¿Qué decir de la Revolución Ciudadana en Ecuador?
Ecuador vive una etapa histórica, que hay que inscribir en el actual período de nueva vitalidad de las izquierdas en América Latina. El gobierno de Rafael Correa ha dado un viraje
a la vida política y económica ecuatoriana. Su reelección con el 57% de los votos, después de seis años de mandato,
permite hablar de una nueva identidad política: el correísmo.
¿Qué decir del proyecto de Correa?
Ivette Sosa y Armando Chaguaceda
El 17 de febrero Rafael Correa fue ratificado -por tercera ocasión y ahora por abrumadora mayoría- al frente del gobierno ecuatoriano. Sumando más votos que el resto de los candidatos reunidos, Correa obtuvo, además, un control mayoritario en el Parlamento para su organización Alianza Patria Altiva y Soberana (Alianza País), lo que le permitirá avanzar su agenda de cambios político-institucionales dirigidos a superar lo que su encendida retórica ha denominado “la larga y oscura noche neoliberal”, vivida por Ecuador desde la década de los años 80. Un proceso que llevó a una desinstitucionalización creciente, expresada en la disminución del gasto social y las obras públicas, al colapso de los servicios estatales, la generalización de la corrupción administrativa, la ineficiencia estatal y a una severa crisis de gobernabilidad, en particular del Ejecutivo.
Cohesionando -desde su ascenso político a mediados de la pasada década- las demandas que reclamaban las manifestaciones populares, Correa se hizo eco de la necesidad de superar la crisis de representación que erosionaba al sistema político. También, del rechazo generalizado a la política –anclado a la actuación de líderes y partidos- y de la importancia estratégica de una contienda política que se libraba en el espacio de las leyes enturbiando las reglas del juego político. En ese contexto, Correa propuso “la gran transformación”.
OTRO MODELO ECONÓMICOLa incertidumbre y la inestabilidad política, de larga data en el Ecuador, condicionaron la búsqueda de un liderazgo fuerte, antisistema, de un outsider del sistema político. Los partidos tradicionales en competencia en las elecciones de 2006 venían recibiendo un apoyo electoral en declive y el binomio Rafael Correa-Lenín Moreno -encabezando la propuesta de Alianza País (AP)-, tuvo un notable respaldo popular en segunda vuelta frente a la candidatura del político y empresario guayaquileño Álvaro Noboa.
Al asumir la Presidencia, Correa dio cauce a un proceso constitucional que abarcó la consulta popular para negar
o convocar la Asamblea Constituyente y sus miembros, la elaboración de una nueva Constitución -sometida
a referéndum- y la elección a puestos de representación popular. Comenzaba el camino de la denominada oficialmente Revolución Ciudadana.
Tempranamente el nuevo gobierno abandonó el trillado modelo económico vigente desde los años 80: apostó al nacionalismo económico, revigorizando la participación del Estado, especialmente en el área petrolera, donde despojó a empresas privadas y acumuló hasta el 80% de las riquezas gasíferas. Las relaciones comerciales con el extranjero se vieron sujetas a modificaciones de responsabilidad laboral nacional y a diversificaciones, desterrando la dependencia con Estados Unidos y ampliándose a países latinoamericanos a Europa, a Medio Oriente y a China. La superación de los condicionamientos externos-particularmente del FMI- condujo a la reducción de la deuda externa y a su manejo con más eficacia.
Las políticas laborales y sociales también cambiaron. Se eliminó la tercerización laboral y el subempleo, mejoraron las remuneraciones y la protección a los trabajadores, reforzadas por derechos fijados posteriormente en la Constitución de 2008. Se priorizó la atención a los trabajadores informales -integrándolos a los programas de créditos y servicios- y se fortaleció la seguridad y el gasto social. Las políticas de impuestos sobre la renta contribuyeron a una mejor redistribución de la riqueza.
Se introdujeron formas organizativas, de control y de administración para el combate a la incompetencia profesional y a la corrupción generalizada de los servidores públicos. Se rejuveneció la burocracia, optimizándose la preparación de los tecnócratas en los puestos de dirección. Se afianzó el principio de equidad de género en los cargos públicos y, como vía para la redistribución de la riqueza, el gobierno desplegó un amplio programa de créditos y beneficios a las inversiones públicas. Se multiplicaron las obras de infraestructura y el gasto social destinado a la educación y a la salud, mientras el llamado “bono de desarrollo humano” que se le brinda a los más pobres alcanzó a 1 millón 900 mil personas, siendo 15 millones la población total. Todo esto contribuyó a un notable incremento en la calidad y el nivel de vida de la ciudadanía.
LOGROS SOCIALES
RECONOCIDOSEn la esfera educativa y de formación de capital humano el gobierno implementó una reforma universitaria que benefició ostensiblemente la calidad de la educación superior, al exigir más estándares de calidad a las mercantilizadas universidades privadas, reforzando los programas de becas para estudios en el exterior y el trabajo de las áreas de investigación, desarrollo y tecnología. Las excelentes experiencias alcanzadas por los programas gubernamentales de atención a las personas con discapacidad, reconocidos internacionalmente, se comparten a países del área con asesoría ecuatoriana. Los resultados económicos y sociales conseguidos durante los seis años del gobierno de Correa han sido reconocidos por organismos internacionales, particularmente la CEPAL y el PNUD. El país ha crecido hasta ocupar el tercer puesto en el área, revirtiendo incluso la tendencia migratoria. La oposición interna ha apreciado como positivos los programas de infraestructura y gasto social, aunque los consideran populistas, insostenibles y advierten peligros para la empresa privada, para el libre mercado y para la diversificación en las inversiones.
Hay analistas que consideran que el éxito del gobierno de Correa se debe, en gran medida, a la bonanza económica que ha acompañado su mandato. Y apuntan que este período de holgura pudiera verse frenado por la ausencia de reformas estructurales profundas, lo que afectaría la redistribución de la riqueza y el incremento del bienestar social alcanzados.
EL NUEVO ROL DEL ESTADONo podría resumirse el nuevo rol del Estado durante el gobierno de Correa a la mera “recuperación” de su papel. Más bien, ha de entenderse como una transformación que ha contribuido a que los intereses de las clases sociales y grupos políticos hegemónicos sean desplazados por los de las amplias mayorías de actores populares, Vlasemedieros y a sus correspondientes -y noveles- liderazgos políticos.
Para algunos -la oposición- estas modificaciones podrían sintetizarse en el incremento del hiperpresidencialismo, el caudillismo, el populismo y el clientelismo, expresados en la reconcentración de poderes en el Ejecutivo. Desde esa perspectiva el patronazgo del Estado ecuatoriano, “entregando el “bono de desarrollo”, ha sido considerado un reflejo de la política clientelar del gobierno. Para otros observadores -en diversas posturas de izquierda-, las transformaciones en la estructura clasista han establecido el dominio de un “capitalismo de Estado” y la emergencia de un modelo “posneoliberal”, que ha dado al traste con la crisis de representación de los partidos tradicionales. El politólogo Simón Pachano califica el proceso en curso en Ecuador como una “transición incierta” ya que no habría generado ni las condiciones institucionales ni los incentivos para que los actores se desempeñen en las nuevas condiciones, asegurando la reproducción institucional.
LA TRANSFORMACIÓN POLÍTICALos antecedentes de este nuevo ciclo histórico en Ecuador se remontan a la debilidad del sistema de partidos y a la inestabilidad política vividas por el país, a la fractura de la oposición y a su incapacidad de rearticular los intereses de la población. El extenso período de erosión del sistema político ecuatoriano devastó las principales formas de representación política y dejó claros vacíos institucionales en el procesamiento político. Esto condujo a la desconfianza generalizada en la política.
El gobierno de la Revolución Ciudadana se ha caracterizado por ser plebiscitario, en comparación con administraciones previas. Lejos de otorgarle el carácter denostativo que frecuentemente se le imputa a esta característica, esto significa la búsqueda de bases legítimas para realizar las transformaciones ejecutadas desde 2007. Una mirada a las elecciones generales apunta no sólo al incremento del respaldo al proceso que impulsa el gobierno, también a la consolidación de AP en la Asamblea, con los beneficios legislativos que eso representa para el proyecto.
En los comicios generales de abril de 2009 el partido oficialista alcanzó el 43.6% del total de puestos en la Asamblea, condición que no eliminó escollos para la aprobación de leyes “esenciales” para avanzar en la Revolución Ciudadana. La conformación de la Asamblea de entonces tampoco benefició la formación de coaliciones estables, en base a acuerdos programáticos y, aunque AP se consolidó como partido hegemónico, sufrió el desgarramiento de varios de los grupos que inicialmente integraron la alianza encabezada por Correa.
En las elecciones de 2013, ganadas en una sola vuelta, AP acumula más de 93 curules, algo más de las dos terceras partes de los votos necesarios para aprobar iniciativas legales en el cuerpo colegiado, frente a los exiguos resultados de la oposición: Creando Oportunidades (12), Partido Socialcristiano (7), Movimiento Popular Democrático y Pachakutik (6), Partido Sociedad Patriótica (6), representantes de ecuatorianos en el exterior (6) y Avanza (4).
Esta prominencia del partido en el poder acelerará la aprobación de leyes pendientes (ley de comunicación, Código Penal, modificaciones a las leyes de seguridad social y de redistribución de tierras) y la de leyes de nueva producción en el período que comienza. Sin embargo, la colegislación mermada y la disminución en la deliberación interna pudiera debilitar al Legislativo y al proceso “revolucionario” en sí, al tiempo que harán agua las alianzas con otros partidos y se agudizaría la contenida fiscalización y el control al Ejecutivo.
Por otro lado, aunque las elecciones han logrado dar estabilidad a la Presidencia, persisten deficiencias en el diseño institucional que perpetúan la situación política irregular: insuficiencias en la producción legislativa complementaria a la Constitución, escasa rendición de cuentas y contrapesos políticos, ausencia de espacios para el procesamiento adecuado de los conflictos y nombramientos provisionales de funcionarios en áreas estatales de amplia envergadura, aún a estas alturas. Todo esto muestra la relativa inestabilidad del proceso político que impulsa el gobierno.
DE LO MÁS CUESTIONADOPese a la amplia legitimidad de la administración Correa, uno de los aspectos más cuestionados ha sido la reforma a la Asamblea Nacional -establecida por la Constitución Política de 2008-, en particular a lo relativo a la función judicial. Si bien la Carta Magna dictó los mecanismos para su realización, no fue hasta el año 2010 que, mediante referéndum, se incluyó el tema, abarcando los campos administrativos y organizativos de lo judicial. Aunque esta reforma era necesaria para apoyar el nuevo modelo del gobierno, su iniciativa -por el ex-secretario personal del Presidente Correa, Gustavo Jalk- deja dudas sobre la neutralidad del proceso, más allá de la legitimación alcanzada vía referéndum. Esta reforma ha supuesto un recorte a los poderes de control y fiscalización del Ejecutivo por la Asamblea, que ha sido transferido, en parte, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, persistiendo el nombramiento trunco de autoridades en organismos de control y en el propio Poder Judicial.
LA IZQUIERDA EN LA OPOSICIÓNLa imagen del régimen ecuatoriano se ha visto también afectada por las rupturas de sectores políticos que lo apoyaron inicialmente. Movimientos indígenas, agrupaciones campesinas y sindicales, capas medias e intelectuales de la izquierda nacional le han retirado su apoyo al gobierno tras la Constituyente, erigiéndose como movimientos de oposición el grupo Ruptura de los 25, el Movimiento Popular Democrático (MPD) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Durante el ciclo de inestabilidad política previo a Correa, un factor de peso significativo para el desmembramiento de las movilizaciones sociales fue el viraje que la ciudadanía observaba en el “proyecto” político del gobierno y del Presidente una vez instalado en el poder. En este contexto, las propuestas de refundación, distribución y cultura ciudadana de la izquierda de entonces se concentraron en la plataforma programática de Acuerdo País que llevó al candidato Correa a ganar las elecciones en 2006.
