Hacia la nueva Constitución

A pesar de la guerra, a pesar de los problemas económicos, el proceso hacia la nueva Constitución sigue adelante. Se trata de dar consolidación jurídica a la nueva Nicaragua, de construir un marco de legalidad nueva para una nueva realidad social.

Equipo Envío

Al anunciarse el 15 de octubre una ampliación del Estado de Emergencia en Nicaragua, una de las preocupaciones primeras se centró en la suerte que podía esperara la elaboración de la Constitución, proceso iniciado a comienzos de este año. Sin embargo al igual que en Argentina por primera vez "se decreta un estado de sitio para controlar las actividades ilegales de las fuerzas de ultraderecha que quieren regresarnos al pasado" (Diputado Moreau, del Partido Radical), defendiendo así la nueva institucionalidad civil, en Nicaragua la elaboración de la nueva Constitución es una de las actividades fundamentales de la institucionalización revolucionaria que busca ser protegida por el Estado de Emergencia.

A pesar de la guerra, a pesar de los problemas económicos, el proceso hacia la nueva Constitución sigue adelante. Se trata con él de dar consolidación jurídica a la identidad colectiva de la nueva Nicaragua en revolución. Se trata de construir un marco de legalidad nueva para una nueva realidad social. Es por esto que no ha cesado la actividad de la Asamblea Nacional, electa también con funciones de constituyente, ni cesarán sus estudios del proyecto constitucional, ni las consultas a los sectores políticos y sociales ya iniciadas, ni la preparación de la consulta popular masiva a través de los cabildos abiertos. El proceso no se ha detenido ni se va a detener. Este proceso desembocará en la redacción de un proyecto de Constitución que empezará a debatirse en marzo de 1986 en el seno de la Asamblea. El objetivo final es que la nueva Constitución de Nicaragua pueda ser proclamada el 10 de enero de 1987, dos años después de haberse iniciado los mandatos de la actual Presidencia y de la actual Legislatura.

Un interrogante histórico crucial

En el proceso de consultas ya iniciado -se ha consultado a los 7 partidos políticos con representación en la Asamblea y a varias organizaciones populares- emergen convergencias de principios la par que interrogantes históricos. La principal de estas convergencias se da en el perfil innovador y heterodoxo de este proceso revolucionario que ha hecho de la economía mixta, del pluralismo y del no-alineamiento el camino para alcanzar la liberación nacional y la transformación social. La democracia participativa, en cambio, aspecto muy señalado en los aportes hechos por las organizaciones populares y de masas, en vista por algunos partidos como sospechosa de interferir con la democracia representativa que ellos defienden. Para las organizaciones, la democracia participativa es algo fundamental: es la garantía de que la construcción de la sociedad civil se llevará a cabo con la hegemonía de las antiguas clases dominadas.

Un interrogante histórico verdaderamente crucial se halla contenido en la concepción misma de esta nueva Constitución: ¿será ésta un instrumento jurídico que tienda a consagrar un orden establecido o se atinará a diseñarla como una herramienta jurídica flexible que, otorgando "estado de derecho" a los actuales compromisos entre los intereses sociales de los diversos grupos nicaragüenses, valore el orden establecido en estos años sólo como una etapa superable y permita a la sociedad nicaragüense autocriticar la actual organización social, de acuerdo a nuevas coyunturas históricas que se irán presentando? ¿Una Constitución definitiva y cerrada o una Constitución en proceso abierto a la historia de este proceso revolucionario? Tanto los procedimientos como las posibilidades de reforma la Constitución están en juego en la respuesta que se dé a este interrogante.

El mayor desafío en la construcción del edificio jurídico

El proceso de elaboración de la Constitución es parte de un esfuerzo emprendido desde los primeros días de la revolución. Un esfuerzo jurídico e institucionalizador que tiene ya hitos importantes: el Estatuto Fundamental de la República, el Estatuto de Derechos y Garantías, la Ley constitutiva del Ejército, la Ley de Reforma Agraria, la Ley de Partidos Políticos, la Ley Electoral, la Ley del Servicio Militar Patriótico, etc. Es ya numeroso el edificio jurídico levantado en los 6 años de proceso revolucionario. La cuota de desorden jurídico -inevitable en toda revolución- ha sido así mantenida a bajos niveles, utilizando revolucionariamente el derecho como un instrumento auxiliar de las transformaciones sociales. Y lo que ha habido de desorden, es más imputable a una deficiencia importante en la organización del sistema judicial -causada en aparte por las limitaciones de su presupuesto- y a la falta de tradición que en la historia política de Nicaragua ha habido de independencia del poder judicial frente a la prepotencia del ejecutivo. Estos arraigados hábitos no han sido totalmente erradicados por la revolución.

En este sentido y dentro de este marco, la elaboración de la Constitución implica el desafío más importante al que se enfrenta la revolución para movilizar en servicio del cambio revolucionario la eficacia simbólica del derecho. La nueva Nicaragua ha dado muestras de estar decidida a enfrentar el desafío de construir un nuevo derecho. La voluntad política de resolver el conflicto de las diversidades étnicas en la Costa Atlántica por medio de un Estatuto de Autonomía Territorial es una prueba de esta decisión. El recurso a la Corte Internacional de La Haya para dar un paso más en la resolución del conflicto con el gobierno de Estados Unidos, sometiéndose a la sentencia jurídica del más alto tribunal de derecho internacional, es otra importante prueba de esta decisión política.

La primera gran discusión antes de iniciar el camino

Hasta ahora, el actual Estatuto Fundamental de la República y el Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses han hecho las veces de Constitución de la República de Nicaragua. La anterior Constitución y las Leyes Constitucionales complementarias fueron derogadas por el poder revolucionario al derrocar a la dictadura somocista, según se indica en el artículo 3 del Estatuto Fundamental.

Durante el primer trimestre de 1985 la Asamblea Nacional electa el 4 de noviembre anterior debatió ampliamente su Estatuto General, por el que se iba a normar el funcionamiento del nuevo órgano legislativo. En aquel debate surgió ya un punto de carácter profundamente polémico: ¿Se autodeclaraba la Asamblea primer poder del Estado, precisamente en virtud de que tenía el mandato popular de elaborar la Constitución? Los partidos que propusieron esto intentaban subordinar el Poder Ejecutivo a la Asamblea Constituyente. La cuestión de fondo era si la Asamblea partía de cero en la elaboración constitucional. La postura contraria, la sandinista, se apoyaba en el reconocimiento de un hecho histórico y en la realidad de que l pueblo había elegido a un Presidente con un programa conocido, orientado a la consolidación del proyecto revolucionario y que al elegir así había ratificado una vez más -con votos esta vez- la nueva convergencia mayoritaria del pueblo nicaragüense: la convergencia que sustenta y legitima ese mismo proyecto revolucionario. Al defender en el Estatuto de la Asamblea una articulación revolucionaria de los poderes del Estado y no una subordinación del Ejecutivo a la Asamblea ni un modelo de "controles y equilibrios", el Frente Sandinista reafirmaba que el proyecto revolucionario, después de las elecciones, continuaba su curso buscado ahora simplemente su marco constitucional.

Quedando claro, después de debates y votaciones, que la Asamblea Nacional proseguiría su función legislativa, aun antes de que tuviera terminado el marco constitucional y quedando claro también que el Ejecutivo mantendría poderes que lo capacitarán para seguir desarrollando el proyecto revolucionario la Asamblea Nacional inició el 29 de abril de 1985, en su quinta sesión, el proceso de elaboración de la nueva Constitución.

El mecanismo para la elaboración de la Carta Magna

El Presidente de la Asamblea, Comandante Carlos Núñez, de la Dirección Nacional del FSLN, con arreglo al artículo 44 del Estatuto General de la Asamblea, designó una Comisión Especial de estudio con el mandato de redactar un proyecto de Constitución Política para ser debatido en un plazo no mayor de dos años. La composición de esta Comisión Especial refleja la proporcionalidad con que están representados en la Asamblea Nacional los 7 partidos que concurrieron a las elecciones. La Comisión tiene 22 miembros, 12 de los cuales pertenecen al FSLN, 3 son diputados del Partido Conservador Demócrata (PCD), el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Popular Socialcristiano (PPSC) tiene 2 miembros cada uno y los Partidos Socialistas (PSN), Comunista (PCdeN) y Marxista-Leninista (MAP-ML) tienen un miembro cada uno. El Presidente de la Comisión es el Comandante Carlos Núñez. Propiamente este grupo es una pre-Comisión ya que la elaboración del texto constitucional que se debatirá en la Asamblea en marzo de 1986 se halla actualmente en fase de elaborar un proyecto. Esta pre-Comisión será ratificada o modificada, como definitiva Comisión Especial, una vez que esté terminado del proyecto. La directiva de esta pre-Comisión está integrada por 3 miembros del FSLN, 1 del PCD, 1 del PPSC y 1 del PSN.

Con el objetivo de agilizar su funcionamiento y de hacer más operativo su ritmo de trabajo, la Comisión se subdividió en 3 Sub-Comisiones. A la Sub-Comisión del Exterior se le encomendó una tarea similar a la que varias delegaciones del anterior Consejo de Estado realizaron para preparar la Ley Electoral: viajar a diversos países del mundo para conocer sus textos constitucionales, en diálogo con expertos, con el fin de compenetrarse con las circunstancias históricas a las que estos textos jurídicos intentaron responder. "No podemos cerrarnos al caudal histórico de contenido político y jurídico que nos han legado los grandes pensadores políticos... a través de sus aportes a la teoría del Estado y al Derecho Constitucional", dijo el Comandante Carlos Núñez al inaugurar la Legislatura de la Asamblea el 9 de enero de 1985.

Otra Subcomisión es la de Consulta Nacional. Su tarea es escuchar los criterios de los partidos políticos, (parlamentarios o extraparlamentarios), de las organizaciones sindicales, gremiales, culturales, religiosas, etc. sobre la nueva Constitución. Una vez consultadas y escuchadas las opiniones de todos los que la quieran expresar, concluye la primera fase de la consulta con la elaboración de un borrador de texto constitucional. Actualmente se está en esta fase. En una segunda fase este borrador será presentado a sectores masivos de la población a través de cabildos abiertos.

Finalmente, la tercera Subcomisión, la de Asuntos Constitucionales, trabajará con las otras dos, o sólo procesando los resultados de sus tareas, sino también estudiando más sistemáticamente las teorías de Derecho Constitucional, el cuerpo legislativo ya elaborado a lo largo del proceso revolucionario nicaragüense, las anteriores Constituciones de Nicaragua, etc. Su tarea será diseñar las líneas generales sobre el contenido de la Constitución, presentar de una manera ordenada las ideas centrales sobre el carácter y contenido de la Carta Magna y presentar el definitivo proyecto de Constitución que debatirá la Asamblea. Esta Subcomisión cuenta con la ayuda de la asesoría jurídica de la Asamblea Nacional para ir realizando su trabajo.

Lo hecho hasta ahora

La Subcomisión del Exterior ha realizado ya viajes a distintos países. En julio visitó varios países socialistas: URSS, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia y República Democrática Alemana. En agosto, a varios países latinoamericanos: Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica y Cuba; el viaje a México tuvo que suprimirse al coincidir con los terremotos en la capital mexicana. En octubre se desarrolló el viaje a Europa Occidental: Suecia, Alemania Federal, Francia, Inglaterra y España. Para diciembre está planeado un viaje a los Estados Unidos, coincidiendo con varios seminarios que se celebrarán allí sobre Derecho Constitucional.

La Subcomisión de Consulta Nacional ha celebrado ya audiencias con los 7 partidos políticos con representación en la Asamblea, que han expresado sus criterios sobre la futura Constitución y han entregado documentos en los que estos criterios se fijan por escrito. De los partidos extra-parlamentarios, dos acudieron también a consulta: el Partido Revolucionario Popular (trostkista) y el Partido Unionista Centroamericano (PUCA). En las audiencias también se han escuchado los criterios de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), de la Unión de Agricultores y Ganaderos (UNAG, pequeños y medianos propietarios), e la Asociación de Mujeres (AMNLAE), de la Asociación de Profesionales (CONAPRO, en la rama que apoya a la revolución), de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES), de la Unión de Estudiantes Universitarios (UNEN), de los Comités de Defensa Sandinista (CDS), de la Central Comunista de Trabajadores (CAUS) y del Comité Evangélico pro-Ayuda al Desarrollo (CEPAD). Otras organizaciones tiene pedida audiencia cuando redactamos esta información.

Las propuestas de los partidos y de las organizaciones están siendo difundidas por los medios de comunicación y publicadas íntegras en la prensa escrita. La central sindical de inspiración social-cristiana (CTN) solicitó audiencia, pero después se excusó de asistir por razones de fuerza mayor. Resulta destacable la ausencia de solicitudes de audiencia de parte de los partidos de la Coordinadora, que se abstuvieron en las pasadas elecciones; de la CUS, la central sindical afiliada a la ORIT y de instituciones de la Iglesia católica, incluida la Conferencia de obispos. En este panorama de amplia consulta, no puede olvidarse que paralelamente a él, toda la Costa Atlántica está implicada en su propio proceso de Consulta sobre el Estatuto de Autonomía, que deberá formar parte de la nueva Constitución.

El 25 de octubre la pre-Comisión, durante su octava sesión plenaria de trabajo, aprobó su calendario de trabajo para los meses de noviembre, diciembre y enero. Lo más destacable es la continuación de la Consulta Nacional, a principios de 1986, con la consulta masiva a través de los cabildos abiertos. A estos cabildos se invitará a observadores extranjeros que lo han solicitado. Al evaluar el proceso de consulta ya realizado, el Comandante Carlos Núñez señaló que los documentos de las organizaciones populares expresando sus criterios sobre la Constitución, han hecho más énfasis que los de los partidos políticos en dar rango constitucional a "los derechos pro los que el pueblo luchó contra el somocismo". En la próxima sesión de esta pre-Comisión, los partidos políticos deberán expresarse sobre sus coincidencias y divergencias en los criterios constitucionales.

Convergencias y divergencias de los partidos políticos

Una observación desapasionada del cuadro comparativo de las posiciones de cada uno de los siete partidos políticos parlamentarios ante la pre-Comisión constitucional revela una convergencia fundamental en el no-alineamiento, la economía mixta y el pluralismo político, a la vez que dibuja el espectro actual del pluralismo político que hoy existe en Nicaragua. Sólo se opone a estos tres rangos fundamentales el MAP-ML, por considerar que con ellas se institucionalizaría un régimen una política burguesa-capitalista.

El cuadro muestra otra convergencias y divergencias que indican las tendencias ideológicas de los partidos respecto a la institucionalización de la nueva Nicaragua, a la vez que anticipan los tópicos que seguramente serán debatidos en el seno de la Asamblea Nacional cuando se discuta el proyecto constitucional.

La concepción de Estado que se diseña es la de un Estado de derecho, democrático, unitario, representativo, organizado en Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y una instancia de Poder Electoral. Así piensan el PSN, PC de N, PPSC, PLI y PCD. El PLI carga más las tintas en un Estado en donde exista una separación conceptual, real y efectiva de los partidos políticos, de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia. El rechazo a la organización del Estado en poderes, a la democracia representativa y a la forma de gobierno presidencialista es el criterio del MAP-ML, que propone principios fundamentales que defiendan los intereses de proletariado y establezcan la hegemonía popular. El criterio del FSLN es el de la democracia participativa. El FSLN propone la institucionalización de su programa original de 1979 y sostiene que el Estado debe ser libre, soberano e independiente. Todos estos planteamientos globales sobre el Estado conducen alineamientos de orden jurídico en correspondencia con cada una de estas concepciones.

En el nivel económico, todos coinciden en proponer la economía mixta, menos el MAP-ML. El PPSC y el PSN propone crear una instancia que planifique y controle la economía nacional. En una política de sustitución de importaciones coinciden conservadores y socialistas, mientras que liberales y sandinistas están de acuerdo en la nacionalización de las exportaciones. Sólo el FSLN menciona como proyecto económico la "erradicación de la explotación el hombre por el hombre". Los cuatro partidos que se pronunciaron sobre la Reforma Agraria -PSN, PCD, MAP-ML y FSLN- coinciden en su institucionalización. Los conservadores sostienen que cuando la explotación de la tierra en manos estatales sea deficiente, ésta debe pasar a manos privadas. En la afirmación de que "todos los nicaragüenses tienen derecho al trabajo" convergen todos los partidos, menos los conservadores, que no hicieron esta formulación. También se exceptúan los conservadores de la formulación de los trabajadores a la huelga y a la libres sindicalización. Sobre el modo en que los obreros participarán en la producción, el PSN propone un control obrero de la producción y de las empresas y el PLI, que se promulgue una ley de co-gestión y con especialidad en las empresas estatales.

La asistencia social que el Estado debe brindar a la población es coincidente para el PSN, PPSC, MAP-ML, PLI y el FSLN, que la hacen consistir en salud, vivienda, educación y seguridad y bienestar social. El FSLN añade a estos servicios el del abastecimiento. Sobre la educación, el PPSC y el PLI opinan que debe ser "sin ideología oficial y apartidista", respectivamente. Que la educación religiosa sea extracurricular y de libre aceptación es la opinión del MAP-ML.

En el nivel político internacional interno se señala el no-alineamiento y el pluralismo político por todos los partidos, a excepción del MAP-ML. El PSN, MAP-ML, PLI, FSLN proponen la autodeterminación. El antiimperialismo es principio sólo mencionado por socialistas y sandinistas. Estos últimos, junto con los conservadores, proponen además el interamericanismo. El FSLN es el único que postula la integración centroamericana y la solidaridad internacional.

En cuanto a política interna, se halla una convergencia fundamental al proponer un pluralismo en el que todos los partidos concurran a procesos electorales en los que participe toda la población y que sean regidos por una ley electoral, que para el PCD, PPSC y PCdeN pueden ser la misma que ha servido hasta la fecha. El PLI propone que se cree un Consejo Supremo Electoral.

¿Cómo quedarían ensambladas en este marco de pluralismo político las organizaciones civiles y las fuerzas armadas? Para socialistas, liberales y conservadores las organizaciones deben ser apartidistas y apolíticas. Los conservadores sugieren que todas las organizaciones existentes queden anuladas hasta que haya una ley que regule su organización y funcionamiento. El PPSC reivindica autonomía sólo para las organizaciones estatales; pluralismo y democracia interna para las demás. Los comunistas aceptan lo acordado en la Cumbre de Partidos Políticos del mes de octubre de 1984. El FSLN es el único que postula la libre organización. Crear "un consejo de trabajadores para tutelar las organización" es la propuesta del MAP-ML. Excepto el PPSC, los otros 6 partidos están de acuerdo en que la función principal de las Fuerzas Armadas es la defensa nacional. Para conservadores y liberales, deben ser apolíticas y apartidistas. El FSLN sostiene que las Fuerzas Armadas son para defender "el derecho del pueblo".

Respecto a la misma Constitución y a las posibilidades de cambiarla, el PSN, el PCD y el PLI sostienen que se pueda reformar, pero el PCD propone categoría constitucional para 16 leyes expresamente mencionadas. El PPSC propone que sea irreformable durante 10 años. Todos los partidos están de acuerdo en que exista una instancia que controle el cumplimiento de la Constitución. Pero todos no están de acuerdo en cuál debe ser esta instancia. Para los socialistas, sería la Corte de Garantías Constitucionales, para los conservadores, un Tribunal Constitucional, para el PPSC esta instancia debe ser la misma Asamblea Nacional; para el MAP-ML, debe ser el Consejo de Trabajadores. Los liberales proponen a la Corte Suprema de Justicia y los comunistas sugieren un Tribunal de Justicia Constitucional. Para el FSLN serán los mismos trabajadores los que velarán por el cumplimiento de la Constitución.

Nuevos valores en una sociedad nueva

La guerra de defensa del proceso revolucionario contra la agresión patrocinada por el gobierno norteamericano y la economía de sobrevivencia que, a causa de esta guerra, soporta Nicaragua, no ofrecen el mejor cuadro coyuntural para que la sociedad nicaragüense se involucre creativamente en el proceso de elaboración de una nueva Constitución. Pero este proceso, a pesar de estas limitaciones objetivas, tiene una gran importancia en el camino hacia la construcción de nuevas relaciones de hegemonía.

Con la derrota de la dictadura militar somocista, la sociedad nicaragüense salió de una etapa de su historia en la que la legitimidad de la organización política y de la convivencia ciudadana se fundaban en los valores de la propiedad y de la riqueza y en la garantía que supuestamente otorgaba el Estado a los intereses de todos los ciudadanos (al "bien común"). Se fundaba, en definitiva, en el mantenimiento -a través de cualquier forma de gobierno- de la estabilidad del orden social tradicional. Los que mandaban estaban legitimados por sus largos años de acceso a los medios de producción de la riqueza y de la cultura, acceso favorecido por los apellidos tradicionales o por el asalto inescrupuloso a algún escalafón de esta élite de poder. La amistad con las más poderosos de todos, con los que todavía estaban más arriba -los banqueros y gobernantes de Estados Unidos- terminaba de consagrar esta legitimidad.

Antes del 19 de julio de 1979 hubo un intento desesperado de apuntalar esta legitimidad, suavizando la ya evidente crisis de hegemonía de estos valores que, con el ataque directo al poder por los sandinistas, estaba entrando por el aislamiento internacional y por la incapacidad de organizar la economía, en una crisis revolucionaria. Este último intento de apuntalar la legitimidad somocista se tradujo en una serie de proyectos, más o menos velados, de estructurar un somocismo sin Somoza. Todos estos proyectos fueron apoyados y algunos de ellos propuestos por la Administración Carter.

El triunfo revolucionario y los seis largos años que le han seguido han visto surgir y afianzarse una nueva fuente de legitimidad de la convivencia ciudadana en Nicaragua. La continua convocatoria a la dignidad del pueblo para afrontar los problemas que presenta el cambio revolucionario ha ido haciendo crecer una nueva raíz de soberanía. No es una soberanía fundada en la casi exclusiva mediación del Estado sino una soberanía ejercida por la cooperación del Estado y el naciente poder de las organizaciones populares. Como el nuevo Estado orienta su poder hacia los intereses de los trabajadores, esto ha facilitado el surgimiento de una sociedad civil con proliferación de organizaciones de masas, de organizaciones cooperativas -para la producción- y de organizaciones culturales, que ha tomado la delantera a la cerrada sociedad civil elitista que se derrumbó el 19 de julio y de las que quedan aún en Nicaragua muchos sobrevivientes.

La dignificación nacional, sobre la base de esta nueva soberanía, ha reemplazado como fuente de legitimidad el prestigio de la propiedad, de la riqueza, del estado y de la cultura de minorías. La intransigencia agresiva del gobierno de los Estados Unidos ha acelerado y madurado este proceso de dignificación. La orientación del Estado hacia los intereses de los trabajadores y el ejercicio compartido de la soberanía han tenido como resultado una disminución del carácter coercitivo de los aparatos del Estado. Grandes mayorías de la población nicaragüense, sometida por siglos a un tratamiento de "ciudadanos de segunda clase", se han sentido respetadas pro primera vez en su historia. En la corriente amplia de la dignificación nacional se ha injertado la corriente de la dignificación social de grupos mayoritarios de la población. El cambio de los valores es totalmente revolucionarios.

Está surgiendo una nueva hegemonía y una nueva legitimidad

Es evidente que Nicaragua es un país empobrecido. No tanto porque sus tierras y su escasa población constituyan factores desfavorables para un cierto tipo de desarrollo económico, sino porque la falta de modernización racional, los bajísimos niveles tecnológicos, la falta de hábitos de aprendizaje científico, el prolongado arraigo de hábitos de pasividad y clientelismo, la dispersión y aislamiento de gran parte de la población, el gigantismo de la capital -desproporcionado incluso respecto a otras capitales centroamericanas-, la destrucción somocista del equilibrio -incluso explotador- entre la ciudad y el campo, el bajo número relativo de profesionales y otros muchos factores, hacen redescubrir hoy la pobreza de una manera más profunda. Una pobreza que se manifiesta más aguda cuando se enfrenta el desafío de un proyecto revolucionario de desarrollo que cuando sólo se luchaba contra un proyecto de desarrollo elitista e injusto.

La guerra impuesta, la agresión contrarrevolucionaria, ha venido además a despojar al proyecto de desarrollo a largo plazo y al proyecto de transformaciones sociales -educación, salud, vivienda, etc.- de preciosos y escasos recursos. Desde este pasado reciente y este difícil presente se comprende que, a pesar de los logros en la alfabetización, en la salud, la alimentación, la reforma agraria, etc., el desarrollo económico y su nueva justicia tengan aun pocos asideros materiales para solidificar más esta otra nueva fuente de legitimidad que empezó a gestarse el 19 de julio.

Pero aunque el pueblo ha recibido mucha dignidad y todavía pocos beneficios materiales -en relación a las enormes expectativas que esa misma dignidad despierta-, hay una realidad que no puede dejar de tenerse en cuenta. Ni la escasez, ni la especulación, ni la reducción real de los salarios -ese impuesto de guerra que supone la inflación inducida por la agresión- ni en general la penuria y los grandes sacrificios, han hecho sentir a la población que esta crítica situación económica se debe atribuir a la incompetencia o a la injusta complicidad de las autoridades revolucionarias. Situaciones de angustia económica crítica han llevado en estos años a amplios sectores populares de América Latina a lanzarse a las calles en protesta -República Dominicana en 1984, Guatemala en 1985-, a saquear supermercados -Brasil en 1983 y 1984-, a terribles choques con las fuerzas de seguridad del Estado -Chile, desde 1983-.

Nada similar ha ocurrido en Nicaragua. Es cierto que hay un importante porcentaje de evasión al servicio militar, que incluye la salida, clandestina o no, e jóvenes del país. Es cierto que hay descontento por burocratismos en distintas armas de la administración del Estado. Pero, descontando la situación específica de la Costa Atlántica -hoy cada vez más saneada- y las consecuencias del difícil acceso que tuvo la revolución a zonas campesinas de frontera agrícola, es un hecho que la mayoría de la población nicaragüense no ve alternativas de justicia sino en el proceso revolucionario. La penuria y los sacrificios son patentes. Pero son percibidos mayoritariamente como el precio de la dignificación y liberación nacional y social.

La hipótesis para explicar esto sería que, en medio de la conflictividad revolucionaria se está consolidando una nueva legitimidad que contribuye a cimentar una nueva hegemonía. En este punto, el proceso constitucional interviene para movilizar el derecho en favor de este nuevo valor de dignificación nacional y de dignificación social de importantes grupos populares. Cuando el FSLN, al dar su aporte a la consulta, reivindica categoría constitucional para los derechos por los que el pueblo heroico de Nicaragua luchó contra el somocismo está precisamente formulando un nuevo bien común y manifestando una nueva verdad social: el pueblo de Nicaragua, mayoritariamente, expresa hoy como sus intereses sociales la ireversibilidad de la dignidad y el respeto conquistados con la revolución. Esto supone una subversión de valores.

Por eso se quiere que surja un nuevo Estado de Derecho que reconozca el paso de esta frontera en términos de símbolos jurídicos constitucionales. En términos de hegemonía, la revolución consiste en que los valores antes considerados subversivos -independencia nacional y derechos de los trabajadores - se conviertan en los valores genuinos de una nueva situación social, sancionados jurídicamente.

El debate sobre la hegemonía: un importante proceso educativo

Hablando al Primer Congreso del Pensamiento Atiimperialista, el Comandante Bayardo Arce de la Dirección Nacional del FSLN, definía el proyecto sandinista como de economía mixta, pluralismo político, genuino no-alineamiento y democracia participativa. No ha sido habitual definirlo así. Lo normal ha sido siempre destacar los tres primeros rasgos. El cuarto rasgo, la democracia participativa, expresa en términos políticos precisamente el núcleo de las nuevas fuentes de legitimidad de la sociedad nicaragüense. El rasgos que le sigue más de cerca, en este sentido, es el no-alineamiento, como expresión del valor hegemónico de la dignificación nacional en política exterior. Desde esta perspectiva se entiende lo que el Presidente de Nicaragua manifiesta de diversas maneras: "Desearíamos ser recibidos en Washington con el mismo respeto con que somos recibidos en Moscú".

La economía mixta y el pluralismo político formulan, por otro lado, los planteamientos imaginativos con que un Estado que se orienta hacia los intereses de los trabajadores pretende aglutinar otros intereses sociales en un compromiso de unidad nacional que permita proyectos de desarrollo lo más eficaces posibles y proyectos de organización política lo menos conflictivos posibles. Pero a nadie se le escapa que una nueva dirección económica del estado y la misma democracia participativa tienden a que la lógica de la economía mixta vaya transformando a los dirigentes privados del capital en administradores y vaya dando a los excedentes de la producción privada una orientación más social.

De manera parecida, el núcleo del poder estatal, refrendado ya en elecciones, y la misma democracia participativa, tienden a que la lógica del pluralismo político se vaya adaptando a la inversión de las relaciones de poder que se ha operado ya en la sociedad nicaragüense.

El período de elaboración constitucional, con sus consultas a partidos y organizaciones y su consulta en foros abiertos a todos los sectores de la población, tiene la importancia de ser un debate social sobre la ordenación jurídica de la hegemonía. Si esta consulta masiva tiene éxito, si se logra involucrar a una mayoría de la población, puede ser un proceso educativo importante que enseñe más a todos a participar, es decir, a confluir y también a confrontarse en este largo camino de construcción de la nueva Nicaragua. Podría entonces alcanzar una trascendencia similar a la que tuvo la Cruzada de Alfabetización o el proceso electoral y, antes que ellos, el mismo proceso insurreccional.

Cuando más amplio y menos sectario sea este debate constitucional, más posibilidades habrá de que las reglas del juego expresen aquellos compromisos flexibles de intereses que permitan un mayor grado de consenso y un ejercicio del poder político menos coercitivo. La elaboración de la Constitución será entonces uno de los campos -conflictivo, pro también conciliador- en que se juega la construcción de una nueva hegemonía y su cristalización en una nueva identidad colectiva de los nicaragüenses.

El pueblo nicaragüense ha sido capaz en coyunturas anteriores de abordar un desafío de este calibre. Por lo que toca a la Asamblea Nacional, la inexperiencia parlamentaria y la tentación de ahogar desde el poder los argumentos del debate, son la hipoteca con la que esta elaboración constitucional ha comenzado. La tradición de verse sometidos a la arbitrariedad y al menosprecio del derecho político en largas décadas de gobiernos caudillistas o dictatoriales está presente y esto predispone a muchos sectores de la población a no sentirse llamados a participar en este proceso de elaboración constitucional. Pero similares hipotecas pesaban al inicio de la Cruzada de Alfabetización o del proceso electoral. Y creativos procesos de aprendizaje y mecanismos de participación con una pedagogía colectiva se fueron desarrollando y los resultados fueron positivos. La Consulta sobre la Autonomía en la Costa Atlántica está sirviendo también de modelo y está despertando parecidas energías de participación.

Quedan aún muchos interrogantes

Falta aún mucho para saber cómo se irá dibujando el perfil constitucional de Nicaragua. Hasta el momento, hay en los proyectos presentados por los partidos poco cauce para formas jurídicas que den cuerpo institucional a la democracia participativa. ¿Surgirá algún tipo de Asamblea Popular, de Consejo de los Trabajadores, de Parlamento de las organizaciones de masas y gremiales? Y si esta iniciativa surge, ¿se logrará articularla eficazmente con la Asamblea Nacional, polo de la democracia representativa?

¿Se encomendará al Poder Electoral, a la Corte Suprema de Justicia o a la misma Asamblea Nacional la interpretación de la Constitución y su evolución posterior? ¿O se creará un poder autónomo del Estado, diferente de los actuales, para que actúe como Tribunal Constitucional? Y, sobre todo, ¿se logrará producir una Constitución con estabilidad de valores fundamentales y de principios orgánicos a la vez que con capacidad de evolución en una sociedad que quiera seguir autocriticando sus propias instituciones para adaptarlas a una realidad en cambio?

De la respuesta a todas estas preguntas puede depender que Nicaragua siga siendo un nuevo termino de referencia en la realización de los cambios sociales que el Tercer Mundo necesita, como afirmó el Comandante Bayardo Arce en el discurso antes citado.

Sobre todo el proceso hacia la nueva Constitución pesa hoy no sólo el duro condicionamiento de la economía de sobrevivencia y el de la guerra, sino también la abstención que hasta ahora hay de propuestas provenientes de la jerarquía eclesiástica y de los partidos y centrales sindicales que también se abstuvieron en el proceso electoral. ¿Querrá decir este silencio que se prepara un nuevo rechazo global y absoluto al producto final que emerja del proceso de elaboración constitucional? Si así fuera, esto aumentaría la cuota de conflictividad con que la nueva hegemonía se está construyendo.

Es de esperar que el Estado de Emergencia recientemente ampliado no constituya un argumento para reforzar estas posibles posiciones de rechazo. Al fin y al cabo, en las fronteras de todo derecho existen siempre cláusulas de emergencia aplicables cuando el rumbo de un proyecto de sociedad se percibe en una fase histórica de peligro. Si la aplicación de esta emergencia es legítima lo irá diciendo el tiempo. La respuesta, en último término, sobre la legitimidad de esta disposición y sobre la legitimidad del proyecto revolucionario en su conjunto, la tienen los sectores mayoritarios de la población para los que, en primer lugar, se quiere hacer la nueva Constitución. NO es casual que la administración Reagan refuerce la pretensión de la contrarrevolución inspirada por ella misma y pronta como condición para reabrir pláticas bilaterales la disolución de la actual Asamblea Nacional. De ninguna manera se podría simbolizar mejor la falta de reconocimiento a la nueva hegemonía emergente en Nicaragua. Nada muestra más claramente lo que ha estado y está en juego: la dignificación de los nicaragüenses.

Cuadro 1