¿Ha sido un fracaso económico el gobierno del FMLN?

César Villalona, economista dominicano residente en El Salvador desde hace 23 años, dedicado a labores de investigación económica y social, habló con Envío. Sus palabras desmontan la propaganda de la derecha sobre el “fracaso económico” del gobierno del Presidente Mauricio Funes.

Elaine Freedman

A pocos meses de las elecciones presidenciales de marzo de 2014, todo tema que llega a la palestra pública se convierte en tema de campaña electoral de cualquiera de los partidos o de sus aliados.

La situación económica del país no podría ser la excepción. “El fracaso económico del gobierno del FMLN” es un eje de la campaña de ARENA con la consigna “Recuperamos El Salvador.”

El economista César Villalona responde a las principales líneas de ataque de ARENA, de los gremios empresariales y de los analistas políticos y económicos que están en primera fila en la batalla de ideas de la derecha.

EL CRECIMIENTO
Y LA FUGA DE CAPITALES

EF- Miguel Lacayo, Ministro de Economía bajo la administración de Francisco Flores, afirma: “Mientras los países vecinos crecen a tasas que son más del doble que la nuestra, reduciendo la pobreza de sus habitantes, El Salvador se endeuda más que nunca y creció solo 1.6% en el 2012”. ¿Es cierto?

CV- La economía salvadoreña es la que menos crece en Centroamérica desde hace muchos años, mucho antes del gobierno de Mauricio Funes. Se debe a que los grandes empresarios de este país, quienes tienen la mayor responsabilidad económica porque manejan la mayor porción del ingreso nacional, invierten buena parte de sus recursos fuera de El Salvador. Según la ONG Global Financial Integrity, entre 2001-2010, la gran empresa salvadoreña invirtió 8 mil 700 millones de dólares en el extranjero. Decir que la economía salvadoreña no crece mucho es no descubrir nada nuevo. Es revolver una realidad nacional que ya tiene 15 años de estar así.

El gobierno no tiene suficientes recursos para impulsar un sólido crecimiento de la producción. Cuando gobernaba ARENA, el Estado tenía 13.5% del ingreso nacional, hoy tiene 15.5%. Tiene un poco más, pero la carga tributaria sigue siendo muy baja, una de las más bajas de Centroamérica. Para tener un parámetro: el promedio en América Latina es de 25% del PIB. El gobierno de Costa Rica cuenta con un 25%. Nicaragua con un 22%.

En segundo lugar, el PIB decreció 3.1% en 2009, el último año del gobierno de ARENA y el primero de la gestión de Funes. Fue ése el peor año económico desde 1983. Desde entonces, el PIB ha crecido a un promedio de 1.7% anual entre 2010-2012. Este año se estima que puede crecer 2%, a pesar de que la fuga de capitales ha continuado. La inversión extranjera también ha crecido un poco. En 2012 llegó a poco más de 500 millones de dólares, cuando en 2009 apenas superó los 330 millones. La economía salvadoreña ha pasado de una caída a un crecimiento pequeño.

Es un nivel de crecimiento menor que el de los otros países en Centroamérica, pero levantar una economía que se desplomó no es poca cosa. Y eso ha ocurrido durante el actual gobierno.

EF- ¿A qué se debe la fuga de capitales?
CV- La fuga de capitales comenzó a finales de la década de los años 90. Sucedió que entre 1989, cuando ARENA asumió por primera vez el gobierno, y 1997, los grandes empresarios del país acumularon demasiada riqueza.

No podían invertirla toda en El Salvador porque si lo hacían generaban sobreproducción, dadas las limitaciones del mercado interno. Los empresarios se beneficiaron de un programa económico que ellos mismos iniciaron, bajo el gobierno del millonario Alfredo Cristiani. Lo continuaron con los tres gobiernos que le sucedieron, también de ARENA. Este programa debilitó al Estado y fortaleció a la empresa privada. El programa tenía tres ejes. El primero,privatización de empresas públicas: la banca, la empresa de telefonía, las empresas distribuidoras de energía eléctrica, las pensiones, los ingenios azucareros… El segundo, una reforma tributaria que consistió en quitarle impuestos a los ricos y oligarcas y hacer pagar más al pueblo. Quitaron los impuestos a la exportación de café, el impuesto a la exportación de azúcar, el impuesto al patrimonio y bajaron el impuesto a la ganancia empresarial. Sólo la supresión de los impuestos al café pusieron anualmente más de 100 millones de dólares extra en manos de los oligarcas. Para el pueblo, establecieron el IVA. Finalmente, eliminaron el control de precios de 230 productos, liberalizaron las tasas de interés de los bancos y los precios de los insumos y redujeron aranceles para facilitar al comercio importador.

Si esto no era suficiente, la reconstrucción del país con el fin de la guerra implicó la entrada de 1 mil 500 millones de dólares en concepto de donaciones. Este dinero llegó al Banco Central de Reserva en dólares y el BCR entregaba colones al gobierno para financiar la reconstrucción. La cantidad de dólares aumentó en la economía y permitió que el tipo de cambio se estableciera en $8.70. Esto benefició a los importadores, que compraron dólares e importaron arroz, fríjol y maíz y fueron desplazando a los pequeños productores, obligados a emigrar fuera del país. Comenzaron a aumentar las remesas, que fortalecieron a la banca privada y a los grandes importadores,
que eran los mismos banqueros.

De esta forma la cúpula empresarial se llenó de plata e inundó el país de productos. En 1992-1995 fue el boom de la postguerra y el PIB creció en un promedio de 7%. Pero en 1996 ellos se dan cuenta que les viene un problema. Sus ganancias eran tan enormes que ya no podían seguir invirtiendo mucho en el país porque la capacidad de consumo interno era muy limitada, debido a la concentración de la riqueza y del ingreso y a los bajos niveles de compra de la mayoría de la población. Si invertían mucho en El Salvador se iba a generar un proceso de sobreproducción, cosa que sucedió en 1999 cuando se produjo una inflación negativa.

El mercado no daba para más. Entonces comenzaron a sacar una parte importante de sus capitales hacia el exterior, sobre todo hacia Centroamérica. Se instalaron en Guatemala, Honduras y Nicaragua. La familia Poma montó un Metrocentro en cada país de Centroamérica, también empresas importadores de vehículos. La familia Simán creó almacenes en varios países de la región. Todos los bancos se instalaron en los países vecinos y aparecieron nuevos hoteles en toda la región. Esto fue antes de la dolarización.

La mayoría de sus capitales la siguen invirtiendo en El Salvador y el sobrante va para Centroamérica. Hasta en Colombia y Miami tienen inversiones Con la dolarización fue aún más fácil sacar capitales del país porque ya no hacía falta comprar dólares con colones.

En El Salvador no se dinamiza la economía porque para ello habría que crear un mayor mercado interno y esto solo puede hacerse distribuyendo más justamente la riqueza y el ingreso. Con el gobierno de Funes el índice Gini ha mejorado un poco. Ha avanzado de 48 a 42. Pero sigue estando muy por encima de la media. La distribución de la riqueza está mejor en Costa Rica, en Nicaragua, hasta en Honduras.

Para redistribuir el ingreso los empresarios tendrían que pagar mejores salarios y más impuestos. Más impuestos permiten a los gobiernos invertir en programas sociales y en programas de apoyo al agro que dinamizan los mercados y ponen más dinero en manos de las mayorías populares. Obviamente, los aumentos salariales son la medida más directa para lograrlo. En Honduras, la carga tributaria es igualmente baja, pero los salarios aumentaron mucho durante el gobierno de Zelaya y se aplicaron medidas que levantaron la producción campesina y mejoraron el ingreso en el campo.

Pero a los empresarios salvadoreños les sale más rentable que el 34% de los hogares sigan en la pobreza, pues ellos invierten para que consuma la población no pobre y el resto de capitales lo fugan al exterior. Vale mencionar que la inversión que hacen en otros países va a nutrir el PIB de esos países, no el de El Salvador. Y después se extrañan de que las otras economías crezcan más...

LA INVERSIÓN EXTRANJERA

EF- Dice Salvador Samayoa, ex-dirigente del FMLN y funcionario de alto nivel en el gobierno de Francisco Flores: “De acuerdo con la CEPAL, El Salvador es el país que menos inversión extranjera directa ha recibido en la región. Según el Foro Económico Mundial, El Salvador ha retrocedido diez puestos en el último año en competitividad. Según el Banco Mundial, El Salvador retrocedió dos posiciones en el índice de facilidad para hacer negocios, y según la Heritage Foundation, de tendencia ultraconservadora, El Salvador retrocedió 12 posiciones en el índice de libertad económica. Cualquiera puede discutir estos indicadores, pero no pueden estar todos equivocados. El clima, evidentemente, no ha sido bueno, y el gobierno, tanto como los partidos que lo sustentan, ha tenido una importante cuota de responsabilidad”. ¿Qué responde?

CV- Desde 2006, El Salvador es el país centroamericano que menos inversión extranjera recibe. Hasta entonces, Guatemala, Honduras y Costa Rica ya superaban a El Salvador. Según la CEPAL, en ese año Nicaragua también lo superó. Esto sucede, a pesar de las promesas de que la dolarización y los Tratados de Libre Comercio firmados con Estados Unidos, Chile y México atraerían a una mayor inversión extranjera. No ha sido así.

Durante el actual gobierno, la inversión extranjera no ha caído. En 2009, el último año en que gobernó ARENA, la inversión extranjera fue menor a 100 millones de dólares. Comenzó a aumentar significativamente en 2011 llegando a 382 millones y en 2012 alcanzó 525 millones. ¿Es menor que los demás países centroamericanos? Sí, pero lo es desde antes del actual gobierno. Y en los últimos dos años ha crecido.

Hay que decir que los empresarios extranjeros no invierten mucho en producción para el consumo nacional porque también generarían una sobreproducción. Principalmente, han comprado empresas ya existentes. 1998 fue un año pico de inversión extranjera con la compra de la telefonía, de la distribución eléctrica y de una parte de las pensiones. El segundo pico lo tuvimos en 2007-2008, cuando los empresarios vendieron sus bancos y sus empresas de seguros y de pensiones.

LA COMPETITIVIDAD

El índice de competitividad es un término que debe ser eliminado de los diccionarios económicos. No tiene sentido. ¿La economía de Estados Unidos es competitiva? Yo diría que no. Si fuera competitiva no tendrían que otorgar tantos subsidios. Y el agro es subsidiado en Estados Unidos. Si los granjeros no recibieran esos subsidios no podrían producir, a pesar de ser un país altamente tecnificado y con mucha mano de obra calificada. Igual sucede en Japón o en Corea del Sur. En Europa los subsidios a la producción son aún más altos.

Etiquetar a una economía como competitiva o no es un análisis perverso. ¿Por qué no quitan los subsidios a los productores de maíz en Estados Unidos y así veríamos si son más productivos que los agricultores salvadoreños? Esa competitividad no está comprobada. Ése es un índice que los organismos internacionales usan para decir qué países van bien y qué países van mal. Y, generalmente, igual que en el tema de la droga, los países calificados como de alto riesgo son aquellos donde gobierna la izquierda o fuerzas progresistas.

Yo me pregunto qué solvencia moral tiene un organismo financiero internacional para decir qué países tienen mayor o menor riesgo. Estos organismos estaban pintando maravillas sobre la economía mundial cuando estaba por desplomarse con las crisis en Estados Unidos y Europa. Terminaron de aplicar la política de ajuste, vino la crisis y luego el Banco Mundial pidió perdón por los errores cometidos. Tienen economistas que ganan 50 mil dólares al mes y todo lo que calculaban salió al revés.

El tema del clima de negocios le gusta mucho a los empresarios salvadoreños. Ellos dicen que aquí es muy complicado montar un negocio porque hay muchos trámites. Pero omiten otros elementos que favorecen aquí sus negocios. Aquí hay 26 leyes que les permiten no pagar impuestos: los eluden con la ley de turismo, la de zonas francas, la de semillas... Los gobiernos de ARENA bajaron los aranceles de tal forma que casi no hay trabas para la importación. Eso se agudizó con la dolarización. No hay trabas para que un banco decidaa qué tasa de interés quiere prestar. No la hay para que un negocio ponga los precios que quiera. El Salvador debe ser el país de la región con menos trabas para hacer negocios.

A veces un país baja su nivel en algún índice pero no porque empeore, sino porque otros mejoran. Hace poco El Salvador avanzó en los indicadores de desarrollo humano que fija el PNUD, pero cayó del lugar 104 al 103 porque dos países avanzaron relativamente más. Voceros de FUSADES (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social), de representantes de la gran empresa privada, fueron a la televisión a poner el grito en el cielo porque habíamos bajado un lugar, sin mencionar que el índice real del país mejoró. Esto no es ni ético ni técnico, es una manipulación política.

EL DÉFICIT FISCAL

EF- Claudio de Rosa, economista y Director Municipal de ARENA en Zacatecoluca, argumenta: “Los altos niveles de deuda y de gasto público explican por qué el gobierno no ha logrado disminuir el déficit fiscal a un nivel inferior al 2%, como lo trazaron en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, ni al 2.5% como se comprometió con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el déficit fiscal del año pasado fue del 3.5%, y para 2013 se estima entre 3.7% y 4%.

CV- En 2009 el déficit fiscal fue de 1 mil 142 millones de dólares y representó un 5.7% del PIB. El índice que relaciona déficit con PIB es un indicador extraño pero lo ocupo aquí porque es el indicador que más le gusta utilizar a la derecha en este tema. En 2012 el déficit fue de 826 millones y representó el 3.4% del PIB. La situación económica del gobierno ha mejorado respeto a cómo la dejó ARENA.

Hay dos formas de financiar el déficit: endeudarse o vender activos. Si se venden activos del Estado, se consigue dinero para financiar el déficit. Es como cuando una familia vende una refrigeradora para tener dinero para pagar sus deudas. Pero Funes no ha privatizado ninguna empresa. El gobierno se ha endeudado para financiar el déficit. Como el déficit se ha reducido en estos tres años, así también los préstamos que se necesitan para financiarlo. En esta lógica, el gobierno anterior de ARENA se endeudó más que el actual.

LA DEUDA PÚBLICA

En la deuda de este gobierno influye mucho el pago de pensiones. Del déficit actual, de 426 millones de dólares, más de 400 millones va para el pago de pensiones. La privatización del sistema de pensiones que ARENA realizó en 1998 significó que el Instituto Nacional de Pensiones del Empleado Público (INPEP) sigue desembolsando a jubiladas y jubilados, pero sin contar con ningún cotizante nuevo desde hace trece años. En aquel momento, toda la gente menor a 35 años tenía que pasarse al sistema privado. En el gobierno de Saca, el INPEP entró en crisis por eso. Violando la Constitución -porque fue un préstamo adquirido sin contar con la mayoría absoluta en la Asamblea-, aprobaron un fideicomiso para que las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones Privadas) prestaran el dinero al Ministerio de Hacienda a través del Banco Multisectorial de Inversiones. Funes tuvo que aumentar el fideicomiso porque el pago de las pensiones es un agujero cada vez mayor, pues más gente del sistema público llega a edad de jubilarse. Esto será así hasta que ya no haya jubilados vivos que cotizaron en el sistema público.

Pero hay otra verdad sobre la deuda que hay que tener muy clara. Este gobierno heredó 103 préstamos que hay que pagar ahora. Y Funes se ha ganado fama de buena paga porque ha pagado todo. Ha pagado aproximadamente 3 mil millones de dólares entre amortizaciones e intereses de préstamos. Y la mayor parte del dinero no va para pagar préstamos de este gobierno. Los préstamos de 2009 y 2010 apenas se comienzan a pagar ahora.

Quiero demostrar que la deuda actual no es mayor que la anterior. Para analizar la deuda de un país se utilizan a nivel internacional 15 indicadores: exportación versus servicio a la deuda, exportación versus intereses de la deuda, reserva monetaria versus deuda, servicio a la deuda versus desembolso de la deuda... Pero el FMI, el Banco Mundial y los economistas de derecha sólo utilizan uno: la relación entre deuda pública y PIB. Te dicen: Cuando este gobierno llegó la deuda representaba un 54% del PIB y ahora representa 60%. Pero resulta que esa deuda no se paga con el PIB, sino con los ingresos públicos. El Estado no es dueño de todo el PIB, el Estado es dueño del 15.5% del PIB.

¿Cómo es esto? Digamos que yo soy asalariado de la industria y gano 1 mil dólares al mes ¿Pero qué me toca del PIB? A través de mi salario me tocan 12 mil dólares al año. Yo tengo que calcular mi deuda en función de esos 12 mil, no en función del PIB. Porque los que tienen en sus manos la mayoría del PIB, los empresarios, no van a pagar mi deuda. Tampoco la pagará el gobierno ni los otros asalariados del país, que captan parte del PIB. Lo mismo pasa con la deuda del gobierno. No la pagan los empresarios, que se quedan con un 60% del PIB. A mí me interesa saber si el gobierno puede pagar la deuda con sus ingresos. Sigo con el ejemplo: si yo gano 12 mil dólares y tengo una deuda de 3 mil, quizás no es tan pesada. Pero si otra persona gana 6 mil y tiene una deuda de 2 mil 500, le es más difícil pagarla.

También hay que aclarar que no es correcto hablar de la deuda del sector público. El sector público comprende tres instituciones: el Gobierno Central, las instituciones públicas como la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa) o ANDA (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados) y las instituciones públicas financieras, como el Banco Central de Reserva, el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario y el recién creado Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL). Las instituciones públicas son responsables de su deuda, no el gobierno central. La CEL paga su deuda con sus ingresos y el BFA con sus ingresos.

Analicemos entonces la deuda del gobierno central. Cuando llegó Funes la deuda era aproximadamente de 8 mil 800 millones de dólares. Hoy se acerca a los 10 mil 600 millones. Pero si se comparan los ingresos del Estado con su deuda, en 2009 se podía pagar un 29% de la deuda. Si se compara la deuda de 2012 en relación a los ingresos de ese año, se podía pagar el 31% de la deuda. Por lo tanto, la deuda es menos pesada. Ése es el indicador que hay que usar. Sucede que también en la mayoría de otros indicadores, también El Salvador está en un lugar bastante aceptable y mejor que durante las gestiones anteriores.

EL GASTO PÚBLICO

EF- Sin embargo, cuando los economistas de derecha hablan del déficit fiscal, lo adjudican a una política de gastos corrientes y gastos sociales irresponsable del gobierno de Funes.

CV- Pero esto no es real. Reitero que tenemos un gobierno que sólo cuenta con un 15.5% del PIB, aproximadamente 3 mil 600 millones de dólares. Como es de los gobiernos de América Latina que menos dinero tiene, también es de los que menos gasta.

El déficit fiscal no se da porque el gobierno gaste mucho, sino porque al gobierno le ingresa poco. Y esto, por tres razones principales. La primera, la evasión fiscal. En el libro de Alexander Segovia “El camino del cambio en El Salvador” se dice que la tasa de evasión de impuestos es de 33%. Antes de entrar Funes era peor: 38%. Si lo calculamos al año 2012 estamos hablando de 1 mil 700 millones de dólares. Este monto sería suficiente para saldar el déficit y más. Pero queda en las manos de los empresarios.

La segunda razón es la elusión fiscal, las 26 leyes que permiten no pagar impuestos. Según una investigación de la Asamblea Legislativa, sobre este punto que eufemísticamente llaman “gasto fiscal”, estas leyes evitaron la entrada al presupuesto de 900 millones de dólares anuales durante 2001-2009. El dato más reciente que dan es de 2011. Ese año, la elusión representó 1 mil 200 millones de dólares.

La tercera razón es la estructura tributaria. En este país, quien sostiene al gobierno es la población consumidora, a través del IVA, de aranceles, de FOSALUD, de FOVIAL, etc. Lo sostiene también las asalariadas y asalariados a través del impuesto sobre el salario. Conjuntamente, todo esto representa el 82% de los ingresos públicos. El impuesto sobre las ganancias empresariales sólo le proporciona al gobierno el 18% de sus ingresos tributarios. Esto significa que los empresarios, que captan el 60% del PIB, apenas contribuyen con el 18% de los ingresos tributarios del gobierno.

Y que el pueblo trabajador, que capta a través de sus salarios el 25% del PIB, le aporta al gobierno el 82% de sus ingresos. En otras palabras, el pueblo no tiene dinero pero sostiene el gobierno y los empresarios tienen mucho dinero y no sostienen el gobierno.

EF- ¿A qué se debe la reducción
de la evasión fiscal en un 5%
que ha logrado este gobierno?

CV- En parte, se debe a una mejoría en los controles de la fiscalización. Por ejemplo, en la aduana está operando un aparato de laser para revisar furgones, lo que reduce las posibilidades del contrabando. El Ministerio de Hacienda también ha sido un poco más agresivo en la persecución de evasores. Sigue siendo una evasión alta si asumimos lo que dicen los organismos internacionales de financiamiento: que es “aceptable” o “tolerable” un nivel de evasión del 15-20%. Ninguna evasión fiscal debería ser “tolerable”, porque significa millones de dólares que el pueblo paga y la empresa privada roba.

La tasa de 33% en El Salvador está bastante por encima de esos niveles. Y todavía los evasores de impuestos se dan el gusto de decir que el gobierno gasta mucho en programas de educación y salud. Esto merece una denuncia pública porque ellos son los responsables de que el gobierno no tenga los recursos necesarios para reducir sustancialmente la mortalidad infantil, la desnutrición o el analfabetismo. Mucho se podría hacer con los 1 mil 700 millones de dólares que ellos evaden.

EF- Miguel Lacayo acusa a Funes: Prefiere engordar las filas de la burocracia estatal, pero sin ofrecer mejoras en los servicios públicos, sin buscar eficiencia en el gasto, más bien complicando y empeorando los servicios. El gobierno del FMLN practica el clientelismo contratando a más de 20 mil personas para el sector público y sube los gastos salariales, pero en detrimento de la inversión en infraestructura”. ¿Qué responde?

CV- Si el gobierno ha creado 20 mil empleos nuevos en el sector público es una cantidad muy chiquita. Es normal que un gobierno que aumenta su presupuesto en salud y educación contrate más personal. Si vas a reducir el analfabetismo, se necesitan más escuelas, pero sobre todo se necesitan más maestros y maestras. Este gobierno ha construido varios hospitales y clínicas y esto requiere de más médicos, medicas, enfermeras y personal de servicio para atenderlos. Esto es bueno. La gente necesita empleo.

El aumento salarial no se puede entender como clientelismo. El aumento es justo porque en este país tenemos salarios mínimos muy bajos. En el campo no sobrepasa los 110 dólares y en el sector público el mínimo es 300. El último aumento del 4% (julio 2013) ha sido casi imperceptible y eso se debió a las protestas de los empresarios. Y no de los pequeños y medianos empresarios, sino de los grandes, que se opusieron a un aumento mayor. A los pequeños y medianos empresarios les convenía la propuesta de un aumento del 14% porque, aunque a ellos les aumentarían los costos, la medida hubiera puesto más dinero en la calle y tener mayor consumo les beneficiaba. ¿A quién no le conviene el aumento salarial y el aumento del consumo? A los aproximadamente 1 mil 850 exportadores, porque no les afecta el incremento del consumo nacional porque ellos venden en el exterior. Menos de 50 empresarios de este grupo se clasifican como “pequeños” o “medianos.” Los salarios bajos son un factor generador de pobreza.

Hay un dato interesante y terrible. En 2012, TACA, ahora AVIANCA, ganó 351 millones de dólares. Si se divide esa ganancia entre el salario mínimo anual en el campo, que fue ese año 1 mil 260 dólares, las ganancias de AVIANCA son iguales al salario anual de casi 280 mil campesinos. Lo que AVIANCA se ganó en un año lo podría ganar un campesino salvadoreño en 280 mil años. ¿Cómo pueden decir que un salario de 300 dólares al mes es clientelismo?

Es una barbaridad decir que los gastos en salarios públicos han ido en detrimento de la infraestructura nacional. Es falso porque éste es el gobierno que más obras públicas ha realizado. Se ha incrementado el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas en un 40%. Y, al contrario de lo ocurrido en los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca, se han hecho las obras. Se han reparado cientos de cárcavas, se han terminado carreteras y se han hecho otras, se han construido hospitales y escuelas.

LA POBREZA
Y EL DESEMPLEO

EF- Pero Miguel Lacayo insiste: “Hoy hay más pobres, más desempleados y menos optimismo hacia el futuro que cuando Funes y el FMLN tomaron el timón del país.” Y Salvador Samayoa agrega: “El Presidente extravió completamente los papeles desde el inicio de su mandato en relación con su promesa principal: la fábrica de empleos. Y la gente lo ha resentido. En el último estudio de opinión de JBS Market Research para “El Diario de Hoy”, el 92% de los encuestados manifestó que la situación del empleo está igual o peor. Es un dato abrumador. Y nada de trucos, o de manipulación de cifras, como hacen otros cuando consolidan respuestas en beneficio de su argumento. En este dato de “igual o peor” la gran mayoría de la gente (68.5 %) piensa que la situación del empleo está peor”. ¿Qué opina?

CV- La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, que realiza anualmente la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía desde los años 70, reportó en 2008 una tasa de pobreza de 40% a nivel nacional. En 2012 este dato bajó a 34%. Cuando entró Funes al gobierno, el desempleo estaba calculado en 7.3%. En 2012 en 6.1%. Me refiero al desempleo abierto. El subempleo no ha subido ni bajado, se mantiene a un 35-40%. Aunque es un subempleo importante, la afirmación de Miguel Lacayo es totalmente al revés.

Ciertamente, la mayoría de la gente sigue en una situación muy difícil. El 34% de pobreza sigue siendo una cifra alta. A quien esté en la pobreza no le dice nada el hecho de que la pobreza se haya reducido unos puntos, porque en lo personal su situación no ha cambiado. Pero esto no quita que la situación del país ha mejorado.

La promesa de campaña de Funes fue generar 100 mil empleos en cinco años. Hasta ahora se han generado 89 mil nuevos empleos. Son datos del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Hay 89 mil personas más inscritas en el ISSS que las que había en junio del 2009. La mayoría de estas personas trabaja en la empresa privada, una minoría en el sector público y una minoría aún más pequeña en el sector cooperativo. Puede cumplirse aún la promesa de Funes en estos últimos meses de su gobierno. Cuando el Presidente Flores firmó el CAFTA también dijo que generaría 100 mil empleos nuevos. Y durante su gobierno se generaron 25 mil empleos nuevos. Fueron unos 60 mil bajo la administración de Antonio Saca.

Hay una medida importante que entró en vigencia en abril de 2013 que puede impactar significativamente en la percepción de la gente: la Ley de Medicamentos. El nuevo sistema de precios entró en vigor el 4 de abril y el estudio de JBS al que se refiere Samayoa se hizo en la tercera semana de abril. Probablemente, no tuvo impacto aún en la fecha de la encuesta. Se calcula que con la Ley de Medicamentos la población tendrá un ahorro de 60 millones de dólares anuales. La ley establece que los precios de más de 7 mil medicamentos no pueden superar en cinco veces el precio internacional de referencia fijado por la Organización Mundial de Salud. Aunque los laboratorios y droguerías buscan y rebuscan cómo evadir la ley y cómo poner a la población en su contra, hasta ahora ésta es una de las medidas más importantes de este gobierno.

LOS SUBSIDIOS

EF- ”En lugar de asignar suficiente presupuesto a la reparación de escuelas, compra de insumos hospitalarios y medicinas, reparación de calles y hospitales, el gobierno prefiere malgastar los recursos públicos subsidiando a muchos que no lo necesitan. El gobierno del FMLN gastó 470 millones de dólares en subsidios en 2012 (energía eléctrica, gas, agua y transporte público), pero un porcentaje muy alto de estos subsidios favorece a la población de mayores ingresos. La mitad del subsidio de energía eléctrica y la cuarta parte del subsidio de agua lo recibe el 20% de la población con mayor poder adquisitivo. El 40% de los salvadoreños, los de menores ingresos, recibe solo el 12% del subsidio de energía. A los propietarios del transporte público les dieron 64 millones de dólares sin exigirles nada a cambio, sin que paguen las multas ni respeten las más elementales reglas de tránsito, y sin que se les exija un trato digno a la población”. Así lo ve el ex-ministro de Economía, Miguel Lacayo. ¿Qué le responde?

CV- Para comenzar, esos cuatro subsidios fueron aprobados durante los gobiernos de ARENA. Si fuera verdad que benefician a los ricos, es porque así fueron diseñados y esta opinión es una manipulación del ex-ministro, que participó en algunos diseños.

De todas formas, estos subsidios no hay que contraponerlos a los otros gastos públicos hechos por el gobierno. No tiene sentido decir “en lugar de la reparación de escuelas, la compra de insumos hospitalarios...” porque este gobierno ha aumentado los presupuestos sociales y el de obras públicas. En el caso del Ministerio de Salud, la inversión ha aumentado. Durante el último gobierno de ARENA, el Ministerio logró cubrir aproximadamente el 60% de los medicamentos en los hospitales del sector público. Ahora se cubre un 80%. A nivel mundial, el 80% es un índice muy bueno. En ningún país se cubre el 100%. Esto se ha logrado a pesar de que hay más demanda desde que el gobierno eliminó la “cuota voluntaria”, que sin su voluntad pagaban los usuarios. Los subsidios no se pagan a costo de sacrificar los presupuestos sociales.

¿Por qué el gobierno no ha quitado los subsidios? Porque esto representaría costos significativos para ese 34% de la población que se mantiene en la pobreza. Los sectores medios también perciben cierto ahorro con los subsidios y eso es importante. Las capas medias se quejan de que no han tenido beneficios de este gobierno y es cierto en la medida en que Funes ha dirigido sus políticas hacia la población más marginada, sobre todo en el área rural. Criticar lo que se ha hecho me parece insano, perverso.

¿Se podrían corregir los subsidios para beneficiar un poco más a los de abajo y menos a los del medio? Sí, se podría. Pero eso no va a influir de manera significativa en el problema financiero del gobierno. El BID acaba de publicar un estudio donde recomiendan al gobierno una mayor focalización de los subsidios para ahorrar 45-60 millones de dólares al año. En un país donde el déficit fiscal es de 826 millones de dólares ese ahorro no representa mucho dinero. Recordemos que hay una evasión fiscal de 1,700 millones de dólares. Yo dejaría este subsidio donde está, combatiría la evasión y así eliminaría el déficit sin necesidad de ningún préstamo.

LA ECONOMÍA ES POLITICA

Hasta aquí la entrevista con César Villalona. Los economistas de El Salvador son alfiles estratégicos en el tablero de ajedrez en que se enfrentan derecha e izquierda en vísperas de las elecciones. Hay unos diez economistas que escriben todos los días en los diarios del país, que aparecen en las entrevistas televisadas y en los programas de radio. Hacen política. Instituciones como FUSADES, que habla como “tanque de pensamiento” y la ANEP, que habla como gremio empresarial, hablan a diario de economía haciendo política. Permanentemente están trabajando para crear opinión pública en contra del gobierno del FMLN. Son el sostén ideológico de la oposición de derecha. Pero también hablan otros economistas. Como Villalona. Aclaran, explican, cuestionan, enseñan.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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