¿Seguirá la lucha contra la impunidad? ¿Seremos un Estado fallido?

La renuncia de Carlos Castresana al frente de la CICIG ha sido como el estallido de una bomba. Castresana “pateó la mesa”, desgastado en grande, dejando a Guatemala ante la incertidumbre de que la CICIG, la lucha contra la impunidad, se convierta ahora en una lucha de baja intensidad. Por todo el Estado emerge la corrupción. Y algunos piensan que sólo hace falta una chispa para que todo en Guatemala arda y eso favorezca al capital narco-delincuencial.

Juan Hernández Pico, SJ

El Doctor Carlos Castresana, comisionado de la ONU para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desde hace dos años y medio, anunció el 7 de junio que renunciaba a su puesto. Su renuncia fue como el estallido de una bomba.

UNA GRAN PÉRDIDA

Para quienes le hemos visto investigar el asesinato de Rosenberg y armar una hipótesis creíble de suicidio-asesinato, que tiene aún que pasar por el crisol definitivo del juicio oral en primera instancia y, después, probablemente por las instancias de apelación y casación, ya en la Corte Suprema de Justicia, a menos de que haya confesión de los indiciados como autores materiales e intelectuales, su renuncia es una gran pérdida. La hipótesis de Castresana liberaba al Secretario General de la Presidencia, al Presidente de la República y a su esposa de las acusaciones lanzadas contra ellos por el mismo abogado Rosenberg en el video filmado por el periodista Mario David García y repartido durante su entierro por el Licenciado Luis Mendizábal, personajes ambos vinculados con la extrema derecha de este país.

Pero no fue ésa la única actuación importante de Carlos Castresana. Gracias a la investigación científica de su equipo, se pudo capturar al ex-Presidente de la República, Alfonso Portillo (2000-2004), acusado de un desfalco al Estado de más de 100 millones de quetzales, reclamado por Estados Unidos para ser extraditado desde Guatemala por lavado de dinero, y extraditado a Guatemala por el Estado mexicano. Portillo es principal responsable desde el Poder Ejecutivo
de uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido Guatemala. Uno de sus presuntos cómplices para organizar el desfalco, el mayor retirado Napoleón Rojas, también fue capturado.

Gracias a la acción de la CICIG, liderada por Castresana, en seguimiento de la investigación realizada por varias organizaciones de la sociedad civil han sido denunciados como carentes de “reconocida honorabilidad” varios de los candidatos electos por el Congreso para la actual Corte Suprema de Justicia. Y gracias al mismo Castresana se logró que se repitiera la elección de los candidatos denunciados. No se consiguió que todos los denunciados dejaran de ser electos -cuatro fueron vueltos a elegir-, pero sí que otros dos fueran rechazados y en su lugar resultaran electas personas de reconocida honorabilidad.

UNA ACTUACIÓN EFICAZ

Gracias a las investigaciones del equipo de la CICIG, al ex-fiscal de delitos contra la vida, Álvaro Matus, se le encontraron fuertes indicios de haber secuestrado y destruido expedientes importantísimos, entre otros el del asesinato, pocos días después de haber sido despedido de su puesto, del asesor del Ministerio de Gobernación, el venezolano Víctor Rivera, (“Zacarías”) y los que llevaba en su carro el mismo Rivera al ser asesinado, relacionados muy probablemente al caso de los diputados salvadoreños del PARLACEN asesinados en Guatemala en marzo de 2007. “Zacarías” trabajó por períodos considerables de tiempo tanto con la policía salvadoreña como con la guatemalteca.

Gracias también la acción de Castresana, en nombre de la CICIG, se puso en cuestión la forma como la comisión de postulación de candidatos para el puesto de Fiscal General de la República llevó a cabo su función. También, la forma como el Presidente de la República eligió al abogado Conrado Reyes de entre los seis candidatos propuestos. Castresana denunció públicamente los presuntos vínculos con el crimen organizado, y específicamente con bufetes que manejan los negocios ilícitos de la adopción de menores, del ya Fiscal General Conrado Reyes. La CICIG mantuvo una estrecha vigilancia sobre las acciones del Fiscal General recién nombrado y dejó claro que había un plan de muy corto plazo para retirar de la Fiscalía General expedientes que concernían al crimen organizado. Al mismo tiempo, varias organizaciones de la sociedad civil, que buscan la consolidación en Guatemala del sistema judicial, que luchan por la justicia, y especialmente por la consolidación del estado de Derecho y la erradicación de la impunidad, como la Fundación Myrna Mack y, el Foro Guatemala, cooperaron con la CICIG, exigiendo a la Corte de Constitucionalidad que resolviera un amparo contra los procedimientos de la comisión de postulación para las seis candidaturas a Fiscal General que se ofrecerían al Presidente de la República. El Presidente no tuvo más remedio que hablar al país en la misma línea y, finalmente, la Corte de Constitucionalidad aceptó el amparo y mandó repetir el procedimiento a la Comisión de Postulación destituyendo a la vez al Fiscal Conrado Reyes y ordenando que en su lugar volviera a tomar el puesto la Fiscal Gloria Porras, quien lo había detentado anteriormente. El Presidente de la República acató la sentencia de la Corte de Constitucionalidad.

Podríamos seguir detallando acciones de la CICIG desde que fue nombrado Comisionado Carlos Castresana.
Basten éstas para mostrar la trascendencia de su actuación.

RENUNCIA DE CASTRESANA:
¿QUÉ HIZO ESTALLAR LA BOMBA?

Una manera fácil de responder a la pregunta por la renuncia de Castresana, utilizada por él mismo en su conferencia de prensa al anunciarla, es indicar que estos cargos diplomáticos de Naciones Unidas suelen tener un plazo normal
de dos años y que él ya lo había sobrepasado. Es un plazo que se considera suficiente para conseguir resultados y para no desgastar a la persona que ocupa el cargo.

Sin embargo, Castresana habló explícitamente de que había otras razones. La más importante, la campaña en los medios de comunicación para arrojar sospechas sobre su vida privada e incluso para verter afirmaciones sobre su falta de moralidad. El responsable más importante de esta campaña fue el radioperiodista Mario David García en su espacio diario de dos horas -un espacio caro-, alquilado en Emisoras Unidas, tal vez la emisora de mayor audiencia de Guatemala. En su programa “Hablemos claro” acusó a Castresana de mantener a su esposa e hijos en México para tener una relación de amante con una mujer contratada en la CICIG. Afirmó que la petición de divorcio de parte de su esposa ya estaba en curso.

EL ARGUMENTO
DE LA VIDA PRIVADA

Un periodista de bastante calidad, Gustavo Berganza, escribe así, en la página de opinión de “El Periódico” del 8 de junio: “En un trabajo tan delicado como el que realizaba el Comisionado hacía falta no solamente valor, conocimiento de la política, solidez jurídica -todo esto lo tenía Castresana-, sino además tener los flancos bien cubiertos”.

“Ninguno de quienes toman riesgos y se lanzan a la vida pública mueren en olor de santidad. Son personas de carne
y hueso, con debilidades, vicios e inclinaciones que pueden ir a contrapelo de lo que una sociedad hipócritamente puritana como la guatemalteca desea ver. Cuando las debilidades se publicitan, ya sea por la vía del rumor o por la acción mediática, puede que obstaculicen y pongan en peligro el trabajo de quien ejerce esa función pública. Eso fue lo que le sucedió a Castresana: sus enemigos identificaron su flanco descubierto, y además, expertos como son en operaciones psicológicas, supieron explotarlo de tal forma que deterioraron la imagen pública del Comisionado y lo enredaron en problemas emocionales y conyugales que podrían haber comprometido su efectividad en combatir al crimen organizado.La decisión de apartarse de la dirección de la CICIG, entonces, es saludable. Le evita a Castresana la eventualidad de chantajes y protege del descrédito a la institución que hasta ayer encabezaba”.

CALUMNIA, DIFAMA...
QUE ALGO QUEDA

Es así como no poca gente en Guatemala habrá pensado. Primero, porque en público hay que ser mojigato, aunque en privado se tenga una amplitud sin límites. Segundo, porque eso es lo que se espera y lo que Mario David García y la gente de su estilo están listos para promover: morbo. No debemos olvidar que el semanario serio, crítico, independiente y reflexivo, que Francisco Pérez de Antón dirigía en los años 80 y 90 “Crónica”, cuando se encontró frente a la alternativa de desaparecer por la retirada de la publicidad del gobierno de Álvaro Arzú o vender, vendió quién sabe a quién, pero el hecho es que Mario David García acabó siendo director y ese semanario se volvió amarillista y explotador del sexo. No olvidemos que en el Ejército, y con Luis Mendizábal, con quien trabajó con inteligencia desde “La Oficinita”, siempre ha habido “un Departamento del Amor”, por supuesto clandestino. Probablemente ahí se crearon las insinuaciones de que el crimen contra el obispo Gerardi había sido “pasional”.

Sea como sea de todo esto, Carlos Castresana desafió a los que lo estaban atacando moralmente sobre su vida privada a probar lo que afirmaban.

Dejando de lado lo que haya de verdad, no deja de tener sensatez la opinión de Berganza. “Calumnia, calumnia, que algo queda” es una máxima que tiene algunos siglos de antigüedad y que puede encontrar aplicación en este caso.
En una onda menos aguda podría ser simplemente: “Difama, difama, que mucho queda”. Hay un derecho a la vida privada que ciertos manipuladores de la comunicación no respetan, invocando el derecho del público a conocerlo todo
de los personajes célebres.

LAS SENSIBILIDADES EN LA ONU

Probablemente, no son estas dos razones las auténticas en la motivación de la renuncia de Castresana. En Naciones Unidas la CICIG no estaba recibiendo todo el apoyo necesario. Después de todo lo que ha sucedido desde que Castresana habló públicamente de las hipótesis ocasionadas por la investigación sobre el caso Rosenberg -en lugar de haberlas entregado solamente al organismo de justicia correspondiente y a la Fiscalía General de la República- hasta cómo llegó al Congreso de la República a cuestionar la elección de los nuevos miembros de la Corte Suprema por falta de “reconocida honorabilidad de algunos de ellos”, probablemente es más cierto aún que en Naciones Unidas hayan fruncido el ceño frente a tanto protagonismo.

Los representantes de diversos organismos de la ONU, ya sean relatores de diversas materias, ya sean delegados en los países de diversos organismos (PNUD, CEPAL, FAO, UNICEF…) suelen ser personajes diplomáticos acostumbrados a trabajar desde la sombra, sin salir casi nunca al ardor del sol del mediodía. Pueden hablar muy claro a los gobiernos de puertas para adentro. Rara vez, sin embargo, adoptan posturas como las de Amnistía Internacional o Greenpeace. Eso suele estar reservado al Secretario General, a los Subsecretarios o al Presidente de la Asamblea General. Castresana, en cambio, ha tenido un protagonismo notable y, con él, lo ha tenido la CICIG. Es probable que eso haya hecho arder no pocas sensibilidades allá en el rascacielos de la ONU en Nueva York. Su actuación podría haber sido tenida en la ONU como poco correcta políticamente o diplomáticamente. De hecho, Castresana perdió en su exigencia de que la ONU les asegurara inmunidad diplomática a los miembros de la CICIG.

DESDE NUESTRA IMPOTENCIA

Desde Guatemala, sin embargo, uno siente que la actitud de Castresana era la debida. No estamos en un país que escucha las sugerencias diplomáticas. Estamos en un país al que, si no se le habla con firmeza y creando así opinión pública -lo que no quiere decir hablar con arrogancia, como conquistador-, es muy difícil que se consigan resultados.

Aunque Guatemala es miembro de Naciones Unidas, en cierto sentido somos un porcentaje bien pequeño del patrón que nos envía la CICIG. Pero también es cierto que el Gobierno de Guatemala ha pedido la ayuda de la ONU para combatir contra la impunidad desde la que trabajan y se mueven organizaciones clandestinas del crimen organizado y sistemas no sólo nacionales, sino ya transnacionales, del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de niños y, con ellos, de órganos, del tráfico de personas para la prostitución, etcétera, etc., todos globalizados. Desde la angustia de no poder combatir la impunidad, desde la incapacidad para combatirla porque nuestros organismos encargados de hacerlo están minados por esas mismas estructuras, desde donde Guatemala pidió auxilio. Han sido sectores muy importantes de la sociedad civil guatemalteca las que le exigieron a Castresana el protagonismo que él aceptó asumir.

CONFLICTOS Y DENUNCIAS

Algo diferente es cierta actitud de arrogancia que algunas personas del equipo de Castresana han mostrado. Trabajan unas 150 personas en la CICIG. Muchas deberían ser guatemaltecas, más de las que de hecho lo son, lo que ha motivado una seria queja de Castresana ante el Estado guatemalteco. En el equipo hay españoles, alemanes y de otras nacionalidades. Y algunas de las actitudes de los miembros no guatemaltecos del equipo parecen haber sido despectivas contra los abogados en la Fiscalía General y jueces del sistema de justicia guatemaltecos. Veamos un ejemplo notorio. En una de las visitas de Castresana a la ONU habló en Nueva York diciendo que la CICIG ha logrado detener a 50 personas. Angel Sas, reportero de “El Periódico” cuestionó en un reportaje que no eran 50, sino 38, y añadió que el ex-Presidente Portillo no estaba preso por la CICIG, sino por petición de Estados Unidos. La CICIG respondió a este diario certificando las 50 capturas y Angel Sas se excusó. Sin embargo, la CICIG envió la misma nota a toda la prensa y a las embajadas, lo que le restó simpatías entre los periodistas.

Edgar Gutiérrez, director de inteligencia civil del Estado y canciller en tiempos del ex-Presidente Portillo, aprovechó
sus columnas semanales en “El Periódico” para hacer una campaña contra la CICIG, con el reclamo de que Castresana habría pactado con la gran empresa privada guatemalteca, porque de lo contrario no se explicaba cómo no había investigado a Carlos Vielman, ex-Ministro de Gobernación en tiempos del ex-Presidente Oscar Berger y presunto responsable último del asesinato de los diputados del PARLACEN y de los policías que “descubrieron” el asesinato.

Acusaba también a Castresana de no perseguir a los hermanos Valdés Páiz, empresarios farmacéuticos, según el mismo Castresana autores intelectuales -aunque inconscientes de quién iba a ser la víctima- del asesinato de Rosenberg. Desde “El Periódico”, han hecho campaña también contra Castresana otros periodistas de renombre.

CASTRESANA
TRABAJÓ HASTA EL FINAL

Castresana no desaprovechó el breve tiempo en que quedó como Comisionado en funciones hasta el nombramiento de su sucesor. Acusó públicamente al nuevo Fiscal General, Conrado Reyes, de tener vínculos con el crimen organizado y prometió presentar las pruebas al Presidente de la República. Fue su acusación lo que apresuró la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que destituyó a Reyes, lo que abortó la apropiación indebida de expedientes de la Fiscalía por Julio Reyes, hermano del Fiscal General y Juan Roberto Garrido Pérez, capitán retirado del Ejército. No sabemos cuántos de esos expedientes habían sido ya o destruidos o fotocopiados, dando así a los criminales en ellos investigados la oportunidad de saber por dónde se movían los hilos de la investigación
de su caso.

UN TICO: NUEVO COMISIONADO

Al renunciar Castresana, quedan aún un año y algunos meses del segundo período de dos años de la CICIG. El Secretario General de la ONU nombró como sucesor de Castresana al actual Fiscal General de Costa Rica, Francisco Dall’Anese Ruiz, fiscal durante diez años, quien ha investigado a los dos ex-Presidentes de la República, Rafael Angel Calderón Fournier, condenado a cinco años de prisión por peculado, y a Miguel Angel Rodríguez Echeverría, cuyo proceso no ha terminado todavía. Dall’Anese es presidente del Consejo de fiscales y jefes del Ministerio Público de Centroamérica.

El que Dall’Anese sea centroamericano puede ser un tanto a su favor. Puede conocer mejor la idiosincrasia de quienes va a apoyar. Pero es evidente que en Guatemala un “tico” no va a ser respetado fácilmente y tendrá que ganarse ese respeto con el vigor y la limpieza de su actuación.

Ojalá actúe con la misma eficacia de Castresana, incluso si su actuación difiere en cuanto a sus modos y maneras. De esto va a depender realmente que Guatemala pueda mirar con cierto optimismo el presente y el futuro inmediato de la lucha contra la impunidad.

CASTRESANA “PATEÓ LA MESA”

En los últimos días de la administración de Castresana se entregaron a la justicia los dos hermanos Valdés Páiz. Lo hicieron con la condición de que su prisión estuviera en una de las brigadas del Ejército en la capital, pues temían ser asesinados si eran encarcelados en el Preventivo de la Zona 18 o en alguna de las cárceles de máxima seguridad. Su temor podría estar vinculado a su decisión de hablar sobre las personas que organizaron entre bambalinas el asesinato de Rosenberg, primo de ellos. La entrega a la justicia de los hermanos Valdés Páiz desarmó alguna de las acusaciones de quienes en “El Periódico” afirmaron que Castresana tenía un pacto con los empresarios del CACIF para no tocar en sus investigaciones a empresarios delincuentes.

En definitiva, lo que ha hecho Castresana con su renuncia es “patear la mesa” e irse de un puesto donde su desgaste había sido demasiado grande. El peligro es que el tiempo de la CICIG en Guatemala bajo el liderazgo de Castresana no haya sido suficiente para consolidar su trabajo. Quién sabe si ese desgaste impedirá a Castresana organizar con la ONU y otros gobiernos de Centroamérica otro tipo de Comisiones nacionales o incluso una regional, sea que él la dirija o que se organice con base a su actual experiencia. Sólo el trabajo de Dall’Anese en Guatemala y el éxito o fracaso de los esfuerzos posteriores de Castresana dirán hacia dónde nos encaminamos en países acosados por el crimen organizado y la impunidad, a escala ya no sólo nacional sino también regional.

EL TEJADO DE VIDRIO
DEL GOBIERNO DE COLOM

El Presidente Alfonso Portillo batió todas las marcas de inestabilidad durante su gobierno. Por la corrupción que rodeó a la propia Presidencia de la República y que le hizo abandonar el país con destino a México un mes después de que su sucesor tomara posesión del cargo, no fuera a dar con sus huesos en una prisión preventiva. Creó también inestabilidad la interminable rotación de ministros, viceministros y jefes de policía en Gobernación, en Comunicaciones e Infraestructura, en Economía, en Finanzas, y en Defensa, sin excluir a Inteligencia Civil y a la Cancillería.

En el gobierno de Álvaro Colom la situación es aún más compleja. Durante dos largos años (2008-2010) hemos tenido, al estilo de Nicaragua o de Argentina, una pareja presidencial. Sandra Torres de Colom fue nombrada Comisionada o Coordinadora de Cohesión Social. Sin estar al frente de ningún ministerio, coordinaba los ministerios de Educación, Salud, Cultura y Deportes. Después de dos años y meses, ha sido obligada por sentencia de la Corte de Constitucionalidad a abandonar ese puesto, que en la Constitución no existe. Además, su tozudez en tratar de impedir la transparencia en el uso del dinero que va al programa “Mi familia progresa” (MIFAPRO) ha provocado decisiones de la Corte de Constitucionalidad negativas para ella y absolutamente justas, que le han hecho perder a muchos de los mejores elementos de su equipo, en especial al ex-Ministro de Educación Bienvenido Argueta.

A Torres se la ha acusado en Guatemala de construir, con los fondos de cohesión social, mientras pudo coordinar esa Comisión, tres bolsas: una destinada a su propio bolsillo, otra para la campaña electoral, en la que pretende participar como candidata a la Presidencia de la República en 2011, y otra para utilizarla después. No hay hasta el momento pruebas de esto porque no hay siquiera una investigación fiscal y un proceso judicial. Lo que ha habido es la auditoría llevada a cabo por la Diputada Nineth Montenegro, a trancas y a barrancas, pero apoyada por la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, es evidente que la batalla emprendida por Torres, a través de su gente de confianza en los ministerios sociales para impedir esa auditoría, apuntan al deseo de ocultar manejos turbios.

Este es el tejado de vidrio del gobierno de Álvaro Colom. La tormenta tropical Agatha, que causó, según la FAO,
156 personas fallecidas, 36,149 en riesgo, 135,766 afectadas, 135,374 evacuadas, 76,245 albergadas, 100 desaparecidas y 87 heridas, ofrecieron a la Primera Dama, al frente como toda Primera Dama, de la Secretaría de Bienestar Social, una oportunidad óptima para sembrar deudas que puedan ser cobradas en su campaña presidencial. Según informaciones -no verificables- de algunos alcaldes no se podían entregar paquetes de socorro hasta que la Primera Dama no llegara a hacerlo ella en persona. El que corran estos rumores es indicio de la pestilente plaga de corrupción que parece endémica en los Ejecutivos guatemaltecos desde el Presidente Vinicio Cerezo (1985-90) hasta el día de hoy.

LA “GUSANERA” DEL CONGRESO

Si ésta es una plaga, es difícil decir qué es lo que ha penetrado y contaminado al Congreso de la República. Son muy pocas personas las que en Guatemala conceden algún crédito de honorabilidad a buena parte de los diputados y diputadas. Sucede desde hace varios períodos electorales.

Una de las peores realidades es el transfuguismo. La población elige a diputados y diputadas en las planillas de un partido político, y no pasan seis meses antes de que empiece la dispersión y el establecimiento de bancadas independientes o la adscripción de diputados de un partido a otro. En el Congreso actual, el caso más emblemático es el del diputado Manuel Baldizón, del Petén, electo por la gubernamental u “oficialista” UNE, quien pronto dejó
esa bancada para constituir el grupo “LÍDER”.

Cuando en agosto de 2007 el Congreso no aprobó en primera instancia el mandato de la CICIG, el vicepresidente Eduardo Stein se refirió al Congreso como una “gusanera” y habló con toda claridad del peligro de que el narcotráfico buscara comprar puestos en las planillas de los partidos para obtener representación legislativa y así ir poniendo candados a proyectos de ley que amenazaran su vía libre por todo el país.

El primer presidente del Congreso en 2008 (UNE) y ex-rector de la Universidad de San Carlos, tuvo que renunciar a su puesto y a su escaño por haberse presuntamente servido con la cuchara grande en el desfalco de fondos del Congreso cometido en la anterior legislatura. El más claro caso de corrupción fue el que se cometió al elegir para la Corte Suprema de Justicia a abogados comprometidos con Roberto López Villatoro, conocido como el “rey del tenis”, por vender zapatos tenis con marcas falsificadas.

En la Corte Suprema de Justicia es cuestionable la proposición de candidatos y candidatas, tanto para la Corte como para las Cortes de Apelaciones. Algunas organizaciones de la sociedad civil llevan años tratando de investigar a fondo y publicar los curriculum de las personas propuestas para estos cargos. Es penoso también el estado de la Fiscalía General de la República.

RENUNCIAS: POR LA REFORMA FISCAL Y POR LA MINERÍA

Volvamos al Ejecutivo. Por el ministerio de Gobernación han pasado cinco ministros y varios viceministros en los dos años y medio del gobierno de Álvaro Colom. El ministro “estrella” de su gabinete, el de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, economista de fama con una gestión larga en el PNUD, renunció en junio al no haber podido sacar adelante en tres intentos en el Congreso una auténtica reforma fiscal.

Una vez más esta reforma se muestra imposible en Guatemala por la oposición intransigente de la empresa privada. Se dijo también que Fuentes Knight no estaba dispuesto a pasar una vez más por la tortura de una comparecencia ante un Congreso como el guatemalteco. Fuentes Knight es hijo de Fuentes Mohr, quien ocupó el mismo puesto en 1966-70 y fue obligado a renunciar por la misma impotencia. Quedó como canciller, para morir asesinado en 1978, el mismo año en que también murió asesinado Manuel Colom Argueta, tío del actual Presidente. Fuentes Knight trabajará en adelante en la CEPAL.

Uno de los pocos ministros que, como Fuentes Knight, se mantenían en su puesto desde el comienzo del gobierno de Colom era Carlos Iván Meany, empresario de minas del Oriente del país. Se retiró del ministerio de energía y minas cuando el Presidente Colom aceptó la sentencia de la CIDH estableciendo que se deben suspender los trabajos en la mina de oro Marlin, en San Miguel Ixtahuacán y Zipacapa, departamento de San Marcos, hasta que se determine qué hay de cierto en las denuncias de los habitantes de esos municipios contra la Compañía Montana, canadiense, por la grave contaminación de aguas. Por otro lado, el gobierno no se había decidido a prorrogar los convenios con la empresa extractiva petrolera Perenco.

Así pues, si en el caso de Fuentes Knight puede uno adscribir su renuncia a motivos de izquierda fiscal -Guatemala es el país de América Latina con menor carga tributaria- y en el caso de Meany los motivos parecen ser de derecha energética y minera.

¿Y LA POLICÍA?

Desde que la Licenciada Helen Mack aceptó el cargo de pre-Comisionada de la reforma policial, su trabajo se ha dejado notar. El golpe más fuerte fue la destitución de ocho comisarios de la Policía Nacional Civil (PNC) por no haber pasado diversas pruebas de honestidad. Finalmente, desde que habían sido apresados dos parejas consecutivas de jefe y subjefe de la PNC, se nombró nuevo director de la PNC al subcomisionado Jaime Leonel Otzin, con la reserva de Helen Mack de que no llena totalmente el perfil para ese cargo. Helen Mack es actualmente pre-Comisionada, porque el gobierno desea que sea a partir del pacto interpartidario pro-justicia que se le nombre Comisionada con el amparo de una ley.

En el Ministerio de Gobernación no son buenas las noticias. La ex jefa de la PNC y ex-viceministra de Gobernación, Marlene Blanco, está siendo acusada de haber organizado un grupo de sicarios y pretendía huir del país.

LO QUE DICEN
ENCUESTAS Y PRE-CANDIDATOS

En la encuesta interna para el gobierno, elaborada por CID-Gallup, se lee que en una próxima campaña presidencial un 22% de intención de voto es para Sandra Torres (UNE) y un 26% para el General Otto Pérez Molina (PP), una brecha no insalvable. El General Pérez Molina ha sufrido el desgaste de su reiterada mención en relación con las atrocidades de la guerra. Por otro lado, en las encuestas a escala latinoamericana, Álvaro Colom recoge una aprobación de un 50% de la muestra. Y es evidente que tiene buena relación con los demás presidentes latinoamericanos, cumpliéndose aquello de “candil de la calle y oscuridad de la casa”.

Para 2011 se habla de la necesidad de un “pacto de élites”, de una “instancia nacional de consenso”, dos proyectos de la empresa privada con intelectuales del país. Es probable que Nineth Montenegro quiera lanzarse desde “Encuentro con Guatemala”, pero en una gran alianza. Rigoberta Menchú siempre ha hablado de 2012 como su año, por ser el año del final de una era maya. Se habla también de una candidatura de Baldizón (LÍDER) con la ficha de GANA, grupo que acabaría siendo cobertura de los intereses del narcotráfico.

El problema, en definitiva, no es armar alianzas para producir una bella imagen. El problema es armar alianzas con personas que tengan el arte de gobernar (“gobernanza”) y tengan respaldo no sólo en las alturas sino también
en la tierra.

¿UN ESTADO FALLIDO?

Desde “la tierra”, desde las organizaciones sociales, es muy difícil tomar en serio al gobierno. No sólo a éste, también a los tres anteriores. El actual no cumple con la recuperación de las tierras del Petén y Alta Verapaz que fueron repartidas como prebendas entre los militares. No cumple con los proyectos de desarrollo social y económico para la región rural de Guatemala. Sigue incumpliendo el acuerdo 169 de la OIT, que firmó el gobierno de Álvaro Arzú, puesto que no toma en serio las consultas en que se han expresado las comunidades campesinas o aquellas donde se proyectan hidroeléctricas o proyectos mineros o petrolíferos.

El movimiento social o los movimientos sociales han intentado hablar con el Presidente Colom, pero no lo han logrado. La interlocución con el Estado es cada vez menos importante. Es importante pensar y discutir sobre el territorio y la autonomía. Y hay relaciones con el capital que no pasan por el Estado -por ejemplo, con las mineras-. Sin embargo, hay intentos de diálogo por el lado del Estado, porque ésa es la tradición.

¿En frente de dónde hacer un plantón? Se ha hablado con los tres Ministros de Agricultura, con los tres de Economía, con el Presidente, con el Congreso...Hay un descenso de credibilidad en la autoridad. Los líderes de estos movimientos tienen bases, pero no saben cómo responder a sus bases. El discurso de largo plazo está bien siempre que haya resultados a corto plazo. Los dirigentes no tienen cómo resolver, porque no hay corto plazo.

CRECE EL PODER DE LOS NARCOS

Es un tiempo de agendas mínimas. Por otro lado, estamos en un punto de inflexión. Los narcos están metiéndose, obligando a vender tierras o empresas o a “que mi hijo se case con tu hija”. Se dice que hace unas semanas la PNC capturó en Alta Verapaz a la esposa y a la hija de un jefe de un cartel de la droga. Y que poco tiempo después les llegó este mensaje: “O las liberan o se va hoy a las cinco de la tarde La Magdalena”. La Magdalena es el centro comercial estrella del capital terrateniente alemán en Cobán, cabecera del departamento de Alta Verapaz. Les entregaron a la esposa y a la hija del “narco” donde dijeron ellos.

Algunas personas piensan que sólo hace falta un fosforito, que cualquiera podría prender, y todo en Guatemala ardería.
Y ahí es donde se subirían al barco “las ratas”…

Sin embargo, si miramos a la historia pasada, no es fácil prever que el capital narco-delincuencial tenga poder para gobernar transversalmente, desde un punto cardinal al otro, en todo el país. Espinosa, en Colombia, gobernaba en Envigado, un suburbio de Medellín, y en muchas partes de Medellín, pero no en Colombia, donde podían hacer secuestros y poner bombas, pero no gobernar. Los organismos y las estructuras de la política estatal no se aprenden a corto plazo. Esto no es ningún consuelo. Porque ese aprendizaje está ciertamente hoy presente en profesionales de la política, quienes hasta hace poco servían al país. Con las excepciones del caso, que siempre se dan. Y que son una pequeña esperanza.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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