Honduras
Estados Unidos lleva el timón en la crisis
2015 fue el año de más abierta intervención del gobierno de Estados Unidos
en la política hondureña.
Los casos del cártel de Los Cachiros, de los empresarios Rosenthal
y del ex-Presidente Rafael Callejas
demostraron la subordinación del gobierno a las políticas de seguridad de Washington.
Sólo un poder como el del Norte
pudo, de un día a otro, tocar a estos “intocables”
y convertirlos de respetados en repudiados.
En 2016, Estados Unidos seguirá al mando, timón en mano.
Ismael Moreno, SJ
Cuando faltaban diez minutos para las 12 de la noche del 25 de enero -día tope para la elección de los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia-, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, puso a votación la nómina de candidatos propuesta por la Comisión Nominadora, nombrada por el mismo Oliva, previamente revisada y aprobada por el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Ocho candidatos del Partido Nacional -partido del Presidente- y siete del Partido Liberal, un reparto conforme a los acuerdos del bipartidismo. En menos de un minuto, los 128 diputados votaron: 82 a favor de la nómina, 44 en contra, 2 se abstuvieron.
La nueva Corte no se eligió. Se necesitaban 86 votos para alcanzar mayoría calificada. Los 82 votos fueron 26 del Partido Liberal, 3 del Demócrata Cristiano, uno de Unificación Democrática, 3 de diputados que renunciaron del partido LIBRE y 49 del mayoritario Partido Nacional. Los votos en contra fueron 29 de LIBRE, 13 del Partido Anti Corrupción (PAC), 1 del Partido Liberal y 1 del Partido Innovación y Unidad (PINU). Las dos abstenciones fueron del partido LIBRE.
NO PUEDE CORRER EL RIESGO
El presidente Juan Orlando Hernández (JOH) recibió con esta votación su segundo revés político en dos años de gobierno. El primero lo tuvo el 23 de enero de 2015, cuando en un ambiente de intensa campaña y amenazas, pretendió elevar a rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público. En esa ocasión los diputados de la oposición se unieron para alcanzar resultados similares a los de la frustrada elección de la Corte Suprema de Justicia.
La elección de los 15 magistrados quedó sometida a la votación individual y con papeleta secreta hasta alcanzar el número de magistrados que deben integrar la nueva Corte que administrará la justicia en los próximos siete años.
El 29 de enero los diputados apenas habían elegido a 8 de los 15 magistrados, enfrascados en confrontaciones y negociaciones, en un ambiente tenso, áspero y amenazante, cuando la presidencia del Congreso Nacional dio por suspendida la sesión hasta febrero. El sector de la extrema derecha nacionalista que lidera Juan Orlando Hernández y preside el Congreso Nacional no puede correr el riesgo de perder la programada presidencia de la Corte Suprema.
MÁS DE 20 IMPLICADOS EN CRIMEN ORGANIZADO
De esta manera, escabrosa e inédita en la historia de las elecciones de segundo grado -basadas en nóminas y listas decididas por quienes ejercen el poder dentro de los dos partidos tradicionales-, llegó a un final aún inconcluso el proceso que, de acuerdo a los mecanismos aprobados en dos períodos electorales anteriores, comenzó a mediados de 2015 con la conformación de la Junta Nominadora, integrada por siete miembros en representación de siete instituciones, con el objetivo de seleccionar a candidatos entre unos mil quinientos notarios y más de 18 mil abogados.
Las siete instituciones que nominaron fueron la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, las Centrales Obreras, el Colegio Hondureño de la Empresa Privada, las Universidades y la Sociedad Civil. Cada una de ellas envió en septiembre un listado de 20 candidatos. De esas listas, la Junta Nominadora hizo una primera selección de 97 candidatos, los que debían pasar por un proceso riguroso de exámenes e investigaciones. En este proceso participaron diversos sectores, siendo la palabra de la embajada de Estados Unidos la que tuvo un peso decisivo.
La embajada envió a la Junta Nominadora una lista de más de 20 de entre los 97 seleccionados dando pruebas de su implicación en actividades del crimen organizado. Al final quedaron en 45 los nominados.
LA CORTE SUPREMA: CUESTIÓN DE VIDA O MUERTE
Elegir una Corte Suprema de Justicia bajo su control es un asunto de vida o muerte para Juan Orlando Hernández. Es eso lo que está en la base del tormentoso proceso de elección de los nuevos magistrados.
JOH no puede darse el lujo de otra Corte que no responda a sus orientaciones y decisiones. No podría subsistir sin una instancia judicial que no controle. Con el proyecto de reelegirse de manera continua, al que no renunciará por nada del mundo, va armando un rompecabezas donde todas las piezas deben encajar. La Corte Suprema es una pieza fundamental.
LOS 5 OBJETIVOS DEL PRESIDENTE
Al comenzar 2016, JOH no puede fallar en negociar cinco objetivos ni con el Partido Liberal ni con la llamada oposición política. Uno, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y el subsiguiente control del Consejo de la Judicatura. Dos, las reformas electorales que puedan poner en riesgo su proyecto reeleccionista, especialmente en lo concerniente a la nueva tarjeta de identidad, el control del registro de las personas y, sobre todo, la segunda vuelta electoral. Tres, el control del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía. Cuatro, la derogación o reforma de la Ley de funcionamiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, instancia desde donde alcanza control legal de todos los poderes del Estado. Y cinco, la derogación de las figuras jurídicas aprobadas en diciembre de 2013, justo antes de culminar JOH como presidente del Congreso Nacional y cuando ya era Presidente electo de la República, que aprobaron las ZEDEs o Ciudades Modelo y las concesiones de ríos, minas y territorios a empresas transnacionales extractivistas, además de las concesiones de todas las arterias y redes carreteras a la gran empresa privada hondureña, concesionaria de empresas transnacionales.
NECESITA MAYOR CONTROL
Al cumplir dos años de gobierno, Juan Orlando Hernández necesita compensar su obvio desgaste ante la sociedad y, especialmente, necesita neutralizar las amenazas de sus adversarios políticos, empresariales y del crimen organizado.
Necesita mayor control de los poderes del Estado, del Ministerio Público y de los otros órganos contralores, sobre todo contando con el Ejército y la Policía. Ya en la última sesión de la segunda legislatura del Congreso Nacional logró introducir una moción orientada a eliminar el burocrático cargo de Comandante de las Fuerzas Armadas y dejar sólo el de Jefe del Estado Mayor Conjunto, para así eliminar escalas que atrasen su don de mando directo sobre jefes de batallones.
LLEGA AL PAÍS LA MACCIH
Otra razón por la que Juan Orlando Hernández no podría vivir sin controlar la Corte Suprema de Justicia es la Misión de Apoyo a la lucha Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), nueva instancia que entró en vigencia en enero y que sella la alianza entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Honduras.
La MACCIH es la respuesta de la OEA a la demanda de la ciudadanía indignada, que enarbolando semana a semana antorchas encendidas, reclamó una instancia internacional de investigación de la corrupción y la impunidad según el modelo de la CICIG de la ONU en Guatemala.
La diferencia entre la MACCIH y la CICIG no es sólo de nombre ni solo del ente impulsor. Es mucho más de fondo y es eso lo que mantiene vigilante a los sectores hondureños indignados que exigían la CICI-H. La OEA, dirigida hoy por Luis Almagro, como secretario general, en alianza con JOH, nos trajo la MACCIH.
De la CICI-H se esperaba que la ONU investigara los casos más relevantes de corrupción e impunidad y entregara resultados al Ministerio Público, para que de ahí pasaran al Poder Judicial. La MACCIH llega como una instancia de apoyo a las investigaciones que realice el Ministerio Público. Mientras la CICI-H pondría un peso especial en la investigación directa, en completa independencia del gobierno, la MACCIH apoyará las investigaciones que realice el Ministerio Público, debiendo contar con el apoyo del gobierno para poder cumplir con esta función y con la de acompañamiento. Con la MACCIH ya vigente, el Fiscal General del Estado tiene el mayor liderazgo pues le corresponde la conducción en la investigación de casos, aunque contando con la ayuda de expertos internacionales.
¿CUMPLIRÁ EL FISCAL?
La MACCIH sería muy valiosa si no fuera porque los casos de corrupción más sonados a investigar tienen que ver con saqueos de instituciones públicas en donde han metido las manos miembros del actual equipo de gobierno.
Las investigaciones necesarias deberían llegar hasta la propia casa del Presidente y a las de sus familiares y colaboradores más cercanos. También existen casos a investigar que vinculan de manera directa al Fiscal General Adjunto. Todos estos casos deberá investigarlos el Fiscal General, en ese cargo después de un proceso sumamente irregular dirigido de manera directa por el Presidente de la República. Todas las voces coinciden en que el Fiscal General le debe no sólo su cargo, sino muchos otros favores a JOH, lo que lo imposibilitarán para que cumpla su función con independencia.
LA OEA Y ALMAGRO BUSCAN REIVINDICARSE
Aun con lo enclenque que pueda resultar su actividad, la MACCIH no deja de ser una amenaza para el Presidente. Aunque tenga control del Fiscal General, no puede tenerlo de los expertos internacionales que trabajen con él y de todos los funcionarios que conduzcan los hilos de las investigaciones.
Hay que tener en cuenta, además, que la OEA, y particularmente Almagro, necesitan reivindicarse ante la comunidad continental e internacional. Almagro cuenta en su haber con un historial progresista y de honestidad que no puede poner en riesgo en un país con una clase política tan claramente deshonesta como la de Honduras. Con la MACCIH, Almagro no solo se juega su prestigio personal, la OEA se juega también la oportunidad de recuperar una credibilidad que desde hace muchas décadas ha ido perdiendo, principalmente por su descarada subordinación a los intereses del gobierno de Estados Unidos.
Ahora, Almagro ha aprovechado la crisis hondureña y el reclamo indignado de apoyo internacional para combatir la corrupción para elevar el perfil de la OEA -también su perfil personal- y propuso esta instancia, que por primera vez en la historia de la OEA, interviene directamente dentro de un Estado miembro para buscar la resolución de un conflicto, investigando casos emblemáticos de corrupción y de impunidad.
LOS “LOGROS” DE JOH
Cuando cumplió su segundo año en el gobierno, Juan Orlando Hernández aseguró a la opinión pública haber sentado las bases de “un país diferente”.
Consideró su mayor logro la captura y extradición a Estados Unidos de varios líderes del narcotráfico. Otros de sus logros serían: la reducción de los homicidios de 86.5 a 64 por cada 100 mil habitantes, la estabilidad educativa con más de 200 días de clases en el año escolar, el saneamiento de los índices de crecimiento económico, la construcción de parques y centros de recreación en las principales ciudades del país y, de manera especial, la recuperación de territorios que durante años estuvieron bajo control de las maras y pandillas. Y, desde luego, los proyectos de asistencia social, que reparten ayudas a miles de familias empobrecidas en el marco del programa “Una vida mejor”.
JOH valoró también como un éxito el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado de Derecho y dijo con euforia: “Ya no somos ni el primero, ni el segundo, ni el tercero ni el cuarto ni el quinto país más violento del mundo” en la apertura de la tercera legislatura del Congreso Nacional mientras centenares de militares y policías acordonaban las instalaciones a lo largo de varias cuadras controlando el ingreso de los comunicadores sociales. No pudieron cubrir el evento los periodistas de nuestra Radio Progreso por expresa prohibición, con el argumento de que cuanta más gente ingresara más peligro corrían las personalidades asistentes.
ORGANIZANDO Y DECIDIENDO DESDE WASHINGTON
En el sondeo de opinión pública que el ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación) y Radio Progreso realizaron el año 2015, la sociedad hondureña calificó con sólo 4.7 de aprobación el segundo año de gestión del Presidente Juan Orlando Hernández. La institucionalidad del Estado llegó ese año a niveles tales de descrédito que no sólo se incrementó la desconfianza de la ciudadanía, sino que 2015 se recordará como el año con el más abierto nivel de intervención del gobierno de Estados Unidos en la política de nuestro país. Nunca antes habíamos visto a la política nacional tan subordinada a directas decisiones de Washington.
Cuando a comienzos de 2015 dirigentes del cártel de Los Cachiros se entregaron al gobierno de Estados Unidos, el gobierno hondureño tardó horas y días antes de confirmarla. Tanto éste, como la mayoría de acciones que condujeron a la captura y extradición de otros narcotraficantes, fueron posibles por la acción directa de agentes del gobierno de Estados Unidos. Y en parte, el éxito de varias acciones contra el narconegocio se debió a decisiones de Washington, que quería evitar que la información sobre los operativos se filtrara a los organismos internos del Estado hondureño y los impidieran.
Toda la operación que condujo a la captura y demanda en contra de la poderosa familia Rosenthal, acusada de delitos vinculados con el lavado de activos y de vínculos con el narcotráfico, provino de Estados Unidos y fue organizada y efectuada por agentes de organismos de seguridad del país del Norte. El gobierno hondureño se limitó a avalar y a ratificar las decisiones, mientras el embajador estadounidense en Honduras, James D. Nealon, acabó reemplazando al Presidente de la República informando sobre lo ocurrido. Está claro, pues, que JOH saca pecho por éxitos ajenos.
ENTRE EL DESGASTE Y LA AMBICIÓN
De acuerdo al último sondeo de opinión pública del ERIC y Radio Progreso, los éxitos de Juan Orlando Hernández en estabilidad económica y en respuesta a necesidades de la población más pobre no tienen sustento. Junto a la inseguridad, el desempleo y la incertidumbre económica, siguen siendo las angustias mayores de la gente y son las que sustentan la muy baja calificación que la población da al Presidente por su gestión.
Juan Orlando Hernández inicia el tercer año de gobierno atrapado entre el desgaste político y su desenfrenado afán por agrupar fuerzas y obtener recursos para convertir este año 2016 en plataforma para relanzar la campaña de su reelección. “La reelección va y nadie la detiene” es la consigna que se escucha entre sus más cercanos colaboradores.
Este objetivo, junto a las evidencias del saqueo del Seguro Social, que fueron los que dispararon la indignación ciudadana, expresada en decenas de caminatas con miles de personas con antorchas encendidas, seguirán alimentando el rechazo a JOH en 2016, aunque son muchas las cúpulas políticas decididas a mantener las puertas abiertas a la reelección presidencial. Y se dice que la embajada de Estados Unidos también habría dado su aval.
CALLEJAS: ÚNICO OBSTÁCULO
Cuando el 13 de diciembre el ex-Presidente Rafael Leonardo Callejas viajó a Estados Unidos para entregarse voluntariamente a la justicia de ese país, que lo acusa de soborno, fraude y lavado de activos en el caso de corrupción de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), Juan Orlando Hernández zanjó de un tajo el principal obstáculo político interno que tenía su proyecto reeleccionista.
Dentro del Partido Nacional Callejas era el único obstáculo a sus pretensiones. La acusación contra él, que viene de Estados Unidos, y el proceso legal en el Norte que duraría entre seis y ocho meses, le dejó allanado a JOH el camino para organizar tranquilamente los dispositivos proselitistas que necesita apoyen su reelección, sin tener que desgastarse luchando con fuerzas adversas al interior de su partido.
El contrincante más enconado que tiene hoy JOH es el partido LIBRE y su líder, el ex-Presidente Manuel Zelaya y su equipo, a quienes vemos muy anuentes a avanzar en el camino hacia la reforma constitucional que la Sala Constitucional de la Corte Suprema aprobó en abril de 2015 para permitir la reelección presidencial.
¿QUÉ DICE EL PARTIDO LIBRE DE LA REELECCIÓN?
Para LIBRE, hablar de reelección no significa ningún problema. Lo que evitan a toda costa es aparecer abanderándola. “Ése no es un tema de LIBRE, es un tema del Presidente”, repiten los de LIBRE cada vez que se les pregunta. Dejan claro que el tema debería someterse a una consulta nacional y lo que rechazan es el continuismo de JOH, no la reelección, que favorecería a Zelaya.
En opinión de Ricardo Salgado, uno de los ideólogos del sector de LIBRE más leal a Zelaya, la confrontación entre reeleccionistas y no reeleccionistas es falsa, es una disputa alimentada por sectores interesados en debilitar a LIBRE como opción política. Así lo explica: “La manipulación del tema de la reelección lleva como objeto desmantelar a la oposición y reducir el interés por los planteamientos estructurales que surgen del partido LIBRE”.
Para este analista, la confrontación real es entre la democratización propuesta por LIBRE y el continuismo de Juan Orlando Hernández. Y en el debate sobre el proyecto de JOH, relativizan la crítica que hacen sectores no reeleccionistas a la administración actual calificándola de “dictadura”. Dice Salgado: “Para crear impotencia en la clase media se debe construir un mito de grandes proporciones y eso se logra elevando a Juan Orlando Hernández a la cúspide de un estado dictatorial. Sin dictador no existe ningún movimiento. Aquí se complica mucho el asunto, pues Hernández, el presidente hondureño más complaciente con las esferas de poder norteamericanas, se implanta en el imaginario colectivo como un objetivo de caza del “intransigente justiciero americano”, y ahí se distorsiona todo a extremos impensables”.
Dicho con otras palabras: para LIBRE el problema no sería tanto el proyecto de Juan Orlando Hernández de concentración de poder en torno a su persona -rasgos propios de una dictadura-, sino la maliciosa tendencia que aglutina a diversos sectores de clase media, que son precisamente los que han liderado la indignación y enarbolado las antorchas, de darle a JOH poderes que no tiene priorizando la lucha en contra de su reelección para golpear así, no tanto el proyecto del Presidente, sino las propuestas de LIBRE y de su líder Manuel Zelaya.
QUÉ REFORMAS EN EL JUEGO ELECTORAL
Así las cosas, la reelección se va convirtiendo en un asunto importante en el próximo proceso electoral presidencial y tendrá entretenidos a los partidos políticos en los próximos dos años, aun cuando reformas a las reglas del juego electoral más importantes, y demandadas por los partidos opositores, son integrar a representantes de los nuevos partidos en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas, elaborar una nueva tarjeta de identidad y establecer una segunda vuelta en las elecciones.
De darse, y en caso de que el Partido Nacional las promoviera, estas reformas ya no tendrían vigencia para las próximas elecciones porque deben ser aprobadas por una legislatura y ratificadas por la siguiente, cuando en 2017 el Tribunal Supremo Electoral ya haya dado por abierta la próxima contienda electoral.
Hasta ahora, el Partido Nacional -mejor dicho, el Presidente Juan Orlando Hernández- no ha dado ni la menor señal de acceder a estas reformas. En esta situación el continuismo de JOH en la silla presidencial se siente como una amenaza inminente.
¿QUIÉN PUDO PREVER TODO ESTO?
Con unas o con otras reglas electorales, el profundo deterioro institucional del país ha ido provocando las reglas de otro “juego” en el que aparecen nuevos actores.
¿Quién podría prever, en el primer trimestre del año 2015, la irrupción del fenómeno de las antorchas? Fue el destape del saqueo del Seguro Social protagonizado por quienes apoyan la reelección de JOH, el que estremeció las conciencias de amplios sectores de la ciudadanía hasta obligar a Juan Orlando Hernández a llamar a un diálogo y a aceptar la presencia de una instancia internacional como la MACCIH.
Las reglas del juego en un Estado resquebrajado como es el hondureño se pueden trastocar de repente. Y los actores poderosos de hoy pueden pasar mañana, de un día a otro, del reconocimiento social al repudio social, perdiendo de golpe y porrazo toda credibilidad.
Es lo que le ha ocurrido a Rafael Leonardo Callejas, quien a mediados del año 2015 era la carta política destinada a quebrar los obstáculos jurídicos que le impedían constitucionalmente a los ex-Presidentes de Honduras aspirar a ser reelegidos.
De ser el hombre que podía no sólo apadrinar, desde el Partido Nacional, la reelección de Juan Orlando Hernández, sino incluso competir con él con notable capacidad de reemplazarlo en el liderazgo de la extrema derecha, Callejas se convirtió en sólo unos meses en un perseguido por la justicia internacional, extraditable a Estados Unidos, a donde fue a entregarse “voluntariamente”. Hoy, tan poderoso político está a un pie de ingresar a una cárcel del Norte para cumplir una sentencia de varios años.
CALLEJAS: DE HONORABLE A FORAJIDO
Dentro de Honduras el nombre de Callejas ha estado siempre asociado a la corrupción. Ha sido el paradigma de político capaz de ganar seguidores por su probada capacidad de contaminar cualquier actividad política con la corrupción.
Siempre fue el intocable, el que elevó la práctica corrupta a los más altos niveles de honorabilidad. Su eximia cualidad fue convertir los actos corruptos en honor, la evasión de la justicia en sagacidad y el servicio público en un negocio gracias a inteligencia política… En esto no tuvo rival.
En la situación de ebullición política que estamos viviendo en el país y en el contexto de tan rotundo colapso de la institucionalidad del Estado, la vida de Callejas dio un giro total de un día a otro literalmente. Lo mismo le ocurrió a la familia Rosenthal, dueña de un poderoso emporio financiero y empresarial. Lo mismo les sucedió a los principales líderes del narcotráfico, quienes vivían sabiéndose intocables en Honduras.
Todas estas personas eran intocables. En Honduras nadie los tocó. Pero, en la crisis hondureña, sólo un actor con el poder del gobierno de Estados Unidos podía tocarlos, intervenir para convertir el día en noche, la oscuridad en claridad, la honorabilidad en pillería. El último ejemplo de esa intervención decidida, y de consecuencias drásticas y repentinas, es el de Callejas, quien pasó de ser honorable político y empresario a ser visto como un forajido, término con el que él hablaba de los rateritos y ladronzuelos callejeros...
ESTADOS UNIDOS CONTINUARÁ INTERVINIENDO
A lo largo del año 2015, el gobierno de Estados Unidos ha jugado un papel decisivo en la vida política, judicial y de seguridad de Honduras. Y parece que seguirá siendo así en 2016 y en los años venideros.
Los logros y éxitos que Juan Orlando Hernández se adjudica son éxitos y logros de otro gobierno que no es el suyo. JOH sólo se ha comportado como obediente cumplidor de órdenes superiores. Ése es su éxito, el éxito del mercenario, el éxito del sumiso servidor del poderoso.
En el tema de la reelección y en otros temas de seguridad interna, del narcotráfico y del crimen organizado, todo lo que siga sucediendo en Honduras dependerá de las decisiones del gobierno de Estados Unidos. Habrá reelección si Washington da el banderillazo de salida. Y parece que será así, aunque no continua e indefinida -a lo que aspira JOH-, sino alterna y a lo sumo reelección sólo para un período.
El objetivo reeleccionista de Juan Orlando Hernández tiene un horizonte de incertidumbres. Aunque parezca que JOH ha convencido a la comunidad internacional y que goza del respaldo de la diplomacia europea, no parece que le esperen escenarios diferentes a los que han tenido que enfrentar los ex-Presidentes Álvaro Portillo y Otto Pérez Molina de Guatemala, su amigo personal y maestro, el ex-Presidente Rafael Callejas o el ex-Presidente de El Salvador Francisco Flores, concluido tan trágicamente.
Sabiendo que su futuro fuera de la silla presidencial hondureña es muy incierto, Juan Orlando Hernández reforzará en 2016 su control sobre las instituciones, se esforzará en engrosar el proselitismo que lo apoya y buscará mostrarse muy obediente al gobierno de Estados Unidos.
ESTADOS UNIDOS DECIDIÓ TOMAR EL TIMÓN
A inicios de 2016, los actores internos han perdido capacidad de conducir sus propias crisis, y más aún, de buscar respuestas desde sus propias capacidades.
Así lo ha entendido Washington y por eso ha decidido impulsar su política de seguridad en Honduras no interviniendo a distancia, sino tomando directamente el timón. Así lo demostró con las acciones que condujeron a la extradición de líderes del narcotráfico, de empresarios y de políticos que han estado en alianza con las bandas del narconegocio. Así han respondido a la crisis que en 2015 generaron las presiones populares de los indignados, promoviendo la instalación de la MACCIH, aunque no de la CICI-H. Así ha intervenido en la elección de magistrados de la Corte Suprema, impidiendo que fueran nombradas personas salpicadas por el lodo del crimen organizado.
El tortuoso proceso de elección de magistrados de la Corte ejemplifica tanto el colapso de la institucionalidad estatal y del modelo tradicional del bipartidismo, como la incapacidad de los actuales liderazgos políticos para proponer de forma autónoma nuevos escenarios institucionales y políticos.
UN MODELO COLAPSADO
Vivimos el colapso del modelo bipartidista, aunque no el de las élites hondureñas. El bipartidismo hondureño está hoy en tránsito hacia un nuevo modelo que siga representando los intereses de las élites, pero ya en un mapa político definido por la pluralidad de fuerzas. Cómo asegurar el liderazgo bipartidista en esa pluralidad es el desafío que hoy buscan resolver las élites. Qué cambios hacer para que no cambie nada es su propósito.
La justicia, que sigue a remolque de los partidos tradicionales, imposibilita la independencia judicial en las decisiones que se tomarán en los próximos siete años. Con la institucionalidad actual, cualquier elección será escenario de confrontaciones y de polarización.
Si la elección de esta Corte Suprema ha sido tan cuestionada y cargada de tensiones, ¿cómo será la siguiente elección de los otros órganos contralores del Estado, que tienen que ser electos por el actual Congreso Nacional? ¿Y cómo serán las siguientes elecciones pendientes?
NO BASTARÁN LOS PARCHES
La actual crisis es sistémica, no es coyuntural. Las élites, que dominan los dos partidos tradicionales, buscan resolverla con respuestas coyunturales, mientras las fuerzas políticas de oposición acentúan la búsqueda de ciertos cambios o reformas, sin contar con los sectores sociales no partidarios.
Esta crisis sistémica, que viene arrastrándose desde hace décadas, acentuada con el golpe de Estado de junio de 2009, no se resuelve con parches, ni con reformas definidas a espaldas de las mayorías sociales. Toda respuesta que no toque a fondo los conflictos generará mayor incertidumbre.
Los actuales políticos prefieren que se ahonde la inestabilidad y el deterioro a perder cuotas de poder. Juegan así con su propia existencia, porque al no romper con su lógica de poder lo que están haciendo es afilar más la punta de la estaca que ellos mismos se están hundiendo.
El colapso actual es propicio para un debate nacional que conduzca a la construcción de propuestas de una nueva institucionalidad, que nos lleve a un pacto que reemplace el de 1981, cuando se redactó la Constitución vigente, que ha tenido ya decenas de reformas y que sufrió un revés terminal con la ruptura constitucional de 2009.
Más que parches o nuevas reformas en una institucionalidad colapsada, lo que ha de ponerse en discusión es el proceso hacia una Constituyente que redacte una nueva Constitución Política. Es en esa apuesta en donde se juega el presente y el futuro del país y de toda la sociedad.
DIRECTOR DE RADIO PROGRESO Y DEL ERIC (EQUIPO DE REFLEXIÓN, INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN) DE LOS JESUITAS EN HONDURAS.CORRESPONSAL DE ENVÍO.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica