El Salvador
El empinado camino de la equidad de género
“Tenemos que transformar nuestro pensamiento y nuestra cultura machista,
tenemos que cambiar”,
dijo el Presidente Salvador Sánchez Cerén
en el Día Internacional de la Mujer de este año.
Un paso adelante y dos pasos atrás…
Así han sido los cambios en el país
en el empinado camino de la equidad de género.
Pero ya se ha recorrido un largo trecho.
Elaine Freedman
Los logros en el campo de los derechos de la mujer y la igualdad de género en este país son fruto de arduas y sacrificadas luchas de las mujeres a lo largo de nuestra historia. No han aparecido por generación espontánea ni sólo por la voluntad de las autoridades.
LOS NOMBRES DE LAS PRIMERAS
Durante la Colonia, las vidas de las mujeres criollas, mestizas, indígenas y negras esclavas se desarrollaron entre el hogar, la iglesia, el hospital y la labranza. Vivían sin acceso a asistencia médica ginecológica y carecían de la educación más básica. Las que lograban alfabetizarse lo hacían preparándose para ser monjas. A algunas, padres, hermanos o esposos les enseñaron a escribir y a leer documentos personales y judiciales. Aun así, la Corona española cobraba tributo a las mujeres, por lo que les permitían a las criollas realizar transacciones con fuertes sumas monetarias por tierras o por hatos de ganado.
Ante estas injusticias, mujeres como las metapanecas Juana de Dios Arriaga, Micaela Arbizú, Sebastiana Martínez, Manuela Marroquín, Patricia Recinos, Rosa Ruiz, María Isabel Fajardo, Luciana Vásquez, Juana Vásquez, Juliana Posada, Feliciana Ramírez, Petrona Miranda, Teresa Sánchez, Eusebia Josefa Molina y María Teresa Escobar; al igual que las santanecas Juana Ascencio, Dominga Fabia Juárez de Reina, Juana Evangelista, Inés Anselma Ascencio de Román, Cirila Regalado, Irene Aragón, Romana Abad Carranza, María Nieves Solórzano y Teodora Martín Quezada participaron activamente en las gestas independentistas de 1811 y 1814. Úrsula Guzmán y Gertrudis Lemus proporcionaron piedras y armas a los indios y mulatos que el 24 de noviembre de 1811 participaron en enfrentamientos en Metapán. Meses después, María Feliciana de los Ángeles Miranda fue ejecutada en la Plaza Central de San Vicente por realizar actividades de propaganda independentista en la región de Sensuntepeque.
LAS PRIMERAS LUCES SUFRAGISTAS
A finales del siglo 19 surgió en Ahuachapán el club feminista “Adela de Barrios”, nombrado así por la esposa de Gerardo Barrios. Retomaba ideas provenientes de Europa y Norteamérica que pronto fueron condenadas por los sacerdotes desde los púlpitos. Reclamaban la reivindicación social de las mujeres y el derecho al voto. Pudieron más las amenazas de excomunión que la justicia de sus demandas y la organización ahuachapaneca y otras parecidas tuvieron corta vida.
En los años 20 del siglo 20, las mujeres se activaron con demandas concretas en el marco del auge de las protestas populares que sacudían a El Salvador. Jeffrey Gould y Aldo Lauria-Santiago documentaron lo más sobresaliente:
“En 1921, una protesta de mujeres del mercado condujo por primera vez al uso de la represión violenta a gran escala por parte del régimen. Las nuevas políticas monetarias adheridas al establecimiento del patrón oro implicaron la eliminación de las moneda en circulación. Cuando las vendedoras protestaron por esas políticas en San Salvador, los soldados comenzaron a abatirlas a tiros”. Antes de estos hechos las mujeres se habían tomado un puesto de la policía. Un año después, una nueva manifestación liderada por mujeres en San Salvador, a favor del candidato presidencial de oposición Miguel Tomás Molina, volvió a ser ametrallada por el Ejército y la Policía, causando muchos muertos y heridos entre mujeres y hombres. Aunque aún no podían votar, en esa marcha participaron cientos
de mujeres.
PRUDENCIA AYALA
Para entonces, el sufragismo femenino había cobrado presencia en países anglosajones y europeos. En 1930, cuando la legislación salvadoreña aún no reconocía a la mujer como ciudadana, Prudencia Ayala lanzó su candidatura a la Presidencia de la República. Su plataforma planteaba defender los derechos de las mujeres e incluía aspectos como el apoyo a los sindicatos, la honradez en la administración pública, la limitación de la distribución y consumo del aguardiente, el respeto a la libertad de culto y el reconocimiento de los hijos ilegítimos. Aunque no pudo inscribirse oficialmente, su campaña tuvo un valor simbólico importante.
Ocho años después, la Asamblea Legislativa otorgó el derecho al voto a las mujeres casadas mayores de 25 años que tenían título escolar y a las mujeres solteras mayores de 30 años también estudiadas.
LAS PRIMERAS ORGANIZACIONES
Los años 40 fueron testigos de levantamientos populares contra el dictador general Maximiliano Hernández Martínez. Años después, la escritora Matilde Elena López contó que la huelga de brazos caídos de abril y mayo de 1944 se organizó a base de hojas sueltas escritas a máquina por centenares de mecanógrafas que trabajaron día y noche para elaborar las volantes con mensajes para la coordinación de la huelga. El papel de las mujeres fue vital en el fin de la dictadura.
Con la caída de Martínez hubo una pequeña apertura política en el país, que permitió el nacimiento de dos agrupaciones de mujeres dirigidas por militantes comunistas: el Frente Democrático Femenino, con la publicación “Mujer Demócrata”, dirigido por Matilde Elena López; y “Antorcha Femenina”, una asociación de mujeres dirigida por Graciela García, que se incorporó a la Unión Nacional de Trabajadores, una asociación más política que gremial que apoyó la candidatura de Arturo Romero. Al año, Rosa Amelia Guzmán y Ana Rosa Ochoa fundaron la Asociación de Mujeres Democráticas de El Salvador, con la publicación “Tribuna Feminista”.
En 1947 las mujeres agrupadas en la Asociación de Mujeres Democráticas formaron la Liga Femenina Salvadoreña, que luchó y logró que en la Constitución de 1950 quedara establecido el derecho de las mujeres a votar y a optar a cargos públicos. Tuvo como órgano de divulgación el “Heraldo Femenina”. En 1950 la Liga Femenina decidió apoyar la campaña del candidato presidencial del PRUD (Partido Revolucionario de Unificación Democrática), el teniente coronel Oscar Osorio. Varias militantes de la asociación no estaban de acuerdo por considerar que Osorio representaba una nueva cara de la dictadura. La Liga se dividió y después desapareció.
LA FRATERNIDAD DE MUJERES SALVADOREÑAS
“A principios de 1956 creamos la Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas (FMS) con el propósito de luchar por la defensa de los derechos de la mujer y del niño”, expresa Berta Deras de Aguiñada. Tula Alvarenga agrega: “Nos veíamos como parte de la lucha general del pueblo, un complemento a las organizaciones populares, trabajando por los derechos de las mujeres. Las mujeres ganaban menos en las fábricas, y si llegaba embarazada, no le daban trabajo. Se necesitaba una organización de mujeres que se concentrara en estas reivindicaciones. Y también se necesitaba una organización que fuera parte de la unión, que se basara en la solidaridad entre las mujeres”.
De nuevo, mujeres comunistas y mujeres progresistas se unían para llevar adelante las demandas de las mujeres por sus derechos. Organizaron a las vendedoras en la Sociedad de Vendedoras Ambulantes para luchar contra los maltratos de las policías municipales; a las inquilinas de los mesones contra los desalojos; e intentaron liberar a las mujeres obreras de los turnos nocturnos en las fábricas. Además, alfabetizaron, educaron en temas de salud y realizaron actividades culturales para elevar el nivel de las mujeres. Apoyaban a los presos políticos y organizaron a sus familiares; participaron en el derrocamiento de la dictadura de José María Lemus (1960) y respaldaron la candidatura de Fabio Castillo para la Presidencia en 1967. Al fin de la década de los años 60, se produjo la ruptura del Partido Comunista Salvadoreño, que parió a la organización político-militar Fuerzas Populares de Liberación (FPL).
La FMS fue víctima de la división y ahí terminó su importante contribución a la lucha por los derechos de las mujeres.
GERMINAN OTROS
MOVIMIENTOS DE MUJERES
En 1969 surgió el Comité de Mujeres Sindicalistas, formado por mujeres de los sindicatos afiliados a la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS) y a la Federación Sindical de Trabajadores de la Industria Avícola, el Vestido, Textil, Similares y Conexos de El Salvador (FESTIAVTSCES). Poco más tarde se creó el Comité Provisional de Mujeres Salvadoreñas (CPMS), formado por algunas mujeres provenientes de la FMS del sector sindical, estudiantil universitario y empleadas. Del esfuerzo conjunto de ambos comités nació en 1975 la Asociación de Mujeres Progresistas de El Salvador (AMPES), cuyo objetivo consistía en “organizar a mujeres de la ciudad y el campo, formarlas políticamente e incorporarlas en la lucha por sus reivindicaciones políticas, económicas y sociales”. De ahí en adelante se crearon nuevas organizaciones de mujeres que buscaban sumar fuerzas al creciente movimiento popular, entre ellas la Asociación de Mujeres de El Salvador (AMES) y la Asociación de Mujeres por la Democracia “Lil Milagro Ramírez”.
Los esfuerzos de los años 70 se encauzaron más a la lucha por la liberación nacional que a la liberación femenina.
Las organizaciones de mujeres se sumaban a las reivindicaciones y acciones del movimiento popular en su conjunto, en vez de plantear sus propias demandas, lo que era coherente con el momento histórico que vivía el país y, a la vez, contribuía a la lucha por los derechos de las mujeres en la medida en que son luchas complementarias.
EN LA GUERRA:
“MATERNIDAD REBELDE”
Especial mención en la década de los 80 merecen las organizaciones de madres de presos políticos y desaparecidos: el Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador “Monseñor Óscar Arnulfo Romero” (COMADRES), el Comité de Madres y Familiares Cristianos de Presos, Desaparecidos y Asesinados “Octavio Ortiz-Hermana Silvia”(COMAFAC) y el Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM). Según Lola Luna, estos movimientos, al reivindicar el derecho a la vida de sus hijos e hijas, “sintetizaron en su acción política lo privado, su papel materno, y lo público, los derechos humanos. Y rompieron así con la tradicional separación entre el espacio femenino privado y el espacio masculino público y político… Ellas utilizaron la maternidad para rebelarse”.
Norma Guirola, luchadora histórica y fundadora del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer en la segunda mitad de la guerra, describía así la situación en 1983: “Estamos conscientes de que la mujer salvadoreña aún tiene que resolver muchas necesidades reivindicativas propias. Pero estamos claras y conscientes de que en estos momentos la lucha principal de todos es contra la oligarquía criolla y el imperialismo yanqui. Es por esto que la mujer se ha incorporado masivamente a todos los frentes de lucha. Y en el bregar diario por liberarnos conquistaremos también nuestros legítimos derechos de igualdad con el hombre”. A lo largo de los años 70 y 80, miles de compañeras fueron protagonistas de la historia. Sus ejemplos dijeron más que mil palabras para construir la igualdad de género.
NUEVOS RETOS,
NUEVAS OPORTUNIDADES
Al finalizar la guerra y a lo largo de los años 90 y en los comienzos del siglo 21, cientos de mujeres que compartían la valoración de Guirola se lanzaron a consolidar los embriones de movimientos de mujeres y a posicionarse nacional e internacionalmente en temas de igualdad de género. Introdujeron nuevamente y con más fuerza una agenda propia y reivindicativa de los derechos de las mujeres. Se retomaron demandas previas como “a trabajo igual salario igual” y el derecho a la titularidad de la tierra en el área rural.
A esa agenda se integraron nuevas demandas: la exigencia de la paternidad responsable y las relacionadas con los derechos de salud sexual y reproductiva, anteriormente invisibilizados. También, el derecho a decidir sobre el embarazo y la maternidad.
Más adelante apareció el tema de la integridad física de la mujer, la violencia intrafamiliar y el feminicidio. Sobre esto sí hubo mucha puja social y política en El Salvador. A pesar de diferencias de cómo posicionarse políticamente en la confusa posguerra, y de cómo abordar la relación entre género y clase, los movimientos de mujeres lograron posicionar sus demandas en la agenda nacional y con el apoyo de estructuras internacionales, obligaron al gobierno a introducir espacios para la atención de las mujeres y a promover estos temas en la institucionalidad del Estado.
La feminista y activista Vilma Vásquez recuerda: “Después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Bejing en 1995, nos reunimos todas las organizaciones de mujeres para hacer el marco de lo que sería el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Política Nacional de la Mujer. Después se vio que el ISDEMU no cumplió nada de lo propuesto, no se posicionó como ente rector de la Política Nacional de la Mujer y estuvo en silencio hasta el año 2009, cuando recuperó presencia como institución defensora de los derechos de la mujer”.
CÓMO NACIÓ CIUDAD MUJER
Con el gobierno de Mauricio Funes que inició en 2009, hubo un mayor compromiso con la causa de las mujeres y esto permitió establecer nuevas figuras, nuevos instrumentos y nuevos mecanismos. La primera señal de este avance fue el lanzamiento del programa “Ciudad Mujer”.
Vanda Pignato, su fundadora, recuerda cómo se gestó este proyecto: “La idea de Ciudad Mujer nació durante la campaña presidencial de Mauricio Funes. Como futura Primera Dama, yo le acompañaba en todas sus visitas en el territorio estando embarazada por primera vez a los 45 años. Esto me dio una visión diferente. Además, en estas visitas, yo era invisible porque sólo era la mujer del candidato. Entonces decidí conocer a las otras invisibles, las mujeres que llegaban a los mítines y yo llegaba a platicar con ellas. Me di cuenta que tanto en el área rural como en la urbana, las grandes necesidades eran las mismas”.
CIUDAD MUJER:
UN PROGRAMA EMBLEMÁTICO
Ciudad Mujer se estructura alrededor de todas estas necesidades: Salud Sexual Reproductiva, Prevención de la Violencia, Autonomía Económica, Educación Colectiva y Atención Infantil.
En las seis sedes de Ciudad Mujer instaladas en el país, las mujeres reciben servicios de salud, asesoría jurídica y psicológica, servicios de protección para ellas y sus hijos en caso de ser víctimas de violencia, cursos de formación técnica, servicios bancarios, asesoría y acompañamiento para proyectos productivos, comercialización y microcréditos. Y mientras sus madres están siendo atendidas, sus hijos y sus hijas reciben cuidado y atención recreativa, educativa, psicológica y pediátrica.
El eje de la educación colectiva se desarrolla en los distintos territorios con cursos de formación en género y derechos humanos dirigidos a mujeres y a hombres, y con acciones conjuntas con las municipalidades para promover los derechos de las mujeres y prevenir la violencia de género. La formación de liderazgos locales femeninos es un énfasis importante de la educación colectiva.
Según Yanira Argueta, directora del ISDEMU, “Si una mujer va al juzgado con la referencia de Ciudad Mujer le dan un trato diferente, la respetan más. En el imaginario de los jueces u otros funcionarios, Ciudad Mujer tiene peso”.
Ciudad Mujer se convirtió en un programa emblemático del gobierno de Funes. Ganó premios internacionales, sirve como ejemplo de cómo garantizar los derechos de la mujer en Brasil, México, República Dominicana y Trinidad y Tobago, y ha atendido a miles de mujeres, que reconocen los servicios recibidos como superiores en calidad a la atención que habían recibido antes en cualquiera de las instituciones del Estado.
LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA
La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación en Contra de las Mujeres, dos leyes que entraron en vigencia en 2012, marcaron hitos en el cumplimiento de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el país.
La Ley contra la violencia hacia las mujeres es un avance significativo porque va más allá de la violencia física y psicológica. Incluye la violencia económica, la violencia sexual y la regulación de la violencia simbólica, que se refiere a los mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y que naturalizan la subordinación de las mujeres en la sociedad.
El artículo 22 establece que los medios de comunicación “no difundan contenidos, ni emitan espacios ni publicidad sexista, considerándose ésta cuando se promueva la agresividad, malos tratos o discriminación contra las mujeres, la salud, la dignidad y la igualdad”.
A pesar de la ley, la publicidad en El Salvador aún promueve la vigencia de estereotipos masculinos y femeninos. Pese a que existe esta normativa nacional, internacional y de autorregulación, se difunden valores sexistas en detrimento del desarrollo de las mujeres, además de potenciar los papeles tradicionalmente establecidos para hombres y mujeres en sociedades en donde la mujer está supeditada al hombre.
CIFRAS DE LA VIOLENCIA
En 2013 y según la Procuraduría General de la República (PGR), 1,216 mujeres denunciaron violencia sicológica, 514 violencia patrimonial, 543 violencia económica, 327 violencia sexual, 545 violencia física y 40 violencia simbólica.
El impacto de la ley es aún limitado. Argueta reflexiona, “Sabíamos que habría que hacer mucho trabajo para promover las denuncias porque la violencia está muy naturalizada. Pero no estábamos preparadas para que el sistema judicial no la aplicara. De 300 casos de mujeres asesinadas este año con características de feminicidio, solo 84 fueron tipificados así. El sistema judicial es la mayor amenaza a la efectividad de la ley”.
LA LEY DE IGUALDAD
La Ley de Igualdad fue impulsada por la Concertación Feminista Prudencia Ayala. Su objetivo es crear las bases jurídicas que orientarán el diseño y ejecución de las políticas públicas para garantizar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural del país. Ordena a las instituciones del Estado “realizar acciones permanentes orientadas a desarrollar pautas de socialización de mujeres y hombres, basadas en el reconocimiento de la plena equivalencia humana, política, social, económica y cultural de ambos, en el mutuo respeto a sus diferencias; en el respeto de sus potencialidades y talentos personales y colectivos; en el reconocimiento de su corresponsabilidad y de sus contribuciones equivalentes a la subsistencia y supervivencia humana; de sus aportes al desarrollo, la democracia, y de sus capacidades para participar en la dirección y conducción de la sociedad”.
Esto se aplica también a los gobiernos locales, que deben asignar los recursos financieros y administrativos necesarios y deben elaborar presupuestos, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y hombres.
MUJERES EN CARGOS PÚBLICOS
La propuesta original sostenía que el Estado debía garantizar la representación igualitaria de ambos géneros en los cargos de elección popular, y que esa no debía de ser menor al 40% para las mujeres. Al final, las cuotas quedaron fuera.
Fue hasta la aprobación de la Ley de Partidos Políticos (2014) que se establecieron cuotas del 30% para las mujeres en las candidaturas de elección popular, muy por debajo de la población femenina, que es el 53% del total.
En la actualidad, de las 262 alcaldías del país, sólo 27 son administradas por alcaldesas. En 13 ministerios que componen el gabinete de gobierno, solamente hay tres ministras: en Trabajo, Salud y Medio Ambiente. De los 84 curules en la Asamblea Legislativa, 27 (32%) están en manos de mujeres.
El FMLN cuenta con 15 mujeres diputadas (de 31) incluyendo la presidenta del órgano legislativo. ARENA, con 11 diputadas (de 35) y el PCN con 1 diputada (de 6). Los 11 diputados del partido GANA son todos hombres. El PDC tiene un único diputado. Esto sitúa a El Salvador por encima del promedio latinoamericano de representación legislativa de mujeres, que según la Unión Interparlamentaria es del 24%.
SUPERAR VIEJOS ESQUEMAS
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), lamenta que en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, no se haya mandatado la laicidad en la educación y en su lugar se optó por enfatizar que la educación se base “en valores y principios”.
Explica Argueta: “Si es difícil aplicar la Ley Especial Integral de la Violencia, es más difícil aplicar esta ley porque pasa por los esquemas personales de cada quien. Hemos tenido que recurrir a distintas estrategias, a la educación y a la coerción. Por un lado, nuestra Escuela de Igualdad Sustantiva para funcionarios es importante para ir superando viejos esquemas. Pero también hemos buscado formas de presionar a las instituciones. Por ejemplo, negociamos con una ONG que estaba apoyando a una alcaldía de Morazán con un proyecto de agua potable para que condicionara el proyecto al fortalecimiento de la Unidad de Género y a la capacitación de los concejales y el personal. Y funcionó”.
Son pocas las instituciones del Estado que han aplicado la Ley en su totalidad. En la práctica, aún no se ha logrado que esta Ley sea vinculante. Aun así, su existencia es un paso importante en la modificación de una cosmovisión que legitima el sistema capitalista y patriarcal.
RECONOCER
EL TRABAJO REPRODUCTIVO
Con la introducción de la política de “corresponsabilidad” en la Ley de Igualdad nació el compromiso de reconocer el trabajo doméstico no remunerado y el proyecto de las cuentas satélites en El Salvador. Es un paso para avanzar hacia la justicia y la autonomía económica de las mujeres. Una cuenta satélite es una noción desarrollada por Naciones Unidas para medir las dimensiones de sectores económicos no definidos como productivas en las cuentas nacionales de un país. Las cuentas satélites en distintos ámbitos de la vida ofrecen importante información sobre ámbitos específicos de la economía que no se miden. En este caso, medirían el valor del tiempo destinado a las actividades domésticas de cuidado y de apoyo a la comunidad, actividades no remuneradas que han quedado tradicionalmente fuera de las cuentas nacionales.
En 2012, un convenio entre el ISDEMU, la CEPAL, el Banco Central de Reserva y la Dirección General de Estadísticas y Censos, orientó el esfuerzo para establecer el valor del trabajo no remunerado en los hogares y su aporte al Producto Interno Bruto. Se espera que El Salvador se sume así a Ecuador, Venezuela, Chile, México y Costa Rica, que desarrollan políticas públicas incipientes para hacer justicia utilizando las cuentas satélites. El aporte del trabajo no remunerado al PIB de El Salvador debe estar ya definido para el primer semestre de 2015.
Para Ledy Moreno, técnica del ISDEMU, las cuentas satélites deben servir en primer lugar para incluir a las amas de casa en el sistema de pensiones. “Permitiría reconocer una cuota a mujeres por número de hijos nacidos…
En general, las mujeres llegan a la edad de jubilación, pero no tienen los años cotizados requeridos porque, en diferentes momentos de su vida, se han ausentado del mercado laboral por cumplir con compromisos hogareños. En el caso de las que sólo han sido amas de casa, ni digamos”.
El país vive una crisis en su sistema de pensiones, debido a su privatización en 1998. “El gobierno lo ve desde ese punto de vista y puede decir que no hay recursos. Pero nosotras lo vemos desde un análisis de género y necesitamos que se nos reconozcan los años que hemos dedicado al trabajo en la casa”.
El trabajo reproductivo es más que el cuido de los hijos. Es todo el cuidado y mantenimiento de los espacios y bienes domésticos, de las relaciones sociales en la casa, incluyendo el apoyo emocional a todos los miembros de la familia. Si todo esto es fundamental para el sostenimiento de la vida, lo es también para la reproducción de la fuerza de trabajo y contribuye a incrementar la plusvalía de la empresa privada.
Moreno habla de la dificultad para que la empresa privada reconozca y asuma su responsabilidad: “En la Constitución de 1983, el artículo 42 mandata que las empresas públicas y privadas establezcan sala cunas para los hijos e hijas de sus empleadas. 22 años después aún no existe una legislación secundaria que operativice este artículo porque esta prestación implica un costo para los empresarios”.
Este año, la Concertación por un Empleo Digno en la Maquila interpuso un recurso de inconstitucionalidad por omisión. Aunque el recurso fue admitido, la Sala de lo Constitucional aún no ha dictaminado sobre el caso. Moreno concluye: “Nosotras contribuimos a generar utilidades y riqueza para los empresarios. Ellos, más allá de los salarios, tendrían que devolvernos algo por el trabajo reproductivo”.
LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS
La situación de las 116 mil trabajadoras domésticas que hay en el país no es mucho mejor que la de las amas de casa. El Código de Trabajo establece un régimen especial que despoja a las trabajadoras domésticas de ciertos derechos laborales como el horario de ocho horas y el derecho a un contrato por escrito que especifique las condiciones laborales. No les reconoce el derecho a los días de asueto y establece tres causales especiales para el despido sin responsabilidad patronal: tener una enfermedad infecto-contagioso, tener “vicios o malos hábitos” y cometer actos graves de infidelidad o insubordinación contra el patrón o su familia.
La activista y feminista Vilma Vásquez recuerda: “En el gobierno de Funes hubo un avance con el Acuerdo Ejecutivo que permite la afiliación de las trabajadoras domésticas al Seguro Social. Pero un Acuerdo Ejecutivo es voluntario, no tiene poder coercitivo. En aquel momento, Funes visibilizó esta injusticia, abrió un camino y dijo esperar 27 mil afiliaciones”. Hasta la fecha, solo el 4% del sector está asegurado.
Aún se espera que El Salvador ratifique el Convenio 189 de la OIT como marco jurídico para los derechos de las trabajadoras domésticas y la protección efectiva contra su abuso y acoso. Además de las organizaciones de mujeres que revindican su ratificación y la modificación del Código de Trabajo, será trabajo de los tres sindicatos de trabajadoras domésticas en formación luchar por la igualdad de derechos laborales.
TIERRAS Y CRÉDITOS
PARA LAS MUJERES
Para la promoción de la autonomía económica de las mujeres son esenciales la entrega de tierras y créditos, de capacitación y empleo.
Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, en 2009 el 82% de los propietarios de todas las tierras del país con vocación agrícola eran hombres. Sólo el 18% era propiedad de mujeres. Entre 2009-2015, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) ha otorgado 14,070 títulos de propiedad a mujeres rurales y el 65% de los lotes para vivienda fueron entregados a mujeres jefas de hogar.
En 2009-2013 las mujeres accedieron a más créditos que los hombres. Los créditos otorgados por Ciudad Mujer han sido claves para este avance. Particular mención merecen los créditos específicos para víctimas de la violencia y para mujeres con cáncer que no son sujetas de crédito en la banca privada por su enfermedad. A pesar de esto persiste una brecha en relación a los montos otorgados, pues en promedio los de los hombres son superiores en un 30% y en algunos casos superan el 50% en comparación a los de las mujeres.
EL PROGRAMA BANCA MUJER
A finales de 2014, el presidente Salvador Sánchez Cerén presentó el programa Banca Mujer, que facilita líneas de crédito y de garantías, además de asistencia técnica a las mujeres emprendedoras.
En ocho meses se otorgaron 103 créditos a mujeres por un monto de 971,673 dólares destinados a diversos rubros. El talón de Aquiles de la Banca ha sido lo que Yanira Argueta llama “el predomino de la cultura financiera de la banca privada. Los requisitos que piden y la falta de atención a la realidad específica de las mujeres son los mismos que los de la banca tradicional. Las reglas no han cambiado, siguen siendo muy masculinas. Seguramente tendrán que ir cambiando con la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres”.
LA SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
La autonomía física es la columna vertebral de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y el control de sus cuerpos inicia con el reconocimiento de los derechos a la salud sexual y reproductiva.
En 2012, el Ministerio de Salud lanzó por primera vez su política de Salud Sexual y Reproductiva. La política incorpora a las poblaciones tradicionalmente excluidas: personas con discapacidad, con orientación sexual no tradicional y con VIH, entre otras. Incluye un programa de educación sexual y prevención del embarazo en adolescentes, y busca garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad en los sistemas de registro.
Vilma Vaquerano, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), señala: “El solo hecho de que ya haya una política que retome la salud sexual y reproductiva es positivo porque viene a salvaguardar la integridad de las mujeres y a garantizar el derecho humano a la salud”.
EL DERECHO A DECIDIR
El nudo gordiano en el cumplimiento de los derechos de salud sexual y reproductiva sigue siendo la penalización del aborto.
En el Código Penal de 1998 el aborto quedó absolutamente prohibido en El Salvador. Anteriormente se permitía cuando el embarazo era el resultado de una violación, si el feto tenía malformaciones o cuando las mujeres estaban en riesgo de muerte. Según Carlos García, embajador de El Salvador ante la ONU, “una cosa es el aborto y otra es la salud sexual y reproductiva”. Pero para las mujeres pobres, que no cuentan con recursos para pagar un aborto ilegal pero seguro o para salir del país; para las adolescentes que quedan embarazadas sin haber tenido acceso a una educación adecuada, y para las mujeres que hayan quedado embarazadas por violación, esta legislación representa un grave retroceso en sus derechos.
El hecho de que el suicidio sea la causa del 57% de muertes de jóvenes embarazadas entre 10 y 19 años de edad da fe de la tragedia que viven las mujeres que aún no han conocido la autonomía física. Cristina Quintanilla, quien fue separada de su hijo mayor y apresada con una sentencia de 30 años en prisión por homicidio agravado después de haber perdido a su feto de siete meses, cree que esta legislación “discrimina a las mujeres con poca educación, como yo, que no entienden ni sus derechos ni el sistema”.
Según la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, 129 mujeres fueron condenadas por delitos relacionados con el aborto entre 2000 y 2011.
25 AÑOS DE ESFUERZOS
Vilma Vasquéz reflexiona: “Ha cambiado un poquito la cultura desde que las organizaciones feministas comenzamos la batalla a principios de los años 90. Ha habido un trabajo importante de concientización en estos 25 años. Está más desnaturalizada la violencia contra las mujeres y la autonomía de las mujeres asusta menos a las mismas mujeres y a la sociedad en general. Todo esto contribuye a que las denuncias de acoso, violencia intrafamiliar y abuso hayan avanzado. Un ejemplo son las 700 denuncias de trabajadoras domésticas en el Ministerio de Trabajo. Pero el sistema judicial sigue siendo misógino y conservador. Las otras instituciones no se quedan muy atrás. Siguen culpando a las víctimas e ignorándolas”.
MISOGINIA
EN EL SISTEMA EDUCATIVO
Aunque ha intentado incorporar cambios en sus planes de estudio y materiales educativos a fin de promover la enseñanza no sexista en el sistema educativo, aún falta mucho por avanzar. Según Yanira Argueta, del ISDEMU: “Aquí todavía no hemos tocado el curriculum”. Se ha avanzado en la inclusión de los derechos de salud sexual y reproductiva para adolescentes, pero según Vilma Vásquez, “aún se sataniza la sexualidad como algo que las mujeres no deben disfrutar”.
El borrador de un texto oficial sobre salud sexual y reproductiva, redactada bajo el primer gobierno del FMLN, perpetuaba aún mitos relacionados a las diferencias “por naturaleza”, llegando a plantear “científicamente”
que el cerebro femenino es levemente más grande y dispone a las mujeres a ser más “emocionales”, mientras que el cerebro masculino le dispone a tener mayores impulsos sexuales, ignorando por completo los procesos de socialización. Felizmente, el documento fue modificado y este planteamiento quedó fuera a la hora de su publicación.
Según un estudio de ORMUSA en 2011, “la mediación pedagógica está minada, casi siempre imperceptiblemente, por variopintas prácticas misóginas que abarcan el lenguaje, prejuicios, actitudes, estereotipos, etc., que entrañan un rechazo o menosprecio hacia todo lo femenino. En suma: en las aulas escolares se halla presente, generalmente disfrazada y algunas veces explícita o evidente, una subcultura misógina”. Por eso, la formación de formadores es clave para superar la cultura patriarcal. Añade ORMUSA: “Las instituciones siguen estando plagadas de acoso y abuso sexual”.
En 2010, según el ISDEMU, el 52% de los casos de acoso sexual registrados por la institución fue cometido en las escuelas.
Profundizar la educación no sexista en el currículum formal y en el currículum oculto es un reto ineludible para cambiar la cultura patriarcal del país.
TENEMOS QUE CAMBIAR
Los cambios institucionales de los últimos seis años pueden parecer pequeños, pero son monumentales para una sociedad caracterizada a lo largo de su historia post-Conquista por sus rasgos autoritarios, militaristas, represivos y machistas.
En el Día Internacional de la Mujer de 2015, el Presidente Sánchez Cerén dijo: “Tenemos que transformar nuestro pensamiento y nuestra cultura machista, tenemos que cambiar y respetar los derechos de las mujeres, tenemos que hacer ese cambio en la humanidad”.
“Vamos pasito a pasito”, dice Vilma Vásquez. “La lucha es para transformar una sociedad capitalista y patriarcal y hay que ser radicales en los principios y las reivindicaciones. El capitalismo y el patriarcado son los dos pilares de nuestro sistema injusto. Pero a la hora de la aplicación hay que entender que las cosas tienen su ritmo”.
Es necesario revestirse, al mismo tiempo, de paciencia y de impaciencia, para celebrar los avances y encarar los desafíos.
EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO
EN EL SALVADOR.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica