Nicaragua
Observadores del eclipse institucional
Millones de personas
observaron este mes, admiradas, un eclipse total de sol.
El eclipse solar fue sólo parcial en Nicaragua y el cielo no era diáfano.
Por eso, no fue tan observado.
Lo que sí fue diáfano y se hizo aún más evidente este mes
fue el eclipse de la institucionalidad. Es casi total. Lo observan y lo señalan cada vez más voces.
Equipo Envío
A mes y medio de las elecciones municipales del 5 de noviembre, militantes históricos del FSLN han alzado sus voces para protestar por los candidatos que les han sido impuestos en muchas alcaldías, mostrando con sus protestas cada vez más claras señales del profundo desgaste institucional que erosiona al partido de gobierno. Los diputados de la Asamblea Nacional, primera institución del Estado, parecen tener como casi únicas tareas celebrar cualquier efeméride del calendario, aprobar, a menudo con trámite de urgencia, las leyes que el Ejecutivo les envía y respaldar decretos presidenciales que no se les consultan. Está eclipsada la institucionalidad legislativa.
Desde el Banco Central se nos presenta un inverosímil informe sobre el pleno empleo en el país, desacreditado por las voces de los miles y miles de desempleados que sobreviven en Nicaragua. Con este informe, el Banco, tradicionalmente la institución pública más sólida del país, termina de alinearse al eclipse institucional. Y mientras la cúpula empresarial justifica o aprueba todo esto, o se calla, un sector del empresariado alza su voz demandando que se atienda la grave crisis institucional que está enfermando a nuestro país.
DE NUEVO, ELECCIONES MUNICIPALES
Tras el evento electoral del domingo 5 de noviembre sabremos quiénes serán las más de 6 mil autoridades (alcaldes, vicealcaldes y concejales) que se pondrán al frente de los 153 municipios del país, con una autoridad severamente mermada por el eclipse de la autonomía municipal que se ha ido anulando desde el gobierno central desde hace una década.
Éstas serán las séptimas elecciones municipales celebradas en la historia electoral de Nicaragua -las primeras ocurrieron en 1990- y las terceras después del regreso al gobierno de Daniel Ortega. El expediente de las dos elecciones que anteceden a la de este año, las dos de la etapa Ortega-Murillo, resulta deprimente.
ANTECEDENTE: DOS FRAUDES
En noviembre de 2008 el FSLN aumentó el número de alcaldías que gobernaba, de 88 que ya tenía pasó a controlar 105.
Lo logró con el fraude mejor documentado de los que desde entonces siguió organizando. Según el informe que hizo de los comicios de 2008 el organismo de observación electoral, Ética y Transparencia (EyT), “existieron condiciones de fraude sistemático y violaciones de extrema gravedad en materia de transparencia y violación de las garantías de confiabilidad de los conteos en casi todos los municipios del país. Este sesgo favoreció por diseño al partido de gobierno, tergiversando la voluntad popular en aproximadamente 40 municipios”.
Los comicios municipales de 2008 marcan un parteaguas en la crisis institucional electoral. Los siguientes, los de 2012, estuvieron lastrados por todo tipo de irregularidades, que no pudieron documentarse como cuatro años antes, a excepción del escandaloso fraude que el partido de gobierno organizó en el municipio de Nueva Guinea, cuna dos años después del movimiento campesino que ha luchado contra el Canal interoceánico y exige hoy la derogación de la ley canalera. En 2012 el FSLN se apropió de 134 alcaldías, entre ellas las de 15 de las 16 cabeceras departamentales.
Aquel año, EyT calculó que la abstención alcanzó el 60-65% a nivel nacional y en algunos municipios pudo haber llegado al 70%. Según el IPADE, que también hizo observación electoral, la abstención fue menor: 54.5% Cifras más, cifras menos, por primera vez en nuestra historia electoral “ganaba” la abstención.
EL INICIO DEL ECLIPSE DE LA INSTITUCIONALIDAD ELECTORAL
De “colapso” de la institucionalidad electoral comenzó a hablar desde 2008 EyT, que, en su informe, señaló qué distinguió las elecciones de 2008 de las cuatro precedentes: “La principal diferencia reside en la transición de un sistema electoral de control bipartidista cuestionado a un sistema colapsado”.
Desde el pacto político bipartidista consumado en el año 2000 entre el FSLN controlado por Daniel Ortega en la oposición, y el PLC controlado por Arnoldo Alemán en la Presidencia, el eclipse de la institucionalidad electoral se fue haciendo cada vez más visible.
Lo explicaba así en Envío, en 2012, Mauricio Zúñiga, director del IPADE: “La lógica con la que el FSLN y el PLC diseñaron el actual poder electoral fue que la suma de dos parcialidades partidarias generaría una institución imparcial. Esa lógica puede funcionar en países con una cultura democrática sólida y con una institucionalidad política aceptable. Pero en nuestro país este esquema colapsó muy pronto… A partir de la reforma constitucional acordada por Alemán y Ortega, el Poder Electoral quedó sujeto al forcejeo por las cuotas de poder, lo que generó una crisis tras otra: falta de quórum, falta de acuerdos… Los magistrados del FSLN y los del PLC funcionaban como bancadas políticas enfrentadas. Al final, el FSLN resultó ser más hábil, usó mecanismos diversos para subordinar voluntades, hasta terminar dominando el Poder Electoral”.
¿PARA QUÉ VOTAR…?
Según la Constitución, las elecciones municipales siguientes a las de 2012 debieron haberse celebrado en 2016, junto a las elecciones presidenciales. Pero Ortega decidió por decreto, en una práctica cada vez más frecuente en el irrespeto a la ley que es el sello de su gobierno, prolongar el período de los alcaldes por un año más para así separar las elecciones locales de las nacionales. No hubo mayor explicación. Hacerlo debe haberle parecido lo más conveniente para su proyecto de poder.
Por las recientes experiencias electorales, las votaciones de este 5 de noviembre las siente la población como una película repetida: las mismas autoridades, la misma ley, los mismos organizadores, las mismas trampas en marcha…
Nadie, o casi nadie, cree que habrá transparencia en el evento electoral y, sobre todo, nadie, o casi nadie, confía en que si asiste a las urnas estará participando en una competencia real: “Para qué, si ya se sabe quién va a ganar” dicen quienes rechazan al gobierno. No sienten que su voto es útil, saben que no cambia nada. Y quienes respaldan al gobierno, incluso quienes militan en el partido de gobierno, dicen algo parecido. No sienten que su voto sea necesario, conocen de previo el resultado. “Elecciones no competitivas son elecciones no concurridas”, repite Roberto Courtney, director de EyT.
EL SILENCIO DE LA OEA
El único elemento diferenciador, el que daba garantías de transparencia, y hasta esperanzas, en elecciones con competencia al único partido de oposición que participa este año, Ciudadanos por la Libertad (CxL) y a algunos municipios decididos a conservar alcaldías opositoras, era el compromiso de la OEA de enviar observadores a los comicios, respondiendo a la invitación que le hizo Ortega a Luis Almagro en diciembre de 2016.
En el mes de mayo la OEA presentó al gobierno y al cuerpo diplomático su plan: un primer grupo de 5 técnicos llegaría a Nicaragua el 10 de agosto para recorrer el país a partir de la primera semana de septiembre observando cómo se desarrollaba el proceso. Y una misión de 120 observadores llegaría al país el 1 de noviembre para cubrir, en tres grupos de 40, las tres ciudades con más electores, Managua, Matagalpa y León, haciendo conteos rápidos el día de los comicios en las tres ciudades.
Pero concluyó el mes de agosto y a seis semanas del evento electoral la OEA no sólo no ha llegado al país. Tampoco ha confirmado que vendrá. Almagro y su equipo guardan un total silencio, desde que en mayo a la misión técnica de la OEA que vino en fase exploratoria, Ortega le impidió reunirse con organizaciones de oposición y movimientos sociales “y prácticamente los sacó del país”, como confirmó a Envío Violeta Granera, coordinadora del Frente Amplio por la Democracia, uno de los grupos que se quedó sin poder hablar con los funcionarios de la OEA. .
Si la OEA guarda silencio, la mudez del gobierno sobre la participación de la OEA es aún más llamativa, como si la OEA no existiera ya en sus planes. Ante esta incertidumbre, los candidatos a la alcaldía de Managua de CxL anunciaron que si la OEA no venía tomarían “decisiones drásticas”. Pero, tan sólo días después afirmaron que les bastaba con que la OEA estuviera en el país al menos el mero domingo 5 de noviembre.
¿Por qué no llega a Nicaragua la OEA? ¿Los condicionamientos que le impone la pareja presidencial resultan inaceptables para su tradicional metodología de observación y no han logrado modificarlos? ¿No ha conseguido la OEA recursos para financiar la misión de observación? Seguramente, ambas respuestas son positivas y ambas se entrelazan.
Observar elecciones con un prólogo tan cuestionable y con un epílogo tan previsible afecta la credibilidad de la institución regional. Venir a Nicaragua significaría legitimar las elecciones. Y, por las mismas razones, los países que hubieran financiado la misión de la OEA (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) no quieren legitimarlas y han perdido interés en desembolsar recursos para un nuevo remedo de elecciones. Además, si la OEA viniera el gobierno se arriesga a que haga un informe que, por levemente crítico que fuera, no podría ser positivo… En estas condiciones para quienes asumieron el compromiso, OEA y gobierno, lo más prudente es callar.
DE NUEVO, “EL DEDAZO”
El eclipse total de la institucionalidad electoral viene de nuevo acompañado este año con una más visible profundización del colapso de la institucionalidad en el FSLN.
Ya vimos algo similar hace cinco años. En enero de 2012, comenzando a prepararse las elecciones municipales de aquel noviembre, el entonces operador político municipal de la pareja presidencial, Nelson Artola -cónsul hoy en el inundado Houston- recorrió el país anunciando que los candidatos a alcaldes de las cabeceras departamentales y de otras ciudades importantes del país serían seleccionados directamente por el dedo de Ortega y por el de Murillo, y que en el resto de municipios se seleccionarían por encuestas o en consulta con los secretarios políticos del FSLN, todos prácticamente incondicionales de Murillo, quien había descartado hacer elecciones internas para evitar “disputas terribles entre nosotros mismos”. Como consecuencia de esta decisión las elecciones de aquel año fueron precedidas por protestas de sandinistas en al menos 40 municipios, en los que terminó imponiéndose “el dedazo”.
La historia se ha repetido en 2017, aunque con más retraso que en 2012, porque el partido de gobierno evitó que estallaran tan pronto. En junio, Murillo había anunciado que los candidatos serían seleccionados por encuestas, realizadas según un “modelo democrático evolutivo”. Pero las encuestas no parecen haberse realizado en muchos municipios o sus resultados no fueron publicitados o no fueron conocidos ni por los mismos elegidos o terminaron siendo otros los criterios de selección…
El 19 de agosto el FSLN entregó al Poder Electoral en dos grandes cajas los nombres y expedientes de los 6 mil candidatos que lleva ese partido a las elecciones, pero no los hizo públicos. Se conocerían hasta que La Gaceta los publicara oficialmente el 19 de septiembre, inaugurando así una nueva modalidad del “dedazo”: no sólo el poder los escoge, sino que ni siquiera dice a quién escogió y por qué los favoreció el dedo del poder.
LA REBELIÓN DE “LOS HISTÓRICOS”
Es difícil guardar secretos en Nicaragua. Pronto los que ya se sabían ungidos, más del 60% repitiendo en el cargo, empezaron a hacerse ver iniciando sus campañas… Otros nombres se filtraron. Otros los filtraron las propias estructuras partidarias. Hubo plantones, protestas y marchas contra “el dedazo” en casi todos los municipios de Nueva Segovia, en Masaya, en Niquinohomo, en casi todos los municipios de Chinandega, en Boaco, en Rivas, en Ciudad Sandino, en Jalapa y Tipitapa, en Sébaco... Con más o menos organización y varios nombres (Comando Popular del FSLN, Asociación de Cumplidores por la Paz, Expresión Popular contra el Dedazo…) los “insu¬rrec¬tos” anunciaban que se abstendrían de votar por los impuestos.
Rosario Murillo desestimó el malestar y aseguró que 600 mil simpatizantes del partido de gobierno habían sido encuestados. También organizó mar¬chas de respaldo a los seleccionados.
“Es la rebelión de los históricos”, dijo a Envío un conocedor de bastantes de quienes, en videos y fotos, vio protestando en diversos municipios de Chinandega, un tradicional bastión del FSLN.
UNA CALCULADA OPERACIÓN INICIADA EN 2007
Asomó así, nuevamente visible, la discrepancia existente entre los militantes históricos del FSLN y los “murillistas”. Es un nuevo capítulo de las tensiones que viene provocando la operación en la que Murillo está empeñada desde 2007: recomponer al FSLN, y al Estado mismo, colocando en todos los cargos a personas incondicionales y manejables, valiéndose para ello de recursos, de prebendas o de cualquier otro medio.
Durante una década, Rosario Murillo ha impuesto, nombrado o cambiado a secretarios políticos -que son el verdadero poder local-, ha seleccionado a candidatas y candidatos a diputados y a los cargos municipales, ha relegado y hasta proscrito a cuadros históricos del Frente y ha dado cada vez más espacios, no de decisión sino de figuración, a mujeres que le son leales y a jóvenes sin ninguna trayectoria política.
EL ECLIPSE DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL FSLN
El elemento más novedoso en la marejada de inconformidades y protestas al interior del partido de gobierno, en relación a las oleadas que ya vimos en 2012, han sido las sucesivas apariciones de varios “históricos” de distintos municipios en los dos programas de televisión que dirige Carlos Fernando Chamorro, “Esta Noche” y “Esta Semana”. Sin espacios de debate ni oportunidad de hacer críticas recurrieron a un espacio que Murillo considera una “trinchera enemiga”. Escucharlos demostraba el eclipse institucional del partido de gobierno.
El experto en municipalismo Silvio Prado lo llama la “quiebra institucional”. Ante el nuevo “dedazo” comenta que “el proceso de institucionalización del FSLN, que implicó pasar de movimiento político-militar a partido para la competencia electoral (estatutos, programa, congresos, selección de candidatos…) se revirtió a me¬di¬da que Daniel Ortega se fue apropiando de toda la organización. Esta deriva acarreó la desinstitucionalización del Frente. Todas las decisiones, incluso las más nimias, pasaron a ser tomadas por un círculo cada vez más excluyente de personas, a condición de una fidelidad canina hacia sus amos. Al mismo tiempo, los órganos que en teoría deberían ser de control y rendición de cuentas para garantizar la democracia y la transparencia, cayeron en desuso. En tales circunstancias de quiebra institucional, las hermanitas menores de la institucionalización, como son las elecciones primarias y las encuestas internas, no podían correr mejor suerte”.
ECLIPSE EN EL BANCO CENTRAL
El 7 de agosto el Presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, sorprendió al país informando que, de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), un 96% de los nicaragüenses asegura tener empleo y el desempleo abierto en el país es sólo de un 4%.
“No es casualidad -dijo Reyes- que una economía que está dinámica como la nuestra, presente buenos resultados en esa dirección”. Nadie le creyó y algunos de los miles y miles de nicaragüenses que están en el falso 4% hicieron chistes en las redes sociales.
En páginas siguientes, el economista Néstor Avendaño, en su día profesor de Reyes, refuta esas cifras, explica las que se aproximan a la verdad y sostiene con gran consternación que con ese informe se ha destruido el último bastión de seriedad económica que había en Nicaragua. Para Avendaño, “existe un desorden generalizado en el discurso económico de nuestro país”, ya que no le corresponde al Banco Central hablar de empleo ni de índice de precios al consumidor ni de remesas ni de pobreza.
Sin embargo, el Presidente del Banco Central habla de todo lo que no le corresponde y no informa de lo que le corresponde.
Considera Avendaño que con este último e increíble informe, Reyes “afectó grandemente la credibilidad técnica y profesional del Banco Central y contaminó políticamente la seriedad y la profesionalidad de esta institución”. Una prueba más del prácticamente total eclipse institucional.
TAMBIÉN SE ECLIPSA LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL
Toda la legislación de estos últimos años, además de eclipsar la tarea legislativa se suma a la crisis institucional. Este mes tuvimos un ejemplo que, sin duda, contribuirá a agravar la crisis ambiental en la que la codicia de un sector empresarial privado y la indolencia de las instituciones públicas están sumiendo al país.
El 28 de agosto Ortega mandó a publicar en La Gaceta un decreto ejecutivo que sustituye el decreto de 2006, que ordenaba el sistema de evaluación de impacto ambiental que debían cumplir las inversiones. A pesar de las limitaciones de las instituciones responsables de hacerlo cumplir, el decreto derogado garantizaba un cuido más responsable de los recursos naturales del país. Era una referencia, una herramienta legal a la que acudir, un texto con el que reclamar.
25 páginas de un decreto que tardó tres años en elaborarse, en consulta con expertos ambientales, fueron sustituidos ahora por un decreto de sólo dos páginas que, según reconoció José Adán Aguerri, presidente reelecto por décima vez al frente de las cámaras empresariales agremiadas en el COSEP, surgió de seis meses del diálogo corporativo gobierno-COSEP, excluyendo a los expertos ambientales.
LA MINERÍA Y EL CANAL
Aguirre dijo que el nuevo decreto “facilitará” los requisitos ambientales de los proyectos de inversión, que ahora quedan exclusivamente en manos del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (MARENA), uno de los más ineficientes y con menor presupuesto del actual gobierno, cuyas acciones ya dejaba mucho que desear al otorgar y evaluar las concesiones mineras y otros proyectos.
Tal vez por eso la Cámara Minera del COSEP fue la primera en dar la bienvenida al nuevo decreto. Facilitar los negocios a la recién creada empresa estatal minera, Eniminas, cuyo trasfondo y privilegios explicó en Envío en julio Víctor Campos, director del Centro Humboldt, parece ser uno de los objetivos del nuevo decreto, en momentos en que por fin surge en Nicaragua una coalición de esfuerzos nacionales y locales para luchar contra la minería a cielo abierto.
Todo parece encajar. El 24 de agosto, sólo unos días antes de la publicación del decreto, Ortega nombró director de Eniminas con rango de ministro a Francisco López, un nuevo cargo para quien es también presidente de la Empresa Nicaragüense de Petróleos (PETRONIC), vicepresidente de los negocios de Albanisa, representante del Estado ante Disnorte-Dissur, la distribuidora de electricidad, además de tesorero del Frente Sandinista.
Todo parece encajar. Una semana después de la anulación del decreto previo el gobierno enviaba al cuerpo diplomático un Libro Blanco sobre el megaproyecto canalero, precisando los seis subproyectos asociados al Canal, todos grandes inversiones que exigirán estudios ambientales… que ahora se “facilitarán”.
VIGORES DISPERSOSUNIDOS POR LA CASA COMÚN
Días después del potencial impacto ecocida que podría provocar este decreto, dado el eclipse institucional que oscurece al país, organizaciones ambientales de todo el país, en conjunto con la Academia, organizaciones sociales y feministas, emitimos -también firmó Envío - un pronunciamiento que alerta a todo el país.
“La arbitraria derogación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -decimos- es la estocada final de un proceso malintencionado que pone en indefensión la sobrevivencia social y económica de la gran mayoría de la población nicaragüense… La derogación coloca al país en un estado que no atrae inversión responsable y seria, interesada en el desarrollo, pues favorece la intromisión de empresas foráneas caracterizadas por su perfil depredador y extractivista, que vienen a destruir los pocos recursos naturales que aún nos quedan”.
La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción, que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente.
Son las palabras del Papa Francis¬co en la encíclica Laudato Si que re¬coge el pronunciamiento, firmado por 50 organizaciones, vigores dispersos unidos en defensa de la Casa Común.
HAY EMPRESARIOS PREOCUPADOS POR EL ECLIPSE
En esta ocasión, como en tantas otras, quien a nombre del gobierno defendió el decreto fue José Adán Aguerri, presidente de la cúpula empresarial del COSEP, mientras los funcionarios del gobierno guardaban silencio, expresión del eclipse de la información pública, o de la suplantación de esta tarea por la gran empresa privada.
Aunque no toda parece estar conforme con lo que está ocurriendo. Hay sectores empresariales que, conscientes de las consecuencias económicas del eclipse institucional que observan, comienzan a sumar sus voces a las de otros sectores.
Al presentar el segundo informe de coyuntura económica del año, Gerardo Baltodano, director de FUNI¬DES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social) recordó que la organización que dirige es “un centro de pensamiento que promueve políticas públicas y privadas basadas en un marco institucional sólido y el respeto al Estado de derecho”.
Señaló que están financiados “por más de 65 empresas exitosas y de renombre, con fuerte representación en el COSEP y en su Grupo de Consejeros”. Pero aclaró: “Nuestras posiciones no son gremiales y son emitidas desde la perspectiva global de nación y basadas en análisis económicos, técnicos y rigurosos”.
Desde esa identidad tomó cuidadosa pero clara distancia de la alianza corporativa de los gremios del COSEP con el gobierno: “Debemos fomentar y enriquecer el diálogo entre el COSEP y el gobierno -dijo-. Nuestro país estaría en una situación económica más desfavorable si este diálogo no se hubiera generado”.
“Queremos dejar claro que FUNIDES considera oportuno mantenerlo por el beneficio de nuestro país e instamos a ambas partes a continuar dialogando. Sin embargo, es obligación también aclarar, que el diálogo no es ni debe ser promovido como corresponsabilidad del sector privado en la gestión gubernamental; y mucho menos ser usado para legitimar, suplantar o esconder la falta de institucionalidad por la que atraviesa el país, que se refleja en nuestra todavía naciente seguridad jurídica y falta de instituciones políticas inclusivas”.
EL ECLIPSE SOLAR DE HACE 26 AÑOS
A las 2 de la tarde del 11 de julio de 1991 pudimos contemplar en Nicaragua durante seis minutos el eclipse solar total más prolongado del siglo 20 con su magnífico final, el llamado “anillo de diamante”. Una experiencia inolvidable.
El científico nicaragüense Jaime Incer Barquero, quien hoy, y sin ocultar su ansiedad (“Es el saqueo del país”) lamenta el decreto ejecutivo que elimina regulaciones ambientales, señaló, 26 años después de aquel maravilloso espectáculo, que en Nicaragua casi nadie pudo disfrutarlo “por razones supersticiosas”.
Recordó cómo el gobierno recomendó a la gente verlo mejor por televisión, que hubo escuelas con las clases suspendidas por protección de sus alumnos, mujeres vestidas de negro para defenderse del peligro, embarazadas escondidas en sus casas y casi nadie en las calles.
Este año, aun cuando el eclipse iba a verse muy parcialmente en Nicaragua -apenas el 30% del sol sería cubierto por la luna-, hubo una gran expectativa, hambre de información, búsqueda de lentes apropiados, charlas con gran afluencia de público… Una clara señal de que Nicaragua ha avanzado culturalmente.
Esperemos que esperar que, con toda la información que ya hemos acumulado sobre el eclipse institucional prácticamente total que oscurece nuestro futuro como nación, pasemos de ser sus observadores preocupados a participar activamente en cambiar las cosas.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica