Nicaragua
Los dilemas de este invierno
¿Sancionar más o no sancionar? ¿Negociar o no negociar?
¿Participar o no participar? ¿Votar o no votar? Son algunos de los dilemas que enfrenta el gobierno de Estados Unidos,
el gobierno de Ortega, la oposición parlamentaria y la oposición de la sociedad en este nuevo invierno.
Equipo Envío
Los dilemas de la actual coyuntura vienen desarrollándose desde hace meses, no son totalmente nuevos.
A la par de las lluvias del invierno sobrevino el apremio cuando el 11 de mayo la nueva embajadora de Estados Unidos, Phillys Powers, en su primera comparecencia pública en Managua causó sorpresa al advertir que era “muy difícil” que en 2012 Daniel Ortega recibiera de Estados Unidos las dos dispensas (waivers) que Washington concede anualmente: a los gobiernos: una si mantienen transparencia fiscal y otra si indemnizan a estadounidenses con propiedades confiscadas. El primer waiver le fue denegdo a Ortega cuarenta días después.
“NO CABE LA DISPENSA” Daniel Ortega no esperaba que estallara este conflicto con Estados Unidos. Una publicación tan bien informada como “The Economist” tampoco calculaba en mayo que al gobierno de Nicaragua le fueran denegados los waivers. Para todo este nuevo quinquenio, Ortega contaba con mantener su estrecha alianza con el empresariado nacional, reservaría en los bancos parte de los recursos de la cooperación de Chávez en previsión de lo que suceda en Venezuela, y daba por seguro conservar las mejores relaciones con Estados Unidos porque mantenía a raya al narcotráfico y porque cumplía a cabilidad sus compromisos con el Fondo Monetario.
Nada parecía enturbiar ese panorama. El 21 de junio el escenario cambió al materializarse la negativa al primer waiver, el de transparencia fiscal. El gobierno sabía la noticia unos días antes de que la embajadora Powers la hiciera pública en una entrevista en el diario “La Prensa”. La diplomática fue sobria: “En este último año no hemos visto la transparencia necesaria. No cabe la dispensa”.
El portavoz del Departamento de Estado William Ostick fue preciso: “Si bien el gobierno nicaragüense pone su presupuesto a disposición del público, no refleja completamente y con certeza los fondos originados en Venezuela. Además, los fondos públicos no se deben usar para fines partidarios y deben estar siempre sujetos al escrutinio de la Contraloría”. Ostick informó que este año Nicaragua es una de las 28 naciones a las que Estados Unidos le suspende la ayuda bilateral correspondiente al año fiscal 2012 por falta de transparencia en las finanzas públicas tras la evaluación que cada año el Congreso ordena hacer al Departamento de Estado.
El plazo para saber si el otro waiver de la propiedad -que afecta mucho más al país, al gobierno y al empresariado- es concedido o denegado vence en la medianoche del 29 de julio. (Ver un extenso análisis de las afectaciones que tiene para el gobierno el conflicto con Estados Unidos, expresado en los waivers, a partir de la página 12 de este mismo número).
Para evitar la crisis que representaría la denegación del waiver de la propiedad, y superando sus récords anuales, la Procuraduría General de la República “se puso las pilas” y al terminar junio tenía resueltos 65 casos de propiedad de estadounidenses confiscados en los años 80. Pero este año todas las señales y mensajes indicaron que Washington no decidiría ni uno ni otro waiver revisando números o por razones técnicas, sino por razones políticas. Ya la primera sanción llegó. Ahora, el dilema de Estados Unidos es cuánto más sancionar, en qué medida hacerlo.
¿SANCIONAR O NO SANCIONAR?En el conflicto con Nicaragua, ¿qué es prioritario para Estados Unidos? Desde el fraude municipal de 2008 ha habido un continuo deterioro en la percepción que en Washington existe sobre el gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, a pesar de aquel fraude, los dos waivers se le concedieron a Ortega en 2009, 2010 y 2011. En esos años ya había voces en Estados Unidos que exigían apretar más a Ortega por el fraude, en las consideraciones de Estados Unidos, pero pesó más la disposición de Ortega a controlar el narcotráfico. También pesaron las incertidumbres que estaba provocando la crisis económica global en esos años. Sancionar a Nicaragua en esa etapa hubiera causado más migrantes y más problemas en la región.
Ahora las cosas han cambiado. Hay elecciones en Estados Unidos, Obama busca su reelección y su competencia con los republicanos es reñida. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes le reclama al Presidente que no sea “flojo” con Ortega. En 2011 Obama nombró a Jonathan Farrar como embajador en Nicaragua y los republicanos le vetaron el nombramiento considerando “débil” a Farrar. Después de meses de impasse, le aprobaron a Powers, en la confianza de que su posición sería invariablemente firme.
Se escucha que ya existe un acuerdo básico entre demócratas y republicanos sobre qué hacer con Nicaragua y la sanción a través de los waivers estaría dando las primeras señales de en qué consiste el acuerdo.
¿Qué será lo prioritario para Obama: concederle el segundo waiver a Ortega o negárselo? Es dudoso que Obama decida pensando en las compensaciones que cierta cantidad de ciudadanos estadounidenses confiscados puedan o no recibir y anteponga eso a sus propios cálculos políticos.
También puede pesar de nuevo en su decisión el temor a complicar aún más las cosas en la región centroamericana abriendo más crisis en Nicaragua. El presidente saliente del Banco Mundial, Robert Zoellick declaró recientemente que “los días del Presidente Chávez están contados” y que sin los subsidios venezolanos Nicaragua “estará en problemas”. Tal vez para evitarlos mayores, Obama decida darle el segundo waiver a Ortega.
¿GRADUALIDAD O DUREZA?Según algunos análisis, entre ellos el del ex-embajador de Ortega en Estados Unidos, Arturo Cruz, Obama se decidirá por una política “de gradualidad”: no conceder el waiver de transparencia pero sí el de de propiedad, manteniendo después toda la atención sobre lo que ocurra en las elecciones municipales de noviembre. Cruz afirma que una de las condiciones que Estados Unidos espera para dar por aceptables las elecciones es que participe en ellas “una oposición creíble”.
Según otros análisis, Obama podría ser más drástico y negar los dos waivers para ver cómo se comporta Ortega a lo largo del año, incluyendo lo que suceda en las elecciones. Como estaría sancionado sólo por un año, si viera señales de rectificación, le otorgaría de nuevo las dos dispensas en 2013, cuando ya hayan pasado las elecciones en Estados Unidos.
Lo que ya aparece más claro es que, iniciada la confrontación, los waivers podrían convertirse en una presión que saldrá anualmente de la caja de herramientas. También va quedando claro que el desarrollo de las elecciones contribuirá a bajar o no las tensiones. Cuando la embajadora Powers hizo público que la dispensa de la transparencia no cabía este año dijo que, sea que den un waiver y quiten el otro o sea que quiten los dos, su gobierno seguirá con atención las elecciones municipales del 4 de noviembre y estará “pendiente” de que se cumplan las recomendaciones del informe de la OEA, de que haya observación y de que sean transparentes.
“¡ES UNA CANALLADA!”Al conocerse en Nicaragua que el gobierno no había recibido el waiver de la transparencia, las reacciones públicas oficiales fueron escasas, esperando cuál iba a ser la del mandatario. Abordado inesperadamente por los periodistas, el Ministro de Hacienda minimizó el problema y afirmó sonriendo que perder 3 millones de cooperación bilateral estadounidense no significaba mucho para el presupuesto nacional.
El diputado del FSLN Walmaro Gutiérrez, quien preside la comisión económica en la Asamblea, reaccionó airado, argumentando que las buenas notas que el gobierno de Ortega obtiene con el FMI desmienten al gobierno de Estados Unidos: “Hacemos enormes esfuerzos para mantener a este país dentro del marco de los acuerdos con los organismos financieros, que nos dicen que hemos hecho todo correctamente ¿y viene ahora un gobierno extranjero a decirnos que no somos transparentes? ¡Esto es una canallada!”
El diputado del FSLN Jacinto Suárez, quien preside la comisión parlamentaria de relaciones exteriores, dijo: “No estamos preocupados por nada. Ya asumimos la falta de la coo¬peración europea sin problemas”.
“¡CERRAMOS LA LLAVE!”Ortega no esperaba que estallara el conflicto, pero está claro de su gravedad. Su estrategia de respuesta fue doble: ordenar a la PGR que acelerara la resolución de la mayor cantidad de casos de confiscados y desafiar estridentemente a Washington.
El 23 de junio habló el Presidente. Hacía meses que no se expresaba con tanta dureza contra el gobierno de Estados Unidos, a quien calificó como el de “los más grandes estafadores y delincuentes del planeta”. El argumento de Ortega fue similar al de Gutiérrez: aunque Nicaragua aspira a liberarse por fin de “las garras” del Fondo Monetario negocia con ellos y ha recibido “muy buena calificación” del FMI y de los organismos internacionales.
Ortega centró su discurso en dos amenazas dirigidas, tanto a Estados Unidos como a la oposición interna, a la que calificó como “agentes del imperio”. Anunció que como Estados Unidos cortó su cooperación, “cerrará la llave” a todos los programas que Estados Unidos financia en Nicaragua. Y anunció que no haría ningún cambio en el sistema de gobierno que ha instalado: “¡Que se olviden que vamos a tomar decisiones de orden político institucional sometidos al chantaje y a la presión!”
DOS AMENAZAS El “cierre de la llave” en el discurso de Ortega, se concretaría, de concretarse, en cancelar la presencia en Nicaragua de la agencia estadounidense para el desarrollo USAID, que financió hasta 2011 a organizaciones de la sociedad civil en participación ciudadana y capacitación de líderes juveniles. Y que continúa financiando a pequeñas y medianas empresas del sector privado y brinda asistencia a unos 30 mil pequeños y medianos productores agrícolas, además de otros programas de becas, de salud y ambientales. La otra amenaza lleva implícita la advertencia de que no negociará nada con la oposición antes de las próximas elecciones.
Expulsar o no expulsar, negociar o no negociar: ésos son los dilemas del Presidente en esta coyuntura de conflicto con Estados Unidos.
¿EXPULSAR O NO EXPULSAR? La amenaza contra la AID ya planeaba en el aire la noche del discurso de Ortega. El “timing” es sospechoso: un día antes del discurso de Ortega y cuando ya sabía él que no le concedían el waiver de la transparencia, el Consejo Político del ALBA hizo público un documento en el marco de la Conferencia Río+20 con palabras aún más duras que las que se escucharon en Managua.
El texto, suscrito por los cancilleres de Bolivia, Cuba, Ecuador, Dominica, Venezuela, y también Nicaragua -representada en Río+20 por el sacerdote Miguel D´Escoto-, denuncia que la USAID practica acciones de “injerencia abierta” y financia grupos y proyectos “dirigidos a desestabilizar los legítimos gobiernos que no son afines” a los intereses de Estados Unidos, en una “clara y descarada intromisión en los procesos políticos internos de cada nación”.
Afirma que “en la mayoría de los países del ALBA, la USAID a través de sus diferentes organizaciones y fachadas actúa de manera ilegal e impune, sin contar con un marco jurídico para ello y financiando ilegalmente a medios de comunicación, líderes políticos y organizaciones no gubernamentales”.
Acusa a la USAID de promover “toda clase de fundamentalismos para conspirar y limitar las potestades” de los miembros del ALBA y en muchos casos saquear sus recursos naturales. Por todo esto, el Consejo Político del ALBA solicita a los jefes de Estado y gobierno del bloque “la inmediata expulsión en sus países de la USAID”.
¿Qué hará Ortega? ¿Expulsará a la AID antes de que Estados Unidos decida si le da o no el waiver de propiedad? ¿O no lo hará, pero la arremetida contra la AID será la excusa para retomar la ofensiva que dejó pendiente en 2009 contra las ONG nicaragüenses, reciban o no fondos de Estados Unidos?
¿O todo lo que escuchamos habrá sido, como algunos quieren creer, sólo un exabrupto retórico del Presidente para mantener galvani¬zada en las bases del FSLN su imagen de dirigente indoblegable ante las presiones del imperio?
CON UNA NUEVA LEGALIDAD Mientras el Presidente despeja sus dilemas, continuó su curso el proceso electoral municipal. Estas elecciones vienen precedidas por una nueva legalidad electoral aprobada en el Parlamento a toda velocidad para que empezara a regir de inmediato. Por primera vez, los votantes elegirán parejas hombre-mujer o mujer-hombre en todas las alcaldías como resultado de la nueva ley “50-50” que Ortega decidió en marzo en nombre de la equidad de género. Una ley positiva en un país con estructuras políticas tan masculinas, pero promovida en un marco institucional crecientemente viciado.
También por primera vez elegirán a una incrementada cantidad de concejales en todos los municipios, como resultado de la reforma electoral que Ortega decidió en abril en nombre de la “democracia directa” y dando un mínimo paso para demostrar nacional e internacionalmente que tenía voluntad de hacer cambios en el sistema electoral. Una ley positiva porque el sistema de representación en los municipios había quedado obsoleto por el crecimiento poblacional, pero promovida en el marco viciado por el clientelismo electoral que caracteriza al partido de gobierno.
LA PIEL QUE HABITANEn los próximos años tocará observar y analizar más a fondo las ventajas y desventajas concretas de estas dos reformas, que llevarán a decenas de mujeres y a centenares de concejales por primera vez a los gobiernos locales.
Era otra la demanda que se le hacía al gobierno. Desde el fraude electoral de 2011 lo que se le ha solicitado, sugerido, exigido o reclamado es que cambie a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), por ser responsables del fraude y porque ya tienen sus períodos vencidos.
El descubrimiento en mayo de que el magistrado electoral Osuna fabricó una cédula de identidad nicaragüense para el ya famoso narcotraficante costarricense “El Palidejo”, autor intelectual de la muerte de Facundo Cabral, dio pie a pensar a los más optimistas que el caso Osuna sería la oportunidad para que los magistrados renunciaran o la excusa buscada por el propio gobierno para proceder al cambio de las autoridades electorales.
Pero no pasó ni una cosa ni otra. La tenacidad mostrada por el FSLN en no elegir nuevos magistrados y continuar con los mismos hasta las próximas elecciones, a pesar del desprestigio acumulado, demuestra la dureza de su piel política. Más dura aún parece la piel de las autoridades del CSE, a prueba de opinión pública nacional, de imagen internacional, de escándalos de corrupción y del más elemental sentido del decoro y el pudor.
NUEVOS TRUCOS ELECTORALESDespués del escándalo de la narcocé¬dula, el CSE continuó organizando el próximo proceso electoral. Por ley, distribuyó en mayo a las autoridades que presidirán los Consejos Electorales Departamentales (CED) según los resultados de las elecciones de 2011: entre el partido del primer lugar (FSLN) y el del segundo lugar (Alianza PLI).
En el reparto no se respetó la equidad en la alternancia: el FSLN presidirá 9 CED y el PLI presidirá 7 CED, lo que resulta justo. Pero a los 9 CED dirigidos por el FSLN les corresponde una población más numerosa que a los 7 del PLI (2 millones 800 mil vs.1 millón 300 mil). La selección se hizo cuidando mantener esa desproporción. Es un primer truco: a más población más votos, a más votos más control, a más control mejores resultados.
En junio el CSE distribuyó entre el FSLN y el PLI a las autoridades que presidirán los Consejos Electorales Municipales (CEM), instancias fundamentales en el desarrollo de las elecciones. Y ocurrió lo mismo: el FSLN los presidirá en 82 municipios y el PLI en 71, asignándole al FSLN los municipios más poblados y al PLI los menos. Con la misma intención.
Con estas primeras señales numéricas comenzó a evidenciarse que el partido de gobierno no tiene voluntad de transparencia en el proceso y prepara condiciones para ganar…o ganar, como ya anuncian sus voceros, en 140 de las 153 alcaldías del país. Y como si esas mañas fueran aún insuficientes, el CSE estableció una nueva figura en los CED y en los CEM: el “administrador electoral” o “director electoral”, dándole funciones que lo colocan por encima de quienes presiden estas instancias.
Las primeras quejas de los representantes del PLI que quedaron al frente de varios CEM comenzaron a escucharse: aunque son autoridades nombradas y juramentadas, son los administradores los que toman las decisiones y a ellos no les brindan información, no les responden inquietudes, no les asignan tareas, no les dan oficinas, no “les paran bola”…
¿PARTICIPAR O NO PARTICIPAR?En estas condiciones, el dilema de la oposición parlamentaria es participar o no participar en las elecciones. Un dilema que el PLI ya ha anunciado dilucidará hasta en agosto, cuando el calendario electoral fija la fecha para presentar las candidaturas a las alcaldías del país.
El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), integrante de la Alianza PLI, expresó desde abril su negativa a participar en las elecciones si no se cambiaba a todos los magistrados del CSE y si no había reglas claras que aseguraran un proceso justo. Lo ha reiterado a lo largo de estos meses, considerando “un suicidio político” ir a estos comicios sin esas condiciones previas. El 1 de julio lo ratificaron más de 200 de sus dirigentes en la Convención Nacional del partido, que eligió nuevas autoridades.
Fabio Gadea, candidato presidencial de la Alianza PLI, coincide con el MRS. Ya a inicios de mayo expresó: “Personalmente opino que no hay que ir a unas elecciones convocadas por un CSE espurio, ilegal, deshonesto, desprestigiado, aborregado y violador de las leyes. Eso es lo digno”. Gadea ha dicho en varias ocasiones que “es mejor que el FSLN se lo quede todo”, ha emplazado a la Alianza PLI para que no participe, ha dicho que él ni siquiera piensa votar en estas elecciones y mantiene desde hace más de seis meses en la emisora de su propiedad, Radio Corporación, una cuña que se escucha varias veces al día que inicia así: “Nicaragüense, hermano, no participés en otro fraude electoral…”
¿PRINCIPIOS O CARGOS?Quienes sí quieren participar en las elecciones son los del Movimiento Vamos con Eduardo (MVE), y su dirigente Eduardo Montealegre, que no logra disimular que participará, sean cuales sean las condiciones. La posición del MRS y la de Gadea se lo han hecho más difícil a Montealegre.
En esta profunda diferencia al interior de la Alianza PLI se expresan culturas políticas diferentes. El MRS se nutre de la cultura sandinista original, que organiza a sus bases por principios y valores: el valor del servicio público, la honestidad, la lealtad. En la tradición liberal nicaragüense las bases siempre se han organizado en función de los cargos y de las oportunidades y prebendas que se derivan de ellos.
Por otra parte, tanto el MRS como Gadea no tienen mucho que perder si no participan. Gadea tiene 80 años y siente su vida política plenamente cumplida. Y el MRS fue despojado arbitrariamente por el CSE de su personería jurídica desde 2008. El MVE, que la ha “recuperado” ocupando el PLI, la perdería si no participa. Y Eduardo Montealegre aspira a no perderla para ser candidato presidencial en las elecciones de 2015 bajo la bandera del PLI.
EN LOS DOS EXTREMOSLa oposición creíble -la que logró aglutinar Fabio Gadea para las elecciones en la heterogénea Alianza PLI- mostró también sus diferencias en el conflicto de Ortega con Estados Unidos expresado en la crisis de los waivers. Al empresario Eduardo Montealegre le preocupa mucho que a Nicaragua le suspendan los waivers porque sus intereses se verían afectados, como explica en detalle el economista Arturo Grigsby en el siguiene texto de este mismo número. La posición de Montealegre es muy afín a la del COSEP, que fue a cabildear a Estados Unidos a favor de las dispensas.
En el otro extremo, los dirigentes del MRS, también en la Alianza, no entraron a ese debate, y no abanderaron la causa de los waivers. Dora María Téllez comentó, sin ambages, las razones que hacen inútil e inapropiado cualquier cabildeo a favor del waiver: “En el lenguaje diplomático de la administración norteamericana se le ha llamado a lo que ha hecho el gobierno “falta de transparencia”, pero en el lenguaje nicaragüense se le llama robadera, robadera de votos y robadera de reales”. Lo que significa que la responsabilidad es de Ortega y que no hay que “sacarle los frijoles del fuego”.
Al capital nicaragüense lo pone muy nervioso el conflicto con Estados Unidos. Intervenciones como la del Presidente Ortega atacando a Estados Unidos después de la denegación del primer waiver los pone a temblar. La relación con Estados Unidos es clave para los grandes empresarios nacionales, muchos incluso con ciudadanía estadounidense. No sería extraño que si ven signos de que la confrontación sube de tono, haya fugas de capitales.
Es en este incierto escenario en donde el banquero Montealegre -quien se siente ya ungido por la élite empresarial y por Estados Unidos como líder de la oposición- tendrá que tomar sus decisiones electorales y justificarlas ante la opinión pública.
¿NEGOCIAR O NO NEGOCIAR?A lo largo de estos meses Montealegre le ha solicitado a Ortega en los más variados lenguajes un diálogo, pero los oídos presidenciales han permanecido sordos. Al comienzo, de su propuesta de diálogo y negociación con el gobierno, Montealegre anunciaba que saldría un resultado tan ambicioso como el de una “refundación institucional”. Con el paso del tiempo ha ido reduciendo sus aspiraciones y parecen bastarle dos o tres cargos de magistrados en el CSE.
Cuando el CSE hizo ganador a Ortega en las elecciones de 2011, él prometió que, aún con la mayoría absoluta del 62% que le dieron, la victoria “no lo haría fachento” y go¬bernaría “para todos”, por consenso. Los diputados del FSLN mantuvieron ese consenso con los del MVE y viceversa hasta ahora. Este mes, a la vez que estallaba la crisis de los waivers, se rompió el consenso parlamentario -también el consenso de Ortega con los empresarios- en ocasión de las características discrecionales y violatorias de derechos civiles impuestas por el FSLN a la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero. (Ver noticia al margen).
En este contexto, no se ven señales de que Ortega esté dispuesto a negociar cambios de magistrados o a elegir autoridades en otros poderes del Estado -60 funcionarios tienen ya sus cargos vencidos- aun cuando hacerlo le conviene para legitimarse.
¿Logrará negociar algo Montealegre antes de las elecciones? ¿O se re¬signará a llevar al PLI a participar en los comicios sin haber conseguido ningún cambio en el sistema electoral, confiando en que si participa ahora algo conseguirá después que se celebren las elecciones?
¿IR O NO IR A LAS ELECCIONES?El dilema del MVE y del PLI tiene varias dimensiones. Debe decidir entre el corto plazo y el mediano plazo, entre correr un riesgo legal y correr un riesgo con sus bases.
Si Montealegre y el PLI deciden ir a las elecciones porque Ortega les concede algún cargo en el CSE les resultará difícil borrar la percepción de que se trató del primer paso de una negociación prebendaria en la que pactaron con Ortega ocupando el lugar que ocupó el PLC de Alemán y reeditando el tradicional “zancudismo”: hacer alianzas con el poder absoluto a cambio de recibir algunas cuotas de las manos del poderoso.
Si deciden participar sin que haya habido ningún cambio previo “se quemarían” ante buena parte de la opinión pública -incluida parte de sus simpatizantes-, pero seguramente conseguirían ganar algunas alcaldías -¿las que queden de las 140 que el FSLN ya da por ganadas?-, conseguirían también un cierto número de concejales en prácticamente todas las alcaldías -con tal profusión de concejales a elegir este año eso estaría asegurado- y esos logros, por mínimos que sean, les permitirían mantener activas sus estructuras locales y conservar el espacio legal de “segunda fuerza” ratificando como líder de la oposición a Montealegre, quien contaría con esa plataforma para competir con el FSLN como candidato presidencial en 2016, lo que constituye su objetivo prioritario.
¿NO IR O IR A LAS ELECCIONES?Si el PLI decidiera no ir a las elecciones perdería su personería jurídica. La ley lo establece así: a quien no juega lo sacan del juego. Ese gesto radical y de principios lo “dignificaría” ante buena parte de la opinión pública y ante parte de sus simpatizantes. Pero, sin duda, no faltarán reclamos de líderes departamentales y municipales, que aspiran a algún cargo edilicio bajo la bandera del PLI y que quieren competir, porque esas estructuras se mantienen vivas cuando existe una intermediación de cargos y prebendas. Los decepcionados y desactivados podrían pasar a engrosar las listas de otros partidos que les asegurarían esos cargos y sus correspondientes prebendas.
Sin ir, el PLI se arriesgaría a perder esas bases, desactivaría sus redes locales y el tendido electoral que construyó hace un año con dificultades. Y arriesgaría algo aún más estratégico: sin ir le dejaría el campo libre al PLC, que se nutriría de esas bases decepcionadas y ocuparía raudamente el lugar de “segunda fuerza” y de “única oposición”. El PLC ya anunció que sí participará en las elecciones.
Conscientes de los trucos que el CSE ya está poniendo en el camino electoral, Eliseo Núñez Morales, dirigente del MVE, justifica la participación en las elecciones argumentando que el PLI no puede perder la oportunidad de construir una “plataforma de protesta” ocupando cada acto de campaña electoral para denunciar el actual sistema electoral y para proyectar políticamente a los dirigentes y a las estructuras locales del PLI.
Esa plataforma le serviría al PLI para continuar deslegitimando al gobierno. Pero, ¿no sería mayor la deslegitimación si el PLI decide no participar? Una de las condiciones que espera buena parte de la sociedad nicaragüense, la comunidad internacional y Estados Unidos de estas elecciones es que en ellas participe “una oposición creíble”.
¿VOTAR O NO VOTAR? También para la población en los municipios existe el dilema de votar o no votar. En las elecciones presidenciales de noviembre de 2011 todo mundo fue a votar confiando en que iba a elegir. Pero mucha gente fue testigo del fraude. Muchos de quienes votaban por el FSLN sabían lo que ocurría en esa jornada. Unos porque dirigieron y efectuaron las irregularidades y otros porque las vieron y las toleraron. Y muchos de quienes votaban por la Alianza PLI percibieron desde que llegaron a las juntas de votación que algo andaba mal esta vez. Se sintieron burlados: votaron, pero no eligieron, porque no se respetó su elección.
Las elecciones presidenciales tienen una dimensión diferente a la de las municipales, porque a nivel local todos se conocen, todo resula más cercano y por eso se pone más pasión en lo que se acepta, se rechaza o se decide. El fraude dejó heridas abiertas. Es un hecho muy reciente, que aún despierta indignación entre quienes votaron por Gadea en la Alianza PLI. Hay municipios en donde le reclaman al PLI que participe porque quieren “venganza” o sueñan con una nueva medición de fuerzas (“Esta vez no nos la roban”, “Hoy sí nos preparamos”, “Vamos a ver quién puede más”). Esto sucede más en unos 40 municipios de tradición anti-FSLN, gobernados por liberales, que se resisten a entregar sin pelea la alcaldía al FSLN.
Hay otros municipios en donde le exigen al PLI que no participe para que no sea cómplice de un nuevo fraude y se mantenga “limpio”. Y ya adelantan que aunque el PLI participe no votarán, que esta vez no servirán de fiscales del PLI porque no quieren volver a ser estafados ni tomar parte en una farsa. Quienes piensan así bien saben que hacer propaganda por la abstención está tipificado como delito electoral. Saben también que no es delito boicotear las elecciones. Y preparan el boicot.
SIN DILEMAEn el ya acostumbrado imprevisible escenario político de Nicaragua, este racimo de dilemas y cómo se irán resolviendo nos permite hacer una única afirmación: de aquí a las elecciones de noviembre se mantendrá la imprevisibilidad. Para nosotros no hay dilema: continuaremos informando.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica