Elecciones: voto nulo = voto de la lucidez

A punto de abandonar el cargo y en vísperas de las elecciones, el Presidente Álvaro Colom hizo un balance positivo de su gobierno, al que calificó como socialdemócrata. Pero se refirió a un drama estructural aún no resuelto: la desnutrición infantil, que afecta a la mitad de los más pequeños. “Los cambios en Guatemala son casi una ofensa para los que viven de la impunidad, para los que viven sin reforma fiscal, para los narcotraficantes”, dijo Colom, afirmando que él tuvo “la habilidad de juntar en una misma cueva a todos esos especímenes”. ¿Habrá cambios en estos dramas con el resultado de las elecciones?

Juan Hernández Pico, SJ

En “Ensayo sobre la Ceguera” la única persona que no se vuelve ciega es una mujer que, con lucidez, puede descifrar la parábola de Saramago sobre la humanidad. En “Ensayo sobre la lucidez” es ella la que clandestinamente sugiere a toda la población votar en blanco en una elección de alcance nacional. Al final, acaba asesinada. El sistema político no puede aguantar ese desafío, absolutamente lúcido.

En Guatemala, la más inteligente, responsable y lúcida actuación de la sociedad civil sería acudir a las urnas y votar nulo en la elección presidencial. No en blanco, porque cabría la manipulación fraudulenta.

VOTO NULO
CONTRA OTTO PÉREZ MOLINA

El voto por el general en retiro Otto Pérez Molina podría significar el regreso del autoritarismo militarista. Él mismo lo anuncia: “Mi gobierno será con mano dura. Voy a combatir el crimen organizado y toda la violencia con el Ejército… Se crearán estrategias militares para erradicar la violencia desde su raíz y garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos”. Habla incluso de usar fuerzas de tarea (task forces), una táctica militar utilizada por el Ejército contra la guerrilla en los años 80 y 90. Hacerlo hoy contra el crimen organizado, y específicamente contra el narcotráfico, nos puede llevar a una situación de guerra total y brutal como la que está padeciendo México. O retrotraernos a una represión militar indiscriminada como la que documentó la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en 1999, en su informe “Guatemala, Memoria del Silencio”, un texto que Pérez Molina considera equivocado.

El gran problema es que el 55% de la población de Guatemala es menor de 23 años. ¿Han conocido el Informe de la CEH sobre el conflicto armado interno? ¿Ha sido ese informe incorporado en el pensum de la educación nacional, desde la primaria a la universidad?

Otto Pérez Molina lo rechaza porque piensa que “no dice la verdad sobre lo que pasó en el país, porque el Ejército no participó”. Y añade: “Yo fui el principal crítico del Ejército. El Ejército se inhibió y no fue a explicar qué era el Plan Victoria 82”. Afirma también que “las masacres estaban concentradas en el área del EGP, donde esta fuerza guerrillera involucraba hasta a los niños y las mujeres dentro de las acciones y dentro del campo de batalla”.

Sin embargo, y al menos, por la masacre en la aldea Dos Erres -algunos de cuyos autores kaibiles han sido recientemente sentenciados en Guatemala a treinta años de cárcel por cada una de las 200 víctimas a las que asesinaron- no estaba en zona de influencia del EGP, sino en el Petén. Y es difícil entender cómo se podía involucrar a bebés o a fetos -víctimas también de la masacre- en el campo de batalla. Fueron estrellados contra las paredes y los árboles y sacados a cuchilladas del vientre de sus madres. Aunque con el informe de la CEH se debería impugnar “socialmente” la candidatura de Otto Pérez Molina, hay también quienes opinan que por ser Pérez Molina firmante de los acuerdos de paz, sería justo votar por él. ¿No es esto una falacia conociendo su programa?

VOTO NULO
CONTRA SANDRA TORRES

El voto por Sandra Torres, si fuera candidata, significaría aceptar que se puede jugar con las leyes. En su caso, con la prohibición constitucional de presentarse a elección presidencial a los parientes cercanos en línea colateral del actual Presidente (artículo 186, inciso c), y que se puede hacer trampa con algo tan importante como el matrimonio divorciándose del esposo y Presidente unos meses antes de la elección presidencial. Significaría, pura y simplemente, que el fin justifica los medios: “Me estoy divorciando del Presidente, pero me estoy casando con la gente, con el pueblo” ha dicho.

Es cierto que Sandra Torres es la única candidata a la Presidencia de la República que se acuerda de los pobres y presenta programas a su favor. Pero también ha sido muy sospechosa su conducta de no permitir auditorías a esos programas sociales. ¿Para ocultar algo, por ejemplo, la formación, a cuenta de esos programas, de un fondo ilícito para su campaña electoral? Una persona sin escrúpulos no representa ninguna garantía para el desarrollo de las instituciones democráticas que Guatemala necesita con urgencia. Y por eso, tampoco garantiza el futuro de los pobres.

VOTO NULO CONTRA
EL RESTO DE CANDIDATOS

Por desgracia, el resto de candidatos presidenciales o no da la talla o no tienen posibilidad alguna de ser electos. Algunos tal vez pensaban hasta hace poco que el doctor Eduardo Suger era un hombre honesto. Sin embargo, en su hoja de servicios en la USAC hay borrones serios, como por ejemplo inasistencia a impartir clases para poder seguir jugando en las canchas deportivas. Además, su estilo de campaña lo acerca cada vez más al militarismo que no queremos se reproduzca en Guatemala. Por lo que toca a Manuel Baldizón, su actitud tránsfuga en el Congreso -electo diputado bajo la bandera de la UNE y fundador de otra bancada diferente, LIDER- no ayuda a pensar bien de él como Presidente: si puede abandonar el propio partido, qué fácil le será no cumplir sus promesas electorales.

Sobre el candidato Harold Caballeros pesa la sombra del rechazo de su inscripción porque la Constitución no permite a líderes religiosos -sacerdotes y pastores- aspirar a la Presidencia de la República. El Tribunal Supremo Electoral cree que ése es el caso de Caballeros, aunque dejó de ser pastor hace varios años, entregando a su esposa el liderazgo de la Iglesia El Shaddai, fundada por él. El caso no ha sido definitivamente resuelto aún en la Corte Suprema o en la Corte Constitucional.

Me gustaría poder decir que Rigoberta Menchú y su alianza de izquierdas y de políticos indígenas sería una opción atractiva. En El Salvador, la existencia de una contienda entre partidos fuertes de derecha y de izquierda ha dado al electorado oportunidad de diferentes opciones, que representan diferentes maneras de ver el mundo y la sociedad, lo que es profundamente democrático. No es el caso en Guatemala, donde lo más que han alcanzado las candidaturas de la izquierda desde los Acuerdos de Paz de 1996 es un 15% de los votos en la elección del año 2000.

VOTO NULO = VOTO LÚCIDO

Por todo esto, sería importante enviar a la clase política guatemalteca un mensaje lúcido con el voto nulo para todos los candidatos presidenciales. Para que dejen de jugar con el pueblo. Al mismo tiempo, ese voto nulo enviaría a la sociedad civil un mensaje no menos lúcido, invitando a sus miembros a aspirar al poder del Estado si para esa tarea tienen vocación y cualidades, si aspiran a servir a las mayorías y no a servirse del poder codiciosa o narcisistamente. La lucidez es un voto nulo en la presidencial y un voto responsable por aquellos candidatos al Congreso por jurisdicción nacional o departamental y por los candidatos a alcaldías municipales que merezcan confianza. Y si no son confiables seguir votando nulo.

Naturalmente, esta opción de lucidez -que siento como una opción de conciencia- tendría un auténtico peso si fuera la de por lo menos medio millón de votantes. Si fuera sólo la de unos pocos miles se diluiría entre el total de los resultados.

SANDRA: ¿SI O NO?

En los últimos dos meses el panorama electoral cambió radicalmente. El oficial a cargo del Registro para inscripción de candidatos en el Tribunal Supremo Electoral declaró ilegal la inscripción de la candidatura presidencial de Sandra Torres Casanova, porque su intento de superar -divorciándose en abril del Presidente Colom- la incapacidad de correr como candidata presidencial por ser su cónyuge, constituye “fraude de ley”, es decir una trampa ilegítima para sortear el impedimento constitucional. Después, el Tribunal Supremo Electoral ratificó por mayoría el fallo de su oficial de Registro. A pesar de esto, Sandra Torres y toda la coalición UNE-GANA continuaron en campaña. Torres apeló esos dos fallos ante la Corte Suprema de Justicia. El mismo día de la vista, 29 de junio, la Corte Suprema, por 12 votos contra uno rechazó la apelación y dio por válidos los fallos de las autoridades electorales, dejando a Torres nada más que con la apelación de esta sentencia, una petición de amparo en la Corte de Constitucionalidad.

Mucho más honesto habría sido que la coalición UNE-GANA se hubiera presentado a las elecciones presidenciales con un candidato cuyo derecho a la candidatura estuviera fuera de cualquier ilegalidad. Sandra Torres hubiera podido presentar su candidatura al Congreso y hubiera esperado a 2015 para correr para Presidenta, proyectando entonces su interés por las mayorías empobrecidas de Guatemala después de haber trabajado por ellas desde el Congreso. Si lo hubiera hecho así, no habría contado con el apoyo del gobierno. Contar con este apoyo es una de las razones que hace poco atractiva su candidatura a votantes honestos.

LAS ENCUESTAS

Las encuestas, con excepción de alguna, han ido mostrando un ascenso creciente de la candidatura de Pérez Molina y el descenso de la de Sandra Torres. A fin de mayo, la Encuesta Presidencial 2011, contratada por “Prensa Libre” daba a Pérez Molina 36.9% vs. Sandra Torres 17.6%.Según la misma Encuesta de fines de junio: Pérez Molina 42.5% vs Sandra Torres 15.1%. A mitad de julio, Vox Latina: Pérez Molina 40.1% vs. Sandra Torres 15.2%.

En la Encuesta Presidencial de “Prensa Libre”, trabajada a fin de julio: Pérez Molina 37.6% vs. Sandra Torres 17.2%. En esa encuesta, cuando se pregunta “¿Por quién cree usted que nunca votaría?”, un 23.9% responde que por Sandra Torres, un 9.6 % responde que por Otto Pérez Molina, y un 8.3% que por Rigoberta Menchú. El mayor rechazo se dirige, pues, a candidaturas femeninas, por encima de las militares e indígenas.

Sin Sandra Torres en la competencia, una encuesta de Vox Latina mostró que Pérez Molina ganaría las elecciones presidenciales en primera vuelta con un 60% de los votos. Sería la primera vez de un triunfo en primera vuelta desde Arévalo y Arbenz en la década revolucionaria (1945-54). Aunque las filtraciones para la historia indican que también el General Efraín Ríos Montt ganó en 1974 las elecciones presidenciales en primera vuelta como candidato de la Democracia Cristiana y de la Social Democracia, pero le fueron arrebatadas por fraude durante el período del autoritarismo militar, que no permitió triunfos diferentes a los de los candidatos propuestos por el Ejército.

¿ESTADO FALLIDO
O SOCIEDAD FALLANDO?

Las elecciones se celebran por séptima vez desde que se redactó y se aprobó la Constitución de 1985 para transitar desde más de 30 años de gobiernos militares autoritarios -concebidos como de Seguridad Nacional- a gobiernos civiles. Los dos primeros gobiernos civiles estuvieron aún parcialmente bajo la tutela del Ejército, puesto que no había finalizado el conflicto armado interno, aunque ya habían comenzado las conversaciones de paz.

Fue ésta también la situación durante el tercer gobierno civil, brotado constitucional, pero no electoralmente, del intento fracasado de golpe de Estado estilo “fujimorista” del entonces Presidente Jorge Serrano. Al final del primer año del cuarto período presidencial civil se firmaron los Acuerdos de Paz (Alvaro Arzú, 1996). Los Acuerdos de Paz, convertidos en Ley Marco de la República durante el sexto periodo presidencial (Oscar Berger, 2006), constituyeron un auténtico Programa Nacional de Gobierno. Por desgracia, han quedado muy lejos de su cumplimiento, tanto al fracasar en conseguir las reformas constitucionales para hacer de Guatemala un Estado multiétnico, pluricultural y multilingüe, como en el terreno de un auténtico plan de desarrollo agrario y en la oferta de empleo al interior del país capaz de hacer descender la migración al exterior.

Ahora, el Presidente Colom, el séptimo de los presidentes civiles, está haciendo retroceder estos Acuerdos al hacer crecer el techo financiero dedicado al Ejército en el presupuesto nacional, en lugar de seguir aumentando los porcentajes dedicados a salud y educación.

EL MAYOR FRACASO:
LA FALTA DE REFORMA FISCAL

El más importante de los fracasos ha sido, sin lugar a dudas, la incapacidad de todos los gobiernos civiles de alcanzar un pacto fiscal que incluya, tanto una mejor recaudación de los impuestos actuales, como una progresividad de los impuestos a las grandes fortunas y a las empresas más rentables, por ejemplo las azucareras. Y que se base en una administración fuera de sospechas de corrupción e ineficiencia. Se alcanzaría así un aumento de la carga tributaria. Sin una carga tributaria que nos haga cruzar la barrera del 12% del PIB, es imposible un Estado fuerte, capaz de invertir en extender y mejorar la calidad de la educación y de la salud. El 2% de las clases sociales que acumulan los ingresos más elevados han rechazado en forma recalcitrante y persistente el deber solidario de entregar al Estado en impuestos más elevados lo que han ingresado, no sólo gracias a su inteligencia inversora y a la puesta en práctica de sus mejores ideas administrativas y tecnológicas, sino también al trabajo físico y no menos inteligente de los jornaleros, de los obreros, y de los empleados de sus empresas, de los campesinos, de los compatriotas que trabajan por cuenta propia o en la economía informal y de los migrantes y sus remesas.

En un texto importante publicado en julio, “Estado fallido o sociedad fallando”, publicado en “El Periódico”, Edelberto Torres Rivas ofrece esta cifra oficial, que comenta: “En 2005 la remuneración de los asalariados fue del 31.9% y la ganancia del empresariado del 39.1% del PIB. En todos los países esa relación aumenta históricamente a favor de los trabajadores. En 2009, la cuota que recibieron los trabajadores se redujo al 30.6% y la ganancia privada aumentó a 40.7% El salario se redujo en un 1.6%”. Torres Rivas ofrece este dato para apuntalar su opinión de que en Guatemala no es el Estado el fallido, es la sociedad la que está fallando.

LA HISTÓRICA Y LARGA SOMBRA DE LA VIOLENCIA

El contexto en que Guatemala celebra las elecciones es de una tremenda violencia que abruma a la sociedad y que el Estado intenta controlar sin lograrlo. La violencia -que algunas veces se afirma cobra más víctimas diarias que durante la guerra, el 57% personas entre 17 y 30 años- se ha convertido en el tema más invocado del malestar social que domina el país. Esta violencia no es de hoy. Y, al igual que en otros países centroamericanos, está íntimamente vinculada con la pobreza.

La violencia en Guatemala tiene raíces seculares. La Conquista de hace casi 500 años fue violenta e imprimió violencia en las actitudes colectivas de culturas que coexistieron sin fundirse. La era colonial también fue violenta. El historiador Severo Martínez Peláez documentó más de 300 motines de indios en Guatemala hasta el de Patzicía de 1944. Y los hubo por las condiciones de vida insoportables impuestas por los españoles a los indios y a los criollos. En Guatemala sólo ha habido dos “reformas agrarias” legales exitosas. La primera, a través de la encomienda, creó los grandes latifundios coloniales. La segunda, engañando a los indios analfabetas, puso a la venta en una Gaceta inaccesible para ellos las tierras que la Corona les había asegurado. Al final, fueran compradas por los cafetaleros.

Los gobiernos conservadores, y después los reformadores de la era republicana, impusieron violencia a la sociedad. El tomo tercero de la trilogía de la novela histórica de Francisco Pérez de Antón, “El sueño de los justos”, muestra claramente la violencia sobre la que impuso su dictadura “liberal” el general Justo Rufino Barrios (1871-1885). Violentas fueron las dictaduras posteriores de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) y del general Jorge Ubico (1930-1944). Hasta 1945 fue legal el trabajo forzado impuesto a los indios en las fincas y en las obras públicas, y obligatorio su registro en cartillas, sin las cuales no podían transitar con seguridad por el país.

La tercera “reforma agraria”, la que legisló el decreto 900 en tiempos del Presidente Arbenz a favor del campesinado mayoritariamente indígena, fue revertida violentamente por un golpe de Estado que dio inicio a 33 años de gobiernos militares autoritarios inspirados en la Seguridad Nacional y con escuadrones de la muerte. Después de los diez años revolucionarios hubo un partido “de la violencia organizada”, como llamaba Mario Sandoval Alarcón a su propio Movimiento de Liberación Nacional (MLN), un partido de extrema derecha.

Nos horroriza hoy cómo un fanático derechista noruego mata a más de 60 jóvenes para extinguir la semilla del partido laborista noruego, de izquierda. Habrá que recordar los asesinatos múltiples de jóvenes de secundaria y universitarios cometidos en Guatemala en los años 70 y 80 por escuadrones de la muerte y diversas organizaciones policiales. Hay que recordar que hoy el cartel narcotraficante de Los Zetas está integrado por antiguos soldados guatemaltecos kaibiles, unidos a militares y policías mexicanos.

Son profundas las raíces de la violencia, entintadas también de racismo. Porque lo que hace que culturalmente sea mirada como justificable la opresión y la enorme desigualdad en Guatemala es probablemente el racismo, que divide a los seres humanos en superiores e inferiores.

LA CONEXIÓN DE LA VIOLENCIA CON LA POBREZA

También está la pobreza, que provoca que el 49% de la infancia guatemalteca esté malnutrida. Eso es violencia. La falta de empleo digno, que empuja a la migración, enfrentando la amenaza aterradora de “la Bestia” -el tren donde se amontonan tantos migrantes del que no pocos caen y terminan lisiados-, de los ataques de la policía mexicana y de los narcos, y de los riesgos del desierto de Arizona, es violencia.

Es también violencia la economía del suelo, que obliga a vivir a mucha gente en 20 metros cuadrados techados con láminas de zinc hirvientes, en asentamientos urbanos o en ranchos insalubres en no pocas fincas de la bocacosta y la costa. Es precisamente ahí, en los asentamientos hacinados de las ciudades y en los ranchos de la Guatemala profunda donde pululan las maras: jóvenes sin padres, que ven salir de sus casas a sus madres en la madrugada para trabajar diez o doce horas en la economía informal y las ven regresar cansadas e irritables.

Es violencia seguir acumulando tierras urbanas para venderlas con plusvalía creciente a malls, a torres de apartamentos o a repartos exclusivos, mientras esos terrenos podrían ser habilitados socialmente para miles de familias empobrecidas en multifamiliares dignos.

Es violencia que Guatemala tenga un índice de Gini -indicador de la desigualdad- que coloca a nuestro país entre los cuatro o cinco más desiguales del mundo. La violencia no es de hoy. Y para afrontar todas estas desgracias nacionales no serviría la estrategia de la “mano dura” de Pérez Molina.

EL COMPLEJO CAMINO
HACIA UNA SOLUCIÓN

Si no se quiere resucitar la guerra en Guatemala, no se puede poner toda la receta contra la violencia en el Ejército. Bastante sería con que el Ejército fuera desplegado eficaz y eficientemente a lo largo de las fronteras del país y en sus costas, así como en sus cielos, para tratar de impedir la infiltración del crimen organizado con sus diferentes tráficos, de drogas, de armas, de niños, de mujeres, de dinero y de múltiples contrabandos. Eso sería actualizar y poner al día la tarea tradicional y constitucionalmente encomendada principalmente al Ejército: defender las fronteras de la patria.

La violencia requiere ser combatida con una Policía Nacional Civil reformada, con salarios dignos, con academias de policía de alta calidad y con la depuración insoslayable de los elementos corruptos. La violencia requiere también ser combatida con un organismo judicial depurado, donde se luche contra la corrupción y se haga justicia rápida y equitativa. La violencia requiere ser combatida con un Ministerio Público depurado y trabajando durante muchos años a la altura de la dura tarea que le espera. Tanto la investigación rápida del asesinato de Facundo Cabral, como la reacción profundamente conmovida de la sociedad civil ante este asesinato, muestran fundamentos necesarios para afrontar con resultados la violencia.

La violencia requiere ser combatida con abogados penalistas y abogados defensores bien formados e impenetrables por la corrupción. También se requieren instituciones de rehabilitación juvenil liberadas del sadismo que las ha distinguido, con posibilidades de alcanzar en ellas grados académicos y técnicos para oficios bien remunerados.

Requiere ser combatida con instituciones penales donde se luche contra la corrupción de los alcaides y de los guardianes, donde los que esperan juicio o los que han sido ya sentenciados no vivan en condiciones inhumanas, ni se permita tampoco en esas cárceles el florecimiento de células mafiosas o dependientes del crimen organizado. Se requieren instituciones penales que no reproduzcan o empeoren las condiciones de hacinamiento de los asentamientos urbanos marginales. Las cárceles y penitenciarías no pueden seguir siendo ni semilleros del crimen ni gimnasios para guardianes sádicos.

UN PRESUPUESTO ELEVADO
PARA UN ESTADO FUERTE

La violencia requiere ser combatida con un presupuesto estatal específico mucho más elevado que el actual, administrado con mucha mayor eficacia y eficiencia, y proveniente de una carga tributaria bastante mayor. Requiere ser combatida por un Estado competente y éticamente fortalecido, donde se luche por reformar y poner al día el código procesal y el código penal, y donde se persiga a las fuerzas organizadas mafiosas que reclutan en las cárceles.

Nada de esto se puede ni planear ni administrar sin un aumento del presupuesto que exprese la gravedad de los problemas y no sea una consigna para ganar elecciones aprovechándose de la intranquilidad de la población, que teme ser víctima de ella. La narcoeconomía mueve en Guatemala tres veces la cifra del presupuesto nacional. No puede ser contrarrestada con migajas.

Sin aumentar el presupuesto de salud, especialmente el de las embarazadas, no hay lucha eficaz contra la violencia. Sin aumentar el presupuesto para el cuido de niños y niñas hasta 5 años no se disminuirá la tasa de desnutrición infantil. Tampoco se disminuirá sin una redistribución del presupuesto de las familias de clase media y alta, que ayuden a estas tareas del Estado. Sin aumentar el presupuesto de educación hasta llegar al menos a un 7% del PIB y sin formar un magisterio competente, honesto y responsable, no se disminuirá la cantidad de niños y adolescentes que desertan del sistema educativo público. Tampoco, sin un aumento de la solidaridad entre las escuelas y colegios privados de alta calidad con las instituciones educativas públicas.

Y sin aumentar la inversión en la creación de empresas, de empleos bien pagados, sin una transformación radical en la escala de salarios familiares, no disminuirá ni se detendrá el flujo migratorio, que hace de Guatemala exportador neto de personas.

La importancia de soluciones plenamente humanas la descubre también este dato: un 70% de los encuestados está a favor de la “limpieza social”, una forma de acabar con los criminales aún más primitiva y brutal que la pena de muerte. Es cierto que las encuestas de opinión dan como resultado que la gente señala la violencia como su problema principal. Pero eso sucede porque se pregunta por la violencia como un problema aislado y no se pregunta así por la pobreza, sino que se fragmenta esa pregunta: la pobreza, el empleo, el salario, los altos precios, la economía… ¿Qué ocurriría si se fragmentara de igual manera la pregunta por la violencia y se preguntara por los asesinatos, los secuestros, las extorsiones o “renta”, las amenazas, los asaltos, los sobresaltos por la suerte de los parientes o amigos presos, los incendios, los sabotajes…?

EN LA REGIÓN
MÁS VIOLENTA DEL MUNDO

En julio se reunieron en Guatemala los jefes de Estado de los países centroamericanos y los de Belice y Panamá. Álvaro Colom, Presidente de Guatemala fue el anfitrión. Asistieron también los Presidentes de Colombia y México y, durante cuatro horas, la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. El tema fue la lucha contra el narcotráfico y la violencia que produce.

Centroamérica ha sido considerada la región más violenta del mundo, con excepción de zonas donde hay guerra o represión gubernamental (Afganistán, los Grandes Lagos en Congo, Ruanda y Burundi, Darfur en Sudán, Irak, Libia, Siria...). Honduras tiene el récord con 58 asesinatos u homicidios por cada 100 mil habitantes al año. Sigue El Salvador con 52 por 100 mil, y Guatemala con 48. En Nicaragua la tasa es de 12 por 100 mil, probablemente porque desde la revolución del 79 han sido tenidos mucho más en cuenta los problemas de la pobreza y también por diferentes actitudes culturales entre ricos y pobres.

En la reunión se crearon tres mecanismos. Un fondo en el que los países y organismos contribuyentes seleccionarán los proyectos de seguridad que apoyarán con sus recursos. Otro, en el que la selección de proyectos se hará en diálogo entre los países contribuyentes y los centroamericanos. Y un tercero que se ocupará del buen gobierno de los proyectos y de la administración de los recursos.

“QUE LOS POBRES
NO FINANCIEN LA SEGURIDAD”

No hay claridad en los informes sobre el papel que tendrá el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Algunos informan que se ocupará de la coordinación de todo el proyecto. Otros dicen que serán los gobiernos quienes recibirán directamente los fondos para evitar mayor burocracia.

El Banco Mundial ofreció 1,500 millones de dólares y el BID otros 500. Estados Unidos aportará 40 millones, que se añadirán a los 260 ya comprometidos anteriormente. Sin embargo, Clinton lo dijo claro: su gobierno espera que los empresarios y las clases privilegiadas de Centroamérica “deben pagar su parte de los impuestos y convertirse en socios integrales en este esfuerzo que debe ser de la sociedad como un todo. La seguridad no puede ser financiada por los pobres”.

El Comisario de Comercio de la Unión Europea reafirmó esta perspectiva al decir que se necesita “una reforma fiscal en los países centroamericanos para poner a disposición de la seguridad y de la justicia mayores recursos financieros extraídos de los presupuestos nacionales”.

Lo más importante no son tanto los montos financieros para este esfuerzo, sino la idea de que sólo la región centroamericana unida podrá afrontar sus problemas comunes de violencia y de pobreza, sabiendo que vivimos en el corredor del narcotráfico hacia Estados Unidos.

FALTA IMAGINACIÓN POLÍTICA

Sólo una confederación o federación de Estados centroamericanos podría hacer frente a largo plazo a los problemas de seguridad y de distribución de la riqueza que nos acosan. Si trabajáramos como una unidad regional, seríamos el quinto grupo poblacional de América Latina -alrededor de 35 millones de habitantes- después de Brasil, México, Argentina y Colombia y multiplicaríamos la eficacia de nuestras políticas. Pero de Washington nos viene un enfoque militarista de combate a la violencia producida por el crimen organizado, en particular por el narcotráfico, que es acogido con entusiasmo por los círculos de poder de nuestros países. El peligro es que la ayuda contra la violencia se concrete solamente en más y más armamento, como ha sucedido con el Plan Colombia.

Pocos se plantean aún la reducción a largo plazo de la violencia que se produciría si las drogas quedaran liberadas en el mercado y dejaran de ser la mercancía clandestina que hoy son, haciendo subir su precio por las nubes, y aumentándolo a medida que cruzan fronteras. Un kilo de cocaína vale 250 dólares en Colombia, 2,500 en Panamá, 25 mil en la frontera Guatemala-México, y 250 mil en Tijuana. Sin hablar del flujo de lavado de dinero que engrasa, entre otras, la economía de Estados Unidos. ¿No es probable que disminuiría la violencia de los cárteles de la droga si su mercancía los convirtiera en comerciantes legales de bienes que hasta tendrían que pagar impuestos.

Es evidente que con la legalización de las drogas habría que destinar un presupuesto mayor a los males síquicos y físicos creados por el consumo, tal como se destina hoy a contrarrestar el riesgo de conducir autos bajo ingestión de alcohol. Y es probable que la pérdida de ingresos por los precios caídos de las drogas provocaría a corto plazo una violenta lucha agónica.

Lo que muestra que apenas se piense en una medida radical como ésta es la falta de imaginación política y los enormes intereses de la industria del armamento, ese famoso “complejo industrial-militar” que el Presidente Eisenhower, militar retirado, denunció en 1961, poco antes de dejar la Presidencia de Estados Unidos. Más de dos terceras partes de las armas usadas por los narcotraficantes en México y Centroamérica han sido compradas en el sur de Estados Unidos a comerciantes que no preguntan qué uso se les va a dar.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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