Nicaragua
¿Seguirá siendo la violencia nuestra “marca país”?
La celebración el 19 de Julio
del 35 aniversario de la Revolución
fue precedida de entusiastas anuncios ante el prometedor futuro
que nos espera con la construcción del Gran Canal Interoceánico.
Y fue seguida por un atentado criminal
que nos devolvió al terrible pasado de la guerra civil de los 80,
mostrándonos cuán abiertas
están aún las heridas de aquellos años.
Equipo Envío
El 5 de julio llegó a Nicaragua Wang Jing con una comitiva de funcionarios de HKND, la empresa que dice hará realidad el sueño canalero que desde hace siglos domina el inconsciente colectivo de Nicaragua. Desde varios días antes de la llegada de los empresarios chinos la expectativa era enorme: por fin darían a conocer la ruta del Canal y ofrecerían datos que darían credibilidad al proyecto.
Con grandilocuencia, Wang afirmó en Managua que “el Canal servirá para el desarrollo y la prosperidad de todos los países del mundo”, que lo construirá en cinco años, que “este proyecto será la más grande construcción en la historia de la Humanidad” y que “el Canal va a ser testigo de otro apogeo de desarrollo para toda la Humanidad”.
Después de escuchar, de parte de su equipo, en los días siguientes, tantas “informaciones”, confusas y superficiales, todo el mundo esperaba que en su discurso del 19 de Julio el Presidente Ortega se referiría al tema del Gran Canal, tal vez para aclarar o tranquilizar. Sin embargo, sólo al cierre de su deshilvanado y vacío discurso de casi una hora le dedicó esta frase: “No hay que esperar a que esté el Canal, hay que seguir librando batallas para que el país siga creciendo…”
El país está viendo decrecer el dinamismo económico, el presupuesto tuvo que ser recortado, estamos enfrentando una severa sequía, se prevé hambruna en algunas zonas del país y la migración a Costa Rica y a Panamá no deja de incrementarse. Tampoco aparecieron estos graves problemas en el discurso de Ortega.
EL PERSONALISMO
Y EL SECTARISMOEl 2 de julio, poco antes de cumplir sus 95 años, murió Emilio Álvarez Montalván, un oftalmólogo de visión lúcida y un agudo analista de nuestra historia y de nuestra cultura política, un hombre sabio.
En la última entrevista que dio a “La Prensa”, días antes de su muerte, don Emilio insistió en algo que ha repetido: “Los dictadores, como los caciques y los caudillos -dijo-, son incubados por la sociedad misma. Mientras los nicaragüenses no cambien los antivalores de su cultura política seguirán teniendo gobiernos autocráticos”. Y nombró esos antivalores: “El primero es el personalismo, el sectarismo, la falta de una visión consolidada de Patria. Y después, un sentido mágico de la vida que los hace creer que de un momento a otro un redentor nos sacará de la pobreza”.
En el acto del 19 de Julio, que conmemoró el 35 aniversario de una Revolución que se hizo para derrocar el gobierno dictatorial y autocrático de los Somoza, se expresaron esos antivalores. Sobreabundó tanto el culto a la personalidad de Ortega en canciones, discursos, spots y tomas televisivas, como el sectarismo, que desde hace años ha convertido una efemérides que debería ser nacional, en una fiesta cada vez más partidaria, sectaria, sólo dedicada a un sector de la población.
EL SENTIDO MÁGICO DE LA VIDAEs una constante que en los pueblos empobrecidos económica y educativamente, en las sociedades con mayores desigualdades entre unos grupos minoritarios y privilegiados y las mayorías, la gente se entrega con mayor convicción al pensamiento mágico y es más vulnerable a quienes tienen poder y alimentan esa ilusión. Existe una correlación entre la desigualdad social y la prevalencia de la religiosidad tradicional, tan llena siempre de componentes mágicos. En sus varias intervenciones en la celebración del 19 de Julio la Primera Dama apeló en 34 ocasiones a la fe que debemos tener para creer que saldremos adelante, sin referirse ni analizar los problemas de los que debemos “salir”…
El sentido mágico de la vida del que habló tantas veces don Emilio Álvarez Montalván lo alimenta hoy en grande el gobierno con el proyecto del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, que “nos sacará del calvario de la pobreza”, como ha dicho Ortega en varias ocasiones, que nos hace vivir en “espacios milagrosos”, en “la ruta que nos marca Dios para Nicaragua, con tantos prodigios y tantas bendiciones”, como afirmó la Primera Dama al comentar la visita de Wang Jing.
SERÁ LA RUTA 4El 7 de julio el equipo de Wang Jing informó por fin cuál es la ruta que ha elegido la empresa china para construir el Canal. Eran seis las rutas a seleccionar, todas contempladas desde hace años en los diseños elaborados por el Presidente Enrique Bolaños. Después de reunirse apenas tres horas con la Comisión del Gran Canal, que representa al Estado, los empresarios chinos de la HKND anunciaron que la elegida es la ruta 4. Ésta le dará al país un tajo de 278 kilómetros de largo entre Punta Gorda en el Caribe y Brito en el Pacífico.
El representante de HKND, Dong Yunsong, acompañó el anuncio de la ruta con una presentación en power point del “diseño” de la obra, con algunas cifras y algunas fotografías que parecían tomadas de Internet. La presentación es de una simpleza asombrosa. En ella descubrimos que HKND planea construir cuatro complejos turísticos, proyectos de los que no hablaba la concesión inicialmente y que parecen ser del máximo interés de los inversores chinos, a juzgar por los detalles que dieron de ellos. Después de Dong, habló ese día Alberto Vega, presidente de ERM (Enviromental Resources Management), empresa de consultoría ambiental contratada por HKND para hacer los estudios ambientales, en un claro conflicto de intereses.
LA EXPERIENCIA NACIONALNi HKND ni ERM han presentado estudios técnicos, estudios ambientales o estudios de factibilidad financiera. Los prometieron para finales del año y HKND insistió en que el Canal empezará a construirse en diciembre de 2014.
El 30 de julio, ocho organizaciones sociales, científicas y ambientalistas, Centro Humboldt, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, Academia de Ciencias de Nicaragua, Fundación del Río, Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, Boletín Ecológico, Red de Desarrollo Local y Fundación Popol Na, entregaron a los representantes de HKND una carta, dirigida también a la Autoridad del Gran Canal, al Presidente Ortega y a la Primera Dama, solicitando formalmente copias de los estudios técnicos, ambientales y sociales que han hecho estas empresas.
“Estamos convencidos -dicen- que la revisión pormenorizada por parte de profesionales independientes a la empresa incrementaría la credibilidad de los estudios e incorporaría la experiencia nacional, fundamental para asegurar la sostenibilidad ambiental y social, y por tanto, financiera para la inversión”. Demandan también conocer dónde están las sedes de la estatal Comisión del Gran Canal y de HKND, para aclarar inquietudes y aportar desde sus conocimientos. Los firmantes asumen el compromiso de elaborar un informe técnico con resultados que pondrán a disposición de las autoridades nacionales y de la población.
INVERSORES SECRETOSA la “solemne” presentación de la ruta el 7 de julio siguieron otras. En una de ellas, en Managua, cuando se le preguntó a Dong Lu, gerente de relaciones públicas de HKND, quiénes son los inversionistas de un proyecto cuyo costo han calculado en 50 mil millones de dólares, el empresario chino dijo: “El financiamiento está listo, pero es confidencial. Estos asuntos son secretos porque las empresas están operando en bolsa y hay detalles que no es conveniente revelar”.
El subdirector del Centro Humboldt, Víctor Campos, ha advertido que “en relación al cuido ambiental es relevante de dónde venga el capital” y ha señalado que si viene de bancos chinos, la mayoría de ellos no están vinculados a los Principios de Ecuador, que garantizan estándares ambientales como requisitos obligatorios para sus acreedores.
Este mes una publicación del estadounidense Milken Institute aseguró que es el gobierno de China continental el que está detrás de HKND. También se supo este mes que una de las empresas que HKND presentó en Managua en junio de 2013 como contratada para hacer lobby y captar recursos para la construcción del Canal, la estadounidense McLarthy, había abandonado el proyecto porque es una empresa que representa a inversionistas privados y no a gobiernos y, en este caso, estaría representando al gobierno de China.
¿CONSULTAS PÚBLICAS? Entre el 21 y el 30 de julio, HKND y ERM hicieron otras presentaciones, valiéndose de un video de 20 minutos, en San Miguelito, Nueva Guinea, Punta Gorda, Rivas y Ometepe, lugares que están sobre la ruta canalera. Aunque las llamaron “consultas públicas” se usó un lenguaje no fácil de comprender por la población rural. Después, la “consulta” consistió en una serie de stands, como los que se instalan en las ferias que las empresas organizan para promocionar un nuevo producto que ponen a la venta.
En los distintos municipios afectados acudieron centenares de pobladores y de productores agrícolas y ganaderos, expresando una preocupación generalizada. La Primera Dama habló de 10 mil personas “consultadas” en estas reuniones.
La gente que acude a escuchar a la empresa que recibió una concesión prácticamente total sobre todo el territorio nacional -se trata del Canal y de otros diez subproyectos-, no percibe que le estén “consultando”, sino solamente informando de un hecho consumado. Les preocupa cuánto les pagarán por sus tierras cuando sean expropiados, a dónde los reubicarán cuando tengan que abandonar sus tierras y a qué se dedicarán después de reubicados.
La preocupación tiene otros matices en los territorios indígenas del Caribe que desaparecerán con el Canal. En sus tierras comunales, los pueblos indígenas tienen una concepción de territorio continua, distinta a la que tienen los pueblos mestizos, el de fincas parceladas. Además, la Ley 445 establece que esas tierras comunales no se pueden vender ni ceder ni embargar.
“SOMOS UN PAÍS BENDECIDO” El propagandista del proyecto a nombre del gobierno, el rector de la Universidad Nacional Agraria, Telémaco Talavera, a quien el Presidente Ortega llama “mensajero de las buenas nuevas”, insiste en que “sólo habrá beneficiados y todo mundo va a salir ganando”.
Los empresarios chinos y sus socios nacionales responden a las inquietudes con apelaciones que abonan el pensamiento mágico: todos seremos beneficiados, nadie saldrá perjudicado, habrá empleo para todos, Nicaragua saldrá por fin de la pobreza y en lugar de daños al medioambiente con el Canal tendremos un país totalmente reforestado… Como si nos sacáramos una lotería, como si hubiéramos sido premiados con un regalo divino, como si fuéramos un país bendecido…
¿QUIÉN HIZO ESO? La pregunta más escuchada en los días previos a la celebración del 19 de Julio era ¿Crees que los chinos harán el Canal? Enseguida fue desplazada por otra, mucho más inquietante: ¿Quién crees que hizo eso?
“Eso” fue una tragedia. Al regresar de Managua a Matagalpa las caravanas de autobuses repletos de simpatizantes del partido de gobierno que habían llenado la plaza para celebrar, tres vehículos fueron atacados a tiros poco antes de las 10 de la noche, cerca de Ciudad Darío, matando a cuatro personas e hiriendo de gravedad a casi veinte. Horas después y a unos 50 kilómetros, otro autobús fue emboscado y atacado con disparos, camino a San Ramón, muriendo el ayudante del chofer. Extrañamente, no hubo información de otro autobús atacado esa noche cerca de Ocotal, ni de otros autobuses detenidos ese día en distintos puntos del país para arengar políticamente a sus ocupantes, hechos de los que fuentes locales dieron cuenta.
En la mañana del domingo comenzaron a conocerse comunicados de condena de organizaciones políticas y sociales. En las horas siguientes el repudio contra la acción criminal de todos los sectores nacionales era firme y sin fisuras. Pocos temas logran hoy en Nicaragua tanta y tan sentida unanimidad.
Mientras un desconocido y aparentemente prefabricado grupo, Fuerzas Armadas de Salvación Nacional-Ejército del Pueblo, se atribuía la acción en las redes sociales, la Coordinadora Guerrillera Nicaragüense, sí conocida en algunos medios independientes y que dice representar a grupos rearmados con motivaciones políticas que actúan en el Norte, envió este mensaje a medios independientes: “Es válido investigar quiénes están detrás de la FASN-EP como de otras denominadas “organizaciones opositoras”, vinculadas a la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, organismo adscrito al Ejército, que desarrolla además una guerra sucia, haciéndose pasar como “opositores”…”
CAMPESINOS, SANDINISTAS
Y “DELINCUENTES” La directora de la Policía Nacional, Aminta Granera, afirmó horas después del atentado, el domingo 20 de julio, que los asesinos responsables “no pasan de cuatro” y que ya habían sido capturados cuatro sospechosos. Por su parte, el diputado del FSLN Gustavo Porras calificó el hecho como un crimen político al responsabilizar de él “a los pocos chingastes (restos) que quedan de la cultura del somocismo”.
La sorpresa llegó la mañana del lunes 21, cuando familiares de los cuatro capturados como sospechosos acudieron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) afirmando que uno era un muchacho de 16 años y los otros tres eran campesinos militantes del FSLN. Lo probaban con sus carnets del partido.
El muchacho fue liberado. El jueves 24, después de mantenerlos incomunicados más allá del plazo constitucional de las 48 horas, en El Chipote, cárcel de máxima seguridad de Managua, los otros tres fueron trasladados al juzgado de Matagalpa, con el resguardo de más de una decena de policías antimotines encapuchados, como criminales de alta peligrosidad. La Fiscalía los hizo responsables de un operativo de “contención”, que consistía en tirarle piedras a la caravana de autobuses para que, al verse obligados los vehículos a reducir la velocidad, otras personas pudieran dispararles.
La Fiscalía los acusa de ser “coautores de conspiración y proposición en la comisión de los delitos de crimen organizado en concurso real con los delitos de asesinato y lesiones gravísimas” en perjuicio de fallecidos y heridos. Considera que se trata de delincuentes comunes, que hicieron eso a cambio de 500 córdobas (unos $20) para cada uno.
El juez de la causa, conocido cuadro político del partido de gobierno, pidió para ellos la pena máxima, 30 años de cárcel. El viernes 25 el chofer de uno de los buses tiroteados fue sumado a la acusación como parte de la conspiración. Hasta el 6 de agosto, fecha en que cerramos este escrito, quiénes fueron los autores intelectuales del crimen y quiénes efectuaron los disparos no estaban ni identificados ni encontrados y la nebulosa que envolvía el hecho criminal seguía siendo densa.
PREGUNTAS INQUIETANTESEl abogado defensor de los tres jóvenes campesinos consideró “una trama novelesca” lo que se les imputa. A juicio del CENIDH, las contradicciones, vacíos, inconsistencias y falta de especificación de la acusación la hacen improcedente. Considera el CENIDH que los acusados son sólo “chivos expiatorios” y que la debilidad del libelo acusatorio dejará en la impunidad a los verdaderos autores del crimen.
La confusa información recibida por la población, consternada por el hecho criminal, mantiene abiertas preguntas que las instituciones del gobierno no responden. Entre la población que simpatiza con el partido de gobierno, el sentimiento es de perplejidad: ¿Cómo militantes del Frente hicieron algo así? Los más fanáticos acusaron a medios independientes, a personalidades críticas del orteguismo y a los partidos de oposición de ser promotores del crimen por instigar al odio. La versión de la rosada propaganda oficial reduce el crimen a una acción del “odio contra el amor”. Entre la población se escucha que en este funesto episodio “hay gato encerrado” y que la Policía “da palos de ciego” por alguna razón.
ZOZOBRA Y CAPTURAS
EN EL NORTEA los sentimientos iniciales, de inquietud e incertidumbre, siguieron los de zozobra, temor y hasta terror, pues en municipios, comunidades y comarcas del Norte del país, efectivos de la Policía y el Ejército y personas encapuchadas que no se identifican comenzaron a allanar indiscriminadamente casas sin orden judicial, a hacer redadas, a acosar y espiar a pobladores.
Casi dos decenas de detenciones ilegales fueron denunciadas, en operativos realizados en horas de la madrugada, con violencia y sin consideración con la familia de los detenidos, de los cuales ninguna autoridad da cuenta después de dónde está y por qué se le detiene.
El clima de miedo en esas comunidades no ha cesado desde el día del atentado. El 26 de julio fue asesinado en una comunidad de Jinotega, Carlos García, “El Mejicano”, productor de café y ex-dirigente de la Resistencia. El 30 de julio, treinta miembros de la Resistencia buscaron en la Cruz Roja de Ocotal un lugar seguro donde denunciar la persecución y el hostigamiento del que son objeto por los cuerpos armados del gobierno.
En ámbitos del gobierno se percibe una paranoia. Y son muchos los que apelan a la reflexión colectiva y a que, quien preside hoy el gobierno, quien concentra ya todos los poderes, Daniel Ortega, detenga esa respuesta violenta y sea más consecuente que nunca con lo que afirmó en su discurso de este 19 de Julio, cuando dijo que siempre, en toda ocasión, de alegría o de dolor, ha invocado a Dios diciendo “Señor, hazme un instrumento de paz”.
¿SON LOS REARMADOS? Desde el año 2009 el obispo de Estelí comenzó a hablar de la presencia de grupos rearmados con motivaciones políticas en zonas rurales de su diócesis. Posteriormente, los obispos de Matagalpa, Jinotega y Managua respaldaron sus declaraciones. Conocían de primera mano, a través de su feligresía, de esta realidad. El gobierno lo niega desde entonces, calificando a estos armados como “grupos delincuenciales”.
El 28 de julio el Jefe del Ejército volvió a insistir en que no existen grupos armados y, extrañamente, dijo que los atentados del 19 de Julio no deben verse con “colores políticos”. Sin embargo, los sobrevivientes del atentado entrevistados por distintos medios de comunicación no dudan en hablar de la “intencionalidad política” en el ataque del que fueron víctimas. Además, los detenidos por razón del atentado lo son por sus colores políticos y los que han salido libres después de ser capturados para ser investigados han explicado que en los interrogatorios a los que los han sometido les han preguntado insistentemente por los “grupos armados”.
“ACTÚEN CON RESPETO
A LOS DERECHOS HUMANOS” Hace menos de un año, a raíz de un enfrentamiento armado en Pantasma, precedido de los asesinatos en comarcas de ese departamento de un secretario político del FSLN y de un miembro del Gabinete de Familia del FSLN -nunca ni citados ni reivindicados como “suyos” por el partido de gobierno, tal vez porque hacerlo implicaría aceptar que hay motivaciones políticas en quienes les quitaron la vida- el obispo de Jinotega, el religioso franciscano Carlos Enrique Herrera, hizo público un comunicado en el que pedía “de todo corazón al Ejército de Nicaragua que actúe con respeto a los derechos humanos de los civiles. Les recuerdo que los civiles no tienen culpa de que anden personas armadas en esos lugares”. Invitaba al gobierno a “actuar con sabiduría para realizar un verdadero diálogo” y a los rearmados “a reflexionar que las armas no son el instrumento eficaz para reclamar sus derechos, hay que hacerlo de una manera cívica”.
El 31 de julio, los diez obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitieron un comunicado, reiterando su condena de los actos criminales del 19 de Julio. Condenan también las capturas y secuestros de personas sin respetar sus derechos, como “un error gravísimo que pretende restablecer la justicia actuando en modo injusto y utilizando métodos propios del terrorismo”.
“LO QUE PERTURBA
A LA NICARAGUA CAMPESINA” Hace apenas dos meses, en mayo, la socióloga Angélica Fauné evocaba en estas mismas páginas la resistencia armada que en los años 80 la cultura autoritaria de la Revolución provocó al chocar con la cultura campesina.
“Los tiempos han cambiado mucho -decía- y aunque el Estado ya no confisca ni es terrateniente, en algunas zonas rurales los negocios del ALBA sí tienen el perfil de privilegio monopólico que tienen los terratenientes. En zonas campesinas del país es una constante que quienes tienen vínculos con el FSLN y con sus autoridades gozan de claras ventajas en la red comercial de intermediación de productos agropecuarios y han adquirido un creciente poder en el comercio de granos básicos, cultivo al que se dedican miles de familias que viven en “el corredor de la Contra”.
“El caldo de cultivo político para atizar la memoria colectiva y para que el descontento, la frustración y la cólera opten por la vía armada tampoco falta -decía-. El cierre de los espacios democráticos para la libre expresión, movilización, reunión y organización se siente con más fuerza en el nivel municipal y en el nivel local que en el nivel nacional. También en el campo son mayores el miedo y la impunidad… La imposición de la hegemonía sandinista es algo que perturba hasta el día de hoy en la Nicaragua campesina”.
Perturba a personas como el asesinado Carlos García, “El Mejicano” y a tantos otros dirigentes de la Resistencia, hoy integrados a partidos liberales, pero con heridas que nunca se cerraron y que ahora amenazan con abrirse de nuevo.
YA LO VIMOS EN LOS AÑOS 80Desde hace un buen tiempo nadie analiza hoy la situación de Nicaragua sin tener en cuenta el peligro de que el cierre de espacios democráticos para protestar, reclamar, debatir y disentir, haga ganar espacios al camino violento en mentes y corazones de quienes, en extensas zonas de las montañas del Norte, del Triángulo Minero y también en el centro del país hacia el Caribe Sur no comparten el rumbo del actual gobierno, saben usar las armas y tienen vivo el recuerdo de la guerra de los años 80.
Los trágicos sucesos del 19 de Julio y las respuestas de los cuerpos armados del Estado, nos indican que el camino violento va poco a poco ganando espacios en el país. La respuesta militar, y no política, del gobierno, acosando y reprimiendo a la población civil juega con un fuego cuyas cenizas aún guardan rescoldos.
La situación de este mes nos devuelve, nos retrotrae, a lo que ya vivimos en la guerra civil de los años 80. Debemos reflexionar. Si hay grupos armados, como resultado de tantas frustraciones acumuladas, ¿qué opciones tienen? Saben que no pueden esperar apoyo internacional, se sienten perseguidos y acosados por la Policía y el Ejército, les han matado ya en los últimos dos años a varios de sus dirigentes en acciones oscuras que han quedado en total impunidad, han protestado inútilmente por los fraudes electorales en municipios que nunca simpatizaron con el sandinismo…
La condenable emboscada y el ataque a tiros contra civiles simpatizantes del FSLN en fecha tan simbólica, ¿no la habrían ejecutado como táctica político-militar para sorprender al gobierno, enviándole dos mensajes: que no tiene el control del que presume y que están dispuestos a todo?
Debemos recordar. Nada de lo que hoy sucede es totalmente nuevo en la historia reciente. Durante la guerra de los años 80, los civiles indefensos fueron objetivos militares de ambos bandos, de la Contra y del Ejército: se los intimidaba, se los perseguía, se los mataba. También se los reclutaba.
Según la lógica de quienes habrían cometido el crimen del 19 de Julio, esta demostración de capacidad y la cuestionable reacción militar del gobierno contra civiles, con acciones quirúrgicas y profilácticas -tal como sucedía también en los 80-, provocará miedo en un sector de la población, pero a otro sector lo encolerizará, lo enardecerá, saldrán de su pasividad y se sumarán a sus filas. Así sucedía en los años 80.
ES OTRO EL CONTEXTO El recurso a la violencia para establecer justicia y reclamar derechos, para imponerse, hasta para proponer salidas, está muy arraigado en Nicaragua, especialmente en las zonas rurales. La cultura del diálogo es una utopía en nuestro país. No se dialoga ni en los hogares, ni en las escuelas, ni en las iglesias, ni en los centros de trabajo… Se impone el silencio, la aceptación, la sumisión, la obediencia. Las válvulas de escape son los rumores y el recurso a diversas formas de violencia. No hemos aprendido a dialogar.
La violencia que hubo que emplear para sacar del gobierno a los Somoza, y que encontró continuidad en la violencia de los años 80, no ha sido superada. Hoy la historia se puede repetir, aunque en un contexto diferente. Porque ya no hay una guerra que justifique el control armado y la censura impuesta. Y porque aún hay medios independientes que permiten acceder a otras versiones de los hechos distintas de la versión oficial.
LO NUEVO Y MÁS PELIGROSOAdemás de estas importantes diferencias, algo es totalmente nuevo y más peligroso en el actual contexto: la presencia de otros intereses económicos en las tramas de la violencia política tradicional.
Hace unos meses, el experto en seguridad ciudadana y crimen organizado, Roberto Orozco, advirtió en la publicación digital Insight Crime: “Los puntos geográficos de las operaciones de los grupos rearmados son áreas donde el crimen organizado, particularmente el tráfico de drogas, tiene una gran presencia y control. El narcotráfico mueve recursos suficientes para cooptar a esos grupos armados. Existe el temor de que el narcotráfico pueda estar suministrándoles armas…”
Hoy, el encuentro y el cruce de los intereses políticos de esos grupos rearmados con los intereses económicos, también políticos, de poderosos y muy bien armados grupos regionales del narcotráfico, que ya controlan amplios territorios de Centroamérica hace aún más compleja la resolución de las actuales tensiones en nuestro país.
No debemos olvidar. También el narcotráfico ya está presente en espacios institucionales de Nicaragua, como lo vimos en el asesinato por error de Facundo Cabral, en Guatemala, cuando se demostró que las balas iban dirigidas contra el nicaragüense Henry Fariñas, un personaje vinculado a mandos de la Policía. Meses después, el caso de los mexicanos que se hicieron pasar por periodistas de Televisa volvió a mostrar vínculos institucionales sin los que no hubieran podido cruzar decenas de veces nuestras fronteras valiéndose de ese camuflaje.
DOS RETOS PENDIENTESEn los mismos días del atentado criminal del 19 de Julio visitó Nicaragua el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el nigeriano Kanayo Nwanze. Al evaluar la situación de nuestro país, con el que el FIDA coopera desde 1980, Nwanze señaló dos retos que Nicaragua tiene pendientes. Son muchos más, pero él señaló sólo dos. “El meollo”, dijo, es la baja productividad de nuestra agricultura y ganadería, que nos colocan en la cola de los países centroamericanos.
La baja productividad que Nicaragua arrastra tiene mucho que ver con la falta de inversión y de apoyo al sector rural, a las cooperativas, a los pequeños productores, a todo ese inmenso sector de la economía social y popular. Los pobres que no saldrán de la pobreza con el Canal podrían salir de ella con más coordinación institucional y con más recursos para brindarles apoyo técnico, créditos, tierras… Sin embargo, el partido de gobierno ha priorizado la acumulación de capital en su grupo empresarial, la inversión extranjera y el diálogo con el gran capital, lo que está provocando que en nuestro país retornen la gran hacienda y el latifundio.
No debemos olvidar que fueron políticas equivocadas, de imposición y abandono en las zonas rurales, las que gestaron la violencia de los años 80. Es en esas mismas zonas donde se está gestando hoy esa frustración que ha engendrado violencia y podría engendrar más si el gobierno sólo responde con violencia.
¿ESTAMOS SALIENDO…
O VAMOS DE REGRESO? El otro reto que mencionó Nwanze es mejorar nuestra imagen como país. A pesar de que, en comparación con Honduras, El Salvador o Guatemala, Nicaragua tiene índices de violencia mucho menores, Nwanze nos recuerda la matriz de dónde venimos: “Nicaragua -dijo- todavía padece la vieja imagen de los años 80, de un país en perpetua guerra y conflicto… Nicaragua tiene que salir de esa vieja imagen y hacerse una marca positiva”. Nwanze hablaba de la marca-país, un concepto intangible que en el actual mundo global del comercio y el turismo se asocia con un país para hacerlo más o menos atractivo.
Ante el violento episodio del 19 de Julio, y de la también violenta respuesta gubernamental, algunos han hablado de un parteaguas que debiera marcar un giro de timón en el rumbo del gobierno y en la conciencia de nuestra sociedad.
Si todos hemos coincidido unánimemente en el repudio al crimen de esa noche, debería el gobierno entender que con el actual modelo autoritario, con la total concentración de poder en el Presidente, con el cierre de espacios para la libre organización y movilización de quienes tienen ideas diferentes, con los fraudes electorales y con políticas de exclusión y control social, no lograremos salir de nuestra negativa marca-país.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica