Nicaragua
Siete prioridades para alcanzar una educación de calidad
Después de presentarnos las cinco áreas prioritarias
en que Nicaragua debe superar el rezago educativo
que arrastra desde hace décadas,
el CIASES hace ahora propuestas concretas
en las siete prioridades que permitirían a nuestro país
contar con una educación de calidad.
Centro de Investigación y Acción Educativa y Social
Después de analizar la situación de rezago en que se encuentra nuestro sistema educativo y la baja calidad de la educación en Nicaragua, hacemos esta propuesta de siete prioridades educativas que nos permitan enfrentar los desafíos del siglo 21. Hemos seleccionado las que consideramos las más importantes y urgentes, en las que el gobierno y la sociedad deberíamos concentrar esfuerzos para avanzar con paso firme hacia un mejoramiento sostenido de la educación en nuestro país.
LO PRIMERO: UN ACUERDO EDUCATIVO NACIONAL
Abogamos por la construcción de un consenso, de un gran Acuerdo educativo nacional, apoyados en un diagnóstico y en propuestas, tanto las que aquí presentamos como las que puedan presentar otras instituciones y organizaciones, tanto privadas como públicas. Un acuerdo así debería contener compromisos esenciales en cuanto a los objetivos y metas nacionales de largo plazo y de mediano plazo. Y también, las políticas, sistemas de gestión, administración y participación educativa, el necesario aporte creciente del financia¬miento público y un mecanismo de diálogo permanente que respalde el que esos acuerdos se implementen de forma estable.
La educación nacional no es tarea exclusiva del Ministerio de Educación o del gobierno de turno. La sociedad nicaragüense comparte esa responsabilidad y está lista para participar activamente en la solución de los problemas acuciantes que enfrenta nuestro sistema educativo. Un Acuerdo así debe ser precedido por un debate amplio en el que participen educadores, estudiantes, directores de centros escolares públicos y privados, funcionarios de los Ministerios de Educación y de la Familia, del INATEC (Instituto Nacional Tecnológico), de los gobiernos municipales y regionales, parlamentarios, centros de investigación, universidades y otras instituciones. Es indispensable también la participación dinámica de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, gremios y sindicatos del sector educativo, organizaciones juveniles y estudiantiles, medios de comunicación, periodistas, empresarios, fundaciones privadas, organizaciones de padres y madres de familia y especialistas en el tema.
En el proceso para diseñar y acordar mecanismos para la formulación de ese Acuerdo, Nicaragua puede beneficiarse de la experiencia de otros países de la región, también de su propia experiencia. Como un aporte a ese debate necesario y a la construcción de un consenso social sobre los grandes objetivos, prioridades y lineamientos de la educación nacional, presentamos estas siete prioridades.
PRIORIDAD 1: AMPLIAR EL ACCESO EDUCATIVO CON EQUIDAD
Nicaragua requiere elevar sus índices de escolarización, con un sistema educativo orientado a superar las inequidades sociales y las exclusiones que existen por grupos de edad, por lugar de vivienda, por condición económica y social, y por cultura. Para lograrlo proponemos:
Asegurar la oferta de primaria completa en todos los centros escolares del país.
Ampliar el acceso al sistema educativo de las poblaciones vulnerables, haciendo diversa la oferta existente, incluyendo entre otras estas modalidades:
– Internados para niños, niñas y jóvenes de áreas rurales que viven en territorios donde no hay escuelas o suficientes maestros. La modalidad debería implementarse vinculando la educación formal con la preparación para el trabajo, especialmente en la agricultura, la ganadería mayor y menor, el manejo de bosques y otros oficios o técnicas que agreguen valor a la producción del campo. Este sistema puede incluir períodos de estudio en el internado con otros de estancia en el hogar para que niños, niñas y jóvenes colaboren con sus familias y apliquen lo aprendido. Hay valiosas experiencias desarrolladas en Nicaragua por ONG como la Asociación Padre Fabretto, CESESMA, La Cuculmeca, INPRHU de Somoto, entre otras. Podrían servir de punto de partida.
– Docentes itinerantes que visiten mensualmente los territorios para trabajar con niños, niñas y jóvenes que requieren de apoyo para afianzar sus aprendizajes.
– Educación no formal flexible orientada a niños, niñas y adolescentes trabajadores de los centros urbanos que están en los semáforos, en los mercados y en otras actividades comerciales para apoyar a sus familias.
– Pasaportes escolares: es una experiencia exitosa que disminuye la repetición y la deserción escolar. Permite que niñas y niños, hijos de familias que migran por razones laborales, puedan continuar sus estudios en otros lugares y en cualquier momento del año.
– Estrategias de reforzamiento escolar, especialmente en lectura y matemáticas.
– Puentes escolares. Es una experiencia realizada con niñas, niños y adolescentes en plantaciones de café y puede impulsarse como una modalidad de educación no formal durante los tiempos de cosecha, convocando el respaldo de productores, empresarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
Implementar programas de subsidios selectivos para estimular la demanda escolar. Las experiencias más exitosas para mejorar el acceso educativo de los grupos vulnerables han sido las que contribuyen a reducir a las familias el costo de la educación de sus hijos, asegurándoles alimentación, apoyo para uniformes o ropa, para calzado, transporte, libros y útiles escolares y brindando algunos servicios de salud. En el caso de niños, niñas y adolescentes trabajadores podría compensárseles el ingreso que pierden por asistir a la escuela en vez de trabajar.
Desarrollar ambientes educativos amigables, de confianza y afectivamente positivos, libres de abuso, violencia y discriminación, para motivar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes más vulnerables, en especial quienes trabajan, quieran permanecer en la escuela. Preparar a los docentes para garantizar esos entornos.
Sensibilizar a padres y madres de familia sobre la importancia decisiva que tiene el asistir a la escuela para salir del círculo de la pobreza. Desarrollar programas complementarios de servicios sociales a las familias más vulnerables para apoyarlas eficazmente en este esfuerzo.
Llevar adelante un programa piloto de Centros Modelo de Educación Integral, para niñas y niños de 0 a 5 años, en los que se aplique el Programa Nacional de Atención Educativa en Primera Infancia. Algunas experiencias de los Centros Infantiles Comunitarios (CICO) del Ministerio de la Familia podrían ser retomados. Desde 2010, CIASES está desarrollando un modelo educativo para menores de 3 años utilizando el currículo nacional -que incluye un programa de formación profesional-. Podemos compartirlo con el sistema educativo público.
PRIORIDAD 2: FORMAR AL MAGISTERIO PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
La Comisión para la Educación de Calidad para Todos, que inició sus trabajos en noviembre de 2014, es una iniciativa del Diálogo Interamericano, creada para apoyar un cambio educativo en América Latina mediante la movilización de los sectores público y privado, los medios de comunicación y la sociedad civil. Como menciona la Comisión, “para mejorar la calidad educativa se requiere urgentemente de una profesión docente prestigiada y con altos estándares de desempeño que ayuden a crear condiciones para que florezca la excelencia”. De acuerdo a la Comisión, “mejorar de manera radical la calidad docente requiere una estrategia múltiple que atraiga a los mejores candidatos a estudiar la docencia, los prepare mejor a nivel de pregrado y de desarrollo profesional, los remunere como profesionales y gestione y evalúe su práctica de una manera más sistemática, con énfasis en el aprendizaje de los niños como factor crítico”.
COMPARTIENDO ESA VALORACIÓN PROPONEMOS:
Reformar la formación inicial de docentes y elevar las Escuelas Normales al nivel de Centros Técnicos Superiores, retomando experiencias implementadas en el país para rediseñar el currículo de la formación básica del magisterio. Este debe incluir los nuevos paradigmas de cómo se aprende y cómo se enseña; los contextos educativos del siglo 21; un reforzamiento de los conocimientos básicos; el incremento de prácticas de aula durante la formación con acompañamiento de un tutor experimentado; y la participación en investigaciones educativas. Es imprescindible que se logre captar a los mejores estudiantes en las escuelas rurales para que ingresen a las Escuelas Normales.
La formación docente debería orientarse a crear capacidades para liderar la educación en el ámbito municipal. Esto implica modelar habilidades para realizar asesoría pedagógica e innovar estrategias educativas; para investigar, diagnosticar y evaluar la educación en su territorio; para proponer prioridades, diseñar estrategias y llevarlas a cabo; para cultivar un liderazgo centrado en metas y resultados, dirigir equipos y generar alianzas locales.
Hay que dotar a las Escuelas Normales de mayor presupuesto para mejorar su infraestructura, los recursos pedagógicos, bibliotecas y laboratorios. Y fortalecer su programa de internados y el apoyo a los estudiantes con un subsidio selectivo.
Asumir la propuesta de FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social) de 2011 de crear una escuela modelo de formación docente, abierta a la participación de educadores y de investigadores especializados y con experiencia, como un espacio para innovar, experimentar e identificar lo que resulta más efectivo en la formación de maestros y maestras.
Dedicar especial atención a la formación de los formadores de docentes, elevando su nivel académico hasta el grado de magíster en programas acreditados internacionalmente.
Reformar la Ley de Carrera Docente vigente, dignificarla y modernizarla para ponerla al día, estableciendo categorías, mecanismos de acceso y movilidad, criterios de evaluación al desempeño y reconocimiento a la experiencia en el ejercicio de la profesión, acordes a las condiciones actuales y deseadas del magisterio.
Reformar la estructura salarial de los docentes de educación inicial, básica y media, estableciendo como salario mínimo una cantidad equivalente al costo de la canasta básica de 52 productos, agregando al salario los incentivos según categorías, experiencia, desempeño y calidad, ubicación territorial y niveles de especialización.
PRIORIDAD 3: ADOPTAR ESTÁNDARES ADECUADOS DE CALIDAD EDUCATIVA
Una educación de calidad enseña a pensar, a decidir y a aprender a lo largo de toda la vida. La calidad es una categoría compleja y cambiante que abarca el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes, inteligencia emocional, valores para la convivencia social y para el ejercicio de la ciudadanía. En el siglo 21 son además esenciales habilidades para analizar de manera crítica la realidad, usar herramientas informáticas y conocer otras culturas e idiomas.
El acceso a un sistema escolar que no tenga calidad educativa equivale a respetar a medias un derecho. No basta con que niños y niñas vayan a la escuela. Es necesario asegurarse que aprenderán lo necesario para aprovechar su enorme potencial como seres humanos inteligentes. Debemos priorizar la construcción de acuerdos sobre la calidad educativa que deseamos para este tiempo y para los tiempos venideros en este siglo.
PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PROPONEMOS:
Comenzar la educación pública más temprano. Durante la primera infancia, entre el nacimiento y los 6 años, se forman las bases de un aprendizaje exitoso para toda la vida. Por eso, ese primer nivel educativo debe contar con los educadores y los recursos pedagógicos que garanticen la calidad.
Ampliar el currículo de la educación preescolar incluyendo habilidades fundamentales de pre-escritura y pre-lectura: lectura no convencional, uso del lenguaje de manera amplia y permanente, desarrollo de dramatizaciones…
Concentrar el currículo de los tres primeros grados de primaria en el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura, matemáticas y conocimiento del medio a través de una metodología basada en preguntas. Asignar esos tres primeros niveles a maestras y maestros con la mayor formación y experiencia de cada centro escolar.
Asignar el primer grado de primaria a un único educador y aplicar estrictamente la norma de un máximo de 35 estudiantes por aula establecida en la Ley General de Educación.
Revisar el currículo actual para reducir la cantidad excesiva de contenidos, concentrándolo en los aprendizajes fundamentales por nivel educativo y promoviendo la integración de las diferentes disciplinas.
Disponer de material didáctico suficiente y pertinente culturalmente para cada territorio y para cada nivel educativo, tanto textos para cada estudiante como bibliotecas y laboratorios para cada escuela.
Asegurar que las escuelas bilingües de las regiones del Caribe cuenten con suficiente material de lectura y de matemáticas para garantizar la enseñanza de los primeros grados en lengua materna.
Apegarse estrictamente a la norma establecida de 200 días de clase al año, garantizando el máximo aprovechamiento de las cinco horas diarias de la jornada escolar. Padres y madres de familia pueden jugar un importante rol apoyando a los docentes para que esto se cumpla. En Honduras se ha desarrollado una positiva experiencia de participación de las familias en el monitoreo y vigilancia del cumplimiento del tiempo de clases anual.
Cambiar las metodologías de enseñanza, usando una pedagogía en la que el aula se centra en quienes aprenden y se promueve la participación y se busca capturar el interés de los estudiantes. Una pedagogía basada en los conocimientos adquiridos, que contribuya al desarrollo de la comprensión y el pensamiento lógico-analítico, que plantee tareas de comparación, de análisis, de evaluación, de respuestas abiertas y de resolución de problemas. Una pedagogía que dé un uso práctico a lo aprendido.
Las actividades de aula deben ser divertidas y estimulantes. Debe emplearse el juego como una herramienta pedagógica y evitar el ritmo homogéneo. Deben aprovecharse propuestas como la metodología multigrado, en la que el docente organiza diferentes actividades por grupos y niveles en una misma aula. Las prácticas de aula deben considerar la multiculturalidad y la lengua materna de los estudiantes, sus diferentes experiencias de vida, contextos y ritmos de aprendizaje. Y para que el aprendizaje tenga éxito maestras y maestros deben asegurarse que los estudiantes están comprendiendo lo que se les enseña.
PRIORIDAD 4: REFORMAR LA EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA Y APROVECHAR EL BONO DEMOGRÁFICO
Nicaragua enfrenta la peor situación de la región para aprovechar el bono demográfico. Ciertamente, la juventud nicaragüense posee actualmente un mayor nivel educativo que las generaciones precedentes, pero aún está rezagada respecto a la de los países vecinos. La baja cobertura escolar y el lento ritmo de avance en la escolarización nos colocan a una distancia de dos o más décadas del promedio actual de América Latina y el Caribe.
Según cálculos del Informe del Estado de la Nación (2016), necesitaríamos cuatro décadas para alcanzar el promedio de escolaridad secundaria que tiene la juventud de América Latina y el Caribe. Para Nicaragua las posibilidades de lograr un desarrollo incluyente podrían quedar prácticamente canceladas si no logramos un profundo ajuste en el sistema educativo durante el período del bono demográfico, que se calcula puede terminar alrededor del año 2040.
PARA APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD PROPONEMOS:
Reformar la educación secundaria para mejorar su calidad y pertinencia, asegurando la diversificación de opciones y el acceso a educación técnica.
Reestructurar la educación secundaria ampliando el acceso a salidas con nivel de técnico básico a partir del tercer año, en todos los territorios y priorizando las áreas rurales, para incrementar la tasa neta de escolaridad de ese nivel y especialmente la tasa de finalización.
Incrementar la oferta de carreras técnicas adecuadas a los cambios que ha sufrido el mundo del trabajo, para que la juventud pueda insertarse en los distintos sectores de la economía con una formación que les facilite acceder a empleos de calidad y con mejor remuneración o lograr un buen emprendimiento.
Ampliar la oferta de secundaria rural con habilitación laboral, impulsando modelos que han probado ser exitosos en Nicaragua y en otros países. Entre otros, los Centros Familiares de Educación Rural (CENFER), el Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT), el Centro de Educación Alternativa Rural (CEAR) y la educación itinerante. Identificar en las comunidades a personas e instituciones que puedan contribuir a la habilitación laboral de los estudiantes en áreas vinculadas a los ejes de la economía local.
Incluir un componente sólido de formación para el emprendimiento, habilitando a la juventud de ambos sexos para encontrar oportunidades de negocios en su localidad, generando sus propios ingresos, creando empleos y promoviendo nuevas oportunidades en su comunidad.
Priorizar la formación de docentes de secundaria en matemáticas, español, ciencia y tecnología, y en las áreas propias de la habilitación laboral.
Desarrollar un amplio programa de educación sexual para jóvenes y adolescentes, que contribuya a prevenir la violencia y el abuso sexual, a disminuir los embarazos en adolescentes y a prevenir enfermedades de transmisión sexual.
Incluir en el currículo nacional la educación para el desarrollo sustentable, que cree conciencia y motive actitudes positivas de cuido del medioambiente y de un adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Ampliar la cobertura de los programas de primaria y secundaria acelerada y de la modalidad a distancia, con habilitación laboral. Esos programas deben estar orientados al desarrollo de la lectura, la escritura, el pensamiento lógico, las operaciones matemáticas básicas, las competencias esenciales para el emprendimiento, la educación sexual y la habilitación laboral. Deberán diferenciarse en función de las características de cada territorio y estar articulados a los planes y programas de desarrollo local.
PRIORIDAD 5: ELEVAR LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Superar todos los problemas del sistema educativo nacional requiere de un flujo constante y creciente de financiamiento. Para enfrentar este desafío se requiere:
Destinar, al menos y anualmente, a la educación básica y media el equivalente al 4.7% del PIB. Eso significa incrementar la proporción que se asigna actualmente en poco más del 1%. Según cálculos de economistas independientes, es el mínimo necesario para que Nicaragua mejore gradualmente su sistema educativo. Esa cifra debería asegurarse sin recurrir a recortes presupuestarios en el transcurso del año.
Definir y consensuar una política de Estado para distribuir los fondos disponibles para el sistema educativo, de forma que se aseguren de manera estable los recursos adecuados para todos los subsistemas. La asignación del presupuesto a cada subsistema debe responder a una planificación ajustada a los objetivos, metas y prioridades definidas para cada uno. La ejecución presupuestaria deberá desarrollarse según el plan con transparencia, control y rendición de cuentas.
Fortalecer la capacidad técnica y administrativa del Ministerio de Educación es imprescindible para evitar la muy frecuente subejecución presupuestaria, que se traduce en pérdida de los recursos asignados y en un incremento de los problemas y necesidades del sistema educativo.
PRIORIDAD 6: DESARROLLAR UN FIRME LIDERAZGO EDUCATIVO MUNICIPAL
Diversas evaluaciones y estudios realizados en América Latina indican que los sistemas educativos descentralizados son más efectivos. La descentralización es una tendencia que posibilita, mediante correcciones, ampliar los espacios de decisión en el ámbito local.
Según Manuel Ortega y Guadalupe Wallace, en un proceso de descentralización “se transfieren competencias, recursos y poder político desde el gobierno central a instancias del Estado cercanas a la población, dotadas de independencia administrativa y legitimidad política propia, a fin de que, con la participación de la población y en su beneficio, se mejore la producción de bienes y servicios”.
Está comprobado que el proceso de descentralización puede mejorar las oportunidades de participación, influencia de la comunidad y control ciudadano. Todo esto ayuda a mejorar la gestión gubernamental.
En el sistema educativo la descentralización es esencial para lograr una educación de calidad y pertinente, que requiere que las decisiones se tomen muy cerca de los lugares en que ocurre el hecho educativo: las aulas de clase y los colectivos que educan. En el proceso de descentralización se hace posible aprovechar el gran potencial de cambio que existe en los territorios escolares -comarcas, ciudades y centros-, donde ocurre el proceso de enseñanza y aprendizaje.
PARA ASEGURAR UNA EFICIENTE GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO PROPONEMOS:
Diseñar e implementar un modelo de descentralización adecuado a la realidad actual de Nicaragua y del sistema educativo, basado en las experiencias y aprendizajes del pasado, tanto en Nicaragua como en otros países.
Reorganizar el Ministerio de Educación para fortalecer sus delegaciones municipales y sus liderazgos para garantizar la gestión en el territorio y en los centros escolares. Las instancias municipales descentralizadas deberían cumplir varias funciones básicas: la gestión del sistema educativo en el municipio; el acompañamiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las instituciones educativas de la localidad; la asistencia técnica a los centros educativos; la evaluación y supervisión de la gestión educativa y de los resultados del aprendizaje; y la promoción de la participación de la comunidad educativa.
Para que este proceso sea exitoso se necesita que sean los mejores profesionales, mujeres y hombres, quienes asuman el liderazgo de la gestión educativa en cada territorio. Con ese objetivo planteamos el desafío de dotar de formación especial a 153 líderes educativos, uno por cada municipio. En los territorios de mayor rezago educativo será necesario ubicar a personas con elevada capacidad administrativa y de gestión.
Fortalecer los equipos de profesionales en el nivel central del Ministerio de Educación para que puedan respaldar a las instancias municipales en el logro de sus objetivos educativos, así como para realizar las funciones de su papel de entidades rectoras del sistema educativo nacional.
El nivel central deberá cumplir con varias tareas: Planear y definir normas para asegurar el derecho a una educación de calidad; definir los estándares y lineamientos técnicos; evaluar, supervisar y rendir cuentas de la implementación de políticas, planes educativos, lineamientos técnicos y normas; monitorear y evaluar los resultados educativos recomendando modelos y experiencias exitosas; brindar asistencia técnica a las delegaciones municipales apoyando el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades; asegurar el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades profesionales en el sistema; y garantizar la transferencia de recursos presupuestarios para brindar servicios con equidad y de acuerdo a las prioridades establecidas.
Flexibilizar las normas del funcionamiento escolar según las necesidades del contexto, cuidadosamente estudiadas y fundamentadas, en la medida en que avance y se consolide el proceso de descentralización. La flexibilización repercutirá eventualmente en la organización del sistema educativo, en el currículo, en el establecimiento de estándares de logro y en la posibilidad de hacer experimentaciones didácticas que puedan ser monitoreadas y evaluadas por una institución autónoma.
Definir estándares de formación inicial y requisitos para la contratación de docentes, incrementar el tiempo efectivo de clase, brindar oportunidades para el desarrollo profesional de los docentes y crear mecanismos rigurosos de incentivos vinculados a la evaluación de su desempeño.
Fortalecer la autonomía educativa en la Costa Caribe en sintonía con lo establecido en las leyes nacionales y en el SEAR (Sistema Educativo Autonómico Regional), para asegurar el cumplimiento del derecho a una educación que tenga en cuenta la diversidad cultural y lingüística del país.
Promover un modelo de participación de las familias y de la comunidad, sin sesgos político-partidarios, que fortalezca su protagonismo en los procesos de toma de decisiones dentro de la escuela, en especial en la planificación y ejecución del plan educativo del centro y en la evaluación y rendición de cuentas sobre los resultados.
Abrir las puertas del Ministerio de Educación al diálogo y al trabajo conjunto con instituciones privadas y organizaciones sociales y comunitarias, reconociendo y valorando el importante rol que juegan promoviendo el acceso a la educación y su calidad. Se requiere de establecer mecanismos y procesos de articulación permanente entre organizaciones de la sociedad civil, empresas e instituciones privadas que trabajan en el sector educativo y el Ministerio de Educación, a fin de sistematizar experiencias y replicar las mejores prácticas.
PRIORIDAD 7: EVALUAR LA EDUCACIÓN DE MANERA PERIÓDICA
En 2007, una de las tareas que se había propuesto el Ministerio de Educación era la medición de los aprendizajes. La Evaluación del Plan Estratégico de Educación, de 2014, indicó que, además de la Línea de Base levantada en 2009, se haría otra medición en 2010 y una evaluación en 2015, pero esos resultados no han sido suficientemente divulgados y analizados. Los datos más conocidos son los de la evaluación realizada por el Laboratorio de Calidad de la Educación, que indican las deficiencias en la calidad de nuestro sistema educativo.
El sistema educativo requiere de un sólido sistema de monitoreo y evaluación que se origine en las escuelas y esté disponible al público de manera permanente. La evaluación del sistema educativo requiere de la divulgación y difusión de la información estadística y de los resultados de las investigaciones que se realizan.
Hasta hace algunos años, el Ministerio de Educación ponía a disposición del público las estadísticas educativas por centro escolar, desglosadas por sexo, grado, rural, urbana, matrícula inicial y matrícula final. Sin embargo, desde 2011 la información no fluye adecuadamente. El registro de la información se hace actualmente en las delegaciones y no en las escuelas. Y cuando las delegaciones lo envían al nivel central ya no está disponible al público.
El Ministerio no publica informes periódicos de su gestión y de los resultados educativos y el conocimiento del estado de la educación corre el riesgo de volverse un ejercicio especulativo. La generación de estadísticas confiables es fundamental para la toma de decisiones y para el diseño y elaboración de políticas públicas, que necesitan ser monitoreadas y evaluadas en base a evidencias.
PARA SUPERAR ESTOS PROBLEMAS PROPONEMOS:
Desarrollar un sistema nacional de evaluación de los aprendizajes con instrumentos fiables con resultados que se publiquen y analicen periódicamente. Considerar la creación de un órgano descentralizado que podría ser, como en otros países de la región, un instituto público y autónomo de investigación y evaluación educativa.
Sistematizar la evaluación de los aprendizajes, de ser posible anualmente, a fin de medir periódicamente si los estudiantes están logrando las competencias, los conocimientos y las habilidades esperadas. Así, el sistema educativo, las familias y la ciudadanía podrían contar con evidencias que les permitan tomar decisiones acertadas y dar seguimiento a los aprendizajes de sus hijos y de sus hijas.
Establecer un sistema de estadísticas estable y riguroso que comience en el centro educativo a partir de formatos actualizados anualmente y empleando las mejores herramientas y tecnologías para su registro y procesamiento y valiéndose de personal específicamente destinado a esta tarea, liberando a la dirección del centro educativo de realizarla.
Poner a disposición del público la información estadística generada por el sistema educativo, cumpliendo así lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Esa información contribuirá a un mejor conocimiento de cómo va la educación y al diseño de intervenciones que le den más pertinencia y calidad.
En 2006 un grupo de profesionales de la educación formulamos una propuesta pública que denominamos “Siete prioridades de la educación nicaragüense”. El objetivo era apuntalar la educación en el centro de la agenda nacional presentando los grandes problemas y desafíos que enfrenta el sistema educativo de nuestro país. Esta iniciativa motivó la constitución del Centro de Investigación y Acción Educativa y Social (CIASES), que ha crecido como un espacio de pensamiento crítico, trabajo interdisciplinario y propositivo.
Hoy, al cumplir diez años de la fundación del CIASES ofrecemos esta visión actualizada de esas prioridades. Lo hemos hecho convencidas de que la educación es un patrimonio nacional cuyas carencias nos afectan a todos y que mejorarla es responsabilidad del gobierno y de toda la sociedad.
SEGUNDA PARTE DEL ESTUDIO “PRIORIDADES
DE LA EDUCACIÓN NICARAGUENSE PARA EL SIGLO XXI”, ELABORADA POR EL CIASES Y PRESENTADO
EN MANAGUA EN OCTUBRE DE 2016.
RESPONSABLES DEL ESTUDIO: MELBA CASTILLO ARAMBURU, ANA PATRICIA ELVIR MALDONADO
Y JOSEFINA VIJIL GURDIÁN.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica