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| Universidad Centroamericana - UCA |
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Número 438 | Septiembre 2018 |
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Nicaragua
Noticias Nicaragua
“ALARMA NICARAGUA”
Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de Reporteros sin Fronteras visitó Nicaragua durante tres días para conocer el estado de la libertad de expresión en el contexto de la crisis de Nicaragua. La misión desarrolló 30 reuniones con periodistas y directores de medios, diplomáticos y miembros de la iglesia católica y de la sociedad civil. La misión fue presidida por Gustavo Mohme, peruano, presidente de la SIP. En sus conclusiones preliminares dice la SIP haber encontrado “una política de comunicación de discurso único y de propaganda, que incluye campañas masivas de desinformación a través de medios de comunicación, la creación de un aparato duopólico de órganos de prensa del gobierno, entre propios, cooptados y alineados al criterio oficial; una cultura de secreto permanente sobre información oficial, violatoria de la Ley de Acceso a la información Pública, mediante la cual el Presidente y sus funcionarios rehúyen el contacto con la prensa; y la puesta en vigencia de una ley sobre financiamiento del terrorismo que podría ser utilizada para acallar a los medios críticos y a ciudadanos disidentes que no concuerden con el relato único oficial”. El 30 de agosto la SIP publicó una “Alarma Nicaragua” en más de 1 mil medios escritos del continente.
POLICÍA – NUEVO JEFE
El 23 de agosto Daniel Ortega publicó en el diario oficial La Gaceta el cese de Aminta Granera en el cargo de Directora de la Policía. Granera ocupaba el cargo de forma decorativa desde hacía unos dos años y apareció públicamente por última vez al lado de Ortega el 21 de abril. Extraoficialmente se conoció que el 28 de abril había renunciado. Ortega publicó también el nombramiento de su consuegro Francisco Díaz como Director de la Policía. De hecho, ya lo había designado para ese cargo el 5 de julio, el mismo día en que el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a Díaz con la Ley Global Magnitsky. También publicó la ratificación de los comisionados generales Adolfo Marenco y Ramón Avellán en el cargo de subdirectores de la Policía. Marenco es Jefe de Inteligencia y de Investigación de la Policía y actúa como secretario político del partido FSLN dentro de la institución policial. Avellán se distinguió al frente de los operativos represivos de policías y paramilitares en Masaya. Como un insulto a la población a la que reprimió dejando una estela de muerte, Avellán fue condecorado a fines de agosto por la autoridad edilicia como “hijo dilecto de Masaya”.
COSTA RICA: XENOFOBIA
El 18 de agosto se dieron graves incidentes violentos en el parque La Merced de San José, con expresiones xenófobas contra la comunidad nicaragüense, que se reúne tradicionalmente en este espacio de la capital costarricense. La policía detuvo a 44 personas y decomisó varios cocteles Molotov. El día 21, los siete últimos Presidentes de Costa Rica, entre 1986 y 2018 (Arias, Calderón, Figueres, Rodríguez, Pacheco. Chinchilla y Solís), escribieron un comunicado en el que señalaban: “Perversos intereses pueden estar tratando de destruir nuestra armonía y de azuzar el odio y la xenofobia. No permitamos caer en la tentación”. El 25 de agosto, una masiva manifestación de nicaragüenses y costarricenses se desarrolló en San José en apoyo a los nicaragüenses, con el lema “Ticos y nicas” somos hermanos. La comandante Mónica Baltodano dijo en una larga entrevista con Teletica Radio que no le cabía “la menor duda” de que los provocadores del acto de repudio contra los nicas fue organizado por “agentes del régimen” de Ortega, infiltrados en Costa Rica para perseguir a quienes huyen de la muerte en Nicaragua y para procurar conflictos con el gobierno costarricense por su apertura a recibir a los nicaragüenses y darles el estatus de refugiados, coincidiendo Baltodano con la apreciación de los ex-Presidentes, cuando se refieren a “perversos intereses”.
NICARAGUA – COSTA RICA
EL 30 de agosto, en un discurso ante sus seguidores, Daniel Ortega anunció que propondría formalmente al gobierno de Costa Rica “que nos pasen el listado de todos los que nicaragüenses que están pidiendo allá refugio, asilo, o lo que sea, para poder decirles: Vean, de todo este listado son éstos nada más los que tienen acusaciones por delitos… Y si ellos los quieren dejar allá en Costa Rica, pues que los dejen… Y a los que se sientan libres de pecado les decimos que regresen a Nicaragua, que nadie los va a tocar, nadie los va a capturar”. Según ACNUR, 24 mil nicaragüenses han cruzado la frontera buscando en Costa Rica que no los “toquen”ni los “capturen” por el “pecado” de oponerse al régimen. La Vicecanciller costarricense Lorena Aguilar, dijo: “Costa Rica no brinda esa información a ningún país. Liberar información confidencial o sensible de estas personas atenta contra todo el derecho internacional sobre derechos humanos de los refugiados… Ningún país que ha firmado convenios internacionales va a dar una información que se rige por los principios de confidencialidad”.
NUEVO EMBAJADOR DE EEUU
El 22 de agosto, el nuevo embajador de EEUU en Nicaragua, Kevin Sullivan, se presentó a la habitual audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. A las preguntas de los senadores respondió que la crisis política de Nicaragua representa un peligro para los nicaragüenses y para toda la región, consideró que el plan de sanciones contra Ortega es “esencial” para demostrar seriedad ante las violaciones a los derechos humanos. También declaró que la solución “sostenible” de la crisis son elecciones anticipadas “libres, justas y transparentes con observación internacional”. Sullivan consideró que la ayuda militar rusa a Nicaragua y las relaciones de Ortega con Rusia representan una amenaza para la seguridad de EEUU y afirmó que de ser confirmado como embajador trabajará para que los responsables de la violencia “rindan cuentas por sus fechorías”.
ELECCIONES EN EL CARIBE
Para demostrar “normalidad”, y en un escenario decorado con rosas azules, muy costosas por ser genéticamente modificadas, el costeño Lumberto Campbell, Presidente del Consejo Supremo Electoral desde que sustituyó a Roberto Rivas, sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU con la Ley Magnitsky, convocó a las elecciones regionales en el Caribe, que según el calendario deben celebrarse el domingo 3 de marzo de 2019, sin que se haya producido, ni siquiera anunciado, ninguna reforma en el sistema electoral, tal como Ortega y la secretaría general de la OEA se comprometieron a hacer desde hace más de un año. Mientras los partidos satélites de Ortega dieron a entender que participarían, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reunió con la directiva de Yatama, el partido costeño de mayor arraigo, e identificaron cuatro razones por las que estos comicios no deben realizarse: la crisis socioeconómica que vive el país, los fraudes de las últimas tres elecciones, la inexistente autonomía y autogobierno en la región del Caribe y el incumplimiento del Estado de Nicaragua de la sentencia de la Corte Interamericana de 2005 a favor de los reclamos de Yatama.
HABRÁ JUSTICIA
“Todas las sanciones posibles tenemos contra el gobierno de Nicaragua… Las cosas no pueden seguir como están yendo. Pensar que todo está bien, que las cosas se van a resolver solas, no es cierto. Sé que la sociedad civil y la Alianza Cívica lo entienden, espero que el gobierno también acepte que las cosas en Nicaragua tienen que cambiar y lo más pronto posible… Las personas que estén violando los derechos humanos serán juzgadas. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Si piensan que, porque están en Nicaragua y están protegidos ahora por el gobierno no van a tener su día de justicia, están equivocados porque todo va a salir a la luz. A las personas que han cometido violencia contra civiles y violaciones a los derechos humanos les va a llegar su día y van a ser juzgadas”. (Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA en entrevista telefónica con “La Prensa” a mediados de agosto).
MÉDICOS SANCIONADOS
Fuentes de la Asociación Médica Nicaragüense informaron que con los primeros 135 médicos y médicas despedidos por el gobierno como represalia política por haber atendido a heridos en las protestas, “se tiraron a la basura más de 3 mil años de estudios y más de 4 mil años de servicios médicos”. El 80% de los profesionales represaliados son especialistas. Una consecuencia concreta se vio en agosto, en el Hospital-Escuela de León, donde murió un niño víctima de dengue hemorrágico por falta de tres de esos especialistas. Casos como el del niño los veía la doctora Gladys Amanda Jarquín, única pediatra infectóloga de la ciudad, quien fue despedida en julio. Al llegar al hospital, el niño llegó grave y debió haber sido atendido por el doctor Edgard Zúñiga, pediatra, quien también fue despedido. Como presentaba un problema pulmonar lo debió atender el doctor Jorge Alemán, pediatra neumólogo, también despedido. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch dijo que “el despido de médicos es otra prueba de que al gobierno de Ortega le interesa más asegurarse un poder absoluto que garantizar los derechos básicos de los nicaragüenses”. El despido de médicos por razones políticas es una de las medidas represivas que más escándalo causa en la comunidad internacional.
COSTA RICA EN LA ONU
El discurso del representante de Costa Rica ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la reunión del 5 de septiembre fue el más claro y directo en advertir al mundo que la crisis en Nicaragua representa un riesgo para la paz y la seguridad regional. Terminada la sesión en la ONU, el Ministerio de Relaciones Exteriores tico hizo público un comunicado en el que dice: “Costa Rica seguirá alzando la voz en defensa de una población sujeta a acciones arbitrarias que conllevan un incumplimiento de las obligaciones estipuladas en los diferentes pactos de derechos humanos, hasta que la razón, el buen juicio y el respeto irrestricto a los derechos humanos regresen a Nicaragua”.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica