Nicaragua
El cerco se estrecha y en la mira, las redes sociales
Una incertidumbre cada vez mayor
parece tener paralizado al gobierno de Nicaragua
que sigue “ganando tiempo”,
sin resolver urgentes problemas económicos.
El cerco internacional se estrecha desde Washington.
En el país, el gobierno lo tiene ya casi todo bajo control…
… menos las redes sociales.
Por eso, y preparándose para peores escenarios nacionales, el gobierno las tiene ya en la mira.
Equipo Envío
El 12 de marzo la vocera del Poder Ejecutivo anunció que pediría al Poder Legislativo que realizara un “gran debate nacional” sobre “los temas que debemos revisar” porque “todos o casi todos estamos conectados a Internet y a las redes sociales y podemos estar siendo influencia¬dos negativamente” por ellas y eso afectaría la “necesaria capacidad de convivencia que tenemos las familias y las comunidades”.
La amenaza de control y censura que buena parte de la sociedad nicaragüense sintió al anunciarse el “gran debate” hay que inscribirla en el incierto contexto geopolítico que mantiene en vilo al gobierno de Nicaragua.
“LA SITUACIÓN DE NICARAGUA ES INCIERTA”
Aunque la política internacional del Presidente Trump es impredecible, lo que no requiere de predicción alguna es que está cada vez más escorada hacia una mayor dureza con quienes él vea como enemigos, rivales o tan sólo antagonistas. La sustitución de Rex Tillerson como Secretario de Estado por Mike Pompeo, un reconocido “halcón” republicano, es sólo la punta de un iceberg que ha dejado helado a muchos.
¿Cómo afectará esto a Nicaragua…? Coincidiendo con el “timing” de la selección de Pompeo, la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, leyó el 14 de marzo ante la clase empresarial nicaragüense una conferencia magistral titulada “Perspectivas 2018 – El camino hacia 2030”. Siendo la apuesta de Washington, como indican todos los pasos que da, el debilitar el mayor logro de Ortega, su alianza con la élite empresarial, el mensaje de Dogu respondió claramente a ese objetivo. Con una contundencia no empleada en anteriores mensajes, les explicó a los empresarios cuán “inciertos” nos ve Estados Unidos por el rumbo político que en 2018 lleva el gobierno y cuán “incierto” ve Estados Unidos el desarrollo de Nicaragua en 2030 si no hay cambios significativos en las estrategias económicas.
AMENAZAS QUE ESTRECHAN EL CERCO
Entre los aspectos de mayor escozor para el gobierno, la embajadora Dogu resaltó dos. Uno, reiterar que “las maniobras para preservar la inmunidad de Roberto Rivas y permitir que el Consejo Supremo Electoral continúe funcionando sin ningún tipo de cambio significativo, constituyen una oportunidad perdida”. Y dos, dijo algo que hasta ahora nunca había dicho, al señalar que “la OEA vino al país y, sin embargo, no se puede identificar algún cambio que se haya producido como fruto de su involucramiento”.
Recordó la diplomática que la Nica Act “sigue pendiente” y que ahí están también las sanciones de la Ley Global Magnitsky, temas habituales en cualquier análisis que se hace sobre la incertidumbre nacional. Quiso añadir a estas amenazas otra: “Lo que no muchos saben: que el gobierno de Estados Unidos prohíbe trabajar muy de cerca con gobiernos que han reconocido a Osetia del Sur y Abjasia, siendo Rusia, Venezuela, Nicaragua y Nauru, los únicos países en el mundo que lo han hecho”.
Nicaragua reconoció como países independientes a Abjasia y a Osetia del Sur, dos territorios separatistas de Georgia, en septiembre de 2008 para con¬¬graciarse con Rusia. En mayo de 2017 el Presidente Trump firmó una ley que restringe el acceso a fondos del gobierno federal de Estados Unidos a países que hayan reconocido a esos dos “países”. ¿Significaría eso que ya no sería necesaria la aprobación de la Nica Act para que Nicaragua quedara fuera de los recursos estadounidenses en las instituciones financieras internacionales?
Significativa también, y tampoco mencionada hasta ahora por la representante de Washington, fue la referencia que hizo Dogu al tema del lavado de dinero. Recordó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) -organización intergubernamental que trabaja para prevenir y combatir, entre otros, ese delito- se refirió en su último informe (septiembre 2017) a Nicaragua diciendo que, aunque nuestro país “ha hecho importantes esfuerzos, concluye que no está en conformidad con las leyes y regulaciones en una serie de importantes áreas”.
“NO BASTARÁ LA MANO DE OBRA BARATA”
También se refirió la embajadora Dogu, y tan extensamente como a los aspectos políticos, a desafíos que tiene nuestro país ante la “cuarta revolución industrial”. Y ofreció “algunas ideas para que las tengan en consideración” (los empresarios).
Las ideas eran concretas, sugerentes, se referían específicamente al costo y a la calificación de la mano de obra y al costo de la energía. “Hasta ahora -les advirtió- Nicaragua ha dependido mayormente del bajo costo de su mano de obra. Pero en la Nicaragua del 2030 esa opción ya no es viable. Si Nicaragua no quiere quedarse rezagada debe enfocarse en generar energía con precios competitivos y en preparar a su juventud”.
La embajadora afirmó que la cuarta revolución industrial “brinda oportunidades para que las personas alrededor del mundo participen del desarrollo económico en formas totalmente diferentes a como lo hacían antes”. Y entre los ejemplos que dio señaló que en África se han desarrollado “nuevas y creativas formas de hacer negocios bancarios móviles”.
En esta segunda parte de su conferencia, se hizo obvio que la embajadora quería sacudir la limitada visión de los empresarios que la escuchaban, al señalar que “muy a menudo los nicaragüenses se conforman con los mismos métodos que utilizaban sus abuelos, y si bien honran la tradición, sacrifican ganancias”.
EL NUEVO BANCO “AVANZ”
Una semana después del discurso de la embajadora Dogu, el más conspicuo representante del gran capital nicaragüense, Carlos Pellas, anunció que su nuevo banco “Avanz” se enfocaría en los negocios bancarios móviles.
El enorme despliegue mediático con el que Pellas lanzó su proyecto reveló que el discurso de Dogu, que implícitamente describía al empresariado nicaragüense como cortoplacista y atrasado, le había “llegado”, y el magnate quiso aprovechar la ocasión para afirmar su liderazgo empresarial entre los tres más grandes capitales nacionales, el grupo Pellas y otros dos grupos financieros.
Anunciando que lanzaba un proyecto de bancarización móvil, Carlos Pellas buscó darle algo de lustre a su imagen, opacada últimamente, apareciendo ante la nación como un empresario con mirada de largo plazo, ya ubicado en los desafíos del siglo 21 y, además, como el primero en tener en cuenta las sugerencias de la embajadora Dogu. Sin embargo, aunque puso bombos y platillos a su proyecto, éste es técnico y totalmente aséptico en relación a los graves problemas institucionales, centrales en el mensaje de la representante de Washington.
“NO SÓLO ENTRE EL GOBIERNO Y USTEDES”
La estrategia empresarial de Carlos Pellas no hace eco tampoco a otra implícita crítica de la embajadora al modelo corporativo de gobierno que existe hoy en Nicaragua, basado en la alianza gobierno-élite empresarial, carta de presentación que más emplean Pellas y otros empresarios cuando cabildean en Washington contra la Nica Act y otras amenazas.
Dogu exhortaba a enfrentar los desafíos que plantea el futuro a nuestro país no sólo con bancos móviles, sino en “una conversación franca y abierta en la que participen todos los miembros de la sociedad, no sólo los funcionarios del gobierno y los líderes de grandes empresas -como muchos de ustedes-, sino también los líderes comunitarios de fuera de Managua y los trabajadores que estarán encargados de la implementación de las decisiones”.
“LAS SANCIONES SIGUEN VIGENTES”
Como era de esperar, los medios del gobierno guardaron total silencio sobre el discurso de la embajadora. Y los empresarios que la escucharon no comentaron un mensaje explícitamente dedicado a ellos, e implícitamente cuestionador de la alianza que muchos mantienen con un gobierno que se empeña en un rumbo político incierto que los perjudica y que pone en peligro a todo el país.
Una semana después del discurso de Laura Dogu, el 22 de marzo, volvió a hablar Washington para recordar que las sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, las impuestas por el gobierno de Estados Unidos desde agosto de 2017, y las impuestas recientemente, se mantienen vigentes y se aplican a Albanisa, filial de PDVSA en Nicaragua y cabeza del consorcio empresarial del partido de gobierno, creado con los recursos de la cooperación petrolera venezolana
La embajada de Estados Unidos en Managua reafirmó esto por medio de una teleconferencia desde la OFAC (Oficina de Control de Activos) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a la que asistieron representantes de los bancos del país, empresarios agremiados en el COSEP en la Cámara de Energía y representantes de las petroleras UNO y PUMA.
“ROBERTO RIVAS NO VA A SER EL ÚNICO”
A la reunión en la embajada de Estados Unidos para escuchar a la OFAC no fueron invitados los representantes de las empresas pertenecientes al consorcio que preside Albanisa y que están directamente relacionadas con el negocio petrolero y eléctrico.
Por eso, no se giró invitación a la distribuidora nacional de energía eléctrica Disnorte y Dissur, a la distribuidora nacional de Petróleo (Petronic), con decenas de gasolineras que distribuyen combustibles en todo el país, a las empresas de generación de energía renovable Alba Vientos y Alba Generación. Tampoco fue invitado el Banco Corporativo, que administra la extensa red de negocios de todo tipo que hoy tiene Albanisa en nuestro país y que no tiene corresponsalía con ningún banco de Estados Unidos.
El funcionario que dirigió la reunión, William Muntean, consejero económico de la embajada, especificó los limitados plazos permitidos hasta el momento por la OFAC para las deudas que por cualquier transacción, comercial o financiera, personas o empresas estadounidenses radicadas en Nicaragua tengan que realizar con Albanisa, y así eviten caer en las sanciones. Mencionó Muntean que por razones “de reputación” ya toda la banca nacional no tiene relación con los negocios de Albanisa.
Al término de la reunión, cuando se le preguntó a Muntean si aparecerían nuevos nombres en la lista de corruptos sancionados por la Ley Global Magnitsky, respondió diciendo que el nombre de Roberto Rivas “claro que no va a ser el único”, añadiendo que la OFAC “estaba estudiando otras posibilidades”, aunque no había “más información sobre próximos pasos”.
UN GOBIERNO PARALIZADOY UN PAÍS ENDEUDADO
El cerco se estrecha y este amenazante contexto político internacional y las energías que demanda analizarlo, o tan sólo informarse del alcance de las presiones de Washington, parecen haber paralizado al gobierno ante las urgentes reformas estructurales que debe enfrentar en el terreno económico.
Tras el fin de la cooperación petrolera venezolana, la economía se ha ido tornando cada vez más frágil y el gobierno ha tenido que retirar circulante para mantener las reservas internacionales. Incrementar la recaudación de impuestos aumentando los tributos y reduciendo las exoneraciones fiscales se vuelve imperioso para seguir manteniendo el nivel de reservas y para garantizar la inversión pública y el gas¬to social.
La táctica de “ganar tiempo”, tan empleada por Ortega en momentos críticos, resulta destructiva ante la actual fragilidad económica. El “tiempo ganado” sin dar ninguna respuesta política a la crisis institucional, ni tampoco respuestas económicas estructurales ante el fin de la cooperación venezolana y la crisis del INSS, lo único que ha significado es un mayor endeudamiento del país. 2017 ha sido año récord en el aumento de la deuda pública externa de Nicaragua durante la década de Ortega en el gobierno. 2017 ha sido también el año en que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha batido récords en su histórico déficit.
YA SE SABE LO QUE HAY QUE HACER
Se sabe, y el Fondo Monetario Internacional lo ha explicado y reiterado, que el gobierno debe reducir las exoneraciones y responder a la insolvencia del INSS con medidas concretas. Y debe hacerlo cuanto antes.
Si se sabe lo que hay que hacer, ¿por qué no se hace nada? ¿Tal vez la parálisis está alimentada por el temor a afectar la alianza con los grandes empresarios, tocándoles el bolsillo para reducirles las privilegiadas exoneraciones de las que gozan o para aumentarles los impuestos que en justicia deben pagar?
La sobrevivencia del modelo de Ortega depende de hacer esas reformas estructurales. Pero el costo político de ambas reformas a pagar, con sus socios en el exitoso modelo corporativos sería alto. También lo sería para la población. Porque, de un modo o de otro, es mucha la gente que tiene que ver con el seguro social.
Con su habitual mesura, el economista Néstor Avendaño describe en su blog del mes de marzo la gravedad de la situación, dejando abierto un margen de duda: “La economía de Nicaragua está transitando por terrenos inseguros, colmados de incertidumbres políticas y con pocas opciones para reducir los riesgos, por la prevalencia de decisiones políticas que impiden enfrentarlos efectivamente, excepto que los servidores públicos ya tengan a mano un plan contingente para amortiguarlos”.
¿Habrá ese plan contingente o el gobierno estará desbordado por una crisis que no ve claramente cómo enfrentar al menor costo político posible?
LA “INFLUENCIA NEGATIVA” DE LAS REDES SOCIALES
Es en este contexto más amplio que hay que situar la propuesta del gobierno de “revisar” las redes sociales porque estarían “influenciando negativamente a las familias”, un argumento difícil de digerir.
Peor aún, cuando la voz oficial nos dijo que el “gran debate” sobre esa nociva influencia tenía como objetivo “fortalecer los vínculos afectivos en las familias”.
En un país como Nicaragua, donde ha sido comprobado que el hogar es el espacio donde es mayor la inseguridad de las mujeres y las niñas (violencia y abuso sexual), responsabilizar a las redes sociales de “influencias negativas” en las familias resulta un argumento por lo menos tendencioso.
Un argumento que podemos también cuestionar teniendo en cuenta que en 2014 un reglamento presidencial desvirtuó la Ley 779, “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres”. Y no sólo: que el gobierno fue cerrando las Comisarías de la Mujer para crear los Gabinetes de la Familia, a los que desde la Presidencia se les orientó no hablar más de “violencia contra las mujeres” sino de “desentendimiento familiar”.
La razón verdadera para querer intervenir en las redes sociales, regulando, controlando, bloqueando -lo que sea que se decida- es el temor a que las redes sociales, único espacio que el gobierno aún no controla se conviertan en una herramienta de movilización. Y, como dice el refrán, como el cerco se estrecha, mejor precaver que tener que… reprimir.
¿COINCIDENCIA?
En una sospechosa coincidencia, la voz oficial se refirió preocupada el 12 de marzo a lo que difunden las redes sociales después de los secuestros de un niño en Chinandega y de una niña en Managua, casos que la Policía resolvió rápidamente, y que fueron viralizados en las redes con la “noticia falsa” de que ya operaba en Nicaragua una banda de traficantes de órganos de niños.
Y aunque la voz sólo habló de “revisar” las redes sociales una mayoría de la población y los usuarios de las redes entendieron “controlar”. “En ningún momento nadie lo ha planteado”, fue la categórica respuesta oficial. A partir de entonces, quienes participan en el “debate” no han dejado de insistir en que el objetivo no es la censura sino defender a las familias, a las mujeres y a la niñez.
VENEZUELA, HONDURAS, BOLIVIA
Lo que pasa en Nicaragua está pasando en otros países. En noviembre de 2017 la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó una “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, que abarca a todos los me¬dios de comunicación escritos, televisados y radiales. En su artículo 14 se refiere a las redes sociales.
El 8 de febrero de 2018 el Congreso de Honduras, dominado por diputados del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández, en la Presidencia por fraude en las elecciones de noviembre de 2017, aprobó, en el primer debate de tres, la “Ley nacional de ciberseguridad y medidas de protección ante los actos de odio y discriminación en Internet y redes sociales”. Y en Bolivia el gobierno de Evo Mo¬ra¬les analiza una ley que regule las re¬des sociales.
En este continente, cada vez más globalizado, los “guiones” con que escriben su gestión los gobiernos, sea cual sea su signo ideológico, se van pareciendo cada vez más. El vuelco en las comunicaciones es mundial y drástico y preocupa a todos los que tienen poder. Se acabó aquella dupla emisor/receptores. Hoy, la tecnología ha multiplicado exponencialmente tanto a receptores como a emisores. Y es en el espacio virtual de las redes sociales donde todo el mundo puede ser una cosa y otra a diario, muchas veces y con total libertad.
COSEP: “SEREMOS UNA PARED”
Ya en 2013 el gobierno había hecho un primer intento de controlar el Internet, aunque en aquel momento las redes sociales no tenían aún en Nicaragua el alcance que hoy han alcanzado. El Instituto Nicaragüense de telecomunicaciones y Correos (TELCOR) dio a conocer en mayo de ese año una propuesta de “Ley de promoción y desarrollo de la red nacional de servicios de telecomunicaciones de banda ancha”, servicio que hasta ese momento no había sido objeto de ninguna regulación estatal.
Tanto la élite empresarial, aliada del gobierno, como numerosos sectores sociales señalaron que lo que pretendía el proyecto de ley era controlar la información que circula por Internet, pues la ley le daba a TELCOR derecho a acceder a información confidencial de instituciones estatales y de empresas privadas. Contemplaba también la creación de una empresa estatal “que apunta en la dirección de hacer de ella una empresa monopólica”, según afirmó el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Los gremios del COSEP prometieron ser “una pared” para evitar que se aprobara esa ley. Lo fueron y la ley no pasó.
UN CRECIMIENTO LENTO
Aun cuando en Nicaragua el uso de las redes sociales para crear conciencia ciudadana, promover debates políticos sustantivos y movilizar a la gente todavía “está verde” el gobierno considera que debe intervenir en lo que ya circula en las redes.
Nicaragua se conectó al Internet en 1994. El crecimiento del uso de la red global fue muy lento durante muchos años. Y hasta hoy, a pesar del crecimiento vertiginoso experimentado en los últimos cuatro años, Nicaragua es el país menos interconectado de Centroamérica y la brecha entre quienes en Nicaragua acceden al Internet y quienes se quedan fuera es la más amplia de la región.
En junio de 2009 William Grigsby Vergara escribió en las páginas de Envío un texto que retrataba el uso que la juventud estaba haciendo de las herramientas cibernéticas. Los datos de aquel texto de hace casi una década parecen ya de otra era, tanto han cambiado las cosas.
Había entonces en toda Nicaragua unos 2 mil cibercafés, con unos 18 meses promedio de supervivencia. Abrían unos, cerraban otros. Unas 120 mil personas acudían semanalmente a ellos en todo el país y hasta un 70% de las ganancias las obtenían sus dueños por llamadas de larga distancia, que eran de mala calidad y costosas. Gastar 30 dólares al mes en una conexión a Internet no era en aquel momento sólo un asunto de poder económico, lo era también de falta, tal vez, de “curiosidad intelectual”. Dos años antes, en 2007, de las 180 mil familias nicaragüenses con buen ingreso económico, no estaba conectada al Internet ni el 15%. Ese mismo año, en Costa Rica, más del 85% de las familias de igual estrato social ya estaban conectadas.
UN CRECIMIENTO VERTIGINOSO
En junio de 2008 ENITEL (Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones) comenzó a ofrecer la conexión a Internet vía teléfono celular en Managua. Desde entonces la brecha tecnológica comenzó a cerrarse rápidamente.
Ya ese año, los escandalosos hechos que rodearon el fraude electoral organizado por Ortega para que su partido ganara las elecciones municipales de noviembre fueron transmitidos por algunos periodistas de la capital, que hacían crónicas en vivo desde sus celulares. Unos años después, en las elecciones de 2016 y 2017 por las redes sociales se documentó minuto a minuto la masiva abstención con que una mayoría de nicaragüenses respondió al colapsado sistema electoral.
EL WI-FI EN LOS PARQUES
El boom de las redes sociales inició, a toda velocidad, en 2014, cuando el gobierno captó que era importante “enganchar” a la juventud a esta herramienta y puso en marcha la que llamó “estrategia de comunicación virtual en parques”. Consistió en instalar wi-fi libre y gratuito en los parques, primero en los de Managua y poco a poco en los de las principales cabeceras municipales.
Cuatro años después, en este 2018, prácticamente en todos los parques de la capital -los antiguos muy bien remozados y los nuevos-, y en al menos el parque central de casi todos los 153 municipios del país existe wi-fi libre y gratuito las 24 horas del día, aunque es sólo en 65 municipios donde la velocidad de acceso al Internet es la mejor.
ENATREL (Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica), eslabón estratégico del cuasi monopolio en combustibles y energía que hoy controla el grupo económico del gobierno (generación – transmisión – distribución de la electricidad), fue la institución encargada de llevar a cabo un proyecto que ha resultado inmensamente popular, pues es incalculable la cantidad de gente, especialmente jóvenes, que se han beneficiado de esta iniciativa, haciendo poco a poco obsoletos los cibercafés.
Hasta ahora y hasta no sabían cuándo, una gran cantidad de nicaragüenses no podían pagar el Internet en sus casas y hoy pasan horas con sus teléfonos celulares viviendo en el mundo virtual de la red de redes, especialmente en las redes sociales. “Ahora yo ya no vivo en el barrio Domitila Lugo, ahora vivo en Facebook”, dice feliz un joven muy pobre…
MÁS TELÉFONOS MÓVILES QUE PERSONAS
Según el experto en redes sociales, Manuel Díaz -quien tan pronto como en el año 2000 ya había creado una de las páginas más exitosas hasta hoy de Facebook, a la que llamó “Bacanalnica”-, actualmente existen en Nicaragua 1 millón 200 mil cuentas de Facebook, una cantidad similar a la de los usuarios del Internet. Descartando cuentas repetidas, serían 1 millón, cantidad equivalente al 20% de la población nacional. Calcula Díaz que usuarios activos de Twitter son mucho menos, unos 100-150 mil.
Según la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones (CANITEL) hay en Nicaragua más teléfonos celulares que personas: 8 millones 300 mil teléfonos móviles en manos de 6 millones 400 mil personas, pero sólo 2 millones 100 mil de esos teléfonos son “inteligentes” y pueden conectarse a Internet.
Según otras estadísticas, sólo unos 400 mil de los más de 6 millones de teléfonos celulares que había en Nicaragua hace dos años eran usados por una mayoría de gente comprando minutos, lo que permitía pensar que los empleaban para hablar con su familia, en Nicaragua o en el extranjero, y no para navegar por Internet o para enredarse en las redes.
“NO FUE UN PROYECTO INOCENTE”
Al instalar el wi-fi en los parques el gobierno seguramente apostó a ese proyecto con tres objetivos. Uno, ganar simpatía entre la gente más necesitada, la que no puede pagar el Internet en sus casas. Y otros dos: convertir el wi-fi gratuito en una herramienta de control y en un adictivo de distracción.
Por un lado, como todo acceso libre al Internet, el wi-fi de los parques expone toda la información de los usuarios (textos, fotos, llamadas, contactos...) a que proveedores y/o administradores del servicio la puedan interceptar, captar y almacenar. El gobierno tiene hoy en los parques una nueva vía para obtener información personal y datos de cualquier persona que esté usando el Internet en cualquier parque a cualquier hora.
Por otro lado, también debe haber apostado el gobierno a que, haciendo masivo y gratuito todo el tiempo el acceso a la infinita oferta de estímulos que ofrece el Internet, eso distraería a los jóvenes y los alejaría de preocupaciones políticas y compromisos sociales. “Que la gente esté cada vez más interconectada es muy bueno, y si el gobierno paga la conexión es mucho mejor. Pero este proyecto no es inocente y no sólo busca crear un país interconectado de forma gratuita. Seguramente, el gobierno prefiere tener a los jóvenes conectados en un parque que atraídos a participar en alguna protesta social”, fue lo que dijo a Envío ya hace dos años el periodista Xavier Reyes Alba.
EL RECUERDO DE OCUPAINSS
El proyecto inició en 2014. ¿Cómo podría haber olvidado el gobierno lo ocurrido un año antes? En junio de 2013 fue la primera vez, y hasta ahora la única, en que las redes sociales -entonces incipientes-, con la etiqueta #OcupaInss movilizaron a centenares de jóvenes de Managua a apoyar, en las calles y durante una semana, la protesta de un grupo de ancianos y ancianas quienes, no habiendo podido cotizar las semanas que establece la ley, y en representación de miles de ancianos en la misma situación, reclamaban al INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) una pensión reducida.
Muchachas y muchachos jóvenes se convocaron por las redes, y en número mayor cada día, llevaron comida y agua a los ancianos, se mantuvieron en las calles desafiando las arremetidas represivas de la Policía, algunos fueron apresados, cantaron en las noches… No se rendían, hasta que en la madrugada del sábado 22 de junio, cuando en la calle había unos 40 ancianos que dormían y unos 60 jóvenes que los acompañaban, llegaron al lugar grupos organizados paramilitarmente, trasladados al lugar en camiones de la alcaldía de Managua, encapuchados y armados con palos y fierros, atacaron a los jóvenes dispersándolos a golpes, desnudando a algunos, amenazando a las muchachas con violarlas, robándoles todo lo que tenían: documentación, celulares, relojes, billeteras, instrumentos musicales, también 7 vehículos. Todo ocurrió frente a agentes de la Policía que no hicieron nada para detener unos actos vandálicos que, a pesar de la gran cantidad de pruebas y testimonios, quedaron en total impunidad.
Dos días antes de esta violenta represión al estreno en Nicaragua del poder movilizador de las redes sociales, la respuesta solidaria de los jóvenes fue calificada por el diputado oficialista Gustavo Porras como “una conspiración de la derecha. ¡Y se equivocan quienes creen que en Nicaragua van a poder hacer las primaveras árabes y la plaza de Turquía!”
¿POR QUÉ CONTROLAR?
¿El afán de controlar ahora las redes sociales revela la preocupación porque algo como aquello se pueda repetir? Tal vez.
El contexto económico, con el fin de la cooperación petrolera venezolana y con la incertidumbre inversora que han creado las amenazas de Washington, es otro al de 2013. Mientras la macroeconomía se fragili¬za, la microeconomía comienza a deteriorarse en los hogares y en los mayoritarios pequeños negocios: hay menos circulante, se vende menos, comienza el recorte de subsidios (unos ya efectuados y otros anunciados), el gobierno destina cada vez menos recursos a programas sociales con los que aliviaba la pobreza y por todo el país aumentan las protestas puntuales -todavía aisladas- por problemas no resueltos. Todos afectan la economía diaria de la gente.
¿O el afán de controlar las redes sociales expresa tal vez el fracaso de la estrategia de comunicación del gobierno, que desde 2007 sólo difunde por su sistema de medios información “incontaminada”?
LA COMUNICACIÓN “INCONTAMINADA”
Para evitar la “contaminación” informativa y así aislar a grandes sectores de la población de los temas nacionales más importantes, polémicos y necesitados de un debate pluralista, el gobierno fue construyendo su propio sistema de comunicación en prensa, radio y televisión.
Convirtió a uno de los dos diarios nacionales, “El Nuevo Diario”, caracterizado durante años como un constante fiscalizador de la corrupción en el poder, en un vocero oficioso de las políticas del gobierno, especialmente de sus “éxitos” económicos. Hizo inversiones millonarias en la compra de canales de televisión y radioemisoras nacionales y locales. Hoy, la familia presidencial es dueña de tres canales nacionales y controla el estatal canal 6. Para dar más peso a este cuasi-monopolio, Ortega se asoció con el poderoso empresario mexicano-guatemalteco Ángel González -dueño de medios por toda América Latina- facilitándole licencias para operar otros cuatro canales de televisión. A esos cuatro, González sumó el decano de la televisión nacional, el Canal 2, que también terminó comprando.
En el terreno quedaron cuatro canales de TV fuera del duopolio. No tienen cobertura nacional y experimentan limitaciones técnicas y económicas, entre otras razones, por no tener acceso a las pautas publicitarias del gobierno. Alrededor de cada uno de los canales del duopolio funcionan radioemisoras, con mucha potencia y con perfil musical. El sistema se ha reforzado cerrando radios y noticieros locales críticos. También, captando, presionando o silenciando a periodistas influyentes.
Completa el sistema de comunicación oficial la Red de Jóvenes Comunicadores de la Juventud Sandinista, que se definen como “un frente contra el bozal informativo y la censura de los grandes medios de comunicación”. El gobierno los ha capacitado para que dirijan espacios en los canales y emisoras oficiales y para que actúen en las redes sociales difundiendo información “incontaminada”. En 2011, al celebrar su segundo congreso, dijeron ser ya 5 mil en todo el país.
LA ANTICRISTIANA “NOTA ROJA”
La información “incontaminada” que transmite el sistema oficial es monotemática: repite hasta el cansancio la tranquilidad y la seguridad que reinan en el país.
Para garantizar la información incontaminada, se obvia o diluye la importancia de cualquier conflicto nacional y se silencian o se minimizan pequeñas o grandes protestas sociales como la lucha del movimiento campesino anti-Canal o pequeñas y medianas protestas que reclaman por la ineficiencia de las instituciones o por la impunidad en la que quedan dramas humanos lacerantes, especialmente la violencia contra las mujeres.
Lo más grave en el sistema oficial es que esa rosada armonía está contaminada de sangre. A diario, dos noticieros de dos canales del duopolio (Acción 10 y Crónica TN8) y el de la más popular de las emisoras del gobierno, Radio Ya -medios de gran audiencia en el país-, se empapan de sangre usando permanentemente la “nota roja”: accidentes, muertes dramáticas, macheteados, trifulcas en los barrios, suicidios, “endemoniados” (epilépticos o alcohólicos) que son exorcizados, noticias dolorosas y trágicas, de las que son protagonistas las gentes más pobres.
Para hacer más crudos los relatos y azuzar el morbo, locutores y presentadores hacen escarnio de las víctimas con comentarios machistas, homofóbicos, misóginos, sin ningún límite ético que los frene.
¿CENSURAR, BLOQUEAR…?
¿Cómo pensará el gobierno regular las redes sociales? Todas las redes tienen sus propias regulaciones y las dan a conocer a los usuarios. Facebook, la más usada en Nicaragua, ha establecido políticas claras para evitar delitos como el ciberbulling o la calumnia y la especificación de cómo proceder está al alcance de quienes usan Facebook. Pero como esas normas son “letra pequeña” en la red, la gente no las lee y las desconoce. Y si las conoce, tal vez, anárquicamente, “le vale” y no las tiene en cuenta.
Técnicamente será imposible para el gobierno eliminar completamente las redes sociales. No parece ser ése el objetivo. Siendo las redes sociales negocios privados con dueños extranjeros que se mueven por las leyes del libre mercado es difícil imaginar que el gobierno esté apostando a una censura del tipo de la que existe ya en unos pocos países del mundo, donde el Internet está o totalmente bloqueado o controlado estatalmente.
¿Qué pensará censurar el gobierno, si es que decide censurar algo? Según estudios de CANITEL, sólo el 11% de las personas que en Nicaragua tienen Internet lo usan con fines educativos. Es de suponer que, entre otras actividades, ingresan a “la mayor biblioteca del mundo”, como llama al Internet Hjalmar Ayestas, presidente de CANITEL. El 80% emplea únicamente las redes sociales y el 9% usa el Internet con otros fines.
LA PRIORIDAD ES EDUCAR
Además del difícil contexto en el que está entrando la economía y en el que se mantiene la institucionalidad del país, la “gota que derramó el vaso” para que el gobierno decidiera actuar ahora, parece haber sido la aparición, a comienzos de 2018, de la página “Política 505”, cuyos contenidos comenzaron a hacerse virales atrayendo el interés de cada vez más personas.
Haya sido o no la página “Política 505” el detonante del “gran debate nacional” sobre las redes sociales, el momento ha sido ocasión para que, en tonos más sinceros unos que otros, y con diferentes énfasis, la mayoría de quienes opinan señale la necesidad de que lo que debe priorizarse para enfrentar el desafío que actualmente representan las redes sociales y la adicción de la juventud a “vivir” en ellas es la educación.
En un país con tan baja calidad educativa como Nicaragua es ése un desafío de muy largo plazo. Y en un país con un gobierno como el actual, que ha favorecido y diseminado tantos antivalores -el servilismo por encima del pensamiento crítico, la impunidad por encima de la transparencia, la sumisión por encima del debate-, el desafío de aprender a estar en las redes sociales con ética, responsabilidad y mesura es de enormes dimensiones. Se lucha “contracorriente”. La “alfabetización digital” y la “autorregulación”, las dos muy buenas propuestas que hace el presidente de CANITEL, suenan ideales aún lejanos.
“QUIEREN QUE NOS AUTOCENSUREMOS”
Las redes sociales son un espacio privilegiado por la juventud de todo el mundo. También son el espacio de la juventud nicaragüense. Envío habló con varios jóvenes para escuchar algunas de sus opiniones. Aunque son autocríticos de las banalidades que ocupan mayoritariamente las redes, sienten que se quedarían huérfanos sin ellas…
“Las redes no contribuyen a crear ciudadanía ni movilizan, eso es verdad. Pero sirven para presionar a las autoridades. Decimos lo que hacen mal y les sacamos fotos cuando hacen algo mal y eso las asusta”, dice una.
“Todo esto no es más que un proyecto piloto de autocensura. Lo que quieren es que nosotros mismos nos autocensuremos”, dice uno.
“No hace falta revisar leyes para tipificar el ciberacoso y sancionarlo. Las amenazas ya están tipificadas en el Código Penal, también el acoso. Usando el medio que use, si yo amenazo ya tengo una sanción. Lo de “ciber” es un agregado semántico”, dice un estudiante de Derecho.
“Con tantos familiares fuera, con tanta familia emigrante, ¿qué haríamos sin Facebook?”, dice una.
“Las usamos continuamente, perdemos mucho tiempo en ellas, en farandulería y necedades, eso es verdad. Ahora nos estamos dando cuenta de que ignoramos las consecuencias que puede tener todo lo que decimos”, dice el más preocupado.
“Hay farándula, hay mucha babosada, pero las redes han informado sobre hechos que se han vuelto virales y que han sacudido al gobierno y que el gobierno ha querido esconder. Por eso les temen”, dice la más convencida.
La moneda está aún en el aire. ¿Qué hará por fin el gobierno? ¿Y cómo responderá la sociedad, la juventud, los empresarios? Lo que está claro es que, haga lo que haga, el uso de las redes sociales no disminuirá, seguirá incrementándose.
El contexto económico deteriorándose, y el contexto comunicacional del gobierno aburriendo por lo rutinario de los mensajes de felicidad que pregona, favorecerán que las redes sociales no sólo crezcan, sino que aumenten en ellas denuncias, reclamos, críticas.
¿NUESTRO PROVINCIANISMO O LA GLOBALIZACIÓN?
El genial periodista polaco Ryszard Kapuscinski reflexiona, durante el viaje a África que realizó cuando acababa el siglo 20 y que recogió en el libro que tituló “Ébano”, que nuestro mundo es “aparentemente global”, pero que el provincianismo está tan enraizado en la naturaleza humana que “para la mayoría de la gente que vive en cada una de las provincias “el mundo real se acaba en el umbral de su casa, en el límite de su aldea, o todo lo más, en la frontera de su valle. El mundo situado más allá no es real ni importante, ni tan siquiera necesario, mientras que el que se tiene a mano, el que se abarca con la vista, aumenta ante nuestros ojos hasta alcanzar el tamaño de un cosmos tan inmenso que nos impide ver todo lo demás”.
En Nicaragua las redes sociales expresan hasta hoy, y por la mayoría de sus contenidos, nuestro provincianismo. Pero apuntan, por su potencialidad, a quebrarlo y a hacer interesante, necesario y urgente actuar más allá “del umbral de la casa” o de “la frontera del valle”... ¿Qué papel jugarán en los próximos años? Para que no superen su provincianismo, están en la mira del gobierno.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica