¿Quién defiende a Monseñor Romero?

27 años de impunidad en un asesinato considerado “un crimen contra la humanidad”. Siete años de desacato del Estado salvadoreño, evadiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y desde octubre de 2007 un diálogo secreto entre el gobierno de ARENA y el Arzobispado de San Salvador para llegar a un “acuerdo”. ¿Quién defiende a Monseñor Romero?

Elaine Freedman

En marzo de 1983, el obispo brasileño, Pedro Casaldaliga, escribió en su diario: “No consigo entender de ningún modo, o lo entiendo demasiado: La fotografía del mártir Monseñor Romero con Juan Pablo II, en unos carteles más que normales para la visita del Papa, ha sido prohibida por la comisión mixta Gobierno-Iglesia de El Salvador. La imagen del mártir duele al Gobierno, perseguidor y asesino, y es natural que le duela. Que duela a cierta Iglesia también es natural, tristemente natural”.

El 11 de octubre de 2007, Monseñor aparecía de nuevo en los titulares de La Prensa Gráfica: “Gobierno pide a Iglesia arreglo en el caso Romero”. Tristemente natural: palabras que igualmente se podrían aplicar a los últimos acontecimientos en el caso de Monseñor Romero, el pastor mártir que anunció que “resucitaría en su pueblo”.

HABLA LA COMISIÓN DE LA VERDAD

El Informe de la Comisión de la Verdad, emitido en marzo de 1993 por los tres miembros de dicha comisión -un ex-Presidente colombiano, un ex-canciller venezolano y el ex-presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- incluyó seis conclusiones sobre el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero:

“1. El ex-Mayor Roberto D’Aubuisson Arrieta dio la orden de asesinar al Arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como “escuadrón de la muerte”, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato.

2. Los capitanes Alvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron una participación activa en la planificación y conducta del asesinato, así como Fernando Sagrera y Mario Molina.

3. Amado Antonio Garay, motorista del ex-Capitán Saravia, fue asignado para transportar al tirador a la Capilla. El señor Garay fue testigo de excepción cuando, desde un volkswagen rojo de cuatro puertas, el tirador disparó una sola bala calibre 22 de alta velocidad para matar al Arzobispo.

4. Walter Antonio “Musa” Alvarez, junto con el ex-Capitán Saravia, tuvo que ver con la cancelación de los “honorarios” del autor material del asesinato.

5. El fallido intento de asesinato contra el juez Atilio Ramírez Amaya fue una acción deliberada para desestimular el esclarecimiento de los hechos.

6. La Corte Suprema de Justicia asumió un rol activo que resultó en impedir la extradición desde los Estados Unidos, y el posterior encarcelamiento en El Salvador del ex-Capitán Saravia. Con ello se aseguraba, entre otras cosas, la impunidad respecto de la autoría intelectual del asesinato”.

CASO ARCHIVADO CON LA AMNISTÍA

Cinco días después de que este informe saliera a la luz publica, la Asamblea Legislativa de El Salvador dictó la denominada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Conocida como Ley de Amnistía General de 1993, esta legislación libró de responsabilidad penal y civil a los perpetradores de atroces y aberrantes violaciones a los derechos humanos, derogando inaceptablemente los derechos constitucionales de miles de víctimas de estos crímenes.

Conforme a esta Ley, el Juez Luis Antonio Villeda Figueroa sobreseyó definitivamente a Alvaro Saravia el 31 de marzo de 1993. El magistrado no se pronunció con respecto a Roberto D’Aubuisson, fundador de ARENA, aduciendo que nunca tuvo la calidad de imputado y que su fallecimiento en 1992 había extinguido su responsabilidad penal. De esta forma, se cerró el proceso penal por el homicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y el caso, como tantos otros, fue archivado.

Seis meses después, la Directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, María Julia Hernández y Tiberio Arnoldo Romero y Galdámez, hermano de Monseñor, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos duró siete años. Fueron siete años marcados por la nula colaboración del Estado salvadoreño en la entrega de información, incluyendo una solicitud -de parte del Estado- de que se archivara el caso. Mientras, los peticionarios, a quienes se sumó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) -una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA y ante la ONU-, se mantuvieron firmes en que no aceptarían una solución amistosa a menos que el Estado salvadoreño aceptara plenamente su responsabilidad y se comprometiera a tomar las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables del crimen.

