, dirigentes o gente de base, que a lo largo de 18 años han ido abandonando el Frente Sandinista aceptan que el danielismo es una realidad y tiene fuerza. Daniel Ortega es un caudillo con liderazgo y simpatías. Pero el murillismo no es una realidad, es un fruto que hoy se está “madurando con carburo”. Los CPC aparecen como un proyecto funcional a aquello en lo que quedó convertido el FSLN: nacen para consolidar el danielismo y para instalar el murillismo.

LA LECCIÓN DE VENEZUELA

¿Podrán lograrlo? Los resultados del reciente referéndum en Venezuela ofrecen importantes lecciones a quienes apoyan el proyecto de régimen que impulsa la pareja Ortega Murillo. Enseñan, entre otras cosas, las enormes dificultades que enfrenta la articulación de un proyecto verticalista y autoritario en el mundo de hoy. Las condiciones internacionales no favorecen ese modelo de gobierno.

Las tendencias del desarrollo político de la sociedad latinoamericana tampoco favorecen el desarrollo y consolidación del modelo de gobierno dictatorial clásico latinoamericano. El caudillismo luce cada vez más anacrónico.

En Venezuela, con todo y su petróleo, el gobierno fracasó en su intento de legalizar la reelección indefinida de Hugo Chávez. Los CPC fueron instalados por decreto el 30 de noviembre y Chávez recibió una lección contundente el 2 de diciembre. La pareja presidencial nicaragüense debe tomar en consideración ambas realidades, tan cercanas en el tiempo, para evitar intensificar la profunda crisis política e institucional que sufre la sociedad nicaragüense.

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