Nicaragua

“El sistema judicial está siendo usado por el régimen como arma política represiva”

Alberto Novoa, abogado y ex-Procurador General de la República, compartió con Envío sus reflexiones sobre la crisis iniciada en abril, haciendo especial énfasis en las ilegalidades cometidas contra los centenares de presos políticos del régimen, en una charla que transcribimos.

Alberto Novoa

La crisis política que estamos viviendo nos tomó a todos desprevenidos. Veíamos una sociedad apática. Veíamos dormida la energía juvenil, ese componente tan fundamental en la rebeldía social. No veíamos tampoco energía en los trabajadores, porque los sindicatos fueron desaparecidos en estos años. El gobierno, aliado a la clase empresarial, tenía un control absoluto de la sociedad. Nadie atisbaba el despertar, nadie esperaba la rebeldía de abril.

La rebeldía se dio al acumularse una generalizada conculcación de derechos: el irrespeto a los derechos ciudadanos, la crisis institucional, los delitos electorales, el latrocinio, las componendas políticas como patente de corso para hacer y deshacer, el Ejecutivo adueñado de todos los poderes formales del Estado, del Legislativo, del Judicial, del Electoral, de la Contraloría… sin rendir cuentas a nadie, sin ningún ente fiscalizador capaz de decirle al poder absoluto lo que hacía mal. Y con cada una de sus decisiones el poder absoluto nos decía a todos: “El Estado soy yo”, la famosa frase del monarca Luis 14.

La rebeldía de abril la inició un hecho que, sin esa acumulación previa, no la habría provocado. Tres años antes, en 2015 el gobernante decidió una reforma a la seguridad social que implicaba, como la de abril de 2018, un incremento a la cuota patronal y un incremento a la cuota de los trabajadores. Pero eso pasó desapercibido y no provocó ninguna protesta. Tres años después sí hubo protestas. Fueron pacíficas, pero los gobernantes respondieron con violencia. Creían que con cierta dosis represiva, como otras veces, podrían apaciguar a un pueblo ya muy desunido y atomizado y, por eso, fácilmente intimidable. Pero esta vez no les funcionó y la rebeldía sólo creció y creció.

La rebeldía de abril desafiaba al poder absoluto. Y expresaba, una vez más en nuestra historia, una contradicción que debía ser resuelta. Y como siempre en nuestra historia, el poder decidió resolver la contradicción a balazos. La ley no ha resuelto nunca las contradicciones políticas y sociales en Nicaragua. Siempre hemos tratado de resolverlas por la fuerza y eso ha acumulado contradicciones no resueltas y ha provocado nuevas contradicciones. Ésa ha sido la historia de Nicaragua.

El primer gobernador de Nicaragua fue Pedrarias Dávila, un tipo que antes de llegar aquí había asesinado a su compañero Vasco Núñez de Balboa en Panamá. Pedrarias gobernó con mano de hierro y sus hijos fueron tan sanguinarios como él. Quedó así marcada para siempre nuestra historia por el síndrome de Pedrarias, el síndrome del hombre fuerte, del hombre cruel y sin escrúpulos, del hombre machista.

En 1821 nos independizamos de España. Nacimos incluidos en la Federación Centroamericana. Cuando en 1838 Nicaragua se segrega de la Federación vivimos hasta 1852 una etapa de total anarquía. En ese período se sucedieron más de 25 Jefes de Estado, Jefes Supremos, Directores de Estado, cambiados cada tres-cuatro meses. Cada cambio aportaba su cuota de sangre.

Así hasta que en 1852 se proclama el primer Presidente y continúa el conflicto a balazos entre los de León y los de Granada, hasta que, con apoyo de los de León, llega a Nicaragua el gringo William Walker, que decide apoderarse del país. Tuvieron que venir los hermanos centroamericanos a ponernos de acuerdo para poder sacar a Walker, a balazos y a costa de mucha sangre.

Nada se había resuelto en Nicaragua más que por las balas hasta que entre 1858 y 1893 se suceden en el gobierno siete ciudadanos de origen granadino principalmente, del Partido Conservador, que administraron Nicaragua como su hacienda. Algunos teóricos conservadores llamaron a ese gobierno República y todavía escuchamos hoy “Nicaragua volverá a ser República” refiriéndose a aquella república.

En 1893 se produce la Revolución Liberal y se instala en el poder el General José Santos Zelaya. Propone leyes liberales bastante avanzadas para su tiempo, pero en 1909 Estados Unidos ve que esas leyes afectan sus intereses y envía a Zelaya la Nota Knox y lo saca del gobierno. En 1912 ya están los marines en Nicaragua y se trunca el modelo social y económico liberal que estaba instalando Zelaya. Los gringos abortan el capitalismo naciente e imponen un gobierno conservador, muy dócil a los intereses del Norte. En 1927 aparece Sandino con su guerra anti-intervencionista y nacionalista. Se van los marines y vivimos casi medio siglo bajo el poder de los Somoza.

Han pasado años y años en que el derecho no ha existido, sólo han existido la fuerza y las balas. Hasta entonces hemos tenido una docena de textos constitucionales con decenas de reformas. Ninguna Constitución solucionó las contradicciones nacionales. Todas las que hemos proclamado, también la que rige hoy, fueron hechas para resolver los problemas coyunturales de los grupos de poder que dominaban el escenario político en ese momento. Es un índice de que nuestra sociedad jamás ha tenido un sedimento jurídico sobre el que levantarse, una prueba de que nuestras clases dirigentes han estado moldeando siempre la realidad buscando en cada momento darle al Derecho formas acomodadas a sus propios intereses.

En 1979 llegamos a la Revolución Sandinista con sus luces y sombras, un evento que aún determina nuestra realidad. Pasada la guerra civil de los años 80 parecía que en 1990 Nicaragua comenzaba a entrar por fin en un camino de respeto a la ley. Pero ya en el proceso de transición vimos cómo, a cambio de la permanencia de las estructuras militares sandinistas en la Policía y el Ejército, la nueva alianza de gobierno recibió cargos en la Corte Suprema y se negoció la ley.

Vinieron después los gobiernos de Alemán y Bolaños. Tuve ocasión de trabajar durante un tiempo con el de Bolaños y pude hacer algunas cosas aplicando la ley para desenmarañar algunos casos graves de corrupción. Algo hicimos, pero en 2007 de nuevo se reinició el proceso de adecuar todas las leyes al modelo autoritario que construyeron Ortega y Murillo. Hasta que estalló la rebelión de abril, a la que el régimen respondió con balas.

El 18 de abril la represión la protagonizaron jóvenes de la Juventud Sandinista y algunos motorizados que rajaron varias cabezas. Al día siguiente se dio la orden de disparar a matar. De disparar a la cabeza. Y desde el 19 de abril y hasta el final de ese mes vimos caer a la mayor cantidad de jóvenes fallecidos por disparos en el pecho y en la cabeza. En abril y en mayo la correlación de fuerzas estuvo a favor de la población en rebeldía movilizándose en todo el país. Así fue hasta la marcha del Día de las Madres, la movilización de masas mayor que se ha visto en Nicaragua.

El diálogo nacional, que inició en mayo le dio tiempo a Ortega de organizar sus fuerzas e iniciar la contraofensiva. Destruyó los tranques de forma violenta para pasar enseguida a otra etapa: la criminalización de la protesta, la aprobación de la ley antiterrorista y la manipulación del sistema judicial como un arma política de represión selectiva. En esa etapa estamos. Decidido el régimen a imponer el orden, matando cualquier movilización donde se incube, capturando a todos los líderes estudiantiles y barriales que la organizan. Se trata de descabezar cualquier protesta, cualquier movilización, cualquier marcha azul y blanco, usando todo el arsenal represivo para imponer el “orden”, acusándonos a todos de terroristas.

Hace años veíamos cómo Ortega destruía cualquier vestigio de independencia de poderes. Lo más grotesco en estos momentos de represión desatada es ver cómo el Poder Judicial cae de hinojos ante el poder absoluto. Policías, fiscales y jueces no tienen ni reparo ni vergüenza profesional en obedecer sus órdenes.

La Policía captura arbitrariamente, o mejor dicho, secuestra, sin orden de ninguna autoridad judicial. Los familiares ven cómo no sólo policías, también paramilitares, se llevan al esposo, al hijo, al nieto y no pueden hacer nada. Inician entonces la búsqueda del secuestrado. Generalmente, los detenidos de esta forma ilegal, aunque lo hayan sido en cualquier punto del país, son llevados a Managua, a las cárceles de auxilio judicial de la Policía, a El Chipote, donde los niegan durante unos días o durante más tiempo o aceptan que allí los tienen, todo decidido arbitrariamente.

Algunos salen, otros se quedan mucho tiempo ahí. Son maltratados, torturados, interrogados bajo amenazas… Después son conducidos a la cárcel Modelo de Tipitapa. Según estimaciones de organismos de derechos humanos nacionales el régimen tiene 350 procesos judiciales abiertos, la mayoría contra jóvenes, y la mayoría acusados de “terrorismo”.

Nuestro código penal establece que si a un juez un policía le lleva a alguien detenido por más de 48 horas, deberá ponerlo inmediatamente en libertad. Pero en esta sombría etapa de criminalización de la protesta ningún detenido ha sido liberado por ningún juez, aunque prácticamente todos han superado las 48 horas legales, y permanecen detenidos hasta varios días o semanas.

La ley le obliga también al juez que presuma la inocencia del detenido. Y no sólo el juez ante el que llevan a esa persona, es el Estado, cualquier funcionario del Estado, el que debe tratarla como inocente. ¿Por qué entonces a un presunto inocente lo llevan a la cárcel, hasta lo torturan, si la presunción de su inocencia sólo se puede borrar hasta que haya una sentencia judicial definitiva, hasta que se llegue a la última instancia de la justicia? En Nicaragua hoy la presunción de inocencia está siendo violada desde la misma aprehensión policial. La policía captura y es la policía la que presenta ante los medios de comunicación a quienes detiene calificándolos ya de terroristas, de delincuentes, de asesinos, estigmatizándolos, haciendo escarnio de ellos, juzgándolos antes de presentarlos al juez. Antes de pasar por el tamiz de un proceso judicial ya los declaran culpables, violando el derecho que toda persona tiene a que se presuma su inocencia. La criminalización anticipada viola ese derecho.

Y ya no digamos del triste papel que está jugando hoy el Ministerio Público, la Fiscalía, que sin pruebas y sin investigación los acusa a todos de una larga lista de delitos. Según me contaba un ex-alumno mío que trabaja ahí ya tienen impresos los formatos de las acusaciones y no sólo no investigan, ni siquiera escriben. Sólo ponen el nombre del detenido en el formato y lo envían al juez ya enjuiciado y condenado. Siempre fue el sistema penal nicaragüense una máquina trituradora de carne pobre, hoy es una máquina trituradora de carne pobre y rebelde…

Nuestra Constitución establece que los juicios deben ser orales y públicos. ¿Por qué la oralidad? Por el principio de inmediatez, para acelerar el proceso, para que el juez conozca de inmediato los hechos que tendrá que juzgar. ¿Y por qué públicos? Para que sea el pueblo, directamente o a través de los medios, quien fiscalice la actuación del juez y de quienes acusan o defienden al detenido. Pero desde abril no ha habido ningún juicio público. No entra ni la familia ni los medios. Tampoco dejan entrar a los organismos internacionales de derechos humanos que están en el país y cuya misión es estar ahí. Todo se hace a puertas cerradas.

También establece nuestra Constitución el derecho de quien va a ser juzgado de elegir quien le va a defender. Hoy todos los detenidos son acusados ante el juez por los fiscales del Estado que, como ya dije, tienen la acusación lista, impresa previamente. Y buena parte está siendo “defendida” por abogados de la Defensoría Pública, que forman parte del corrompido Poder Judicial, que obedece a los intereses del poder absoluto.

Quiero recordar que en 1964, en pleno somocismo, cayeron presos Carlos Fonseca y Víctor Tirado. Fueron llevados al juzgado del Trébol. Le decían así porque allí había un cine que se llamaba El Trébol. Al juicio acudieron periodistas y público en general. La declaración de Carlos Fonseca ante el juez dilató seis horas. Fue grabada. Después, Carlos Fonseca publicó un libro con todo lo que dijo ante el juez. Lo tituló “Yo acuso a la dictadura”. Porque allí, en el juzgado, él señaló uno por uno todos los vejámenes de la dictadura de Somoza. Y eso sucedió en plena dictadura somocista, contra la que luché y luchamos muchos de los que hoy nos oponemos a esta nueva dictadura.

En 1967 Daniel Ortega, junto con otro compañero, asaltó un banco y fue detenido y llevado a juicio. Su juicio fue público. Llegó gente a apoyarlo y llegaron periodistas, algunos con un cartelito en el que pedían “libertad para los reos políticos”. Igual sucedió en el juicio contra Doris Tijerino Haslam. Somoza nunca ordenó que se cerraran las puertas de los juzgados cuando se juzgaba a reos políticos. Y los reos políticos elegían y tenían a buenos abogados que los defendían: Aquiles Centeno, Luis Manuel Robles, Roberto Argüello Hurtado… No quiero entrar en comparaciones: quién era más o quién era menos, sólo digo que “por sus frutos los conoceréis”…

Recuerdo también que en 1969 mataron a Julio Buitrago. 300 guardias con una tanqueta y unos aviones atacaron la casa de seguridad donde él estaba. El día de su entierro fuimos acompañando el sepelio y la Guardia Nacional no nos intimidó con su presencia. Igual cuando enterramos a Casimiro Sotelo, asesinado por la Guardia. Ningún guardia llegó a asediarnos cuando lo llevamos al cementerio.

En cambio, el 24 de septiembre, cuando llevaban a enterrar al Matt Romero, un muchacho de 16 años,a quien mataron los paramilitares del régimen el día antes en una marcha en la que se pedía la libertad para los presos políticos, miré con tristeza como la camioneta donde iba su féretro iba seguida de seis o siete camionetas cargadas de policías antimotines mostrando sus armas de guerra como si fueran a un combate, amenazantes. Intimidando. Y escuché a la gente en las calles que decía: “¡Ni a los muertos dejan en paz! Somoza por lo menos los dejaba en paz, ¡y este desgraciado no!”

Somoza, al igual que Ortega hoy, decía que aquellos a quienes echaba presos no eran reos políticos, sino delincuentes comunes. Somoza decía que Ortega robó un banco y que el otro cometió un asesinato, no decía la motivación, la razón del hecho. El código penal de Nicaragua, como el código penal de casi todos los países, no establece diferencia entre un delito y otro delito por su motivación. Un homicidio es la muerte de un ser humano por otro ser humano y se establece con qué pena se castiga. Lo que diferencia un delito de otro es la motivación. Si yo robo a alguien para echarme lo robado a la bolsa y disfrutarlo he cometido un delito simple, un robo. Pero si yo tomo ese dinero y se lo doy a una organización que busca derrocar al gobierno mi acción es política. Porque la motivación del robo no es enriquecerme, tengo un propósito político. Es un delito político, un delito de rebelión contra la autoridad.

Hoy tenemos en las cárceles del país a más de 300 reos políticos. Son presos políticos porque son acusados de delitos de orden político. Se les está juzgando por ejercer derechos civiles y políticos, por rebelarse ante la autoridad que cercena esos derechos. Se les juzga por ejercer el derecho a la rebelión del que habla el tratado fundamental creador de Naciones Unidas, que establece el derecho de los pueblos a la rebelión cuando enfrentan un gobierno opresor que limita los derechos humanos. Quienes han caído presos por estar ejerciendo el derecho a la rebelión que nos conceden las leyes internacionales son reos políticos.

El poder absoluto ha violado nuestros derechos. Nos ha violado el derecho a la petición. Nuestra Constitución dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a pedir. Tenemos derecho a pedir que Daniel Ortega y Rosario Murillo se vayan. Y ellos tienen el deber de respondernos. Tenemos el derecho de criticar a los funcionarios públicos por ladrones, por inoperantes o por lo que consideremos. Y ellos tienen el deber de respondernos.

También tenemos derecho de reunirnos, de manifestarnos, de protestar, de reclamar, de expresar nuestras opiniones en público y en privado, de buscar información y divulgarla… Tenemos todos esos derechos. Todos han sido conculcados y hay más de 300 jóvenes presos y juzgados por ejercer esos derechos. Estamos, pues, en presencia de delitos políticos, en presencia de reos políticos, en presencia de juicios políticos, con consecuencias políticas. Estamos ante una realidad que es para el régimen un problema de orden político.

Según datos de los organismos de derechos humanos nacionales, a casi el 80% de los capturados y apresados desde abril se les ha abierto proceso penal como “terroristas” en base a una nueva ley aprobada después de abril. En septiembre, y acompañado de diversos sectores sociales, introduje ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad contra la llamada “Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”, que sirve de base a estos juicios políticos. De hecho, la ley fue redactada antes de abril, solicitada desde Estados Unidos con el fin de que hubiera mayor control del lavado de dinero.

En ese momento, algunos empresarios me propusieron introducir un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley. Les preocupaba, más que el terrorismo, la fiscalización indiscriminada y arbitraria que el régimen podía hacer de sus activos. Después de abril, la ley fue finalmente aprobada. Viendo la interpretación que estaba dando el gobierno a las causas de la rebelión social, como actos de terrorismo, acepté hacer el recurso, pero no sólo sobre el tema de los activos, que afectaba más específicamente a los empresarios, sino sobre los artículos referidos al terrorismo, que nos afectaban a todos los nicaragüenses.

La ley viola artículos constitucionales referidos a los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses cuando afirma que será considerado terrorista “quien individualmente o actuando en conjunto con organizaciones terroristas realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a cualquier persona o a destruir o dañar bienes o servicios públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. Y establece penas de 15 a 20 años de prisión, dependiendo de los grados de intimidación que causen esos actos.

Pero, ¿quién califica a una organización de terrorista, el gobierno? Recientemente han sido detenidas como colaboradoras del proyecto terrorista personas que lanzaron a las calles globos azules y blancos… ¿Y qué significa alterar el orden constitucional? ¿Pedirle la renuncia a Ortega, pedir elecciones anticipadas? ¿El que pide eso es terrorista? ¿El que pide la derogación de la ley canalera, la ley 840 es terrorista? Si analizamos lo que dice esa ley nos damos cuenta que buena parte de nuestras acciones ejerciendo derechos pueden caer en el ámbito penal de “terrorismo” y es a ese abuso a lo que estamos hoy expuestos.

Sobre el financiamiento al terrorismo, la ley dice que será sancionado también con penas de 15 a 20 años de prisión, “quien, por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea, entregue activos, sean estos de fuente lícita o ilícita, con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer o intentar cometer terrorismo…” Tal vez la ley aplica también a doña Coquito, la señora que repartió gratuitamente las bolsitas de agua que vendía a las personas que estaban fuera del lugar donde se celebró la primera sesión del diálogo nacional repudiando a la pareja gobernante, porque haciéndolo alteraban el orden constitucional y ella les estaba entregando activos, sus bolsitas de agua… Y seguramente se aplicará la ley a las ONG que hacen seminarios de capacitación y de liderazgo para jóvenes, interpretando que están capacitando a terroristas que alterarán el orden constitucional...

En el recurso dije: “En esta ley se define el terrorismo y el financiamiento al terrorismo de una forma tan amplia que deja a discrecionalidad del juez la interpretación y alcance de estos tipos penales, con el único objetivo de abrir espacios a la criminalización de las protestas públicas ciudadanas y a la solidaridad entre los nicaragüenses”.

Yo introduje el recurso por inconstitucionalidad de esta ley ante la Corte Suprema, pero no porque crea que vaya a prosperar. No tengo ninguna confianza en el sistema judicial de Nicaragua. Sé que dormirá el sueño de los justos. Lo hice, lo hicimos, para que quede constancia en la historia, para que algún día alguien diga que un grupo de personas protestó por esa ley. Días después el CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) introdujo otro recurso por inconstitucionalidad contra esta ley y por las mismas razones.

En un país con tantos conflictos como Nicaragua siempre hemos tenido grandes cantidades de presos políticos, ahora están acusados de terroristas, en tiempos de Somoza eran acusados de comunistas... Pero, por diversos factores los presos políticos nunca cumplen toda su condena. Entre otras razones, porque para el poder que los apresa los presos políticos son una prueba de la subversión, de la rebeldía contra el orden que el poder trata de imponer. En ese sentido, a Ortega no le convienen los presos políticos porque la carga emocional y el repudio social que cada uno de esos presos políticos provoca hace crecer más la cólera contra él.

Algunas personas piensan que con tantos presos políticos lo que Ortega planea es una amnistía que beneficie a esos presos y también a él y a los responsables de los delitos cometidos por sus cómplices. Indulto es perdón. Se perdona la pena, pero se considera que el delito se cometió. Amnistía es otra cosa. Amnistía viene de amnesia: es borrón y cuenta nueva. No se tiene en cuenta lo que pasó, y por tanto, todo queda borrado. Borrado de los archivos y borrado de la historia: nunca existió.

