Lo que han revelado “los papeles de la CICIG”

Las investigaciones que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha venido haciendo desde que descubrió la trama de corrupción de “La Línea” han avanzado y revelan que no se trataba únicamente de gobernantes que cometían actos aislados de corrupción, sino de una estructura criminal y mafiosa, dirigida por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, la que había cooptado el Estado de Guatemala.

Juan Hernández Pico, SJ

Gracias a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instancia promovida por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala y presente en el país desde 2007, y gracias al Ministerio Público de Guatemala, está saliendo a la luz un esquema delictivo cuyo objetivo era cooptar al Estado en favor de los intereses de un grupo político criminal alrededor del Partido Patriota.

Iván Velásquez, Comisionado de la CICIG y Thelma Aldana, Fiscal General del Ministerio Público (MP), han trabajado mano a mano en esta investigación, ayudados en ocasiones por el actual Ministro de Gobernación, Francisco Rivas, quien fue antes Fiscal y en cuyo nombramiento para su actual cargo parece haber tenido influencia la presión de la embajada de Estados Unidos sobre el Presidente Jimmy Morales.

“LA LÍNEA”: PRIMER RESULTADO

Los primeros resultados de la investigación de la CICIG se conocieron el 16 de abril de 2015, cuando se denunció “La Línea”, trama de defraudación aduanera en la que altos directivos y empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) recibían sobornos. En ese primer momento supimos que un 60% de esos sobornos parecían estar destinados a engrosar la fortuna de los entonces Presidente y Vicepresidenta de la República, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Esto quedó investigado más a fondo y probado en una segunda declaración de la CICIG el 21 de agosto de 2015.

Es útil leer extensos fragmentos del informe de la propia CICIG para dimensionar adecuadamente lo que esa investigación ha revelado. A partir de ahora, los reproducimos (La señal * en el subtítulo indica que se trata de fragmentos textuales. Los subtítulos son de “Envío”).

* “NO DIMENSIONAMOS LA MAGNITUD”

Fase 1 de la investigación (16 de abril de 2015) Las pesquisas toman como base investigaciones realizadas entre 2012 y 2013, con sospecha de la existencia de un grupo de importadores que tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos en las aduanas del país.

En 2014 se interceptó una llamada clave, en la que se indicaba cómo operaba el sistema denominado -por ellos mismos- como “La Línea”. La conversación ocurre entre el importador Erick Miao Miao y el tramitador Julio César Aldana. En ese momento se consignan los primeros nombres y surge el primer modus operandi, en el que se incluía el suministro de un número telefónico, la ubicación de responsables en cada aduana, las tablas de aranceles y precios para el pago de sobornos -para liberar la mercadería- llamados “colaboración” (la cola).

Para aquel entonces, la CICIG no dimensionó la magnitud del número de implicados en el caso “La Línea” y su grado de complejidad. Conforme avanzó la investigación se estableció que una parte de esta estructura estaba integrada, a su vez, por particulares que se comunicaban y daban órdenes a miembros de la SAT…

Las interceptaciones telefónicas, el análisis y los seguimientos evidenciaron entonces una estructura dentro de la SAT y una estructura externa y arriba de ambas un operador clave para su funcionamiento, Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la entonces Vicepresidenta Roxana Baldetti.

El 16 de abril de 2015, cuando fue presentado ante los tribunales de justicia el caso “La Línea”, se capturó al entonces superintendente de la SAT, Omar Franco, así como a su antecesor, Carlos Muñoz, y a varios miembros de la red criminal, tanto de la estructura interna como de la externa y se emitió orden de captura internacional en contra de Juan Carlos Monzón, quien el 5 de octubre de 2015 se entregó a la justicia y fue ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. En esta fase, fueron ligadas a proceso 24 personas por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

* CANTIDADES DE DATOS
Y MILES DE PRUEBAS

Avanzó la investigación luego de una serie de allanamientos en los que se incautó importante prueba documental en varias de las residencias y oficinas de las personas detenidas en abril de 2015, entre las que destacan la oficina de Salvador González y la Boutique Emilio, propiedad de Luis Mendizábal, miembro dela organización y quien se encuentra prófugo de la justicia.

