Nicaragua
Los campesinos nicaragüenses dan un giro a la Reforma Agraria
Es probable que no haya habido una reforma agraria más original que la nicaragüense. Una originalidad debida
a la baja densidad poblacional del país,
a que los somocistas controlaban la quinta parte de las tierras y a que el FSLN controló al campesinado impidiendo
las tomas de tierra y la paracelización.
Ahora, algunas cosas empiezan a cambiar...
Equipo Envío
El día 14 de junio, el Ministro de Reforma Agraria y Desarrollo Agropecuario anunció a miles de campesinos de Masaya que toda la parte norte del Departamento de Masaya había sido declarada Zona Especial de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, indicando que en la primera fase se entregarían unas 7,457 manzanas (Mzs) de tierra a 1,300 familias campesinas. Entre la superficie entregada se encontraban unas 2,032 manzanas de la tierras de Enrique Bolaños, el presidente del COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada). Bolaños interpretó la expropiación como una "vendetta" personal de los sandinistas por su liderazgo en la oposición a la revolución. "Cualquier nicaragüense que posee algo aquí y todavía no lo ha perdido -dijo- lo perderá, porque éste es el sistema, la ideología y la doctrina de los que gobiernan este país".
De la embajada norteamericana en Managua y de los círculos políticos de Washington, que imaginan que Bolaños y el COSEP son la auténtica representación del sector privado nicaragüense, surgieron varias acusaciones: que los sandinistas habían roto completamente la legalidad de su ley de reforma agraria, que el gobierno de Nicaragua había abandonado todo su programa de garantías para la iniciativa privada, que las expropiaciones de Masaya había creado un clima de incertidumbre, miedo y desconfianza en el sector privado, que lo sucedido en Masaya comprobaba que la política de unidad nacional y de economía mixta no era más que pasos tácticos en el camino a una estatización completa de la economía nicaragüense.
Para la prensa internacional, que sólo encuentra "noticia" cuando suceden hechos que confirman sus estereotipos, el caso Masaya sirvió para confirmar el gran estereotipo de un "gobierno marxista-leninista en Nicaragua".
Después de Masaya, los funcionarios norteamericanos se encontraron desconcertados entre el dolor por las pérdidas económicas de su amigo, el "Churruco" Bolaños, y la alegría por tener un nuevo empresario mártir. Un buen porcentaje de la prensa internacional volvió al Hotel Intercontinental a bañar en ron su subconciencia reaccionaria. Ni los unos ni los otros dedicaron ya más tiempo a pesar en lo que los sucesos de Masaya significan para el proceso global de la Reforma Agraria en Nicaragua. Ni los unos ni los otros tomaron en cuenta la presencia y las palabras del dirigente campesino Juan Galán en el histórico acto de Reforma Agraria ocurrido en Masaya.
Para los nicaragüenses, que saben bien que Juan Galán representa a muchos más productores privados de las comarcas de Masaya que los que el COSEP representa en todo el país, las preguntas eran otras. La crítica expresada por este dirigente de la UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos) a la anterior política agraria del gobierno y la parcelización de las tierras algodoneras de Masaya para transformarlas en fincas individuales de campesinos productores de granos, frutas y hortalizas, suscitaron importantes interrogantes sobre el futuro "capitalista" del agro nicaragüense si se parceliza individualmente o sobre el futuro de las divisas si se abandonan los cultivos de agroexportación.
Envío intenta examinar en este trabajo los bases históricas y sociales que explican lo ocurrido en Masaya e indagar, a partir de este caso, el nuevo rumbo que a nivel nacional los campesinos han imprimido a la Reforma Agraria.
¿Es posible una Reforma Agraria que deje a todos felices?Es probable que no haya habido una reforma agraria más original que la nicaragüense. Y esto porque en Nicaragua se ha distribuido tierra a más del 29% de las familias rurales y se ha legalizado con títulos la tierra de otro 39% del campesinado, sin haber tocado las tierras de los agricultores eficientes que querían seguir produciendo. La ley nicaragüense, en sus líneas generales, sólo estipula la expropiación de las tierras de dueños que las dejan ociosas, mantienen relaciones de explotación y de carácter servil (mediería y colonato) con sus trabajadores, o que descapitalizan sus fincas.
En todas las otras Reformas Agrarias contemporáneas llevadas a cabo en América Latina (Chile, Perú, El Salvador), las leyes de Reforma Agraria expropiaron a todos los productores que tenían más tierra que la fijada por una cifra arbitraria establecida en la ley. En Chile fueron expropiados todos los productores con más de 115 manzanas de tierra. E El Salvador se expropió a todos los dueños con más de 715 manzanas en 1981, mientras que la segunda etapa proponía la expropiación de todos los que tuvieran entre 215 y 715 manzanas. En las reformas agrarias históricas de México, la Unión Soviética, china y Bolivia, los campesinos invadieron las tierras de los patrones y los gobiernos revolucionarios apoyaron la parcelización de la tierra entre ellos. En términos comparativos, la reforma agraria nicaragüense ha sido la más conservadora y la más respetuosa con los empresarios agrícolas de todas las reformas agrarias que realmente han beneficiado al campesinado.
Lo "original" en la Reforma Agraria nicaragüenseEsta originalidad fue posible por tres razones:
1) Nicaragua es el país con menor densidad de población de toda Centroamérica (7.5 Mz. por habitante rural; 0.6 Mz. en El Salvador).
2) El hecho de que los somocistas controlaban el 20% de la tierra permitió al gobierno confiscar sus tierras sin tener que expropiar a propietarios no somocistas.
3) La autoridad moral del FSLN ante las masas campesinas le permitió impedir la parcelización de las tierras de los somocistas y la ocupación de otras tierras por el campesinado.
A cinco años del triunfo sandinista, Envío evaluó la Reforma Agraria como un gran éxito justamente por su novedad, por su ritmo prudente y por la expansión continua del PIB agrícola entre 1980 y 1984. En ninguna otra Reforma Agraria se había dado semejante expansión productiva. Todas las otras Reformas Agraria se había dado semejante expansión productiva. Todas las otras Reformas Agrarias trajeron una depresión de la producción agropecuaria entre un 20 y un 50% e los primeros años de la transformación agraria. Este éxito productivo en el agro nicaragüense fue un fiel reflejo de la solidez de la alianza de la revolución con el sector privado agropecuario.
Sin embargo, las quejas y lamentos que los dirigentes del COSEP y de UPANIC (Unió Productores Agropecuarios Nicaragüenses) han volcado en las oficinas de los congresistas norteamericanos, pueden haber creado la falsa imagen de que puede haber en Nicaragua una reforma agraria que deje a todo el mundo feliz. Históricamente, todas las reformas agrarias se han insertado dentro de un proceso de transformación social en el que las mayorías desplazan a las antiguas clases dominantes. Esperar que la reforma agraria nicaragüense pueda desarrollarse sin tensiones es una ingenuidad histórica, a la vez que una posición política peligrosa.
La imagen es falsa en primer lugar porque la reforma agraria nicaragüense no es algo sin relación con la agresión militar de la ex-guardia somocista y de la CIA norteamericanas que enfrenta Nicaragua. A menudo se olvida que los somocistas que controlaron el 20% de la tierra agropecuaria nicaragüense, la guardia somocista y los vínculos norteamericanos de la CIA eran un solo aparato. Los patrones nicaragüenses confiscados son la base social original y verdadera de la contrarrevolución armada.
Además de estos costos, la reforma agraria nicaragüense ha tenido otros costos indirectos. Convertir a un mediero, a un colono o a un trabajador estacional en dueño de tierra significa reducir la mano de obra disponible para las fincas de los grandes productores. Esta situación ha motivado una crítica constante, tanto entre los patrones como entre los administradores de las fincas estatales.
La guerra contrarrevolucionaria dirigida por la clase señorial que fue confiscada en agosto de 1979 adquirió un desarrollo a partir de 1983 que agravó aún más esta escasez de mano de obra pues las filas del ejército sandinista se han nutrido especialmente en el campo con trabajadores agrícolas estacionales.
La falsa imagen de la posibilidad de una reforma agraria que alegre a todos es peligrosa políticamente por varias razones. En primer lugar, pretende que los costos sociales de la revolución no son otra cosa que arbitrariedades de los dirigentes revolucionarios. En segundo lugar, oscurece la verdad de que la contrarrevolución no es i un producto puro de la voluntad de la Administración Reagan -como imaginan algunos sandinistas- ni tampoco el fruto de un levantamiento de la población en nombre de la democracia -como proyecta la propaganda norteamericana-. La contrarrevolución tiene una base social y una ideología bien definidas, la de los terratenientes y empresarios agrícolas afectados por la reforma agraria de una forma o de otra.
El Caso Masaya: ¿arbitrariedad sandinista, respuesta a un problema histórico, o ajuste autocrítico de la política agraria?La interpretación de Enrique Bolaños sobre la arbitrariedad y rencor personal de los sandinistas contra él o es una reacción individual. En ella se expresa una ideología que comparte el presidente del COSEP con los empresarios y los hijos de empresarios confiscados que integran las filas de la contrarrevolución armada.
Este tipo de interpretación tiene cierta base objetiva, porque ante una dictadura en la que durante cuatro décadas casi todo productor importante se vio obligado a tener alguna relación con Somoza, el proceso de identificación de los somocistas que debían ser confiscados en agosto de 1979 no podía escapar de errores humanos y de los excesos políticos de los jóvenes revolucionarios. Aunque todos los confiscados entonces se beneficiaban de la dictadura, los lazos de algunos de ellos con el somocismo eran mucho menos estrechos que los de otros.
La ideología que hace del rencor personal y del oportunismo el motor de la historia está muy extendida entre todos los nicaragüenses. Por eso, la propaganda de la contrarrevolución -que insiste siempre en estos aspectos- tiene a veces mucho más impacto entre los campesinos que la ideología histórica y social que usan los sandinistas. Sin desestimar la fuerza de esta ideología -"pueblo chico, infierno grande"-, hay muchas razones para interpretar lo ocurrido en Masaya más como una respuesta a las condiciones y problemas específicos del Departamento que como el resultado de los caprichos y enemistades personales de los dirigentes sandinistas.
Masaya rural es un caso excepcional en muchos sentidos: la presión campesina sobre la tierra, la tenencia de tierra, la estructura de clases y el vínculo de la población con el mercado nacional.
Mientras que Nicaragua dispone como promedio de 7.5 Mzs. por habitante rural, el Departamento de Masaya tiene solo 0.6 Mzs. Antes de la revolución, la concentración de la tierra en manos de unos pocos latifundistas y la extensión del manifundismo agudo fueron mucho más marcados en Masaya que en todo el resto del país, como se ve en el Cuadro 1.
Cuadro 1
La densidad de la población y la concentración de la tierra en manos de los algodoneros, ganaderos y cafetaleros configuraron en Masaya una estructura de clases mucho más polarizada que la del resto de Nicaragua. El Cuadro 2 demuestra que más del 75% de la Población Económicamente Activa (PEA) de Masaya es proletaria o semiproletaria, mientras que en Nicaragua estos dos mismos grupos sólo suman un 66% de la PEA rural.
Cuadro 2
Las estadísticas no revelan el nivel de pobreza y de desarraigo por la falta de un trabajo estable que sufre la población de Masaya. Se trata de una población proletarizada flotante, que se traslada a 30 y 40 kilómetros de su casa para buscar trabajo en Managua o en otros Departamentos donde pueda encontrar tierras en arriendo o trabajo en un proyecto estable -como CONARCA- (Proyecto de control de la roya y de la renovación de los cafetales en Carazo).
Lo extraordinario es que, pese a esta situación, la población de Masaya no ha perdido su raíz con su hábitat ancestral. Resulta excepcional que a pesar de su estrecha integración en el mercado nacional, de su cercanía a Managua y de su posición privilegiada en la deficiente infraestructura vial del país, Masaya conserva un fuerte localismo. A pesar de la fuerte mercantilización de la vida campesina, Masaya mantiene celosamente la memoria de su pasado indígena y celebra sus tradiciones religiosas locales -las fiestas patronales, sobre todo- con más fervor de religiosidad popular que la que se puede hallar en la mayoría de las zonas aisladas del interior del país.
El pueblo de Masaya, con sus características de empobrecimiento, alta movilidad, extremo localismo y religiosidad popular, se destaca por su terquedad política. Su opción por el FSLN y contra la dictadura en 1978-79 fue profunda y probada y llamó la atención de muchos, que vivieron en Masaya a la vanguardia del pueblo nicaragüense. El hecho de que Masaya fuera el Departamento más destacado en 1982 y 1983 por su participación voluntaria en las milicias la imagen de sus santos patrones debe interpretarse como un signo de la pasión política que, unida a cierta volubilidad, caracteriza a los masayas cuando demuestran sus preferencias y disgustos. Es conocido que esta pasión política puesta al servicio de los intereses locales es típica de las poblaciones campesinas de todo el mundo.
Como la historia de la reforma agraria en Masaya demuestra, no fue la arbitrariedad sandinista la que condujo el pasado junio a la entrega masiva de tierras a los campesinos.
Una cierta "huelga política" de los campesinos de Masaya, que no participaban en la UNAG, que no respondían al servicio militar, que no se movilizaban para los actos políticos del FSLN, influyó mucho en la decisión del gobierno de ceder a las demandas históricas de estos campesinos, que después de haber amado tanto al FSLN estaba actuando como actúa una mujer resentida frente a la infidelidad de su esposo. Además de esta huelga política, fue también determinante la explosiva situación económica que padecen los campesinos de Masaya. Durante los últimos seis años, la llegada de las lluvias de abril llenaba las oficinas gubernamentales con campesinos que pedían tierra prestada de las fincas estatales o solicitaban solución a sus conflictos con los patrones que no les querían arrendar tierras. Como se ve en el Cuadro 3, el número de familias minifundistas de Masaya que necesita tierra supera totalmente la respuesta que a esta necesidad se dio en cinco años de reforma agraria. Y aun después de la entrega masiva de junio de 1985, han quedado unas 6,111 familias no beneficiadas aun por la reforma agraria y muy necesitadas de tierra.
Cuadro 3
En cualquier caso, hay que aclarar que los terratenientes cuyas fincas fueron repartidas entre los campesinos no coincidieron con las posiciones de Bolaños -que quedó aislado- sino que aceptaron las negociaciones y vendieron sus tierras al Estado. También los empresarios algodoneros que arrendaban tierras a los campesinos de Masaya aceptaron el traspaso de las tierras a los campesinos. Hubo también flexibilidad por parte del gobierno. Por ejemplo, en el caso de la familia Bárcenas Levi, cuya finca fue invadida por campesinos de la comarca de San Bernardo durante cuatro días. El gobierno les obligó a abandonarla, porque Bárcenas tenía ya sembradas 700 Mzs. de algodón y pidió sacar la cosecha y pagar los créditos al banco antes de entregar la finca a los campesinos. El gobierno aceptó esta propuesta, a pesar del descontento que generó a los campesinos la orden de que abandonaran los terrenos.
¿Respuesta coyuntural a un problema local o nueva etapa de la reforma agraria nicaragüense?Los sucesos de Masaya forman sólo una parte el mosaico de cambios que esta ocurriendo a nivel nacional en el agro nicaragüense y en la política agraria de la revolución. Sin embargo, un análisis de los pasos dados por los campesinos de Masaya en su lucha por la tierra nos sirve para evaluar la evolución de la política agraria a nivel nacional. Se puede hablar ahora de tres grandes etapas en la reforma agraria nicaragüense:
- La etapa de la consolidación del sector estatal: 1979-83
- La etapa del desarrollo del sector cooperativo: 1983-1985
- La etapa campesina: 1985-...
Primera etapa: La movilización de los campesinos como obreros y la consolidación del sector estatal (1979-1983) Masaya fue liberada el 27 de junio de 1979 en la gran jornada del repliegue táctico de Managua a la "Ciudad de las Flores". Después de la toma de la ciudad, unas 847 familias ocuparon 2000 Mzs. de las tierras de latifundios abandonados por los somocistas y por otros dueños no ligados tan estrechamente con Somoza. En los días anteriores al triunfo revolucionario los activistas sandinistas que estaban organizando bases en el corredor campesino de los cerros del suroeste de la ciudad de Masaya, desarrollaron una pequeña "república socialista" de cooperativas campesinas. Todos los vehículos, tractores e insumos agrícolas de Masaya fueron requisados para producir alimentos para los combatientes que luchaban contra el régimen somocista. Con el triunfo de la revolución y la segunda siembra de 1979, los campesinos de Masaya estaban más que entusiasmados con el proyecto sandinista.
El entusiasmo se convirtió en preocupación cuando el FSLN tomó a principios de 1980 la decisión de deshacer las cooperativas y constituir el Area de Propiedad del Pueblo (APP) bajo el esquema de la finca estatal. La medida no agradó en nada a los campesinos de Masaya, pero la aceptaron por la gran autoridad que reconocían al FSLN. Además, el gobierno obligó a los campesinos abandonar las fincas ocupadas de dueños no somocistas y a integrarse como obreros en las fincas estatales. En Masaya, el sector estatal no mostraba ningún grado de especialización. Producía plátanos, maíz, frijoles, algodón, café, sorgo, frutas y hortalizas y hasta administraba una pequeña finca de un somocista que criaba conejos. La crítica más frecuente entre los campesinos era que ellos podía producir mejor que el Estado si tuvieran acceso individual a la tierra. En León y otras partes del país en donde hubo tomas de tierra durante la insurrección los resultados fueron similares, aunque el Estado eliminó el esquema de cooperativas desarrollado en estos lugares antes que en Masaya.
En febrero de 1980 miles de campesinos de Masaya marcharon a Managua con un pliego de peticiones para el Ministro de Agricultura, en el que incluían las exigencias de que no se devolverán más fincas a sus antiguos dueños, de que se fijara un techo bajo para los precios de alquiler de tierras, de que se hiciera una legislación que obligara a los patrones a arrendar sus tierras ociosas y de que se abriera el acceso al crédito de los bancos ara los campesinos pobres. Las reivindicaciones eran auténticamente campesinas y mostraban que los campesinos masayas no aceptaban su nueva definición como obreros agrícolas de las empresas estatales de reforma agraria.
El gobierno respondió a todas estas demandas de los campesinos de Masaya beneficiando al campesinado con algunas medidas económicas pero no respondió a la demanda fundamental: la parcela individual. Durante el resto de 1980 se expandió enormemente la siembra de granos básicos por los campesinos a nivel nacional bajo dos formas de producción: en la mayoría de los casos, como productores individuales que sembraban en tierra propia o en tierra alquilada a los patrones privados (1,821 cooperativas de crédito y servicios) y en menor media, en colectivos de trabajo en tierras de la finca estatal que el gobierno cedía a los campesinos durante el período de un ciclo productivo -541 pre-cooperativas de producción, las futuras CAS (Cooperativas Agrícolas Sandinistas)-.
Estas cooperativas servían principalmente para canalizar y contabilizar el enorme flujo de crédito agrícola recibido por el campesinado nicaragüense en 1980. Hubo poca promoción de estas cooperativas por parte de gobierno, porque todos sus recursos de personal estaban volcados a levantar el sector estatal.
A lo largo de 1980-81 un gran número de estas cooperativas desaparecieron por falta de asistencia técnica y, sobre todo, porque el gobierno no entregaba tierra a los campesinos en forma definitiva y segura.
Otro factor que impidió el éxito de las cooperativas fue la heterogeneidad de los socios que las integraron en estos primeros momentos. Junto a campesinos sin tierra y a obreros agrícolas, había carpinteros, albañiles, comerciantes y todo tipo de artesanos empobrecidos, que buscaban aumentar sus ingresos a través del acceso a la tierra. Los campesinos deseosos de la propiedad individual de tierra, criticaban también a las cooperativas porque algunos trabajaban más y mejor que otros para al final beneficiarse todos por igual. Pero, a pesar del deseo de parcelas individuales, la pobreza real impulsó al campesinado a reclamar tierras, aun cuando éstas se le entregaran bajo formas de propiedad y producción colectivas.
Este fue el caso de campesinos masayas de El Arenal y de El Pochote que en 1980 invadieron la finca de Mario Gutiérrez Peña, somocista que escapó a la confiscación de 1979 y pariente del P. Amado Peña, al que en 1984 se acusó de mantener conexiones con la contrarrevolución armada. En 1980, cuando sucedió esta toma de tierras, no había ley de reforma agraria y el período de las confiscaciones estaba ya cerrado. Para responder a las exigencias de campesinos que habían arriesgado sus vidas protegiendo a sandinistas clandestinos durante largos años, el gobierno negoció con Gutiérrez Peña, compró su finca y las traspasó en forma colectiva a los campesinos.
En Masaya, la presión campesina por la parcelización de la tierra fue más fuerte que en resto del país, y sólo fue apaciguada por una serie de factores coyunturales: cesión de tierras del APP durante un ciclo productivo -aunque siempre bajo la modalidad de producción en grupos de trabajo colectivo-, acceso al crédito con intereses bajos, salarios más altos que en los tiempos de Somoza, nuevas fuentes de trabajo en Managua y en Carazo (14,000 puestos de trabajo en el proyecto CONARCA), acceso a la tierra del sector privad por el artículo 35 de la nueva ley, que obligaba a los patrones a arrendar tierra al campesino si éste lo pedía. La reivindicación de la tierra parcelizada era tan profunda que la mayoría de los campesinos prefirieron pagar a los patrones por trabajar individualmente tierras alquiladas que recibir tierra colectiva gratis en el APP. A pesar de todo, aunque el gobierno no respondió a la demanda campesina de parcelización de la tierra, el campesinado sí sintió con la revolución una nueva dignidad, con el nuevo acceso a los recursos productivos y con un nuevo poder que nunca tuvo con el somocismo.
Durante esta primera etapa se perjudicó el desarrollo de un sector cooperativo y, todavía más, se perjudicó la finca individual campesina. El FSLN tomó la decisión de postergar la entrega de tierras a los campesinos por un triple miedo. 1) Miedo a que esto crearía una gran escasez de mano de obra para la producción de productos de exportación productores de las divisas necesarias para el desarrollo del país. 2) Miedo a que una vez que los campesinos tuvieran sus pequeñas parcelas sería imposible emprender el camino hacia formas más modernas y más cooperativas de producción. 3) Miedo a que la parcelización de la tierra provocara una ola de invasiones de tierras del sector privado, rompiéndose así la alianza con el sector empresarial, el modelo de economía mixta y la unidad nacional tan necesaria para enfrentar la agresión norteamericana.
En el interior del país, donde los campesinos conocían a la guerrilla sandinista y sabían de la promesa de Carlos Fonseca de que en Nicaragua no habrá campesinos sin tierra ni tierra sin hombres el FSLN tuvo aún más miedo de entregar tierra a los campesinos. En estas zonas de montaña, y a diferencia de lo que sucedía en el Pacífico, hubo muchas menos cesiones temporales de tierras de APP para que los campesinos las cultivaran individualmente.
Y en algunas fincas estatales, en donde durante el somocismo los colonos recibían tierra para sembrar una huerta de subsistencia, los administradores estatales llegaron a cancelar este acceso a la tierra por considerarla una forma atrasada y paternalista de explotación agrícola. Esta rápida eliminación del antiguo paternalismo que convivió con el latifundio sin responder a la demanda del campesino por la tierra teñía al nuevo sector estatal de una muy mala imagen entre los campesinos y abrió un gran espacio a la propaganda anti-sandinista, tanto de los grupos ultra-izquierdistas como de las primeras bandas contrarrevolucionarias, especialmente en Jinotega y Matagalpa.
Aunque la medida de una reforma agraria fue anunciada en 1980, en el primer aniversario de la revolución, el triple miedo señalado impidió la implementación del anuncio a lo largo del segundo semestre de 1980 y de los primeros 10 meses de 1981. A nivel nacional, este período se caracteriza por la constitución de una nueva organización para representar los intereses específicos de los campesinos, porque la ATC (Asociación de los Trabajadores de Campo), surgida desde antes del triunfo revolucionario, representaba más a los trabajadores agrícolas de las fincas estatales que a los campesinos. En abril de 1981 se fundó la UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos), para representar tanto a los pequeños y medianos productores agropecuarios como a los campesinos pobres.
Aunque la nueva organización reivindicaba la reforma agraria y el acceso a los servicios productivos para los campesinos, la diversidad de su membresía -patrones y campesinos pobres- impidió que la organización se convirtiera en un mecanismo para la movilización de los campesinos necesitados de tierras.
En este mismo período el Estado anunció un nuevo programa, el PAN (Programa Alimentario Nacional) encaminado a aumentar la producción de granos básicos. Al escuchar esta noticia los campesinos esperaron la hora de recibir más apoyo a sus reivindicaciones por ser ellos los productores tradicionales de granos básicos. Este programa, sin embargo, no asignaba un rol prioritario a la producción campesina. Más bien, hasta 1983 el PAN sirvió para canalizar proyectos de co-inversión de países solidarios dentro del sector estatal.
La ley de reforma agraria no empezó a implementarse sino hasta octubre de 1981. A lo largo de 1981-82 sólo un poco más de un 1% de la tierra fue entregado a unas 8,045 familias campesinas. En el mismo período el sector estatal expandió su superficie agropecuaria de un 20% a un 23%. La alianza con los pequeños empresarios se consolidó más que la alianza con el campesinado.
La paradoja de este primer período de reforma agraria fue que el apoyo que se dio a la finca estatal privilegiándola como forma de producción sirvió también para controlar la presión del campesinado sobre las tierras del sector privado. De hecho, el sector estatal sirvió para restablecer un clima favorable para el capitalismo agrario en Nicaragua.
En Masaya, a pesar de los esfuerzos del Estado por garantizar un clima favorable a los empresarios algodoneros, persistía la turbulencia campesina. En agosto de 1981, y al calor del anuncio de la nueva ley de reforma agraria, un grupo de dirigentes del FSLN se lanzó a probar una nueva línea de organización de masas entre el campesinado. Partían de que el principal punto de referencia político para el campesino es su comunidad local. En vez de organizar al campesinado en base a los esquemas de las nuevas organizaciones promovidas por la revolución, estos militantes sandinistas trabajaba en base a los intereses locales de la comunidad, fueran estos los que fueran.
Llegaron incluso a organizar sindicatos territoriales en vez de los sindicatos por empresas, canalizaron las demandas de salud y de escuelas de los padres de familia y, sobre todo, elaboraron planes de reforma agraria en los que había una alta participación de la comunidad local. Las nuevas organizaciones tenían el nombre de Comités de Reforma Agraria Comarcales (CRAC) y expresaron las reivindicaciones históricas de las comunidades tradicionales a nivel de comarca.
En este período hubo una marcha masiva de 2 mil campesinos a la ciudad de Masaya exigiendo que el gobierno revisara su nueva ley de reforma agraria. Esta ley estipulaba la expropiación de fincas grandes y mal explotadas. Pero en Masaya la mayoría de las fincas de los ricos tenían menos de 500 Mzs. y la tierra era la que más eficientemente se explotaba en todo el país. Los campesinos decían por eso: "En Masaya la ley pasa por las nubes, no toca a nadie". De todas maneras, presentaron una lista de fincas que tenían tamaños que iban desde las 20.15 Mzs. hasta las 3 Mzs. y cuyos dueños habían abandonado el país después del triunfo. Presentaron también listas con los nombres de los miles de campesinos que arrendaban tierras comarca por comarca, con la esperanza de que el gobierno aplicara las cláusulas sobre el arriendo a los propietarios de más de 50 Mzs.
Hasta 1983 la entrega de tierra a los campesinos de Masaya estuvo más orientada por el interés de racionalizar y de compactar el sector estatal que por el deseo de satisfacer la demanda campesina. Algunas fincas estatales aisladas fueron entregadas a los campesinos con títulos colectivos y la presión por la tierra se mantuvo a lo largo de todo el período.
Segunda etapa: La movilización de los campesinos como productores colectivos y la consolidación de un sector de cooperativas de producción (1983-1985)La segunda etapa de la política agraria sandinista se desarrolló en respuesta a un cierto desgaste de la popularidad del FSLN entre el campesinado. En Masaya, este desgaste fue particularmente vertiginoso por una serie de factores coyunturales que impactaron a los campesinos en el segundo semestre de 1982 y a principios de 1983. Por un lado, la ola de ayuda internacional que llegó inmediatamente después del triunfo empezó a menguar y el país empezó a sentir una aguda escasez de divisas sin haberse recuperado todavía los niveles de actividad económica pre-insureccionales.
Como consecuencia de esto, hubo un deterioro apreciable del salario real de la población rural y aparecieron los problemas de desabastecimiento y de inflación. Al mismo tiempo, el enorme proyecto de renovación de los cafetales en el Departamento de Carazo (CONARCA) terminó, dejando sin empleo estable a casi 4 mil trabajadores de Masaya. A lo largo de 1980 y de 1982 se había dado un enorme desarrollo de la artesanía y de la pequeña industria a nivel nacional y particularmente en Masaya y se habían abierto posibilidades de trabajo asalariado para los masayas, no solamente en el proyecto CONARCA sino también en algunas obras urbanísticas -adoquinado de las calles de Masaya, remodelación del barrio de Monimbó, construcción del cauce interceptor de Masaya en el que trabajaron más de 700 hombres, etc.- Pero todas estas fuentes de trabajo desaparecieron al iniciarse la crisis económica. En esta situación, y con el desabastecimiento y la inflación, la presión de los campesinos masayas por acceder a tierra propia para sembrar se hizo aún más aguda.
Rosendo Díaz, el presidente de UPANIC, en un comentario sobre la política económica señaló: "Por un lado, crea problemas de mano de obra en el campo. Vas a buscar gente que te trabaje la finca y no hay. Tampoco puedes mecanizar porque no hay divisas. por otro lado, resulta que tenemos a gente vaga de sobra aquí en las ciudades, gente que se puede constituir eventualmente en un peligro, porque la necesidad tiene de perro..." No le faltaba razón al Sr. Díaz, porque la gente que volvía de la ciudad sin empleo venía con mucha necesidad de tierra. El "perro" de la necesidad y no la agitación política del FSLN es el factor que explica el comportamiento político de los campesinos de Masaya.
Como consecuencia de todas estas presiones económicas sobre la familia campesina, se desató el tercer gran movimiento de los campesinos para tomar tierras de los latifundios de Masaya. A finales de 1982, unas 1,200 familias de 23 comarcas exigieron la expropiación de la finca de la empresa SAIMSA (la empresa algodonera de Bolaños) y de otros empresarios del sector privado. Como pasó a principios de 1980 y en agosto de 1981, el Estado fue sordo a estas demandas campesinas y optó por defender los intereses de los propietarios manteniendo su política de unidad nacional.
Con el fracaso de este tercer movimiento de los campesinos por conseguir tierras ubicadas cerca a sus comarcas satisfaciendo así las expectativas que la revolución sembró en ellos, un "sordo resentimiento" recorrió todas las comarcas de Masaya. Desde su crítica situación de pobreza, el campesinado de Masaya no podía entender por qué que la revolución nicaragüense tenía que ser una revolución hacia afuera en vez de una revolución hacia adentro. Todavía o se sentía el impacto de la agresión militar norteamericana y los campesinos o podía captar la importancia de la política de unidad nacional que significaba, entre otras cosas, la postergación de sus reivindicaciones históricas por la tierra.
Parecidas situaciones iban desarrollándose en toda la Nicaragua campesina. El Estado (MIDINRA) empezó a responder al "sordo resentimiento", pero no según las demandas del campesinado sino según su propia ideología de transformación del subdesarrollo por la fuerza de la tecnología moderna. Como en la primera etapa esta ideología fue el fundamento para el desarrollo prioritario del sector estatal, ahora en la segunda etapa animaría un esfuerzo de movilización del campesinado, no como campesino sino como cooperado dentro de cooperativas de producción dotadas con tecnología avanzada y con todo tipo de modernización impulsadas por el Estado.
La segunda etapa arrancó con un programa de atención especial a las "cooperativas priorizadas". En este programa unas 500 cooperativas de todo el país fueron seleccionadas para recibir atención estatal y avanzar hacia una producción más tecnificada. La consigna era "poco y bueno". Aunque éste sea un lema necesario para cualquier intensificación de la producción en base a tecnología importada, en la práctica esta consigna dejó a un 75% del movimiento cooperativo y a un 90% del campesinado sin contacto vital con los beneficios del estado revolucionario.
La segunda etapa, sin embargo, significó un cambio en el rumbo de la reforma agraria. En ella, se rompió la política estatal de frenar el acceso a la tierra de los campesinos por miedo de perder la mano de obra necesaria para conseguir las divisas provenientes de la exportación de café, algodón y otros productos. De hecho, las cooperativas de producción de algodón en León y Chinandega se mostraron más eficientes que el sector empresarial y el sector estatal. Como se ve en el Cuadro 4, el desarrollo de las cooperativas de producción (CAS), frenado durante los primeros años de la revolución dio su primer paso importante a nivel nacional en 1983. Más de 10 mil familias recibieron títulos colectivos en solo ese año.
Cuadro 4
Cabe destacar que, a la par, sólo 248 familias recibieron asignación de tierra en forma individual, lo que demuestra claramente que la segunda etapa se caracteriza por la movilización del campesinado como cooperativista y no como productor campesino individual. La mayoría de las entregas de tierras en cooperativas se realizaron en la segunda mitad de 1983 con tierras del sector estatal y con fincas expropiadas por reforma agraria. En Masaya, no se tocó la propiedad privada. Más bien, el Estado respondió al "sordo resentimiento" de los campesinos masayas entregándoles en forma colectiva 2,000 Mzs. de tierra de la fincas estatales.
No era ésta la tierra i era esa la forma de entrega que los campesinos querían -habían presionado por las fincas de Bolaños-, pero los graves problemas económicos les obligaron a aceptar lo que el Estado les quiso dar. A diferencia del resto del país, en donde la tierra fue entregada demasiado tarde para las siembras de 1983, la presión campesina especialmente fuerte en Masaya, logró conseguir tierras del Estado ya en el primer semestre de 1983 a tiempo para las siembras del mes de mayo.
En el Cuadro se puede apreciar un enorme esfuerzo por la legalización de tierras en propiedad efectiva al campesinado. Este proceso se desarrolló en el interior montañoso de Nicaragua, donde se empezó a sentir la presión de la contrarrevolución armada en forma muy aguda desde marzo de 1983. En el interior, la respuesta al campesinado fue un inferior que en el Pacífico. Por un lado, en la montaña hubo más miedo en el MIDINRA a perder mano de obra para las grandes fincas cafetaleras y ganaderas y por otro lado, el campesinado más tradicional de la montaña rechazó las formas organizativas colectivas y modernas que promovió el Estado. Campesinos que fueron cercanos colaboradores de Carlos Fonseca recordaban sus palabras sobre la asignación individual de la tierra y mantuvieron su fe en ellas y en sus antiguos amigos de la Dirección Nacional del FSLN, confiando en que tarde o temprano se cambiarían las políticas del MIDINRA.
Aunque unas 30 mil familias recibieron la legalización de sus tierras en el interior, esto no significó ningún cambio real. Muchos de ellos quedaron con minifundios legalizados que no eran suficientes ni para satisfacer su autosubsistencia. Otro gran grupo de campesinos pobres en el interior vivían bajo la opresión del sistema de colonato -servidumbre-, que no fue tocado ni por la reforma agraria ni por el proceso de legalización.
En 1984 el ritmo de entrega de tierras a cooperativas de producción continuó, como se ve el Cuadro 4. A finales de 1984 quedó constituido un gran sector de cooperativas de producción (CAS), con 33 mil familias campesinas integradas, que representan más del 22% del total de familias campesinas del país. La mayoría de estas cooperativas fueron ubicadas en el Pacífico y en las partes de la república que contaban con infraestructura de caminos o carreteras. Las pocas cooperativas que se lograron establecer en el interior de la montaña fueron blanco de los ataques armados de la contrarrevolución y esto hizo que el campesinado quedara aun más vacunado contra la idea de unirse a colectivos de producción.
Aunque un gran sector cooperativo quedó constituido en el país, el Estado no fue capaz de atender correctamente este modelo productivo que tanto dependía de un cordón umbilical que le conectara con los recursos estatales. Se expandió el número de cooperativas priorizadas a 822, pero este sector privilegiado seguía representando una pequeña porción del campesinado.
A lo largo de 1984 el Estado revolucionario no sólo se enfrentó con su incapacidad para atender de forma satisfactoria al sector cooperativo, sino también con una creciente crítica de un campesinado resentido contra el Estado y contra el FSLN. El hecho de que la entrega de tierras era una "entrega condicionada" a cultivarlas bajo formas colectivas y con un cierto grado de dependencia del Estado dejó un mal sabor en el paladar campesino. El desgaste del consenso sandinista en el campo estaba obligando a otro rumbo en la política agraria.
Tercera etapa: La movilización de los campesinos como campesinos parceleros (1985-...) A pesar del desarrollo del modelo cooperativo en la segunda etapa, solo un 7% de la superficie agropecuaria nacional había sido entregada al campesinado después de 5 años de revolución. Durante la primeras dos etapas de la reforma agraria no hubo una atención significativa al productor campesino individual. Como se ve en el Cuadro 5, sólo el desarrollo de cooperativas de producción CAS significaba una transferencia real de la tierra al campesinado.
Cuadro 5
Otras formas cooperativas, las cooperativas de crédito y servicios (CCS) están integradas por productores individuales que sólo son miembros de la cooperativa en el sentido de que todos van al banco el mismo día para recibir crédito en forma individual. La gran mayoría de los miembros de estas cooperativas no habían recibido tierra ni asistencia técnica ni de capital de inversión por la vía de la reforma agraria.
El hecho que sólo un 7% de la superficie agropecuaria hubiera sido transferida a los campesinos bajo la fórmula de "entrega condicionada" después de 5 años de reforma, se debe en el fondo a dos factores principales: 1) la necesidad de mantener la alianza con el sector empresarial; 2) una cierta desconfianza de la tecnología y cultura tradicional del campesinado por parte de los revolucionarios, que fueron producto de una insurrección urbana. Para el campesinado, la respuesta fue escasa y no exactamente la que quería.
En Masaya, la respuesta había sido aun menor que la que se dio a nivel nacional. A nivel nacional, un 22% de los campesinos habían recibido tierras en forma colectiva. A fines de 1984 sólo un 15% de los campesinos masayas con menos de 4 Mzs. habían recibido tierras. Unas 8 mil familias habían quedado sin ninguna respuesta. Hay que añadir a esto que todo el programa de subsidios y de control del Estado sobre el comercio de los bienes básicos, que tanto beneficiaba a la población urbana y al proletariado agrícola, tenía un impacto muy negativo sobre el campesinado de Masaya, acostumbrado a escapar de su hambre siendo tres cosas a la vez: campesino productor, obrero agrícola estacional y negociante. Las ganancias que este campesino percibía antes vendiendo su producción a las ciudades fueron canceladas por los programas nacionales de control del comercio de gobierno.
A lo largo de 1984, los cuadros del FSLN en la región de Masaya empezaron a responder a la demanda propiamente campesina. Desarrollaron un proyecto de producción de frutas y hortalizas para el campesino parcelero y para los arrendatarios. La diferencia con el pasado estaba en la atención a la familia individual y en la conexión del Estado con la cooperativa de crédito y servicios de una forma significativa. A través de 1984, los sandinistas de base iban enriqueciendo la visión de los dirigentes nacionales sobre la necesidad de un cambio de rumbo en la reforma agraria. Entre ellos, los campesinos de Masaya estaban ya perdiendo su paciencia con el gobierno. Mientras que sus familias estaban dando las vidas de sus hijos en la defensa de la tierra patria y la soberanía nacional, el Estado no respondía a sus demandas por la parcelización de la tierra.
Todo lo que pasaba en los campos de Masaya impactó finalmente la conciencia de la mayoría de los dirigentes revolucionarios. Las elecciones de noviembre de 1984 hicieron reflexionar al SLN de Masaya sobre el grado de consenso que expresaban los votos. El FSLN ganó en Masaya el 55% de los votos. Un porcentaje que, si es cierto confirmaba al FSLN como la fuerza mayoritaria en el Departamento, al mismo tiempo representaba un porcentaje bastante inferior al promedio nacional. Aunque según las normas clásicas de análisis electoral, las abstenciones y los votos nulos no deben ser considerados como una expresión de rechazo al FSLN, si estos votos nulos y estas abastenciones se "leyeran" desde esa perspectiva, el FSLN hubiera ganado en Masaya sólo el 40% de los inscritos.
Lo que pasó en Masaya pasó también en otros lugares del país en donde el campesinado tiene las características de ser comerciante de su producción. Las elecciones revelaron otro dato de gran interés: en aquellos municipios campesinos de Nicaragua en donde menos del 10% de la población había recibido tierras por la Reforma Agraria, los partidos de oposición aunque no vencieron al FSLN, sí obtuvieron porcentajes superiores a los que tuvieron a nivel nacional.
A más de todos estos problemas, el gobierno se vio obligado a implementar una serie de nuevas medidas para enfrentar la crisis económica. En el fondo, estas nuevas medidas estaban orientadas en tres direcciones: 1) estimular la producción del sector privado dándoles precios más altos; 2) bajar el déficit fiscal eliminando los subsidios que protegían el consumo básico popular y 3) aumentar los salarios, particularmente en el campo, para que los trabajadores pudieran enfrentar la fuerte inflación en su consumo básico.
A pesar de los buenos propósitos del gobierno, hubo un reajustes que impactó fuertemente sobre el nivel de la mayoría de los pobres del campo y de la ciudad. Como se ve en los Cuadros 6 y 7, los precios de los alimentos básicos aumentaron en un 300% y un 400% mientras que los salarios sólo aumentaron en un 150%. Aunque el campesino produce su maíz y sus frijoles, los costos de los machetes, limas, botas y todos los otros insumos que necesita para producirlos subieron en 1985 aun más que los alimentos básicos.
Esta nueva presión económica fue el detonador de una cuarta movilización campesina por las tierras de Masaya. Esta movilización incluía a quienes los dirigentes locales llaman "campesinos de nueva ola", que son los artesanos y comerciantes de las ciudades, muy golpeados por la crisis económica. Este campesinado "de nueva ola" viene de los mismos estratos que tomaron las tierras en 1979.
Cuadro 6
Cuadro 7
Hoy: período de autocrítica y de reformulación de la política agraria sandinistaEl 21 de octubre de 1984 el Comandante Víctor Tirado prometió a una asamblea de medianos productores: "En el marco de la economía mixta mantendremos el respeto a la propiedad de cualquier tipo frente a las campañas alarmistas que pretenden sembrar el pánico en el medio rural, campañas formuladas por los enemigos de la revolución. proclamamos una vez más el respeto a la propiedad rural. La época de las grandes confiscaciones terminó con las expropiaciones somocistas". Como habíamos indicado, sólo el 7% de la tierra había pasado a los campesinos en 5 años y una mitad de esta tierra procedía del sector estatal y no de expropiaciones a productores privados. Lo que explicaba Tirado no era retórica para ganar al sector privado sino la pura verdad. Frente a los hechos de estos 5 años, sólo ciego a un malintencionado puede acusar al FSLN de irrespeto a la propiedad rural privada. Sin embargo, con todos los signos negativos en el apoyo campesino al proyecto revolucionario, las instancias nacionales del FSLN se vieron obligadas a una profunda autocrítica de su política agraria.
Al mismo tiempo que se desarrollaba a nivel nacional el proceso de elaboración de proyectos nacionales para apoyar al campesinado según sus propias expectativas, las instancias nacionales del FSLN dieron luz verde a los dirigentes locales de UNAG en Masaya para que iniciaran el proceso de responder por fin a las demandas históricas del campesinado de Masaya.
El dilema del FSLN, tanto en Masaya como a nivel nacional, es cómo elaborar una política agraria que mantenga la unidad nacional y las garantías al sector empresarial al mismo tiempo que recupere el apoyo del campesinado.
El cambio básico en la política ha sido un incremento en la entrega de tierras en forma individual al campesinado. Como se ve en el Cuadro 8, el primer plan de entregas individuales fue superado con mucho a mitad del año. El segundo plan plantea una meta de manzanas por entregar seis veces superior a la del primer plan. El plan no significa de ninguna manera entregas masivas, aunque está pendiente la cuestión de si la dinámica social superará o no los cálculos del gobierno.
Cuadro 8
En el fondo, el dilema es de dónde y cómo obtener la tierra para repartir entre los campesinos. Los primeros pasos para la solución de este dilema fueron los siguientes: 1) entregar tierras del sector estatal y 2) cuando los campesinos exigen tierras privadas o no hay suficiente tierra de fincas estatales para parcelar, como es el caso en Masaya, entrar en proceso de negociación con los propietarios privados.
De esta forma el gobierno ha ido cumpliendo su promesa al sector privado hecha en octubre de 1984. El proceso de negociación Estado-propietarios funciona de esta manera: se entra en conversaciones con el dueño de una finca que se podría expropiar según la ley de reforma agraria y se paga al contado la finca. De esta manera el gobierno ha ido cumpliendo con su promesa al sector empresarial al mismo tiempo que ha ido respondiendo al campesinado sin mayores tensiones, hasta que se enfrentó al "caso" de Masaya.
¿Se rompió la legalidad en Masaya?El proceso de negociación entre el Estado y los propietarios privados de Masaya se desarrolló dentro del mismo marco nacional señalado. El deseo del gobierno era evitar la expropiación de cualquier finca en contra de la voluntad de sus dueños y permitir el acceso a la tierra de los campesinos más empobrecidos del Departamento. En la negociación se les ofreció a los propietarios no solamente el pago al contado de sus fincas sino también la alternativa de otras tierra fértiles en áreas donde no hay tanta presión sobre la tierra por parte del campesinado.
En el fondo, el gobierno estaba diciendo al sector empresarial de Masaya: "Hemos defendido sus derechos como propietarios contra los campesinos durante seis años. Pero ya es injusto negar acceso a la tierra a estos campesinos de quienes estamos perdiendo el apoyo mientras que ustedes, de todas maneras, no están haciendo producir estas tierras a su plena capacidad". Todo el proceso fue precisamente legal, porque existe una cláusula en la ley que permite la creación de zonas de reforma agraria para solucionar problemas muy especiales que surjan al afrontar proyectos de desarrollo que involucran cambios en la tenencia de la tierra e inversiones de importancia estratégica nacional, como ha sucedido en los proyectos de alta tecnología para la producción de caña de azúcar y de leche en el Departamento de Managua.
En el caso de Masaya, las necesidades postergadas de una población que está entre las más pobres del país fueron consideradas como e importancia estratégica nacional. Según las estipulaciones de la ley, el Ministerio de Reforma Agraria y Desarrollo Agropecuario puede expropiar fincas aun cuando estén siendo bien trabajadas si se encuentran en una zona declarada de Reforma Agraria. En el caso del nuevo proyecto de caña de azúcar, toda una comarca campesina, Las Canoas, fue expropiada y trasladada a 20 kilómetros, según las mismas estipulaciones legales. Aunque este traslado fue tremendamente duro para los campesinos, que tuvieron que vivir en el lodo hasta que les fueron construidas sus nuevas casas y aunque estos campesinos eran productores privados y fueron afectadas más de cien familias, no se escuchó ninguna queja ni del COSEP ni de la embajada norteamericana ni e la prensa internacional reclamando que hubiera sido violada la ley de reforma agraria.
Cuadro 9
Además de la legalidad establecida desde que se declaró la zona como de Reforma Agraria, existían serias dudas sobre la eficiencia del sector empresarial de Masaya, tanto estatal como privado. Por ejemplo, los rendimientos y excedentes por manzana de algodón de los grandes propietarios resultaron más bajos que los de los pequeños empresarios en tres de los últimos cuatro años, y aún más bajos que los de las fincas estatales en uno de esos años. La gran empresa capitalista no era realmente eficiente en Masaya.
Con la luz verde del FSLN, los campesinos de Masaya tomaron las tierras de la empresa estatal Camilo Ortega a finales de mayo y principios de junio. Aunque muchos campesinos dudaron de la palabra de los dirigentes de la UNAG sobre la disposición del estado a entregarles tierras de los patrones privados, el 14 de junio hubo una marcha a Masaya para exigir esas tierras y las tierras de las empresas estatales. Aunque la marcha no fue tan masiva como las tres grandes movilizaciones anteriores, sí fue importante. Dos días después, el Ministro del MIDINRA anunciaba que un grupo de empresarios patrióticos habían vendido 3,544 Mzs. al Estado para repartirlas entre los campesinos.
El Estado, por su parte, había cedido 1,877 Mzs. a los campesinos. También se anunció que había sido necesario llevar a cabo la expropiación legal de 2,032 Mzs. del Grupo SAIMSA que se negó vender sus propiedades. Como se ve en el Cuadro 9, de estas 7,457 Mzs. disponibles, sólo se ha logrado asignar hasta el momento unas 3,458 Mzs. a los campesinos.
En el fondo, esto se debe a los problemas que aún deben ser superados en la historia de desconfianza entre el Estado y los campesinos de Masaya y sobre todo a la necesidad de emprender conversaciones respetuosas en cada comarca sobre las tierras que quieren los campesinos y sobre la forma cómo quieren parcelarlas, asuntos que son mucho más difíciles de resolver que los que acompañaban la asignación colectiva que ha caracterizado la política agraria hasta ahora. En el desarrollo de este tipo de línea de masas, el FSLN tiene poca experiencia y aquellos militantes que fueron cuestionados por desarrollar este tipo de línea de masas en 1981 ya tienen responsabilidades en otras regiones del país a donde fueron trasladados.
¿Hacia dónde va la política agraria?Como demuestra el Cuadro 8, la vuelta de la política agraria de la revolución hacia el campesinado individual todavía no ha sido total. Lo que sí existe ya es un proceso de autocrítica que nos permite caracterizar los sucesos de junio de 1985 en Masaya como una nueva etapa de la reforma agraria. Surgen interrogantes sobre los mecanismos de la expropiación y el traspaso de la tierra a los campesinos, sobre el futuro de la alianza con el sector privado y la unidad nacional, sobre cuántas familias individuales serán beneficiarias en esta nueva etapa.
Todos los indicios de lo ocurrido hasta ahora muestran que el gobierno seguirá garantizando un clima adecuado para el sector empresarial. Incluso el gobierno se ha mostrado dispuesto a deprimir en forma muy fuerte el nivel de vida de la clase obrera para recuperar la economía. Por otra parte, la práctica del MIDINRA en todas las regiones del país no demuestra ninguna desviación de la promesa de negociaciones y pago inmediato y no se han dado radicalizaciones en el proceso expropiatorio.
El proceso de reforma agraria seguirá siendo, pues, más conservador que el de otras reformas agrarias latinoamericanas. Existe suficiente tierra del sector estatal y una clara disposición del gobierno de mantener la unidad nacional para no suponer que el gobierno va a tratar de satisfacer la demanda campesina a costa del sector estatal y del déficit fiscal y no dañando su alianza con el sector privado. Como se ha visto a lo largo del análisis del caso de Masaya estamos ante una situación muy especial. A causa de la presión sobre la tierra, de la pobreza extrema de los campesinos y de la incomprensión y politización del Grupo SAIMSA, las entregas de tierra se dieron en un contexto de mucha tensión. No se esperan problemas parecidos en el resto del país en donde hay tierras en abundancia. Por otro lado, el incremento en los precios de los productos agrícolas en el mercado nacional y la continuación de los efectos de la guerra sí hace esperar un cambio gradual en el carácter de la unidad nacional y en el de la alianza con el sector privado.
Por estas dos causas se espera que la tierra de valor comercial más alto del país, que se encuentra entorno a las áreas urbanas, va a ser distribuida entre los campesinos. El alza de los precios de los productos agrícolas dejen su trabajo como proletarios en la agroexportación, tengan tierras propias y empiecen a vender su producción a las ciudades. La tierra de Masaya es de alto valor comercial, precisamente por la facilidad que hay para la venta de frutas, hortalizas y una gran variedad de alimento no básicos a la población capitalina. Junto a los cambios que se han dado en la planicie de Masaya se estudia también una distribución a los campesinos de las tierras cafetaleras de toda la meseta de Carazo.
Los campesinos reorientarán la producción de estas tierras hacia el mercado nacional eliminando café y sembrando alimentos para vender en Managua. Las nuevas medidas económicas casi exigen que el proletario agrícola cercano a la gran ciudad se transforme en semi-proletario, entrando en el comercio o consiguiendo tierras en la reforma agraria. Es decir, con esta nueva política de tierras, el apoyo y los estímulos productivos que el gobierno ofrece al sector privado agrícola se extenderán por igual a los campesinos pobres y a los trabajadores agrícolas. Se prevé que en esta situación de libre mercado de productos y de tierras los grandes dueños con tierras de alto valor comercial las perderán frente a la pequeña empresa campesina.
Por otra parte, la guerra contribuye también al crecimiento del poder del sector campesino frente a la patronal. La falta de mano de obra que causa la guerra y los hostigamientos de la contrarrevolución para detener la cosecha de café o para cortar la comercialización de la leche impactan más fuertemente a los productores más acomodados que a la pequeña empresa familiar. Hay que tener en cuenta también que los asentamientos de campesinos refugiados por causa de la guerra se ubican cerca de las ciudades rurales. Esta ubicación exigirá pronto de la reforma agraria en las tierras de los alrededores de esas poblaciones urbanas y, de nuevo, las tierras que habrá que repartir al campesinado serán las más cercanas a las ciudades y las de más alto valor comercial.
El ritmo de esta transición hacia la producción campesina parcelaria dependerá del desarrollo de la crisis económica y de las medidas para enfrentarla, problema que se analizará en el próximo número de Envío.
En las dos primeras etapas de la reforma agraria, el gobierno de Nicaragua estableció un sector reformado de fincas estatales y de cooperativas de producción. El reto de la próxima etapa es la incorporación de la producción campesina dentro del modelo de la economía mixta. Paradójicamente, es la guerra contrarrevolucionaria que financian los Estados Unidos y las medidas de los sandinistas para apoyar al sector empresarial las que puedan causar un giro tal en la economía mixta que los propietarios más acomodados pierdan sus tierras por la creciente fuerza de un campesinado hambriento de tierras y de derechos a tener una participación democrática en la construcción de una nueva economía que sea a la vez más justa, menos dependiente y más nacional.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica