México
El movimiento de Ayotzinapa va transformando el país
El movimiento de Ayotzinapa es una experiencia novedosa.
Los de arriba han fallado en todos sus intentos por detenerlos.
La apuesta del gobierno de Estados Unidos no ha sido otra que reforzar el Plan Mérida,
que entrega armas, tanto al gobierno mexicano como a los narcotraficantes.
Los de abajo no se han amedrentado por la represión,
han sido creativos en sus acciones,
han asumido la representación de los miles y miles de agraviados
por la impunidad, la corrupción y el crimen,
y tienen propuestas para hacer de México un nuevo país.
Jorge Alonso
La tragedia de Ayotzinapa siguió conmoviendo a México y al mundo en el último trimestre de 2014 y se proyecta sobre 2015, año electoral municipal.
Las tres caravanas que recorrieron todo el país con el nombre de cada uno de los estudiantes desaparecidos a finales de septiembre confluyeron en la capital. En todas las ciudades por las que pasaron se celebraron marchas con llamados a la insurrección del pueblo. La marcha popular y pacífica del 20 de noviembre volvió a reunir a miles de ciudadanos. Ese día los padres y madres de los normalistas propusieron crear un frente social, un gran movimiento nacional para exigir que se resolvieran las miles de desapariciones ocurridas en México. Además de esta cuarta marcha de acción global por Ayotzinapa, hubo paros en 114 universidades y centros de trabajo, tomas de casetas de cobro en carreteras, actos realizados en 30 estados de la República. En ciudades estadounidenses y en 33 países y 237 ciudades de cuatro continentes hubo movilizaciones de solidaridad con Ayotzinapa.
PEÑA NIETO: SÓLO PROMESAS Amnistía Internacional declaró que el Presidente Peña Nieto no estaba reconociendo la grave crisis humanitaria que atraviesa México. Senadores estadounidenses enviaron una carta al Secretario de Estado de su país expresando su profunda preocupación por la vida de los 43 normalistas desaparecidos. Y hasta el presidente del Banco Mundial declaró que sus familias merecían justicia.
A finales de noviembre Peña Nieto se vio orillado a presentar un plan ante la inseguridad, rescatando propuestas de años anteriores. Pero, aunque señaló la necesidad de atacar la corrupción, nada dijo de la turbia construcción de la casa de su esposa. La oposición cuestionó su falta de autocrítica y consideró insuficientes y poco confiables los anuncios. Varios anotaron que se trataba de un refrito del Plan Mérida y del Plan Puebla Panamá. Se le denunció por no tomar en cuenta los planteamientos de la sociedad ni los de las víctimas y de sólo intentar concentrar mayor poder sin reflexionar sobre la infiltración del crimen organizado en todas las instancias de su gobierno, pretendiendo un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad sin garantizar derechos humanos.
Human Rigths Watch criticó que, en lugar de abordar la grave crisis de derechos humanos, el gobierno recurriera a promesas.
INVESTIGAR AL EJÉRCITO Por los nulos avances en la búsqueda de los desaparecidos, sus padres anunciaron que comenzarían su propio plan de localización y pidieron apoyo a policías comunitarios. En estas búsquedas encontraron nuevas fosas clandestinas en Guerrero, donde no cesaban las marchas y movilizaciones.
Los padres insistían en que se debían revisar las bases militares para dar con sus hijos. El papel del ejército debía indagarse, no sólo por la evidente omisión de quienes estaban en la base militar el día en que fueron desaparecidos los normalistas, sino porque se conoce que el ejército mexicano ha tenido un papel central en la desaparición de personas.
Cuando Peña cumplió dos años de gobierno, en distintos lugares fueron quemados monigotes que lo representaban con las manos ensangrentadas. El balance de su gobierno fue reprobado con indignación y hartazgo en las encuestas por corrupción, impunidad, pobreza, violación de los derechos humanos y falta de crecimiento económico.
#YA ME CANSÉ Las movilizaciones decembrinas siguieron siendo concurridas. Mostraban que el miedo a la represión había sido derrotado. Aunque el gobierno pretendía cerrar el caso aduciendo que los desaparecidos habían sido incinerados, los padres argumentaban que, habiendo inspeccionado el lugar de ese supuesto hecho, no creían que allí se hubiera hecho una pira que lograra ese cometido, señalando que, además, ese día hubo lluvias en la zona.
Los empresarios presionaron al gobierno para que empleara mano dura para impedir las manifestaciones y los legisladores trataron de resucitar una legislación para castigar las marchas. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia denunció que el gobierno usaba a supuestos anarquistas para restarle legitimidad a las protestas y criminalizarlas.
Y como el #Yamecansé se saturó en las redes sociales se fueron creando, tanto en español como en inglés, réplicas de esta etiqueta para proseguir mostrando el rechazo a la situación mexicana.
¿SUPERAR EL DOLOR? A principios de diciembre, en Guerrero, integrantes de la organización de maestros independientes quemaron bustos de los ex-gobernadores de ese estado y con una marcha de 43 tractores los integrantes de la organización del Barzón recordaron a los normalistas. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara también estuvieron los rostros de los desaparecidos y en varios actos se manifestó solidaridad con la lucha de los normalistas colocando en el salón 43 sillas vacías. Mientras la ONU demandaba una investigación a fondo y el descontento se incrementaba, el presidente Peña llamó a “superar” la etapa de dolor. La respuesta del movimiento fue intensificar las acciones que exigían la presentación con vida de los normalistas y acusar al gobierno de querer desaparecer hasta su recuerdo.
UN ESTUDIANTE IDENTIFICADO A inicios de diciembre el gobierno reveló que habían llegado resultados desde Austria, que identificaban, por pruebas de ADN, a Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes como muerto e incinerado. Los padres de los desaparecidos respondieron: a partir de ese día desconocían al gobierno de Peña por asesino. Afirmaron que ese crimen de Estado no quedaría impune, que no llorarían a sus muchachos ni dejarían descansar al gobierno. Los padres vaticinaron que México ya no sería el mismo después de Ayotzinapa.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro declaró que la identificación de los restos de Alexander Mora no implicaba que los otros 42 hubieran tenido el mismo fin. Los forenses argentinos que confirmaron la muerte de Mora, precisaron que ellos no tenían pruebas de que los restos hubieran procedido del basurero de Cocula, lugar en donde el gobierno insiste en que todos fueron incinerados.
El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México reiteró que las investigaciones debían abarcar a todos los presuntos responsables y que el hecho debía esclarecerse en todas sus dimensiones.
HACIA OTRA FASE DE LUCHA Aunque las marchas y manifestaciones en diversas partes del país, sobre todo en Guerrero, proseguían, los padres de los normalistas desaparecidos plantearon pasar a otra fase de lucha: exigieron la desaparición de los poderes en Guerrero y que no hubiera elecciones municipales en 2015.
En la segunda semana de diciembre se realizó en el estado de Veracruz la 24 Cumbre Iberoamericana. Aunque el gobierno mexicano hizo todo lo posible para que lo de Ayotzinapa no llegara a ese foro, fracasó.
Y en el acto de entrega del Premio Nobel de la Paz en Suecia, un joven mexicano irrumpió en el evento con una bandera mexicana ensangrentada para suplicarle a la galardonada Malala que hablara a favor de México. En declaraciones posteriores la adolescente se refirió a “los problemas” de México.
“NOS IMPULSA EL DOLOR” El gobierno de Estados Unidos constató el fracaso de Peña en la lucha anticrimen y ofreció ayuda para aclarar el caso Ayotzinapa. El gobierno mexicano reconoció la presencia de agentes del FBI en la indagatoria del caso, en el contexto de la Iniciativa Mérida.
El 10 de diciembre el titular de la Secretaría de Marina declaró que había quienes manipulaban a los padres de los normalistas. Los familiares de los desaparecidos le respondieron que él y sus marinos eran títeres
que obedecían a un presidente corrupto y asesino y que lo que les impulsaba era su propio dolor.
Se hizo público que el centro de investigación y seguridad nacional había establecido espionaje y seguimiento en contra de integrantes del guerrerense Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. El gobierno quería convertir en sospechosos a los defensores de las garantías básicas e intimidar y desmovilizar a los grupos que se organizaban para protestar por una situación que es insostenible: según datos oficiales, en México hay casi 34 mil personas desaparecidas, 9 mil 790 durante los dos años de gobierno de Peña Nieto.
VERSIÓN OFICIAL CUESTIONADA Investigadores del Instituto de Física de la UNAM y de la UAM presentaron los resultados de un estudio en el que hacían ver que la hipótesis de la PGR de que los 43 desaparecidos fueron calcinados en un basurero de Cocula carecía de sustento científico.
A mediados de diciembre la revista “Proceso” publicó un reportaje producto de investigación periodística que refutaba la versión oficial presentada por la PGR. Lo basaban en documentos oficiales, videos y testimonios. De ellos se desprendía que en el ataque hubo responsabilidad, tanto de la policía federal como del ejército. Pese a todo esto, la PGR se mantuvo en su versión.
Un investigador de física de la UNAM planteó la hipótesis de que en la cremación de estudiantes de Ayotzinapa se habrían utilizado hornos del ejército y hornos privados. Este investigador denunció después estar sufriendo hostigamiento por parte del gobierno.
El 21 de diciembre “Proceso” difundió nuevos datos y mostró cómo en la noche de los acontecimientos hubo encubrimiento del Estado para exonerar al ejército y a la policía federal. La revista se refirió a una bitácora de vuelo de esa noche de un piloto militar de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero para buscar a los estudiantes desaparecidos y en ningún momento vio la enorme hoguera que la PGR ha sostenido que hubo. En el último número de 2014 “Proceso” publicó reportajes destacando la exigencia del movimiento de Ayotzinapa de que sean investigados el ejército y la policía federal. El movimiento había exhibido mantas que decían. “¡A buscar en los cuarteles, que el ejército los tiene!”. El primer número de la revista de 2015 volvió sobre el tema: en el propio expediente de la PGR se encontraban huellas del ejército en el caso de Ayotzinapa. La Secretaría de la Defensa se limitó a declarar que no tenía crematorios y la PGR repitió su versión.
EN NAVIDAD: DÍAS DE LUCHA Mientras se multiplicaban por todo el país acciones de solidaridad, los universitarios iniciaron el 21 de diciembre la sexta jornada de acción por Ayotzinapa, para evitar que el tema se olvidara en las vacaciones de fin de año. Durante varios días hicieron representaciones de teatro, brigadas de salud y otras actividades. También hubo una marcha al cumplirse los tres meses de los hechos. Los manifestantes insistieron en que casos como los de Ayotzinapa, y el previo de Tlatlaya, no son hechos aislados, como querían hacer ver las autoridades federales, sino muestras del carácter estructural de la violencia, en un país donde ya no es posible diferenciar al crimen organizado de la clase política.
La Asamblea Nacional Popular de Guerrero delineó en Ayotzinapa un plan de acción: Navidad y Año Nuevo serían días de lucha y se boicotearía los comicios de 2015. Plantearon intensificar bloqueos de puertos y aeropuertos, liberación de casetas de peaje, toma de gasolineras, toma de medios de comunicación y dar continuidad a las jornadas de acción global por Ayotzinapa. Exigieron la salida del ejército, la marina, la gendarmería nacional y todos los cuerpos policiacos oficiales de la entidad y llamaron a proseguir con las asambleas populares en cada comunidad, ejido, barrio, colonia y fábrica.
DESLINDAR RESPONSABILIDADESEn 2014 la situación de derechos humanos en México fue una de las más complejas de los años recientes de acuerdo con organizaciones sociales. Los movimientos sociales españoles y algunas de las asociaciones de estudiantes y ciudadanos mexicanos en el Estado español realizaron una ofensiva pública para denunciar a las autoridades mexicanas.
Al no asumir con seriedad y responsabilidad las investigaciones sobre el caso, el Estado mexicano fomenta la impunidad y la corrupción en la administración pública y en las fuerzas armadas y policiales del país. Exigieron que se realizara una investigación certera, deslindando responsabilidades en los tres niveles del gobierno, la Policía Federal y el Ejército, incluyendo el lamentable papel que ha jugado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
CONFERENCIA EPISCOPAL:
“¡BASTA YA!” La Conferencia del Episcopado Mexicano advirtió que si no se atendía a las víctimas de la violencia y a la inseguridad no habría paz en México. Los obispos consideraron que existe en todo el país, no sólo en Guerrero, una crisis humanitaria que ha derivado a una crisis social y política.
En Saltillo los sacerdotes cerraron templos en protesta por la falta de resultados en la búsqueda de los 43. Y el obispo de Saltillo, Raúl Vera, dijo a los padres y madres de los desaparecidos: “Ustedes no se han quedado en una especie de diapositiva del terror, impávidos y sin poderse mover, contemplando el dolor que les embarga y la tragedia de no haber visto volver a sus hijos, hijas y esposos. Para ustedes cada día despierta una esperanza”. Describió a los familiares de desaparecidos como un signo de que los mexicanos ya no permiten que en este país sucedan estas tragedias.
El Nuncio del Vaticano en México, Christopher Pierre, celebró una misa para los padres de familia de los 43 estudiantes el 22 de diciembre. Le entregaron cartas pidiéndole al Papa su intervención ante el gobierno mexicano y solicitándole una audiencia para expresarle personalmente sus vivencias. Le solicitaban al Papa que no los dejara solos.
En su mensaje de Navidad el obispo de Saltillo expresó que en los tres órdenes de la administración pública los integrantes del crimen organizado son parte de la estructura gubernamental. Dijo también que el sector empresarial y el financiero son colegas y socios de negocios del crimen organizado.
Después de Navidad el episcopado exigió esclarecer el asesinato del padre Gregorio López Gorostieta en Altamirano, secuestrado unos días antes. El sacerdote había acusado en su última homilía a los Guerreros Unidos por el crimen de Ayotzinapa, afirmando que la iglesia no se callaría ante tan abominables hechos.
Otros presbíteros de la diócesis de Tlapa que han apoyado la demanda de que aparezcan los normalistas han sido amenazados de muerte. El episcopado mexicano lanzó un nuevo “¡Basta ya!”.
LAS ARMAS
CON QUE LOS MATARON Padres de normalistas protestaron la noche navideña cerca de la casa presidencial, a donde la policía les impidió llegar. La comunidad eclesial del Movimiento por la Paz y el Congreso Popular Social y Ciudadano del Distrito Federal realizó una oración pública por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, con un llamado a pasar de la indignación a la digna acción. Casi a la misma hora se realizó una manifestación en el Zócalo para externar solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa y pedir a la población que no olvidara los múltiples agravios sufridos por la sociedad mexicana.
El 25 de diciembre padres y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hacía tres meses condenaron frente a la embajada de Alemania en México la venta de armas de ese país al gobierno mexicano, utilizadas por la policía federal y la estatal para matar a tres de los estudiantes. Los padres de los desaparecidos advirtieron nuevamente que no habría elecciones en Guerrero. No permitirían que políticos cobijados por el crimen organizado los gobernaran.
UN CRIMEN DE ESTADO Al cumplirse tres meses de la tragedia de Ayotzinapa las manifestaciones se intensificaron. En Iguala la protesta llegó hasta la zona militar. Estudiantes y maestros tiraron una de las puertas de la sede del 41 batallón de infantería. Los padres de los normalistas acusaban al ejército de tener a sus hijos. En la ciudad de México hubo una marcha que culminó en el Monumento a la Revolución, donde se celebró un mitin haciendo un llamado a no votar en las elecciones de 2015 hasta que los jóvenes aparecieran y fueran castigados los responsables. Hubo también protestas en Guadalajara, Culiacán, Colima y Saltillo. Por primera vez en la historia reciente hubo muchos actos de protesta en período de vacaciones.
Hacia finales de diciembre el movimiento de Ayotzinapa había tomado 28 alcaldías guerrerenses, instalando concejos municipales en varias. El propósito es completar la toma de las 81 alcaldías de esa entidad.
La Red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en Defensa de la Humanidad concluyó en diciembre de 2014 su reunión en Caracas con una declaración en la que hacía patente su profunda indignación por el crimen de Estado y de lesa humanidad contra los normalistas de Ayotzinapa. Señalaban al Presidente mexicano como el principal responsable de esa tragedia y expresaban su apoyo al pueblo mexicano, destacando que Ayotzinapa sintetiza los agravios cometidos por el imperio y la oligarquía local contra el pueblo de México.
“LA TRAGEDIA
QUE LO CAMBIÓ TODO” El periódico mexicano que más información ha dado sobre esta tragedia ha sido “La Jornada”. El diario “El Universal” tituló: “Ayotzinapa fue el suceso del año”. Otro titular: “La tragedia que lo cambió todo”. En una votación promovida por esa publicación, para tres cuartas partes de los encuestados Ayotzinapa fue el acontecimiento noticioso del año. El caso generó más de 11 millones 400 mil documentos en las redes sociales. Un recuento del diario informó que en octubre hubo 17 movilizaciones, en noviembre 9 y en diciembre 10. Bajo el rubro de protestas enlistó 22 en octubre, 11 en noviembre y 11 en diciembre. Consideró que un 74% de las manifestaciones se realizaron en México y un 27% en otros países de América, Europa, Asia y Oceanía. Youtube difundió un video en el que ciudadanos de 12 países (europeos, americanos, asiáticos y africanos) dicen que en el mundo “faltan 43”.
OBJETIVO:
BOICOTEAR LAS ELECCIONES El último día de 2014 los familiares de los normalistas hicieron una marcha que llegó cerca de la casa presidencial. De nuevo la policía les impidió el acceso. Cumplieron con su promesa de que en Navidad y Año Nuevo estarían frente a la residencia presidencial mostrando su indignación. Y anunciaron que en 2015 realizarán acciones más fuertes para exigir la presentación con vida de los muchachos desaparecidos, denunciando que al gobierno le interesa más preparar criminales que formar estudiantes.
En enero de 2015, en la visita que hizo el Presidente a Oaxaca, se encontró con manifestaciones de maestros que lo declararon persona non grata. En Guerrero los maestros prometieron boicotear las elecciones municipales de junio y propiciar la formación de asambleas populares para que las comunidades se gobiernen.
A inicios de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que violaciones de derechos humanos como el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y la ejecución de al menos 15 presuntos delincuentes en Tlatlaya tienen una conexión directa con la impunidad en la que quedaron los crímenes de la llamada “guerra sucia”.
La Asamblea Nacional Popular, con la asistencia de 147 organizaciones reunidas en Ayotzinapa, acordó un nuevo plan: jornada de búsqueda de los normalistas, concentración masiva en la capital del país al cumplirse los cuatro meses del crimen de Estado y ratificación de la decisión de boicotear los comicios de junio.
Javier Sicilia, quien en 2011 encabezó el movimiento para encontrar a los desaparecidos del sexenio calderonista, mostró su acuerdo con el llamado a boicotear las elecciones de 2015. Ha planteado que la única manera de superar la cultura delictiva de los partidos es aprovechar el momento de inflexión por el que atraviesa México y refundar la nación impulsando una nueva Constituyente y creando un Comité de Salvación Nacional donde la voz cantante la lleve la ciudadanía y no la partidocracia.
UNA GRAVE CRISIS
DE DERECHOS HUMANOS Ante la visita a Estados Unidos del Presidente mexicano en los primeros días de 2015, la organización Human Rights Watch recomendó al Presidente Obama exigir al presidente Peña Nieto investigar y juzgar los atroces abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en particular los casos de la ejecución de personas en Tlatlaya, Estado de México, en junio, y la desaparición forzada de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en septiembre.
HRW destacó que México está atravesando la crisis de derechos humanos más grave en muchos años, cuando miembros de las fuerzas de seguridad participan en abusos terribles que rara vez son sancionados. Señaló que desde 2007 Estados Unidos ha aportado a los gobiernos de México cuantiosos fondos a través de la Iniciativa Mérida.
Aunque Estados Unidos diga que se están cumpliendo los requisitos de la Iniciativa Mérida en cuando a la defensa de los derechos humanos, existen claras evidencias de que esto no sucede. El Presidente Obama dijo que su gobierno había seguido con preocupación los eventos “trágicos” de los estudiantes de Ayotzinapa, pero que una vez que habló con Peña, respaldaba su estrategia.
En más de diez ciudades estadounidenses hubo acciones de protesta por la visita de Peña, demandando la aparición con vida de los normalistas y repudiando la asistencia estadounidense a las fuerzas de seguridad mexicanas.
En Estados Unidos fue mayor la cobertura de las protestas que lo tratado en la visita presidencial. Finalmente, Peña optó por no acudir a la reunión de Davos para no alentar más protestas internacionales.
SEGUIRÁN EN LA LUCHA Al cumplirse cuatro meses de la masacre se realizó la octava jornada nacional e internacional por Ayotzinapa. En la ciudad de México cuatro marchas confluyeron en el Zócalo.
Al día siguiente de esta multitudinaria marcha en la capital, el 27 de enero la PGR convocó una rueda de prensa para ratificar su versión: los 43 estudiantes habían sido asesinados, después incinerados en el basurero de Cocula y desaparecidos sus restos en las aguas del cercano río San Juan. A continuación, Peña Nieto ratificó su deseo “México no debe quedarse atrapado en la tragedia”. Pero los padres de los estudiantes ratificaron su decisión de lucha: no creen la versión oficial y están decididos a hacer de esta tragedia un estímulo para seguir luchando.
Ya antes de la marcha y de que la PGR reiterara la versión oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió dar asistencia técnica para investigar lo que sucedió realmente con los jóvenes desaparecidos. La CIDH ha integrado un equipo de varios abogados, un médico, una socióloga y un ex-fiscal general de diferentes países para contribuir a la resolución del caso, después de firmar un acuerdo con el gobierno mexicano y con los representantes de las familias de los normalistas desaparecidos.
UN MOVIMIENTO
DE NUEVO TIPODesde que inició el movimiento de Ayotzinapa no ha habido ni un solo día sin alguna acción de protesta. Se trata de un movimiento de nuevo tipo por su profundidad, extensión y alcances. Desde octubre del 2014 todos los movimientos populares que se han expresado en México incorporan las demandas y la presencia de padres y madres de todos los desaparecidos y de los normalistas de Ayotzinapa. El movimiento ha hecho importantes alianzas con el movimiento magisterial independiente y con el movimiento zapatista.
Su impacto ha evidenciado la corrupción y la ineficiencia del Estado mexicano y de la clase política de todos los colores. Ha impulsado la creación de gobiernos autónomos en varios municipios y se ha propuesto poner en jaque las elecciones de 2015. Es un movimiento que no ha sido amedrentado por la represión y ha mostrado mucha creatividad en sus acciones. Sus repercusiones internacionales no han cesado, apoyadas por el dinamismo, que aún perdura, del movimiento #Yosoy132.
AYOTZINAPA:
TRAGEDIA Y ESPERANZALos de arriba han fallado en todos sus intentos por enfrentar este movimiento. Estados Unidos ha pretendido reforzar el Plan Mérida, que apoya con armamento, tanto al Estado mexicano como a los narcotraficantes, lo que se logró descubrir gracias a las revelaciones del proyecto denominado “Rápido y furioso”.
Una gran parte de los de abajo sabe que el narcotráfico, el Estado mexicano y el imperialismo estadounidense, en su afán de consolidar un capitalismo decadente, han emprendido una guerra contra el pueblo. Ese abajo está ensayando un amplio repertorio de estrategias para defenderse.
Pese a lo terrible de la tragedia que lo ha suscitado, el movimiento de Ayotzinapa muestra signos de esperanza en la creación de nuevas formas de relaciones y en sus propuestas de cambio social a fondo. Con gran parte del México agraviado constantemente por la dureza de la explotación y el despojo capitalista, el movimiento de Ayotzinapa se ha propuesto transformar el país en un lugar vivible. Frente a los embates mortíferos del sistema se ha colocado en el centro de la realidad nacional reclamando la reconstrucción de la vida.
INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica