Nicaragua

“Sin cambios estructurales no habrá una reducción sostenible de la pobreza rural”

Francisco J. Pérez, investigador del instituto Nitlapan de la UCA, compartió con Envío un análisis sobre varios de los problemas estructurales del sector agrícola, contrastándolos con las insuficientes políticas públicas hacia el sector, en una charla que transcribimos.

Francisco J. Pérez

Nicaragua afirma orgullosamente que es un país agropecuario y presume de sus exportaciones de café, queso, café, frijoles... Pero si observamos las políticas públicas de los diferentes gobiernos, incluido el actual, descubriremos que el sector agropecuario ha sido uno de los más marginados desde 1990. Durante estos años muchos de nuestros políticos han aceptado como una verdad indiscutible que los países que se han desarrollado lo lograron abandonando la agricultura, haciendo una transición económica hacia el sector manufacturero, hacia la industria y los servicios. Piensan que el sector rural no será el motor que va a desarrollar nuestra economía. Sin embargo, los datos de informes, tanto del Banco Central de Nicaragua (BCN) como del Instituto Nicaragüense de Estadísticas (INIDE), alimentan la convicción de redes e instituciones de la sociedad civil que creemos que apostar por esa transición no ha funcionado. Las estadísticas nacionales nos indican que Nicaragua se ha estancado en su transición económica y también en su transición demográfica rural-urbana. Y lamentablemente, ambas realidades están fuera de la agenda de políticas públicas hacia el sector.

Según la “verdad indiscutible” asumida por muchos, se cree que nuestra población rural se está reduciendo y está emigrando a las ciudades. Sin embargo, los datos de los censos de población indican lo contrario. El INIDE ha realizado los dos últimos censos con un intervalo de diez años (1995 y 2005) -por lo que son datos muy confiables- y los resultados nos dicen que en términos relativos la población rural pasó del 45.6% de la población total al 44.1%, lo que indica que en diez años el cambio no ha sido significativo. En números absolutos: en 1995 la población rural era 1 millón 970 mil personas. Y en 2005 2 millones 270 mil personas, lo que significa que en diez años la población rural se incrementó en un 14%.

Esta realidad debemos combinarla con los cambios importantes que Nicaragua está experimentando en su pirámide poblacional. Nuestro país está entrando en lo que se conoce como la oportunidad del “bono demográfico”, una realidad en la que tanto ha insistido el economista de la Coordinadora Civil Adolfo Acevedo. Hasta hace muy poco, Nicaragua mantenía una pirámide poblacional con una base muy amplia de niños y niñas pequeños y con cada vez menos gente mayor hacia la cúspide. Ahora estamos teniendo una pirámide similar a la de los países en vías de desarrollo: se ha reducido la tasa de natalidad, en la base ya hay menos población infantil y lo que está creciendo es la población en edad de trabajar. Según el INIDE, ya para el censo 2005, los niños y niñas de 10 a 14 años eran mucho más que los menores de 5 a 9 años y éstos eran también más numerosos que los menores de 5 años.

Este cambio poblacional supone un enorme reto en el empleo. Utilizando los datos del Censo, en 2005-2010, entraron anualmente en promedio a la edad laboral (15 años en adelante) 130 mil 310 jóvenes de ambos sexos. En 2011-2015 el promedio anual será de unos 129 mil jóvenes. Esto significa que en cinco años -el período de cada gobierno- el Estado debe ser capaz de generar unos 650 mil empleos, sólo para cubrir esta justa demanda de nuestra juventud. De estos jóvenes que demandan empleo, 330 mil son jóvenes rurales.

También debemos contrastar estos datos con las estadísticas de educación. Según el censo de 2005, sólo el 7% de la población nicaragüense consigue entrar a la Universidad. Si esto es así, la mayoría de los jóvenes que salen de la secundaria lo que necesitan es un empleo. Y no lo encuentran. Sabemos también que la población rural es la que menos accede a la Universidad (apenas el 1.1%), también la que menos accede a la secundaria (sólo el 13%) y es mucho menor el porcentaje de los que la terminan y son bachilleres.

Hay que recordar que el sistema educativo rural se basa en escuelas primarias multigrado que llegan hasta el cuarto grado de primaria. A partir de ese nivel, niñas y niños deben recorrer largas distancias para completar su primaria y después moverse a los principales núcleos poblacionales para estudiar la secundaria. En esa situación, cada año unos 65 mil jóvenes rurales necesitan una ocupación. Ellos son nuestro bono demográfico y muy probablemente quien más beneficia de ese bono es Costa Rica. Porque ese “bono” son los jóvenes que emigran a Costa Rica cada año para realizar allí trabajos temporales. El aprovechamiento de nuestro bono demográfico con capacitación escolar y técnica de nuestra juventud para garantizarles un empleo digno es el primer gran reto estructural que tiene Nicaragua. Ese reto es más acuciante en el sector rural.

El gobierno de Enrique Bolaños se planteó que el reto de proporcionar empleo masivo a nuestra población lo resolverían las maquilas. Calcularon que con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con el CAFTA -negociado en 2004 y en vigencia desde 2006-, llegarían masivamente al país las maquilas y todo el mundo encontraría empleo. Pero esos cálculos optimistas no se cumplieron. Según aquellas proyecciones, las maquilas de Nicaragua deberían estar produciendo hoy 2 mil 28 millones de dólares en exportaciones brutas y la infraestructura maquilera se habría multiplicado por un factor 4X respecto al 2006. Los cálculos fallaron: en 2010 las exportaciones llegaron únicamente a 1 mil 230 millones y la infraestructura se multiplicó por un factor 2X. El gobierno apostó a resolver con la maquila el problema del empleo y dejó de atender a otros sectores, poniendo “todos los huevos en una sola canasta”, una canasta que ahora no está generando suficiente empleo ni para cubrir un año del bono demográfico: en 2010 la maquila generó sólo 89 mil 927 empleos directos.

Porque soy ruralista, la vía del desarrollo por las maquilas me parece mucho menos valiosa para Nicaragua que la vía del desarrollo por el campo. No se trata únicamente de un sentimiento de empatía por lo rural. Las cifras del Banco Central respaldan esta convicción. Para el año 2010, la agricultura, como sector primario, ocupaba al 32.2% de todos los empleados del país, garantizando unos 834 mil 200 empleos. Y si se considera que el 70% de nuestro sector industrial es agroindustria (carne, azúcar, lácteos), concluimos que entre el 35% y el 38% del empleo de nuestro país depende de la producción agropecuaria.

Esa cifra es una piedra angular que hay que colocar cuando se discute sobre los sectores que generan empleo. También esta otra: el 61% de nuestras exportaciones viene del sector agrícola, un 35% de exportaciones primarias y un 26% de productos agroindustriales. A pesar de estas evidencias numéricas, aún hay funcionarios públicos que niegan que sea el sector agrícola el motor que puede desarrollar a Nicaragua.

Si el principal problema del país es el desempleo, como lo muestran todas las encuestas, nuestras políticas públicas deberían apostar por un sector líder que genera ocupación y autoempleo. Ya sabemos que no logra eso el sector manufacturero, el sector de las maquilas. Sabemos también que no es el sector servicios, ya que aunque las estadísticas del Banco Central plantean que es el sector con mayor ocupación (52%), más de la mitad de esos trabajadores (53%) son subempleados, lo que significa personas que en los últimos tres meses han trabajado al menos una semana. El 13.7% de estas personas están empleadas parcialmente y únicamente el 32.6% tiene empleo pleno. Esta realidad en el sector servicios también explica por qué la gente no se viene del campo a la ciudad. Muchos valoran que en la ciudad -donde todo se compra y todo se vende- serían aún más pobres de lo que lo son en sus comunidades rurales.

Para demostrar que nuestra agricultura es campeona en cualquier contexto, hay que decir también que la política comercial seguida por Nicaragua desde 1991 hasta hoy le ha complicado bastante la existencia al sector rural y aun así, nadie puede desmentir el importante peso del sector agrícola 19 años después de algunas de estas decisiones estatales. En 1991 el gobierno decidió que Nicaragua debía liberar totalmente su economía. Y a partir de entonces decidió bajar nuestras “defensas”, las tarifas de importación. Esta decisión estatal produjo un cambio radical. Por ejemplo, la tarifa promedio de protección arancelaria nominal ante los productos agrícolas que importábamos de Estados Unidos en 1991 era de 67.9%. En 2003, aún antes de que se firmara el CAFTA, esa protección ya era del 6.2%. Por eso, cuando mucha gente discutía si entrábamos o no al CAFTA, considerando lo peligroso que sería que bajáramos nuestras “defensas”, otros decíamos: ¡Pero si ya las bajamos hace mucho, y de gratis. Ahora lo que toca es ir a buscar apertura de parte de ellos!

Al menos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el CAFTA, y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el ADA, generaron alguna polémica. Pero hay muchos otros tratados de libre comercio que “han pasado de noche” y que afectan seriamente a nuestro sector rural. ¿Quién se acuerda del tratado de libre comercio con México, que ahora cumple ya 10 años, lo que significa que todos los productos alimenticios que importamos de México están liberados de aranceles? ¿Cómo puede nuestra gente competir con eso? No es nada fácil si consideramos que nosotros tenemos una dieta alimenticia bastante cercana a la de los mexicanos y que ellos producen lo que nosotros comemos. Hoy, nuestros productores agrícolas, asediados por tantos otros problemas, tienen además el desafío de competir con todos los productos alimenticios que importamos de México. También tenemos tratados con Chile, con Taiwan, con Canadá, con Panamá, con República Dominicana…Todos nos afectan de una o de otra manera, pero el de México es el más preocupante, porque son condiciones ya firmadas, que ya quedaron establecidas y que dejan en gran desventaja a nuestro sector agrícola.

Los tratados de libre comercio se firman para desarrollarse en 15 años. Si esto es así, ¿cómo estamos preparando
a nuestros productores para cuando, según esos tratados, estemos en condiciones iguales, con aranceles cero? ¿Qué tanto preparó el Estado a los productores nicaragüenses para el tratado de libre comercio con México? ¿Cuánto se ha invertido en preparar a nuestros productores para que enfrentaran todos los tratados ya aprobados? Y con el CAFTA, ¿cuánto se está invirtiendo en la agenda complementaria? Si sabemos que en el sector rural hay grupos que serán vulnerables ante los cambios que generará ese libre comercio, ¿qué estamos haciendo para fortalecerlos? Si cuando se firmó el CAFTA se esperaba que Nicaragua se convirtiera en una gran maquila y eso no sucedió, y ya está claro que no va a suceder, ¿cómo preparamos a nuestro sector rural productivo para estos cambios?

En los tratados de libre comercio hay siempre un capítulo referido a la atracción y protección de inversión extranjera. Y en base a esos privilegios la inversión extranjera se ha ido tomando en Nicaragua el sector servicios. El turismo, las telecomunicaciones y otros servicios ya están en manos de la inversión extranjera.

La atracción de la inversión extranjera tiene también efectos en nuestros mercados nacionales con la llegada de empresas y firmas transnacionales a nuestra economía. Hoy, la cadena de supermercados Palí y La Unión pertenecen ya al poderoso grupo estadounidense Wal-Mart, que los compró. Y eso supone cambios y exigencias para los productos agrícolas que allí se venden. Sólo los productores que tienen recursos para cumplir con esas exigencias y cubren esos requisitos pueden integrarse a esos dos canales de comercialización. Y los que no puedan hacerlo irán siendo excluidos. Y en la medida en que esas cadenas ganen peso en la distribución de alimentos en las ciudades habrá menos mercado para estos productores excluidos.

La política comercial a nivel interno, la de fomento de mercados internos de bienes y servicios, también es poco amigable con nuestro sector agrícola. Por mucho que digamos que en Nicaragua existe una economía “de mercado”, eso no es cierto porque la economía nicaragüense no cumple con el requisito básico de este modelo, que es tener mercados competitivos. Lo que tenemos en Nicaragua es una economía de carteles, aunque esa palabra, “cartel”, suena mal porque se vincula casi exclusivamente al negocio de las drogas. Pero la palabra cartel es muy usada desde los años 70, cuando la OPEP comenzó a fijar los precios del petróleo en base a lo que sus países miembros esperaban ganar y no en base a sus costos de producción.

En economía, un cartel es el grupo económico que define los precios de un producto. Hay un trabajo interesante del profesor Mario de Franco que calcula el poder que algunos grupos económicos tienen en sectores de nuestra economía. Demuestra que en el rubro azúcar sólo dos empresas controlan el 85.6% de toda la exportación. Esto significa que cualquier productor de azúcar tiene que ir a través de ellas. En el caso del café, un producto tan importante para nuestra economía, tres empresas controlan el 88.5% de las exportaciones. En los lácteos, tres empresas controlan el 63.7% de las exportaciones. Y en el caso de la carne, cuatro empresas controlan el 89.1% de las exportaciones. El mercado de los granos básicos (frijol y maíz) es más competitivo. Hasta ahora nadie ha logrado controlarlo.

Me detengo en el caso de la carne para que entendamos mejor qué significa que un cartel controle los precios del mercado. En 2009-2010 Nicaragua vivió una depresión del precio nacional del ganado y de la carne y se escuchaba decir que el precio cayó por la crisis internacional. Ese año hubo una pequeña caída (de $3.32/kg en 2008 a $3.23/kg en 2009), pero los precios fueron muy superiores a los del año previo ($3.02/kg en 2007). Incluso, en el año 2009 Nicaragua exportó más y a buen precio, con un incremento del 15% en volumen (71 mil 310 toneladas) y un aumento del 9.5% en valor respecto al 2008. A pesar de esto, nunca estuvo barata la carne en el mercado nacional y los productores nacionales experimentaron una grave crisis y eso afectó sus relaciones financieras: cayeron en mora, tuvieron que vender sus animales al mejor postor y a precios muy bajos.

¿Qué pasó realmente? Aunque no tenemos como probarlo, todas las señales nos indican que lo que hubo fue un acuerdo entre esas cuatro empresas que controlan el mercado de la carne para bajar los precios internos del ganado. Temían que les pasara lo que pasó con quienes controlan el comercio del hierro, que compraron caro y tuvieron que vender barato, y en previsión decidieron que la pérdida cayera sobre los productores nacionales. El “detalle” fue que no hubo una gran caída del precio internacional de la carne y tampoco se elevaron los precios internos del ganado, y por eso, lo que creció fue el margen de ganancia de ellos, los que controlan esta actividad.

Las tendencias globales indican que los precios de todos los alimentos se van a seguir manteniendo altos. Algo que ha hecho muy bien la cooperación internacional en Nicaragua es lograr que casi todas las cooperativas que producen café tengan una información instantánea de los precios internacionales del café. Esto les permite negociar en mejores condiciones. Entre los ganaderos la situación es distinta: no están tan bien organizados y dependen de un procesamiento industrial que no está en sus manos. Mientras no haya unión, mientras no se obligue a los empresarios a negociar en otras condiciones, los productores no podrán obtener una mayor proporción de los precios finales al consumidor, porque ningún empresario va a renunciar a sus tasas de ganancia sólo por tener buen corazón.

La economía de carteles genera problemas estructurales muy serios. En Nicaragua los monopolios y los oligopolios son legales. Y sabemos que uno de los peores problemas que tienen las economías de mercado son precisamente los monopolios. En el caso del arroz se pueden ver también los efectos del monopolio que controla este producto. La gráfica del precio internacional del arroz en 2007, 2008, 2009 y 2010 muestra un crecimiento rápido y notable de los precios internacionales y de los precios al consumidor y, a la par, muestra cómo el precio que se paga a los productores nacionales de arroz se mantiene estable durante todos esos años, con un incremento muy leve. ¿A quién le quedó esa diferencia? Es sencillo: en Nicaragua hay una única empresa que controla el 70% del arroz que importamos y el 70% del arroz que se produce y se distribuye nacionalmente. Ese control del mercado le permite a esa única empresa definir los precios internos que se pagan a nuestros productores.

Cuando se debatió la estrategia centroamericana para el fomento de la agricultura, discutimos los efectos que tenía la economía de carteles con una alta funcionaria del MIFIC (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio) y ella me decía: “No podemos tocar eso, nos meteríamos a un gran problema”. Insistía en que no lo podían tocar porque en Nicaragua hay economía de mercado, pero yo le decía: “En cualquier libro de economía se puede leer que en condiciones de monopolio el Estado debe intervenir para garantizar que los precios fluctúen”. Ella cerró así la conversación: “Ése es un tema muy complicado”.

Es realmente un problema estructural que nuestros productores agrícolas enfrentan a diario. Y están en el centro de la agenda pendiente, de la agenda olvidada, de la agenda que no se discute abiertamente…porque son temas “muy complicados”.

Creo que el actual gobierno está claro del problema que representan los monopolios y de que algo tiene que hacer para intervenir en los precios. En 2008, cuando se dispararon los precios de los alimentos, el Estado puso puestos de ENABAS en los barrios para vender los alimentos básicos a precios más bajos, que eran equivalentes al 60% del precio del mercado, una reducción importante. El problema fue que el Estado no tiene capacidad de almacenamiento para mantener un flujo estable de alimentos en esos puestos. Pero el Estado aprende, y aprende rápido. En 2011, viendo el disparo de los precios del petróleo -que siempre provoca el disparo de los precios de los alimentos- está actuando controlando la exportación de frijol rojo, poniéndole trabas a la exportación que hacemos de ese producto a El Salvador, a Costa Rica y a Honduras, para garantizar que haya suficiente cantidad de frijoles en el país y mantener los precios estables. Si permitieran la exportación subirían los precios. Sin embargo, esta medida es coyuntural y aún no da las respuestas que demandan los problemas estructurales del sector rural.

Hemos visto que el sector agropecuario, a pesar de tener tantas restricciones estructurales en contra, es el principal sector productivo en cuando a exportaciones y empleos. Las estadísticas nos dicen también que el sector industrial no ha funcionado como se esperaba, y que lo más importante del sector servicios está en manos extranjeras y que la ocupación en este sector es bastante frágil, porque la mayoría de los empleos son parciales y/o entran en el rango del subempleo. Ante estas evidencias, ¿cómo no considerar que para que el sector agrícola pueda crecer al ritmo que nos permita, al menos, garantizar el empleo rural hace falta decidir algunas políticas por “muy complicadas” que éstas sean?

Otro problema estructural que demuestran los datos del INIDE y que constituye una seria limitante al desarrollo del sector agropecuario, y que también es parte de la agenda olvidada en las políticas públicas para este sector, es la desigualdad en el acceso a la tierra. Nicaragua es uno de los países con mayores niveles de inequidad en el acceso a la tierra. Esto es grave, porque creemos firmemente en el planteamiento que afirma que “mientras no cambiemos la estructura de tenencia de la tierra no habrá reducción sostenible de la pobreza rural”. Hemos hecho muchas encuestas y todas nos indican que existe una relación directa entre la cantidad de tierra que tiene la gente para producir y los ingresos de los que dispone.

Según el censo agropecuario de 2001, el 75% de los productores son pequeños propietarios que acceden únicamente al 20% de la tierra en explotación. El 10% son productores grandes y controlan el 40% de la tierra y el 15% son medianos y son dueños del otro 40%. En estos números hay una estadística olvidada que es la de los sin tierra. ¿Cuántos son? El gobierno lo sabe, pero nunca publica esa estadística, nunca expone cuánta es la población rural que no tiene tierra.

Según el censo de 2001 la estructura de tenencia de la tierra ya en ese año estaba muy cercana a la de los tiempos del somocismo en 1971. Estamos esperando que los datos del censo agropecuario que se está levantando en 2011 demuestren una situación aún más inequitativa que la de 1971. Ya con el censo del 2001 comenzamos a hablar de una “contra-reforma agraria”. Ahora, con el nuevo censo, se demostrará un nivel aún mayor de concentración de las tierras en menos manos. Esta realidad no la están teniendo en cuenta las políticas públicas. Es un punto central en la agenda olvidada.

Hay gran cantidad de jóvenes que necesitan empleo y no tenemos ningún sector, que no sea el de la agricultura, que los pueda incluir y se los pueda proporcionar. Y a la vez, tenemos una alta concentración de la tierra en el sector agrícola, ya que el 25% de los propietarios son dueños del 80% de la tierra. Y para pintar aún más grave la situación, nos estamos “comiendo” las zonas de reserva biológica. Quien viaje a Bosawás comprobará que toda la zona de amortiguamiento de esa reserva, la mayor de Nicaragua y de Centroamérica, ya está convertida en un gran potrero. En los años 60 creíamos ilusamente que podríamos seguir avanzando en tierras agrícolas hacia el Caribe, pero ya no podemos seguir. Éstos son temas estructurales que afectan gravemente a la agricultura, pero a la vez son temas espinosos que no se quieren abordar en las políticas públicas.

Sobre la cantidad de población rural que carece de tierras, hemos preguntado directamente al INIDE, pero no nos han dado una respuesta. Sin cifras exactas, podemos hacer un cálculo: el censo agrario de 2001 indica que hay 200 mil familias productoras rurales en el país y el censo poblacional dice que hay 431,500 hogares rurales. ¿En la diferencia entre ambas cifras encontramos a los sin tierra? La posición oficial del INIDE es que no, que ese cálculo no es válido. Sin embargo, es muy probable que la cantidad de los sin tierra ande por los 200-215 mil hogares, lo cual es bastante cercano a lo que hemos encontrado en nuestras encuestas de barrido comarcal, en donde el 45-50% de la población encuestada carece de tierras.

Éste es un importante problema estructural pendiente: ¿Qué estamos haciendo por la población rural sin tierra? Estamos hablando nada menos que de un millón de personas que viven en áreas rurales y que no tienen tierra para producir. ¿Qué hacemos para que puedan producir, para que puedan tener empleo, para que tengan alimentos producidos con sus manos? Aún no hay ninguna respuesta para este enorme desafío estructural.

Sé que hay serias alergias cuando se habla de una reforma agraria. Y uno de los principales argumentos que las provocan es que hay una cantidad de precaristas que recibieron tierras y las han vendido generando un negocio con las tierras.

Creo que hay algunas lecciones de la reforma agraria de los años 80 y de la contra-reforma agraria de los años 90 que vale la pena examinar. En los años de mayor contra-reforma agraria, 1994, 1995 y 1996, pudimos comprobar que las comunidades que conservaron las tierras que recibieron fueron las que disponían de agua para producir granos, mientras que los hogares que quedaron con tierras ganaderas, que requieren de cierta inversión de capital para producir, terminaban vendiendo la tierra porque no podían hacer esa inversión. Esto nos indica que el acceso a la tierra es importante, pero que no basta con tener tierra. Que vendan o que no vendan las tierras depende mucho de la calidad de esa tierra para producir cultivos y del acceso a servicios tecnológicos y financieros para explotarlas. Nosotros en Nitlapan hemos identificado un tipo de hogar que denominamos “campesino pobre con tierra”. Son campesinos con 50 manzanas, de las cuales sólo 2 son aptas para la producción de granos, y al ser productores sin acceso a servicios financieros adaptados a su condición, su economía y su vida se limitan a funcionar con lo que producen sólo 2 manzanas. El resto de la tierra o la alquilan para ganado o la tienen sin producir nada, por no poder invertir en ganadería. Así, a pesar de tener una importante dotación de tierra, mantienen una economía de subsistencia.

Actualmente hay un proceso interesante de parcelización en La Dalia, donde la gente está dedicando tierra para el cultivo de granos básicos y tierra para el café, pero el café está en tan mal estado que tendrían que hacer una buena inversión para poder ponerlo al día. En esta situación, es seguro que algunos venderán la tierra del café por falta de dinero para la inversión y conservarán la tierra para granos básicos. Son las complejidades que se derivaron de la reforma agraria de los años 80.

Que haya gente que viva de agarrar tierra aquí y venderla e irse para otro lado, a buscar tierra en ese otro lado, pasa también porque en Nicaragua no existe un registro claro de a quiénes se les ha beneficiado con tierras. Conozco personalmente a ex-militares a quienes les dieron tierras en el Timal y ahora están reclamando tierras por otros lados. ¿Cómo es posible? La única explicación es que no hay un registro básico de quiénes han sido beneficiados a lo largo de los años por la reforma agraria.

Desde el año 2006 hemos venido proponiendo el impuesto progresivo sobre la tenencia de la tierra, que abre una serie de opciones de políticas. No podemos continuar con el modelo de 10 manzanas de pasto para alimentar una vaca o un novillo. El hecho de que un productor tenga que pagar más por la tierra lo obligaría a hacer un uso eficiente de la tierra o a venderla. Por supuesto, el grupo meta de esta medida sería ese 10% de grandes propietarios de tierra. Una medida así abriría ventanas interesantes: por ejemplo, se puede restar del cálculo de impuestos a aquellas áreas que son de bosques y/o son dejadas para regeneración natural de los bosques. Habría muchas ventajas en una medida así, pero el Estado tendría que actuar contra ese 10% de grandes propietarios, que son un grupo de poder económico y político en el país.

Para un mayor desarrollo agrícola habría también que garantizar el financiamiento a la producción. Desde los años 90, el sector bancario nicaragüense ha priorizado fundamentalmente los créditos al consumo. Ante ese rumbo, y desde entonces, surgieron las microfinancieras para facilitar el acceso al crédito del sector agrícola, considerado “riesgoso y sin garantías reales”. En 2008 las microfinancieras tenían una cartera de créditos de 246 millones de dólares, el 52% (128.6 millones) colocados en la producción agropecuaria. Por comparación: el Banco Produzcamos -un banco de fomento público, creado por el gobierno en 2010 para dar financiamiento al sector rural- se creó con una cartera de 50 millones de dólares. Eso significa que para el año 2008 las microfinancieras movían ya una cartera 2.5 veces mayor. Todo el mundo le dio la bienvenida a la creación del Banco Produzcamos, porque hay suficiente espacio en el sector y mucha necesidad de financiamiento, pero este banco es nuevo, está aplicando serias restricciones al crédito que entrega para evitar la mora y coloca cantidades pequeñas.

Para responder al financiamiento rural está también ahora la cooperativa estatal ALBA CARUNA, que se alimenta con fondos de la cooperación venezolana para otorgar créditos. De acuerdo con información de ASOMIF (Asociación de Microfinancieras de Nicaragua), en 2011 esta cooperativa cuenta con 8 mil 700 millones de córdobas (unos 392 millones de dólares) para colocar, aunque es difícil tener datos exactos de cuántos coloca, cómo los coloca, dónde los coloca y qué niveles de recuperación tiene, porque el gobierno no proporciona información.

Durante años, CARUNA fue una microfinanciera muy pequeña que perteneció a ASOMIF. Tenía un crecimiento muy limitado y capacidades muy limitadas. De pronto, con este gobierno ha tenido una inyección masiva de dinero de la cooperación venezolana. Pero, por su historia institucional, le tiene que estar costando colocar esa enorme cantidad de dinero, un fondo que está por encima del monto histórico más alto que ha tenido ASOMIF, con sus 19 instituciones miembros y 350 mil 400 clientes. Actualmente, ALBA CARUNA financia cooperativas. Y me imagino que financiar como institución de segundo piso a las cooperativas es la vía más eficiente que tiene, porque las cooperativas colocan, monitorean y recuperan los fondos por sus mecanismos propios, lo que le ahorra costos a CARUNA y le permite incrementar su cobertura. La pregunta es si lograrán colocar eficientemente tan gran cantidad de dinero, equivalente a 7.8 veces la cartera del estatal Banco Produzcamos.

En este contexto estructural de financiamiento escaso para el sector rural apareció en 2008 un gran nubarrón, que hoy se cierne sobre la economía rural: el movimiento de los No Pago, después llamado de los Productores del Norte. No hay claridad de la cantidad de productores asociados a este movimiento. Ellos mismos plantean que son más de 13 mil 758 clientes de 67 instituciones financieras, con una deuda de 25 millones de dólares. Inicialmente, la propuesta de este movimiento fue una reestructuración de sus deudas en unas condiciones de pago a 10 años y con una tasa del 8%. El movimiento de los No Pago inició en 2008, su problema no se ha resuelto aún y le han generado al sector rural y al país una crisis muy grave, simpaticemos o no con ellos.

Cuando surgieron los No Pago, la respuesta del gobierno fue ambigua y, por eso, abierta a muchas interpretaciones. Entre ellas, que el gobierno los apoyaba. Los No Pago se tomaron las instalaciones de algunas microfinancieras y dañaron y hasta quemaron algunas como forma de presión. Luego la Asamblea aprobó una ley de moratoria para resolver este problema, pero no sirvió para mucho, pues de 5 mil clientes cubiertos por la ley solo el 7.3% aceptó la reestructuración planteada con las condiciones de la ley.

Después de tres años de tensiones, los efectos del movimiento No Pago han sido muy negativos. Las microfinancieras alcanzaron tasas de mora de más del 20%, algo que no había sucedido en los últimos diez años. Muchas microfinancieras movieron sus créditos hacia el consumo abandonando la producción y en 2010 la cartera agropecuaria se redujo en un 35.8% respecto al 2008. Y lo más grave: al cierre del año 2010 la cartera de crédito de las microfinancieras se había reducido de 246 millones de dólares a 176 millones, una pérdida de 70 millones, lo que ha afectado severamente al sistema de las microfinanzas. Y no sólo eso. Uno de los problemas graves que hoy enfrentan las microfinancieras es que el dinero que reciben para capitalizarse de los financiadores solidarios de Europa llega ya no sólo en menores cantidades, sino a un costo mayor. Ese dinero estaba llegando a Nicaragua con tasas de interés del 7-8%, que es el costo financiero inicial con el que inicia cualquier financiera. A esa tasa se le sumaba el 8% del costo de colocación y la microfinanciera trabajaba con tasas de interés de un 16%. Ahora, el movimiento No Pago convirtió a Nicaragua en un país más riesgoso y las tasas de interés ya son más altas. Por la situación creada por los No Pago, el BID bajó a Nicaragua en el ranking del clima de negocios del puesto 6 al 13 y en el del clima de inversión del puesto 13 al 34.

Hoy, los No Pago han cambiado su demanda y piden que el Estado compre la deuda que tienen con el sector financiero, comprometiéndose ellos a pagarla en una década y a votar por Daniel Ortega en las elecciones de noviembre, montándose así este movimiento en la fiebre electoral. Si el Estado compra la deuda de los No Pago el sector financiero recuperaría su capital, pero se sentaría un negativo precedente para que en las próximas elecciones municipales o en las nacionales apareciera un grupo similar con similares exigencias y presiones.

Ante todos estos problemas, la meta que ha priorizado el partido de gobierno en este período, y seguramente en el próximo si gana las elecciones, es la reducción de la inseguridad alimentaria, como elemento central para la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema. Para cumplir con esa meta ha decidido apostar por programas que ayuden a la gente a mejorar su alimentación, ya sea produciendo granos o accediendo a subsidios alimenticios.

A mejorar la alimentación del sector rural ha dedicado el gobierno sus principales esfuerzos. Y por eso, ha planteado como intervención principal en el sector agrícola en 2011 la distribución de semillas. Para el 2011, la meta es facilitar unos 53 mil 928 quintales de semillas de frijol, maíz y sorgo a 91 mil 600 productores, garantizando la producción de unas 92 mil 300 manzanas de granos.

El gobierno ha hecho mucha inversión en el INTA (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria) para garantizar semillas que puedan producir en tiempos de sequía, teniendo ya en cuenta los efectos del cambio climático. No son semillas genéticamente modificadas, sino semillas híbridas. Hasta el momento, y por lo que se sabe, el INTA no trabaja con transgénicos. También se está planteando el gobierno distribuir alimentos a unas 56 mil personas consideradas especialmente vulnerables (mujeres embarazadas y niños subnutridos) y atender a otras 42 mil 500 personas en la modalidad de entregarles alimentos por trabajo.

En 2011 el gobierno plantea también entregar el bono productivo del programa Hambre Cero a otras 33 mil 300 mujeres, acercándose así a la meta inicial que se propuso: cubrir a 75 mil familias con ese bono, que les permite elevar los niveles de nutrición en proteína animal y vegetal.

Todavía se sigue discutiendo si el programa Hambre Cero producirá un cambio estructural que permita a las familias beneficiarias salir de la pobreza. En el corto plazo, en cuanto reciben el bono, esas familias son capitalizadas porque reciben animales y semillas. La pregunta pendiente es para el mediano plazo: si eso que reciben producirá un cambio estructural. El bono se entrega solamente a mujeres y a familias que tienen tierra. Ante eso, surge de nuevo la pregunta acerca de cuáles son los programas para las miles de familias sin tierra. Y si es que el programa de entrega directa de alimentos se destina a los sin tierra, el Estado tendría que multiplicar esa intervención ya que apenas estaría cubriendo a un 10% de esta población.

El gobierno apuesta a que Hambre Cero producirá un cambio estructural y por eso ha encomendado en 2011 al IDR (Instituto de Desarrollo Rural) la misión de organizar en cooperativas a 10 mil familias beneficiarias de Hambre Cero, que comenzarían ya a mejorar sus ingresos insertándose en cadenas agroindustriales que le darán valor agregado a la producción de granos básicos, de leche, de carne, de cacao, generada por el bono productivo.

El IDR está pasando por un importante cambio institucional. Desde su creación ha sido una institución para administrar todos los proyectos rurales del gobierno. Era conocido como la administradora de la cartera de proyectos de la Presidencia. Ahora, el gobierno le ha confiado al IDR una función específica en el sector rural: dirigir y ejecutar la política de fomento de la agroindustria en el sector rural. Esto representa un cambio muy positivo para esta institución, ya que se le asigna una función concreta con un norte claro en la política pública hacia el sector.

Será todo un reto para el IDR transformar a productoras de subsistencia en productoras integradas a cadenas agroindustriales, principalmente por el grado de dispersión que ha habido en la distribución de los bonos de Hambre Cero. Que el IDR logre establecer agroindustrias con las beneficiarias del bono es sólo una hipótesis bastante arriesgada y sólo en el mediano plazo se podrá saber si funcionó. Nosotros tenemos muchas reservas, porque con la actual tenencia de la tierra de las beneficiarias, sus volúmenes de producción seguirán siendo pequeños y si el financiamiento sigue siendo limitado es muy probable que en el corto plazo no logren una dinámica productiva que justifique una inversión en agroindustria.

Actualmente el Ministerio de Agricultura tiene “en línea” a todas las beneficiarias de Hambre Cero, buscando responder con esta información a la exigencia de transparencia. Lo que no sabemos es si ha existido un sistema de monitoreo constante para valorar cómo han aprovechado el bono las beneficiarias. Monitorear es siempre cuestión de recursos. Durante el gobierno de Enrique Bolaños, el Ministerio de Agricultura fue reducido a la mínima expresión porque se consideró que su objetivo era “pensar la política” y se concluyó que para eso no era necesaria mucha gente. En 2007, con el cambio de gobierno, se le pidió al Ministerio que no sólo pensara, sino que implementara políticas -un paquete enorme y en todo el país-, lo que representó un cambio trascendental. Por eso, los dos años iniciales del Ministerio han sido de muchos ajustes y de muchos dolores de cabeza.

Teniendo en cuenta esta transición, entendemos que el gobierno va a desarrollar a partir de este año 2011 el monitoreo de los resultados de Hambre Cero, encargándole al IDR el objetivo de agregarle valor a los productos del bono. Mucho también va a depender de qué tanto presupuesto tenga el Ministerio, el IDR y el INTA para hacer todo esto. En 2009, cuando hubo que hacer recortes presupuestarios, le quitaron al Ministerio 188 millones 900 mil córdobas y 25 millones 700 mil al IDR, a lo que hay que sumar la no ejecución del Banco de Fomento (50 millones de dólares). Y en el 2010 se le redujeron al IDR 112 millones 590 mil córdobas. Siempre este sector ha estado en la primera línea de los recortes, lo que da una idea de qué escasa prioridad representa el sector rural en las políticas públicas.

Sin duda, garantizar una mejor alimentación a la gente más pobre es un objetivo positivo. Sin embargo, limitarse a este nivel de intervención es atacar los síntomas y no la enfermedad. Si no se resuelven los problemas estructurales se mantendrá la maquinaria que produce pobreza e inequidad en el campo.

El Ministerio de Agricultura sigue siendo una institución clave y, por eso, desde hace unos diez años se ha identificado la necesidad de organizar territorialmente a esta institución y a sus políticas. El actual gobierno ha empezado a generar los gabinetes de producción departamentales, un paso importante, pero esa decisión debe acompañarse con recursos humanos y materiales, y con presupuesto para que los delegados departamentales puedan negociar eficazmente con los actores locales. Hay que romper con el centralismo y el verticalismo de que todo esté en Managua y traspasar funciones a los departamentos. Y no sólo funciones, también presupuesto, porque cuando sólo se traspasan funciones hay desconcentración y lo que necesitamos en Nicaragua es una auténtica descentralización: traspasar juntamente funciones y recursos.

¿Cómo saber si estamos avanzando hacia la meta soñada de un desarrollo rural? Propongo dos indicadores claves a tener en cuenta: el salario rural y la proporción del precio al consumidor que le queda al productor nacional. Aunque depende de los territorios, actualmente el salario rural diario es 30-40 córdobas (entre 1 dólar y medio y menos de 2 dólares). Hay lugares en donde hay más ocupación rural y ganan hasta 50 córdobas.

El profesor Eduardo Baumeister ha estimado que un trabajador rural nicaragüense gana en promedio 2.50 dólares diarios, mientras que en Costa Rica a ese mismo trabajador, haciendo la misma labor e incluso después de haber pagado la seguridad, le quedan 7 dólares. En Costa Rica hay menos fuerza de trabajo rural y el empresario se ve obligado a ofrecer mejores salarios para que haya gente trabajando en sus fincas. Al analizar los flujos migratorios de Nicaragua hacia Costa Rica se observa que casi el 40% de los trabajadores nicas en las plantaciones ticas son de origen urbano, lo que nos permite soñar: si en Nicaragua hubiera buenos salarios rurales, esos nicas se quedarían aquí y habría una migración interna al revés: gente de las áreas urbanas decidiría ir a trabajar a la agricultura.

¿Qué ventajas ha traído el abrir el mercado de Venezuela a los productos nicaragüenses? Ciertamente, esto ayudó
a Nicaragua a resistir mejor la crisis financiera estadounidense. La surfeamos con menos problemas porque teníamos ese mercado alternativo. De hecho, las exportaciones a Estados Unidos han venido bajando, porque El Salvador nos demanda muchos alimentos. Hoy, Honduras, El Salvador y Costa Rica tienen una prioridad importante en nuestra exportación de alimentos. Que estemos exportando a Venezuela no significa que nuestros productores rurales o nuestros trabajadores rurales estén ganando más. Significa, hasta el momento, que el empresario exportador, los grupos económicos que controlan la exportación, los carteles, están ganando más.

Cuando se nos anuncia que Venezuela nos paga un “precio justo” es porque paga un mejor precio por lo que le exportamos. Según reportes del Ministerio de Agricultura, en 2010 Venezuela pagó la carne a $4.075/kg. En 2011 se espera que la pague a $4.45. Pero eso no necesariamente significa que el “precio justo” se transmita al ganadero nacional o al trabajador rural. Esos 40 ó 50 centavos extra que los exportadores reciben por cada kilo de carne exportada a Venezuela no se lo pasan al ganadero nacional. Si pueden, se los quedan íntegros los grandes empresarios industriales, los cuatro dueños de los mataderos exportadores, que dominan monopólicamente la actividad.

Estos grandes empresarios sólo se verán forzados a pagar mejores precios y mejores salarios cuando tengan que buscar trabajadores en un ambiente de mayor gente empleada, cuando nadie les quiera vender su fuerza de trabajo por un bajo salario, cuando nadie les quiera trabajar si no pagan bien. Y cuando haya en nuestro país reglas que impidan los monopolios y los juegos de precios que fomentan los carteles.

Los indicadores clave que propuse para saber si hay una auténtica apuesta al desarrollo rural también aplican para el comercio con Venezuela. Si los productores aumentan su participación en el precio al consumidor y los salarios rurales crecen, eso significará que el sector rural y el país están en una dinámica de desarrollo incluyente. Si ambos índices se mantienen bajos, estancados, está claro que los beneficios los están recibiendo los grupos económicos que concentran la riqueza en nuestro país.

De acuerdo al informe del Banco Central de 2010, el salario real -calculando los salarios del sector agropecuario en córdobas de 1994, se redujo en un 5.6% en 2009, pasando de 912.30 córdobas a 861.4. Es una situación alarmante porque es una cantidad menor al salario agropecuario promedio de 2007 (926 córdobas) y al de 2006 (960 córdobas). Esto nos permite afirmar que con este gobierno no existen tendencias hacia un cambio estructural. Y no las habrá mientras la agenda rural, con los factores clave para la transformación de este sector, central para nuestra economía, se mantenga olvidada.

Imprimir texto

Enviar texto