En esta fase, el MP y la CICIG pudieron constatar que existían evidencias que ligaban a otras personas con funciones de liderazgo arriba de la estructura, entre ellos a la Vicepresidenta Roxana Baldetti, quien dimitió del cargo el 8 de mayo de 2015 y a Otto Pérez Molina, quien renunció del cargo de Presidente de la República el 3 de septiembre de 2015, luego que el Congreso le retirara la inmunidad.

En esta fase, las investigaciones determinaron también la participación de la entonces intendente de Aduanas, Claudia Méndez Asencio. Por estos hechos, los tres mencionados fueron ligados a proceso por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera por lo que guardan prisión preventiva.

Este caso ha identificado una estructura con mandos en diferentes niveles, dentro y fuera del Estado, los cuales se han develado conforme han avanzado las investigaciones.

Ante el juzgado contralor la Fiscalía Especial contra la Impunidad no ha recurrido por el momento a un solo testigo o colaborador eficaz, pues las imputaciones realizadas en contra de los miembros de la estructura se han basado en el análisis de grandes cantidades de datos obtenidos con pruebas científicas.

Esto, dado que se cuenta con una bitácora de actuaciones dentro del proceso que incluye un aproximado de las siguientes acciones en la fase 2 de la investigación (21 de agosto de 2015) Intercepciones telefónicas: 88,920 sesiones. Correos electrónicos: 5,906.Extracciones forenses: 175,000 documentos .Informes de instituciones: 100.Allanamientos realizados: 17.Documentos encontrados en allanamientos: 650,000 folios. Declaraciones de mercancías: 2,814.Desplegados telefónicos y agendas telefónicas: 100 en 32 agendas.

Información financiera requerida sobre al menos 100 personas y 22 empresas. Se giraron órdenes de captura, de las cuales 32 fueron ejecutadas y 17 están pendientes de captura.

* 340 IMPORTADORES USARON
“LA LÍNEA” PARA DEFRAUDAR

Durante el tiempo de la investigación se han detectado aproximadamente 1,500 Declaraciones Únicas Aduaneras alteradas con el fin de pagar menos impuestos.

Hasta el momento, se ha determinado que “La Línea” era utilizada por al menos 340 importadores, quienes recurrían a este mecanismo de defraudación para ingresar mercadería por las diferentes aduanas del país. Las investigaciones también han determinado que en algunos casos, para realizar estos actos de corrupción en las aduanas del país, los importadores creaban empresas fraudulentas, usurpando nombres de compañías y de personas reales con el fin de obtener el número de identificación tributaria. Esto quiere decir que muchos de los nombres que aparecen en listas de importadores no corresponden necesariamente al verdadero importador.

Luego de un análisis documental la FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad) solicitó al juez contralor la captura de los primeros nueve importadores, usuarios de “La Línea”, dado que se estima la participación de 340 importadores...

OTROS CINCO CASOS
INVESTIGADOS POR LA CICIG

Estos fragmentos, de la primera etapa de investigación muestran tanto la seriedad de la misma como la gravedad de los hechos. No deja de ser importante señalar que Luis Mendizábal, dueño de la Boutique Emilio, citada en este informe de la CICIG, está casado con una señora de apellidos Fernández Matis-Regalado, de la oligarquía salvadoreña y que, prófugo de la justicia, se encontraría probablemente resguardado en El Salvador por esa relación y, hasta el momento, a cubierto de solicitudes de extradición.

También hay que destacar que durante el año 2015 la CICIG investigó varios otros casos que están a la espera de juicio. El primero, el del fraude cometido en el IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social), que encargó a la droguería PISA suministrar lo necesario para diálisis peritoneales, con la consecuencia de 17 muertes. El entonces director del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, militar en retiro, había sido secretario privado de Otto Pérez Molina.

Otra investigación realizó la CICIG en el caso IGSS-Chiquimula, una trama para que una empresa del diputado Baudilio Hichos remodelara la sede del IGSS en Chiquimula, ocultándose esa transacción a través de una licitación otorgada a una empresa que actuó como testaferro. Como resultado de la investigación, Hichos no pudo asumir la diputación para la que fue electo por estar bajo antejuicio.

Otra investigación ha sido la de las plazas fantasmas en el Congreso Nacional, que involucra a Pedro Muadi, ex-presidente del Congreso y ex-miembro del CACIF, que agrupa a los gremios empresariales. Muadi se entregó a la justicia y está encarcelado.

Otra investigación se conoce como “Redes”, un caso de extensa actividad de tráfico de influencias, donde están implicados funcionarios públicos, un juez y personas particulares, teniendo en su centro a César Augusto Medina Farfán, como “gestor de influencias”. Las tramitaba a través, entre otros, de Gustavo Martínez, ex-secretario privado y yerno de Pérez Molina. Se beneficiaron de estas influencias al menos dos empresas, Zeta Gas Centroamericana y Jaguar Energy, además de un director de la SAT actualmente preso.

La quinta de estas investigaciones es la que atañe a TCQ (Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal). En 2012, primer año de gobierno de Otto Pérez Molina, la empresa Terminal de Contenedores Barcelona negoció el usufructo por 25 años de 384,171 metros cuadrados de Puerto Quetzal en el Pacífico guatemalteco, por 6.5 millones de quetzales. La CICIG afirma en su investigación que las escuchas del caso “La Línea” indican que debajo de esta negociación hay un enorme soborno que alimentaría también la bolsa de Pérez Molina y Baldetti.

El 2 de junio de 2016, Diego Alvarez, jefe de prensa de la CICIG, dio a conocer al público el comunicado 047 sobre lo que llamaron “Caso de cooptación del Estado de Guatemala”. Copiamos textualmente algunos fragmentos de este informe por su importancia para entender la gravedad de lo descubierto.

* “SE TRATA DE UNA
ESTRUCTURA CRIMINAL MAFIOSA”

Cuando el 16 de abril de 2015 se presentó el caso de “La Línea” se pensaba que se estaba ante una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas para generarse beneficios económicos.

Conforme avanzaron las diligencias judiciales -especialmente los allanamientos y las escuchas telefónicas- se detectó que, en realidad, se trataba de una organización criminal que llegaba hasta los entonces Presidente y Vicepresidenta del país. Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, cuatro años antes de que el Partido Patriota asumiera el poder.

Algunos de estos nombres y empresas aparecieron en casos presentados por el MP y la CICIG como “La Línea”, la TCQ y el caso del Lago de Amatitlán. Y se tenía suficiente evidencia de participación en otras investigaciones en curso.

Derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que llevó a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías.

Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del año 2007 y siguió funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).

Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino de una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero, con apariencia de legalidad en muchos casos, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones.

Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota.

* “EL OBJETIVO
ERA LAVAR DINERO ILÍCITO”

Investigación:1. Toda la documentación incautada fue sometida a una investigación y análisis minucioso que incluyó la reconstrucción de los movimientos bancarios de cada una de las entidades, el establecimiento de las actividades mercantiles, el origen y destino de los dineros que a través de las entidades circularon en ingresos y gastos y el perfil de los clientes, socios y representantes legales.

2. Lo anterior permitió establecer que Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías fueron los creadores y beneficiarios de todo el conglomerado empresarial por medio de terceras personas (testaferros).

3. A través de estas empresas, ambos recibieron beneficios de todo tipo: desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, hasta la compra de aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimiento de los mismos.

4. A medida que avanzó la investigación se detectaron nuevas entidades vinculadas a la red empresarial, lo que condujo a realizar nuevos allanamientos para documentarlas.

5. Se recibió además casi un centenar de declaraciones ministeriales de socios y representantes legales de las empresas, abogados, auditores, contadores y proveedores de servicios. El objetivo del esquema financiero era lavar dinero de origen ilícito.

Lo anterior permitió comprobar que la red empresarial detectada fue el vehículo diseñado para ocultar dineros provenientes de la comisión de diversos delitos por parte de Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti por lo menos desde enero de 2009 hasta abril de 2015, con la participación de varios operadores.

*EL CASO DE LAS TELEVISORAS

Modalidad 1 de financiamiento electoral ilícito: El caso de las televisoras.

En el año 2008 Otto Pérez Molina, secretario general del Partido Patriota, se perfilaba como el candidato presidencial, por lo que captar fondos destinados a la campaña electoral era una prioridad para la estructura.

Para ello se echó a andar todo un entramado de empresas controladas por Roxana Baldetti para captar fondos, entre ellas: Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer. Las entidades empezaron a recibir flujos de dinero de Radiotelevisión Guatemala S.A. (Canal 3) y Televisite S.A. (Canal 7). Conforme avanzó la campaña Canal 3 y Canal 7 incrementaron los pagos a las cuatro empresas…

Las empresas de televisión que hicieron pagos a entidades de Roxana Baldetti durante la campaña (2008-2011) fueron beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de posesión (2012).

La investigación permite concluir que las empresas de publicidad fueron instrumentos para canalizar los dineros que de manera oculta entregaban los representantes de las empresas de televisión a la entonces diputada y aspirante a la Vicepresidencia, Roxana Baldetti Elías. Este dinero no se reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se utilizó para la compra de vehículos último modelo: 10 camiones, 1 microbús, 4 camionetas Toyota y una camioneta Chevrolet, que se utilizaron para la campaña presidencial del Partido Patriota.

* CÓMO FINANCIARON
AL PARTIDO PATRIOTA

Modalidad 2 de financiamiento electoral ilícito: Conglomerados de empresas.

A la estructura criminal del PP se le hizo fácil hacerse con el poder gracias al financiamiento de empresarios de todo tipo. Los empresarios entregaban el dinero a las entidades que los operadores del PP les indicaban, a sabiendas de que no recibirían por ello algún bien o servicio, pues en la mayoría de los casos se trataba de empresas de cartón. Respecto a los pagos vía constructoras, a los empresarios se les facturaba por servicios intangibles y difíciles de rastrear, por ejemplo “uso de maquinaria por mil horas”, modalidad que se repite constantemente.

Modalidad 3: Simulación del origen del financiamiento reportado al TSE

Como todas las organizaciones políticas, el Partido Patriota entregaba de forma mensual su reporte de gastos de campaña al TSE. En los informes sobre Ingreso de Aportaciones Dinerarias por Afiliados y Simpatizantes, firmados por Julio Cesar Godoy Anleu, del órgano de fiscalización del partido, se detectaron varios financistas que triangularon fondos para ocultar el origen del dinero.

Con esta modalidad el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña electoral, que provenía de empresas y personas particulares, cuyo origen se ocultó por medio de las empresas de Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández. En los reportes consignados al TSE se ve, mes a mes, cómo las empresas de Monzón y Hernández aparecen reiteradamente como financistas, cuando en realidad recibían fondos de otras entidades.

* ERAN EL PODER REAL

El 14 de enero de 2012 la estructura criminal asume el poder.

La maquinaria ilícita de lavado de dinero que les sirvió para llegar al poder siguió operando y se amplió a partir del año 2012. Para ello se valieron de operadores claves a quienes se les asignaron determinadas instituciones, los cuales respondían a un mando único integrado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Desde ahí se coordinaba todo un andamiaje paralelo que operaba en función de los intereses del grupo criminal, por medio del cobro de comisiones en contratos con el Estado, así como por la asignación de obras y servicios, entre otros.

Es importante señalar el rol que jugaron los distintos operadores en el esquema criminal pues eran clave para que la estructura consiguiera sus objetivos.

1. ERAN EL PODER REAL. Ejercían el poder real de las entidades. En algunos casos el operador era de facto -no estaba nombrado en la institución a su cargo- y en otros casos sí tenía cargo público.

2. DETERMINABAN PRIORIDADES EN LAS INSTITUCIONES DEPENDIENDO DE LOS INTERESES DE LA ESTRUCTURA. Así, programas, proyectos, contratos y pagos de deuda, entre otros, eran priorizados con el objetivo de recaudar determinadas comisiones.

3. PACTABAN EL COBRO DE LAS COMISIONES. Tenían la instrucción de tramitar una comisión de por lo menos el 10%, denominada Incentivo Comercial Monetario (ICM) para tramitar los contratos nuevos y en curso.

4. CONTROL DE PAGOS. Controlaban la gestión en pos de obtener dineros para la estructura en función de la posición jerárquica, normalmente el 60% para Presidente y Vicepresidenta y el 40% para los restantes partícipes.

5. NIVELES DE LOS OPERADORES. Dentro de esta función también había divisiones, pues por el número de instituciones a su cargo, se identifican grandes y medianos operadores.

* ALCANCES
DE LA ESTRUCTURA MAFIOSA

En las diligencias de investigación se han identificado al menos 450 contratos dentro de instituciones del Estado que fueron diligenciados por esta estructura criminal.

Lo presentado hasta hoy constituye una especie de “corte de caja” que muestra la situación actual de la investigación. Es importante indicar que en varios de estos casos fue clave el análisis de las evidencias digitales y documentales recuperadas en los allanamientos practicados a partir del mes de abril de 2015, lo que permitió descubrir los registros de control de ingresos financieros ilegales que consignaba Juan Carlos Monzón.

A partir de los registros encontrados se evidenciaron los contratos que las entidades intervenidas por la estructura asignaban a determinados contratistas contra pago de comisiones, que eran distribuidas entre jefes y equipo. A este mecanismo perverso dentro de la estructura se le denominó Incentivo Comercial Monetario (ICM). Se determinó que el monto de ICM asciende por lo menos a 500 millones de quetzales, que a un valor de 7.75 quetzales por 1 dólar, ascendería a alrededor de 64 millones y medio de dólares.

* CAPTURAS Y DETENCIONES

En la investigación fueron capturados 23 hombres y 2 mujeres, acusados de distintos delitos: financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho activo, y cohecho pasivo.

Se giraron siete órdenes de detención a nivel internacional de 4 hombres y 3 mujeres. Se solicitaron seis órdenes de conducción para ampliación de nuevos hechos delictivos a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti, ambos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y también otros cuatro hombres.

Permanecen prófugos de la justicia 17 hombres y 3 mujeres. Se han hecho citaciones para primera declaración a 14 personas. Se han realizado 42 allanamientos en el departamento de Guatemala, 3 en Izabal y 1 en Zacapa. Para todos estos operativos han sido empleados 300 agentes de la Policía Nacional Civil con 60 autopatrullas.

UN NUEVO ESCÁNDALO:
“LA COOPERACHA”

En la lista de prófugos varones aparecía inicialmente Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, hasta hace poco Director del Banco Granai Townson-Continental, por su segundo apellido miembro de la familia Castillo, que remonta su origen al conquistador y cronista de Indias Bernal Díaz del Castillo. Son dueños de la Cervecería y fundadores del Banco Industrial. Y entre las prófugas aparecía Daniela de la Luz Beltranena, perteneciente a antiguas familias de la élite guatemalteca. Ambos se entregaron ya a la justicia.

Días después de que la CICIG hiciera pública esta información estalló un nuevo escándalo. El 11 de junio de 2016 el Ministro Rivas, la Fiscal Aldana y el Comisionado de la CICIG convocaron a una conferencia de prensa para leer un comunicado, el número 51, que titularon “La Cooperacha”, palabra que se usa en Guatemala para indicar, tanto el dinero puesto en común para celebrar una fiesta de gente emparentada o unida por la amistad, como el dinero que reúne un grupo de amigos y amigas para regalarle algo a alguno de ellos en su cumpleaños.

El comunicado leído ese día, que detalla el caso y anuncia la captura de dos ex -ministros de Pérez Molina, Héctor Manuel López Ambrosio (Defensa) y Héctor Mauricio López Bonilla (Gobernación), lo reproducimos también porque es revelador de lo que estaba pasando en este país….

* “PARA AGRADAR AL JEFE”

Como parte de una lógica perversa del ejercicio del poder político, el Presidente Otto Perez Molina y la Vicepresidenta Roxana Baldetti, junto al grupo de ministros más cercanos a la pareja presidencial, se organizaron cada año en torno a las fechas de los cumpleaños de ambos mandatarios con el objetivo de cooperar para reunir sumas elevadas de dinero que tuvieron como destino la adquisición de bienes de súper lujo entregados en calidad de “regalo presidencial” y “vicepresidencial”.

Los funcionarios públicos que participaron repetidamente en la compra y entrega de estos suntuosos bienes tenían por intención “agradar al jefe”, muy a la usanza de las estructuras de delincuencia organizada que garantizan su permanencia dentro de la jerarquía y su permiso de operación mediante el otorgamiento de dádivas al jefe de la organización.

¿Qué implicaba la cooperacha? En los años 2012, 2013 y 2014 varios de los entonces ministros del gabinete de Otto Pérez Molina le obsequiaron bienes de alto valor. Estos “regalos” eran entregados al Presidente en ocasión de cada cumpleaños. Para ello se realizaba una especie de cooperacha (aporte) de dinero en efectivo, que era recaudado por Juan Carlos Monzón, secretario privado de la entonces Vicepresidenta Roxana Baldetti, quien decidía qué bien se compraba. En tres regalos documentados, varios ex-ministros y un presidente del seguro social invirtieron cantidades millonarias, que en algunos casos no se ajustaban a los patrimonios reportados por ellos en sus declaraciones de probidad.

* “PARA NO DEJAR RASTRO”

Entre los regalos obsequiados a Otto Pérez Molina se encuentra una lancha lujosa, una casa en la playa y un helicóptero. La lancha fue comprada por un valor de 2 millones de quetzales, la casa de playa ubicada en Taxisco; Santa Rosa, en 1 millón de dólares; el helicóptero Bell 470GX, modelo 213, fue adquirido por 3 millones y medio de dólares. El total de éstos y otros regalos para el ex-mandatario fue de 33 millones de quetzales.

En la compra de un inmueble para Roxana Baldetti en Pristine Bay, Roatán, Honduras, se utilizó el mismo esquema que para los regalos de Otto Pérez Molina, con la diferencia de que es Pérez Molina quien se convierte en el organizador del aporte.

Juan Carlos Monzón recibió 500 mil dólares como aporte de los mismos funcionarios que se organizaban con el fin de recaudar los fondos para los regalos de Pérez Molina.

Era ilícita la procedencia del dinero recaudado. Los aportes se realizaban en efectivo para ocultar las transacciones y no dejar rastro del dinero, lo que indica un ánimo de ocultar origen y destino de los fondos...

En algunos casos, si bien las declaraciones de probidad revelan capacidad de disposición dineraria, llama poderosamente la atención que para cubrir el valor de los aportes acudieron a entregarlos en efectivo, en cajas o bolsas y en las instalaciones de las instituciones donde laboraban los funcionarios que aportaban. Este método es comúnmente utilizado para ocultar transacciones y no dejar rastro de las mismas, circunstancia indicativa de su ánimo de ocultar la entrega del dinero ante terceros.

* “DESCONTROLADO AFÁN
POR UNA VIDA DE LUJOS”

Los miembros de la estructura, en abuso de sus calidades como funcionarios públicos, desarrollaron acciones por medio de las cuales tomaron las instituciones de Estado como un botín, del cual podían disponer con toda discrecionalidad para sustraer enormes cantidades de dinero destinadas a asegurar sus puestos en el gobierno mediante la entrega de carísimos regalos al Presidente y a la Vicepresidenta de la República.

La conducta de los miembros superiores de la organización, quienes decidían cuáles eran los bienes a adquirir en calidad de regalo, y la conducta de los ministros y funcionarios de gobierno de obtener recursos ilícitos para satisfacer estos incomprensibles e injustificables caprichos, evidencian el total irrespeto de esta estructura por el buen destino y ejecución de los recursos del Estado.

La sustitución del interés público por el interés egoísta del enriquecimiento ilícito fue una constante en el gobierno del Partido Patriota. Este caso ilustra los extremos a los que esta estructura llegó en su descontrolado afán por ostentar una vida de lujos ilimitados.

Los implicados en este caso son, además de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ya en prisión por otros casos, Hector Manuel López Ambrosio, ex-Ministro de Defensa; Héctor Mauricio López Bonilla, ex-Ministro de Gobernación, ambos capturados; Alejandro Sinibaldi Aparicio, ex-Ministro de Comunicaciones; Erick Estuardo Archila Dehesa, ex-Ministro de Energía y Minas, ambos con orden de captura internacional; y Ulises Noé Anzueto Girón, ex-Ministro de Defensa y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, ex-Director del Seguro Social.

MONZÓN: UN ALACRÁN

Ha sido hasta junio de 2016 que la audiencia preliminar contra Pérez Molina y Baldetti ha tenido lugar. El ex-secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, actúa en la audiencia como testigo “colaborador eficaz del Ministerio Público”.

Después de varias sesiones prestaron declaración Pérez Molina y Baldetti. Él ha negado los cargos, ha rechazado que el juicio se monte sobre las declaraciones de Monzón y ha reclamado que no existan auditorías fiscales que prueben su enriquecimiento. Baldetti declaró a Emisoras Unidas que no sabía que tenía “un alacrán en la camisa que la ha traicionado” y asegura que sólo los casos de “La Línea” y el de TCQ, tienen fundamento y que el caso Cooptación del Estado y el caso Cooperacha son “inventos”.

Ambos han acusado a la CICIG de sembrar odio entre los guatemaltecos y han denunciado al Estado por declarar extinción de dominio de las propiedades de ambos antes de que existan sentencias.

GOLPE A LOS GRANDES
EVASORES DE IMPUESTOS

Además de estas revelaciones fue nombrado como nuevo Superintendente de la SAT el hijo de la poetisa asesinada Alaíde Foppa Falla, Juan Francisco Solórzano, quien ha empezado a trabajar con gran seriedad.

Uno de los casos que ya ha levantado es el de la evasión de impuestos de una de las mayores empresas, Aceros de Guatemala, cuyo principal accionista es José Luis Gabriel Abularach. Según el medio digital “Plaza Pública”, las más de 90 mil escuchas telefónicas que sirvieron al MP y a la CICIG para investigar el caso “La Línea” “siguen teniendo cola” e informa que a partir de esta investigación, “identificaron otra de las operaciones criminales de esta estructura y llegaron hasta el primer pez gordo del caso: la empresa Aceros de Guatemala S.A., compañía líder en el sector de hierro para construcción”. La cual acusan de defraudación tributaria por una millonaria cantidad entre 2006 y 2009.

Aceros de Guatemala fue inscrita en 1981 con un capital de 3.5 millones de quetzales y en 2013 llegó a tener 800 millones. Se dice que su administrador único, José Luis Gabriel Abularach, ha aceptado su responsabilidad y propone comenzar una nueva ruta pagando mucho más que 800 millones de quetzales para seguir adelante con su negocio.

UN “PROTECTORADO”DE LA EMBAJADA

Todo lo que está ocurriendo hoy en Guatemala, estos casos y otros que podrían venir, nos lleva a subrayar nuevamente el papel de la embajada de Estados Unidos. Sin ellos nada de esto hubiera ocurrido.

A pesar de que los grandes capitalistas guatemaltecos expresan frecuentemente su asombro y dicen que no saben qué pretende Estados Unidos, el embajador Todd Robinson no deja de transmitirles que es necesario que paguen impuestos y que inviertan en Guatemala, pues de lo contrario será imposible construir un país que alcance la necesaria prosperidad que detenga el ansia por vivir mejor emigrando a Estados Unidos.

Mucha gente piensa hoy en Guatemala, también fuera de Guatemala, que esta especie de “protectorado” que Estados Unidos ha instalado en nuestro país tiene la ventaja de poner contra la pared a clases empresariales sin corazón y con una única patria: su riqueza. Y aunque esto es cierto, hay que mantener la cautela, una permanente luz roja intermitente, al ver el desastre inducido por la intervención de Estados Unidos en países de otras latitudes y de cultura profundamente diferente a la anglosajona.

UN MUNDO ANCHO Y AJENO
PARA QUIENES EMIGRAN

El mundo en el que vivimos no es un hogar para los emigrantes, a pesar de que todos los datos indican que su presencia mejora las economías de los países receptores.

Pero la perturbación que causan los migrantes en la identidad cultural pesa más y se falsifican las evidencias económicas. Lo vemos en la incapacidad de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para decidir en favor de las medidas del Presidente Obama en favor de los inmigrantes. Lo vemos en el Brexit inglés y galés (Escocia e Irlanda del Norte lo han rechazado). Lo vemos en el rechazo de la Democracia Cristiana bávara contra su aliada federal, la Canciller Merkel. Lo acentúan los campamentos semicarcelarios de emigrantes en Grecia para que las familias sirias que buscan la paz dejen de entrar en Macedonia y en el resto de Europa.

Y sobre todo, lo ponen al descubierto los avances de los populismos nacionalistas que han estado a punto de elegir a un presidente de este signo en Austria y podrían elegir a Marie Le Pen en Francia. Lo descubren los rechazos a los emigrantes en Hungría Polonia, Dinamarca y otros países. También en España, que se comprometió a recibir a 18 mil refugiados sirios y apenas ha recibido a 80.

El Papa Francisco, que acude a Lampedusa y a Lesbos y trae al Vaticano a unas familias sirias, debe estar profundamente dolido con la falta de eco de sus gestos. Sólo falta que las encuestas fallen y Trump sea elegido. Sí, nos acecha una inhumanidad en grado altísimo.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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