Caso Rosenberg: Guatemala en un laberinto

“Mi nombre es Rodrigo Rosenberg Marzano, lamentablemente si usted está viendo este mensaje es porque fui asesinado por el Presidente Álvaro Colom…” El caso del asesinato del abogado Rosenberg seguido de su insólita denuncia, grabada en video para el país y el mundo, ha entrampado a Guatemala en un intrincado laberinto político, que encuentra al país en un contexto de gravísima crisis económica.

Juan Hernández Pico, SJ

Desde que el 10 de mayo fue asesinado el abogado Rodrigo Rosenberg y el 11 fue divulgado por los medios masivos de comunicación el video que había dejado filmado antes de morir, la situación de Guatemala se ha mostrado aún más compleja de lo que ya era. Para descifrarla hace falta tener en cuenta varios hilos que, como con el mítico ovillo que Ariadna entregó a Teseo para librarse del Minotauro y escapar del laberinto, se entrecruzan en un auténtico entramado de hipótesis, verdades y especulaciones, pistas que trazan un itinerario cuya salida no es fácil de vislumbrar.

PRIMER HILO: DISPUTA ENTRE
EL CACIF Y LOS COOPERATIVISTAS

El asesinato del anciano empresario Khalil Musa y su hija Marjorie, de cuyo testamento e investigación se estaba ocupando el abogado Rosenberg -asesor jurídico de los Musa en varias de sus actividades comerciales- nos lleva a uno de los hilos con el que hemos de esforzarnos por encontrar el camino para interpretar la situación.

A Musa le habían solicitado que ocupara un puesto en la dirección de BANRURAL para representar al Presidente Colom. Finalmente no consiguió ese puesto. egún “Inforpress Centroamericana”, el gobierno del Presidente Álvaro Colom aduce que fue por un mal procedimiento administrativo, mientras que Rosenberg en sus acusaciones en el video señala que la causa fue que Musa se negó a encubrir “los negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día en BANRURAL”.

BANRURAL, sucesor de BANDESA, una entidad bancaria estatal para el desarrollo, de corte autónomo, se convirtió en 1997 durante la presidencia de Álvaro Arzú en un banco mixto, de capital estatal y privado para el desarrollo rural, donde el movimiento cooperativista, especialmente cafetalero, participó suscribiendo una parte importante de su capital. El video de Rosenberg alega que BANRURAL se ha vuelto con el tiempo una entidad donde se lava dinero del narcotráfico y se cometen otras actividades ilegales y fraudulentas. Alega también Rosenberg que el actual presidente del grupo, el ex-presidente de ANACAFÉ, José Ángel López Camposeco, huehueteco de Jacaltenango, habría hecho la vista gorda permitiendo al presidente del Consejo de Administración, Fernando Peña, esos manejos delictivos.

En BANRURAL depositan sus fondos también los sectores cooperativos del país, especialmente cafetaleros (FEDECOCAGUA). Hace algún tiempo, la representación del sector privado en la Junta Monetaria fue ocupada por un miembro del sector cooperativo por acuerdo de CONFECOOP, causando gran molestia al representante tradicional, el CACIF. La Corte de Constitucionalidad resolvió a favor del CACIF un amparo de esta confederación empresarial.

Control de espacios en la Junta Monetaria, manejo de ANACAFE, y control de negocios en BANRURAL, serían los objetos de disputa entre los empresarios tradicionales y los cooperativistas, con un pensamiento capitalista y neoliberal similar. Intereses tan importantes como para poder haber llevado a la comisión de delitos como el que quitó la vida a los Musa. Según “Inforpress”, el BANRURAL, segundo banco más sólido del país, se encuentra hoy amenazado de que le ocurra lo sucedido a otros bancos en años recientes: una corrida de depósitos y su potencial quiebra, lo que a la postre beneficiaría a otros banqueros. Esto conduce a pensar si con el caso Rosenberg se montó la oportunidad de liquidar a un banco estratégico para redistribuir el capital financiero y político que controla.

Una hipótesis aventura que el asesinato de Musa pretendía impedir definitivamente su presencia en la Junta Directiva de BANRURAL. Se suponía su honradez y se temía que se opusiera a los manejos fraudulentos de lavado de dinero, presuntamente coordinados por el director ejecutivo, Fernando Peña. El asesinato de los Musa podría, pues, estar relacionado con las luchas de intereses entre los capitales tradicionales del CACIF y los capitales cooperativistas, especialmente en el rubro del café.

SEGUNDO HILO: ASPIRACIONES
DE SANDRA DE COLOM

Un segundo hilo nos lleva hacia la salida del laberinto por un camino distinto, pero relacionado con el anterior. En BANRURAL se depositan habitualmente más de 30 fideicomisos del Estado, entre ellos los del sector del Consejo de Cohesión Social, dirigido por la Primera Dama, Sandra Torres de Colom. Parece que este último fideicomiso se ofreció al Banco Industrial, pero esta entidad financiera no lo aceptó, aparentemente como consecuencia de una decisión interbancaria de no facilitarle el camino sociopolítico a Torres. Se depositó en BANRURAL. El monto asciende a más de mil quinientos millones de quetzales. Según “Inforpress Centroamericana”, pocos días después de asumir la Presidencia de la República, Álvaro Colom hizo la presentación del Plan de Desarrollo Rural en el municipio de Ixcán, Quiché, acompañado de las dos principales figuras de BANRURAL, hoy cuestionadas: José Ángel López Camposeco, presidente del grupo financiero BANRURAL y Fernando Peña, presidente del Consejo de Administración del mismo BANRURAL. Colom fue enfático al declarar que “BANRURAL será el brazo financiero de nuestra administración” y López Camposeco agregó: “Estamos al servicio del Estado, con la idea de que las comunidades mejoren su calidad de vida”.

Dado que el Estado es el principal accionista en BANRURAL, no fue raro escuchar que las utilidades correspondientes al Estado, y los impuestos que BANRURAL debe pagar, serían utilizados para programas de desarrollo social, actividades que estarían coordinadas por la esposa del presidente, Sandra Torres, hoy coordinadora del Consejo de Cohesión Social. La importancia de BANRURAL para los programas sociales, pilar de la administración de Colom y fuente de capital político de Sandra Torres, de la que insistentemente se dice que aspira a la candidatura presidencial, queda demostrada. Por ello los ataques y acciones contra BANRURAL pueden tener objetivos de amplio espectro. Tanto más cuanto que se afirma que BANRURAL controla el 75% de las remesas de emigrantes que llegan al país.

EN LA “LISTA GRIS”
DEL LAVADO DE DINERO

El caso BANRURAL también tiende a cuestionar la institucionalidad financiera, cuando los empresarios han sembrado dudas sobre las investigaciones que deben realizar la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE), encargada de velar porque se cumpla la Ley contra el lavado de dinero u otros activos. El CACIF pidió al gobierno una auditoría de BANRURAL, que estuviera a cargo de una firma internacional independiente: “El mismo día del video, le hicimos el requerimiento al Presidente. El video menciona el tema de BANRURAL, cosas de corrupción y malos manejos. Para desvanecer estas dudas es que pedimos la auditoría forense”, declaró el vicepresidente del CACIF, Carlos Amador.

Sin embargo, lo que en el fondo se cuestiona es el estrecho nexo entre el Superintendente de Bancos, Edgar Barquín, con el gobierno. La petición del CACIF se dio en el contexto de la reunión en Guatemala entre la SIB y una delegación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), brazo regional para Centroamérica y el Caribe del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI). El objetivo es evaluar los avances en el combate al lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo en el país.

Guatemala, si bien salió de la “lista negra” del GAFI, que incluía a países que no cooperaban en la lucha contra el lavado de dinero, todavía permanece en una “lista gris”, donde están los países que han demostrado avances en el cumplimiento de las 40 recomendaciones que el GAFI solicita. Es decir, el sistema bancario nacional todavía padece, en general, la enfermedad que hoy se le achaca exclusivamente a BANRURAL.

UNA OLLA DESCOMUNAL

Añade “Inforpress” -el semanario que tal vez ha analizado más adecuadamente el caso Rosenberg laberinto guatemalteco- que la columnista Carmen Escribano de León, se expresó así en un artículo reciente en “El Periódico”: “Creo que en el afán de quebrar a BANRURAL, tras el cobarde asesinato del Licenciado Rosenberg, hay gato encerrado”. Más fuertemente aún se expresó en el mismo diario la columnista Dina Fernández, aludiendo a la quiebra de BANCAFÉ que acabó en 2006 con las aspiraciones presidenciales de Eduardo González, en aquel entonces secretario privado del Presidente Oscar Berger e hijo del fundador de BANCAFÉ: “De ahí que no se pueda descartar tampoco que en todo esto se arrastren colas de las sordas tensiones que han habido entre banqueros desde la liquidación de BANCAFÉ. Al parecer, el Secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos le pidió al señor Musa que se parara en medio de esos vientos huracanados. La investigación debe abrir esa olla descomunal. Da miedo qué se pueda encontrar”.