En Nicaragua hemos tenido muchas amnistías. Muchas. La última que recuerdo fue en un momento de los años 90, cuando recontras, recompas y revueltos seguían actuando armados, como remanentes de la guerra de los 80. En esa etapa, un tal “Pedrito el Hondureño” atacó Estelí y robó millones de los bancos. Finalmente, este Pedrito, que hoy dirige a paramilitares de Ortega, fue amnistiado por el gobierno de doña Violeta.

Antes de que llegara doña Violeta al gobierno, antes de las elecciones de 1990, se decretó una amnistía total: todos los delitos cometidos por uno y otro bando en los años de la guerra fueron borrados. Yo pertenecí al Frente Sandinista y trabajé en el sistema judicial durante los años 80. Sabíamos que en un cuarto muy grande se guardaban los expedientes de los guardias somocistas y de los contras. Pero al traspasar el gobierno a doña Violeta, los sandinistas los hicieron desaparecer todos, los quemaron todos.

Una barbaridad histórica porque en esos documentos judiciales había una enorme riqueza para conocer lo que había pasado en esos años, una valiosa materia prima para una investigación posterior. Ahí estaba la verdad contada por las propias víctimas y por los victimarios. Pero lo quemaron todo. Y lo hicieron “por el futuro”. Por barbaridades como ésa, en Nicaragua nunca vamos a tener un Libro Blanco, nunca vamos a conocer la verdad histórica. Y todas las heridas a las que se les pone encima el parche de la amnistía ahí quedan, no se curan…

Las contradicciones de Nicaragua deberían resolverse no a balazos, no por la fuerza, sino por el diálogo. Por un pacto social. Hablar de pacto social siguiendo a Rousseau es hablar de un trato, de un compromiso, que nace de un gran encuentro en el que todo el mundo se pone de acuerdo y unos ceden algo de su libertad a cambio de que otros cedan algo de su libertad. Al describir así el pacto social Rousseau contradecía a Hobbes, que planteaba en su “Leviatán” que los seres humanos no nos ponemos de acuerdo por ningún pacto, sino que sólo nos ponemos de acuerdo por la fuerza. Que los seres humanos no nos ponemos de acuerdo porque decidimos hacerlo, sino porque hay un poder que nos obliga.

En Nicaragua nunca hemos logrado ponernos de acuerdo por un verdadero pacto social. Tampoco el poder ha forzado un verdadero pacto social. En Nicaragua no funciona la ley. La sociedad nicaragüense no respeta la ley ni tiene respeto por la autoridad que propone la ley, porque la autoridad que lo hace nunca se ha ganado la autoridad moral que debe tener y ha hecho de la ley un traje a su medida. ¿Tendremos que vivir siempre de esta manera?

Después de abril estamos hablando de recuperar el Estado de Derecho… que nunca hemos tenido. Estado de Derecho es una expresión ideológica de la burguesía triunfante de la Revolución francesa en 1789. Los pensadores de la Ilustración en Francia definieron el Estado de Derecho como un gobierno con separación de los poderes, lo que era antagónico con la fórmula de los monarcas franceses que proclamaban “el Estado soy yo”.

Los revolucionarios franceses le dieron a la Asamblea el poder máximo. Y en la Asamblea quedó la burguesía como poder deliberante en aquel momento. Esa noción de Estado de Derecho y de separación de poderes prosperó: en algunas naciones, sobre todo en las de América Latina predominaron los regímenes presidencialistas, con el máximo poder en el Ejecutivo, mientras que en Europa predominaron los regímenes parlamentarios. En Nicaragua el presidencialismo ha sido siempre extremo, llegando en el régimen de Ortega al colmo, porque él es Presidente, es Jefe del Estado, Jefe de Gobierno, Jefe de la Policía, Jefe del Ejército y Secretario General del Partido en el gobierno. Es el poder absoluto y único.

El Estado de Derecho en Francia le correspondió a la nueva clase de aquel momento, a la burguesía. Pero en Nicaragua la clase burguesa nunca tuvo un desarrollo. Nunca. Cuando esa clase quiso emerger con el Presidente José Santos Zelaya, con la Revolución Liberal, vinieron los gringos y cortaron la posibilidad de desarrollo de la burguesía nacional. Y nuestros políticos, la mayoría de ellos provenientes de ese sector, quedaron para siempre mirando hacia Washington esperando señas, mensajes, órdenes.

Nunca pudieron como clase social crear un Estado de Derecho que mantuviera el equilibrio de poderes. Y durante los últimos once años estuvieron, tanto las cámaras empresariales del COSEP como las empresas de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (AMCHAM), abrazadas con Ortega, gozando de los buenos precios que tenían las materias primas que exportábamos, de los buenos precios que pagaba Venezuela por lo que hacia allá exportábamos y hasta aplaudiendo la construcción del Canal interoceánico, como la panacea que nos iba a sacar de la pobreza. Ésa es la clase empresarial de Nicaragua, que no tuvo tiempo de desarrollarse ni tuvo visión estratégica para crear un Estado de Derecho que la representara. Y hasta perdió once años de desarrollo económico apoyando el modelo de poder absoluto de Ortega.

Mientras otros países avanzaban, nuestra burguesía quedó entumida, atenida a los privilegios que le daba el poder, amparada en las exenciones, en las exoneraciones y en las componendas y hasta llegó un momento en que dijo: “Estamos mandando”, porque el 80% de las leyes del país las aprobó este régimen con el aval de las cámaras empresariales de la burguesía.

Ahora todo eso ha quedado atrás por el estallido de abril, que ha sido una rebelión social autoconvocada, que comparte una gran militancia anti-dictatorial, una gran militancia anti-Ortega, pero que aún no tiene una fórmula estratégica para ir más allá. La propuesta que hacen es que se retome el diálogo, que se vaya Ortega y que se anticipen las elecciones. Es una propuesta enmarcada únicamente en lo institucional. Pero, ¿qué haremos con los niveles de pobreza que tenemos? ¿Nos conformaremos con el capitalismo consumista? ¿Qué haremos con nuestros recursos naturales, qué haremos con el sistema educativo, qué modelo de desarrollo construiremos para lograr una mejor educación, un medioambiente sano? ¿Seguiremos bajo la influencia de Estados Unidos…?

Nada de eso es aún tema de reflexión o de debate. Creemos que resolviendo el problema político institucional vamos a resolver el problema del futuro, el problema de fondo, que es cómo producir riqueza y desarrollarnos en un sistema de auténtica justicia social.

Oigo a los jóvenes diciendo: ¡No queremos ni izquierda ni derecha! Y me pregunto qué quieren… Veo en los estudiantes universitarios a militantes contra la dictadura de Ortega, a militantes hasta contra nuestra generación. Pero aún no los veo pensando en un proyecto estratégico, no los veo pensando en qué modelo económico y político queremos construir.

Creo que este movimiento libertario que inició en abril no apunta a un cambio revolucionario, a una transformación radical, es apenas reformista. Recuperar las elecciones libres y la democracia no es una revolución, pero es algo muy importante que debemos recuperar.

Creo que, con el peso de nuestra historia, y con todo lo que ha pasado, más necesitamos es un gobierno de transición que logre un nuevo pacto social, un nuevo pacto político en el que alcancemos la mayoría y logremos un nuevo esquema de convivencia.

No sé lo que conseguiremos con el estallido de abril. Lo que sí creo es que ya hemos conseguido que el síndrome del hombre fuerte, el síndrome del caudillo, el síndrome de Pedrarias, con el que iniciamos nuestra historia, ha sido severamente dañado. En Física uno estudia la ley de la inercia, que dice que un objeto en movimiento tiende a seguir desplazándose. No creo que lo ocurrido en abril va a cortar todas las aspiraciones a caudillos que hay en nuestra sociedad. Ahí continuarán por la ley de la inercia histórica, pero creo que esta catarsis que hemos hecho, esos quinientos muertos que llevamos encima, han transformado la visión de la sociedad.

No creo que después de abril surja un nuevo caudillo. La agitación social que se ha dado, la que se está dando, está produciendo diversificación en los mandos y en las opiniones, está alimentando la búsqueda de la unidad en la diversidad. Los jóvenes dirigentes de abril de eso hablan: de la unidad en la diversidad. Y eso es ya una novedad y muy positiva

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