Sin embargo, ya en el sillón presidencial Correa preferenció ocasionalmente la Doctrina Social de la Iglesia Católica. La amalgama programática de su gobierno se extendió también al Plan de Desarrollo elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), plataforma asumida por Alianza País, plan que también fue modificado después de la Asamblea Constituyente, por el del Buen Vivir.
DIFERENCIAS
CON VENEZUELA Y BOLIVIAAunque las distintas plataformas de AP coincidieran en sustanciosos aspectos -el antiimperialismo, el nacionalismo, la redistribución de la riqueza y un salario digno para los trabajadores-, la permanente muda de proyectos políticos y la personalización de las propuestas llevó al actual despojo de la izquierda de un proyecto propio y a su fraccionamiento. El retiro del apoyo de la izquierda a Correa ha ido de la mano con las transformaciones en el Legislativo, de modo que las prácticas de participación se limitan cada vez más a la ratificación de las decisiones oficiales, a la socialización de las políticas del gobierno y no a la deliberación y a la búsqueda de consensos. Es ilustrativo lo expuesto por analistas, como Pablo Stefanoni, que reconocen en el gobierno ecuatoriano una menor propensión a la promoción de políticas de participación locales y nacionales, tanto en su plano genuinamente innovador como en su potencial utilización como factor de movilización, tal como sucede con sus aliados de Bolivia y Venezuela.
La fragmentación de la izquierda en el escenario político ecuatoriano se complementa con la añeja descomposición de la oposición -que no ha alcanzado un proceso de consenso y unidad como su homóloga venezolana- y la segmentación -casi vaciamiento- de la presencia en el escenario político de movimientos sociales autónomos y beligerantes del tipo de los que logran torcer la agenda de Evo Morales en Bolivia. En gran medida, esta desintegración y parcialización de la agenda política civil encuentra su condicionante y contrapartida en la fortaleza y predominio del liderazgo de Correa en las definiciones de la agenda política. Juega con la ventaja del efecto positivo de una buena gestión de la economía y de las políticas públicas, algo que contrasta con los resultados variables que observamos en Caracas y en La Paz en esos mismos aspectos.
EN GUERRA CON LOS MEDIOSEl tratamiento dado por el gobierno de Ecuador a los medios masivos de comunicación privados ha sido impugnado como antidemocrático. Tanto el lenguaje confrontativo de Correa, como los juicios a que han sido sometidos varios diarios nacionales, canales de televisión y radios locales opuestos al gobierno, han agudizado una imagen de polarización política que no se corresponde con los resultados electorales alcanzados en las elecciones de 2013. Es incuestionable que el poderío económico de los grupos empresariales, propietarios de estos medios privados, alcanza niveles políticos e ideológicos que reemplazan a los partidos. Sin embargo, las presiones a las que se han visto sometidos no sólo vulnera la libertad del ejercicio empresarial, también -y esto es acaso más grave- reduce las posibilidades de información y expresión autónomas a las oficiales, reproduce viejos esquemas de control político de la prensa, presentes en los previos autoritarismos latinoamericanos y en el modelo vigente en Cuba de subordinación de la prensa. Y adelanta rasgos de una hegemonía comunicacional similares a los que vemos en varios de los países agrupados en el ALBA.
El alineamiento notoriamente antigubernamental de los medios de comunicación privados, y su conexión con una clase política empresarial que otrora hegemonizara los destinos del país, no se constituye en razón suficiente para quebrantar y debilitar libertades y derechos ciudadanos en este campo. La exclusión y mofa a la que es sometida la oposición en el discurso político oficialista limita las opciones de un diálogo nacional, algo potencialmente lesivo para la consolidación del proceso que impulsa el gobierno.
Ciertos cuestionamientos simplistas al surgimiento de un sistema estatal de medios -como los periódicos “El Telégrafo” y “El Ciudadano”, la agencia Andes, radios y televisiones públicas- destinados a difundir información oficial del gobierno, evidencian los intereses tendenciosos de un sector de la oposición. El reforzamiento de los medios públicos, la práctica de la libertad de expresión y el abandono del escarnio entre ambos bandos, sería mucho más saludable para la necesaria libertad de expresión en el desempeño democrático del gobierno.
LA LEY DE MEDIOSLa ética periodística a la que apunta el gobierno en su propuesta de ley de medios -contemplada en la Constitución de 2008- debiera dejar en claro que combate contra la “corrupción” de cualquier opinión, noticia o información que limite el desarrollo de la democracia en el país y no dirigirse exclusivamente contra el “golpismo” mediático de los medios privados.
La cuestión más álgida en la ley de medios propuesta por el gobierno de Correa es la definición de “ética periodística”. La necesaria constricción de la delimitación de la eticidad en las comunicaciones pudiera dejar abundantes lagunas para la arbitrariedad administrativa o e incluso condicionar la producción mediática a los intereses “supremos del proceso revolucionario”. Algo que parece remitir como antecedente a aquellas “Palabras a los intelectuales” de Fidel Castro a la intelectualidad cubana que desde 1961 ha perpetuado en Cuba la máxima “Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada”.
EL FACTOR INDÍGENAOtro de los puntos críticos en el gobierno de Correa ha sido el bloqueo en el diálogo y las negociaciones con movimientos sociales e indígenas. La captación por Correa de las propuestas de las organizaciones populares en general, y en particular las de la CONAIE, hacía pensar en un inicio que la alianza entre el candidato-gobierno y los pueblos indígenas estaba garantizada. Sin embargo, diversas situaciones han derivado del apoyo a la franca oposición, pese a la identificación pública del gobierno y del Presidente con los símbolos y valores culturales de los pueblos indígenas.
Con el empleo del quichua en sus discursos sabatinos, el uso en sus camisas de bordados alegóricos a la cultura indígena, el nombramiento de indígenas en cargos ministeriales, Correa otorga relieve y revigoriza la cultura precolombina, lo que contrasta con la ignorancia y el desprecio de mandatarios anteriores. Pero la competencia por votantes indígenas entre Pachakutik-CONAIE y Alianza País, así como la cooptación por el gobierno de dirigentes de organizaciones indígenas y de líderes locales, han debilitado las relaciones entre ambos.
Asimismo, el ascenso de otras organizaciones indígenas y campesinas a la Asamblea (Fenocin, Feine) despojó de unidad a la representación indígena en el Legislativo. Los proyectos políticos y las medidas de amplia repercusión en las poblaciones indígenas ejecutadas por el partido oficial han llevado a un segundo plano la influencia de Pachakutik-CONAIE.
EL RECHAZO A LA MINERÍAEl detonante del desprecio mutuo fue la postura presidencial ante el rechazo de los indígenas a la extracción minera, considerada por Correa indispensable para adquirir recursos. A partir de ese momento, Pachakutik sigue apoyando propuestas progresistas, opuestas a la derecha, pero ya no ofrece su voto de antemano al gobierno y en los últimos tiempos se aprecia su acercamiento al MPD en la oposición.
La más reciente muestra de distanciamiento entre las organizaciones indígenas y el gobierno fue la “Marcha de la resistencia plurinacional. Por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos”, convocada en marzo de 2012 por la CONAIE. El levantamiento de la Amazonía se produjo tras la insistencia del Ejecutivo de intensificar la minería extractiva en el país, pese a la oposición de sus poblaciones. La marcha evidenció, tanto el desapego de estos sectores de la política nacional, como la polarización de la sociedad.
La Marcha, que no fue exclusivamente indígena, puso de manifiesto la incapacidad del gobierno para viabilizar el diálogo con los dirigentes de la CONAIE y la necesidad de revisar las relaciones políticas entre ambos, especialmente si se considera que el gobierno de Correa recibió en sus inicios el respaldo de los indígenas, y que durante estos seis años se han desplegado acciones en favor de las poblaciones indígenas. La Marcha fue también utilizada por la oposición y algunos dirigentes con agendas propias, aprovechándose para magnificar mediáticamente el desencuentro político.
Es innegable que la inserción de los indígenas y sus objetivos en la escena política ha alcanzado mayores espacios sociales con el gobierno de Correa. Sin embargo, las tirantes relaciones entre ambas partes revelan la disputa sobre las exigencias del reconocimiento a la diferencia y el aumento de la igualdad. Aunque existen numerosos paralelos programáticos entre las organizaciones indígenas y el actual gobierno, las diferentes concepciones respecto a las vías de concreción incrementan las barreras en la construcción de acuerdos y alianzas, llegando al punto de la adversidad política. La ausencia de una agenda indígena definida en la plataforma del gobierno aleja la posibilidad de conciliación y de terminación del conflicto y exacerba la polarización política. El reconocimiento del carácter pluricultural del Estado ecuatoriano se queda así en la retórica literaria de la Constitución, sustraído de la realidad.
ECUADOR: UN ACTOR DE PESOEl momento histórico que vive el Ecuador desde el año 2007 se inscribe en un período refundacional -sin precedentes- de la izquierda en América Latina. La edificación de la Revolución Ciudadana en el marco de la democracia representativa coincide coyunturalmente, y es respaldada políticamente, por los gobiernos del llamado Socialismo del siglo 21. El actual gobierno ecuatoriano ha significado un viraje en la vida política y económica nacional y también ha marcado un nuevo rumbo en las relaciones internacionales. La lucha que ha librado contra las hegemonías de los grandes empresarios que acapararon la esfera política y social de la nación ecuatoriana, ha sido acompañada también por la estrategia de independizarse internacionalmente en busca de soberanía económica y política.
Ecuador se ha orientado hacia la unidad latinoamericana -financiera, económica y política-, proyectándose en la arena internacional como un actor de peso indiscutible y con liderazgo político. Integra, entre otros, organismos supranacionales de América Latina y el Caribe como ALADI, Mercosur, Unasur, Comunidad Andina, ALBA, Alianza del Pacífico, CELAC, SELA. La base de la integración regional es la identidad que comparte con los países miembros de estos organismos respecto de periodos históricos, de condiciones económicas y sociales, de luchas por la independencia económica y política nacional y regional.
A raíz de la enfermedad de Hugo Chávez el presidente Correa habló de la necesidad de afianzar la integración sobre bases doctrinales y programáticas, más allá de un liderazgo en particular, como factor clave para la perpetuación, consolidación y desarrollo de los planes de unidad latinoamericanos. Ecuador ha sido beneficiario de programas de solidaridad establecidos en acuerdos multilaterales entre las naciones que conforman la Unidad Latinoamericana y, a su vez, ha compartido algunos avances alcanzados durante su Revolución Ciudadana, especialmente los programas de atención a los discapacitados.
“SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR”El éxito de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana en los comicios del 17 de febrero de 2013 comporta retos políticos, económicos y sociales para el país y para América Latina. Alianza País se ha comprometido a la profundización del “cambio” y a la consolidación del proyecto “revolucionario” bajo las propuestas del “Socialismo del Buen Vivir”.
Las facetas que abarca esta plataforma son la inclusión y la equidad social, educación, salud, seguridad, hábitat
y vivienda “dignos”, la cultura, el tiempo libre, la comunicación social, la ciencia, la tecnología y los saberes ancestrales como fuentes de bienestar y unidad nacional. Y también modificaciones al modelo constitucional en derechos y justicia social, en la gobernanza descentralizada, la interculturalidad y la plurinacionalidad.
HA SURGIDO EL CORREÍSMOLa apabullante victoria de Correa en su reelección, con el 57% de los votos en primera vuelta, tras seis años de mandato, no expresa el desgaste político de su liderazgo, sino la generación de una nueva identidad política: el correísmo. Si bien el correísmo ha logrado inscribir un giro en la praxis política y económica de la nación ecuatoriana y ha resignificado el discurso político, tiene ante sí el enorme desafío de la consolidación democrática con un partido hegemónico y un liderazgo fuerte.
Cabrían oportunas interrogantes sobre el futuro de esta identidad política ¿Correísmo es igual a Revolución Ciudadana? ¿La radicalización implica necesariamente modificaciones constitucionales para perpetuar el liderazgo en el poder? ¿La legitimidad que otorgan las mayorías permite el despojo de las libertades?
Aunque algunos especialistas darían por saldadas de antemano estas respuestas, saludable sería para la democracia -que acompaña formalmente al proceso “revolucionario”-, tomar distancia de las posiciones caudillistas que se evidencian con fuerza en América Latina. Los problemas derivados de sucesiones políticas de poderes caudillistas echan por la borda procesos democratizadores y reeditan etapas dictatoriales que se alejan de las aristas positivas de la globalización y la mundialización, inevitables procesos en que hoy vivimos.
Aunque algunos de sus partidarios señalan que el Presidente Correa trabaja en equipo, no cabe dudas que su fuerza y su carisma han sido los principales impulsores de la Revolución Ciudadana. Es indispensable la generación de cuadros políticos que, dentro del marco de la democracia representativa, ofrezcan continuidad al proceso. Si bien a los cambios que se procuran se les hace urgente la promulgación de leyes, la radicalización que se propugna choca con el acallamiento de organizaciones sociales, sindicales y campesinas que han jugado un rol fundamental durante estos seis años y durante la historia democrática del Ecuador. Soslayar la importancia de solidificar la autonomía y libertades concomitantes al ejercicio cívico, desvirtuaría el carácter democrático del régimen y terminaría en un camino hacia el autoritarismo.
TAREAS PARA EL NUEVO PERÍODOLa concentración de poderes, con la actual correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional y con la ausencia de espacios adecuados para la concertación y la búsqueda de consensos, aunque beneficia la ejecución de las políticas proyectadas por el gobierno, supone un grave peligro para la cohesión nacional y alimenta la polarización política. Y desgarra la necesaria deliberación entre las diversidades ideológicas y políticas de la sociedad ecuatoriana.
El nuevo período de Correa debería dirigirse a generar alianzas políticas con sectores que le han retirado su apoyo, poniendo especial énfasis en la concertación de acuerdos con los líderes y las organizaciones indígenas. Aunque Correa ha señalado correctamente que el crecimiento económico de la nación se ha producido sin la dependencia de organismos internacionales como el FMI o de países colonialistas e intervencionistas, la diversificación de la matriz productiva -extractivista y primario-exportadora- debe modificarse y, sobre todo, debe priorizarse la conformación de una clase empresarial nacional alternativa a la oligarquía. El tratamiento a la prensa y a la oposición debería variar, no en favor del gobierno -siempre coyuntural- sino de la democracia representativa que se pretende afianzar desde 1979.
DEMOCRATIZACIÓN Y AUTORITARISMOLa Revolución Ciudadana es un camino notorio, a la vez que escabroso. El proceso de diferenciación con anteriores proyectos nacionales y con actuales plataformas internacionales de izquierda, implica también considerar que la identidad política y la identificación comportan el reconocimiento de la unidad antes que la discrepancia. Llamar democrático a un régimen político supone respetar los atributos básicos de la democracia, respetar el acuerdo de institucionalización del juego democrático y buscar el perfeccionamiento autónomo de la política propia sin desvirtuar los avances históricos de los procesos democratizadores.
El proceso en curso en Ecuador mezcla atributos ciudadanizantes -por la vía de la inclusión social, la promoción del desarrollo y, en menor medida, de la innovación democrática- con rasgos centralistas y autoritarios que atentan contra la consolidación democrática. Se trata de un terreno de lucha, en el que, pese al creciente peso político de Rafael Correa y de Alianza País, la partida no está decidida de antemano.
JURISTA Y POLITÓLOGA. FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO), SEDE ECUADOR.
POLITÓLOGO E HISTORIADOR. UNIVERSIDAD VERACRUZANA / CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES (CLACSO).
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica