Reflexiones ante la diaria y grave violación del carácter laico del Estado

Tal vez ningún analista de la realidad política nacional venga tan de abajo y haya denunciado con tanta firmeza las continuas violaciones al Estado laico como Onofre Guevara. Tal vez nadie como él haya defendido la necesidad del laicismo para construir democracia y libertad. He aquí sus reflexiones.

Onofre Guevara López

El laicismo es una de las mayores conquistas en pro de la libertad de conciencia y los derechos humanos, de la tolerancia y la democracia. En donde prevalece el fundamentalismo religioso están ausentes la democracia y los derechos humanos, en especial los de las mujeres.

UNA FUNCIÓN TRIDIMENSIONAL

En ningún estadio sociopolítico, ni el funda¬mentalismo religioso ni el laicismo han permanecido inmutables. En la medida en que la clase privilegiada ha ido haciendo más conservadoras sus ideas, la separación de las funciones del Estado -como máximo representante del poder organizado de la sociedad- y las de la Iglesia -con sus funciones propias y exclusivas en el reino de lo espiritual- no se ha respetado y el laicismo ha venido perdiendo su auténtico valor.

El laicismo no es solamente independencia del poder “temporal” del poder “espiritual”. La función del laicismo en la sociedad es tridimensional. Considerado el mayor avance “en la conquista de la libertad de los pueblos”, el laicismo tiene también otras funciones dentro de las actividades políticas e ideológicas.

En la historia, el laicismo expresa el momento en que la comunidad humana adquiere la capacidad de asumir la búsqueda de un mundo mejor y de su propia felicidad en la realidad, aquí en la tierra, con independencia del “plan de Dios para la humanidad” que le ofrecían las religiones. Con esta concepción liberadora, la religión quedó ubicada en donde le corresponde: en la intimidad de los individuos. En su conciencia.

Según esta concepción, al laicismo se le puede entender en tres dimensiones. Una, la dimensión donde se separan Estado e Iglesia: aspecto jurídico. Dos, la dimensión en que se garantiza la libertad de conciencia: aspecto humano. Tres, la dimensión en donde lo religioso sale del espacio público para ocupar el espacio privado: aspecto social e ideológico.

No siempre ni en todas partes se reconoce ni se practica el laicismo en las tres dimensiones a la vez, sino que -por la penetración conservadora en todos los terrenos- el laicismo se ha visto limitado a las letras de las Constituciones y de las leyes. Actualmente, los gobiernos neoliberales han venido sacando la religión de la dimensión íntima de lo individual hacia el terreno de lo público dándole una dimensión política. Se transgrede así el principio del Estado laico consignado en la Constitución, siendo esto un reflejo más de la preeminencia de sus intereses económicos y políticos. Actuando así, están burlando el sentido del laicismo, una de las vías más eficaces para crear tolerancia entre las comunidades humanas de distintas creencias y para construir una cultura democrática.

CUATRO GOBIERNOS
BURLANDO EL ESTADO LAICO DIARIAMENTE

Es esto lo que sucede en Nicaragua. El laicismo sólo permanece en el texto constitucional. No se le da su auténtico valor ni su verdadera importancia para lograr relaciones humanas democráticas. La desvalorización del laicismo va a la par del escaso desarrollo democrático de nuestra sociedad. El laicismo -presente en la máxima Ley de nuestra República- ha quedado reducido a un trofeo simbólico, sin valor real. Nuestras condiciones políticas han permitido a los gobiernos violarlo impunemente. Ese trofeo, levantado como un logro del liberalismo democrático, y recogido en su momento por la revolución sandinista, es hoy un galardón inmerecido, porque los gobiernos, siempre complacientes con las fuerzas conservadoras -con las que coinciden tanto en los intereses económicos como en los estilos de gobernar- han dejado de hacerle honor.

Hoy, nuestro gobernante está haciendo coincidir intereses económicos y políticos con su sospechoso culto a lo religioso. Esta su contradicción con el texto constitucional y su también sospechosa práctica política no son originales. Hay que recordar, por ejemplo, que -aunque obviamente por otros motivos- en el acto inaugural de la democracia, cuando se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, al triunfo de la Revolución francesa (1789), los revolucionarios que la redactaron dejaron constancia de que lo hacían “en presencia y bajo el auspicio del Ser Supremo”.

Sin embargo, tal contradicción de vieja data no le da derecho a los tres gobiernos anteriores al del presidente Ortega, ni a su actual gobierno, a ignorar o a burlar el carácter laico de nuestro Estado. Hay muchos casos puntuales en los que la condición jurídica de Nicaragua como Estado laico -Nicaragua no tiene religión oficial, prescribe la Constitución Política en su artículo 14-, ha sido tratada con sumo irrespeto. Todos los gobiernos lo han hecho. En el gobierno actual es más grave la evidencia, ya que sus líderes aún se autoproclaman revolucionarios de izquierda.

Con su juego maquiavélico con Dios y la religión, y con su alianza con las jerarquías religiosas, el presidente Ortega abrió dos frentes de lucha con la derecha. En el frente político por la conservación del poder, y en el frente ideológico por quitarle a la derecha la preeminencia que tradicionalmente ha tenido en el terreno religioso, haciendo de este terreno su coto privado.

El presidente Ortega le está arrebatando a la derecha su arma ideológica tradicional. Y quitándole a las funciones de todo el Estado su carácter laico, el gobernante está actuando en perjuicio de la libertad de conciencia de los sectores populares. En la prédica alienante que menosprecia el laicismo ya no es posible distinguir cuándo ésta es política y cuándo religiosa, porque se identifican y se complementan.

La mofa del laicismo es cotidiana, unas veces más obvia que otras. Entre las tantas realizadas, llama la atención la presencia de jerarcas de la iglesia católica en los actos oficiales del gobierno. Fue obvio en la toma de posesión del presidente Ortega en enero de 2007, cuando el cardenal Miguel Obando, el arzobispo de Managua Leopoldo Brenes y otro obispo ocuparon lugares de honor a ambos lados del presidente del Poder Legislativo, desplazando a los presidentes de otros Poderes del Estado. Creyendo darle mayor solemnidad a la sesión, la inclusión de los jerarcas violó el orden constitucional.

LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO TERAPÉUTICO

Entre las tantas realizadas está también la manifestación de fieles católicos y evangélicos el 8 de octubre de 2006, reclamando la penalización del aborto terapéutico, en un acto político concertado entre el gobierno de Bolaños y las jerarquías de ambas denominaciones, en el que participaron funcionarios del gobierno y diputados liberales y del FSLN. Pocos días después, el Poder Legislativo cumplió la voluntad eclesiástica de penalizar el aborto terapéutico, derecho reconocido desde hacía más de un siglo en nuestro Código Penal cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. En este retroceso al siglo XIII se hizo presente un espíritu inquisidor, estimulado por la complacencia del gobierno, abofeteando así la memoria de los pensadores de la Ilustración que inspiraron el laicismo y la memoria de la Humanidad que se ha sacrificado por sus libertades. Todo un proceso de deshumanización “en nombre” de Dios.

No fueron para repicar campanas las declaraciones del Cardenal Miguel Obando, que tres meses después de esta manifestación pública, recomendó que en la polémica sobre el aborto terapéutico se dejara hablar a la Ciencia. Sus palabras y la ascendencia que ha adquirido el Cardenal sobre el matrimonio Ortega-Murillo -ya entonces en el gobierno- motivaron a imaginar que habría una salida a la situación oscurantista en que había metido al país la reforma del artículo 165 del Código Penal penalizando el aborto terapéutico.

Pero no hubo salida. Ni entonces ni después se tomó nunca en cuenta el parecer de los médicos. Así, las fuerzas mancomunadas de la religión y la política oficial atentaron contra el derecho de las mujeres a su vida y a su libertad. Esta agresión doble contra las mujeres fue resultado de la previa agresión contra la laicidad del Estado. Después de más de un año no ha habido señales de rectificación y la Corte Suprema de Justicia -última vía institucional a la que pueden recurrir las mujeres- no responde en ningún sentido a los recursos de inconstitucionalidad introducidos por organizaciones feministas y de derechos humanos. Estando todas las instituciones del Estado controladas y repartidas por cuotas entre orteguistas y arnoldistas desde su pacto político, el Poder Judicial se ciega ante ésta y otras violaciones abiertas que hace el Ejecutivo del precepto constitucional del Estado laico, en complicidad con las jerarquías eclesiales.

Contra el aborto terapéutico se juntaron fuerzas políticas en apariencia disímiles (orteguistas, liberales, conservadores) en una sola acción reaccionaria. Los orteguistas olvidaron -como han venido haciéndolo en toda ocasión- los principios revolucionarios de varias generaciones de sandinistas, sólo para conseguir el apoyo de las jerarquías -o al menos su neutralidad- en asuntos claves para el orteguismo en carrera hacia la reelección del actual gobernante, empeño en el que se encontraba en octubre de 2006. De los conservadores no podía esperarse nada diferente según sus tradicionales posiciones reaccionarias. De los llamados liberales, ya hay suficientes pruebas del olvido deliberado que han hecho de los principios que originalmente tuvieron su fuente en los filósofos del Renacimiento y fueron puntales en los días inaugurales de la Democracia. De los principios liberales ya ni siquiera asoma el perfil en los textos partidarios de nuestros liberales.

UNA ESPERA FATALISTA Y PASIVA

Otra de las tantas: el presidente Ortega y su esposa hacen invocaciones a las divinidades y exponen iconos religiosos en cada acto político partidario y de gobierno y documentos públicos emitidos por su partido son facturados de forma muy similar a las homilías. En diciembre de 2007, el presidente Ortega ordenó a todas las dependencias del Estado que rezaran y cantaran a la Concepción de María y él mismo lo hizo en la Plaza de la Revolución. Días antes, Rosario Murillo -la señora co-gobernanta al 50%- había pedido públicamente a sus partidarios, y a nombre del gobierno, “rescatar la tradición de rezar el Rosario en familia todos los días”, una petición que sólo hacen los sacerdotes a su feligresía dentro de las iglesias.

Las invocaciones a la divinidad en los actos políticos del Frente Sandinista, de parte de sacerdotes, obispos o del propio gobernante y de su esposa, suponen una burda utilización de las creencias religiosas con objetivos políticos. De esta forma, alargan la distancia entre el laicismo como precepto constitucional y el laicismo como respeto a la práctica religiosa individual. También pretenden anular el laicismo como expresión de la libertad de conciencia, irremplazable en la lucha por la justicia social y en el ideal de construir un mundo mejor. La falta de respeto por el laicismo y la interferencia en la política de ideas y sentimientos religiosos frustra la lucha por las reivindicaciones sociales.

¿QUIÉNES GANAN? ¿Y QUÉ GANAN?

Este sabotaje al laicismo no es nada trivial, como pudiera parecer. Cuando se introducen las ideas religiosas, dándoles prioridad sobre las ideas de justicia social y de reivindicación social en la conciencia de las personas trabajadoras, se las condiciona para esperar pasivas el resultado de las oraciones y las promesas a las divinidades en que creen. Existe una relación -naturalmente, no numérica- entre las personas alienadas por la religión y las personas marginadas de la lucha social.

Sin embargo, clérigos y políticos procuran no dejar completamente pasivas a esas mismas personas atraídas con sus prédicas. Las incitan a la práctica permanente de la religión como una vía de escape personal y de fuga de sus ideales colocándolos en los salones de espera de los milagros, en que, de hecho, se han convertido actualmente las iglesias de todas las denominaciones. Es fácil comprobar esta práctica alienante observando la multiplicidad de iglesias y templos que operan en los barrios populares, con cantos y prédicas ruidosas que aturden a los participantes y atormentan al vecindario. Está por verse a una de estas iglesias operando con igual libertinaje en una zona residencial burguesa. Y jamás se verán dentro de los repartos exclusivos. No está de más recordar que los diputados libero-orteguistas aprobaron una ley contra el ruido, de cuya observancia exceptuaron a estas iglesias.

¿Quiénes ganan con esto? ¿Y qué ganan? Ganan y por partida doble. Los sectarios religiosos son conscientes de que los barrios populares son el hábitat “natural” de la pobreza y que todas las carencias humanas y sociales tienen allí un buen clima para el desarrollo de su labor alienante. Saben que también los barrios populares son nidos de inconformidades y de estímulos para la organización de luchas y protestas. Por intención manifiesta o de forma indirecta, con sus prédicas y demagogia buscan quitar presión social y política, atrayendo a los potencialmente aptos para la lucha social convirtiéndolos en adeptos y adictos a toda clase de creencias. Las demandas sociales disminuyen en la medida en que más personas se refugian en las iglesias. En esta situación, clérigos y políticos se ganan la buena voluntad y hasta las simpatías de la gente sin haber invertido nada más que promesas de salvación y de bienestar en éste y en el “otro mundo”. En este sentido se entiende la religión como “el opio de los pueblos”. No porque la gente se vuelva creyente, sino porque se vuelve inactiva y dócil.

TAMBIÉN EN LA ENSEÑANZA

Y otra más: en enero de 2008 fuimos testigos de los firmes reclamos que por medio de comunicados, cartas, sermones, declaraciones de prensa, televisión y radio hizo la jerarquía católica al Ministerio de Educación por los desembolsos retenidos para el pago de maestros de centros escolares de la Iglesia Católica. Alegaban que la subvención del Estado a las escuelas católicas era justa porque impartían enseñanza gratuita, lo que es cierto, aunque también lo es que estas escuelas les permiten ampliar su influencia religiosa en niños de varios niveles de la enseñanza. Se viola así la Constitución en dos sentidos: el derecho y la obligación que tiene el Estado de asumir la educación pública nacional (artículos 58 y 119) y el carácter laico que debe tener el Estado en sus expresiones públicas (artículo 14).

Con la Universidad Católica se potencia al máximo la transgresión constitucional. Esta universidad es propiedad privada, es la universidad más cara del país, exclusiva de las clases pudientes, es un negocio del que participa el Cardenal Obando. Sin embargo, recibe una subvención anual del Estado de 12 millones de córdobas. Un escarnio para un Estado que “no tiene religión oficial”. Ésta fue la práctica de los tres gobiernos neoliberales que precedieron al actual, que dice ser “de izquierda” y que aceptó esta herencia por interés político.

CONSTITUCIÓN DE 1987: EL NOMBRE DE DIOS

Se dice que los políticos tradicionales y sus asimilados del actual gobierno siempre han jugado y juegan “con el santo y con la limosna”, sin haber dejado de jugar con la gente. En el caso del presidente Ortega, esto ha significado un retroceso por lo menos de más de veinte años, dado que durante la discusión del Prólogo de la Constitución vigente (1987)-ya bastante remendada, pero en vigencia y promulgada durante su primer mandato como presidente-, el gobierno revolucionario dio una respuesta tolerante y, por ello, también democrática, a la demanda de los diputados creyentes.

Sucedió entonces que la mayoría de legisladores sandinistas en la Asamblea Nacional estaban dispuestos a seguir el ejemplo de tres textos constitucionales liberales -los de 1893, 1905 y 1939- no invocando a Dios en el Prólogo de la nueva Constitución que estaban elaborando y aprobando. No obstante, comprendieron la posición de la minoría que reclamaba esa invocación y discutieron el tema. Finalmente, hubo consenso y se aprobó que no se haría la invocación como pedían los opositores, pero sí se mencionaría a Dios en el prólogo de la Carta Magna, que quedó así: En nombre: Del pueblo nicaragüense; de todos los partidos y organizaciones democráticas, patrióticas y revolucionarias del pueblo de Nicaragua; de sus hombres y mujeres; de sus obreros y campesinos; de su gloriosa juventud; de sus heroicas madres; de los cristianos que desde su fe en DIOS se han comprometido e insertado en la lucha por la liberación de los oprimidos…

UNA TOLERANCIA LAICA QUE YA NO EXISTE

Dos detalles interesantes expresan la tolerancia que hubo durante la transacción política entre los sandinistas y la minoría opositora para redactar el Prólogo. El doctor Clemente Guido Chávez, del Partido Conservador Demócrata, propuso que el nombre de Dios se escribiera con mayúsculas en sus cuatro letras. Y condicionó su firma en la nueva Constitución a que su propuesta fuera aceptada. Aunque la bancada sandinista aceptó la demanda del doctor Guido y el nombre de Dios fue escrito con cuatro letras mayúsculas, la Constitución de 1987 aún vigente no cuenta con la firma del ahora difunto doctor Guido. Nunca se supo que los sandinistas se lo hubiesen reclamado. Otro detalle. El diputado opositor Luis Sánchez Sancho -socialista entonces- hizo en el plenario de la Asamblea Nacional la intervención más radicalmente atea contra la mención de Dios en el Prólogo, contrariando lo que exponían en sus discursos los diputados conservadores. Pero ni a él ni a nadie se le criticó por expresar sus opiniones.

Nicaragua carece de religión oficial: así quedó consignado en la Constitución de 1987. Comentando la parte dogmática de nuestro texto constitucional, y el gran logro de haber incorporado al texto de la Carta Magna el trascendental principio del laicismo, el jurista español Plácido Fernando Viagas Bartolomé escribió: Ello supone el punto final de una larga evolución que tanto sufrimiento ha ocasionado. Es posible que el problema simplemente se encontrara en que, durante mucho tiempo, el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza y que sus miedos, inseguridad y desconfianza determinaron un Ser Supremo celoso de sí mismo e intolerante, que no podía permitir la libertad.

Muestras de tolerancia no se ven ya de parte del san¬di¬nis¬mo oficialista. Y ahora el presidente Ortega hace la promesa de ley a sus ministros y funcionarios en nombre de Dios, al margen del laicismo constitucional. Paradójicamente, la intolerancia actual del orteguismo tiene sello religioso y no “revolucionario”. En el proceso de esta “conversión”, el presidente Ortega y su gente comenzaron marginando a los sacerdotes exponentes de la Teología de la Liberación, dándole así las espaldas a los miles de “cristianos que desde su fe en Dios” se habían “comprometido e insertado en la lucha por la liberación de de los oprimidos”, tal cual reza el prólogo de nuestra Constitución. Este proceso inició anulando en la práctica el laicismo y emprendiendo un viraje hacia la alianza con los clérigos derechistas, ex-militantes contrarrevolucionarios opositores al Estado de los años 80.

TAMBIÉN LA POLICÍA

Otra más: en nuestro país no se efectúa ninguna fiesta patronal religiosa en los municipios -incluso en la capital- que no cuente con recursos municipales recolectados a través de los impuestos que pagan los ciudadanos no católicos o quienes no tienen religión alguna. Ni alcaldes ni concejales respetan la laicidad del Estado, haciendo burla a la Carta Magna y a la ciudadanía.

Especial participación tiene en esta violación la Policía Nacional. En las fiestas religiosas, unas veces cumple con su deber de proteger el orden público y otras participa en actos religiosos expresamente efectuados por y para la Policía en templos católicos y evangélicos. Es frecuente ver a comisionados y oficiales policiales con sus uniformes de reglamento participando públicamente en ritos que deberían guardar para su vida privada. Lo incorrecto no es que demuestren así su religiosidad, sino que haciéndolo uniformados violentan la Constitución, conducta poco ejemplar en autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes.

El mensaje no es educativo en el momento en que hoy vivimos, tan poblado de personajes capaces de no dejar recurso ocioso cuando se trata de mantener vigente su ascendencia política sobre los menos avisados. No es educativo porque se brinda a estos personajes un recurso más para que mantengan vivo el sistema que les ha dado poder, riqueza y bienestar. No es poco todo lo que se protege tras la manipulación político-ideológica-religiosa al burlar el carácter laico del Estado.

DANIEL ORTEGA: ¿UN “CONVERTIDO”?

Hay quienes piensan que estas actitudes de las autoridades estatales, violatorias del laicismo constitucional, son sólo una hábil jugada política. Por un lado, para favorecer la imagen del orteguismo ante los cristianos. Por otro, para darse así la oportunidad de lucir un “cristianismo” que les abre espacios en la conciencia de las masas influenciadas por el fundamentalismo religioso, que reciben al gobernante y a sus funcionarios como se recibe al “pecador arrepentido”, merecedor de un cristiano perdón por los “pecados” que le atribuyen sus adversarios de la derecha. En la última campaña electoral Ortega mostró estas intenciones, plagando su discurso político de alusiones religiosas, pensando que en esta oportunidad ganaba, con la presidencia, tal vez también una indulgencia.

No hay motivos para no creer que lo que hemos visto hasta aquí en el gobierno del presidente Ortega no corresponda a un plan bien calculado, dadas sus radicales contradicciones con la jerarquía católica en los años 80. Pero tampoco faltan motivos para suponer que las demostraciones de su fe religiosa en cada una de sus últimas actuaciones, con la aparente convicción de un neoconverso, podrían estar causadas por un cambio ideológico, tan verdadero como radical. Si éste fuera el caso, habría que lamentar la contradicción de su nueva fe con el discurso de contenido revolucionario que no abandona en las circunstancias nacionales e internacionales en que le corresponde hoy moverse.

Como nunca antes, el “convertido” presidente Ortega se ve envuelto en un moño de contradicciones. Sus mejores amigos, los gobernantes de Irán y Libia, son de confesión musulmana, el iraní además fundamentalista y, por eso, con una práctica reaccionaria. Sus amigos de Cuba no practican ninguna religión de manera oficial. Su amigo el presidente de Venezuela, al igual que Ortega, invoca siempre a Dios en sus actos políticos, pero mantiene contradicciones con la jerarquía católica. El resto de gobernantes de América Latina -Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina, Chile- mantienen una posición oficialmente laica y de tolerancia, aunque bajo gran influencia católica. En todos los países latinoamericanos con gobiernos de izquierda se practica el aborto terapéutico, a excepción de Chile y Nicaragua. En Chile, por imposición de la dictadura de Pinochet, para compensar el apoyo que la jerarquía católica brindó a sus crímenes contra el pueblo chileno y contra la democracia.

Es de esperar que, en esta amalgama de situaciones relacionadas con el laicismo y el teísmo católico y musulmán, y aspirando ya a la reelección y a la permanencia en el poder con el estrecho círculo político que le acompaña, Ortega seguirá acercándose a los sectores de la derecha confesional a través del cardenal Obando.

PARA LEGITIMAR SU PODER

¿Cómo encajan los intereses de la Iglesia como institución dentro de las contradicciones que caracterizan las acciones gubernamentales y las políticas del presidente Ortega? Se observan tres realidades. Primera: no existe dentro de la Iglesia Católica una posición única en su relación con el gobierno. Segunda: el Cardenal Miguel Obando es la única máxima figura de la jerarquía católica que representa la tendencia más estrechamente aliada del gobierno de Ortega. Y tercera: aunque no hay unanimidad de criterios dentro de la jerarquía católica respecto al gobierno, tampoco le hacen una oposición sólida.

La jerarquía católica, encabezada hoy por el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, mantiene mayor independencia ante la oligarquía y sus partidos políticos que la que tuvo Obando siendo arzobispo de la capital. Obando se distinguió como el más fuerte baluarte “espiritual” de la contrarrevolución en sus dos versiones, la armada y la “cívica”, por lo cual fue privilegiado con financiamiento económico de parte de las agencias gubernamentales de Estados Unidos. Monseñor Brenes emite opiniones políticas, más que con críticas, con sugerencias al gobierno sobre problemas sociales claves, camufladas con el lenguaje sibilino tradicionalmente utilizado por todas las jerarquías que le precedieron. Sin embargo, el arzobispo Brenes está sabiendo utilizar la omisión del gobierno del mandato constitucional respecto al laicismo para sacarle provecho, aun conociendo su ilegalidad. También Brenes respaldó consistentemente la penalización del aborto terapéutico.

Todo esto se debe a que en la jerárquica católica las actitudes individuales de uno u otro jerarca no cambian en los problemas que ellos consideran esenciales. La Iglesia Católica buscará siempre cómo legitimar y mantener activo su poder real, no reparando en si el presidente Ortega es realmente un converso o si sólo lo es en apariencia. Antes de todo, el interés es dar continuidad a la influencia eclesial sobre la sociedad, esté quien esté a la cabeza del gobierno en Nicaragua o en cualquier otro país.

LOS PRINCIPALES RESPONSABLES

Este juego político-religioso deja en el terreno varias víctimas. Las leyes democráticas de la República. El carácter laico de sus instituciones y las leyes que lo garantizan. El pueblo trabajador, que por su extrema pobreza es vulnerable a la manipulación. El desarrollo democrático del país y la sanidad de la vida social, al faltar el respeto por la tolerancia.

Cuando falla el laicismo en las relaciones entre las personas de diferentes creencias se ponen en peligro de desaparición los principios y las leyes que protegen las relaciones humanas y sociales. Y se hacen aún más difíciles las condiciones de vida de los nicaragüenses. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hay causas de origen subjetivo en la población y causas objetivas y materiales en nuestro desarrollo como país, pero en este momento la responsabilidad principal recae en el presidente Daniel Ortega y su esposa, convertidos en figuras centrales de la contrarrevolución ideológica dentro del Frente Sandinista y del gobierno. Son ambos los rostros visibles de una nueva burguesía económica que, en busca de una justificación ideológica, se apoyan en los dogmas católicos.

Ellos comenzaron marginando el análisis marxista de los fenómenos naturales y sociales, buscándoles explicación en la astrología y en creencias esotéricas análogas. Y aunque nunca fueron grandes marxistas, no pudieron o no quisieron adoptar la teoría marxista para orientar su actividad política. Se puede ser revolucionario sin ser marxista, pero sin el método marxista para el análisis social el revolucionario estará más cerca del aventurero y más proclive a la “conversión”. Después, cortaron su relación con los exponentes de la Teología de la Liberación identificados con el proyecto revolucionario, quienes utilizaron el marxismo como instrumento de análisis de la realidad latinoamericana encontrando que entre cristianismo y revolución no había contradicción y demostrando con su práctica que no la había. Finalmente, Ortega y su gente adoptaron las posiciones político-ideológicas de la tendencia vaticanista de la Iglesia Católica, aliándose al sector católico más funda¬mentalista, comparsa de todas las derechas en todas las épocas.

UN GOBIERNO DE DERECHA

Rescatar el laicismo en las instituciones nacionales que dependen del Estado establecería relaciones personales y sociales más respetuosas. Rescatar el laicismo, para bien de todos, sería colocar la religión en el ámbito de la intimidad. Esto es difícil de lograr en el actual gobierno, porque sin religión en las calles, plazas y eventos públicos se le haría más complicada la manipulación política. Por eso, porque las clases dominantes tienen en el recurso de la manipulación religiosa un alimento vital para su existencia, este gobierno es de derecha.

COMENTARISTA DE PRENSA, EX-SINDICALISTA.

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