Salario mínimo: historia, luchas, maniobras, propuestas

Es la primera vez en la historia de El Salvador que organizaciones tan dispares entregan propuestas diversas para aumentar el salario mínimo. Esto habla de la capacidad del actual gobierno para estimular una participación amplia en la formulación de políticas públicas. Por primera vez se genera en el país un debate sobre este tema. Antes, con los gobiernos de derecha, lo que había eran arreglos de cúpulas.

Elaine Freedman

Hace 172 años, Carlos Marx dijo: “El salario está determinado por la lucha abierta entre capitalista y obrero”. Fue una de las revelaciones más profundas que hizo sobre las relaciones de producción en la sociedad capitalista y que sigue vigente hasta el día de hoy. “El nivel mínimo de salario, y el único necesario -añadía Marx- es lo requerido para mantener al obrero durante el trabajo y para que él pueda alimentar una familia y no se extinga la raza de los obreros”.

PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA

Desde el punto de vista de Marx, luchar por un salario mínimo podría considerarse el esfuerzo por cubrirlas necesidades de la clase patronal y la sobrevivencia de “la raza de los obreros”, no con las necesidades de la clase trabajadora. Resolverlas exige mucho más que aumentar el salario mínimo. Requiere cambiar las relaciones de producción. Mientras se logra, ese aumento representa un importante respiro para los trabajadores. Lograrlo es un espacio de la lucha de clases, en la que participan Estado y gobierno.

A finales del siglo 19, después de una combativa huelga de los obreros portuarios en Nueva Zelanda y arduas campañas de la National Anti-Sweating League en Nueva Zelanda y Australia, estos países establecieron el salario mínimo por ley por primera vez en la historia. En menos de 50 años, ya había nacido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y obreros y obreras de la mayoría de los países del mundo habían conquistado ya el derecho a un salario mínimo.

EL SALARIO MÍNIMO
LLEGA A LA CONSTITUCIÓN

En El Salvador, fue hasta 1950 y como fruto de la lucha del Comité de Reorganización Obrera Sindical (CROS), que se estableció el salario mínimo en la Constitución. El CROS había nacido cuatro años antes con el objetivo de reconstruir el movimiento sindical, extinguido durante la dictadura del General Martínez. En sus primeros años de vida, bajo la dictadura de Salvador Castaneda Castro, el CROS logró dos reivindicaciones importantes: la creación de un Departamento de Trabajo, antecedente del Ministerio de Trabajo, y la Ley de Conflictos Colectivos de Trabajo.

Con el ascenso del Consejo de Gobierno Revolucionario, resultado del golpe de Estado que un grupo de jóvenes militares, muchos de ellos entrenados en Estados Unidos, dio en 1948 contra Castaneda Castro, el grupo “modernizador” de la oligarquía se impuso sobre el grupo más conservador, que se resistía a la diversificación de la base económica del país. Seis días después del golpe, el nuevo gobierno declaró: “El desarrollo del país exige una Carta Fundamental que se adapte a las nuevas condiciones políticas, sociales y económicas en que se desenvuelve la vida nacional”.

El CROS aprovechó esa apertura e hizo una intensa labor de concientización, organización y movilización de la clase trabajadora para que se incluyeran distintas reivindicaciones en la Constitución. Durante los debates de la Asamblea Constituyente, las organizaciones obreras afiliadas al CROS mantuvieron una amplia movilización de trabajadores, día y noche, en la Asamblea Legislativa. Acampaban allí junto a organizaciones estudiantiles y otras agrupaciones progresistas y en ocasiones, sin ser asambleístas, tomaban la palabra y planteaban sus ideas y posiciones.

El trabajo del CROS rindió sus frutos. El capítulo II del Título IX de la nueva Constitución sobre “Trabajo y Seguridad Social” establece varios avances en materia laboral: el derecho a formar sindicatos, la igualdad de salarios para igual trabajo, la semana laboral de 44 horas, el derecho al aguinaldo y a vacaciones anuales pagadas, la indemnización por accidente laboral o por despido injustificado, los contratos colectivos de trabajo, el derecho a huelga, las prestaciones a las mujeres por maternidad y el seguro social. El artículo 38 establece que todos los trabajadores tienen derecho a devengar un salario mínimo, lo que quedó reglamentado de los artículos 144 al 160 del Código de Trabajo vigente, aprobado por primera vez en 1963.

50 AÑOS DE AUMENTOS MÍNIMOS

Durante los siguientes 50 años, el salario mínimo fue revisado supuestamente cada tres años, siendo éste el margen máximo establecido en la ley. Pero revisión no quiso decir siempre aumento. Por ejemplo, entre 1979 y 1986 los salarios mínimos del trabajo en el campo no tuvieron ningún aumento y desde 1998 a 2003 no lo hubo en ningún rubro de la economía.

En 1965 un jornalero ganaba en colones el equivalente a 25 centavos de dólar al día por recolectar café. Actualmente recibe $4.30 diarios. En este rubro el salario mínimo ha subido solo $4.05 en 50 años. En 1970 trabajadoras y trabajadores del sector comercial ganaban el equivalente a $0.40 al día y aunque el aumento ha sido levemente mayor, sigue siendo mísero: actualmente reciben $8.39 al día, sólo $7.99 más que hace 45 años.

¿CUÁNTOS
SALARIOS MÍNIMOS HAY?

La actual tabla de salarios mínimos es muy variada. Existen 11 salarios mínimos y 9 se establecen en el marco de la negociación en el Consejo Nacional de Salario Mínimo (CNSM). No pasan por esta instancia los salarios de trabajadoras y trabajadores del Estado, que dependen del Ejecutivo.

En 2010, el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, anunció que a partir de 2011, el salario base para trabajadores estatales sería de $300, lo que significaba un aumento del 44%. En ese momento ganaban $208.

El salario mínimo del sector de la construcción tiene régimen especial y se establece mediante los contratos colectivos entre sindicatos y patronales. Por lo general, según Ismael Nolasco, director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, son un 30% más altos que los demás “por la especialización que requiere el sector”.

Los 9 salarios mínimos que son competencia del CNSM incluyen 4 del sector agrícola, 2 del sector agroindustrial, el sector maquila, el sector industria y el sector comercio y servicios. Muchos creen que establecer salarios mínimos tan diferentes debe corregirse. Entre ellos, Zoila Quijada, diputada del FMLN: “En el salario mínimo hay un nivel de injusticia. La industria tiene un monto, el comercio tiene un monto y los trabadores del campo tienen otro monto. Como si los seres humanos unos podemos comer carne y tomar leche y los de otros sectores no tienen ese derecho”.

Actualmente los 9 salarios establecidos son: $251.70 en el sector de comercio y servicios, $246.60 en la industria, $210.90 en las maquilas, $171 en los beneficios de café, $129 en la recolección de café, $124.20 en los ingenios azucareros, $118.20 en el agro, $109.20 en la producción de azúcar y $98.70 en la recolección de algodón, aunque el cultivo de algodón no existe ya prácticamente en el país.

QUÉ FACTORES TOMAR
EN CUENTA EN EL SALARIO MÍNIMO

El artículo 149 del Código de Trabajo dio vida al organismo tripartito bautizado como Consejo Nacional de Salario Mínimo, “organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Estará integrado por siete miembros: tres representarán al interés público, dos al interés de los trabajadores y dos al de los patronos. Los representantes del interés público serán designados por el Órgano Ejecutivo así: uno por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, otro por el Ministerio de Economía y otro por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La elección de los representantes de los trabajadores y de los patronos se llevará a cabo de conformidad con el reglamento respectivo.” El primer Consejo nació en 1964.

Según el Código de Trabajo, los factores que se deben tomar en cuenta para establecer el salario mínimo son: el costo de la vida, la índole de la labor, los diferentes sistemas de remuneración, las distintas zonas de producción y otros criterios similares.

La representación gubernamental fue más allá e incluyó otros factores: la productividad, la inversión y el empleo, el costo de producción, la competitividad, la inflación, la reactivación económica (mediante el incremento de la demanda interna) y la redistribución del ingreso.

LOS SALARIOS NO ALCANZAN

El costo de la vida se mide por la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En el área urbana se compone de 11 productos: pan francés, tortillas, frijoles, arroz, azúcar, carnes (res, cerdo, aves), grasas (aceite, margarina, aceite vegetal), huevos, leche fluida, frutas (naranja, plátano y guineo) y verduras (papa, cebolla, chile verde, tomate, güisquil y repollo). En el área rural la canasta se compone de 9 productos. Se excluyen el pan francés y las verduras.

Actualmente, la canasta básica urbana está valorada en $206.54 al mes para una familia de cuatro miembros. Algunos salarios mínimos cubren la compra de esos productos. No se puede decir lo mismo de los salarios mínimos en el campo, en su mayoría inferiores a $148.11, costo de la canasta básica rural.

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, ente encargado de establecer la canasta básica alimentaria, ésta “representa el requerimiento mínimo calórico que necesita un individuo para desarrollar un trabajo”, definición que calza con lo que Marx dijo en Europa hace tantos años: “lo requerido para mantener al obrero durante el trabajo y para que él pueda alimentar una familia y no se extinga la raza de los obreros”.

Las cosas cambian con la canasta básica ampliada que, además de alimentos, incluye vestuario, vivienda, electricidad, agua, salud y educación, y que actualmente se valora en $407.72 en el área urbana y $291.84 en el área rural. Bajo cualquier óptica, los datos respaldan el sentir popular de que “los salarios no alcanzan”.

PRODUCTIVIDAD
Y SALARIO MÍNIMO

La productividad se mide dividiendo el PIB entre la población que tiene empleo. Hay una gran variación, desde $37,153 en el sector de suministros eléctricos, gas y agua hasta $5,345 en el agro. El promedio es de $9,500 por trabajador al año, menor que la productividad en Costa Rica, igual a la de Guatemala y mayor a la de Honduras y a la de Nicaragua.

Bajo la lógica de la productividad, uno podría imaginar que Costa Rica tendría el salario mínimo más alto en la región y así es. Pero en El Salvador, el mayor salario mínimo (comercio y servicios) es $90 menor al de Guatemala, $157 menor al de Honduras y solo $30 superior al de Nicaragua, teniendo la economía salvadoreña casi el doble de productividad que la nicaragüense. En el agro el salario mínimo es $241 menor que en Guatemala, $200 menor que en Honduras y está la par con el de Nicaragua.

Desde el punto de vista del empresario, la relación entre productividad y salario mínimo es en El Salvador la mejor de la región. El trabajador salvadoreño produce más y gana menos. Por eso, contratar fuerza de trabajo nacional le es más rentable al empresario salvadoreño que contratarla en otros países. Sin embargo, la oligarquía salvadoreña, reacia a invertir en su propio país, tiene inversiones importantes en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Desde hace décadas la familia Poma construyó un Metrocentro en cada país de Centroamérica y abrió importadoras de vehículos a nivel regional y la familia Simán instaló sus tiendas en varios países de la región. Todos los bancos salvadoreños llegaron a los países vecinos y aparecieron nuevos hoteles de capital salvadoreño por toda la región. Con la dolarización estas inversiones proliferaron aún más. Uno pensaría que invertirían más donde la fuerza laboral les produce más por menos. Pero también influyen otros factores. Uno, que los mayores salarios mínimos de los países de la región aumentan las ventas de sus productos y servicios en esos países.

ARGUMENTOS QUE SON FALACIAS

Quienes se oponen a un aumento significativo del salario mínimo argumentan que esto afectaría negativamente la inversión y desincentivaría, por eso, la generación de empleo. Esta afirmación carece de sustento. Un informe de la OIT de 2015 concluyó: “Las investigaciones indican que el aumento del salario mínimo y el nivel de empleo no se contradicen, y que ese aumento tiene un efecto muy limitado sobre el empleo. Además, en todos los países centroamericanos donde hay salarios mayores que en El Salvador, la inversión y el PIB también son mayores. En realidad, los salarios componen solamente el 22% de los costos de producción de las empresas del país. En el agro representan sólo un 15%-18%.

Otro argumento para no aumentar el salario mínimo significativamente es que haría subir la inflación. Los datos tampoco lo respaldan. En 2011 hubo un aumento del salario en 8% y en 2013 del 4% anual para 2013, 2014 y 2015, lo que significó un incremento del 16% entre 2011 y 2013. Y en ese mismo período la inflación fue sólo del 2%.

¿ELEVAR EL SALARIO MÍNIMO
REACTIVARÍA LA ECONOMÍA?

El economista Cesar Villalona explica que “lo que dificulta que la inversión crezca más en El Salvador es la estrechez del mercado interno, debido a la excesiva concentración del ingreso, a los bajos salarios y a las bajas pensiones, incluso más bajas en el caso de las mujeres”.

Elevar el salario mínimo ayudaría a crear mercado para la producción nacional, lo que contribuiría al crecimiento económico. Vale decir que los bienes producidos y/o comercializados por las micro y pequeñas empresas constituyen casi el 100% del mercado interno salvadoreño. Y de las 162 mil empresas registradas por el Ministerio de Economía, un 99% se encuentran en la categoría de producción para el mercado interno. Y aunque un aumento del salario mínimo no sería el único mecanismo para reactivar ese mercado, puesto que una parte importante de la población trabaja en el sector informal y otro, más pequeño pero importante, son los pensionados, un aumento en el salario mínimo contribuiría a beneficiar, más que a dañar, a ese sector de la economía, que es el que genera empleo a un 68% de la población urbana que tiene empleo.

¿INFLUIRÍA EN REDUCIR
LA DESIGUALDAD?

La propuesta gubernamental, y varias propuestas del movimiento sindical incluyen el criterio de “redistribución del ingreso” en las variables que sustentan el aumento del salario mínimo. Sin embargo, la desigualdad en El Salvador es tan histórica y tan extrema que difícilmente esta medida haría la diferencia.

El 10% de la población con mayores ingresos registrados recibe casi un tercio del ingreso nacional y el 10% con menores ingresos registrados recibe menos del 2%. Según la consultora Wealth-X y la financiera UBS la oligarquía salvadoreña, sin tomar en cuenta a las transnacionales, cuenta con un capital acumulado de 21 mil millones de dólares. Y entre 2011 y 2014, 160 millonarios salvadoreños aumentaron su capital en 1 mil millones.

Un análisis de la distribución del PIB arroja que el 63% es ganancia para los grandes empresarios, el 16% se tributa al gobierno y sólo el 21% se dedica al pago de salarios.

Ante estos datos, es evidente que se requiere mucho más que un aumento del salario mínimo para lograr una eficaz redistribución del ingreso en el país. La leve mejoría vista en los últimos años en el coeficiente Gini, indicador de la desigualdad, no se ha debido a un aumento en el salario mínimo, sino al éxito de los programas sociales del gobierno. Teniendo en cuenta también que sólo un 12% de la población recibe el salario mínimo.

Las cifras de la desigualdad no cambiarían notablemente con el aumento del salario mínimo. Ayudan sólo a visibilizar el absurdo razonamiento de los grandes empresarios, preocupados porque sus ganancias serían afectadas si mejora el salario mínimo. Lo que sí mejoraría es la situación cotidiana de mucha de la gente con trabajo formal.

UNA LLUVIA DE PROPUESTAS

Desde junio de 2015 hasta la fecha el Consejo Nacional de Salario Mínimo ha recibido propuestas diferentes de aumento. La primera, del Sindicato de Trabajadores de Empresas de Seguridad Privada, miembro de FENASTRAS. Siguieron el Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES), una agrupación del movimiento popular con representación sindical: CONPHAS-CSTS-FEASIES-UNEP-FESITRASEP, la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres (ORMUSA, MT, Las Mélidas, FEASIES, CMESIS y EIL). Siguieron la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el Centro por la Defensa del Consumidor y Enlaces, la Unión MIPYMES, asociación de pequeños y medianos empresarios agremiados en la ANEP, el Movimiento Laboral Salvadoreño (MLS), la Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS), la Coordinadora Unitaria Social y Sindical (CUSS) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).También el gobierno tiene propuesta.

6 propuestas vienen a nombre de representaciones sindicales o agrupaciones que las integran, 2 a nombre de ONG, 1 a nombre de organizaciones de mujeres, 1 a nombre de la empresa privada (una de la gran empresa y otra de la pequeña y mediana) y 1 a nombre del gobierno.

De esta lluvia de propuestas, 5 provienen de organizaciones y/o alianzas política e ideológicamente cercanas al FMLN y al gobierno, 3 se ubican claramente en el campo de la derecha a la par de ARENA y 3 no tienen ninguna coherencia ni política ni ideológica.

LAS DISTINTAS PROPUESTAS

La propuesta que apunta más alto es la del CUSS, que plantea un salario único de $550 para todas y todos los trabajadores. Sigue la CSS con $450 en la ciudad y $300 en el campo y la CSTS-CONHPAS y la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres con $407 en la ciudad y $298-$307 en el campo, seguida cercanamente por el CDC/Enlaces que propone un salario único de $400. FESPAD lo propone único de $300.

El gobierno propone $250 en el área rural y $300 en la ciudad. El MLS, cuyos representantes son las mismas personas que conforman la “representación trabajadora” en el CNSM proponen un aumento de 25%-30% por cada uno de los sectores productivos que se encuentran en la tabla salarial. MUSYGES, un movimiento sindical que ha acompañado, de forma fluctuante, tanto a la derecha como a la izquierda, propone un aumento salarial del 7% anual durante 3 años para cada sector, hasta logran un 21% de aumento.

Las propuestas más bajas son las de la ANEP y MIPYMES, que coinciden en proponer un aumento salarial del 9% dividido en 3% por año para cada sector.

DOS IMPORTANTES NOVEDADES

La primera novedad que hay que destacar es la multiplicidad de propuestas entregadas al CNSM. Es la primera vez en la historia de El Salvador que organizaciones tan dispares entregan propuestas, hecho que habla bien de la capacidad del gobierno para estimular una participación amplia en la formulación de políticas públicas. Maricarmen Molina, responsable política de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (CSTS), lo celebra: “Nos alegra que por primera vez en nuestra historia se está generando un debate en el tema de salario mínimo. Anteriormente, lo que había con los gobiernos de derecha eran arreglos”.

La segunda novedad es que la gran mayoría de estas propuestas rompen la lógica de heterogeneidad en los salarios mínimos, lo que instala de hecho una jerarquía injusta entre los distintos sectores productivos. Algunas de estas propuestas plantean sólo dos salarios mínimos: uno para el campo y otro para la ciudad, tomando en cuenta que la Canasta Básica Alimenticia tiene un valor menor en el campo y uno mayor en la ciudad. Y otras plantean un salario único tomando en cuenta que, en realidad, el costo de la vida es el mismo en el campo y la ciudad y tanto la población rural como la urbana tiene que resolver necesidades más allá de los 9 o los 11 productos de la CBA. Aunque un salario mínimo unificado sería el paso más seguro hacia la erradicación de esta injusticia, cualquiera de las dos opciones representaría un avance importante en la situación actual.

2013: AUMENTO IRRELEVANTE

Una tercera novedad es el planteamiento de los representantes de los trabajadores en el CNSM, son ellos quienes firman la propuesta del Movimiento Laboral Salvadoreño. Por primera vez en la historia su propuesta retoma en mayor medida las reivindicaciones y argumentos de la clase trabajadora por encima de las de la clase empresarial.

En abril de 2011, estos “representantes” coincidieron con la representación empresarial en un aumento del 8%, lo que al fin fue aprobado por el gobierno de Mauricio Funes. Dos años después, Funes propuso otro aumento del 10%. Los empresarios, del 8% y la representación laboral en el CNSM, del 7%. Al fin, la negociación tuvo un desenlace desafortunado: aunque un aumento del 12% parecía una solución aceptable, la ANEP, con el apoyo de “los trabajadores” le dobló el brazo al gobierno, quien se abstuvo de votar en ese momento, y se salieron con la suya: el aumento sería del 12%, pero escalonado durante tres años: 4% (2013), 4% (2014) y 4% (2015). En realidad, un aumento irrelevante.

LOS COMPADRES
Y SUS MANIOBRAS

En ese año 2013, el entonces Ministro de Trabajo, Humberto Centeno, acusó públicamente a Israel Sánchez Cruz, Israel Huiza, Miguel Ramírez y José María Esperanza Amaya, representantes del sector laboral en el CNSM,de no defender los intereses de los trabajadores.

Este grupo, más Ricardo Soriano, son conocidos en el mundo sindical como “los compadres”. Soriano, Huiza y Ramírez tienen una relación histórica entre sí y con los anteriores gobiernos de derecha, desde la época en que Napoleón Duarte era Presidente. Representan confederaciones y federaciones sindicales (CTD, CSG, FESTRAES, FESINCONSTRANS y más recientemente FESTIVES), cuya historia muestra también pactos con los anteriores gobiernos militares, como sucedió en la Huelga de Aceros de 1967, chispa que catapultó la consolidación de las fuerzas populares.

En aquel momento, FESINCONSTRANS pactó con el gobierno de Fidel Sánchez Hernández y casi logró doblegar a los trabajadores para que aceptaran los despidos injustificados en la Fábrica de Aceros. Para suerte de los sindicalistas apareció en el escenario la FUSS, bajo la conducción de Salvador Cayetano Carpio, que les apoyó en la dirección de una huelga solidaria y en un proceso de negociación exitosa, hechos que conmovieron al país.

Los compadres se encuentran, no sólo en el organismo tripartito del Salario Mínimo, también en el Consejo Superior de Trabajo y en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Se han sumado a posiciones de la ANEP, no sólo en los diálogos tripartitos. También en otras ocasiones, como cuando el Presidente Funes intentó sacar a los empresarios políticamente comprometidos con ARENA de las instancias de dirección de las instituciones autónomas en 2012, y en el recurso de inconstitucionalidad que presentó la derecha contra el fideicomiso de las pensiones en 2014, ya estando en el gobierno Sánchez Cerén, siendo este fideicomiso una figura que ellos mismos habían aprobado para salvar el problema fiscal del entonces Presidente de ARENA, Antonio Saca.

Según Maricarmen Molina del CSTS, “el problema es que no están claros ni transparentes los procesos de elección de la representación del sector laboral para los tripartitos”.

Son cinco los organismos del Estado donde el sector laboral toma decisiones conjuntas con el gobierno y el sector empresarial: el Consejo Nacional de Salario Mínimo, el Consejo Superior de Trabajo, el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional y el Fondo de Vivienda Popular. En cada sector, los mecanismos de votación son diferentes, garantizando una correlación favorable a las representaciones laborales que tienen posiciones antilaborales. En la elección para el CNSM, por ejemplo, la fórmula electoral es “Un sindicato, un voto”. Hasta los sindicatos del sector informal, que no se rigen por el salario mínimo, pueden votar en esta elección, aunque, debido a una gestión de “los compadres”, los sindicatos de empleados públicos, muchos de ellos simpatizantes del FMLN, quedaron fuera.

“NO SE VENDAN
A LA EMPRESA PRIVADA”

Cada dos años, el Ministerio de Trabajo convoca a los sindicatos ahí registrados. Actualmente éstos pasan ya de 550 organizaciones. Molina califica a gran parte, incluyendo a muchos de los 200 que participan en la elección de representantes en los tripartitos, como “sindicatos virtuales” o “sindicatos con sello”, porque no representan a una base de trabajadores.

Muchos son sindicatos que quedaron con su personería jurídica, pero que dejaron de existir en la práctica. Molina propone que el gobierno realice una auditoría a fin de depurar el registro sindical y se mantengan solo las organizaciones que sean legítimas, con trabajadores que mantengan una relación laboral con un patrón y que lleven a cabo procesos de negociación colectiva con las patronales.

Por toda esta historia el movimiento sindical en su totalidad y el mismo gobierno se han sorprendido positivamente por la propuesta de “los compadres” y su MLS, que por primera vez en la historia, se alejan de las propuestas del sector empresarial, acercándose a la propuesta del gobierno de Sánchez Cerén. Molina hizo un llamado a “los compadres”: “Sean coherentes con la propuesta que han hecho los trabajadores en el proceso de negociación. Sean firmes, coherentes y no vendan la voluntad de la clase trabajadora a la empresa privada”.

¿HASTA CUÁNDO?

En diciembre de 2015 el gobierno dijo que esperaba un nuevo acuerdo de salario mínimo para enero de 2016. Hoy se dice que “ojalá haya un acuerdo en marzo”. Pero no hay ningún plazo en el reglamento del Código de Trabajo que regula el período de revisión.

Alejandro Rosales, representante del Ministerio de Trabajo y Presidente del CNSM, teme que la discusión vaya para largo. “No hay un plazo fijo, sino lo que dure el proceso. Eso explica porque en 2013 tardamos desde febrero a julio en la discusión. Podríamos tirarnos todo el año y la empresa privada puede argumentar que cuál es el problema, puede decir que el Código de Trabajo dice que hay que revisar cada tres años y que ya lo están revisando...

Para mientras, quienes sufren son los trabajadores. En este sentido, es preocupante la afirmación de “el compadre”, Miguel Ángel Ramírez: “Se espera una decisión final sobre el ajuste, que se realizará antes de que culmine el año. Pero esto dependerá de la voluntad política, jurídica y de las condiciones financieras del país”.

LOS DEBATES
DEBEN SER PÚBLICOS

La clase trabajadora tiene razón en preocuparse y especular sobre qué es lo que realmente pasa en el CNSM. Lo que se percibe es que el debate se reduce a la discusión de las propuestas de los tres actores del proceso: la ANEP, el gobierno y el MLS de “los compadres”. La mayoría de las otras organizaciones se suman a la propuesta gubernamental, pero también reclaman el derecho a tener información sobre lo que ahí se discute.

A mediados de enero, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó al Consejo Nacional del Salario Mínimo una propuesta para que la sesión donde se discuta y decida el aumento al salario mínimo sea pública. El Consejo decidió, por voto mayoritario de los representantes empresariales y laborales, negar la petición. Bajo la Ley de Acceso a la Información Pública, FESPAD puede acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública para que obliguen el CNSM a abrir sus discusiones.

“PÓNGANSE DEL LADO
DEL PUEBLO”

La Ministra de Trabajo, Sandra Guevara, apoya la propuesta de FESPAD, argumentando que el CNSM se debe a toda la población salvadoreña, cuyos impuestos contribuyen a pagar las dietas que reciben sus integrantes. Reveló que su institución eroga más de 35 mil dólares al año para pago de dietas a los miembros del CNSM. La ANEP, por ejemplo, ha cobrado más de $10,972 por 48 reuniones.

Guevara amonestó a los representantes de los trabajadores por su posición: “Solicitamos a la representación laboral que se ponga del lado del pueblo, que responda a la necesidad de la clase trabajadora que necesita un incremento salarial, porque las decisiones que están tomando dentro del CNSM no favorecen a los más de 68 mil trabajadores y trabajadoras”.

HAY OTRAS DEMANDAS

Además del aumento en sí, el movimiento sindical tiene otras reivindicaciones alrededor de este proceso. Uno es normar el proceso de elección de las representaciones sindicales en todos los tripartitos con mecanismos electorales homogéneos y sobre la base de una auditoría y una depuración.

Otra es la reforma del Código de Trabajo para que se establezca el período de revisión y aumento del salario mínimo anualmente y no “por lo menos, cada tres años”, como se establece actualmente. En esto cuentan con el apoyo de la Ministra de Trabajo, quien tiene en el tintero presentar el anteproyecto de la reforma a la Asamblea Legislativa.

MÁS ALLÁ DEL SALARIO MÍNIMO

Hay que luchar por el salario mínimo. Los acuerdos a los que se llega miden la correlación de fuerzas entre trabajadores y patrones.

Pero la clase trabajadora tiene derechos que van mucho más allá de “mantenerse durante el trabajo y alimentar una familia para que no se extinga la raza de los obreros...” Tiene derecho a mucho más: a una vida plena, a la salud física y mental, a la recreación y al sano esparcimiento, a la educación superior. Y a la felicidad.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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