“Las reformas favorecen un poder absoluto a largo plazo de una persona o un partido”

El 22 de noviembre, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua presentaron ante la Comisión Especial de Carácter Constitucional para el Estudio, Consulta y Dictamen de la Iniciativa denominada “Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República” este Mensaje que reproducimos íntegramente.

Conferencia Episcopal de Nicaragua

Honorables diputados y diputadas de la Asamblea Nacional: 1 “Les deseamos gracia y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo” (2 Corintios 1,2). Como obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua deseamos agradecerles por habernos invitado a presentar observaciones o comentarios a la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política de Nicaragua. Al mismo tiempo, agradecemos también su gentileza al concedernos la posibilidad de manifestarles nuestro parecer sobre algo tan decisivo para el presente y el futuro de nuestro país en una fecha posterior a nuestra Asamblea Anual Ordinaria.

NO OFRECEMOS SOLUCIONES
DE CARÁCTER JURÍDICO O POLÍTICO

2. Después de orar y reflexionar en común como pastores de la Iglesia católica, les ofrecemos las conclusiones a las que hemos llegado con el único afán de colaborar desde la doctrina social de la Iglesia al bien de Nicaragua. Como lo hemos reiterado en distintas ocasiones nuestro ministerio es eminentemente religioso como testigos de Cristo y servidores de nuestros hermanos en su nombre: “No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por Jesús” (2 Corintios 4,5).

En segundo lugar, como pastores de la Iglesia católica no es nuestro objetivo ofrecer soluciones técnicas, de carácter jurídico o político, pues no corresponde a la misión que Cristo le ha encomendado a su Iglesia (Sollicitudo rei socialis, 41). Nuestra contribución en el campo político no pretende otra cosa sino “servir a la formación de las conciencias en la política y contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a ella, aun cuando esto estuviera en contraste con situaciones de intereses personales” (Deus Caritas est, 28).

QUÉ REQUIERE
UNA AUTÉNTICA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

3. La Constitución Política del país es como un símbolo de integración política, cuya tarea integradora no se realiza solamente en la adhesión emocional a un texto, sino a través del compromiso para que, tanto el establecimiento de los derechos y libertades constitucionales como la naturaleza de los poderes del Estado, no rebasen los cauces del Estado de Derecho “en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres” (Centesimus Annus, 44).

En segundo lugar, en una Constitución Política destinada a preservar una convivencia social armónica y pacífica, deben incluirse solamente los símbolos, sentimientos, instituciones y afirmaciones ideológicas, libre y firmemente compartidos por todos en la sociedad.

Una auténtica Constitución Política debería, finalmente, estar refrendada por la participación del pueblo, a través de un vasto proceso de consultas, sin exclusión de nadie ni de ningún sector de la sociedad y sin prisas inexplicables ante un asunto tan grave para la nación. Solo así la Constitución logrará generar auténticas dinámicas de integración en las que participarán las personas con confianza y responsabilidad en la construcción de la sociedad y el ejercicio del poder.

LO QUE URGE EN NICARAGUA EN UN MOMENTO
DE DESMANTELAMIENTO INSTITUCIONAL

4. Poseemos la firme convicción de que lo más urgente en Nicaragua en este momento no es realizar cambios a la Constitución Política, sino purificar y rectificar la mentalidad y la práctica en relación con el ejercicio de la política, tal como lo afirmamos en nuestro mensaje del 26 de septiembre del 2012:

“La situación que vive el país exige urgentemente replantear el funcionamiento integral del sistema político, pues el poder se sigue concibiendo como patrimonio personal y no como delegación de la voluntad popular” (n. 5).

No consideramos conveniente proponer reformas a nuestra Carta Magna, sobre todo cuando éstas reflejan la pretensión de un cambio sustancial e integral en el sistema político de Nicaragua, en un momento de evidente desmantelamiento institucional del país, con una llamada oposición política que se debate en luchas internas y descalificaciones recíprocas, sin representar ninguna alternativa para el país; en un momento en que es inexistente la separación de los poderes del Estado y hemos sufrido experiencias continuas de irregularidades electorales y violaciones a la Constitución Política que han alterado el rumbo constitucional y democrático de nuestro país.

Lo que urge en Nicaragua más bien es el cumplimiento de las normas constitucionales de parte de quienes ejercen el poder y el compromiso de todos los sectores de la nación y del pueblo en general por fortalecer los valores que conformen una auténtica democracia, pues “una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto como demuestra la historia” (Centesimus Annus, 46).

FAVORECEN LA PERPETUACIÓN
DE UN PODER ABSOLUTO A LARGO PLAZO

5. Consideramos que la actual propuesta de reformas a la Constitución, vista en su conjunto, está orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica. Los obispos de América Latina en la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano ya en el año 2007 en Brasil habían constatado que a través de instrumentos propios de la democracia se podrían paradójicamente instaurar regímenes totalitarios: “Vemos con preocupación el acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática” (Aparecida, 74).

Ya lo advertíamos también nosotros en nuestro mensaje del 26 de septiembre del año pasado, refiriéndonos a Nicaragua: “La vida política del país está hoy dominada por un estilo de ejercer la autoridad en modo autocrático y abusivo, que se manifiesta a través de la concentración de poder y el deseo desmedido de conservarlo y perpetuarse en él, la manipulación de la ley y de las instituciones y la destrucción de los principios fundamentales que constituyen las bases del Estado de Derecho”.

NO TRAERÁ NINGÚN BENEFICIO
A LA NACIÓN

6. Por todos los motivos antes mencionados, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua no estamos de acuerdo con este proyecto de reformas constitucionales. Creemos que su aprobación no traerá beneficio alguno para la nación. Ciertamente, la Iglesia, como enseña en su Magisterio Social, “no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional” (Centesimus Annus, 57).

Si alguna vez se permite expresar su propia valoración en esta materia, no es por motivos ideológicos ni por indebida injerencia en el campo político, sino por las graves implicaciones religiosas y morales que comporta una situación o proyecto determinado, como es el caso del actual intento por reformar nuestra Constitución Política.

ES NUESTRA RESPONSABILIDAD

7. Ofrecer nuestro parecer en este momento histórico de Nicaragua es solo un discreto servicio a partir de nuestra fe y del Magisterio Social de la Iglesia, para que todos los nicaragüenses, sin discriminaciones de ningún tipo, tomemos conciencia de que “es nuestra responsabilidad, aunque siempre sea limitada la comprensión de la totalidad de la realidad, observando, sopesando y valorando, tomar decisiones en el momento presente, pero extendiendo la mirada hacia el futuro, reflexionando sobre las consecuencias de las decisiones” (Discurso del Papa Francisco a la clase dirigente de Brasil, 27 marzo 2013, n. 2).

Pedimos a la Santísima Virgen María, “La Purísima”, Patrona de Nicaragua, en vísperas de su fiesta, que nos ayude a construir un país en donde siempre haya razones para vivir con esperanza, comprometidos en edificar una convivencia social fundada en la justicia, la libertad, la verdad y la paz para todos.

FIRMAN POR TODA LA CONFERENCIA EPISCOPAL SÓCRATES RENÉ SÁNDIGO JIRÓN, OBISPO DE JUIGALPA Y PRESIDENTE DE LA CEN Y SILVIO JOSÉ BÁEZ ORTEGA, O.C.D, OBISPO AUXILIAR DE MANAGUA
Y SECRETARIO GENERAL DE LA CEN.

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