Nicaragua

Cómo llegamos a estas elecciones “de baja intensidad”

Mauricio Zúñiga, Director Ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), organismo nicaragüense de observación electoral, compartió con Envío valoraciones sobre el clima político y las condiciones en las que se realizarían las elecciones municipales del 4 de noviembre, cinco días antes de la jornada de votaciones, en una charla que transcribimos.

Mauricio Zúñiga

Si me preguntan el nivel de confiabilidad que le doy a las elecciones municipales del 4 de noviembre de 2012 diría que es muy bajo. Y hablo desde el punto de vista técnico. En toda elección es determinante la confianza de los electores en el árbitro, en las autoridades del Consejo Supremo Electoral. El árbitro electoral en Nicaragua no ha actuado de manera justa ni transparente ni apegada a la ley en las últimas dos elecciones. Y su actuación ha generado una crisis
en el país de la que no hemos salido.

Les comento un dato. Según un estudio dirigido por el comunicólogo Guillermo Rothschuh, sobre Periodismo y Elecciones Municipales en 2012, que analizó la agenda de los medios de comunicación -tanto los oficiales, como
los de oposición y los independientes-, entre abril y septiembre, en los seis meses previos a las elecciones, el 80% de las noticias sobre el proceso electoral se refieren al Consejo Supremo Electoral. No se menciona a los electores, a los candidatos, las ofertas electorales, los programas de los candidatos, su trayectoria, sus cualidades. Algo grave pasa cuando una población asiste a un juego de béisbol y en vez de estar pendiente del mejor bateador o del mejor pitcher está pendiente del árbitro. Si en los medios de comunicación quien aparece día a día es el árbitro, el árbitro, el árbitro, es que algo malo está pasando. Y lo que está pasando en este “partido” que son las elecciones municipales es que la gran expectativa no está en los jugadores ni en quién batea más ni en quién es mejor lanzador, sino en el árbitro del juego.

El actual árbitro del juego electoral es producto de nuestra historia reciente. En Nicaragua tenemos un problema no resuelto: hay visiones divergentes entre los grandes actores políticos, que se perciben representando modelos
de sociedad contrapuestos y excluyentes. Actualmente hay dos modelos, uno cuyo portador es el FSLN y otro representado por la oposición. En los últimos 22 años esos dos modelos y sus portadores se han excluido de los espacios políticos e institucionales y cada uno ha tratado de imponer a la sociedad su modelo a costa de cualquier mecanismo, sin que ninguno logre encontrar puntos de coincidencia que posibiliten un consenso nacional en el cual el futuro de Nicaragua se ponga por encima de los intereses de ambos grupos.

Existe una tradición de uso de la fuerza y de medios coercitivos de cooptación para imponerse, sustituyendo el consenso, por la alta desconfianza y la mutua deslegitimación que se da entre nuestra clase política. Esta visión, hasta cierto punto fundamentalista, se ha trasladado a la sociedad y alimenta la polarización, la exclusión y el actuar autoritario de determinados sectores políticos. En esta polarización el que no se alinea con uno o con otro es descalificado o sospechoso de ser un potencial adversario.

En otros países que han tenido conflictos militares, como es el caso de El Salvador, han logrado concertar puntos básicos para garantizar el futuro del país. Han entendido que no pudieron vencerse en el campo militar y han acordado que la vía que usarán para resolver sus contradicciones será la vía electoral y han respetado ese mecanismo. Ese nivel de concertación sobre el modelo de sociedad no se ha logrado en Nicaragua. Y hemos mantenido una especie de guerra de baja intensidad entre dos modelos de sociedad. Y cuando se producen las crisis cíclicas la clase política recurre a los “acuerdos de gobernabilidad” o pactos para remodelar la institucionalidad del país a través de reformas constitucionales que redistribuyen cuotas de poder. Desde 1990 a la fecha se han estado negociando y re-negociando espacios de poder, lo que se ha expresado en crisis cíclicas entre el FSLN y la oposición. En poco más de 150 años de historia republicana hemos tenido 12 Constituciones políticas y cada una de esas Constituciones tiene varias reformas, muchas de ellas para permitir la reelección. La actual Constitución de 1987 tiene ya cuatro reformas, lo que es un reflejo del reacomodo constante de cuotas de poder.

Tenemos una historia marcada por un liderazgo político caudillista y por conflictos, guerras, golpes de Estado y revoluciones. Nuestra sociedad y su clase política no han concretado una responsabilidad histórica que les capacite para modelar un perfil de sociedad con puntos básicos de coincidencia. Lo primero que ubican son las diferencias, los desencuentros. Y ésta es la causa que nos hace estar en la situación de atraso en la que estamos.

La cultura política tradicional del país ha sido que quien gana el poder lo gana todo. Durante los años 80, en el contexto de la guerra, los sectores de oposición fueron reprimidos y no tenían ningún espacio. Después de los acuerdos de Sapoá, contexto en el que comenzó el proceso de paz entre el FSLN y la Contra, se produjeron las elecciones de 1990, en las que el FSLN perdió el gobierno. Después de un conflicto militar, la desconfianza y el antagonismo entre los sectores políticos prevaleció y se incrementó. Hubo paz y se acabó la guerra. Hubo la paz que nace de un desarme y salimos de la guerra, pero la confrontación continuó reflejándose, ahora a la inversa, en el desalojo del FSLN de todas las instancias -a pesar de su derrota electoral, el FSLN había obtenido el 41% de los votos frente al 54% de la oposición-. Se reprodujo de nuevo el esquema de la política tradicional: quien gana el poder gana todo y trata de excluir o aplastar al oponente.

En las elecciones de 1996 el FSLN denunció irregularidades, pero aunque hubo expresiones comprobadas de manejo electoral en contra de ese partido, el amplio margen del ganador (51% el PLC y 37% el FSLN) opacó las denuncias. Aun cuando hubieran sido resueltas las irregularidades no hubieran revertido los resultados. Desde entonces el FSLN percibió que la oposición, que dominaba el Consejo Supremo Electoral, limitaba con maniobras sus posibilidades de recuperar el poder por el mecanismo del voto. La visión del FSLN de que el Consejo era manipulado para impedirle mayor espacio, oscureció el clima político con mayor desconfianza y radicalizó la polarización, a la vez que intensificó la carrera del FSLN por conseguir espacios institucionales por todos los medios posibles. Negociando, el FSLN buscó modificar la correlación de fuerzas y lo fue consiguiendo, manteniéndose la confrontación entre los dos modelos.

En el juego de una democracia tensionada y polarizada, el “premio mayor” era conseguir el Consejo Supremo Electoral. Ocurrió en 1998, estando el PLC en el gobierno, cuando el señor Alemán firmó lo que llamó un acuerdo de gobernabilidad con el señor Ortega, que se tradujo en las reformas constitucionales del año 2000. Por ese acuerdo ambos decidieron establecer cuotas de poder en las instituciones del Estado, de tal manera que, ganara quien ganara, ambas fuerzas políticas conservaran espacios. En las elecciones generales del año 2001 la oposición mantuvo el poder con el 51% de los votos y el FSLN obtuvo el 42%, pero por el acuerdo firmado el FSLN tenía ya asegurados espacios institucionales. No sería esto negativo si los funcionarios nombrados para esos espacios institucionales asumieran un compromiso con la Constitución y la Ley y si sus actuaciones fuesen apegadas a derecho y fortalecieran la institucionalidad. El problema es que existen funcionarios dispuestos a torcer la ley para servir a los intereses del partido que les nombró, enviando un mensaje negativo a la sociedad con actuaciones que irrespetan la ley y las instituciones y debilitan el Estado de Derecho.

La lógica con la que el FSLN y el PLC diseñaron el actual poder electoral fue que la suma de dos parcialidades partidarias generaría una institución imparcial. Esa lógica puede funcionar en países con una cultura democrática sólida y con una institucionalidad política aceptable. Pero en nuestro país este esquema colapsó muy pronto con el rejuego de cuotas de poder y por la existencia de los dos modelos irreconciliables de sociedad que mantiene la clase política. A partir de la reforma constitucional acordada por el señor Alemán y el señor Ortega, el Poder Electoral quedó sujeto al forcejeo por las cuotas de poder, lo que generó una crisis tras otra: en el Consejo Electoral no se hacia quórum, no se reunían los magistrados, no producían acuerdos, funcionaban como bancadas políticas enfrentadas... Al final,
el FSLN resultó ser más hábil, usó mecanismos diversos para subordinar voluntades, usó todo eso que se da en política, hasta terminar dominando el Poder Electoral.

Hoy tenemos un Consejo Supremo Electoral dominado por el FSLN. El árbitro del juego se ha convertido en un jugador, lo que ha provocado una ruptura en los estándares internacionales de cómo debe funcionar una institución que por su naturaleza jurisdiccional -decidir entre lo tuyo y lo mío- debe funcionar con equidad y ser imparcial. Lo que hoy tenemos es como si en la Serie Mundial de Beisbol todos los umpires fueran de los Gigantes de San Francisco y fallaran siempre en contra de los Tigres de Detroit. Y cuando un bateador de los Tigres batea una línea buena el árbitro dice que es foul. Y cuando el lanzamiento del pitcher de los Gigantes es una bola enterrada el árbitro la canta como strike. Eso es lo que hoy ocurre: los árbitros están sesgados hacia uno de los jugadores y en algunos casos hacia dos en contra del resto.

Es necesario que la clase política busque y logre consensos básicos. Y al igual que se ha logrado un consenso en lo económico, deben producirse acuerdos esenciales para restablecer la confianza en el mecanismo electoral y fortalecer la institucionalidad democrática.

La resolución de los conflictos de poder en una sociedad democrática debe darse a través de elecciones que sean limpias, justas y transparentes. En el mundo democrático la vía electoral es el mecanismo privilegiado para elegir autoridades y para renovarlas. Obviamente, no hay un sistema electoral perfecto y en muchas partes se producen irregularidades y fraudes. En Rusia se han señalado de fraudulentas las elecciones. En Florida, todos recordamos el fraude electoral que le dio la Presidencia a George Bush contra Al Gore. Pero, ¿qué pasó después de eso en Estados Unidos? Que los inconformes dijeron: “No es mi Presidente... pero confío en las instituciones y espero que esto no volverá a ocurrir”. La gente siguió confiando y las instituciones y los partidos tomaron medidas para que lo ocurrido no se repitiera.

El problema más grave de un sistema electoral que manipula el voto, que lo manosea y que no revierte las actuaciones ilegales o arbitrarias, que no toma medidas correctivas, es que eso tiene un efecto devastador en la confianza del electorado. Porque en el voto se expresa o se canaliza la mínima cuota de poder soberano que tiene cada ciudadano y cada ciudadana para elegir a sus autoridades. Y cuando ese poder, ejercido con libertad y con conciencia, es manipulado y malversado, la dignidad del ser humano siente en lo más profundo de su ser el atropello, el abuso, la burla. Y su reacción es, luego de la protesta -si es que hay protesta-, la pérdida de credibilidad y de confianza en el sistema.

Desde las elecciones de 1990, y hasta antes de las elecciones de 2008, en el IPADE habíamos venido documentando que Nicaragua celebraba elecciones con estándares internacionales más que aceptables, incluso superiores a los de otros países de Centroamérica. Teníamos niveles de participación altos y un sistema que venía funcionando en lo general satisfactoriamente, en el que ganadores y perdedores aceptaban los resultados pese a los problemas naturales de todo sistema electoral.

En las elecciones municipales de noviembre de 2008 el Consejo Supremo Electoral dio por primera vez señales preocupantes que expresaron el agotamiento del esquema que venía funcionando desde el año 2000. La primera fue impedir que hubiera observación electoral nacional. Ya eso dio mala espina. ¿Por qué una institución que siempre había permitido la observación electoral la negaba esta vez? La segunda señal fue la manipulación de los resultados y graves irregularidades en al menos 14 municipios del país. La tercera fue que estas irregularidades fueron producto de la colusión entre los partidos PLC y FSLN, lo que afectó aún más la credibilidad del electorado.

La manipulación de parte de los resultados en las elecciones de 2008 fue confesada públicamente por algunos magistrados del Consejo ante los medios de comunicación y recurrida legalmente por los partidos de oposición, que documentaron a su manera las irregularidades, pero sin lograr revertirlas. A partir del año 2008 el contexto electoral cambió. Se produjo la ruptura de la confianza entre el órgano electoral y los electores, el país se polarizó más y la desconfianza entre los partidos se acrecentó.

En las elecciones de 2011 el Consejo cometió una serie de violaciones a la ley electoral antes, durante y después de las votaciones, dirigidas a eliminar los candados de seguridad del voto y a excluir fiscales de la oposición al partido de gobierno. También se excluyó la observación electoral nacional independiente. En 2011 todas las encuestas daban como ganador al FSLN. Pese a las dificultades que hubo para obtener datos, en el IPADE logramos hacer un conteo rápido que nos indicaba que el FSLN ganaba con más del 50%, pero no con el 62% que le dieron los datos oficiales.

Por primera vez en 21 años de historia electoral, el Consejo Supremo Electoral ocultó en 2011 los resultados por junta receptora de votos, como manda la ley que deben ser publicados. No informó sobre el número total de votos nulos ni sobre la cantidad de gente que votó en cada junta. De forma inédita, el Consejo dio los resultados por Centro de Votación -donde hay varias juntas-, de tal manera que fue imposible saber cómo se votó en cada junta y mucho más imposible fue cuadrar los resultados de las copias de actas de escrutinio de las juntas con los carteles de resultados de cada junta y con los datos oficiales del Consejo. No fue posible auditar los resultados. Finalmente, el Consejo dio los datos provisionales como definitivos violentando los plazos del calendario electoral y sin resolver ninguno de los recursos que los partidos presentaron. Todo lo actuado por el Consejo fue una labor diligente de ocultamiento de la información violentando la transparencia y la ley.

Estas actuaciones deslegitimaron y opacaron el triunfo del partido de gobierno. Sin embargo, en el IPADE no mencionamos la palabra “fraude”. Lo que dijimos es que hubo tan graves irregularidades que no podíamos ni avalar ni certificar los resultados oficiales por el empeño del Consejo en ocultar la información elemental y así restar transparencia y legitimidad a los resultados y al ganador oficial. Porque no necesariamente el resultado “oficial” representa legalidad y legitimidad social. Para que así sea es necesario que todos, ganadores y perdedores, reconozcan que se perdió o ganó en buena ley, con un árbitro imparcial al que todos respetan por haber conducido un buen “partido”.

Nicaragua llegó a estas elecciones municipales sin que estén dadas las condiciones, las garantías necesarias para que se realicen con transparencia. Porque una garantía elemental de toda elección es tener un árbitro imparcial y de confianza para todos y el que tenemos no lo es. Aun así, respetamos el derecho de todos los partidos que se inscribieron, de todos los candidatos que se inscribieron y de toda la población que decidió votar avalando esas candidaturas. En el IPADE hicimos un llamado a que la gente participe, a que haga presencia, ya sea como elector, como miembro de una junta receptora de votos o como fiscal de un partido. Llamamos a hacer presencia en las urnas porque en un sistema democrático el abandono de los espacios, la apatía y la indiferencia crean un vacío que es llenado por el autoritarismo.

El camino electoral y el voto es el único mecanismo cívico para resolver las contradicciones políticas y renovar el poder a las autoridades. El otro mecanismo, el que ya vivimos, y del que hemos sobrevivido, ya lo experimentamos trágicamente a finales de la década de los 70 y en la década de los 80 y no se lo deseamos a nadie. Creemos que la clase política que diseñó la actual institucionalidad con el sistema de cuotas de poder en las instituciones públicas debe sentarse y re-elaborar una institucionalidad que sea confiable para todo el universo de los actores de la sociedad.

Hoy, la institucionalidad del país está alterada en el ámbito electoral, un área muy sensible para la sociedad, donde compiten los partidos por la hegemonía. Por eso, debería ser reformada con árbitros confiables para todos: para quienes militan y simpatizan con el partido de gobierno, para quienes militan y simpatizan con los partidos de la oposición y para quienes militan y simpatizan con la abstención y con la indiferencia. Todos, todas, somos ciudadanos y ciudadanas y merecemos instituciones confiables, autoridades con legitimidad y legalidad, ganadores y perdedores satisfechos, porque ésa es la base fundamental para construir una sociedad sana, para disminuir la intolerancia, para promover valores, para establecer un sistema transparente, incluyente, ético, donde respetemos las diferencias y los derechos de mayorías y minorías.

En el IPADE, en conjunto con varias organizaciones sociales, hemos elaborado desde hace años una propuesta de reformas a la Ley Electoral. Es una ésta propuesta técnica y jurídicamente viable. Desde hace años los parlamentarios de todos los partidos la tienen en sus manos. Pero no existe voluntad política de hacer reformas de fondo. Nuestra propuesta es constructiva, beneficia a la sociedad y a los partidos y restablecería la confianza en la vía electoral. Esta reforma inicia por renovar a los actuales árbitros electorales.

Ésta es la sexta elección que Nicaragua realiza para elegir autoridades municipales. Anteriormente las tuvimos en 1990, en 1996 -unidas a las elecciones nacionales-, en 2000, en 2004 y en 2008.

En 1990 la UNO (Unión Nacional Opositora), que llevaba como candidata a doña Violeta, obtuvo 99 alcaldías y el FSLN 32. De esa fecha hasta hoy el número de municipios creció en 22, pasando de 131 a 153 municipios. Cuando el CSE funcionaba con problemas, pero respetando en lo general la ley, el FSLN logró remontar de las 32 alcaldías que obtuvo en 1990 a 52 entre 1996 y 2000, llegando a ganar 87 en 2004, mientras que el PLC decreció en esas elecciones, bajando a 57. En 2004 el APRE ganó 4 alcaldías, YATAMA 3 en el Caribe Norte y la Resistencia (PRN) ganó una. En las cuestionadas elecciones de 2008 el FSLN obtuvo 109 alcaldías. ALN obtuvo 39, el PLC 4 y YATAMA una.

A diferencia de las elecciones nacionales, en las municipales la votación es siempre menor. En una elección nacional está en juego el destino del país y pueden cambiar el sistema de gobierno, los programas, la ideología, el estilo de gobernar. Eso polariza y convoca a la gente a votar. En Nicaragua tenemos índices de participación muy altos en las elecciones nacionales: un 70% como media y en algunos casos hemos llegado al 75-76%. En las municipales el rango histórico ha sido del 57%, del 56% en las más votadas. En 2008 votaron 2 millones 187 mil electores.

Los altos índices de participación en Nicaragua tienen que ver con nuestro sistema electoral de voto domiciliar. A diferencia del resto de Centroamérica, aquí el votante camina en el área urbana como máximo ocho cuadras y en el área rural como máximo entre cinco o diez kilómetros para llegar al lugar donde deposita su voto. Este sistema hace más complejo y costoso nuestro proceso de votación, implica que hay que organizar unos 4 mil centros de votación y poco más de 13 mil juntas receptoras de votos, en las que votan un promedio de 150-350 o un poco más de electores, aunque siempre se prepara cada junta receptora de votos para 400 votantes, pero como el padrón contiene muertos, emigrantes y presos no se llega generalmente a los 400. El sistema domiciliar es más caro, requiere mayor personal, organización y logística y exige a los partidos un tendido electoral más extenso. A cambio, posibilita mayor participación ciudadana.

En las elecciones nacionales de 2011 ocurrió un estancamiento en el incremento del voto, ya que el número de electores fue de 2 millones 664 mil, casi el mismo de las nacionales de 2006, cinco años atrás, cuando votaron 2 millones 511 mil personas. El incremento fue sólo de unos 150 mil electores, cuando estadísticamente se esperaba un mínimo de 2 millones 800 mil electores, ya que cada cinco años, entre cada elección nacional, se venía incrementando la votación en un promedio de 333 mil electores.

Este estancamiento parecía indicar que un sector importante del electorado guardaba ya distancia de las urnas por lo ocurrido en las municipales de 2008, incrementándose la falta de credibilidad o la apatía ante las elecciones. Este sector que se ha divorciado de las urnas es al parecer de la oposición tradicional, del voto duro opuesto al partido de gobierno, que se había venido manifestando mayoritario desde 1990 hasta 2006 (55% vs.41%, 51% vs.38%, 56% vs.42%), hasta que el FSLN logró ganar en 2006 con el 38% por la división del voto opositor, que obtuvo 27% (PLC) y 28% (ALN).

Hoy existen nuevos indicios de que el voto duro opositor se ha debilitado, lo que sugiere que se ha producido una modificación estructural en las simpatías políticas de la población nicaragüense. Vale la pena investigar si eso está asociado a que al frente del Poder Electoral se mantengan los mismos cuestionados árbitros electorales. En una reciente encuesta nacional un 37% de la gente se declara “independiente” y afirma no respaldar a ninguno de los partidos de la oposición, otro 40% se declara simpatizante del FSLN y apenas cerca de un 8% se adscribe o avala a los partidos políticos de oposición.

Desde 1990 el FSLN fue obteniendo mayores réditos políticos en los gobiernos locales por su trabajo permanente en los territorios. Antes de 2006, cuando el FSLN volvió al gobierno nacional, los avances del FSLN se basaron en buenas administraciones municipales en las alcaldías que gobernaba, en alcaldes de reconocida probidad que gestionaban agendas concertadas con la población, y en un trabajo que incorporaba en los planes de desarrollo municipal y en los planes de inversión municipal las necesidades prioritarias de la gente. También avanzó el FSLN al desarrollar un trabajo muy hábil de concertación de alianzas: con la Resistencia, con partidos evangélicos, con el Cardenal Obando, con sectores indígenas como YATAMA, con determinados sectores de la juventud…Así, fueron reorganizando y modernizando, a su manera, el trabajo político partidario, a la vez que mantenían un trabajo permanente, sistemático, de día y de noche, de sábado y de domingo, con la población, lo que ha hecho del FSLN un partido con un tendido orgánico mucho más sólido que el del resto de partidos de oposición, que suelen trabajar sólo en tiempos de campaña electoral y que se han visto debilitados por sus divisiones.

En estas elecciones compiten el FSLN, que tuvo un millón y medio de votos en 2011, el PLI que logró casi 800 mil votos, el PLC con 140 mil votos, ALN que obtuvo 10 mil votos y el APRE que obtuvo 6 mil votos. No hay que ser especialista para afirmar que el FSLN se perfila como el partido ganador. Un resultado diferente sería una sorpresa. Es indiscutible que el FSLN, con los recursos económicos de que dispone, con su capacidad organizativa y de trabajo territorial y con la positiva gestión económica acumulada por su gobierno logrará consolidar las alcaldías que ya gobierna y posiblemente ampliará su número. La oposición juega dividida y compitiendo por el mismo voto. En los territorios donde la oposición siempre ha predominado los votos se dividirán entre el PLC y el PLI. En algunos lugares de la Costa YATAMA es fuerte.

En un contexto de falta de confianza en el árbitro y con resultados previsibles, la pregunta de mucha gente ha sido ¿para qué ir a votar? Como en cada municipio la situación es distinta, como se trata de 153 elecciones diferentes, habrá municipios en los que la población desee votar y no le dé tanta importancia a la parcialidad o imparcialidad del árbitro.

Si hace un año, el FSLN obtuvo millón y medio de votos, el PLI 800 mil votos, y el PLC más de 150 mil, posiblemente un 60% de estos votantes vayan a votar por esos partidos. Es posible que voten menos, pero si llegamos a 2 millones de votos será una participación exitosa, dadas las condiciones. Si la participación es de un 53% sería un comportamiento estadístico histórico, normal en elecciones municipales.

Los factores que podrían explicar una posible menor participación en estas elecciones son varios. El primer factor son las candidaturas verticales seleccionadas por el FSLN en más de 40 municipios, lo que ha generado un severo problema y contradicciones entre su militancia, sus bases y su dirigencia. Por muy disciplinado que sea un partido, este tipo de contradicciones se resuelven con un voto castigo o se traducen en abstención. Esto podría conspirar contra la participación del partido más organizado.

En por lo menos 40 municipios las candidaturas del FSLN al cargo de alcalde o alcaldesa no son las que tienen el aval de las bases, sino que fueron impuestas “de dedo”. Esto ha generado un problema interno que el FSLN ha querido resolver reiterando el mensaje de que en estas elecciones no se están eligiendo personas, sino un proyecto, lo que es una idea contradictoria con el espíritu de las elecciones municipales, en las que el rostro del candidato, conocido por la población, y las cualidades de la candidata, también conocidas, son fundamentales para el electorado. La orientación del FSLN ha sido cerrar filas y alinearse alrededor del partido y su líder. ¿Se dará esta alineación o se expresarán las contradicciones?

El segundo factor para una menor participación son las debilidades de la oposición. El PLI obtuvo casi 800 mil votos en 2011. Pero a estas elecciones el PLI llega debilitado en su liderazgo y en su tendido organizativo. Porque el MRS, que era su aliado, con un sólido tendido territorial, no participa y no llama a la población a votar. También el PLI mantuvo un discurso contradictorio: que iba a las elecciones, que no iba... Al final, el PLI decidió dar su batalla, afirmando que ha fortalecido su organización y ganado mayor experiencia. Priorizaron todo ese corredor que históricamente ha sido de oposición, que inicia en la profundidad de la zona norte, por Jinotega y Matagalpa, continúa en Boaco, Chontales y en la Guinea, y llega a la Región Autónoma del Atlántico Norte y a la del Atlántico Sur.

Seguramente en este corredor, donde la oposición siempre ha sido mayoritaria, habrá mayor participación. En estas áreas rurales se caldean más los ánimos. También es en estos territorios donde el Consejo Supremo Electoral ha cedulado menos y en donde menos ha entregado documentos supletorios para que quienes no tienen cédula puedan votar, como comprobamos en un estudio de campo que hicimos. Según este estudio, 40 mil personas que aparecían
en el padrón de 2011 como cedulados no tenían aún su cédula y tampoco recibieron su documento supletorio para poder votar en las elecciones de 2011. Y el 70% de esas 40 mil personas vive en ese corredor por el que ha apostado el PLI, donde el liberalismo siempre ha sido predominante. Semana y media antes de las elecciones, el Consejo anunció que había fabricado 204 mil cedulas y 88 mil 551 documentos supletorios, lo que confirmó los hallazgos de nuestro estudio. Anunció también que los estaba enviando para su distribución.

El tercer factor para que se reduzca la participación es mantener a las mismas autoridades electorales.
Creo que esto es una política, una estrategia del gobierno para provocar abstención en los sectores de oposición. Es una determinación para disuadir de participar a quienes temen que su voto será de nuevo manipulado, aun cuando
es posible que en estas elecciones el Consejo no tenga necesidad de hacerlo. Ocurra o no, el golpe a la confianza ya fue dado y mantener las mismas autoridades tendrá un efecto disuasivo en un sector del electorado.

El cuarto factor que puede reducir la participación es que, además de que las elecciones municipales no tienen nunca el efecto movilizador y tensionante que tienen las elecciones presidenciales, esta tendencia se profundiza hoy porque la autonomía municipal ha sido debilitada por el proceso de reconcentración desde el gobierno central. Esta política centralizadora ha provocado un debilitamiento de la capacidad de los gobiernos locales de resolver los problemas de la población.

Desde el año 2007 los gobiernos locales han estado compitiendo con los Consejos del Poder Ciudadano y los Gabinetes del Poder Ciudadano, protagonistas del modelo emergente de participación creado desde el gobierno central. Los CPC y los GPC son ahora los enlaces “naturales” para cualquier gestión de la municipalidad con cualquier Ministerio: de salud, de educación, de transporte, de infraestructura... Cualquier gestión con el gobierno central que quiera hacer un alcalde que no sea del FSLN no llegará a concretarse si no lleva el aval de los GPC. En algunos municipios esto ha obligado, en la práctica, a establecer niveles de concertación entre los dos modelos. En otros, en los que se mantiene la polarización y la exclusión, las respuestas a las necesidades de la gente sean más difíciles de lograr.

Un último factor que podría influir en una menor participación es la débil e imperceptible campaña que hicieron los partidos. No se observó mucha motivación o el apasionamiento de otras campañas. Se percibió que los recursos destinados a las campañas, incluso la del partido de gobierno, fueron mucho menores que en campañas anteriores.

La campaña que no dejó de hacer el FSLN fue mantener los programas sociales del gobierno central, que para algunos tienen un alto contenido clientelista, pero que consolidan la fidelidad partidaria. Programas como Usura Cero, Hambre Cero, el Bono Solidario, el Plan Techo, crean satisfacción en un gran sector de gente pobre. Y para quienes no los reciben -porque el impacto de estos programas tiene cobertura limitada entra la gente pobre-, al menos genera expectativas de que podrán ser beneficiados.

Estos programas sociales le han funcionado muy bien al partido de gobierno y generan simpatías. Algunos señalan que son una manipulación de la conciencia de la gente. Se puede pensar de ellos críticamente y se escuchan diversas opiniones, pero la realidad innegable es que otros gobiernos han tenido los recursos para hacer cosas parecidas y no las han hecho. En un estudio socio-económico que el IPADE realizó en 2009 sobre el impacto de estas políticas en el área rural de municipios con pobreza extrema de Matagalpa, Jinotega, Madriz y el Atlántico Norte encontramos una satisfacción superior al 80% con las políticas de salud y de educación del gobierno del FSLN.

He escuchado de la gente beneficiaria de los programas sociales del gobierno cosas como éstas: “Por primera vez nos están tomando en cuenta”, “A mí nadie me había vuelto a ver en los últimos veinte años”, “Ningún gobierno había pavimentado mi calle, tengo no sé cuántos inviernos pataleando en el lodo y ahora el Frente lo hizo”, “Yo fui combatiente y nadie hizo nada por mí y ahora me regalan zinc para techar mi casa”… Esas diez láminas
de zinc, una gallina, una vaca, un bono de 800 córdobas cuando se les bachilleran los hijos, una cocina de gas, todo esto significa mucho para mucha gente pobre.

En un país con tradición de caudillismo y de usar a la gente en todas las campañas prometiéndole y no cumpliéndole, el FSLN mantiene un paraguas de programas sociales con el que llega con algo a algunos sectores y eso se traduce en apoyo a ese partido. No podemos menospreciar el efecto de esas políticas entre quienes las reciben directamente y también entre quienes no las reciben pero tienen la expectativa de recibirlas en el futuro.

En este escenario político llegamos a las elecciones municipales. El IPADE organizó una red de observadores voluntarios en 110 municipios, integrada por 1,300 personas, que han venido haciendo un monitoreo de las condiciones previas e informando sobre la verificación ciudadana, la atención que brindan los Consejos Electorales Municipales a la población, la entrega de cédulas y de documentos supletorios, el respeto a la ética de la campaña... No haremos observación electoral para ver quién gana cada una de las 153 elecciones, sólo monitorearemos la calidad de la elección y si se cumplen las garantías básicas. No tuvimos autorización del Consejo Supremo Electoral para observar. Esta vez, en el calendario electoral no aparecieron siquiera las palabras “observación electoral”. Por primera vez
en veinte años no se publicó siquiera la normativa de observación electoral.

Haremos nuestra labor acogidos al derecho constitucional de participar en todos los asuntos públicos y esperamos no
ser objeto de ningún tipo de intimidación o amenazas, como sucedió en 2011. Nuestros observadores entrarán a la junta a depositar su voto y mientras votan, observarán si se están cumpliendo las garantías básicas que manda la ley. Desde fuera observarán la jornada electoral y al final de las votaciones nos reportarán lo que vieron en base a una metodología universal de indicadores, que califican la elección. Corresponderá a los partidos y a sus fiscales verificar los resultados del conteo de cada junta.

Éstas son unas elecciones de baja intensidad. Las campañas de los partidos políticos han sido débiles o inexistentes
en muchos lugares. La proyección de los candidatos municipales ha sido muy limitada y las ofertas electorales en los municipios han sido poco divulgadas. Aún así, continuamos convencidos de que debemos de trabajar creando condiciones para el futuro, para que en las próximas elecciones nacionales de 2016, en las que también coincidirán las elecciones municipales, Nicaragua recupere la confianza en institucionalidad electoral y cambien las condiciones políticas en las que hoy nos toca trabajar.

Y esperamos que después de estas elecciones el liderazgo político de la nación asuma el compromiso de fortalecer la democracia con autoridades electorales que generen confianza y legitimidad en toda la sociedad y no sólo en un partido. Esperamos que logren condiciones para una concertación que posibilite la conciliación entre los modelos contrapuestos de sociedad.

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