Nicaragua
En una encrucijada crítica y sin “saber adónde vamos”
A sólo un mes de las elecciones
la coyuntura pre-electoral se aceleró y se complejizó
con la señal enviada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos
al aprobar un proyecto de ley
que le exige a Ortega elecciones libres
como condición para concederle a Nicaragua
los préstamos que solicite a las instituciones financieras internacionales.
¿Qué pasará antes del 6 de noviembre? Y aún más importante: ¿qué pasará después?
Equipo Envío
Si una masiva abstención en estas elecciones era el cierre que culminaría la deslegitimación de las elecciones del 6 de noviembre, el nuevo escenario abierto por la señal enviada desde Washington con la llamada Ley Nica añade a la incertidumbre que ha acompañado todo el proceso electoral, y a la cuestión que atañía a la ciudadanía (“votar o no votar”), una nueva cuestión que a quienes más atañe es al grupo en el poder, al gobierno y a sus aliados de la élite empresarial: “qué hacer o no hacer” ante elecciones tan severamente desacreditadas antes de celebrarse.
Pareciera que los dos aniversarios de Rubén Darío, el centenario de su muerte en 2016 y el 150 aniversario de su nacimiento en 2017, han marcado la coyuntura nacional con las ansiedades que él reflejó en el más famoso de sus poemas, “Lo fatal”. Hemos transitado todo este año electoral “sin rumbo cierto” y le toca ahora a Nicaragua iniciar el próximo año con la desazón que causa “no saber adónde vamos”.
DE FORMA EXPEDITA Y UNÁNIME
El 15 de septiembre era fiesta patria en Nicaragua, el aniversario 195 de la independencia de la Colonia española. Ese día se celebró en el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos una audiencia titulada “El colapso de la democracia en Nicaragua”.
Menos de una semana después, el 21 de septiembre, por procedimiento expedito y con unanimidad, los 435 legisladores, demócratas y republicanos, de la Cámara de Representantes, aprobaron la Nicaraguan Investment Conditionality H.R.5708, conocida como Nica Act (Ley Nica), que condiciona los préstamos a Nicaragua en las instituciones financieras internacionales a que el gobierno celebre elecciones libres. La ley ordena también al gobierno de Estados Unidos realizar una investigación de inteligencia sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos de los más altos funcionarios del gobierno de Ortega y del propio Presidente. Nadie previó algo así antes del simulacro electoral del 6 de noviembre.
La inesperada reacción de Washington llegó como respuesta a la cadena de decisiones tomadas por Daniel Ortega desde el 4 de junio para asegurarse un período de cinco años más en el gobierno sin arriesgar ni un ápice del poder que ha concentrado en estos diez años, calculando que podría hacer cualquier cosa sin que hubiera repercusión alguna allende nuestras fronteras.
LEY NICA: UNA SEÑAL MUY CLARA
El receso en que entró el Senado para que sus miembros se dedicaran a la campaña electoral estadounidense, que culmina el 8 de noviembre, frenó el proceso de aprobación de la ley.
Sin embargo, todo indica que la aprueben éstos u otros congresistas, con idéntica o con una redacción aún mejor, con nuevas enmiendas o sin ellas, el proyecto llegó para quedarse y volverá a resurgir en 2017 porque el tema del colapso de la democracia en Nicaragua y el de la corrupción gubernamental son ya, y seguirán siendo, temas de preocupación en Washington.
La señal que Estados Unidos ha enviado al gobierno de Ortega es muy clara, el reclamo seguirá latente y será un desafío presente en el escenario económico y político de Nicaragua hasta que la ley se apruebe y complique aún más las cosas en Nicaragua... o hasta que haya en Nicaragua una respuesta que logre neutralizar este reto.
UNA “TORMENTA PERFECTA”
Desde el 4 de junio, y aún desde antes, el Presidente Ortega fue el más activo deslegitimador de las elecciones del 6 de noviembre hasta convertirlas en un remedo. Buscar su tercera reelección en una contienda sin observadores, excluyendo de la competencia a la única oposición creíble, dejando participar únicamente a partidos apermisados por él, con control total de las estructuras electorales, llevando como fórmula a su esposa como sucesora en el cargo y con resultados conocidos de antemano, fue sembrando vientos…
Todas estas decisiones de Ortega crearon una escalada de inconformidades en Nicaragua y muy pronto llamaron la atención internacional. Hasta que, tras un silencio informativo de muchos años, nuestro país y su gobernante pasaron a primeras planas, a editoriales de medios influyentes de Washington, a comentarios críticos en América Latina y en Europa.
Y aunque las decisiones del gobierno estadounidense en países como el nuestro son siempre desproporciona¬das, por ser tan desigual el poder de ellos y el nuestro, la realidad es que esta tormenta se veía venir, el responsable de activarla fue Ortega, hasta que los vientos que sembró aquí se convirtieron, con la decisión de Washington, en una “tormenta perfecta”.
EFECTOS Y PREVISIONES
En páginas siguientes el economista Arturo Grigsby analiza en detalle los efectos que tan sólo el anuncio de la ley tiene ya, y tendrá en los próximos meses, en la economía nacional, que ya enfrentaba serios problemas con el declive de la cooperación petrolera venezolana.
La señal enviada por Washington provoca una falta de credibilidad en la economía nicaragüense, que afecta tanto a inversores internacionales como a los grandes empresarios nacionales, que han pasado años legitimando al actual gobierno, basándose en el crecimiento económico que ha logrado el país y en la seguridad y estabilidad que el modelo que han construido en alianza con Ortega aporta al clima de negocios.
De aprobarse, la Ley Nica afectaría los préstamos que, de forma concesional (bajos intereses, plazos de pago prolongados), el Banco Mundial y el BID brindan a Nicaragua. Con esos recursos el gobierno financia anualmente la cuarta parte de las inversiones públicas.
Al referirse a la Ley Nica, la embajadora de Estados Unidos en Managua, Laura Dogu, mencionó el origen de estos recursos: “Muchos de los fondos disponibles en las instituciones financieras internacionales pro¬vienen de los impuestos que pagan los estadounidenses. Y los miembros del Congreso expresaron que no quieren que esos fondos deban beneficiar a un gobierno que no escucha a sus ciudadanos”.
Aclaró Dogu que las sanciones expresadas en la Ley Nica no significan un “embargo económico” ni afectarían el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, en vigencia desde hace diez años.
CONCERTACIÓN, DIÁLOGO…
Antes de que apareciera la Ley Nica el grupo en el poder y sus aliados de la gran empresa privada estaban ya organizando un plan para surfear las olas que provocaría la cantada ilegitimidad de estas elecciones y enfrentar así mejor un año 2017 que iniciaba con las presiones que sobre el modelo económico montado durante estos años tiene la crisis de Venezuela, que viene disminuyendo las cantidades de petróleo que envía a Nicaragua en condiciones de pago concesionales.
El 2 de septiembre, en el aniversario del Ejército que dirigió hasta 1995, el general en retiro Humberto Ortega propuso para después del evento electoral una “concertación nacional” con el claro, aunque no declarado propósito, de legitimar la nueva reelección de su hermano. Desde que esa propuesta empezó a rodar, la pregunta más escuchada era quiénes serían los actores que aceptarían participar en una concertación que estaría dirigida por el reelecto Presidente y la nueva Vicepresidenta…
Días después, el 8 de septiembre, en su discurso al ser elegido por décima vez como presidente del COSEP -principal aliado del gobierno-, José Adán Aguerri afirmó: “Los resultados en el orden económico nos avalan ante la población, el empresariado, los in¬ver¬¬sionistas y el mundo. No así los resultados en el orden político, donde todos hemos fracasado”. Ese día demandó del gobierno un “diálogo político” reconociendo que la incertidumbre en el ámbito político afectaba “el clima de negocios”, dando por supuesto que el diálogo debía producirse después del proceso electoral, al que no se refirió.
EL VICIADO SISTEMA ELECTORAL
Fue días después de la propuesta de Ortega y de la demanda de la élite empresarial cuando habló Washington. Y nuevas sugerencias agarraron vuelo. Venían lastradas con muchas más preguntas que la de quiénes participarían en un encuentro como el que planteaba Humberto Ortega.
¿Dialogar antes o después de las elecciones…? El general en retiro y quienes apoyan la gestión de su hermano coincidían en que debería ser después. Otros decían que era urgente y debía ser antes. Y otros muchos se preguntaban cuál sería el verdadero objetivo de ese diálogo.
¿Dialogar para “contentar” a Washington? Lo que exige la Ley Nica son elecciones libres. Eso supone una profunda transformación de todo el viciado y ya colapsado sistema electoral nicaragüense. Supone revisar la ley electoral para reformar algunos de sus aspectos, producto del pacto Ortega-Alemán y restaurar, entre otros derechos, el de la suscripción popular. Supone seleccionar por consenso nacional a autoridades y a funcionarios electorales de todos los niveles realmente independientes, legalizar partidos políticos arbitrariamente ilegalizados, depurar el padrón electoral, transparentar la entrega de cédulas, garantizar la observación electoral…
PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
¿Existe voluntad política en el grupo en el poder para desmontar el sistema electoral? ¿Por dónde empezar? ¿Hay tiempo para hacer algo antes del 6 de noviembre? ¿No sería mejor suspender las elecciones de noviembre? ¿O posponerlas? ¿Y hasta cuándo? ¿Juntarlas con las elecciones municipales, convocadas para noviembre de 2017 y dedicar todo el año al desmontaje? ¿Someter el tema a un referéndum? ¿Oportunidad para convocar una Asamblea Constituyente? ¿Quién la convocaría y quiénes la integrarían? ¿Oportunidad para reformar la Constitución? ¿Y qué reformar? ¿Abrir un período de transición? ¿Quién lo abriría y cuándo se cerraría…?
Tantas sugerencias, tantas preguntas, tanta incertidumbre en las preguntas, tanta incertidumbre en las respuestas… y ése “no saber adónde vamos” con una, con otra opción... o con ninguna.
LOS COMPROMISOS DE ORTEGA
Cuando Daniel Ortega regresó al gobierno en 2007 estaba decidido a lograr las más armoniosas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Las demandas básicas de Washington fueron: mantener la economía de mercado respetando el CAFTA, respetar la democracia y colaborar con la DEA en la lucha contra el narcotráfico.
Ya en la oposición el FSLN había respaldado el CAFTA y los diputados del FSLN habían votado favorablemente a la aprobación de este tratado de libre comercio, expresión jurídica del libre mercado. La colaboración en la lucha contra el narcotráfico daría continuidad a la política de los gobiernos que precedieron al de Ortega.
¿Y la democracia? Durante estos diez años Washington se ha mostrado satisfecho o, al menos no preocupado, con el cumplimiento que Ortega hacía de la “agenda geopolítica”, que priorizaba los intereses comerciales y la seguridad de Estados Unidos. No hacía mucho caso de los discursos anti-imperialistas y contra “el capitalismo salvaje”, a los que Ortega nunca renunció en estos años. Y fue dejando de lado la “agenda democrática”, tolerando que Ortega avanzara en la consolidación de un régimen de control absoluto y de centralismo autoritario.
En los últimos años del gobierno de Obama, el tándem John Kerry (Secretario de Estado) y Joe Biden (Vicepresidente) influyó en esto, ya que ambos priorizaban no cuestionarlo para no desestabilizar más a la región centroamericana, tan convulsa en el Triángulo Norte.
ANTE EL FRAUDE DE 2008
Nunca la agenda democrática fue descuidada del todo en Washington. La democracia electoral y la democracia representativa son temas que tienen consenso en la agenda internacional de Estados Unidos y en importantes sectores de poder. La preocupación por los incumplimientos de Ortega en su compromiso con la democracia se hizo sentir en estos años en dos ocasiones. En ambas, por fraudes electorales. Y en ambas Hillary Clinton ocupaba el cargo de Secretaria de Estado.
Recién estrenada la administración Obama, el gobierno de Estados Unidos anunció que le congelaba a Nicaragua los 67 millones de dólares que quedaban por entregar como donación dentro del proyecto Cuenta Reto del Milenio, que desde hacía tres años venía beneficiando con recursos y capacitación a productores de Occidente y mejorando la infraestructura de esa zona de nuestro país.
Los fondos faltantes quedaron congelados “hasta que el gobierno de Nicaragua haga frente a las denuncias creí¬bles de fraude en las elecciones municipales de noviembre 2008”. Y como Ortega no hizo frente, la Cuenta Reto del Milenio fue cancelada y Nicaragua perdió esos recursos. También por aquel fraude, la Unión Europea revisó y canceló el apoyo financiero que daba al presupuesto nacional. En aquel año Ortega mostró despreocupación por ambas decisiones confiando en que sustituiría cualquier déficit con la ayuda de Chávez.
ANTE EL FRAUDE DE 2011
En diciembre de 2011, menos de un mes después del fraude electoral en las elecciones generales de ese año, y a causa de él, se celebró en el Congreso de Estados Unidos una audiencia similar a la de ahora, con un título del mismo tenor: “Nicaragua: democracia secuestrada”. El fruto de las resoluciones de la audiencia lo anunció Hillary Clinton un mes después, en enero de 2012: asumiendo las severas críticas de los informes de la OEA y de la Unión Europea sobre los “opacos” resultados de las elecciones con las que Ortega se reeligió, el gobierno de Estados Unidos ejercería un “escrutinio severo” a los recursos para proyectos que el BID y el Banco Mundial financiaran a Nicaragua.
Así como en 2008, Ortega reaccionó insultante y agresivo, con la seguridad de que la cooperación venezolana sustituiría los recursos y los proyectos de la Cuenta Reto del Milenio, en 2011, cuando ya había consolidado el modelo de gobierno corporativo con el gran capital nicaragüense, se mostró muy cauteloso, evitó cualquier provocación, preocupados empresarios viajaron a Estados Unidos a negociar… y el escrutinio nunca se llevó a cabo… o nunca fue severo.
LAS RELACIONES CON RUSIA
Hoy el clima de tolerancia ha cambiado en Washington y de nuevo, la ocasión para calentarlo la brindó en bandeja Ortega antes de cometer un nuevo fraude con el rosario de errores con el que preparó los comicios de noviembre. Él mismo abrió espacios a la “agenda democrática” y, como afirmó la embajadora Dogu, el resultado ha sido que en Washington “la imagen de Nicaragua ha cambiado bastan¬te,¬ pero no de una manera buena”.
A este cambio de imagen y a la preocupación del gobierno de Estados Unidos han contribuido no sólo los atentados contra la democracia. En la audiencia del 15 de septiembre, en la breve presentación inicial que de las relaciones Estados Unidos-Nicaragua hizo, a nombre del Departamento de Estado, Juan González, Subsecretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, apareció también el tema de Rusia.
“Nicaragua -dijo González- ha elegido a Rusia como su aliado en temas de seguridad. Compartimos las preocupaciones del Congreso sobre las actividades de Rusia en todo el mundo y mantenemos un monitoreo muy cercano a la presencia de Rusia en Nicaragua”. Los congresistas asistentes a la audiencia abundaron en este tema, que pertenece a la agenda geopolítica de Washington y a su seguridad.
En el violento reacomodo geopolítico que vive actualmente el planeta, en el que las potencias se disputan territorios, zonas de influencia militar y comercial, recursos, poder, Ortega ha entregado legalmente el país y sus bienes naturales a un empresario chino con el que se asoció para construir en Nicaragua un canal interoceánico, proyecto estancado e ilusorio, pero que el gobierno continúa alimentando con propaganda. Del tema del Canal y de las relaciones con China derivados de esta megaobra nadie habló en la audiencia. Del tema de Rusia sí.
Ortega lleva años buscando el alero de Rusia, un país con vocación de imperio que quiere recuperar a sus aliados de los años de la Guerra Fría. ¿Quién buscó primero a quién? La realidad es que la presencia de Rusia en Nicaragua ha ido en aumento desde 2007. La más grande embajada rusa en Centroamérica se está construyendo en Managua. Y Rusia ha re-militarizado al Ejército, como explica en detalle en páginas siguientes de este mismo número el experto en seguridad, Roberto Cajina.
OTRO COMPROMISO CUMPLIDO
Mientras en la audiencia del 15 de septiembre González hizo el mayor énfasis en los atentados de Ortega contra la democracia, afirmando, por ejemplo, que con sus acciones “ha estado trabajando para transformar de facto el país en un sistema de partido único” y que con ellas “arriesga a convertir las elecciones en una pantomima”, también reconoció el representante del Departamento de Estado que en la “agenda de seguridad”, el gobierno de Ortega “mantiene su disposición como aliado en la lucha contra la migración ilegal y el tráfico de drogas”.
Desde que llegó al gobierno Ortega ha cumplido a cabalidad otro compromiso que asumió con Estados Unidos cuando regresó al poder: frenar y detener a los migrantes que llegan a Nicaragua desde cualquier punto del planeta buscando alcanzar Estados Unidos.
¿Cuántos migrantes han sido detenidos en Nicaragua estos años para cumplir con este compromiso? En el número anterior de Envío, José Luis Rocha facilitaba algunas cifras reveladoras.
MURO CONTRA LOS MIGRANTES
Hoy el problema migratorio es mundial y es creciente el flujo de migrantes que, de varias nacionalidades, están llegando desde el Sur de América a Centroamérica buscando México y la frontera de Estados Unidos.
En 2016 se hizo por fin evidente que Ortega cumple a cabalidad su compromiso. En los últimos meses amuralló con el Ejército la frontera con Costa Rica para evitar que la cruzaran miles de migrantes cubanos. Y más recientemente ha mantenido ese muro para impedirles a miles de haitianos y africanos seguir camino al Norte.
Con ese muro se han cometido acciones que violan derechos humanos. El Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Mi¬gran¬tes lo señaló críticamente a mediados de septiembre, planteando al gobierno de Nicaragua preocupaciones y recomendaciones sobre el trato que está dando a los migrantes.
Se refiere al “uso de la fuerza”, a las amenazas de funcionarios oficiales que han “limitado” el papel de la sociedad civil que quiere apoyar a los migrantes y al hecho de que la detención supera las 48 horas legales, durando en ocasiones meses. Señala también el empleo de la detención y la multa como única alternativa para enfrentar este desafío y recomienda al gobierno no usar la fuerza militar contra ellos, garantizarles asistencia jurídica y servicios consulares e investigar la muerte de migrantes ocurridas en territorio nicaragüense -en agosto perecieron ahogados diez haitianos y africanos-.
Lo más trágico de esta política es la evidencia de que el muro no es impenetrable y no detiene a los migrantes que buscan vida y oportunidades. Sólo los entrega en manos de coyotes y traficantes que les cobran grandes sumas, a veces los asaltan y les adelantan trechos en su camino al Norte. Si el gobierno de Costa Rica ha informado que desde abril ha recibido a 11 mil africanos y haitianos y en septiembre sólo 4,500 continuaban hacinados en refugios en la frontera sur de Nicaragua, donde ese muro les cierra el paso, esto sugiere que buena cantidad de ellos podrían haber cruzado ya por Nicaragua, como en efecto está ocurriendo.
MURO CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Cumplirle a Washington en la demanda de colaborar en la lucha contra el narcotráfico fue el más novedoso de los compromisos que asumió Ortega al llegar al gobierno.
En las páginas de Envío de agosto de 2007, Dora María Téllez celebraba así este compromiso: “La política de contención del narcotráfico es una política del gobierno de Daniel Ortega, pero no era una política de Daniel Ortega antes de llegar al gobierno. Para apreciar la novedad de esta política basta recordar que en los últimos años fueron jueces y magistrados del Frente Sandinista quienes han liberado a muchos narcotraficantes. Bienvenida sea esta política, que es ahora una política de Estado. Y ojalá Daniel Ortega sea coherente y consecuente hasta el final porque es muy importante para Nicaragua que no se le sigan abriendo las puertas al narco¬tráfico, como se las abrieron en los años anteriores, tanto en el sistema judicial como algunos aparatos políticos”.
Varios casos lo demostraron. Queda en la memoria colectiva, por ejemplo, el escándalo que causó la sustracción en 2005, por el magistrado del FSLN en la Corte Suprema de Justicia, Roger Camilo Argüello, de 609 mil dólares de las arcas de ese Poder del Estado incautados al narcotráfico (ver Envío de noviembre de 2005 y de enero de 2006).
CASOS REVELADORES
El paso de los años evidenció altibajos en el cumplimiento del compromiso. En 2012 el asesinato por error de Facundo Cabral en Guatemala en el “caso Fariñas” (empresario nicaragüense vinculado al partido de gobierno y al narcotráfico regional) y el “caso de los falsos Televisa” (una red narco disfrazada de periodistas de la cadena mexicana) fueron reveladores. (Ver amplia información de ambos casos en varios números de Envío del año 2012 y del juicio de los Televisa en varios números de finales de 2015 e inicios de 2016).
Ya en diciembre de 2010, el investigador en temas de seguridad Roberto Orozco aseguraba en las páginas de Envío: “En la Costa Caribe, en Managua y en varias zonas del Pacífico ha surgido y está creciendo un fenómeno que consideramos muy peligroso: la legitimación social de las actividades del narcotráfico. En estos lugares hay estructuras del crimen organizado nacional. Cuando escuchamos “crimen organizado” nos imaginamos a grandes mafiosos mexicanos o colombianos. Pero el crimen organizado nacional y local ya está entre nosotros y es más peligroso que el crimen organizado internacional. De eso hemos venido advirtiendo a las autoridades”.
Me¬nos de dos años después, en Envío de agosto de 2012 afirmaba: “En Nicaragua el narcotráfico ha desarrollado mucho músculo y está generando mucho dinero”.
A pesar del reconocimiento que en su presentación, al inaugurar la audiencia del 15 de septiembre, González le dio a Ortega “por mantener su disposición como aliado en la lucha contra el tráfico de drogas”, varios de los congresistas presentes pusieron en duda esa disposición y pidieron se explicara cómo era posible que la cocaína siguiera llegando en iguales o mayores cantidades a Estados Unidos desde el Sur, atravesando Centro¬amé¬rica y lograra “saltar” el territorio nicaragüense…
LA LEY NICA TRASCIENDE LA DEMOCRACIA
En la audiencia del 15 de septiembre, claro preámbulo de la aprobación expedita y unánime del proyecto de Ley Nica una semana después, González introdujo el problema de las relaciones con Ortega afirmando que el gobierno estadounidense se había pronunciado contra la deriva autoritaria y antidemocrática de Ortega “en público y en privado, tanto en Estados Unidos como en Nicaragua y estamos trabajando para que exista una respuesta a nivel internacional por vía de la ONU, la OEA, la Unión Europa y democracias afines”. También dijo que garantizaba que expresarían su posición “bilateralmente y trabajando con nuestros aliados en foros multilaterales”.
Los contenidos de la ley y los aportes de los congresistas en la audiencia, que mostraron estar muy bien informados de todo lo que ha estado ocurriendo en nuestros país, indican que la Ley Nica trasciende la agenda democrática, pues entre sus objetivos está rastrear otros temas: la corrupción de Ortega y de los funcionarios de su gobierno, la falta de transparencia, incluyendo el lavado de dinero, las violaciones a los derechos humanos… En 120 días, dice la Ley, debe estar listo un informe de inteligencia con nombres concretos y actividades concretas.
ANTE ESTE DESAFÍO
El desafío es complejo, ha sido plantado y quedará planteado para los próximos meses. ¿Cómo va a responder Ortega, los “históricos” del partido de gobierno, la élite empresarial, la oposición organizada y la no organizada, la sociedad civil, la población… ante esta encrucijada a la que Ortega ha arrastrado al país?
Después de una primera y bastante sobria declaración del gobierno, señalando como “injerencista” el proyecto de ley, declaración que el Vicepresidente Omar Halleslevens incluyó en su discurso en la Asamblea General de la ONU, en las esferas oficiales, partidarias y gubernamentales, predominó el silencio público para asentar la sensación de que “aquí no ha pasado nada”.
A través de las redes sociales elementos afines al gobierno han comenzado a amenazar a figuras de la oposición, culpándolas de la aprobación de la Ley Nica, por un viaje que hicieron a Washington para informar en la OEA de la realidad de Nicaragua.
Los analistas más independientes han insistido en que Ortega debe cambiar seriamente de rumbo para evitar que el país sufra una recesión económica, aunque pocos imaginan si lo haría y cómo lo haría. Analistas menos independientes son mucho más cautelosos, aunque no dejan de señalar lo muy preocupante del momento. Con esa misma mezcla de cautela y no escondida inquietud se ha expresado la élite empresarial aliada de Ortega.
Los partidos que decidieron participar en el simulacro electoral, buscando que les toque en premio algún cargo a sus candidatos, evitan referirse a la crisis abierta por la Ley Nica y procuran dar la impresión de que “todo sigue igual”. Dirigentes que integraron la Coalición Nacional por la Democracia, a la que Ortega impidió participar en estas elecciones, han señalado claramente la responsabilidad del mandatario en la aprobación de la Ley Nica.
OPOSICIÓN: UNA CRISIS ANUNCIADA
La Coalición sufrió este mes una crisis anunciada, teniendo en cuenta el golpe que supuso para esta heterogénea alianza de nueve organizaciones el verse excluida del proceso electoral en el último momento. La crisis fue también producto del anunciado retiro de la política de Eduardo Montealegre, quien era su coordinador.
Cuando el 12 de agosto Montealegre -banquero, ex-ministro de los dos gobiernos anteriores al de Ortega y dirigente político más visible en la Coalición- envió desde Estados Unidos un mensaje en el que daba a entender que se daría una “tregua” retirándose de la vida política por consejo de sus abogados y por motivos personales, inició un proceso de gran incertidumbre en el grupo de políticos liberales que han funcionado durante años a la sombra de su liderazgo.
Cuando el 5 de septiembre, la asistente de Montealegre desde sus tiempos en la banca, Kitty Monterrey, anunció el “relanzamiento” de la Coalición excluyendo de ella a cinco de los aliados: los sandinistas del MRS, el PAC -también ilegalizado en esta etapa pre-electoral- un movimiento de liberales, un grupo de la Resistencia y varios liberales del PLI -Eliseo Núñez Morales, Carlos Langrand-, anunciando que el próximo paso sería solicitar al Consejo Supremo Electoral personería jurídica para que el movimiento “Ciudadanos por la Libertad” se convierta en partido político, comenzó a aparecer más claro el escenario post-electoral para el que parecía estarse preparando Eduardo Montealegre: dirigir un nuevo partido que, “dialogando” con Ortega después del 6 de noviembre, se posicionara nacional e internacionalmente como “la oposición”, con el efecto colateral, beneficioso para Ortega, de legitimar su reelección.
Uno de los primeros párrafos del pronunciamiento con el que se “relanzó” la Coalición permite entender mejor lo ocurrido: “Es tiempo de asumir nuevas tareas orientadas a la construcción de una alternativa política que nos permita a los nicaragüenses desterrar de una vez por todas la violencia. Contrario a algunos miembros de la Coalición Nacional por la Democracia, las organizaciones aquí presentes reiteramos nuestra firme creencia únicamente en la lucha cívica y en la salida política, ya que quienes promueven la violencia como mecanismo de acceder al poder terminan, tarde o temprano, convirtiéndose en dictadores”.
La alusión implícita a las posiciones más firmes sí, pero no violentas, de los excluídos de la Coalición quedaba clara.
¿SUCEDIÓ ASÍ?
En unas dos semanas cargadas de especulaciones y recriminaciones, Eduardo Montealegre negó que se hubiera apartado definitivamente de la política. Y habría dicho a algunos de sus seguidores que en el “diálogo nacional” posterior a las elecciones, a inicios de 2017, él estaría “en primera fila” como interlocutor cualificado.
¿A cambio de qué se habría plegado Montealegre a darle un barniz legitimador al simulacro electoral? Des¬de hace años tiene planteada una demanda por injurias y calumnias y penden sobren él señalamientos en el caso de los certificados CENIS, que causaron quiebras bancarias en 2006 (ver Envío de marzo 2008). Además, su hermano Álvaro fue condenado a 22 años de prisión acusado de “crimen organizado” por organizar una estafa financiera a varias familias y sectores sociales del país.¬
Antes de eliminar a la Coalición, el juicio contra su hermano fue retrasado, engavetado y reanudado innumerables veces antes de que un tribunal bajo control de Ortega dictara esa sentencia, a todas luces exagerada.
La demanda contra Montealegre ha sido mantenida en suspenso durante años. A mediados de agosto se anunció que se reanudaría. Sin embargo, el mismo 5 de septiembre, tras el anuncio de Monterrey, volvió a suspenderse indefinidamente. También, se congeló la ejecución de los bienes de Álvaro Montealegre para resarcir a quienes afectó con la estafa.
“POLÍTICA DE REHENES”
Siendo una característica probada y reiterada del gobierno de Ortega judicializar la política, todo conduce a pensar que resolver estos problemas jurídicos los habría negociado Monte¬alegre a cambio de la legalización del nuevo partido “Ciudadanos por la Libertad” y de su participación en el “diálogo nacional”.
Ha sucedido en muchas ocasiones, en distintos contextos y con distintos personajes políticos el que Ortega utilice esta “política oficial de rehenes”, como la llama Edmundo Jarquín, quien la describe así: “Es una de las fa-cetas más crueles del régimen autoritario de Ortega: personas que son retenidas bajo la espada de Damocles de una sentencia judicial que nunca llega, para obligarle a él o a terceros a cumplir determinadas condiciones”. Todos los indicios coinciden en el tiempo y conducen a pensar que por ahí iban a ir las cosas.
A todo esto hay que sumar el peso que tiene, y seguirá teniendo, la heterogeneidad de intereses e ideologías que confluían en la Coalición. Las diferentes visiones, por origen de clase, por trayectoria y por proyectos para el futuro también cuentan.
Montealegre es referente de un modelo con libertad económica y libertades políticas como el que administró el equipo de Enrique Bolaños, mientras que el modelo de los excluídos busca una más justa distribución de la riqueza y una equidad social que no hubo entonces, que no hay hoy, y que es necesaria para enfrentar los graves problemas estructurales del país.
EL COMÚN DENOMINADOR
La crisis fue un momento difícil, de especulaciones y de algunas mutuas recriminaciones. Sin embargo, después de un par de semanas se impuso la sensatez y ha predominado en la mayoría de los dirigentes nacionales y locales de las organizaciones que integraban la Coalición la decisión de buscar coincidencias y dejar para otro momento las diferencias.
Concentran los esfuerzos en consolidar la unidad de las bases de todas las tendencias en el nivel local. En este sentido, fue significativo que cuando Monterrey convocó a los 17 dirigentes departamentales del desmantelado PLI de Montealegre para integrarlos a Ciudadanos por la Libertad sólo acudieron cinco.
A un mes del simulacro electoral, agrupados en los territorios en el Frente Amplio por la Democracia, una mayoría de dirigentes nacionales y locales de lo que fue la Coalición se han ido articulando en torno a un común denominador: denunciar la “farsa electoral”, promover activamente la abstención (“Yo no boto mi voto”), organizarse para cuantificarla el 6 de noviembre, no reconocer los resultados de las elecciones y movilizarse por todos los medios y en todos los terrenos, también en el internacional, para aislar a Ortega reclamando nuevas elecciones, “elecciones de verdad” y rechazando el “diálogo nacional” antes o después del 6 de noviembre.
Otro elemento en el común denominador que hoy aglutina a la oposición, y que incluso aparece en el discurso de los partidos que participan en las elecciones, es la derogación de la ley canalera, Ley 840, que entregó a la empresa china HKND la soberanía nacional.
EN UNA ENCRUCIJADA CRÍTICA
En la audiencia del 15 de septiembre, José González, caracterizó el actual momento de las relaciones con Nicaragua como una “coyuntura crítica”.
No son sólo esas relaciones las que se encuentran en un punto crítico. Es todo el país, es la sociedad civil, es el modelo corporativo, es la élite empresarial, son los políticos, son los intelectuales, son los creyentes y las autoridades religiosas, somos los medios, somos todos, todas, las que hoy vivimos en una encrucijada crítica.
¿Sabremos estar a la altura de este momento? ¿Sabremos encontrar el mejor camino? ¿Sabremos convertir esta crisis en una oportunidad para avanzar, para cambiar de rumbo? ¿Qué harán quienes tienen más poder? ¿Y quienes apenas lo tienen…?
¿A QUIÉN VENCER?
En la oda “A Roosevelt” Rubén Darío escribió: “Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor”. Ya nos lo han hecho sentir. También conocía Darío de los “vigores” de quienes tiemblan. A ellos se refirió en la “Salutación del optimista”, reconociéndolos “dispersos”.
La encrucijada nos encuentra muy dispersos. ¿Se “unirán”, se “secundarán” nuestros vigores? ¿Formarán “un solo haz de energía” que venza al invencible? ¿Será Ortega “el invencible” a vencer? ¿Será sólo Ortega? ¿No será esa cultura política tan débil y cortoplacista, la que durante décadas ha sembrado vientos y hoy cosecha tempestades la que deberemos aprender a vencer?
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica