Nicaragua
La decisión del P. Fernando Cardenal
La Compañía de Jesús desligó de sus compromisos como jesuita al sacerdote Fernando Cardenal
por estar ocupando el cargo de Ministro de Educación
del gobierno revolucionario de Nicaragua.
Cardenal explica sus razones y sus convicciones.
Equipo Envío
El día 10 de diciembre la Curia General de la Orden de los Jesuitas confirmaba en Roma la noticia dada por "LOsservatore Romano" de que el Padre Fernando Cardenal había sido desligado de sus compromisos jurídicos como religioso jesuita. Con este anuncio culminaba para el actual Ministro de Educación de Nicaragua un largo esfuerzo emprendido desde hacía años para mantener indisolublemente unidos los que él llama los "dos grandes amores" de su vida: "mi fidelidad a la Iglesia como jesuita y sacerdote y mi dedicación al servicio de los pobres de Nicaragua desde la Revolución Popular Sandinista".
Este largo esfuerzo fue compartido por muchos otros hermanos de su orden religiosa. Incluso dos superiores generales y un delegado pontificio intentaron con empeño encontrar soluciones positivas a su caso, aun cuando éstas fueron excepcionales dentro de la actual legislación de la Iglesia Católica. Al final, el Superior de la provincia centroamericana de los jesuitas manifestó públicamente, al conocer la noticia, que "resultó imposible una excepción". Fernando Cardenal hizo valer entonces una objeción de conciencia, por la que decidió continuar en su cargo de Ministro de Educación, siendo por esto desligado de su pertenencia a los jesuitas. Tanto el Superior provincial de los jesuitas centroamericanos como los obispos nicaragüenses Carlos Santi (Matagalpa), Pablo Schmitz (Zelaya), y muchísimos católicos de Nicaragua como innumerables sacerdotes, religiosos y creyentes de todo el mundo han manifestado públicamente su respeto por esta decisión del sacerdote-ministro.
El mismo 10 de diciembre comenzó a difundirse en Nicaragua y en le mundo un texto escrito pro Fernando Cardenal -"Carta a mis amigos"- en el que éste explica detalladamente la trayectoria y circunstancias de su "caso". En su Carta dice Cardenal: "Quien se negó rotundamente a conceder la excepción a los sacerdotes de Nicaragua para seguir trabajando en el Gobierno Revolucionario fue el Papa Juan Pablo Segundo. Me duele esta afirmación pero cristianamente no puedo callarla". La situación de los otros tres sacerdotes nicaragüenses en puestos de gobiernos puede desembocar, al negarse la posibilidad de excepciones, en un problema de conciencia similar al que le ha tocado vivir ya a Fernando Cardenal.
Qué cuestiones de fondo se levantan a propósito de este conflictivo acontecimiento que ha dirigido nuevamente los ojos de creyentes y no creyentes hacia la Iglesia de Nicaragua? Trataremos de apuntar los que nos parecen más fundamentales.
Un largo conflicto y una nueva ley eclesiásticaLos sacerdotes implicados en este conflicto son, con el P. Fernando Cardenal (ministro de educación desde julio de 1984 y anteriormente coordinador Nacional de la cruzada nacional de Alfabetización, Vicecoordinador de la Juventud Sandinista y Vicecoordinador nacional de los comités de Defensa Sandinista), otros tres: Miguel D'Escoto, religiosos de la Congregación Maryknoll y Canciller desde 1979; Ernesto Cardenal, sacerdote diocesano y ministro de Cultura desde 1979 y Edgard Parrales, sacerdote diocesano, embajador de Nicaragua en la OEA desde 1982 y anteriormente ministro de Bienestar Social. Por su condición de sacerdotes diocesanos, Ernesto Cardenal y Parrales dependen directamente de sus obispos (Mons. Pablo Vega, obispo de Juigalpa y Mons. Rubén López, Obispo de Estelí, respectivamente). En el caso de Fernando Cardenal y de Miguel D'Escoto los superiores de sus órdenes religiosas tienen la responsabilidad directa sobre sus casos. Es en uso de su particular responsabilidad que las autoridades jesuitas actuaron en el caso de Fernando Cardenal.
Las tensiones públicas entre los obispos nicaragüenses y estos cuatro sacerdotes se iniciaron en mayo de 1980, muy pocos días después de que se produjera la primera crisis en el gobierno de unidad nacional con la renuncia de Alfonso Robelo (22 de abril). Los obispos pidieron públicamente a los sacerdotes, por medio de un comunicado, que renunciaran a sus cargos porque habían transcurrido ya "las circunstancias de excepción" que habían motivado sus nombramientos. La sugerencia episcopal -que no era conminatoria- motivó la visita de una delegación oficial del gobierno revolucionario al Vaticano. (En ella participó Arturo Cruz, que era entonces uno de los 5 miembros de la junta de Gobierno). En enero de 1981 los sacerdotes tuvieron pláticas con los obispos en relación al caso. Todos estos encuentros y diálogos contribuyeron a la distensión y prolongaron, de hecho, la situación de los sacerdotes dentro de una legalidad incuestionada.
El 1 de junio, inesperadamente, la sugerencia de los obispos a los sacerdotes de mayo de 1980 se transformó en un áspero ultimátum: "Declaramos -decía el comunicado episcopal- que si los sacerdotes que están ocupando puestos públicos y ejerciendo funciones partidistas no dejasen esas responsabilidades cuanto antes para incorporarse totalmente a su específico ministerio sacerdotal, los consideraríamos en actitud de abierta rebeldía y formal desobediencia a al legítima autoridad eclesiástica, expuestos a las sanciones previstas por las leyes de la Iglesia." Este ultimátum causó la crisis de mayor magnitud de las que hasta entonces se habían producido al interior de la Iglesia de Nicaragua, con repercusiones en los más importantes sectores teológicos de Europa y América Latina, donde decenas de teólogos salieron en defensa de los sacerdotes de Nicaragua pidiendo a los obispos que en vez de aplicar sanciones se abriera un proceso de diálogo con los sacerdotes.
Esta crisis motivó nuevamente el envío de otra delegación al Vaticano. Las autoridades vaticanas, encabezadas por el Cardenal Casaroli recomendaron a los obispos una rectificación al ultimátum y sugirieron un acuerdo entre obispos y sacerdotes, al que de hecho se llego entonces: los sacerdotes podrían continuar ejerciendo sus cargos políticos pero renunciando al ejercicio de su ministerio sacerdotal (celebrar misas, administrar sacramentos, etc.) en público y en privado, tanto en Nicaragua como en el extranjero, sin que esta renuncia tuviera carácter de castigo. Este acuerdo al que se llegó a julio de 1981 ha estado vigente hasta el momento en el que el P. Fernando Cardenal se le impuso la disyuntiva de elegir. Durante años, pues, la situación de los cuatro sacerdotes no fue nunca ni de "rebeldía" ni de "desafío" al Papa sino que estuvo enmarcada en una excepción autorizada públicamente, habiendo cumplido los cuatro, escrupulosamente, las condiciones que se les impusieron entonces.
Con la entrada en vigor del nuevo Código de Derecho Canónico (ley fundamental de la Iglesia Católica), promulgado el 27 de noviembre de 1983, resurgió el lema, desde el ángulo legal. Hasta ese momento, la argumentación de los obispos nicaragüenses y de otras personas en contra de la permanencia de los sacerdotes en cargos públicos estuvo siempre basada en el juicio de que las "circunstancias de excepción" o de "emergencia" habían cesado. Desde la aparición del nuevo Código, la argumentación se ha basado siempre en la situación jurídica creada con el nuevo Código. En ambas argumentaciones, no es difícil adivinar, de fondo, un juicio o un propósito respecto al gobierno sandinista.
El canon 285 del nuevo Código establece la prohibición para los sacerdotes de aceptar "aquellos puestos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil". La novedad respecto al código anterior es que no se mencionan posibles excepciones. En este sentido, la ley es más severa y esto se explica que desde diciembre de 1983 haya habido frecuentes insinuaciones del Vaticano y de los obispos nicaragüenses sobre la necesidad de que los sacerdotes cumplan la ley. Sin embargo, ni el Vaticano ni los obispos indicaron nunca de forma explícita al gobierno nicaragüense que el acuerdo de julio de 1981 había perdido vigencia. Esta omisión puede haberse debido a las tensiones acumuladas en las relaciones Iglesia-Estado a lo largo de estos años por muy diversos motivos.
Cuando se habla del caso de los sacerdotes nicaragüenses se habla de las sanciones jurídicas que se aplicarían a los sacerdotes si no deciden renunciar a sus cargos. Sin embargo, todo parece indicar, que el canon 285, en su nueva severidad, no podría aplicarse a D'Escoto, Parrales y Ernesto Cardenal, pues sus nombramientos como ministros son anteriores a la promulgación de la nueva ley y ésta no contempla aplicación retroactiva, a menos que así se expresara (canon 8) y el canon 285 no lo expresa. En cualquier caso, el canon 285 no menciona que tipo de sanción corresponde al que quebrante la prohibición legal. Si los sacerdotes se negaran a abandonar sus cargos nunca podría imponérseles una sanción perpetua y habitualmente no debería imponérseles las sanciones más graves (excomunión, entredicho, reducción al estado laical), pues así lo indica el canon 1349. Es también una realidad -aunque el caso del P. Fernando Cardenal ha venido a despejar dudas- que aun cuando el canon 285 no hable de excepciones, éstas no tendrían por qué haber estado excluidas pues la ley eclesiásticas, según el mismo Juan Pablo II, está subordinada al "primado (de) al fe, (de) la gracia y (de) los carismas... y sobre todo de la caridad" (cfr. Constitución Apostólica Sacrae Discipolinae Legis del 25 de enero de 1983).
El nombramiento en julio de 1984 del P. Fernando Cardenal como Ministro de Educación reavivó la polémica sobre los sacerdotes nicaragüenses. Al darse en un momento de especial tensión entre la Iglesia y el Estado, tras la expulsión de 10 sacerdotes de Nicaragua por las autoridades revolucionarias, cuando casi todos los canales de consulta y diálogo estaban enrarecidos, el nombramiento fue interpretado en el Vaticano como un desafío. Aun cuando el pasado agosto se habló con insistencia de que a finales de ese mes los cuatro sacerdotes tendrían que hacer su opción definitiva, sólo se produjo y sólo hasta este mes de enero de 1985, la separación del P. Fernando Cardenal de la orden jesuita -conservando su sacerdocio-. El 7 de enero Miguel D'Escoto y los hermanos Cardenal fueron ratificados en sus puestos en el nuevo gabinete por el presidente electo, el Cdte. Daniel Ortega, quedando así las puertas abiertas para nuevas polémicas o para definitivas decisiones, en el contexto del nuevo diálogo recién abierto entre Gobierno y Conferencia Episcopal-Nunciatura.
Primera cuestión: qué es ser sacerdote? La Ley y el Espíritu"La sanción contra el sacerdote no es correcta. Su condición de sacerdote es precisamente para beneficio del pueblo y de los pobres, pues él ha estado siempre de nuestro lado, luchando para que no haya guerra, hablando con su pueblo en nombre de Dios". Así se expresó en los periódicos de Nicaragua Manuel Cerda, de 19 años, vendedor en uno de los mercados de Managua, al conocer la decisión jurídica que afectaba al P. Fernando Cardenal. Es una de las muchas expresiones en que el pueblo manifestó su dolor, su desconcierto y su apoyo al que siempre han visto como ministro de Dios y ministro del pueblo.
La esencia del sacerdocio cristiano según la tradición iniciada con Jesús de Nazaret está expresada sencillamente en la frase del vendedor de Managua. El habla de la parcialidad del sacerdote por los pobres, coincidente con la parcialidad de Dios por los oprimidos, que en Jesús pobre y libertador de los pobres, se reveló definitivamente. Habla, sobre todo, del diálogo de Dios con el pueblo, que el sacerdote continúa en su acercamiento servicial a su pueblo. Estos elementos son esenciales al sacerdocio cristiano.
Grandes sectores del pueblo de Nicaragua han visto siempre en Fernando Cardenal a un sacerdote. Dirigente de protestas no violentas en favor de los presos políticos, animador de los jóvenes hacia un compromiso de autenticidad cristiana y revolucionaria, miembro del grupo de los Doce en desafío a la corrupción somocista y en búsqueda de solidaridad internacional con la causa de la revolución, coordinador de la campaña que enseñó a leer a los que no sabían, miembro fundador y del ejecutivo de la juventud sandinista, vicecoordinador de los hombres y mujeres organizados en los comités de defensa de barrios y ciudades y, finalmente, ministro de educación, responsable máximo de la educación de los niños y jóvenes de Nicaragua, Fernando Cardenal fue ensanchado en todas estas tareas los cauces normales por los que discurre el sacerdocio católico en la Iglesia. Y el pueblo fiel así lo vio.
La novedad de los cauces que él abrió creó el conflicto. En el camino de ese ensanchamiento los moldes inevitables de la ley que estructura institucionalmente el sacerdocio católico entraron en crisis con el espíritu de la vocación de este sacerdote católico. Desde la lógica del Evangelio, que es la lógica del espíritu y no la de la ley, los administradores de la ley podrían haber dialogado para permitir lo excepcional, pues es abriendo en ellas excepciones como la ley no obstaculiza al espíritu de la vida, ése que -según decía Jesús- "sopla donde quiere y no se sabe de dónde viene y a dónde lleva" (Juan 3,8).
Hubiera sido importante discernir con seriedad si esta excepción personal cumplía con el espíritu que anima la ley, si se realizaba en Fernando Cardenal la esencia del sacerdocio cristiano y si se realizaba éste según el carisma de la orden jesuita. Parecería que sólo así los que administran la ley en la Iglesia habrían superado la tentación de servir a la ley por si misma sin confrontarla creativamente con la libertad del Evangelio, manteniéndose así más bien -como "administradores de los misteriosos designios de Dios" (I Corintios 4,1).
Para ayudar a este discernimiento hubiera sido muy importante consultar al pueblo nicaragüense creyente que ha sido servido sacerdotalmente por Fernando Cardenal y ha visto en él a un sacerdote. El parecer de la comunidad cristiana comprometida en la opción por los pobres* se ha expresado muchas veces en Nicaragua desde 1981 en forma pública y privada. Ha expresado apoyo, respeto, aprecio, deseos de que por medio del diálogo el espíritu del Evangelio supere la letra de la ley. En ocasión de la decisión jurídica sobre Fernando Cardenal, el pueblo de Nicaragua y el pueblo de Dios en muchos rincones del mundo ha dejado oír nuevamente su voz en este mismo sentido.
La tensión entre la ley y el espíritu, entre la institución tentada de poner un peso excesivo de su identidad en sus leyes y convocada a un evangelio de libertad y de servicio, nos ha dado en Nicaragua y en esta ocasión nuevos elementos para reflexionar sobre el sentido del sacerdocio, sobre su esencia y sobre su destino en el mundo de hoy.
Segunda cuestión: cuál es hoy la misión de la Iglesia Marxismo y cristianismo en Europa y América Latina"Estoy convencido de que nuestra presencia en la Revolución nicaragüense en estos momentos tiene una gran trascendencia, no sólo para este proceso, sino también para todos los procesos de transformación social que se darán en América Latina...
La Santa Sede, en el caso de Nicaragua, se ve aprisionada por concepciones en el campo político a las que ha llegado por traumas producidos por los conflictos de Europa del Este y que nada tienen que ver con la historia del pueblo de Dios en nuestras tierras latinoamericanas y mucho menos con el proceso revolucionario nicaragüense". (Fernando Cardenal. "Carta a mis amigos").
El conflicto que ha vivido el P. Fernando Cardenal tiene todos los rasgos de una auténtica objeción de conciencia, en la que "la íntima conciencia que tiene todo hombre antes Dios" (2 Corintios 4,2) le impide obedecer la aplicación normal y prudente de la ley institucional.
En muchos casos, -también en el del P. Cardenal- la objeción de conciencia adquiere la pretensión de estar juzgando la historia presente y apostando por un futuro nuevo. En su tiempo, los discípulos de Jesús de Nazaret pretendieron que la suerte del pueblo de Israel pasaba por la aceptación de que Dios reivindicaba absolutamente la vida de un artesano asesinado pro los jefes religiosos y políticos. Al defender la causa de Jesús hacían objeción de conciencia a todas las leyes y tradiciones en las que habían sido criados. En su tiempo Tomás Moro pretendió que la suerte de la fe cristiana pasaba por la unidad de las comunidad es con la tradición romana. Al defender sus ideas presentó su objeción de conciencia ante el rey y ante las autoridades religiosas de Inglaterra.
Hoy Fernando Cardenal pretende, al presentar su objeción de conciencia, que la suerte de la Iglesia en América Latina pasa por la unión de cristianos y no creyentes en la apuesta por procesos revolucionarios como el que se está dando en Nicaragua. Se trata de una pretensión audaz en el actual presente histórico y audaz también para un futuro que se avizora tan lejano. Resulta tan audaz como lo fueron en su tiempo la pretensión de que un crucificado fuera la clave religiosa de la historia o de que el corrupto papado romano del Renacimiento fuera, a pesar de todo, la herencia legítima de Pedro, el pescador de Galilea.
Para algunos que hoy tienen autoridad en la Iglesia el fenómeno revolucionario de Nicaragua no es más que otro intento del marxismo-leninismo pro-soviético por ganar una cabeza de playa en el continente americano. El futuro de Nicaragua es leído así como la consolidación de un proyecto totalitario y autoritario. Y cuando Nicaragua reivindica independencia frente a hegemonía norteamericana, esta actitud provoca temor, pues se entiende que cualquier debilitamiento de la hegemonía de los Estados Unidos se traducirá en la disminución de apertura de espacios de libertad, especialmente religiosa, en los países pro-soviéticos de Europa Oriental.
Mientras la inmensa mayoría de las autoridades eclesiásticas reconocen y denuncian la explotación del hombre y el consumismo materialista que caracterizan al sistema capitalista, la mayoría de ellas -por su formación, pro su ubicación ideológica e incluso geográfica- confían mucho en la capacidad del Estado democrático representativo de los países capitalistas para reformar humanamente todas estas explotaciones. A la par, descalifican al "Estado totalitario" -todo el que no se ajusta al modelo de la democracia representativa- desconfiando de su capacidad para humanizar los errores del socialismo. Esta doble medida aplicada a los dos modelos de Estado es altamente discutible. La reacción de la Administración norteamericana frente al borrador de carta pastoral de los obispos sobre la economía capitalista y sus desafíos muestra las incapacidades de reformas humanizantes del sistema. La aparición de la miseria en los países más avanzados de Europa en el actual momento de crisis económica, confirma estas incapacidades.
En los estudios sobre la democracia de la Comisión Trilateral -expresión del capitalismo avanzado de la actual revolución tecnológica- se señala que la democracia representativa está amenazada por los movimientos de participación popular que cuestionan la constitución elitista que tiene el poder en las sociedades industriales avanzadas. Se expresa horror a la democracia participativa, a la que no se le reconoce el ser la base real en que debía sustentarse la democracia representativa ni siquiera tampoco se le reconoce ser su complemento. La historia contemporánea de la Iglesia Católica, especialmente en los países europeos, vincula a muchas de las autoridades a planteamientos similares a éstos.
La adaptación de la Iglesia a situaciones nuevas, profundamente diferentes, la irrupción de la voz del pueblo en los debates eclesiásticos, la construcción de las comunidades con la activa participación de todos sus miembros, las nuevas fórmulas, ritos y servicios en la Iglesia, preocupan profundamente a muchas autoridades eclesiásticas pues ven que todo ello puede traer una peligrosa inestabilidad. Esta desconfianza se corresponde con el temor de las élites políticas frente a la democracia participativa.
También desde este punto de vista la nueva Nicaragua puede ser vista por las autoridades eclesiásticas como un peligro. Y lo mismo que en Estados Unidos se llama "radicales" a los activistas populares que luchan por programas de mayor justicia social, la Iglesia Católica estigmatiza como "Iglesia Popular" a movimientos que surgen en América Latina en busca de una mayor fidelidad a la opción de Dios y de Jesús por los pobres.
La historia del mundo actual -tal vez ha sido siempre así- es profundamente conflictiva. El conflicto Este-Oeste, el que enfrenta a los dos modelos de sociedad del mundo industrial atraviesa la historia que nos ha tocado vivir. La Iglesia Católica, a pesar de saber que en el año 2000 más de la mitad de los católicos vivirán, en América Latina, al margen del mundo industrial avanzado, sigue orientado muchas de sus perspectivas desde una visión eurocéntrica del mundo. Y Europa, bajo el liderazgo de los Estados Unidos -hijos de la civilización europea- piensa la historia del mundo en términos del conflicto Este-Oeste. Es una limitación, pues se trata de un conflicto cuyo eje atraviesa únicamente el hemisferio norte, el de las sociedades muy desarrolladas. Al margen de esta visión queda el conflicto Norte-Sur, el que enfrenta a los pueblos enriquecidos con los empobrecidos. Y este conflicto no sólo tiene matices económicos o políticos.
Este conflicto también es cultural. Si en Europa no se han podido crear hasta ahora caminos de colaboración entre los proyectos socialistas del Este y las visiones religiosas del Oeste, se desconfía de que en América Latina puedan encontrarse esos caminos. Por eso se cierra los ojos a la novedad de Nicaragua y se simplifica o se niega lo nuevo, poniéndole las etiquetas habituales que se usan en Europa: "tácticas marxistas", "persecución religiosa"... El hecho inédito en la historia de cristianos y marxistas unidos en una tarea revolucionaria queda así descalificado como una ingenuidad voluntarista de los cristianos o como el más reciente intento de confundir y engañar de una ideología intrínsecamente perversa.
Todas estas perspectivas políticas, culturales y sociales no toman en serio a los países del tercer mundo, a los que luchan por un real no-alineamiento, por su independencia nacional y su liberación integral. Desde una visión teológica, estas perspectivas olvidan que la Iglesia de Dios es más que la Iglesia Católica o que las Iglesias Cristianas. Que es en "la iglesia" formada por todos los hombres justos -creyentes o no-* en la de todos los grupos humanos que asumen opciones históricas verdaderamente humanas, en donde Dios actúa. Que es en la historia humana -y no sólo en la Iglesia institucionalizada- en donde el Espíritu de Dios y el de Jesús despiertan iniciativas que no son siempre dependientes de que se confiese explícitamente la fe en Dios ni la adhesión a la Iglesia. Es en esa historia en donde la Iglesia está llamada a ser levadura, fermento y sal. Pero sólo lo podrá ser si asume con discernimiento todo lo que de cristiano hay en la historia y que ella no monopoliza.
La tensión entre visiones demasiado europeas del mundo y de la fe y visiones nuevas, latinoamericanas, aparecen detrás del conflicto de los sacerdotes nicaragüenses en cargos de gobierno. Estas tensiones nos abren a importantes preguntas y reflexiones sobre cuál y cómo ha de ser la presencia de la Iglesia en un mundo como el de hoy.
Tercera cuestión: qué es el poder? Dominio o servicio"Nuestra pequeña Nicaragua es casi totalmente indefensa ante el alud de calumnias y manipulaciones noticiosas de toda índole, que pretenden deslegitimarla, denigrarla y justificar así más fácilmente una agresión militar contra ella. La causa del pueblo, la verdad de esta causa, necesita contrarrestar tanto lodo e infamia. Nosotros algo podemos hacer. Por eso seguiremos de pie, firmes, junto al pueblo, en la Revolución, clamando a todos los que quieren oír, con toda la fuerza de nuestra credibilidad sacerdotal y con toda la autoridad moral que tenemos ante nuestros amigos: "No crean las calumnias sobre Nicaragua; cometemos errores al caminar como todos los humanos, pero no como afirman nuestros detractores. Nuestras metas son justas, nobles, bellas y santas". Nicaragua hoy más que nunca necesita testigos calificados de la verdad y justicia de su causa. Y aquí debemos estar.(...)
Somos conscientes de ser casos excepcionales o fronterizos en la práctica legalmente admitida por la Iglesia. No pretendemos que sea nuestro caso un preludio de generalización ni esperamos que en todas las revoluciones que se están gestando en América Latina tengan que ocupar los sacerdotes puestos de Ministros de Estado... Pero al estar en la frontera cumplimos una misión apostólica bien propia del sacerdocio, ejecutando una misión apostólica bien propia del sacerdocio, ejecutando una función de liderazgo, servicio de la fe en medio de un movimiento histórico secular, al que pretendemos ayudar no sólo a no ser antirreligioso ni anticristiano, sino a ser verdaderamente "revolucionario", humano en la Revolución, verdaderamente servidor de los pobres." (Fernando Cardenal. "Carta a mis amigos")
En el siglo XVI, San Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita, prohibió a los jesuitas a aspirar a cargos episcopales o aceptarlos, a menos de que el Papa ordenara lo contrario. A pesar de que su objetivo era purificar a la Iglesia de aquel tiempo, la corrompida Iglesia del Renacimiento, "desde la cabeza", desde la jerarquía, san Ignacio rechazó como misión normal de los jesuitas contribuir a esa reforma "desde arriba" aceptando dignidades jerárquicas. Prefirió la movilidad de una "caballería ligera" para servir de el forma más universal, eficaz y humilde posible.
La eficacia entre los jesuitas la colocó en la capacidad de poder desarrollar servicios importantes sin tener simultáneamente la posibilidad de imponerlos desde la autoridad jerárquica. La eficacia resultaba así proféticamente abierta y audaz, pero crucificada en la tensión con la autoridad, y por ello no pocas veces conflictiva. No quiso San Ignacio hipotecar su celo por la reforma de la Iglesia con una posible confusión de ambición de poder. Veía que el camino de la pobreza, la "locura" frente a los criterios de prestigio social, y el servicio humilde eran el camino de Jesús de Nazaret y podían contribuir a que la misma jerarquía de la Iglesia se sintiera movida al servicio y se defendiera de la tentación del poder.
Cuatro siglos después el teólogo jesuita Karl Rahner, recientemente fallecido, puso en boca de Ignacio de Loyola en una carta-ficción que escribió a los jesuitas de todo el mundo estas palabras: "Obispos como Hélder Cámara bien pueden ustedes ser". Obispos que ejerzan su autoridad desde la causa de los pobres en sus luchas: eso sí podrían ser los jesuitas.
Cuando se habla de los sacerdotes nicaragüenses en puestos de poder político se habla de una realidad que tiene que ser muy bien entendida. El poder político en la Nicaragua revolucionaria está tan lejos del poder político como ha sido ejercido en el mundo eurocéntrico que sólo por medio de una analogía puede entenderse como poder político.
Nicaragua es un país pequeño. Asombra, por eso, ver a este país convertido en foco de atención de los poderes mundiales. Nicaragua no tiene grandes recursos naturales, no posee una tecnología independientemente desarrollada para poder multiplicar sus recursos o transformar los de otros, no tiene tampoco suficiente cantidad de d y mujeres preparados para llevar adelante la inmensa tarea de forjar una nacionalidad, construir las instituciones, administrar los escasos recursos y conducir al pueblo para que esté a la altura de los sacrificios y los desafíos de esta hora, tanto en el interior del país como en los foros internacionales. Nicaragua es un país muy empobrecido, con un atraso de siglos. Hasta hace unas décadas países como Nicaragua no podían aspirar a otra cosa que a ser peones en un sistema mundial de competencias con el que los "grandes" países se disputaban áreas de influencia. Cuando hay un país como Nicaragua quiere dar un cauce político soberano a la dignidad que merece su pueblo, mayoritariamente pobre, su debilidad se hace ostensible en todos los campos pero, a pesar de todo, cada día sobrevive su pretensión: Nicaragua no quiere ser un peón, quiere ser una nación independiente.
Desde esta perspectiva, hablar de poder en Nicaragua es hablar del poder de los débiles, de los humildes en el poder, del poder al que aspiran los pobres para ejercer su derecho a tener un lugar digno bajo el sol. Contribuir en Nicaragua a construir una nación y un pueblo independiente es ejercer el poder político, pero con medios muy limitados, en nada parecidos a los del poder tradicional. Cuando se ejerce así el poder político este ejercicio tiene mayor posibilidad de ser una forma más de la acción por la justicia, una contribución a la fraternidad y la igualdad entre los hombres.
La dinámica misma de esta debilidad en busca de dignidad ha impedido que en estos años se construya en Nicaragua un aparato de Estado fuerte, capaz de aislarse del pueblo sencillo y en vías de endiosamiento. Para el que conoce la realidad nicaragüense es evidente que no existe aquí ni un Estado-fortaleza ni un partido omnisciente ni una policía represiva. El ejército, relativamente armado para la defensa, es inadecuado para ningún proyecto ofensivo. En las zonas de guerra en las que la acción militar de defensa llegó antes de que llegaran o se consolidaran los servicios sociales de la revolución y la organización popular, es en donde sí se han dado abusos de poder y formas de prepotencia que la situación militar facilita.
También en Nicaragua el poder político es una realidad humana contradictoria y ambigua. Pero, a pesar de todos los errores, en el balance global sigue predominando el sacrificio y el servicio sobre el endiosamiento o la prepotencia.
Que un sacerdote jesuita haya participado en este poder político revolucionario ha dependido, evidentemente, de una vocación especial, una vocación de "frontera". Se trata de una vocación difícil pero con una meta importante: fermentar desde dentro todo lo que de cristiano hay en los intentos de poner el poder al servicio de los más pequeños, en las tareas de disminuir la distancia entre gobernantes y gobernados, en los esfuerzos pro frenar las tendencias de dominación que son inseparables del ejercicio del poder. Esta tarea "de frontera" no es nueva para los sacerdotes y para los jesuitas. En muchos países del mundo, son muchos los que en diversas ocasiones históricas han aceptado el riesgo del poder, con su capacidad de bondad y su marca cristiana y también con la palabra y en la construcción de la comunidad de los creyentes no llega a todas las raíces del sacerdocio cristiano.
La ley eclesiástica que prohibe a los sacerdotes ejercer el poder político expresa la experiencia humana del poder de dominación, del poder prepotente. Ha sido esta experiencia la más frecuente, ha sido una de las realidades que más ha degradado a los hombres, ha estado también vinculada a la historia de la misma Iglesia. Sin embargo, el poder puede también ser usado para servir. Y la presencia de cristianos y de hombres honestos en estructuras de poder político, la presencia incluso de sacerdotes en ellas, puede ser camino de aceptación concreta del reto que Jesús lanzó al poder: convertirse de dominación en servicio e ir fomentando relaciones humanas corresponsales, igualitarias y fraternas.
Siempre que la Iglesia reproduce en su estructura las características de un poder opresor, de dominación, tiende a estigmatizar al poder político como un mal absoluto. Se condena al poder "profano" desde el poder "sagrado", y a veces sirviéndonos de aquél. Pero cuando la Iglesia es servidora en sus autoridades entiende mejor que existen caminos de rescate para el poder político. "No lo motiva la pasión política sino su amor por su patria, por su pueblo, por los pobres", dijo en ocasión de la decisión del P. Fernando Cardenal un cristiano nicaragüense. Ahí está la clave. La pasión por los pobres ha de tener cauces políticos, pero es ella el motor. Cuando es así, los peligros del poder pueden entrar en camino de quedar contrarrestados.
Un inesperado fruto del conflicto: el diálogoEl 13 de diciembre, a los pocos días de la noticia de que el Padre Cardenal quedaba desligado de sus obligaciones jurídicas con al Compañía de Jesús, el Obispado de Estelí, ubicado en una de las zonas de guerra del norte de Nicaragua emitió un importante documento en el que se solidarizaba con el dolor de las madres cuyos hijos han sido asesinados por los contrarrevolucionarios y hacia un serio llamado a la paz, por ser la guerra de agresión ésta ha sido la primera declaración pública de una instancia jerárquica de la Iglesia con contenido inequívoco sobre un tema tan trascendental en la vida del país.
El 18 de contenido, el obispo de Matagalpa, Mons. Carlos Santi, mostró también públicamente su desacuerdo con la guerra y con la intervención extranjera que la provoca, afirmando que en la Conferencia Episcopal la mayoría de los obispos estaba a favor de un diálogo con el gobierno. Se mostró también favorable a un diálogo de los obispos con los sacerdotes en el Estado y específicamente con el P. Fernando Cardenal, expresándose elogiosamente sobre el papel que este había desempeñado en la campaña de alfabetización y sobre sus cualidades para el cargo de Ministro de Educación, aunque notó que no era insustituible en ese puesto.
El 20 de diciembre, el obispo auxiliar de la Costa Atlántica, Mons. Pablo Schmitz, empleó la más fuerte caracterización de la guerra de las hechas públicas hasta ahora por los miembros de la jerarquía católica: "No puedo estar de acuerdo -dijo- como cristiano, como capuchino y como sacerdote, con esta guerra entre el imperialismo y el pueblo nicaragüense". Se adhirió a la convocatoria al diálogo con el gobierno expresada por Mons. Santi, pidiendo que se aprovecharan las fiestas de Navidad y pidiendo que se dialogara también de "inmediato" con Fernando Cardenal, el cual -dijo- había desempeñado todas sus tareas, "como cristiano, como jesuita y como sacerdote".
El 24 de diciembre, después de más de un año de ruptura del diálogo, 7 de los 10 obispos de la Conferencia Episcopal
-incluidos su presidente Mons. Pablo Vega y el Arzobispo de Managua, Mons. Miguel Obando y Bravo- se reunieron con el presidente electo, Comandante Daniel Ortega, con el Secretario de la Junta de Gobierno, Rodrigo Reyes y con el Secretario de la Dirección Nacional del FSLN, René Núñez. Ambas partes calificaron el encuentro de "positivo" y decidieron continuar los encuentros a través de comisiones.
Qué ha ocurrido? Después del drama del P. Fernando Cardenal y ante la nueva etapa política abierta con las elecciones, su resultado y el nuevo gobierno, parece abrirse un nuevo período de dialogo en las relaciones Iglesia-Estado. Otros momentos similares, con distensión y dialogo, ha habido ya en el pasado y nunca las conversaciones han tenido el éxito esperado. Pero, es evidente que este momento es especial, desde distintos ángulos.
El acontecimiento electoral del 4 de noviembre, calificado pro "L´Osservatore Romano" como limpio y honesto aunque "imperfecto" ha dado al gobierno sandinista una nueva legitimidad, también ante los obispos y el K. Las declaraciones de algunos obispos pidiendo el diálogo, que siempre había sido propiciado por el gobierno revolucionarios, pueden estar motivadas por esto y por la convicción de que esta distensión es voluntad mayoritaria del pueblo nicaragüense. La ocasión concreta para esta distensión la puede haber dado le doloroso desenlace del caso del P. Fernando Cardenal y el deseo de que éste no enconara más las heridas aún no cerrada.
La actitud serena y recta con al que el P. Cardenal expresó públicamente su objeción de conciencia ha impactado en Nicaragua y en todo el mundo y, sin duda, puede ayudar a abrir puertas en el diálogo iniciado. Sus antiguos superiores jesuitas se han esforzado por testimoniar la autenticidad de esta actitud y por aclarar que su decisión respeto del P. Cardenal de ninguna manera constituye una expresión desautorizante de la revolución nicaragüense. En el marco de diálogo, si éste también se emprende con autenticidad, muchas puertas pueden irse abriendo. El obispo Santi incluso expresó que la situación del P. Cardenal no tenia por que perdurar "hasta la eternidad". Es un deber político fomentar este diálogo. Y es un deber cristiano. Lo exigen las esperanzas de los pobres en América Latina y del Tercer Mundo. Esperanzas que necesitan cauces políticos creativos que hagan posible la vida de las multitudes.
En el caso del P. Fernando Cardenal se resumen varias cuestiones de fondo: la tensión entre la ley y el espíritu al interior de la Iglesia; el modo de presencia que la Iglesia debe de tener en la historia y los retos de inculturación que en ella encuentra; el carácter del poder político, siempre teñido de algunos rasgos de dominación, pero diverso según sea el poder político de los países desarrollados al servicio del actual sistema mundial competitivo y eurocéntrico y el poder político en los países débiles en busca de su dignidad y dentro del eje del conflicto Norte-Sur.
Todos estos problemas -también en el reciente diálogo Iglesia-Estado iniciado en Nicaragua- son problemas que trascienden el drama personal del P. Cardenal pero no son ajenas a él. Han de ser vistos a la luz de las esperanzas de los pobres, que tienen significado político y significado cristiano, sentidos autónomos pero estrechamente enlazados. El dolor que acompaña la decisión del P. Cardenal no es sino una pequeña porción del inmenso dolor con el que el pueblo nicaragüense y los pueblos centroamericanos están abonando cada día los caminos hacia la dignidad y hacia la justicia.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica