Nicaragua
La esperanza de “los cuates”: la OEA en las municipales
El proceso de aprobación
del proyecto de ley Nica Act
parece indetenible en el Congreso de Estados Unidos.
El gobierno Ortega-Murillo atraviesa por su más grave trance en una década.
Y no parece apostar por una salida responsable.
Gobierno y cúpula empresarial,
“cuates” en alianza en el modelo de gobierno corporativo,
tienen puestas todas sus esperanzas en la presencia de la OEA
en las elecciones municipales del 5 de noviembre
y en el informe final con que las legitime.
Equipo Envío
En la tarde del 19 de julio, en la celebración del 38 aniversario de la Revolución nicaragüense, un cielo ya encapotado y cada vez más plomizo descargó un torrencial aguacero que dispersó a los simpatizantes del gobierno que llenaban la plaza e impuso un abrupto final al discurso de Daniel Ortega apenas iniciado. ¿Un augurio de los difíciles momentos que le esperan en los próximos meses?
Desde que en septiembre de 2016, a punto de terminar la administración Obama, un grupo de influyentes congresistas, demócratas y republicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Representantes el proyecto de ley Nicaragua Investment Conditionality Act,Ley Nica o Nica Act, consiguiendo su aprobación expedita y unánime, la posibilidad de que esa legislación se le aplique a nuestro país no ha dejado de sentirse ni un solo día en el escenario político nacional.
LAMENTABLE QUE SEAN ELLOS
La Nica Act ordena a los representantes del gobierno de Estados Unidos en los organismos multilaterales de financiamiento (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo fundamentalmente) votar en contra de todo préstamo que les solicite el gobierno de Nicaragua mientras el gobierno no dé pasos verificables para promover elecciones transparentes y creíbles, libertad de organización de los partidos políticos, un eficaz combate a la corrupción y protección a representantes de ONG sociales y de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.
La ley da por sentado que actualmente nada de eso existe en Nicaragua. Y no le falta razón. Todo lo que demanda la Nica Act han sido constantes demandas de amplios sectores de la población nicaragüense. Resulta lamentable que sea una potencia extranjera la que emplee su poder para convertir en presión esos justos reclamos.
MEJOR TIRAR CON RIFLE
Se calculan en 200-300 millones de dólares anuales los que el gobierno de Nicaragua podría no recibir en préstamos si Estados Unidos logra cancelarlos con su veto y/o haciendo alianzas con otros gobiernos amigos.
Adelantándose a la aprobación de la Nica Act el gobierno de Ortega ha conseguido préstamos de otros países y los multilaterales ya le han aprobado préstamos hasta 2020.
En cualquier caso, más serio impacto que el nivel de los montos que se le cancelarían al país tiene ya la incertidumbre que tan solo la posibilidad de la Nica Act ha creado entre los inver¬so¬res, algo significativo por ser la inversión extranjera el motor de la economía de Nicaragua.
La Nica Act tiene otro impacto que algunos consideran más grave. La legislación ordena al Departamento del Tesoro elaborar una lista con los nombres de los funcionarios gubernamentales de todos los poderes del Estado involu¬crados en actos de corrupción.
En enero de este año, Francisco Aguirre Sacasa, ex-canciller de Nicaragua y ex-embajador en Estados Unidos, buen conocedor de cómo funcionan las cosas en el Congreso, advertía en Envío que introducir en la ley esa lista -que desembocaría en sanciones personales- responde a “una idea que ha calado en Washington: usar la ley como rifle y no como escopeta, con objetivos dirigidos muy específicamente, como los del tiro de un rifle, evitando los daños colaterales que provoca una política más amplia, como los que consigue el tiro de una escopeta”.
UN MAL CÁLCULO
El inicio en enero de 2017 de una nueva legislatura al Congreso y la llegada del imprevisible Donald Trump a la Casa Blanca parecieron tranquilizar al gobierno Ortega-Murillo. Calcularon que con los complejos problemas que Trump tendría entre manos, con la insignificancia de Nicaragua en la geopolítica actual, y con el acuerdo de Ortega con Almagro firmado ese mismo mes, invitando a la OEA a observar las elecciones municipales de noviembre, la Nica Act quedaría engavetada durante mucho tiempo… o para siempre. De todas formas, y por si acaso, el gobierno envió a Washington a varios cabilderos para lograrlo.
Un cálculo errado. Tan pronto como el 24 de mayo de la era Trump la Nica Act reapareció -nunca estuvo engavetada- y pasó su primera prueba al ser aprobada por unanimidad en el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. Los activos congresistas que la impulsan le hicieron leves cambios. Entre ellos, ordenar al Departamento del Tesoro presentar “la lista de corruptos” ya no en 90 días, como en la primera versión, sino en 60.
“DE ESO POCO SE HA HABLADO”
Mientras los emisarios políticos y empresariales del gobierno continuaban su cabildeo en Washington, en Managua conocedores de los engranajes de la política estadounidense le insistían a Ortega que asumiera responsablemente la amenaza, asegurando que la Nica Act sería una realidad. También se escucharon voces señalándole que estaba totalmente en sus manos detenerla disponiéndose a un auténtico proceso de democratización. A una “concertación nacional”, ha repetido su hermano, el General en retiro Humberto Ortega desde hace un año. Pero Ortega no reaccionaba, los medios oficiales ignoraban la amenaza y si periodistas de medios independientes interrogaban a algunos funcionarios o a los aliados empresariales de Ortega sobre la posibilidad de la aprobación de la ley, éstos o callaban prudentemente o aseguraban que la economía estaba preparada y que si se aprobaba la ley la situación era “administrable”. A la lista de la corrupción ninguno se refería nunca.
Pocas declaraciones sin tapujos sobre la lista ha habido, como las de Augusto Navarro, ex-Ministro de Agricultura en el gobierno de Enrique Bolaños: “La Nica Act tiene una parte de la que poco se ha hablado, y es que van a sacar la lista de los más corruptos de Nicaragua. Eso es bien importante porque aquí dentro no hay cómo darse cuenta porque la Contraloría no hace nada, la Procuraduría no hace nada. Ninguna institución destapa aquí las barbaridades que no se pueden ocultar. Somoza decía que ocultaran las plumas cuando se robaban una gallina. Es bien difícil ocultarlas cuando se están robando el gallinero entero. Si los gringos sacan esa lista, de seguro lo van a hacer con conocimiento de causa. Es la única manera de conocer a los principales delincuentes en los poderes del Estado”.
NICA ACT: DOS PASOS MÁS
Así estaban las cosas cuando a punto de entrar en receso el Congreso por las vacaciones de agosto y, cuando ni los más acuciosos analistas lo esperaban, menos aún Ortega, la Nica Act avanzó un paso más: el 27 de julio, en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, integrado por 47 legisladores, fue aprobada por unanimidad.
El próximo paso -así se espera- será en el plenario de la Cámara después del receso parlamentario. Se espera que la aprueben los 435 representantes (241 republicanos, 194 demócratas) como ya sucedió en 2016, por el procedimiento expedito que no requiere debate.
De ahí pasará al Senado, donde hay coincidencias en que todo será algo más lento, ya que el balance bipartidista es más equilibrado en el Senado que en la Cámara (52 republicanos y 48 demócratas) y los senadores aspiran a lograr legislaciones más consensuadas.
Quienes apuestan por la Nica Act cuentan con el activo respaldo que en el Senado tendrá la legislación de la mano de los influyentes cubano-americanos Ted Cruz, senador por Texas y Marcos Rubio, senador por Florida, quien preside el Subcomité de Asuntos Exteriores del Senado. Con 51 votos la ley quedaría aprobada y pasaría a manos del Presidente Trump para que la firme o la vete. Hay consenso en que no la vetará.
MOCIÓN SOBRE LA REELECCIÓN
En el texto aprobado en la Cámara en julio se mantiene la orden sobre la lista de corruptos y también la orientación al Presidente para que promueva la observación de la OEA en las elecciones municipales de Nicaragua. Los promotores de la ley añadieron esta vez una moción que recoge las palabras que en diciembre de 2011, después del fraude electoral de aquel año, hizo el ex-embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, en una audiencia especial titulada “Democracia secuestrada en Nicaragua”. Callahan afirmó que aquel año la candidatura de Ortega a la reelección era “ilegal, ilegítima e inconstitucional” y advirtió ya entonces que “Ortega y el partido sandinista han socavado sistemáticamente las instituciones del país y la frágil democracia”.
ESTRATEGIA PARA SUAVIZAR
El banquero nicaragüense Roberto Argüello, residente en Miami desde hace décadas, contrató hace unos meses a Arthur Estopiñán -quien durante 27 años trabajó con la congresista Ileana Ros-Lehtinen, principal impulsora de la Nica Act- para hacer lobby y suavizar la Nica Act.
Argüello cuenta con que la legislación pase sin problemas en la Cámara. Porque entre los representantes no hay “ninguna oposición”. Porque Nicaragua es vista por ellos como “una extensión del régimen venezolano”. Y porque introdujeron la Nica Act con otras tres leyes “muy populares” entre los legisladores: la referida a la crisis en Venezuela, la referida a los derechos humanos en Corea del Norte y la que insta a la Unión Europea a calificar al grupo islámico libanés Hezbollah como una organización terrorista.
Argüello advierte que como consecuencia de la aprobación de la Nica Act no sólo se afectarán los préstamos que solicite el gobierno en las instituciones internacionales para infraestructura y otros gastos públicos. “La banca internacional -dijo- podría reducir también sus préstamos de corto, mediano y largo plazo al sector privado nicaragüense por más de 400 millones de dólares anuales”. Esa estimación, no escuchada hasta ahora en los análisis que han evaluado los posibles impactos de la Nica Act, puso aún más nerviosa a la cúpula empresarial, principal aliada de Ortega.
La esperanza de Argüello está puesta en el Senado. Estopiñán dijo que buscarán que un senador influyente presente una enmienda que suavice la legislación o que establezca un período de no aplicación, o plazos para su aplicación en la medida en que el gobierno de Nicaragua avance en la democratización de su institucionaliad electoral de la mano de la OEA. Esperan también que en el debate prenda en los senadores el argumento de que la Nica Act desestabilizará al país provocando migración y debilitando la lucha contra el narco¬tráfico.
ESTRATEGIA PARA CONFRONTAR
Inmediatamente que se conoció la aprobación de la Nica Act en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara el gobierno Ortega-Murillo reaccionó desenterrando arma de los años de la guerra de los 80.
Meses antes, en abril, cuando se supo que la Nica Act había salido de la gaveta y los congresistas reanudaban el proceso para su aprobación la reacción del gobierno no fue así. Respondió con un texto tan extenso como retórico. Aunque esta vez no faltó la retórica, la respuesta fue más breve y tenía pretensiones de desafío.
“El Estado nicaragüense -dice el texto- ha iniciado un Proceso Jurídico que nos permitirá exigir a los Estados Unidos de Norteamérica el Pago de la Indemnización ordenada en 1986 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya como compensación por los daños fatales ocasionados al Pueblo y Gobierno de Nicaragua por la intromisión destructiva e ilegal de esa Potencia en los Asuntos Nacionales”.
El desafío de Ortega es una propuesta inviable. Está únicamente destinado a alentar sentimientos nacionalistas, en sus bases y en algunos sectores de la población. Envía la señal de que Daniel Ortega, al igual que su colega Nicolás Maduro, no está dispuesto a ceder, no tiene ninguna salida adecuada a la crisis que afecta hoy a su gobierno e incluso, temerariamente, está dispuesto a agudizarla.
LA HAYA: 1986 – 1991
En junio de 1986 la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a Nicaragua en su litigio con Estados Unidos, país al que Nicaragua acusó de participar militar y financieramente en la guerra civil de los años 80 apoyando a la contrarrevolución.
Aunque Estados Unidos no reconoció la jurisdicción de la Corte, ésta resolvió que Estados Unidos estaba obligado a indemnizar a Nicaragua por los daños causados.
En 1988 Nicaragua presentó a la Corte una memoria con una primera cuantificación detallada del costo de los daños. En esa memoria reclamó inicialmente como reparación 12 mil 216 millones 600 mil dólares. Después aumentó y redondeó la cifra en 17 mil millones.
Ésa, o cualquier otra suma, nunca fue fijada por la Corte. Y en junio de 1991, terminada la guerra y también la Revolución, la Presidenta Violeta Chamorro envió un documento a la Corte, por medio del agente de Nicaragua en la Corte, Carlos Argüello. En él expresaba que el gobierno de Nicaragua “ha decidido renunciar a todo derecho y acción posterior basada en el caso y, por tanto, no desea continuar con los procedimientos”. Y pedía a la Corte “emitir una orden registrando oficialmente el desistimiento de estos procedimientos y ordenando remover el caso de la lista de asuntos que lleva el tribunal”.
Nicaragua renunciaba para poder “negociar amistosamente” con Estados Unidos préstamos que el país, devastado por el conflicto bélico, necesitaba. A pesar de esto, el magistrado del FSLN en la Corte Suprema, Francisco Rosales, minimiza hoy aquel documento e insiste en que el caso está vivo y Nicaragua nunca desistió.
En abril de 2009, en la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Trinidad y Tobago, Ortega dijo en su discurso ante el Presidente Barack Obama que, sumados intereses y mora, la indemnización ascendía ya a 50 mil millones de dólares.
EL COSEP LE PIDE A ORTEGA: “BAJE EL TONO”
La reacción del gobierno a los avances de la Nica Act causó gran preocupación entre sus aliados de la cúpula empresarial. La percibieron confrontativa y, al unísono, empezaron a dar declaraciones públicas pidiendo calma, sensatez, bajar el tono y optar por el diálogo…
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y es la fuente de la mayor cantidad de remesas que llegan a nuestro país: hacia Estados Unidos va el 56% de las exportaciones nicaragüenses y de allá vienen unos 680 millones de dólares anuales en remesas, más del 50% de las que envían nuestros migrantes, que en 2016 sumaron ya 1,264 millones.
Algunos consideraron que la estrategia retadora de Ortega podría acelerar la aprobación de la Nica Act. Otros temen que provoque que el irascible Trump se fije por primera vez en Nicaragua y reaccione directamente contra nuestro país. Otros creen que, aunque Ortega insiste en poner a Nicaragua en el radar de sus adversarios, cada día son más los que en el Norte toman menos en serio su retórica.
“ES UN CASO CERRADO”
A la demanda de la indemnización se sumó el Legislativo. Los diputados de Ortega en la Asamblea Nacional, que son mayoría absoluta y sólo replican las órdenes que les da el Ejecutivo, aprobaron con sus 71 votos, más los 4 votos de sus socios del PLI, APRE y ALN, una ley “en defensa del patrimonio nacional” en la que se orienta a todas las instituciones del Estado a reactivar el proceso para demandar la indemnización. Votaron en contra los 13 diputados liberales del PLC y el diputado Alfredo César, del Partido Conservador, quien presidía el Legislativo cuando en 1991 doña Violeta renunció a la indemnización.
El mismo día y en otro punto del país la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, decía que la demanda por indemnización en La Haya “es un caso cerrado, terminó hace décadas”, que su gobierno está enfocado “en el futuro” y que, aun así, Nicaragua es un país soberano y “puede hacer lo que quiera”.
Días antes, en una entrevista en la televisión con el periodista Jaime Arellano, Dogu había señalado que la aprobación de la Nica Act en el Congreso de Estados Unidos no sólo está estimulada por la falta de democracia y de elecciones libres en Nicaragua. También preocupan a los congresistas -dijo- la creciente relación del gobierno de Ortega con Rusia -algunos piensan que las nuevas instalaciones rusas en Nicaragua son centros de espionaje-, y el respaldo “tan fuerte” de Nicaragua al gobierno venezolano en las sesiones de la OEA.
¿PISANDO EL ACELERADOR?
Previamente a la aprobación de la Nica Act en el Comité de la Cámara la presión del gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno de Ortega se estaba acelerando también desde el Departamento de Estado.
El 7 de julio se hizo público otro informe del Departamento de Estado, éste sobre el Clima de Inversión en Nicaragua. Da continuidad a otros previos, los que anualmente publica el gobierno estadounidense evaluando a los países del mundo.
En todos los informes de este año -sobre derechos humanos, sobre transparencia fiscal, sobre corrupción judicial y hasta sobre el delito de trata de personas- se leen serias críticas a las instituciones nicaragüenses y al control que sobre ellas ejerce el Ejecutivo. En el último en llegar, el relativo al clima de negocios, no faltaron las críticas.
Siendo el “excelente” clima que brinda Nicaragua a los inversores extranjeros uno de los argumentos más repetidos por la cúpula empresarial aliada de Ortega para defender su gobierno, el informe tuvo especial eco entre ellos y aumentó sus ansiedades.
El informe reconoce los esfuerzos del gobierno para atraer inversión extranjera y valora como incentivos el régimen de zonas francas, las relaciones comerciales a través del CAFTA y los niveles de seguridad del país. No duda en “valorar” como “atractivo” para la inversión “una fuerza laboral joven con bajos salarios” (sic).
A la vez, señala, entre otros problemas, la debilidad de las instituciones, la deficiente aplicación de la ley, la inseguridad jurídica, la falta de transparencia en la burocracia gubernamental, el excesivo control del Ejecutivo, la corrupción en el sistema judicial y problemas de propiedad no resueltos. Según el más reciente informe del Banco Mundial la inseguridad jurídica que afecta la propiedad de la tierra abarca al 35-40% de las tierras del país.
UN MODELO INSOSTENIBLE
Aunque el informe recoge las consideraciones que ya traía el del año anterior fue actualizado con estos párrafos: “Las elecciones presidenciales celebradas en 2016 lo que dejaron fue más concentración del poder, con un Poder Ejecutivo autoritario ejerciendo un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales”.
Y afirman que Washington “está profundamente preocupado por el anómalo proceso electoral presidencial y legislativo en Nicaragua, que imposibilitó una libre y justa elección el pasado 6 de noviembre del 2016”.
La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, se reunió el 24 de julio con los dirigentes de las más de 20 cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) para compartir con ellos los contenidos del informe, llevando a los empresarios, en lenguaje diplomático, el mismo mensaje que se les viene repitiendo desde las organizaciones sociales y desde los medios independientes: la bonanza económica de la que gozan gracias a su alianza con el gobierno no es sostenible si Ortega continúa empeñado en una deriva autoritaria y excluyente.
EL “CAPITALISMO DE CUATES”
El informe del Departamento de Estado señala la desventaja en la que se encuentran inversionistas y empresas nacionales ante las empresas “que son propiedad o están controladas por funcionarios gubernamentales y miembros del partido gobernante”.
A eso se refirió el Consejero Económico de la embajada de Estados Unidos en Managua, William Muntean, al comentar: “En Nicaragua tiene más poder una llamada telefónica que la ley escrita”. Muntean también expresó preocupación por la falta de transparencia con que se manejan los fondos y los negocios de Albanisa y las desventajas que eso provoca a los inversionistas extranjeros.
Lo que el informe y Muntean señalan es lo que el ex-Ministro de Educación Humberto Belli ha llamado “capitalismo de cuates”.
“En el capitalismo de cuates -explica Belli- el éxito depende, no tanto de los propios méritos, como de los nexos con funcionarios gubernamentales. En el capitalismo competitivo los empresarios compiten en pie de igualdad y triunfan los más eficaces. En el capitalismo de cuates los bien conectados ganan las licitaciones, reciben permisos, protecciones, aranceles o exoneraciones especiales. La burocracia los exime de los trámites y trabas que pesan sobre los demás, los tribunales los favorecen en los litigios y, cuando es necesario, los tentáculos del poder evitan que les hagan sombras posibles competidores”.
“Este tipo de capitalismo es esencialmente corrupto y surge en sociedades donde se combinan la poca ética con gobiernos poderosos que controlan todos los resortes del poder. Nicaragua tiene todos los ingredientes para el florecimiento de este capitalismo: un consorcio familiar con ilimitado poder político, grandes negocios y poca ética”.
“Estas circunstancias han creado dos sectores empresariales: uno relativamente nuevo, hijo de las ventajas del poder, y otro constituido por capitalistas de viejo cuño, más una constelación de medianos empresarios todavía competitivos. El problema es que el primer sector, debido a sus obvias ventajas, tiende a crecer y a corromper al otro. Muchos empresarios se ven tentados a asociarse con los conectados, o a cultivar la amistad o vínculos económicos, con quienes manejan las dependencias gubernamentales. De esa forma aseguran su prosperidad, aunque sacrifiquen su independencia y, en cierta forma, su honradez”.
“CON DADOS CARGADOS”
Humberto Belli considera que “uno de los desafíos más grandes que enfrenta el COSEP es cómo posicionarse ante esto”.
También lo considera así Gerardo Baltodano, Presidente del FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social), cuando en su presentación en el tercer Encuentro Empresarial celebrado en julio señala que “la corrupción pública no existe ajena al sector privado empresarial” y aboga por un “sistema de mercado abierto sin barreras de entrada, con igualdad de oportunidades, sin participantes que jueguen con ventaja o con los dados cargados”.
Por todos lados, y con palabras más o menos similares, que se enfocan en unos o en otros temas, se le señala al gobierno su insostenibilidad.
El Banco Mundial, en su Diagnóstico Sistemático de País obre Nicaragua, de junio de 2017, puso, más que otras veces, su dedo en más “llagas”, al señalar realidades que sentimos y vemos a diario: una “burocracia gubernamental ineficiente”, tomas de decisiones “concentradas”, la necesidad de un “mayor empoderamiento de los funcionarios públicos”, “decisiones técnicas tomadas por lealtades políticas que pueden conducir a la inacción o a la implementación fallida”. El BM aboga por fomentar “un debate amplio y una formulación de políticas basada en la evidencia”.
LA ESPERANZA ESTÁ EN LA OEA
La Nica Act ha remecido el modelo corporativo, al gobierno y a sus aliados del gran sector empresarial.
Viendo cómo avanza y la nada remota posibilidad de que se apruebe definitivamente los empresarios cifran todas sus esperanzas en la OEA: en que venga a observar las elecciones municipales del 5 de noviembre. Y no sólo: en que publique después un informe positivo sobre el proceso. Y no sólo: en que reitere su compromiso con trabajar con el gobierno por mejorar la institucionalidad democrática durante tres años y así lleguemos a 2021 con un cambio sustancial, superada totalmente la crisis. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri así lo ha expresado: “Lo importante es un proceso electoral que vaya fluyendo y que después la OEA vea cómo ir mejorando toda la estructura electoral de cara al proceso del 2021”.
Según los acuerdos con Ortega y los anuncios que siguieron, un primer grupo de 5 funcionarios de la OEA llegaría a instalarse en Nicaragua a partir del 10 de agosto para, en la primera semana de septiembre, recorrer todo el país y ver cómo se desarrolla el proceso electoral. Eso es hasta ahora lo acordado. Cómo se desarrollará lo acordado y cuál será su “fluidez” es aún una incógnita. De varias de las principales incógnitas que envuelven el próximo proceso electoral habla ampliamente en páginas siguientes de este mismo número Violeta Granera, coordinadora del Frente Amplio por la Democracia.
NO HAY AMBIENTE ELECTORAL
En la mayoría de municipios -más del 80% hoy bajo control del partido de gobierno- no se percibe el ambiente de competencia y entusiasmo que suelen provocar en Nicaragua las elecciones. “Ya sabemos lo que va a pasar”, dicen muchos pobladores.
El consorcio Panorama Electoral, que junto a otros movimientos civiles, preside el organismo de observación nacional Ética y Transparencia, presentó en la primera semana de julio los resultados de un sondeo realizado a 1,400 ciudadanos de 150 de los 153 municipios del país. La conclusión de ese primer sondeo arroja que en el 82% de los municipios hay “poco o ningún interés” en las próximas elecciones y en el 73% quienes simpatizan con el partido de gobierno tienen “poco o ningún interés” en el proceso organizado por el FSLN con encuestas para seleccionar candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales.
En esa zona gris del crítico horizonte actual resultará crucial el informe final que elabore la OEA sobre las elecciones municipales. Crucial será también si vemos en este noviembre los altísimos niveles de abstención que caracterizaron las presidenciales de noviembre de 2016. Crucial también será el número de alcaldías que Ortega decida asignar al único partido de oposición real que se presenta, Ciudadanos por la Libertad, partido a cuya participación y resultados apuesta también la cúpula empresarial para legitimar estas elecciones.
De vida o muerte será para el gobierno y para sus aliados empresariales, para el modelo corporativo que mantienen -“el capitalismo de cuates”- lo que suceda el 5 de noviembre.
“LAS CIRCUNSTANCIAS VAN A IR EMPUJANDO”
Venezuela está viviendo una crisis sin precedentes que mantiene en vilo al gobierno de Ortega. Cómo se desaten o no los nudos de esa crisis influirá en nuestro país.
Más que de nuevas presiones externas, en Venezuela se requiere de una solución interna y dialogada en torno a los principios democráticos que tiene la Constitución que Chávez le legó al país. Requiere de un liderazgo unificado y plural, integrado por personas con autoridad moral de raíces chavistas, que surjan tanto dentro o fuera del PSUV, apartándose de la “vocación dictatorial” expresada en la Asamblea Constituyente, y de personas honestas provenientes de la oposición anti-chavista.
En una situación bien distinta, es algo similar lo que necesitará Nicaragua para superar la crisis a la que está llegando el modelo que Daniel Ortega le ha impuesto al país.
En momentos de agudización de la crisis, como el actual, siempre aparece en los medios el General en retiro Humberto Ortega. En este último año ha aparecido más de tres veces. En declaraciones que brindó después de la aprobación de la Nica Act en el comité de la Cámara reiteró que el país necesita una concertación nacional y cuando se le preguntó si ve disposición de su hermano a convocarla, respondió: “No se trata de que él esté o no dispuesto a un diálogo nacional. Las circunstancias van a ir empujando hacia un acuerdo nacional”.
¿COLAPSO O RESPIRO?
Las “circunstancias” parecen estar empujando a nuestro país hacia un cambio. ¿A partir de un diálogo? ¿Un diálogo que desemboque en una transición? ¿Y una transición hacia dónde: un gobierno aún orteguista más flexible e incluyente o un nuevo gobierno de unidad nacional? ¿Qué papel asumiría el Ejército?
Está preparada la oposición para aprovechar los espacios que abre esta crisis, la más aguda por la que ha atravesado Ortega? ¿Serán las municipales la prueba definitiva de que el modelo de Ortega ha colapsado? ¿O serán un balón de oxígeno, el que esperan “los cuates”? ¿Qué pasará después si hay colapso o respiro?
Las “circunstancias” han aclarado más el horizonte hacia el que nos encaminamos, sólo para perfilarlo cada vez más crítico. Lo que sucede en el Congreso de Estados Unidos lo aclara: vendrán sanciones. El agujero negro en el que parece hundirse Venezuela lo aclara: el padrino venezolano ha desaparecido y el padrino ruso no puede sustituirlo y agudizaría la crisis. Hay aún demasiadas zonas grises por definirse. Por eso, de incertidumbre sigue teñido el horizonte.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica