Saldos de las elecciones

La magnitud y la intensidad de la protesta que siguió a las elecciones se explica por el justificado sentimiento de agravio que sufren importantes sectores de la sociedad mexicana. No se trata de la necedad de un mal perdedor, sino de la resistencia y del rechazo de buena parte de la ciudadanía a la burla organizada contra sus derechos políticos. Estas elecciones abrieron un nuevo ciclo de luchas en la incompleta y aún pendiente democratización de México.

Armando Chaguaceda

El 1 de julio México decidía en elecciones generales la Presidencia del país, para los próximos seis años, la composición del Poder Legislativo federal, con 300 escaños de la Cámara de Diputados mediante voto directo y otros 200 escaños por representación proporcional. Elegía también a 64 senadores por voto directo, 32 por primera minoría y otros 32 por representación proporcional. En las urnas se decidía además la jefatura del gobierno capitalino y algunas gubernaturas. Eran, pues, elecciones de mucha trascendencia.

LOS RESULTADOS

Los resultados del cómputo distrital dados a conocer el 8 de julio por el Instituto Federal Electoral (IFE) fueron: Enrique Peña Nieto (EPN), candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista Méxicano (PVEM) alcanzó el 38.21%, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) obtuvo el 31.59%, Josefina Vázquez Mota, del oficialista Partido Acción Nacional (PAN) el 25,41%. Gabriel Quadri de la Torre, del Partido Nueva Alianza, del gremio magisterial, controlado por la lideresa sindical Elba Esther Gordillo, logró el 2,29%, suficiente para mantener el registro electoral y la controversial presencia de ese partido en la vida política mexicana

El Tribunal Federal Electoral (TRIFE) resolverá en agosto cualquier impugnación contra las elecciones del cuerpo legislativo. Con las cifras definitivas, procederá al cálculo de la composición de las Cámaras alta y baja, según los principios de representación directa y proporcional. A partir de septiembre, lidiará con la tarea de resolver cualquier controversia respecto de la elección presidencial. A finales de septiembre, el IFE recibirá de los partidos y coaliciones sus informes oficiales sobre los gastos de campaña para, con ellos, poder revelar en octubre si hubo alguna irregularidad relevante. A partir de todos estos procesos, el TRIFE podrá validar o anular -antes de noviembre- los comicios federales y expedirá las constancias que legitimen el triunfo de los candidatos ganadores en los distritos y circunscripciones electorales y el del Presidente electo. Podrá entonces notificar al Legislativo que el 1 de diciembre se llevará a cabo el “traspaso de mando” del Ejecutivo Federal.

DIPUTADOS Y SENADORES

Los resultados en el Legislativo anuncian avances importantes del PRI en el Senado y del bloque de izquierdas -conformado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano (MC)- en la Cámara de Diputados. Previsible también un apreciable debilitamiento de la bancada del actual partido gobernante, el PAN, en ambas cámaras.

La Cámara de Diputados, renovada en las elecciones intermedias de 2009, cambia su composición así: la alianza PRI-PVEM desciende de 262 a 240 diputados, el PAN se reduce de 142 a 114 diputados, la alianza PRD-PT-MC crece de 84 a 136 escaños y Nueva Alianza pasa de 8 a 10 diputados. En el Senado, la composición de los electos en 2006 variará: PRI-PVEM aumenta de 41 a 61 senadores, PAN disminuye de 50 a 38, PRD-PT-MC decrece de 33 a 28 senadores y Nueva Alianza obtiene una senaduría.

Se mantiene en las Cámaras la presencia de partidos como el Verde Ecologista y Nueva Alianza, cuyo rol como actores secundarios, pero importantes a la hora de lograr quórums o bloquear reformas, seguirá en la próxima legislatura. Se esfuma el control del Legislativo por el PRI, un escenario anticipado por integrantes de ese partido y por analistas en los meses previos a la elección. Y se produce la derrota de candidaturas impopulares del PRI -y de las demás formaciones- en varias regiones del país. Estos factores obligarán a la alianza encabezada por Peña Nieto a negociar la implementación de las reformas anunciadas, aun cuando también resulta esperable, frente a temas de importante impacto económico, social y político, la concertación de acuerdos parlamentarios con la derecha panista.

APRESURADO AVAL
A ENRIQUE PEÑA NIETO

Calientes aún las urnas, en el país se desató un álgido debate sobre la legalidad y legitimidad de los comicios, a partir de la anunciada victoria de Peña Nieto.

Partidarios de AMLO, en sintonía con diversos movimientos, organizaciones sociales y ciudadanos cuestionaron varios elementos: la validez del triunfo, el desempeño del IFE y la actitud de medios y actores públicos -incluido el Presidente Felipe Calderón y los candidatos derrotados del PAN y Nueva Alianza-, quienes rápidamente aceptaron la victoria del mexiquense sin esperar los cómputos finales, aunque basados en tendencias estadísticas que al filo de la medianoche se presentaban como irreversibles.

Esta cadena de avales, si bien pudo interpretarse como un pronunciamiento colectivo en favor de la democracia, reveló una premura por legitimar el proceso y también es perfectamente interpretable como una estrategia enfilada a desarticular cualquier reclamo inmediato de AMLO, el único oponente con reales posibilidades de disputar la victoria al candidato del partido tricolor.

¿LEGÍTIMAS? ¿LEGALES?

En el análisis de estos acontecimientos, un asunto clave es poder diferenciar el saldo general del proceso electoral-iniciado en 2011- de los resultados concretos de la jornada del 1 de julio. El proceso electoral -que no puede reducirse a la mera institucionalidad, a sus normas y procedimientos- estuvo cargado de irregularidades, que el IFE no acertó a procesar de forma adecuada y eficaz: violaciones de los topes de financiamiento de las campañas -ilícito en el que diversas voces señalan el protagonismo del PRI-, empleo de recursos de instituciones públicas con fines proselitistas -realizado por todos los partidos en donde son gobierno-, campañas sucias o favorables en los medios, etcétera, etc.

La legalidad establecida en el código electoral de 2008 fue formalmente respetada, pero sustancialmente vulnerada, toda vez que el código electoral vigente fue redactado de forma tal que las violaciones a su espíritu no implicaran la descalificación legal de los resultados electorales. Así, el financiamiento ilegal a las campañas -es lo que se señala especialmente a la alianza PRI-PVEM- es sancionado con multas pagables a largo plazo y con facilidades. La compra masiva de espacios en la prensa local de casi todo el país y el exceso -rayano en lo absurdo- de espectaculares bardas pintadas, carteles y todo tipo de publicidad impresa tuvo un costo mayúsculo e inmoral que el IFE ha sido incapaz de monitorear y que la FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) es incapaz de sancionar.

El IFE es una institución notablemente dotada para organizar el proceso electoral, pero pobremente equipada para monitorear los gastos reales de campaña y la cobertura en medios de comunicación estatales y locales y la FEPADE es una institución meramente simbólica, absolutamente inoperante, al igual que las Procuradurías de Justicia.

Todos estos elementos revelan los déficits de la democracia electoral mexicana, en la cual la asimetría entre los contendientes, sustentada en la inequidad en el acceso y en el empleo de los recursos -materiales, propagandísticos, mediáticos-, termina otorgando argumentos a quienes hablan de fraudes pre-electorales y restando legitimidad al ganador de la contienda. Y si bien han sido actores de izquierda y movimientos sociales quienes presentaron las impugnaciones ante las instituciones electorales y la opinión pública, han sido acompañados, aunque de forma más acotada y selectiva, por las críticas de distintos miembros y voceros del PAN, y del propio Presidente de la República.

GRAVES ILÍCITOS,
PERO NO UN FRAUDE

A pesar de todo esto, los comicios del 1 de julio presentaron -según opinión que validan diversos observadores nacionales y extranjeros- un desarrollo técnicamente adecuado, que permite rechazar la idea de un fraude masivo y directo en las urnas y/o en el procesamiento institucional de los votos ciudadanos.

Esto no significa que no se hayan producido graves ilícitos en diversas entidades de la federación, como la presunta entrega de monederos electrónicos y tarjetas telefónicas a cambio de votos, el reparto masivo de regalos, la saturación propagandística y la forma autoritaria en que los empleados públicos fueron obligados a trabajar como operadores electorales en casi todo el país, hechos que numerosos analistas identifican como factor del éxito de la alianza PRI-PVEM y de su candidato.

Además, la estructura burocrática del gobierno federal -dedicada a administrar los subsidios a la pobreza y otros programas sociales- se volcó a la operación electoral en apoyo a la candidata panista, aunque la falta de unidad de mando en la campaña de Vázquez Mota y de compromiso real del Presidente Calderón con su candidata determinaron la baja eficacia de esta operación. Para completar el cuadro, los partidos oportunistas, el Verde y Nueva Alianza, consumaron una operación de confusión y distracción aprovechando la escasa cultura política de algunos sectores de la ciudadanía.

En el fondo, México, experimentó una vulneración a los derechos democráticos, ejecutados a través de una ingeniera electoral centralizada y exhaustiva, que viola flagrantemente los principios político-morales que nutrieron la transición: equidad en la competencia, no intervención del gobierno en el proceso electoral, prohibición del financiamiento privado, libertad del voto, todos ellos ilícitos que ameritan, por su gravedad, investigación y sanción.

RECLAMACIONES JUSTAS

La revelación e impugnación de estos ilícitos no bastaría “técnicamente” para revertir un resultado donde los millones de votos a favor de Peña Nieto serían el resultado combinado de estrategias electoreras tradicionales (compra, acarreo, etc.) y novedosas (prolongada y bien diseñada campaña mediática) articuladas con la preferencia de un sector mayoritario de la ciudadanía deseoso de un “cambio” ante la situación actual que vive el país a partir del repunte de violencia vinculada a la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia promovida por el gobierno de Calderón.

Hay que recordar también que pocos días antes de los comicios los cuatro candidatos firmaron, explícita y ceremonialmente, un Acuerdo de Civilidad, que los comprometía -ante la presencia del consejero presidente del IFE y ante la opinión pública- a aceptar los resultados oficiales que revelara el árbitro electoral. Todo esto hace de cualquier desconocimiento de los resultados -como el que parecía acariciar un sector de la izquierda política y social- como una estrategia poco viable e inútil en términos de legitimidad. No se está, como algunos insisten, en una coyuntura como la de 2006, sino en otra, donde los ilícitos cometidos antes y durante la jornada electoral, aparecen hasta la fecha como elementos materialmente insuficientes para modificar el resultado final.

Lo que en las actuales circunstancias se reveló plausible -y apegado a derecho- para un amplio espectro de actores
y analistas políticos es presentar todas las reclamaciones en torno a las posibles irregularidades cometidas por cualquiera de los candidatos, con pruebas claras y convincentes, a las autoridades correspondientes y a la opinión pública.

Esto, además de ser una prerrogativa inalienable de cualquier candidato, ayudaría a despejar las dudas en relación con la calidad del proceso y con el propio papel jugado por el IFE, aclarando su legitimidad ante la sociedad y la comunidad internacional. Al adoptar AMLO, otros candidatos y los ciudadanos este curso de acción no sólo actuarían de forma absolutamente procedente dentro del orden democrático, sino que, empujarían un proceso de limpieza de la elección, que a la postre podrá resultar beneficioso para la institucionalidad y ciudadanía mexicanas.

PARA QUE NO SE REPITA

En las próximas semanas -y meses- el cruce de acusaciones del PRI al Movimiento Progresista y del Movimiento Progresista y del PAN al PRI, el señalamiento de movimientos sociales a todos los partidos y las acusaciones a asociaciones afines a los partidos, etc., continuarán añadiendo ingredientes al proceso de impugnación legal e institucional. Estarán acompañados de una persistente y creativa estrategia de presión desde la sociedad civil, que sin acudir a violencia física no parece ni dispuesta a callar ni tampoco a repetir la estrategia que en 2006, con la toma de avenidas y plazas, le granjeó la crítica de un sector de la ciudadanía afectado por estas acciones.

Si existe cierto consenso en torno a la validez democrática de la jornada de votaciones no ocurre igual con la necesaria crítica de las fallas sistémicas de la política nacional, que debe amplificarse de aquí a las elecciones venideras -legislativas en 2015- y llevar a que, o se modifican las condiciones y reglas que permiten inequidades entre plataformas y candidatos como las demostradas en esta ocasión -con la complicidad de poderes fácticos-, o habrá que valorar si es posible contender nuevamente dentro de semejante status quo.

Las transformaciones legales e institucionales por acometer no pueden ser en absoluto cosméticas, so pena de que se repitan los reclamos y problemas señalados a lo largo de otro proceso electoral y se impida nuevamente la competencia equitativa de la oposición progresista.

EL DESPERTAR CIUDADANO
Y EL #YO SOY 132

Lo más positivo de esta contienda fue la participación récord de los ciudadanos, que rebasó el 63%, y la movilización a lo largo de todo el proceso electoral de agrupamientos no partidarios, como el #YoSoy132, que despertaron un amplio -y aún inconcluso- debate sobre los marcos y contenidos de la política mexicana.

Si compartimos la idea de que la democracia no se reduce al proceso de votación ni a sus componentes Institucionales, entonces en el balance es preciso reconocer este “despertar de la ciudadanía” y la tímida reconstitución de opciones político-programáticas -hoy más visibles en segmentos progresistas-, en tanto desenlaces derivados, y deseables, del proceso electoral.

En particular, el #YoSoy132 ha dejado claro su posicionamiento en varios temas claves para el futuro de la sociedad y de la democracia mexicanas: la necesidad de una regulación y apertura de los medios más allá del control oligopólico hoy vigente, la defensa de la autonomía de los movimientos ciudadanos frente a cualquier intento de penetración o filiación partidista -válida también para la influencia de formaciones y candidatos de izquierda-, la solidaridad con luchadores y colectividades que sufren y resisten las políticas neoliberales, el repudio a la criminalización de la protesta y la promoción de agendas progresistas (cultura, derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, ecologistas, etc.) dentro del debate y las políticas nacionales. Se trata de un movimiento que seguramente atravesará por redefiniciones, pugnas y conflictos -por incidencia de poderes externos interesados en neutralizarlo y por la heterogeneidad de corrientes en su seno-, pero que ha sabido hasta la fecha mantener la construcción de consensos como mecanismo para dirimir posturas a lo interno y frente a la sociedad, perfilando un sano programa mínimo de nítido contenido antineoliberal, antiautoritario y radicalmente democratizador.

IZQUIERDAS: QUÉ HACER

Con esta elección parecen cerrarse unos ciclos y abrirse otros. Para formaciones políticas como el PAN y para figuras como AMLO concluye una época de protagonismo en el panorama político nacional. Es un hecho que obligaría, en el caso del PAN, a una reconstrucción de la estructura y proyecto partidarios, y en el caso de AMLO a dar paso a nuevos liderazgos al interior de la variopinta alianza de centroizquierda que lo ha sostenido como candidato en 2006 y 2012.

Las izquierdas, particularmente, podrían rearmar su proyecto político, combinando los resultados de una buena gestión -demostrada en sitios emblemáticos como el Distrito Federal- con la capacidad de movilizar a sus partidarios a lo largo y ancho del país, utilizando la figura de AMLO como líder moral y social. Si ahora resulta posible la conformación ad hoc de un bloque de “las derechas” -para usar los términos empleados por Roger Bartra en un lúcido artículo en “El País”-, capaz de impulsar, por la vía de una mayor profundización del neoliberalismo, las reformas trabadas en el sexenio anterior, esto puede repercutir en un empeoramiento de la situación socioeconómica de segmentos de la clase trabajadora y agravar la conflictividad en algunas regiones del país.

Esto pondría a la izquierda política y social ante el desafío de actualizar sus programas y agendas -para incorporar las demandas de los afectados-, así como de elaborar propuestas alternativas de políticas públicas y reformas estructurales en las áreas energética, social, política, tributaria, mediática, etcétera, etc.

QUÉ ESPERAR
DE PEÑA NIETO

En la nueva coyuntura, pese a la retórica democrática de Peña Nieto, es previsible cierta deriva, sin que eso equivalga al imposible regreso del viejo régimen en los escenarios de una sociedad nacional más vibrante y de un mundo globalizado.

Si continúan las políticas de seguridad del actual gobierno y persisten viejas prácticas como el clientelismo, esto afectará el estado de la democracia y los derechos humanos. Los rasgos personales y la magra experiencia de gestión de Peña Nieto, unidos a la tradición priísta parecen augurarlo. La agenda modernizadora que algunos analistas predicen -a partir de la presencia de expertos y criterios tecnocráticos en el equipo y agenda del futuro mandatario- no es equivalente a un proyecto democratizador, como los mexicanos ya aprendieron en los escenarios abiertos desde 1982 hasta hoy.

EL ADN
DE LOS PARTIDOS MEXICANOS

Los partidos políticos atesoran ciertos rasgos que conforman su ADN organizacional. El PRI porta nítidos genes autoritarios y clientelares. El PAN abandera un conservadurismo católico y neoliberal. El PRD hace gala de fragmentación tribal y del dañino personalismo de sus liderazgos. No hablemos de las sombras de los partidos menores, plataformas de intereses familiares y gremiales.

Todos comparten un accionar atravesado por rasgos como la corrupción, la pobreza ideológica y el pragmatismo, unido esto a la precaria regulación pública sobre los poderes fácticos -empresariales y mediáticos-, configurando así un escenario complejo para nuestra democracia.

La cultura política del antiguo régimen autoritario parece ser la dominante dentro de todas las agrupaciones políticas y sus prácticas, delineando los “valores” y nociones sobre los que se construyen las actitudes y rasgos del político (“un político pobre siempre será un pobre político”), y los del ciudadano (“échame una mano, pónme donde hay”), permeando la vida política nacional con sus manifestaciones de clientelismo, corrupción institucionalizada, corporativismo y personalización del poder, entre otros males de grave contenido antidemocrático.

Esto obligará a la ciudadanía activa y a los intelectuales públicos prodemocráticos -en minoría frente a la orquesta de opinólogos sistémicos- a discutir los errores y falencias propias, a rearticular las alianzas y a aprovechar todos los foros posibles para defender los modestos avances logrados en la aún incompleta transición mexicana profundizando a futuro sus contenidos sustantivos.

EMPIEZA UN NUEVO CICLO

La magnitud e intensidad de la protesta postelectoral se explica por el justificado sentimiento de agravio que sufren importantes sectores de la sociedad mexicana. No se trata solamente de la necedad de un mal perdedor, sino de la resistencia de buena parte de la ciudadanía a la burla organizada contra sus derechos políticos. Un nuevo ciclo de luchas por la democratización de México ha empezado ya y tiene un largo camino por delante.

OLVERA: SOCIÓLOGO Y ECONOMISTA. CHAGUACEDA: HISTORIADOR Y POLITÓLOGO. CEBALLOS: SOCIÓLOGO.

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