Un Estado cada vez más represivo contra la protesta social

En febrero y marzo grupos juveniles, indígenas y populares urbanos se reunieron en Jalisco para reflexionar sobre la creciente represión desatada por el Estado mexicano contra los movimientos sociales, con el objetivo de instalar el miedo y la resignación, de inhibir las protestas y de escarmentar a quienes se atreven a realizarlas.

Jorge Alonso

La represión en México ha ido en aumento en todos los rincones del país, sobre todo por la criminalización de la protesta social, y por la escalada de la violencia y la inseguridad.

IMPUNIDAD Y VIOLENCIA
DESDE UNA LÓGICA DE GUERRA

A finales de febrero el gobierno estadounidense tuvo que reconocer que la guerra del Estado mexicano contra el narcotráfico conllevaba un alto costo para la sociedad por la larga lista de bajas civiles que está provocando. El informe estadounidense señalaba que la impunidad en México era muy elevada, contribuía a que muchas víctimas no presentaran sus denuncias y, como resultado, la corrupción reinaba en todos los niveles del gobierno. Se refería también a que la población indígena era la que se encontraba en posiciones más vulnerables ante situaciones de detenciones arbitrarias, tortura e intimidación.

No obstante, al mismo tiempo que el gobierno de Estados Unidos daba a conocer este informe, su Cámara de Representantes avalaba la ley que incluía el destino de cientos de millones de dólares para la Iniciativa Mérida, con la que Estados Unidos apoyaría aún más el ineficiente combate al narcotráfico y la militarización del país.

La prensa nacional constata que la delincuencia se ha disparado desde el inicio del sexenio de Calderón y la ONU señala en un documento que el 37% de los mexicanos sienten miedo y hasta terror en sus casas.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro ha denunciado que los planes estatales de seguridad pública están concebidos desde una lógica de guerra, en la que la pérdida de vidas humanas de los civiles es vista simplemente como un daño colateral. Y ha documentando los obstáculos que para la democratización de un país tiene la injerencia militar en la vida civil. En marzo de 2009 el escritor Carlos Fazio planteó que Estados Unidos tenía a México en una fase de “colombianización”, a punto de “una intervención larvada y por etapas”. México -dijo- había sido colocado en una situación de soberanía limitada con el eufemismo de la cooperación militar y a nivel nacional, el supuesto combate en contra del narcotráfico había generado una política contra las luchas sociales.

A principios de 2009 miembros de Amnistía Internacional anunciaron que estaban haciendo una investigación sobre la situación de los derechos humanos en varios estados de la República mexicana. En particular indagaban las amenazas y agresiones que sufrían activistas y defensores de derechos humanos. En Guerrero, dos integrantes de una organización de derechos humanos, después de haber sido amenazados “por defender indios”, fueron secuestrados en un acto oficial, y posteriormente torturados y asesinados. Muchas organizaciones y redes nacionales e internacionales de defensores de derechos humanos condenaron la falta de efectividad del Estado para salvaguardar la integridad física y la vida de defensores de derechos humanos en México y exigieron que se investigaran y esclarecieran estas ejecuciones extrajudiciales.

Existe un clamor por investigaciones independientes para conocer la verdad, pues se señala que hay autoridades implicadas. También en febrero, varios presos políticos de Oaxaca mandaron una carta al Segundo Congreso ordinario de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) para dar a conocer la situación de represión que viven
los pueblos de varias comunidades oaxaqueñas. Pedían no olvidar que ellos estaban presos por haber luchado
al lado de su pueblo.

REVISANDO LA HISTORIA

Los grupos que en Jalisco se dieron a la tarea de examinar la situación revisaron la historia de la represión en México. En la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos presionó a México para que hiciera una legislación que condenara a quienes hicieran labores a favor de las potencias del Eje (Alemania-Italia-Japón). Así nació la ley sobre disolución social, que no tuvo ninguna aplicación mientras duró la guerra. Pero cuando los movimientos sociales y políticos se inconformaban, tanto por la falta de democracia sindical como por el incremento de los precios de alimentos y servicios en la década de los 50, las autoridades echaron mano de aquella ley para llevar a prisión a líderes de oposición.

Por ese mismo delito se condenó a líderes del movimiento estudiantil de 1968. Un diputado independiente consiguió un año después de la masacre de estudiantes que ese delito fuera derogado. Pero el autoritario Partido de Estado, el PRI, encontró nuevas formas para incriminar a los luchadores sociales, sobre todo en la llamada -y todavía impune- “guerra sucia” de los años 70.

Fueron revisadas también las desapariciones políticas, las cuales implicaban un conjunto de violaciones a los derechos humanos, como la tortura y la existencia de cárceles clandestinas. En los años 70 nació el Comité Nacional Pro-Defensa de Presos, Desaparecidos, Perseguidos y Exiliados Políticos. Su consigna fue “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Posteriormente, militantes de varias corrientes de izquierda formaron el Frente Nacional Contra la Represión,
que ha proseguido con la demanda de que el Estado regrese con vida a quienes “desapareció”, que se sepa la verdad acerca de la guerra sucia y que se castigue a los responsables. Durante la guerra sucia el aparato represivo del Estado practicó la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.

LA RUTA DE LA REPRESIÓN

En la década de los 80 el Estado prosiguió recurriendo a la represión para sofocar a los movimientos populares (indígenas, campesinos, obreros, estudiantiles, pobladores urbanos pobres, mujeres, ecologistas, luchadores por la democracia electoral, etc.).

Para el estudio de los 90 en adelante se echó mano de la investigación que realizaron las presas políticas Gloria Arenas y Eugenia Gutiérrez, que titularon “La ruta de la represión”. Este documento examina la persecución política entre 1990 y 2008. Devela la maquinaria represiva del Estado mexicano al recopilar rigurosamente y analizar muchos datos. Una primera parte de este estudio se centra en el registro del encarcelamiento de activistas, simpatizantes y militantes del movimiento social. Detecta que hay regiones y grupos en donde la persecución ha sido constante. Siguiendo la ruta del movimiento popular las autoras descubrieron también la ruta de la represión.

El Estado ha pretendido reducir al movimiento popular a la resignación, para que no se atreva sino a expresar tibiamente su inconformidad y a preferir la inacción. Las autoras consideran que la represión forma parte de un amplio esquema de exterminio permanente y constante para detener el avance de cualquier manifestación de repudio a los abusos en contra de los derechos humanos (sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales). Señalan como instrumentos de la persecución política el encarcelamiento, la desaparición, el asesinato, la persecución con orden de aprehensión o sin ella, los despidos laborales, el desprestigio, el exilio, los hostigamientos, las amenazas, las agresiones, la descalificación, la tortura, la violación sexual, las masacres, los golpes de represión masiva con detenciones multitudinarias y, finalmente, la militarización. Precisan que la violencia estatal se dirige a veces contra una sola persona -como ha sido el caso de la periodista Lydia Cacho, quien ha denunciado redes de pederastia amparadas por gobernantes-, pero que repercute socialmente y afirman su carácter colectivo. La represión tiene como finalidad no sólo inhibir las protestas sino, sobre todo, escarmentar a quienes se atreven a impulsarlas.

El recuento que hacen las activistas sociales Arenas y Gutiérrez partió de la represión del movimiento contra los fraudes electorales, el de 1988 y los de los años siguientes. Existe una represión constante y sorda, pero hay momentos estridentes de la misma. Esos casos revelan el talante de los poderosos. Por ejemplo, a mediados de 1995 un grupo de campesinos guerrerenses se dirigía a un centro urbano para protestar por la desaparición de algunos de sus dirigentes. El gobernador priísta de Guerrero mandó bloquearles el paso en un sitio denominado Aguas Blancas. La policía disparó sin motivo contra los campesinos. En la emboscada murieron 17 y resultaron heridos 24. Los policías trataron de sembrar armas para decir que había sido un enfrentamiento, pero un reportero, con evidencias gráficas, desmintió la versión oficial. Tal fue el escándalo que el gobernador tuvo que renunciar.

Otro ejemplo: a finales de 1997 en Chiapas un grupo de paramilitares protegidos por el ejército y la policía masacraron a 21 mujeres, 9 hombres, 9 niñas y 6 niños que oraban en una ermita. Los responsables de alto nivel han permanecido impunes. Al año siguiente varios campesinos que eran bases de apoyo de los zapatistas fueron masacrados sin que sus verdugos hayan sido castigados. Las represiones en 2006 de los pobladores de San Salvador Atenco y de los movimientos populares en Oaxaca han sido paradigmáticas por la saña con que se llevaron a cabo y por la impunidad de los culpables.

MILES DE PRESOS POLÍTICOS:
CIEN CADA MES

Estos son los ejemplos más escandalosos de represión, pero entre 1990 y junio de 2008 se han dado 26 golpes de represión masiva. Un examen de los registros arroja que desde 1997 a la fecha se acumulan mensualmente más de 100 presos políticos, cifra que se disparó a varios cientos en mayo de 2004, en agosto de 2005 y en mayo y noviembre de 2006. El número de los luchadores sociales encarcelados suma varios miles. A los perseguidos
no se les acusa de delitos políticos, sino que se les inventan delitos del orden común. Hay encarcelamientos prolongados como venganza del Estado en contra de líderes sociales, como ha sido el caso del dirigente de Atenco
a quien le han acumulado 112 años de prisión. Varios detenidos han sido enviados a cárceles lejanas a sus lugares de origen para impedirles el apoyo de sus familiares.

Hay personas que han sido encarceladas no por haber participado en algún movimiento, sino por ser familiares de alguien que sí lo hizo. Hay casos de personas que, habiendo sido detenidas por motivos políticos, no han sido presentadas legalmente ante las autoridades. El estudio va pormenorizando torturas, golpizas, secuestros, violaciones sexuales, despojo de tierras, quema de milpas y casas, destrucción de radios comunitarias… Hay muchos luchadores sociales que han tenido que huir y vivir en la clandestinidad, impedidos de visitar o tener contacto con sus familiares. Un elemento destacado de la represión es el negocio que resulta para los represores, pues además de que se imponen fianzas de cantidades exorbitantes de dinero, quienes han sufrido la represión suelen ver robados sus bienes por sus captores.

La represión siempre está marcada por la injusticia, la impunidad y la complicidad de los represores. Las autoras del estudio demuestran que la represión es una reacción violenta del Estado ante brotes de inconformidad organizada dentro del movimiento social, que afectan intereses económicos de algunas minorías poderosas. La persecución busca infundir miedo, duda, culpa, cansancio y desesperación en el movimiento social para detener su avance. Se trata de un terrorismo gubernamental generalizado para obstruir la disidencia.

IDEAS Y PLANES ZAPATISTAS
ANTE LA REPRESIÓN

Los grupos que en 2009 han reflexionado sobre la historia de la represión en México recordaron que a mediados de 2007 la Comisión Sexta del EZLN había hecho una propuesta para conformar un foro nacional contra la represión, pues los grupos de la Otra Campaña zapatista estaban siendo asediados, perseguidos y reprimidos, por lo que se tenía que pensar sobre la represión para saber qué hacer ante ella.

Los participantes en la Otra Campaña detectaron que la represión implicaba desinformación, propaganda adversa
a los luchadores sociales, amenazas, hostigamientos, persecuciones, secuestros, deportaciones, exilios forzados, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos de luchadores sociales.

Teniendo muchas semejanzas con las anteriores represiones, la represión actual, la de principios del siglo XXI, muestra muchas diferencias. Antes, la represión era un arma del partido de Estado. Actualmente la ejercen todos los partidos en contra del pueblo, aun los que se dicen de izquierda. Entre más débil sea el gobierno, recurre con mayor facilidad a la represión. Miles de indígenas han tenido que desplazarse de sus lugares de origen para evitar ser asesinados. Los luchadores de derechos humanos siguen siendo hostigados y muchos pierden la vida. La represión es cotidiana en contra de los pueblos indios. Más recientemente, se persiguen las protestas en contra de los efectos del sistema capitalista, incrementados con la crisis.

Hay que luchar contra la represión y contra la impunidad. Los zapatistas propusieron prevenir la represión para saber reponerse de sus golpes. Viendo como grave problema comenzar desde cero, se decidió entonces que cada agrupación trabajara por su cuenta, acumulando y sintetizando la experiencia de todos y no esperando a ser golpeados para reaccionar.

Se constató la urgencia de ofrecer una resistencia organizada regional y nacionalmente, pues las fragmentaciones y las faltas de vinculación facilitan en cada sitio la continuidad de la guerra sucia y el éxito de la estrategia de guerra de baja intensidad. Si por cada víctima de la represión, no sólo hay repliegue, sino que surgen dos que ocupen el lugar del reprimido, si por cada autonomía golpeada se hacían nacer dos autonomías nuevas, se mostraría la ineficacia de la represión.

En 2008, y desde la Otra Campaña se impulsó un Foro por la libertad, la organización y en contra de la represión. Dado que el Estado utilizaba nuevas formas de represión, se exhortó a pensar en otros modos de lucha para que la represión no limitara a los luchadores sociales a buscar sólo a sus desaparecidos y a sacar a sus presos. La organización autónoma se mostró muy eficaz en contra de la represión. Así, en el zapatismo se ha venido organizando una búsqueda de mecanismos contra la represión y el terrorismo de Estado para no caer en la inmovilidad.

UNA POLÍTICA
DE INSEGURIDAD PÚBLICA

En septiembre de 2008, al cumplir 20 años, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro difundió un documento titulado “Asedio a los derechos humanos: seguridad pública y justicia en México”.

El Estado -decían- emplea el discurso sobre la seguridad pública para asegurar su poder y no para abordar las verdaderas necesidades de seguridad de su población. Ha recurrido a políticas de mano dura y a operativos vistosos en los cuales suele ocultarse falta de acción, no respondiendo a las causas estructurales que constituya las raíces del crimen y de la inseguridad. La mano dura no ha conseguido la disminución de la violencia criminal. Las cifras promedio de muertes atribuibles al crimen organizado se duplicaron entre 2005 y 2008, sin incluir a los civiles asesinados por actores estatales que violan los derechos humanos en sus operativos en contra del crimen. Se han impulsado reformas legislativas represivas en materia de justicia, pero el desdén por los derechos humanos significa la disminución y no el aumento de la seguridad pública.

Este documento criticó duramente la militarización de la seguridad pública en el gobierno calderonista, pues implica violaciones graves a los derechos fundamentales. Analizó también la llamada Iniciativa Mérida, que ha venido a reforzar una política disfuncional de seguridad pública. Muchas organizaciones civiles han denunciado que esta iniciativa profundizará la política fallida del gobierno mexicano. El Centro de Derechos Humanos señalaba que la falta de fuerza disuasoria del sistema de justicia penal mexicano no derivaba de una falta de penas severas, sino de los altos índices de impunidad. Recordaba, entre otras, la represión del 28 de mayo de 2004 en Guadalajara con motivo de la Tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, donde hubo decenas de detenciones ilegales y torturas. Recordó también que en 2006 en San Salvador Atenco, entre las víctimas de violaciones a derechos humanos, hubo medio centenar de mujeres, muchas torturadas tras haber sufrido violaciones y abusos sexuales por parte de la policía.

DOS CASOS ESCANDALOSOS

En marzo de 2009 se recordaron los casos de tres indígenas que hablaban ñahñú, condenadas hacía dos años a más de 20 años de cárcel, acusadas de haber secuestrado a seis agentes armados. La directora del penal le confesó a un reportero que la acusación, además de infundada no era creíble, pues nadie podía aceptar que unas indígenas desarmadas hubieran secuestrado a seis policías armados. Un reportaje reconstruyó los hechos: varios policías habían llegado a un poblado a destruir y a robar. Se habían acobardado cuando el pueblo los rodeó y pidieron refuerzos. Cuando llegaron sus jefes, se comprometieron a reparar el daño y dejaron a un policía en garantía. Regresaron, pagaron los daños y parecía que todo se había solucionado. Pero los policías se quisieron vengar, y tiempo después interpusieron la acusación de secuestro contra las tres mujeres por haber participado en la resistencia popular. No toleraban que un pueblo se defendiera de sus agresiones.

El caso de estas indígenas es un ejemplo de los miles de casos de personas inocentes que han sido encarceladas como represión del Estado porque se han atrevido a defender sus derechos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que en mayo de 2007 se realizó un operativo conjunto entre ejército federal y policías del Estado de Oaxaca en el que habían sido detenidos dos militantes del EPR, de inmediato desaparecidos. En 2008 la CNDH hizo una recomendación sobre la desaparición de los dos guerrilleros. En marzo de 2009 fue rechazada por el gobernador priísta de Oaxaca, Ulises Ruiz. El escritor Miguel Angel Granados Chapa denunció que con ese rechazo el gobernador se incriminaba como cabeza del aparato que había capturado a los dos miembros del EPR, pues de lo contrario no tendría empacho en investigar la conducta de los agentes policíacos a sus órdenes.

EL CASO ATENCO:
HABLA LA SUPREMA CORTE

El caso de Atenco ha resultado especialmente escandaloso. Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ocupó de él. Después de mucho tiempo, en febrero de 2009, el ministro José de Jesús Gudiño presentó un dictamen para que fuera examinado por el pleno de los ministros. Se constataba que habían sido gravemente violadas las garantías individuales y los derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, la libertad sexual, la no discriminación por género, la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal, el debido proceso, el trato digno de los detenidos y el derecho a la justicia.

El documento sostenía que el uso de la fuerza pública había sido ejecutado de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente e indolente; que el Estado mexicano había utilizado a las corporaciones policíacas de manera irresponsable y arbitraria. La actuación de las autoridades resultaba negativa, pues infundía desconfianza en el Estado y miedo, terreno fértil para la inseguridad, la injusticia y la impunidad.

Pese a la contundencia de estas acusaciones, el dictamen de la SCJN se desmarcaba de la recomendación que había emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a la violación de garantía de menores de edad y del joven que había muerto a consecuencia de un disparo. La Corte aducía que no tenía elementos que demostraran que el disparo había venido del arma de un policía. En el caso de las mujeres se admitía que las agresiones denunciadas por ellas pudieran configurar actos de tortura proscritos por el derecho internacional y nacional y que los policías habían violado la libertad sexual de las mujeres remitidas a prisión.

El dictamen cuestionaba la actitud asumida por las Procuradurías -la federal y la del estado de México-, por no haber llevado a cabo las pruebas periciales necesarias y no haber recogido los testimonios que se requerían para investigar las denuncias de abuso sexual. Pero la mayoría de los ministros no quería llegar hasta los responsables de arriba y buscaban con su resolución otorgar impunidad a altos funcionarios.

UNA SENTENCIA INSÓLITA:
TODOS MENOS UNO

En la discusión, uno de los ministros, Genaro Góngora, argumentó que sí había elementos suficientes para considerar que un joven había muerto como consecuencia de un disparo de un policía, pero los demás exculparon de ese asesinato a la policía.

El ministro Góngora inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido había sido un acto de venganza en que habían intervenido mandos superiores, que aplicaron técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias instauradas en los años 70 en Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala, Vietnam y México. Planteó que de su naturaleza táctica se derivaba la imposibilidad de que fuera una acción improvisada, pues se trataba de un operativo que no podía surgir por azar, sino que requería una planificación anticipada y no podía haber sido sino el resultado de una coordinación de varios sectores administrativos y políticos. Para Góngora, se había tratado de un operativo que no hubiera podido llevarse a cabo sin un mandato de altas autoridades políticas, y condenó duramente la brutalidad excesiva de esa represión.

Sus colegas no estuvieron de acuerdo con él. Y aunque la mayoría aceptaba que se habían cometido violaciones graves en el uso excesivo de la fuerza pública, diez de los once ministros exculparon al gobernador del estado de México -el candidato más fuerte del PRI a la candidatura presidencial del 2012- y al que fuera Secretario de Seguridad Pública federal cuando la agresión al pueblo de Atenco, quien es actualmente Procurador General de la República. Siete ministros dijeron que las violaciones habían sido cometidas sólo por algunos policías y algunos mandos medios. La Corte resolvió que se ampliaran las investigaciones para emitir lineamientos y consideraciones, y concluyó que debían aprobarse leyes y reglamentos que normaran el uso de la fuerza pública.

TRAS LA MACRO-REPRESIÓN,
UNA MACRO-IMPUNIDAD

Ante este resultado, miembros del movimiento de Atenco gritaron a los ministros que eran corruptos y asesinaban a la justicia. La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, declaró que con la decisión de la Suprema Corte el máximo tribunal del país quedaba desprestigiado. El Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria consideró que era lamentable que la Corte no hubiera querido ejercer sus facultades para señalar a los responsables de más alto rango que habían planeado y ordenado los operativos en Atenco. Desde Barcelona, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos comentó que la resolución de la SCJN consumaba una vez más la impunidad con que el Estado mexicano responde a las graves violaciones de los derechos humanos fundamentales.

Las conclusiones de la Suprema Corte en el caso Atenco confirmaron la negación de justicia como patrón de respuesta del Estado. A la represión violenta sufrido por los campesinos de Atenco hay que sumar ahora una represión jurídica, conculcadas sus aspiraciones legítimas de obtener justicia. La abogada Magdalena Gómez escribió que, por cálculos políticos, se había llegado a una “justicia fallida”. Resultaba aberrante que a un luchador social, que no había matado ni robado a nadie, que no consumía ni vendía droga, se le condenara por defender sus tierras a más de 100 años de cárcel, condena que no tenían ni los más grandes criminales ni los narcotraficantes.

En sus fiestas del carnaval de 2009 el movimiento de campesinos de Atenco incluyó en su tradicional ritual la exigencia de la libertad de sus presos. Hubo comentaristas que señalaron que si en 2006 hubo una macro-represión en Atenco, en 2009 campeaba en el país una macro-impunidad.

SON TIEMPOS DE IRA CIUDADANA

La resolución de la Corte sobre el caso Atenco se dio en un contexto que fue calificado por un ministro retirado como de “ira ciudadana” por fallos judiciales pro-oligárquicos y anti-populares de los ministros y por el escandaloso monto de sus salarios -con prestaciones que llegan a más de medio millón de pesos mensuales- frente a un pueblo sumido en una miseria que la crisis agrava. El periódico “El Universal” se pregunta qué clase de confianza pueden tener los ciudadanos en un poder judicial que vive en injuriantes condiciones de privilegio que atentan contra la sensibilidad social y el sentido de justicia.

También en marzo de 2009, integrantes de la campaña nacional e internacional “Libertad y Justicia para Atenco”, entre los que se encuentran el obispo Raúl Vera y el dominico Miguel Concha, llegaron en caravana al penal donde se encuentra el luchador social Ignacio del Valle y 14 presos políticos más.

Se les negó entrevistarse con ellos con el argumento de que había alerta máxima para esos detenidos. A las autoridades de la prisión se les argumentó que se trata de presos políticos y que el sistema de justicia se ha utilizado en contra de ellos en forma facciosa, porque no son delincuentes sino integrantes de un movimiento en defensa de la tierra. Un diputado que participaba en la caravana señaló que las autoridades penitenciarias eran cómplices por tener a inocentes presos. Los integrantes de la caravana hicieron un llamado a continuar la lucha para no dejar a los gobernantes manejar las leyes a su antojo.

EL EMBLEMÁTICO CASO
DE LYDIA CACHO

La actuación de la Suprema Corte en el caso Atenco siguió la misma ruta que en el caso de Lydia Cacho, donde la mayoría de los ministros, descarada y cínicamente, protegieron al gobernador de Puebla. Lo único que se logró en el caso de Lydia Cacho fue que en marzo de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al haber detectado elementos probatorios para determinar que la periodista había sido sometida a tortura física y sicológica y que le habían sido violados sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, protección a la salud, integridad y seguridad personal, emitiera una recomendación a los gobiernos de Puebla y de Quintana Roo para que se investigara a quienes habían participado directamente en la detención de la periodista y se reparara el daño. Pero quien dio la orden para estos atropellos, el gobernador poblano, evidenciado por difusión de comunicaciones telefónicas ante la opinión pública como el principal responsable, quedó en la impunidad.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer varias organizaciones civiles -entre ellas, la agrupación Eureka
y la denominada “Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio”- se manifestaron frente al edificio de la Suprema Corte con la demanda de presentar con vida a más de medio millar de desaparecidos políticos.
Ese día resonó la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. En particular, se demandó la presentación de las mujeres desaparecidas durante la guerra sucia, y se reclamó que se hiciera justicia a las mujeres agredidas en los operativos de Atenco. En las celebraciones de ese día, las zapatistas realizaron un encuentro internacional que dedicaron a una madre de desaparecidos políticos. Participó una mazahua, vejada y encarcelada en los operativos de Atenco, quien compartió con las asistentes los mensajes de solidaridad y amor que recibió durante su cautiverio. La capitana zapatista Elena inquirió hasta cuándo dejarían de molestarlas los malos gobiernos, afirmando que cuando las mujeres se organizan y protestan son perseguidas, ultrajadas y hasta asesinadas.

HAY QUE APRENDER A “LEER”
LA REPRESIÓN

La permanencia de tanta represión no ha impedido la resistencia popular. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca realizó su segundo congreso para recuperar y darle continuidad al proceso interrumpido por la represión. Hicieron propuestas de gobierno alternativo por medio de las asambleas y plantearon una nueva forma de hacer política, de hacer y ser gobierno desde abajo, recuperando la experiencia previa a la represión.

Los grupos populares e indígenas que en 2009 han estado reflexionando sobre la represión recalcan que ésta es una acción unilateral del Estado para contener a quienes lo ponen en cuestión. La represión inculca miedo e impone la violencia para mantener el poder contra quienes luchan y resisten. La justicia del Estado y sus leyes son parte de un sistema basado en una dominación represiva.

Estos grupos han subrayado que las represiones obligan a los movimientos a centrarse en los mecanismos legales para sacar a sus presos y que, sin que eso deje de ser importante, hay que cuidar que ese esfuerzo no consuma todas las energías. Examinaron diversos escenarios montados por el Estado para encarcelar a los luchadores sociales: infiltraciones policíacas en los movimientos, provocadores pagados y provocadores espontáneos.

El Estado aprende de los movimientos para tratar de controlarlos y los movimientos deben también aprender de la represión gubernamental para tratar de evitarla y para saber enfrentarla, pues se responde con mucha improvisación
y con voluntarismos poco eficaces. Ante las tesis que dicen que la represión es inevitable, se plantea que es factible evitarla, pues no hay determinismos ni absolutos en el rejuego político. Hay que aprender de los propios errores y hay que leer los signos de la represión. La represión quiere convencernos de que la única vía para evitarla es no luchar. Hay que darle la vuelta a esa manera de ver y enfrentar la represión. No hay que esperar a tener presos y golpeados, hay que examinar las vías para desactivarla antes de que se produzca.

La represión no es unívoca, tiene muchas modalidades. La cooptación es una de ellas. También existe una represión estructural que se manifiesta en la vida cotidiana. También se reprime a las familias para desactivar movimientos.
La acción solidaria es siempre un elemento inhibitorio de la represión.

ACTUAR SOTERRADOS
Y SER AUTONÓMICOS

Muchas fueron las reflexiones compartidas. Un convencimiento que se extiende es que entrar a los espacios y a los tiempos del poder pone en condiciones muy frágiles a los movimientos sociales y populares. Éstos deben salirse de esos escenarios y construir desde sus propios espacios y tiempos. La visibilidad expone. Hay que luchar soterradamente. Hay muchas formas de autodefensa en barrios y comunidades que no son visibles para el poder. Otra clave es la información. Hay que estar muy bien informados. Desde la solidaridad y desde la construcción de autonomías se puede encarar eficazmente el ambiente represivo. Desde una perspectiva de largo plazo la lucha contra la represión tiene que estar dirigida a la construcción y generalización de procesos autonómicos y autogestionarios que vayan poniendo en cuestión la reproducción del Estado y del capitalismo.

Conclusión: no hay que encarar la represión desde la lógica de los de arriba, sino desde la lógica del proyecto de los de abajo.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO

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