EL DICTAMEN DE LA CIDH

La CIDH dictaminó sobre el caso el 4 de enero de 2000. Las irregularidades en la investigación fueron numerosas. Incluyeron la llegada de la Policía Nacional al escenario del crimen cuatro días después de los hechos y sin proporcionar prueba alguna de una investigación; el testimonio de Amado Antonio Garay, el chofer del Capitán Saravia, quien testificó haber transportado al francotirador al lugar del asesinato fue desestimado por la Corte Suprema; la indebida investigación del Mayor D’Aubuisson, de los Capitanes Saravia y Eduardo Ávila, de los civiles Eduardo Sagrera y Mario Molina, y de Walter Antonio “Musa” Álvarez, a pesar de tener elementos importantes que les incriminaban; la desaparición forzada del testigo presencial, Pedro Martínez, solo 20 días después de haber cargado a Monseñor Romero herido para llevarlo al hospital; el atentado contra el Juez Atilio Ramírez Amaya, funcionario judicial a cargo del caso, solo tres días después del asesinato de Monseñor; y la no investigación del secuestro y posterior muerte de “Musa” Álvarez, a quien la CIDH adjudicó participación en el pago del asesino.

Al final del dictamen, la CIDH concluyó que “la justicia lenta no fue un fenómeno espontáneo. En el presente caso surgió como producto de acciones estratégicas y concertadas, que impidieron que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y los Tribunales actuaran imparcialmente y procuraran un juicio justo, con arreglo a las garantías del debido proceso”. Dictaminó que el Estado salvadoreño tenía responsabilidad en la negación de justicia en el caso y emitió tres recomendaciones:
1) La realización de una investigación judicial completa y efectiva a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales. 2) La reparación de todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización. 3) La adecuación de la legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General decretada en 1993.

“SI YO HABLO
EL SALVADOR TIEMBLA”

Como todos los países miembros de la OEA, El Salvador está obligado a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según los convenios establecidos, los países tienen un período de aproximadamente tres meses para iniciar el cumplimiento Sin embargo, a julio de 2007, todavía no había ninguna indicación de que el Estado salvadoreño estuviera dando pasos en esa dirección.

A casi cuatro mil kilómetros al norte, en Fresno, California, el ex-capitán de la Fuerza Aérea salvadoreña y mano derecha del Mayor Roberto D’Aubuisson, Alvaro Saravia, era condenado, en septiembre de 2004, por un juez civil por su participación en la planificación del crimen. Fue Juzgado bajo la Ley Federal de Demandas Civiles para Extranjeros y la Ley para la Protección de Victimas de Tortura. En un hecho sin precedentes, el juez Oliver Wagner calificó el asesinato de Monseñor Romero como “un crimen contra la humanidad”. Saravia, quien residió en Estados Unidos desde 1987, no se presentó al juicio ni envió ninguna representación legal.

Dos años después, Saravia ofreció una entrevista al periódico “El Nuevo Herald”, “desde algún país en América Latina”, semanas después de haber aparecido en una librería de Honduras. En sus declaraciones, Saravia pidió perdón y mostró disposición para revelar los nombres de los otros involucrados, incluyendo el del tirador. “Hablaría todo si me garantizan mi vida, un trabajo, un país donde pueda vivir… Si yo hablo, El Salvador tiembla”.

Desde San Salvador, el arzobispo de San Salvador, Sáenz Lacalle dijo a “El Nuevo Herald” que recibía con “alegría cristiana y sorpresa el mensaje”. Así se expresó el prelado: “Dios siempre perdona cuando hay verdadero arrepentimiento y deseo de reparar. Qué bueno que alguien que tiene sobre su conciencia una carga tan grande pueda descargarla y encontrar la paz y la amistad de Dios”. Estos hechos no tuvieron ningún seguimiento de parte del Estado y, más allá de brindar el perdón, tampoco de la Iglesia. Sin embargo, las declaraciones de Saravia fueron otro recordatorio de lo mucho que queda aún por investigar.

MAS LEÑA AL FUEGO:
D’AUBUISSON “HIJO MERITÍSIMO”

A inicios de 2007, ARENA, el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) pactaron los votos necesarios para aprobar dos reconocimientos nacionales de “Hijo Meritísimo”: uno para el ex-Presidente de la República e icono de la Democracia Cristiana Salvadoreña, Napoleón Duarte, y otro para el fundador de ARENA, Roberto D’Aubuisson.

Hubiera sido el segundo reconocimiento público en años recientes para D’Aubuisson. El 22 de junio de 2006, una plaza y un monumento en su honor fueron levantados por el municipio de Antiguo Cuscatlán con fondos públicos. Las obras fueron inauguradas por el Presidente de la República y del Comité Ejecutivo de ARENA, Elías Antonio Saca. La alcaldesa de esta comuna es activa militante de ese partido político.

Tanto la propuesta de condecoración, como el monumento, eran una flagrante provocación para quienes aún esperan el cumplimiento de la segunda recomendación de la CIDH: reparación material y moral de las victimas. El día de la votación, miembros de las Comunidades Eclesiales de Base, organizaciones de derechos humanos y simpatizantes de Monseñor Romero llegaron al Legislativo para apoyar la pieza de correspondencia presentada por Maria Julia Hernández, a nombre de Tutela Legal del Arzobispado, exigiendo la no aprobación de dicha iniciativa.

Al mismo tiempo, el CEJIL y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) enviaron cartas a las fracciones de la Asamblea Legislativa pidiendo que no aprobaran la distinción. Se rumoró que algunos congresistas de Estados Unidos también se comunicaron con legisladores salvadoreños para detener la iniciativa.

Bajo estas presiones, el PCN retiró su apoyo. Se supo que al interior del PDC se dieron fuertes disputas, dado que su máximo líder, el ex-Presidente José Napoleón Duarte, había sido torturado y exiliado con participación de D’Aubuisson en la década de los 70. Finalmente, el PDC pidió cambio de la agenda legislativa para eludir la votación. El jefe de la bancada de ARENA, Guillermo Gallegos, lo justificó así: “Lo hicimos para evitar destrozos… La pieza regresa a la comisión pero en un futuro podemos aprobar el reconocimiento”.

Aunque el proyecto fue frustrado por la presión nacional e internacional, la propuesta echó más leña al fuego y puso nuevamente de relieve la falta de voluntad del gobierno de asumir su responsabilidad en el caso de Monseñor Romero.

¿CÓMO REPARAR EL CRIMEN?

David Morales, asesor legal de Tutela Legal durante los períodos 1990-1995 y 2005-2007 y abogado de las víctimas, explicó que la solicitud de una audiencia ante la CIDH para el seguimiento de las recomendaciones había sido interpuesta por Tutela Legal y CEJIL en julio de 2007, después de que “el Estado de El Salvador negara su responsabilidad en el magnicidio de Monseñor Romero y rechazara cumplir con las recomendaciones de la Comisión, así como para dialogar sobre una propuesta de reparaciones presentada por las instituciones peticionarias” en una reunión de trabajo conjunto.

Esa propuesta incluía, entre otras reparaciones, la realización de un acto público en el que el Estado reconocería su responsabilidad y pediría disculpas, la creación de una plaza en memoria de Monseñor Romero, la prohibición de homenajes a los responsables de su muerte y la inclusión de las recomendaciones-conclusiones de la CIDH en los planes de estudio de historia en el sistema escolar salvadoreño.

OCTUBRE 2007:
AUDIENCIA EN WASHINGTON

A principios de octubre de 2007 se llevó a cabo en Washington la audiencia de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dictadas por la CIDH en el año 2000. En representación del Arzobispado, David Morales comunicó a la CIDH una misiva de la jerarquía eclesial salvadoreña: se había iniciado un diálogo entre el gobierno y la Iglesia donde se había expresado “la voluntad de seguirse escuchando” y la de tomarse el tiempo necesario para ello. Al mismo tiempo, informó de los incumplimientos del Estado respecto a las recomendaciones y expresó que el caso de Monseñor Romero se había convertido en “símbolo de la impunidad a nivel internacional”.

El abogado principal de la Cancillería de El Salvador es Carlos Méndez Flores, defensor de los autores materiales
de la masacre de los Jesuitas en 1989, y de los imputados en sonados casos de corrupción y estafa, como los de FEDEFUT y FINSEPRO-INSEPRO. En Washington, Méndez Flores volvió a negar la responsabilidad del Estado en el caso de Monseñor Romero y reafirmó que “ya hubo una investigación judicial”, expresando, contradictoriamente, que el Estado “en ningún momento ha expresado su no reconocimiento de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos ni de las acciones de la Comisión.” Pidió un “compás de espera” para que “primero Dios” se llegue a acuerdos con la máxima autoridad de la Iglesia católica salvadoreña, Fernando Sáenz Lacalle sobre “la situación”.

Aunque el relator de la Comisión valoró como “importante” y “válido” el diálogo, aprovechó para recordar que las recomendaciones emitidas en el año 2000 son “obligatorias” y “vinculantes”. Reafirmó que, hasta la fecha, las recomendaciones en su conjunto habían sido incumplidas y aclaró que el diálogo no puede ser sustituto de su cumplimiento. Afirmó que el interés principal de la Comisión es el cumplimiento de las recomendaciones. Quedó pendiente la decisión de la CIDH de incluir o no el caso de incumplimiento en su informe de 2007 ante la Asamblea General de la OEA.

En cualquier solución, el caso presentado a la CIDH cuenta con una limitación de fondo. Hasta 1995, El Salvador rehuía las presiones de adherirse a la Corte Interamericana. Cuando ya no pudo seguir evitándolo, el país se suscribió, manifestando que no se contemplarían casos de violaciones de derechos humanos ocurridos antes de esa fecha. Por lo tanto, casos como el de Monseñor Romero y otros, sucedidos en el contexto de la guerra de El Salvador, no podrían ser presentados a esa instancia.

DESPEDIDO POR LA IGLESIA
POR “DESLEALTAD LABORAL”

Al día siguiente a la audiencia en Washington, Monseñor Sáenz Lacalle publicó un comunicado desestimando la participación en la audiencia de su representante, David Morales. “Lamentamos que la posición del Arzobispado de San Salvador no haya sido debidamente transmitida en la reunión efectuada el día 10 de octubre en la ciudad de Washington D.C. El diálogo continuará en la búsqueda de una paz verdadera. La memoria de Monseñor Romero nos exige respeto, paciencia, responsabilidad y un firme compromiso de trabajar por la paz de nuestro querido El Salvador”.

Trece días después de la audiencia, David Morales fue notificado por el arzobispo: estaba despedido por “deslealtad laboral”. “Son asuntos internos de la Arquidiócesis que tienen que ver con la fidelidad de los empleados. Ha habido un comportamiento no tan consecuente”, explicó Sáenz Lacalle en una conferencia de prensa.

¿LEALTAD A QUIÉNES?
¿SILENCIO SOBRE QUÉ?

David Morales recuerda que cumplió con el encargo de sus jefes de informar sobre el diálogo y reflexiona: “Yo supongo que la lealtad que el arzobispo esperaba de mí era mi silencio”. ¿Silencio sobre qué? Silencio sobre el incumplimiento del gobierno y sobre sus temores de que el gobierno salvadoreño ande en búsqueda de un acuerdo con la Iglesia al margen de las recomendaciones de la CIDH.

En el comunicado redactado por Morales al conocer su despido, hace un largo recuento de los hechos que se dieron alrededor del “diálogo” entre la Iglesia y el gobierno. “Decidí mencionarlos a causa de mi convicción acerca de que su desempeño en las circunstancias aquí aludidas no representa el sentir unánime de la Iglesia Católica de El Salvador ni del pueblo de Dios. Ni siquiera de toda la jerarquía eclesial de la Arquidiócesis”.

Pocos días antes de la audiencia, el Canciller de la República y actual pre-candidato presidencial por ARENA, Francisco Laínez, había solicitado al arzobispo de San Salvador iniciar un diálogo sobre el caso de Monseñor Romero. En menos de una semana, el gobierno y la Iglesia realizaron dos reuniones, en las que el gobierno sostuvo que no asumiría responsabilidad en el caso y que no estaba dispuesto a dejar sin efecto la Ley de Amnistía General. Lo único que podía negociar era la recomendación sobre la reparación material y la reparación moral en el orden simbólico. “El mismo Monseñor (Sáenz) dijo que debemos pensar en el bien común… Si no se mantiene la vigencia de la Ley General de Amnistía estaríamos en contra del bien común de nuestro país”, confirmó Abigail Castro de Pérez, embajadora salvadoreña ante la OEA.

UN DIÁLOGO “NO EN SECRETO”
SINO “EN SILENCIO”

Según David Morales, “en ambas reuniones de diálogo el Estado propuso que ambas partes omitiesen proporcionar información a la Comisión Interamericana sobre la situación del incumplimiento de las recomendaciones”.

Monseñor Richard Antall, Vicario de Promoción Humana y designado como representante de Saénz Lacalle en las reuniones con el gobierno, continuó en ellas, a pesar de las observaciones técnico-jurídicas de Tutela Legal -hechas en conversaciones privadas con el Vicario en distintas intervenciones durante las dos reuniones de diálogo-, que aludían a la impertinencia de la posición del Estado respecto al cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.

Más sorprendente aún fue la revelación del siguiente detalle en la audiencia de seguimiento de la CIDH: las reuniones de diálogo entre la Iglesia y el gobierno deberían ser mantenidas “en privado para que no se entramparan”. Sáenz Lacalle justificó que existían puntos en común que sustentaban el diálogo, como el reconocimiento del Estado de que el asesinato de Monseñor Romero fue un acto “repudiable”. Aclaró que “no hay nada secreto en el diálogo, sencillamente es una reunión donde no hay acuerdos. Es mejor que permanezca no en secreto, sino en silencio, hasta llegar a los resultados”. El arzobispo afirmó que el diálogo busca un “acuerdo para reunificar la sociedad salvadoreña”.

Fue singular la introducción de una nueva figura en estas conversaciones: Juan Daniel Alemán, un abogado de FUSADES, la institución rectora de la política neoliberal en El Salvador, con amplia experiencia jurídica en el campo mercantil y civil, pero sin experiencia reconocida en el área de los derechos humanos ni tampoco en el Arzobispado. Fue presentado como delegado personal de Sáenz Lacalle para el caso.

Con razón, muchos laicos cuestionaron quién es el verdadero sujeto de la lealtad del arzobispo: ¿Monseñor Romero, su familia, la Iglesia Católica y el pueblo salvadoreño o el gobierno salvadoreño?

ARZOBISPO SÁENZ LACALLE:
“NO ENTURBIAR EL AMBIENTE”

Con las organizaciones del movimiento popular, Sáenz Lacalle fue más directo. Les recordó que la politización de la figura de Monseñor Romero haría mucho daño al proceso de canonización que se lleva adelante en el Vaticano. No es la primera vez que se oye esta admonición desde la Catedral bajo el mando de Sáenz Lacalle. A principios del año, al conocer las protestas populares, apoyadas por los diputados del FMLN ante la iniciativa de designar a D’Aubuisson “hijo meritísimo”, el arzobispo advirtió lo mismo. En ese momento fue aún menos sutil. Refiriéndose al homenaje a D’Aubuisson, expresó, que “cada uno puede tener la simpatía o el aprecio que quiera por los personajes que quiera y de todas maneras eso no debe ser motivo de inquietud social”. Seguidamente, el prelado se refirió a la ley de amnistía aprobada en 1993, gracias a la cual “todos los partidos pudieron presentarse a elecciones y salieron gananciosos los que más votos tenían y en la actualidad la Asamblea está compuesta por un polipartidismo muy sano”. Precisó que “si se han perdonado en la amnistía delitos de unos y de otros, no vale la pena estar otra vez sacándolos a flote porque no hacen más que enturbiar el ambiente”.

“¡QUEREMOS UN OBISPO
AL LADO DE LOS POBRES!”

Al conocer los hechos alrededor de la audiencia de seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, varias organizaciones sociales, de la iglesia comprometida con los pobres y de Derechos Humanos se dieron cita en el Hospitalito la Divina Providencia, donde hace veintisiete años ocurrió el nefasto crimen que le quitó la vida a Monseñor Romero.

Después de conocer el testimonio de David Morales y aplaudir su firme defensa de la verdad en el caso, se invitó al público a hacer propuestas de acción para llevar a cabo. El listado de veintiocho propuestas dio fe de la diversidad de personas que se sienten víctimas del gobierno y de la Iglesia en el caso de Monseñor y del nivel de rechazo popular que suscita la situación. Las propuestas son tan diversas como “lograr que se informe a la Asamblea General de la OEA del desacato del Estado salvadoreño”, “exigir la renuncia de Sáenz Lacalle como arzobispo de San Salvador” y “eliminar el monumento a D´Aubuisson”.

Entre gritos de “¡Queremos un obispo al lado de los pobres!” se conformó la Comisión de Seguimiento al Caso de Monseñor Romero para diseñar y conducir una estrategia de acción popular basada en el sentir de la población.

CAMPAÑA POR LA VERDAD
Y LA JUSTICIA

La Comisión, conformada por algunas instituciones de derechos humanos, las Comunidades Eclesiales de Base, una organización estudiantil y personas interesadas, ha realizado diversas actividades: conferencias de prensa, un pronunciamiento firmado por 83 organizaciones dirigido a la Conferencia Episcopal de El Salvador y el seguimiento del proceso.

En diciembre se lanzó la Campaña por la Verdad y la Justicia Caso Monseñor Romero, que terminará a mediados de 2008 e incluye varias acciones: reuniones con el arzobispo y el Canciller de la República, movilización popular y gestión con la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán para eliminar el monumento a D’Aubuisson, cartas ciudadanas de presión, foros y actos culturales.

¿DÓNDE ESTÁ LA VOZ PROFÉTICA DE LA IGLESIA SALVADOREÑA?

El año 2007 fue un año duro para la Iglesia Popular Salvadoreña. En marzo, el sacerdote jesuita Jon Sobrino fue sancionado por el Vaticano y se le prohibió la enseñanza en cualquier centro católico. En esa ocasión, el arzobispo Sáenz Lacalle se posicionó claramente: “Yo le pido al Señor por el padre Jon Sobrino para que sea dócil a las enseñanzas de la Iglesia.”

La Compañía de Jesús ha sido una de las principales aliadas de las víctimas en su lucha para derogar la Ley de Amnistía, una ley cuya anulación ha sido recomendada por la CIDH en todos los casos de violaciones de derechos humanos relacionados con la guerra, y que constituye un estorbo para un verdadero proceso de reconciliación nacional.

Sin embargo, desde noviembre de 2007, distintas voces en la Compañía de Jesús y sus instituciones han comenzado a desvincular el tema de “la verdad y el perdón” del tema de los “juicios penales”. La más explícita apareció en un editorial del Semanario “Proceso” (número 1268), calificando “la búsqueda de justicia absoluta” como “no menos extrema” que “la impunidad extrema”. El autor llamó a los defensores de derechos humanos a bajarse de su “maximalismo ético y jurídico” para explorar “una senda intermedia”. Resultó confuso para las víctimas escuchar que su lucha es extremista. Ver descalificada la justicia “absoluta” les lleva a especular qué se debe entender por “justicia no absoluta” o “relativa”. Muchas víctimas sienten que están en riesgo de perder un aliado importante.

Buena parte del clero salvadoreño no está de acuerdo con la senda que ha escogido la jerarquía en el caso de Monseñor Romero. Al hacerse público el diálogo entre la Iglesia y el Gobierno, un grupo de aproximadamente 25 sacerdotes envió un escrito a Sáenz Lacalle expresando su descontento. “Monseñor no es pieza de mercancía y no se puede negociar”, dijeron. Ellos suponen que su correspondencia fue entregada a Monseñor Sáenz y a Monseñor Antall. Sin embargo, no han tenido respuesta y al igual que el resto de la población, desconocen si las negociaciones han avanzado o no en silencio.

MONSEÑOR LO DIJO:
“EL PUEBLO ES MI PROFETA”

En el foro que se realizó en el Hospitalito Divina Providencia se comenzó a manejar una tesis nueva acerca del caso de Monseñor. Allí se planteó que no solamente la Iglesia y la familia Romero Galdámez fueron ofendidas con el asesinato de Monseñor Romero. También el pueblo salvadoreño. En consecuencia, pedían un reconocimiento del pueblo salvadoreño como parte ofendida y sugirieron que el pueblo y sus organizaciones deberían tener voz en el proceso jurídico sobre Monseñor Romero.

Este escenario generaría una situación inédita, pero quienes lo proponen consideran que no existe ningún impedimento en la Convención Americana. Existe el precedente del juez Oliver Wagner en los Estados Unidos, quién calificó el asesinato de Monseñor como “un crimen contra la humanidad”.

Es posible que sea el mismo pueblo quien asuma la voz profética y la figura de demandante en el magnicidio de su pastor. Seguramente, ese escenario le hubiera encantado al mismo Monseñor. Por algo dijo él que “el pueblo es mi profeta”.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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