El segundo hilo nos llevaría a la segunda hipótesis: las ambiciones de algunos sectores de apoderarse de BANRURAL, en sí mismo un premio suficientemente apetecible, que además cortaría de raíz la base del fideicomiso de Cohesión Social, en cuyo manejo rentable fundamentaría Sandra Torres de Colom sus aspiraciones a presentarse como candidata a la Presidencia de la República en 2011.

TERCER HILO: ¿MANIPULACIÓN DEL DOLOR DE ROSENBERG?

Existe otro tercer hilo para caminar hacia la salida del laberinto. La muerte de Marjorie Musa, hija del empresario Khalil Musa, no parece haber sido pretendida directamente. Se debería a un fatal rebote de bala no intencionado. Sin embargo, tiene mucha importancia, porque el abogado Rosenberg, divorciado de su esposa, quien vive en México con sus hijos, parece haber tenido una relación sentimental con Marjorie Musa, que habría estado a punto de estabilizarse. No es inverosímil que en su dolor y como abogado de la familia Musa, haya sido dirigido por mentes tenebrosas a creer que el asesinato de Musa y de su hija se debía a la conspiración de Fernando Peña, Gustavo Alejos -secretario técnico de la Presidencia, de quien se afirma que ha estado involucrado en contrabando de armas-, Gregorio Valdés -empresario de la construcción y de múltiples otros negocios, y miembro de una de las familias más pudientes de Guatemala y mencionado por un ex-agente de la DEA, Celerino Castillo, como relacionado con el narcotráfico- y otras personas, y aparentemente cohonestado por José Angel López, Sandra Torres y Alvaro Colom.

Cuando se compara el video con el escrito también dejado por el respetable abogado asesinado, hay una contradicción: en uno de los dos se afirma que Colom y su esposa son agentes intelectuales del asesinato y en el otro que sólo son cohonestadores. Si fuera verdad un dato, aducido en otro análisis, de Frida Modak -ex-secretaria de prensa de Salvador Allende-, de que se conocía a Rodrigo Rosenberg desde su juventud como alguien que padecía de un trastorno bipolar, no es inverosímil pensar que puede haber sido manipulado, en su dolor y tal vez en una fase de dicho trastorno, por fuerzas siniestras que pretenden utilizar los asesinatos de los Musa y el suyo propio para hundir a determinadas figuras políticas. Éste sería otro hilo, sentimental-patológico-político para hallar el camino de salida en el laberinto.

CUARTO HILO: INTERÉS POR FRUSTRAR ESA CANDIDATURA

La trayectoria vital de Álvaro Colom no permite, a mi juicio, tener como verosímil su implicación en estos asesinatos. Y al menos, hay que considerarlo inocente mientras no sea acusado como resultado de una investigación, como la que lleva adelante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en cooperación con el Ministerio Público, sometido a antejuicio y vencido en juicio. Tampoco parece permitirlo la historia de compromiso social de la familia Torres.

No se puede, sin embargo, dejar de considerar que, en tiempos de profunda crisis económica y financiera, donde una mayoría de la población sufre por mayores proporciones de desempleo, los fondos de Cohesión Social, manejados por Sandra Torres de Colom pueden aliviar la situación de esa mayoría de la población guatemalteca, especialmente en el interior profundo y en los asentamientos de la capital, y pueden llegar a constituir una carta favorable para ella si tuviera planes de lanzar su candidatura a la presidencia en el año 2011.

Actualmente, según las encuestas, Torres tiene un 28% de intención de voto para 2011, el general Otto Pérez Molina un 6% y el pastor Harold Caballeros un 4%. En toda esta situación, por consiguiente, la persona que se pretendería derribar políticamente sería probablemente Sandra Torres. Los alegatos contra su esposo, el Presidente Álvaro Colom, sólo ayudarían a resquebrajar la institucionalidad del Estado y a hacer a su esposa menos capaz o totalmente incapaz -en caso de la renuncia o condena de Colom- de llevar a cabo sus programas sociales y su proyecto de candidatura presidencial.

Habría un sector de la derecha guatemalteca profundamente molesto con los programas de Cohesión Social e inclinado a considerarlos como un contagio del Socialismo del Siglo XXI de Hugo Chávez, y dispuesto a impedirlos a toda costa. El derribo político de Sandra Torres favorecería evidentemente la casi segura candidatura presidencial del general en retiro Otto Pérez Molina, quien ha liderado uno de los movimientos sociales contra el Presidente Colom y su esposa en esta coyuntura. Cui bonum, es decir, a quién favorecería más la caída en desgracia de la pareja presidencial, nos llevaría, por un cuarto hilo a encontrar otro camino hacia la salida de este laberinto.

QUINTO HILO: LA PRESENCIA
DE DOS CONSPIRADORES

La presencia alrededor del abogado Rodrigo Rosenberg en aquellas horas cruciales de su vida, de Luis Mendizábal, ex-director de “La Oficinita”, organismo paralelo al antiguo Estado Mayor Presidencial, experto en inteligencia con lazos antiguos con el estamento militar; y de Mario David García, junto con Mendizábal antiguo instigador de los fallidos golpes de estado de 1988 y 1989 contra el Presidente Vinicio Cerezo y su Ministro de Hacienda, Rodolfo Páiz, para evitar una profunda reforma fiscal, hacen muy sospechoso el mismo contenido del video y no hacen improbable que el abogado Rosenberg fuera manipulado por ellos dos para fines económicos o políticos inconfesables.

Luis Mendizábal fue la persona que en el entierro de Rosenberg distribuyó copias del video, habiéndole sugerido antes -lo dijo él mismo- que lo filmara. Mario David García fue quien, por propia confesión, filmó el testimonio del abogado Rosenberg. Ambos personajes poseen una hoja de servicios impresionante en conspiraciones de la derecha guatemalteca.

DOS PERSONAJES
CON UN CONOCIDO HISTORIAL

Mario David García es fundador de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Francisco Marroquín, fue candidato presidencial en 1985 de la Central Auténtica Nacionalista, el partido originalmente fundado para llevar adelante la candidatura presidencial del General Carlos Arana Osorio, en 1970. Francisco Goldman, autor de “The Art of Political Murder”, 2007 (El arte del asesinato político), que investiga el asesinato del obispo Juan Gerardi en abril de 1998, afirma que Luis Mendizábal conectó al Mayor D’Aubuisson, fundador de ARENA en El Salvador, con Mario Sandoval Alarcón, secretario general del MLN -según el mismo Sandoval, “el partido de la violencia organizada”- en 1980. Y afirma que en su organismo paralelo “La Oficinita”, “se pretendía principalmente distorsionar, desde dentro del sistema legal, procesos judiciales que amenazaban al Ejército y a quienes lo apoyaban”. Mendizábal está casado con una heredera de una de las familias más exclusivas de El Salvador, los Matis Regalado.

En los últimos años, Luis Mendizábal, según “Inforpress”, ha estado cercano al fundador y ex-rector de la Universidad Francisco Marroquín, Manuel Ayau, a Anzueto Vielman, conocido finquero que durante el conflicto armado interno proporcionó asistencia y ayuda para la represión al Ejército, y al general en retiro Marco Tulio Espinosa Contreras, antiguo jefe de Estado Mayor Presidencial, jefe de Estado Mayor del Ejército y Ministro de Defensa del Presidente Alvaro Arzú, todos ellos fundadores de Pro-Reforma, un movimiento empeñado en la reforma de la Constitución guatemalteca de 1985, una de las más avanzadas del continente.

Cuando el Presidente Álvaro Colom afirma que las acusaciones contenidas en el video del abogado Rosenberg responden a una conspiración que pretende desestabilizar la institucionalidad del Estado guatemalteco, su afirmación recibe cierta credibilidad precisamente por la presencia de estos dos personajes, Mario David García y Luis Mendizábal, en las horas críticas del final de la vida del abogado asesinado. Nos encontramos aquí con un quinto hilo para hallar un camino de salida del laberinto.

SEXTO HILO: LA EPIDEMIA
DE LAS AMENAZAS DE MUERTE

Tanto Luis Mendizábal como el General Otto Pérez Molina -secretario general del Partido Patriota y candidato a la presidencia vencido por Álvaro Colom en 2007- y Roxana Baldetti, diputada jefa de bancada del Partido Patriota, han denunciado amenazas contra su vida. Pareciera que existen dos supuestos sicarios, comprometidos en el asesinato de Rosenberg. Uno que, cuando se da cuenta de la magnitud de la intriga tras el crimen, pretende cobrar un precio mayor, supuestamente a Roxana Baldetti. Y, al no recibir ese pago mayor, se convierte en testigo protegido. Y otro, que la misma Baldetti presenta para desprestigiar al anterior, y que lo acusa de intentar matar a Otto Pérez Molina y a la misma diputada Baldetti. Sin embargo, resulta extraño que el General Otto Pérez Molina no denuncia esto al Secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aprovechando su visita a Guatemala el 24 de junio. Preguntado por qué no lo hizo, contesta que no quería perturbar sus investigaciones. ¿Será esta epidemia de amenazas de muerte un sexto hilo para encontrar un camino de salida al laberinto?

LOS CUATRO SEÑALADOS
POR ROSENBERG

Las otras cuatro personas mencionadas en el video de Rodrigo Rosenberg como responsables de alguna forma de su asesinato son el Secretario Técnico de la Presidencia, Gustavo Alejos, y el empresario Gregorio Valdés, el empresario cooperativista cafetalero, José Angel López Camposeco y el Presidente del Consejo de Administración de BANRURAL, Fernando Peña. A ellas se refiere “Inforpress Centroamericana” así:

“Gustavo Alejos fue financista de la UNE en 2007. Fue gerente general y representante legal de la empresa Conjunto Magno, parte del conglomerado empresarial del grupo Cohen, financista de diversos gobiernos y principal proveedor de medicinas del Estado. En el caso de Gregorio Valdés, se ha documentado extensamente sobre sus negocios en los sectores de la construcción, telecomunicaciones, suministro de equipo policial y militar y transporte aéreo, al igual que sus vínculos con el crimen organizadoy narcotráfico. Es parte del grupo empresarial Valdés, donde destaca su hermano José Luis, presidente del Banco Agromercantil. Tanto López como Peña son amigos de Colom. BANRURAL es el segundo banco más grande, y el que más ganancias reporta en el sistema bancario nacional”.

SÉPTIMO HILO: LOS GRUPOS JUVENILES DE OPOSICIÓN

Es importante constatar la presencia en las movilizaciones políticas contra el Presidente Colom y su esposa de grupos juveniles que ya se habían constituido desde antes y otros que se constituyen con motivo de este escándalo.

Es importante saber que en la Plaza de Italia, donde hubo manifestaciones de oposición los domingos 17 y 24 de mayo, mientras en la Plaza de la Constitución se agrupaban los que apoyaban al Presidente Colom y a su esposa, no pocos de estos grupos juveniles abuchearon a Otto Pérez Molina, al doctor Suger y al doctor Giammatei, ex-candidatos a la presidencia en 2007, que estaban intentando llevar las aguas políticas a su propio molino.

Es importante saber también que las demandas de ese movimiento juvenil, surgido alrededor de Face Book y de Twitter, han ido cambiando, y de los ataques directos a Colom y los reclamos de su renuncia han ido desembocando en demandas de que termine la impunidad y de que se resuelvan judicialmente los casos de los Musa, el de Rosenberg y también los de los más de 70 choferes de buses asesinados. Algunos observadores piensan que estos jóvenes son “wannabis” (want to be wealthy), gente con delirios de riqueza y aristocracia, pero no pocos piensan que son movimientos que podrían aportar fuerzas sociales participativas en contra de la impunidad. Podrían así constituirse estos asesinatos horrendos en una potente palanca de apoyo para moverle el piso al crimen organizado.

A otros observadores les llama la atención la consolidación en torno al escándalo de otro grupo: el de libertarios como Marta Yolanda Díaz Durán, Giovanni Fratti y Estuardo Zapeta, girando alrededor de Mario David García y la UFM. Hay preocupación por la fuerza que este grupo está tomando, por sí mismos y al lado de la Liga Pro Patria y el grupo Pro Reforma, pues temen que podrían dar a luz un movimiento de fascismo criollo. También este séptimo hilo podría resultar de ayuda para encontrar caminos que lleven a salir del laberinto.

OCTAVO HILO:
EL DIFÍCIL PAPEL DE LA CICIG

Institucionalmente, las mayores esperanzas están puestas en la presencia en Guatemala, desde agosto de 2007, de la CICIG, presidida por Carlos Castresana, fiscal y juez en España, designado para este puesto por la ONU. Castresana ha afirmado ya, como consecuencia de las investigaciones de su equipo, que el 98% de los crímenes quedan impunes en este país y que espera que el crimen del abogado Rosenberg sea del 2% que no quedan impunes y se resuelven.

Castresana y la CICIG están investigando otros crímenes o delitos prominentes, entre ellos las acusaciones de fraude financiero y peculado que recaen contra el ex-Presidente Alfonso Portillo, extraditado a Guatemala desde México. Sin embargo, Castresana ha dejado muy claro que su papel y el de la CICIG es sólo auxiliar y que la responsabilidad de llevar a cabo procedimientos fiscales y judiciales que coronen las investigaciones contra la impunidad recaen en miembros del Ministerio Público y del Organismo Judicial de este país. Por otro lado, corren rumores de que en algunas instancias de la ONU no agradan el carácter decidido y firme y la manera de hablar sin pelos en la lengua de Castresana, y que se le ha advertido por ello.

Según se afirma en un análisis de la Fundación Myrna Mack, “si las investigaciones de Castresana y la CICIG hallan alguna conexión directa o indirecta entre el gobierno y los asesinatos Musa-Rosenberg, así como con negocios turbios en BANRURAL, se convertirían en una estructura de la ONU que pone al gobierno en crisis total. Si sus investigaciones llegan a encontrar conspiraciones y el origen de los asesinatos en la oposición, de igual manera se ubicarían en el centro de una grave crisis política. Si, por fin, no esclarecen lo ocurrido, perderían apoyo y legitimidad, y resurgirían con mayor fuerza los cuestionamientos en su contra”.

En la resolución de estas difíciles alternativas podríamos recoger el octavo hilo que podría ayudar a encontrar el camino de salida de esta nueva crisis que nos ha encerrado en un laberinto.

NOVENO HILO: EL DETERIORO
DE LA INSTITUCIONALIDAD

El apoyo que la institucionalidad y el Estado de Derecho en Guatemala han encontrado en la OEA y en los países que la conforman puede llegar a ser una mampara importante para detener las intrigas conspirativas que habrían rodeado el caso Rosenberg. Sin embargo, el daño que el video del abogado asesinado ha causado ya a esa misma institucionalidad es difícilmente reparable si no se llega a una solución fuera de toda sospecha. Y aquí nos encontramos con el noveno hilo que puede o no conducirnos a salir del laberinto.

El valor de muchas de las aseveraciones de este análisis dependen de que sean veraces o no. La mayoría de lo alegado hasta el momento está en el orden de las presunciones. No querríamos repetir aquí la indigna actuación de la presentadora estrella de CNN, Patricia Janiot, que el mismo día 11 acorraló en una entrevista al Presidente Álvaro Colom y lo trató a todas luces como si su culpabilidad fuera ya un hecho judicialmente consumado. Además, lo irrespetó obligándole a esperar tres veces la continuación de la entrevista mientras introducía los comerciales de turno. No puedo negar que me produjo un profundo disgusto y pensé para mis adentros si se habría atrevido en su momento a acorralar de la misma manera al Presidente George W. Bush cuando se hicieron globalmente públicas en los medios las fotografías de las torturas infligidas a prisioneros irakíes por soldados y oficiales de Estados Unidos en la prisión de Abu Graib en Irak.

Todas las personas acusadas o denunciadas en el caso Rosenberg -hay que decirlo- son inocentes mientras no sean acusadas como resultado de una seria investigación y no se les prueben en juicio sus delitos o crímenes. Aunque no cabe duda de que la opinión pública, y sobre todo los ciudadanos y ciudadanas bien informados, pueden haber sospechado razonablemente de algunas y pueden contribuir aduciendo datos y razones a la persecución del crimen.

CRISIS POLÍTICA,
CRISIS ECONÓMICA

No podemos olvidar el contexto en que este laberinto se ha producido. La crisis política de institucionalidad en que el caso Rosenberg ha sumido a Guatemala ocurre en el contexto de la incidencia de la crisis financiera y económica global, incrementada por una enorme crisis fiscal nacional. En los tres primeros meses del año, para los que ya hay datos, el ingreso fiscal del Estado ha sufrido una severa contracción, que conduce probablemente a la contracción del gasto social, a insolvencias e impagos del gobierno, etc.

Diez años de lucha contra la pobreza se podrían perder en dos años si la crisis se alarga y si el gobierno no sabe gestionarla. En el año 2000 la pobreza total (pobreza + pobreza extrema) de Guatemala era de 56.1% de la población y en el año 2006 era de 50.9%. Dos meses de retraso en la recuperación económica de Estados Unidos supondrán, a juicio de expertos, 6-8 meses de retraso en la recuperación en Guatemala. En Chile, por ejemplo, el fondo de ahorro nacional tenía 40 mil millones de dólares, y han separado 4 mil millones para enfrentar la crisis. En Guatemala habría que pedir al Congreso la aprobación de 1 mil 800 millones de dólares en bonos del Estado.

Guatemala tiene 5 mil millones de dólares en reservas, 8.5 años de pago de los intereses de su deuda externa
y es además uno de los países con menor monto total de deuda externa. Pero el Banco de Guatemala no le puede prestar al Estado, como consecuencia de una enmienda constitucional de 1994, que contempla sólo una excepción en caso de Declaración de Desastre Público, que debe ser aprobada por dos tercios de los diputados. En estas circunstancias, el costo del endeudamiento del Estado es enormemente alto (7-8% de intereses), mientras que el Estado podría endeudarse al 3% con el Banco de Guatemala, si esto fuera constitucionalmente viable.

Las presuposiciones para hacer el presupuesto actual fueron: un ritmo de crecimiento del 2%, las reformas fiscales, préstamos de apoyo internacional -se habían negociado importantes préstamos de apoyo presupuestario con el BID y el BM antes de la crisis-, y el aumento de la recaudación. Lo que no se previó es la caída de la recaudación que, de hecho, coincidió con la salida de Carolina Roca de la Superintendencia de Administración Tributaria. “No van a lograr recaudar lo necesario”, manifestó Hugo Maúl, consultor del CACIF. Y esto se convirtió en una profecía que se autocumplió probablemente porque “no vamos a pagar...”. La sociedad civil tendría que exigir la ejecución de los préstamos.

EL ALIVIO DE LA POBREZA
EN LA COHESIÓN SOCIAL

En Guatemala el programa de la Primera Dama “Mi familia progresa” está en el centro de la discusión, pero el FMI lo apoya porque esa transferencia monetaria es la única que está aliviando la crisis a la población pobre del país. En cambio, si se realizara la propuesta de regularización del trabajo a tiempo parcial -la apoyaba neoliberalmente el gobierno de Oscar Berger- podría llegar a ser una bomba de tiempo enorme en un país como éste, donde muchas veces ni se paga el salario mínimo. Sería simplemente catastrófico.

El gobierno actual es consciente de la incidencia y la amenaza de la crisis. Ha propuesto ya medidas de austeridad, como la reducción de 4-5 mil millones en el presupuesto nacional de este año. El único plan de emergencia nacional que existe consiste en estos cuatro puntos: Inversión en Infraestructura (COVIAL) con más de mil millones de quetzales, gratuidad de educación y salud, “Mi familia progresa” de cohesión social, y desarrollo rural.

Los expertos afirman que la Primera Dama, como Coordinadora de Cohesión Social, ha ejecutado desde enero a abril un 22% de su presupuesto, mientras que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, apenas ha ejecutado un 2%. La pregunta importante es: ¿Hay corrupción en Cohesión Social? La hipótesis, por muy cínica que parezca, es que en todos los niveles del Estado hay corrupción siempre, que consiste en algún tipo de comisión que los proveedores han de pagar. Pero la realidad es que no es una corrupción que evita que lleguen al pueblo ni los zapatos tenis ni las bolsas de comida ni los cupones de gas, etc.

UN ESTADO DÉBIL AL SERVICIO
DE UNA GRAN EMPRESA PRIVADA

Detrás de esta realidad hay un segundo factor contextual importantísimo: el modelo de Estado vigente desde siempre en Guatemala. Un Estado fuerte sólo para reprimir y débil para intervenir socialmente en la economía. El modelo de Estado ha sido siempre un Estado pequeño y una empresa privada grande. En este modelo, el Presidente de la República es prácticamente el máximo director ejecutivo temporal de la empresa privada. Este modelo no está cambiando. No hay una propuesta sobre la dimensión política de la crisis.

Por eso es tan urgente un pacto fiscal que lleve a una reforma fiscal estructuralmente profunda, que nos ponga al nivel de los Estados normales del mundo. En el programa “Libre Encuentro”, Dionisio Gutiérrez, copropietario del Grupo Bosch-Gutiérrez o Grupo Multiinversiones, uno de los más poderosos del país, que actúa no sólo como moderador del programa, sino también como parte en el debate, suele tachar de retrógados y trasnochados a los participantes que abogan por un aumento de la carga tributaria. Y tiene razón si se trata de comparar sus posiciones con las del neoliberalismo del ex-Presidente George W. Bush, que rebajó continuamente los impuestos sobre la renta a las grandes fortunas personales y sobre las ganancias a las grandes transnacionales. Pero se ha quedado sin razón frente a las medidas del Presidente Obama o frente a las realidades impositivas desde hace años en Chile (18% de carga tributaria sobre el PIB), España (30%), Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca: más del 40%), Francia (40%), etcetera, etc.

¿QUÉ HACER?

¿Qué habría que hacer además? Enfrentar el tema espinoso de la sostenibilidad fiscal del Estado con una auténtica reforma fiscal. Si no se da, el Estado seguirá siendo estructuralmente débil y no responderá a las necesidades sociales de las mayorías. Abordar el tema del Banco de Guatemala y su incapacidad de prestar al Estado. Además, es preciso consolidar el rol regulador del Estado y la economía solidaria, dirigir la economía hacia mercados de oportunidad y reverdecer la economía procurando una auténtica gestión medioambiental.

Si el Congreso no aprueba la emisión de bonos del Estado y la contratación de algunos préstamos antes del mes de septiembre, en octubre no podrá pagar el Estado muchos salarios de funcionarios. Si nos encontráramos en un escenario catastrófico de huracanes, inundaciones y pérdida de cosechas, la situación de Guatemala podría volverse trágica. Es preciso formular un plan de emergencia en el peor contexto posible de colapso nacional.

Hay un factor esperanzador: la convergencia de agendas de sectores tradicionalmente separados en la mesa de desarrollo rural: ambientalistas, campesinos, mujeres, indígenas. Aún hay poca capacidad propositiva, pero ya hay un diálogo fructífero que provoca encuentro.

De todas maneras, estas oportunidades no se van a materializar si no hay voluntad política y si no hay capacidad de propuesta. Para ejemplo un botón: a pesar de tener ya la ley de acceso a la información, es la Cámara de la Construcción la primera que llegó al Estado para oponerse a la publicación de los contratos.

CULTURA DE LA VIOLENCIA,
INVASIÓN DEL NARCOTRÁFICO

El tercer factor contextual se monta sobre la terrible cultura de violencia que vive Guatemala desde los tiempos de la Conquista, pero que se reforzó enormemente durante el conflicto armado interno por obra y gracia de un Estado extremadamente violento, comprometido con una política de tierra arrasada y de brutales masacres.

Ahora, en el contexto de esta nueva crisis política inciden otras fuentes de violencia: la cooptación de las maras por el narcotráfico y la enorme inseguridad territorial y ambiental en el interior de la República, sobre todo por la multiplicación de narcofincas, muchas de ellas ganaderas, en la Franja Transversal del Norte y en zonas regadas por el río Motagua. Actores vinculados al narcotráfico en el departamento Izabal son compradores de fincas en zonas fronterizas, en las fronteras con México, Belice, Honduras y El Salvador. Observadores ambientales en reservas forestales se han encontrado con campos de entrenamiento militar, como para 30-40 individuos. Se están creando “narcoguerrillas” para desafiar al monopolio estatal de la violencia legítima.

Esta gravísima situación puede haber sido resultado de la presión desde Colombia y México contra los narcotraficantes. Para evadir la pinza, aumentan su presencia en Centroamérica y especialmente en Guatemala. Se portan como tradicionalmente se han portado los “bandidos generosos”. Han financiado, por ejemplo, la única máquina de hemodiálisis en el municipio de Morales, Izabal, y una extensión universitaria de la USAC también en Izabal. Y por otro lado, cada vez son más intrusivos. Expulsan a los colonos de las fincas. Veinte comunidades han desaparecido en la Franja Transversal del Norte y unas cinco en el Valle del Motagua, por la región de Manabique. FUNDAECO legaliza las fincas, y a continuación los nuevos propietarios endosan las fincas a los narcotraficantes. La destrucción del sistema de colonato plantea un problema serio de inseguridad alimentaria.

Es un problema gravísimo porque los conflictos, no sólo en Guatemala sino también en los demás países de la región, van a estar cada vez más centrados alrededor de la seguridad alimentaria, los impactos humanos de los desastres, la escasez del agua, y otros problemas medioambientales, mientras el crimen organizado ofrece trabajo y alimentos con salarios imposibles de pagar por el Estado a casi ningún nivel de sus funcionarios.

OBSTÁCULOS EN EL LABERINTO

En el laberinto en que Guatemala está enredada, la incidencia de la crisis económica global, la ausencia de un plan para reformar políticamente el modelo de un Estado débil, y la cultura de la violencia sobre la que se monta la invasión del narcotráfico, suponen obstáculos muy difíciles de superar para lograr avances en la lucha contra la impunidad y en el fortalecimiento de la institucionalidad y el Estado de derecho.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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