La Reforma Monetaria: ¿inicio de una insurrección económica?

Diez años después de las insurrecciones políticas antisomocistas de 1978, en Nicaragua se ha iniciado lo que podría ser una verdadera insurrección económica de carácter popular.

Equipo Envío

Normalmente, los reajustes económicos los hacen los gobiernos contra los trabajadores, congelando los salarios, alzando los precios y recortando los servicios sociales. En Nicaragua, la clase trabajadora ha pagado tan alto precio por defender su país y por mantener viva la economía durante la prolongada agresión, que ha empezado a identificara la economía nacional como "su" economía, aunque esta economía lo trate tan mal. Es dentro de esta toma de conciencia política e ideológica -resultando fundamental del actual proceso revolucionario de liberación nacional- que el nuevo programa económico empieza a adquirir las características de una insurrección económica. En vez de ser un "paquete" impuesto al pueblo trabajador, el programa aparece como un proyecto hecho a la guerrillera y autogestionado por el pueblo.

Con una dialéctica muy similar a la de las insurrecciones políticas de 1978, el pueblo va descubriendo ahora en el campo económico, con gigantescos saltos de conciencia, los grandes obstáculos que debe vencer y las tareas que ha de emprender para salir airoso de la
crisis económica.

Acciones y lecciones en el primer mes

Sólo en el primer mes del nuevo programa económico se dieron tres fases distintas de acción y de aprendizaje en este proceso de concientización económica popular:

1) Primera semana: La reforma monetaria o cambio de moneda y la movilización popular contra la especulación en los mercados.

2) Segunda y tercera semana: La reforma institucional o compactación de las instituciones del Estado y el descubrimiento popular de la necesidad de un control social más integral para enfrentar las expectativas inflacionarias.

3) Cuarta semana: la movilización popular en torno a la eficiencia productiva.

La crisis económica nicaragüense es más aguda que las crisis que han trastrocado las economías mexicanas, brasileñas y argentinas durante los años 80. En estos países las políticas de ajuste han tenido poco éxito, y eso que no enfrentaban en el momento del ajuste la constelación de problemas específicos que afectan a Nicaragua. Aquí, el reto es cómo realizar las drásticas medidas necesarias para evitar el colapso del sistema monetario en plena guerra, con un Estado en plena reestructuración institucional -y por tanto, con dificultades para una gestión eficiente-, sin recursos externos adicionales y ahora en plena operación político-diplomática para obtener un rápido cese al fuego con la contrarrevolución. A un reto de tal magnitud sólo se puede responder con una insurrección económica popular.

Frente a límites objetivos tan enormes, la única estrategia económica posible es la de responder con el movimiento popular en los nuevos espacios creados, imitando así las tácticas empleadas en 1978 para enfrentar la dictadura política. Pero la movilización popular contra el enemigo económico es más difícil que la lucha contra el somocismo. Se trata de enfrentar a las fuerzas que actúan contra el proyecto popular y de algo aún más complejo: de luchar contra el enemigo "de dentro".

Un paquete económico heterodoxo y audaz

El 14 de febrero, el Presidente Daniel Ortega anunció una reforma monetaria y un reajuste económico para frenar la hiperinflación y para reordenar una economía sumergida e el caos por los costos de la guerra.

El paquete económico anunciado ese domingo por la tarde fue el más audaz y heterodoxo de la historia del hemisferio. La devaluación de la moneda nacional, el córdoba, fue del orden de un 3,000%. audaz comparada con las devaluaciones de un 600% a 700% de Argentina o de Brasil y de la misma Nicaragua en 1985.

En la anterior devaluación, el gobierno nicaragüense eliminó los subsidios al consumidor, como se acostumbra en los reajustes de mercado. En el actual paquete se eliminaron los subsidios a los productores, unificando las tasas de cambio y dejando así que el peso de la devaluación caiga directamente sobre los costos de producción.

El paquete de medidas fue también el más heterodoxo jamás realizado. Las teorías económicas dicen que o se debe realizar un reajuste económico profundo sin tener en orden los precios relativos, es decir, si que las mercancías tengan un valor real con respecto a las otras. Tampoco debe hacerse sin suficientes reservas en divisas en el banco central. En Nicaragua no fue así. No se implementó el nuevo paquete de medidas económicas aprovechando el alineamiento de los precios relativos, sino más bien para intentar ponerlos en orden. De la misma manera, el reajuste económico se hizo sin la normal infusión de divisas que el FMI entrega al país que se decide a hacerlo. Nicaragua lanzó su programa confiando no en el FMI sino en la capacidad de sacrificio del pueblo. Como ya señalábamos hace dos meses, cualquier intento de reajustar la economía nicaragüense iba a ser como "una operación quirúrgica sin anestesia".

A diferencia de otros ajustes económicos aplicados recientemente en distintos países latinoamericanos, en Nicaragua éste se hace en medio de una guerra y de un proceso revolucionario. Por eso mismo, el programa nicaragüense no podía se simplemente monetarista.

Al analizar las medidas anunciadas por el Presidente, Alejandro Martínez Cuenca, Ministro de Comercio Exterior, destacó este elemento de la heterodoxia económica nicaragüense:

Las nuestras difieren de las medidas que ha propuesto el FMI en distintos países, aún en países vecinos, donde se sustentan, por un lado, manteniendo congelados los salarios de los trabajadores y, por otro, pidiendo que se reduzca totalmente el gasto público. Mentiras que aquí una guerra imposibilita reducir totalmente el gasto público y no estamos congelando los salarios".

Alinear los precios relativos para después frenar la inflación

Junto con la devaluación, se anunció un alza salarial nominal promedio del 400%. Esta alza fue posible dado el carácter de la espiral inflacionaria nicaragüense. Para entender el nuevo programa y sus posibilidades de éxito es preciso captar cuáles son las causas de fondo de la inflación y la crisis económica en Nicaragua. A diferencia de lo que ocurre en otros países, la masa de salarios no pesa fuertemente sobre la economía porque la clase trabajadora ha ido asumiendo permanentemente toda una serie de sacrificios económicos para mantener la defensa de su patria. Como señaló Ladislau Dowbor, asesor brasileño del gobierno de Nicaragua: "El elemento central de la cadena inflacionaria en Brasil es la dinámica salarios-costos de producción-precios; mientras que la masa salarial en Nicaragua no tiene mayor trascendencia sobre el proceso inflacionario."

De hecho, uno de los objetivos principales del nuevo paquete económico es eliminar las distorsiones en los precios relativos para poder frenar la inflación. Las distorsiones que más afectan a la economía son:

1) la que hay entre lo que los productores pagan por los insumos importados y lo que reciben para sus exportaciones
2) la que hay en la relación salario/precios.

Un objetivo central del nuevo paquete es el detener el deterioro del nivel de vida de los asalariados y frenar los ingresos del sector informal especulativo. Como se analizará más adelante, podía haberse decretado un alza salarial aún mayor sin consecuencias inflacionarias muy notables.

En Nicaragua, la causa principal de la inflación es la guerra, que destruye y desarticula anualmente lo que equivale a la quinta parte del PIB; y el presupuesto militar que consume un 62% del presupuesto fiscal, quedando un 24% del presupuesto para la salud y la educación y sólo un 14% para sostener la economía. A la luz de estas cifras, se puede hablar con propiedad del "milagro económico nicaragüense" al mantenerse el PIB en sus niveles históricos de 2 mil 500 millones de dólares con el sólo esfuerzo del pueblo. Los costos de la guerra representan un porcentaje altísimo en el producto nacional y es allí en donde se origina la inflación galopante.

La guerra y otras cuatro causas: responsables de la inflación

Junto con la guerra hay otras cuatro causas principales de la inflación:

-El déficit fiscal, producido no sólo por la guerra sino por las enormes perdidas cambiarias y las múltiples tasas de cambio.

-El desequilibrio salarios/precios, que contribuye al crecimiento de un amplio sector informal especulativo.

-El programa de inversiones a largo plazo, que acapara enormes cantidades de insumos sin aumentar la oferta inmediata, en una economía donde la escasez de todo tipo de insumo encarece todas las ramas de la frágil producción nacional.

-El factor sicosocial de la expectativa inflacionaria, o lo que los economistas llaman "inflación inercial".

Actualmente es imposible reducir sustancialmente los costos de la guerra porque todos los períodos de negociación están acompañados de acciones militares más fuertes, como parte de la estrategia de negociación de ambas partes. Por lo tanto, el éxito de las nuevas medidas dependen de su impacto sobre estas cuatro fuentes de inflación mencionadas.

Primera fase: la Operación Berta para el cambio de moneda

En todo reajuste económico estructural, alguien tiene que pagar los costos. El 15 de febrero quedó escrito en la historia de Nicaragua como el "lunes negro" de la clase especuladora. En los tres días de la operación de cambio de moneda, llamada por el gobierno "Operación Héroes y Mártires de Quilalí" en recuerdo de los 18 civiles asesinados por la contrarrevolución el 4 de febrero/88. 60 mil personas distribuidas en 1.611 mesas a lo largo de todo el país, cambiaron todos los córdobas viejos por los nuevos a una tasa de 1,000 córdobas viejos = 1 córdoba nuevo. La regla básica de la operación, después de quitar los tres ceros, fue no cambiar a ningún cabeza de familia más de 10 millones de córdobas viejos, dejando el excedente e esa suma en depósito e investigándose posteriormente la legalidad del dinero retenido. (El propietario de cualquier negocio legal podía cambiar otros 10 millones).

La importadora Lipsia Vanegas, que tuvo el récord de dinero presentado para cambiar, entregó 8 mil millones en moneda vieja. De ellos, 7,990 millones quedaron retenidos en depósitos y ella recibió sólo 10 mil en moneda nueva a cambio de los 10 millones tope que se podía cambiar. La embajada norteamericana entregó 208 mil 500 millones de córdobas viejos en el local que para el cambio correspondió al personal diplomático, la Dirección Consular del Ministerio del Exterior. Fueron retenidos en depósito 198 mil 500 millones y entregados a la Embajada sólo 10 mil córdobas nuevos. (Los empleados de la embajada no portaban ninguna constancia del cambio legal del dinero, por lo que es dudoso que el gobierno norteamericano pueda recuperar su dinero).

Quienes tenían mas de 10 millones y no podían justificar legalmente esas cantidades, intentaron distribuir el sobrante entre gente más pobre para que se los cambiaran, premiándolos con un porcentaje de la operación de cambio. En varios casos, estos intentos fueron detectados y castigados. Este truco no abundó. (En Managua, sólo 20 personas en los primeros dos días). En gran medida, no prosperó porque el pueblo se alegraba ante la hora de justicia en la que los especuladores que habían golpeado sus bolsillos durante cuatro años perdían su plata de un solo plumazo. ¿Cómo iba a colaborar con ellos para impedirlo? Un contrarrevolucionario fue capturado tratando de introducir 3 mil 200 millones de córdobas por la frontera norte, cerca de Somotillo. Dinero con el que la contra operaba en el interior de Nicaragua para pagar a sus correos o comprar algunas cosas. Tres vehículos de la embajada norteamericana mantuvieron constante patrullaje por los puestos de cambio y entregaron abultados paquetes a algunos ciudadanos.

Muchos que no tenían justificación para sus enormes cantidades de dinero lo dejaron sin cambiar o, como Enrique Bolaños, dirigente de la empresa privada agrupada en el COSEP, invitaron a sus amigos para lacrimosas celebraciones en las que quemaron su propio dinero.

En los tres días de la operación, quedaron retenidos 116 mil 487 millones de córdobas viejos del más de un billón que había en circulación. Esta cantidad, unida a otros 100 mil millones que no fueron entregados y que manejaba o la contrarrevolución u otros agentes ilegales, representa un 19.8% de la masa monetaria que fue retirada de la circulación. Eliminar tal cantidad de dinero fue un gran paso para frenar la inflación.

El éxito no habría sido tan notable si lo que se ha calificado como el mayor acto de clandestinidad de la revolución sandinista. Movilizando a más de 60 mil personas en la operación, el FSLN dio un golpe del más genuino estilo guerrillero a los sectores especuladores. Sin duda fue el secreto mejor guardado nunca en Managua, una ciudad de tradición oral donde cualquier información por delicada que sea se sabe y se comenta en cuestión de horas.

La Operación "Berta" -éste fue su nombre clandestino-, cuyos primeros pasos se dieron en 1984 -pues se pensó que sería necesario hacer la reforma monetaria en 1985- fue mantenida como un super secreto durante tres años, gracias al juramento que hacían los que la conocían: "Yo... integrado en la tarea de la Operación "Berta", juro solemnemente ante los más sagrados principios de nuestra revolución, ante la memoria de nuestros Héroes y Mártires, preservar fielmente con celo el conocimiento adquirido y mantener la compartimentación y el secreto de la Operación "Berta". Si llegara a violar este juramento, que las leyes revolucionarias caigan sobre mí, y el desprecio del pueblo nicaragüense sea mi castigo.

A finales de 1987 el gobierno tomó la decisión de ir adelante con el paquete económico y el 23 de enero de 1988 se inició la fase final de la operación. Traídas compuestas por el Delegado del Gobierno y los jefes del Ministerio del Interior y del Ejército Popular Sandinista prepararon en cada región del país la logística del operativo.

El 9 de febrero, un equipo de 20 trabajadores e imprenta y 300 capacitadores hicieron su juramento dentro de la operación "Berta". El 12 de febrero el número involucrado en la "conspiración económica" se elevó a 5 mil. En esta última fase, con tan masiva incorporación de guardadores del secreto, fue necesario disfrazar la operación. Ese mismo día, el gobierno mismo filtró a "La Prensa" la siguiente información, que fue publicada en la primera plana del 11 de febrero: "Lanzan billetes de C$500.000 empeora el desastre monetario y fiscal. Extraoficialmente, la prensa tuvo conocimiento que en los próximos días el gobierno central a través del Ministerio de Finanzas pondrá en práctica nuevas políticas fiscales con nuevas emisiones de billetes de quinientos mil cordobas a partir del quince de este mes o sea el próximo lunes, una emisión total que en lo que va del año ascenderá al monto de 7 mil 500 millones de córdobas".

Ese mismo día, el diario del FSLN, "Barricada", sacó una foto del nuevo billete de medio millón, como una señal de que la mesa monetaria iba a crecer aún más. Y al día siguiente, anunció maniobras en la III Región, Managua, con más de 15 mil participantes, en ejercicios "tanto de carácter militar como de defensa civil". "La Prensa" publicó estos titulares: "Reclutamiento forzado provoca estampida nacional. Miles huyen. Movilizan a civiles. No les dicen a donde los llevan", acompañados de una foto de empleados bancarios con sus mochilas y valijas abandonando sus puestos para ir a la "movilización militar".

No sólo fue "La Prensa". Todos los servicios de inteligencia norteamericanos cayeron en la trampa. Sus continuas grabaciones de conversaciones telefónicas no pudieron descifrar nunca quién era "Berta" -nombre elegido en honor de los cañones de largo alcance alemanes que llevaban el nombre de doña Berta Krupp, su rubia fabricante-. No imaginaron en años, ni siquiera en los días anteriores a que se destapara el operativo, el cañonazo económico que los sectores reaccionarios del país iban a sufrir ese 14 de febrero, día de los enamorados.

El grado de compartimentación en la operación fue tan alto que los equipos que planificaron la operación en 1987 y 1988 no supieron hasta los últimos días que los billetes nuevos estaban en Nicaragua desde 1985.

Durante los tres días de cambio, la economía del país se paralizó, pero las ventajas de haber eliminado un 20% del circulante fueron incalculables.

Nace el movimiento popular contra la especulación

El golpe a la especulación no fue solamente un golpe técnico, producto de la genial implementación de la operación Berta, sino que generó acciones populares en toda la nación para vigilar los nuevos precios de los productos básicos. En León, Estelí, Diriamba -y aún en ciudades conservadoras como Juigalpa- hubo concentraciones masivas de decenas de miles de personas protestando contra los especuladores. Mucho más significativa que estas manifestaciones fue la ola de vigilancia y presión popular, que se inició el 18 de febrero sobre los comerciantes en todos los mercados del país. Como fruto de esta presión social, los comerciantes con licencia se aliaron con los consumidores de los vendedores ilegales. En los barrios, los Comités de Defensa Sandinista (CDS) se organizaron contra la especulación vendiendo a precios oficiales las mercancías que confiscaban a los comerciantes acaparadores y entregándoles después el dinero de esa venta.

Eran la hora de insurreccionarse contra la especulación y el pueblo respondió a la dirigencia del FSLN con creces. La relación salario/precios oficiales había mejorado sensiblemente y el pueblo captó a fondo la consigna "Ahora a defender los salarios y los precios".

Aunque iba a ser imposible el mantener los precios oficiales congelados en una economía en la que los productos importados habían experimentado un alza del 3,000% la movilización popular tenía una lógica no solamente política -como pensaron algunos- sino también una lógica económica.

Bajo el peso de la presión popular, el comercio más especulativo se escondió, dejando que el Estado, las cooperativas de servicio y los comerciantes más honestos recuperaran un espacio que habían perdido en el mercado frente a los especuladores.

El Comandante Ramón Cabrales, Ministro de Comercio Interior señaló: "En el comercio la actividad fundamental es la venta, la circulación del capital de trabajo. Si alguien sigue a la expectativa en este momento, cuando la devaluación hace subir todos los productos no controlado,s va a llegar un momento en que no logrará recuperar su capital de trabajo. Éste es el error de algunos comerciantes; están esperando a ver a qué precio salimos nosotros para ellos montarse después en la dinámica."

Salvo los comerciantes con grandes reservas, el que se escondió esperando no pudo comprar la producción a precios más baratos durante las primeras semanas de las medidas y con eso perdió terreno. "La Prensa", representando a este sector, declaró el 9 de marzo que el comercio está en ruinas por falta de capital de trabajo.

Los reclamos de los 1,600 miembros de la Asociación Nacional de Buhoneros Importadores y Exportadores y del Dr. León Ruiz, presidente de la Cámara de Comercio, quien acusó al gobierno de crear un "clima de total incertidumbre y confusión entre los comerciantes" sólo sirvieron para animar más al pueblo. El 2 de marzo, el COSEP emitió una declaración condenando enérgicamente los atropellos brutales y despojos de sus bienes, realizados por las autoridades contra los sectores tradicionales del comercio. Ha quitado (confiscado) de la ciudadanía miles de millones de córdobas que sólo Dios sabe cuánto sudor y trabajo había costado ganárselos. Además de dios, el pueblo trabajador también sabía bien quién había puesto el sudor para que esos comerciantes ganaran tanto.

Muchos nicaragüenses y también no nicaragüenses se hicieron esta pregunta: "Si la operación de cambio de moneda ha traído tantos beneficios a la economía, ¿por qué no se lanzó antes si todo estaba listo desde 1985?

Tarde o temprano, el Estado tenía que empezar a disciplinar al sector productivo en su conjunto (estatal, cooperativo, privado oligopólico y privado competitivo). No podía seguir subsidiándolo con diferencias tan enormes entre la tasa de cambio de importación y la tasa de cambio para la exportación.

El córdoba estuvo tan sobrevaluado que permitía un gran flujo de productos nicaragüenses hacia Honduras y Costa Rica. Todo un sector ilegal de buhoneros vivía comprando córdobas para adquirir productos nicaragüenses baratos y luego venderlos en los países vecinos a precios muchos más altos, comprando con eso más córdobas y así continuar el negocio. Por eso, el gobierno nicaragüense tuvo que cerrar las fronteras durante los tres días del cambio, para impedir que ese sector cambiara tanto dinero acumulado. Tarde o temprano, el gobierno tenía que acercarse a un esquema de "precios sombras" en el que los precios de Nicaragua siguieran como una sombra el movimiento de los otros precios regionales y del dólar norteamericano. En un país tan pequeño y en una economía tan abierta y vulnerable, es imposible e irracional mantener un esquema de precios autónomos dentro de la región.

La devaluación y la unificación de las tasas de intercambio iban a sr dos medidas muy duras. Muchos opinan que hubiera sido mejor implementadas en 1985, antes de que la economía sufriera tan grave deterioro. Aunque esta opinión tiene validez en términos estrictamente teóricos, la opinión contraria subrayaba que el marco geopolítico de la revolución y los avances que estaba logrando la contrarrevolución a principios de 1985 no permitían lanzar las drásticas medidas del 88. El encarecimiento del costo de la vida para todo el pueblo que las dos medias van a producir no era una medicina que el gobierno quiso dar al pueblo en la difícil coyuntura de 1985. Esta es la razón de que aunque la reforma monetaria no se hizo hasta 1988, los billetes nuevos llevaban impreso el año 1985. En la decisión de postergar tan necesarias medidas económicas se parecía por un lado el impacto de la agresión norteamericana sobre la economía de Nicaragua y por otro, la incapacidad del gobierno de estructurar una economía de sobrevivencia que frenara la espiral inflacionaria iniciada en 1984.

Con el sostenido declive estratégico de la contrarrevolución, el gobierno implementó en 1988 los planes que elaboró en 1985. "Los purgantes tiene sabor desagradable y efectos colaterales", comentó el economista nicaragüense Francisco Mayorga. En el momento de recetar estas necesarias medidas el gobierno quería, además, anunciar otras más populares como el golpe a la especulación y la cancelación de las deudas que tenía por sus viviendas casi un 4% de la población más pobre de Nicaragua.

A finales de 1987 llegó un momento en el que el gobierno no podía ya esperar más para lanzar el paquete económico. La inflación era de un 1,300% por año, con tasas mensuales, en el último trimestre que precedió a las medidas, del doble y el triple de esa cifra.

Segundo fase: la reforma institucional

A mediados de la primera semana de haberse implementado las nuevas medidas, el vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, evaluó la reforma monetaria como un gran éxito. A finales de esa misma semana, el Presidente Daniel Ortega abrió la segunda fase de la misma: la reforma de las instituciones del Estado.

En dos discursos el 20 y 21 de febrero, el Presidente anunció no sólo el programa de reforma institucional o compactación del gobierno sino que comunicó también una ética para el momento económico que se vivía y que el movimiento popular iba a transformar en un nuevo estilo de control social sobre el mercado.

Frente a 1,200 representantes de los 60 mil que participaron en el operativo del cambio monetario, el Presiente anunció el plan de recortar el presupuesto estatal en un 10% por la vía de la compactación de Ministerios, la reducción de puestos administrativos y el traslado de cuadros calificados al sector productivo. En su discurso, subrayó que la política económica estaba destinada a apoyar a los productores y a controlar la especulación, aplicándose rigurosamente la Ley de Mantenimiento del Orden y Seguridad Pública a los especuladores. Anunció también que el gobierno no revalorizaría las deudas de los 12 mil pequeños y medianos ganaderos el interior del país para no desincentivarlos en su lucha por mantener su producción en medio de la guerra.

Asimismo, señaló la necesidad de racionalizar el programa de inversiones para ajustar la economía a las demandas de la defensa. Finalmente, anunció un nuevo impuesto para la tienda diplomática, cuyos clientes son los sectores más acomodados, grabando sus ganancias en un 55% y dedicando esos recursos financieros a la importación de productos básicos para la población.

La reducción del Estado se llama "compactación" del Estado

Durante las dos semanas siguientes, el Estado trabajó horas extras para responder a sus funciones normales, al mismo tiempo que para llevar a cabo la reforma institucional y el recorte del presupuesto anunciado por el Presidente.

Los Ministerios de Industria, Comercio Exterior y Comercio Interior se fusionaron en un nuevo Ministerio, el de Economía, bajo la dirección del Comandante Luis Carrión, de la Dirección Nacional del FSLN. También los Ministerios de Construcción, Transporte y Vivienda fueron integrados en un solo Ministerio dirigido por el Comandante Mauricio Valenzuela. El Ministerio de Educación compactó al Ministerio de Cultura, al consejo Nacional de Educación Superior (CNES) y al Sistema Nacional de Capacitación (SINACAP). Al frente de él está el P. Fernando Cardenal. Estas dos últimas instituciones tenían rango ministerial. Finalmente, la duplicación de funciones en el sistema de Justicia y en el de Registros Nacionales fueron eliminadas al crearse una Procuraduría General de la República.

A final de la segunda semana, el Presidente Ortega indicó que la meta principal e la compactación estatal era "redefinir propiedades en la gestión gubernamental, a la vez que liberar cuadros de gran eficiencia y potenciarlos en otras áreas estratégicas".

Ningún aparato del Estado fue exceptuado de las nuevas medidas de austeridad. El Ejército y el Ministerio del Interior desarrollaron también esfuerzos para reducir su presupuesto.

La lógica de fondo: establecer un gobierno ágil y austero

La reforma institucional no estuvo motivada solamente por el objetivo de reducir el déficit fiscal en un 10% sino que también busca transformar el gobierno en un instrumento más ágil. Aunque la reducción del déficit fiscal ayudará bastante en la lucha por frenar la inflación, esto no será suficiente mientras los costos de la guerra sigan pesando tan fuertemente sobre la economía y generando inflación. Con los actuales recortes, el gobierno ha llegado a tener un tamaño que no puede reducirse más sin dañar los servicios sociales de educación y salud. Por lo tanto, el espacio para avanzar se reduce al que garantizará una "reforma cualitativa" de la gestión económica gubernamental.

En su discurso ante la Asamblea Nacional, al iniciar ésta sus trabajos de 1988, el Presidente Daniel Ortega destacó que mientras en 1980 un 84% del PIB fue consumido por el pueblo y un 16% por el Estado, los costos de la guerra y el programa de inversión pública habían reinvertido ese equilibrio y en 1987 el consumo popular se había visto reducido a sólo un 48% del PIB. "Eso revela claramente la profundidad de la crisis", dijo.

En el mismo discurso, indicó qué tipo del control social sería necesario para aumentar la producción y el consumo el pueblo: "No podemos aceptar posiciones demagógicas en defensa de la especulación. A los especuladores hay que ponerlos en su lugar, y hay que tomar en cuenta que especulador no es solamente el que se mueve en los mercados sino el productor o la empresa -privada o estatal- que altera los costos de producción. Los que acaparan el producto y luego de subirle el precio lo sacan abruptamente al mercado, aquel ministro, funcionario del gobierno o ente autónomo que no respeta la escala salarial...."

Comparó el esfuerzo necesario para implementar el nuevo paquete con la insurrección político-militar de 1978: "Trabajaremos con la misma energía y firmeza con que luchamos contra la dictadura somocista, disponiendo de toda aquella fuerza que quiera apoyarnos, porque no es el momento de tomar a la ligera la dramática situación que vive el país".

Se profundiza la conciencia popular:
"Nos hemos apropiado de las nuevas medidas"

En la noche del 24 de febrero, ante una concentración popular en la Plaza de la Revolución, dijo el Comandante Luis Carrión: "Como pueblo, nos hemos apropiado de las nuevas medidas monetarias y estamos actuando para defenderlas".

En las semanas siguientes, el pueblo no sólo seguía defendiendo las medidas con "palo y coyunda para los agiotistas" sino que iba haciendo suyo el sentido mas profundo de otras medidas: la lucha por la producción y la estabilización de la economía. La misma lucha contra la especulación iba enseñando a la gente cómo el proceso inflacionario crea profundas divisiones en el seno del pueblo y el pueblo iba dando los primeros pasos para superar estas divisiones. En un primer momento se dio el de una alianza entre el pueblo consumidor y los comerciantes legalizados.

"Ha dado resultado, porque no es justo que la gente que pagamos impuestos -como comerciantes legales- seamos víctimas de la especulación y el egotismo", decía un comerciante de un mercado de Managua. Y una abarrotera del mismo mercado: "Yo soy analfabeta, pero me doy cuenta que el gobierno ha apoyado esos operativos porque favorecen el sueldo de los trabajadores". Las bases de esta alianza entre comerciantes y trabajadores estaban ya dadas en la familia urbana nicaragüense, donde la misma estrategia de sobrevivencia ha exigido que en la familia haya miembros que trabajan como asalariados y otros que sean comerciantes.

Esto hace que los comerciante puedan entender las necesidades de los trabajadores y viceversa. Como señaló Lea Guido, Secretaria General de la organización de mujeres, AMNLAE: "Nosotras tenemos en nuestro movimiento mujeres comerciantes y mercaderas que nos apoyan en la lucha contra la especulación. Vamos a impulsar campañas de estímulos a favor de la "buena marchanta". Se trata de un reconocimiento moral y material, en el marco de la solidaridad entre comerciantes legales y consumidores".

Mientras que los medios de comunicación escritos y hablados de la derecha han proyectado la movilización económica del pueblo como un método violento, los momentos de mayor presión contra los comerciantes han sido en casi todos los casos ordenados por un proceso de tres fases: 1) Persuasión del comerciante; 2) Intervención temporal del Ministerio de Comercio Interior (MICOIN) y del pueblo organizado, momento en el que se venden los productos acaparados y se entrega el dinero al comerciante y 3) Cierre del establecimiento si hay reincidencia. Actualmente, este tipo de control directo está dando paso a un control social mas hegemónico e integral sobre los precios.

El descubrimiento del control social integral

En los primeros días de aplicación de las nuevas medidas, los comerciantes demandaron un abastecimiento más fluido dada la demanda popular de productos básicos a precio oficial. "Lo que el Estado debiera hacer ahora es un conecte con agricultores para que ellos puedan venir directamente a los detallistas y así nosotros garantizar los precios oficiales de la canasta básica": ésa era la propuesta de una vendedora de un mercado de Managua. Antes que el Estado pudiera promover su sugerencia, algunos sectores del pueblo ya lo están haciendo.

Como señaló un dirigente barrial: "Nosotros hemos reactivado la red de inspectores populares para luchar contra los especuladores y estamos realizando una serie de medidas de control social. Hemos estado haciendo esfuerzos de acopio de productos. Con el productor de Jalapa, Rufo Amador, contratamos cien quintales de arroz y un camión de maíz. También a través del dueño del expendio se está gestionando la compra de frijol y plátano en otras regiones del país".

Respondiendo a las presiones del pueblo, el Ministro de Comercio Interior Ramón Cabrales indicó que el pueblo debe ir reemplazando a MICOIN y que en los barrios, los Comités de Defensa Sandinista pueden actuar como los obreros, que son responsables de los comisariatos de sus fábricas. "Pueden, por ejemplo, gestionar con e que tiene una camioneta para que la preste, e ir a buscar productos con ella y fortalecer así el expendio del barrio".

Por su parte, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) empezó a movilizar a sus miembros -pequeños y medianos productores privados- en un esfuerzo nacional por abrir mercados campesinos en todas las ciudades donde los productores vendan directamente al pueblo y eliminar así la especulación.

Daniel Núñez, Presidente de UNAG, señaló otros elementos necesarios para que funcione el control social sobre la producción: "En Nicaragua hay libre comercio de granos básicos. Por lo tanto, el dueño de un expendio perfectamente le puede ir a comprar la producción a un campesino. Esta es una manera de control social en contra de la especulación. A veces pienso que estamos atacando a las hormigas y dejando pasar a los elefantes. Han llegado funcionarios de la Empresa Nacional de Productos Perecederos que jamás han platicado con la mujer de un cebollero, que no saben nada de cebollas y llegan imponiendo precios alejados de la realidad".

Es obvio que sería imposible controlar con medidas policiales toda la producción competitiva de granos básicos, verduras y otros productos. Lo que el pueblo ha ido descubriendo son los mecanismos de control social para eliminar la ineficiencia y las injusticias en las cadenas de distribución.

El problema mayor, como dijo Núñez, está en los "elefantes" del mercado, ese reducido número de empresas oligopólicas que controlan aún determinados sectores de la economía nicaragüense.

Al final de la segunda semana de la puesta en marcha de las nuevas medidas se había clarificado y difundido un nuevo concepto de control social, apropiado de manera más pragmática y amplia por el pueblo que por los mismos dirigentes.

La movilización popular contra el comercio detallista tocó también la especulación existente tras las puertas de las empresas productivas y fue desarrollándose también el control sobre toda la cadena de producción y distribución y no solamente sobre el eslabón final.

El Secretario General de la ATC, Edgardo García, explicó claramente este nuevo sentido del control social: "La primera tarea de los sindicatos es rechazar el soborno de los empleadores, que les dicen que sus salarios mejorarán si venden los productos al comerciante. para que esa tarea sea masiva, es fundamental la conciencia e que las cosas tienen que llegar a canales seguros para ellos mismos como trabajadores. Hay que hacer un trabajo para contener a los especuladores, evitando que los productos se fuguen de las bodegas o centros de trabajo y lleguen a ellos."

Existe la posibilidad de un esfuerzo conjunto entre los trabajadores y administradores en el proyecto de rectificar la economía, como se puede apreciar en la perspectiva de Hugo Veliz, director de una empresa tricotextil_ "Algunas empresas aducen que los precios elevados son un costo social para pagar la inflación. Incluso adaptan ese mecanismo de compensar ineficiencia con precios de manera consciente. Yo pienso que ante esos administradores, el Estado no puede tener muchas contemplaciones, hay que removerlos. En síntesis, creo que hay que ser duros no sólo con los especuladores, sino con quienes no cumplen su responsabilidad de producir a menores costos para ofertar a mejores precios".

Detrás del proceso de descubrimiento de éste control social más integral en toda la cadena de producción hasta llegar al consumidor, estaba el enfrentamiento con todo un estilo de administración económica cuya lógica estaba en alguna medida viciada por el dinamismo de la inflación inercial, en la que cada agente subía su precio calculando que si no lo hacía perecería a manos de los otros agentes de la cadena.

Frente a las nuevas medidas, seguir actuando bajo la influencia de esta "expectativa inflacionaria" significa que los productores estarán tentados a subir sus precios para recuperar los subsidios perdidos con la unificación de la tasa de cambio, que los comerciantes estarán tentados a subir sus precios para poder comprar los productos que vienen cada vez más caros del sector productivo y que los consumidores, al pagar el precio que el comerciante quiere, estarán tentados a exigir mayores salarios a sus empleadores, quienes a su vez estarán tentados a pasar de nuevo al comerciante y al consumidor esos nuevos costos. Dentro e la espiral de la inflación inercial nadie quiere perder, todos piensan que el otro caerá primero en la tentación y cada quien defendiendo lo suyo. En realidad, al final todos pierden porque es la producción la que va bajando con cada vuelta de la espiral.

La inflación inercial: reflejo de la lucha de clases y de la agresión militar

La inflación inercial es siempre un reflejo de la lucha de clases. En Nicaragua también refleja la agresión militar norteamericana contra el pueblo, que tiene como uno de sus objetivos principales el golpear la economía y el aumentar las divisiones en el seno de la sociedad civil con el fin de desestabilizar al gobierno revolucionario.

-La reforma institucional intenta atacar el estilo económico administrativo que vive de la inflación inercial. Su principal meta es unificar económicamente a la sociedad nicaragüense frente a estos intentos norteamericanos.

La ética anunciada por Daniel Ortega al iniciar la reforma institucional y la compactación del gobierno fue prendiendo en el pueblo. Como dijo un poblador del barrio La Herrera repitiendo la idea del Presidente: "Hay que medir a todo el mundo con la misma vara".

Un editorial de "Barricada" el 1ro. de marzo, expresaba nítidamente lo que el Presidente había llamado "un reajuste cualitativo del Gobierno" y la necesidad de que el gobierno imponga la pauta en el desarrollo de un nuevo estilo administrativo cuyo blanco principal es la inflación:

"Para nadie es un secreto que al calor del proceso inflacionario que vivió el país en los últimos años, tanto en el sector publico como en el privado se hayan extendido un conjunto de prácticas,que si bien eran entendibles como recursos para navegar frente a las distorsiones económicas, estaban lejos de responder al criterio de la eficiencia económica.

La determinación de los cotos -y por lo tanto de los precios- artificialmente inflados por las empresas, el uso irracional del crédito y de los insumos importados, el usufructo ventajosos de la maraña de diversos tipos de cambio representan el reflejo de un período, o bien de un estilo de hacer las cosas ante una situación concreta. Y sería preocupante que el empresario privado, el administrador estatal o el dirigente sindical, no se percaten de que ahora para que la corrección de las distorsiones económicas introducidas por la reforma monetaria sea efectiva, se necesita un verdadero cambio de mentalidad.

Nada es más difícil -aun y cuando las condiciones objetivas de la política económica ahora ofrecen mejores condiciones- que transformar la conciencia de las personas y llevarlas a que abandonen los hábitos y actitudes adquiridas en su labor dirigencial. De ahí que la compactación gubernamental surge acompañada de una exigencia sine qua non: el Estado, y los hombres y mujeres que están al frente de sus responsabilidades, están obligados a dar la pauta de un nuevo comportamiento.

Ninguna empresa puede seguir siendo rentable por otra vía que no sea el incremento de la producción o la reducción de sus costos.. Ese es el desafío implícito en la ejecución de la compactación gubernamental y no está demás recordar que a la par de la buena voluntad, deben existir férreos controles para garantizar la disciplina."

El Estado nicaragüense debe marcar la pauta y de hecho la ha ido marcando durante las primeras semanas del nuevo programa. Pero mientras siga la guerra, la capacidad de detener la inflación no está en las manos del gobierno sino en las del pueblo. Por eso, el inicio de un salto en la conciencia económica popular ha sido tan crucial. El éxito del nuevo programa económico del gobierno depende en gran medida de su difusión y consolidación masivas.

Tercera fase: la batalla por la producción
y el nuevo programa inversionista

El gran peligro de aplicar una terapia económica de shock tan heterodoxa es la posibilidad de que las medidas produzcan una recesión productiva, la posibilidad de que al cortar tan drásticamente la liquidez no se logre reintroducir la liquidez que el sector productivo necesita para reiniciar sus labores. Hay que recordar que la parálisis causada por la reforma monetaria fue precedida por un largo período de estancamiento producido por las vacaciones de diciembre, las crisis del petróleo -y con ellas las de generación eléctrica- y el cierre de fábricas en diciembre, enero y febrero.

Apenas empezada la segunda fase de la compactación del gobierno y la reforma cualitativa de la administración, el gobierno nicaragüense se lanzó a la tercera y decisiva fase de la implementación de su nuevo programa: la batalla para aumentar la oferta de productos básicos a corto plazo.

El problema con la tercera fase es que no había unanimidad en los medios para iniciarla. El cambio de moneda paralizó la economía. Los productores demandaban liquidez. Según ellos, el paso siguiente era iniciar inmediatamente un programa para inyectar liquidez productiva en la economía y así poder producir. Según el sector financiero, que había sido desangrado durante años por la ineficiencia del sector productivo, la liquidez productiva sólo iba ser inflacionaria y era necesario aplicar a la economía un astringente limitante de la liquidez obligando a los productores a vender de inmediato sus reservas si querían esa liquidez. Para el sector financiero, el único camino para aumentar la oferta productiva era pasar por una recesión que obligara a una reestructuración económica y aun aumento de la eficiencia productiva.

Este análisis del sector financiero de reventar de un sólo golpe la ineficiencia del sector productivo fue debatido con calor durante los meses que precedieron a la reforma monetaria y porque la economía ya estaba en una recesión desde 1984. La receta del sector financiero era en el fondo "Aceptar una recesión para lograr un saneamiento financiero y para restablecer los equilibrios fundamentales". Sin embargo, para sanear las finanzas del país era preciso mantener los precios claves fijados por el gobierno en el momento de la reforma monetaria o devaluar la moneda más, al mismo ritmo de la erosión producida en el esquema de los nuevos precios y salarios.

A comienzos de abril es ya una discusión teórica si el sector financiero podía haber mantenido el esquema de precios claves apaciguando las demandas del sector productivo para mayores precios, con una rápida y abundante inyección de circulante. Optó por retener el flujo de crédito y cedió en el esquema de precios, que se vio amenazado desde los primeros días del nuevo paquete económico.

Cualquier reajuste con la profundidad del hecho en Nicaragua provoca un período de inestabilidad en los precios y después un período de sedimentación de las fuerzas del mercado. En nuestro caso, la inestabilidad de precios creció más allá de lo normal porque el Estado volvió a discutir y fijar administrativamente los precios con el sector productivo, sobre todo con los productores oligopólicos del arroz, del azúcar y de las cuencas lecheras del Pacífico. Cuando unas pocas grandes empresas controlan mas del 60% de un mercado, existe una situación de poder oligopólico en la que un grupo de empresas pueden manipular el mercado en vez de responder a sus exigencias.

Para la Comandante Leticia Herrera, entonces dirigente de los CDS y responsable de su movilización para mantener los precios fijados por el gobierno, fue frustrante que el mismo gobierno empezara a negociar los precios con los productores. "Es necesario -dijo- la creación de una instancia única que defina y regule los precios, pues genera mucha desconfianza popular que medio mundo se dispare en direcciones distintas".

Es obvio que nadie podía controlar los precios del sector competitivo de las hortalizas o los granos básicos. El problema real lo presentaban los oligopolios, donde sí podían establecerse los controles necesarios para aplicar los necesarios correctivos que aumentaran la eficiencia.

Pero antes de analizar el problema del sector productivo y el esquema de precios, es preciso revisar el fracasado intento de los partidos y sindicatos de la derecha de romper el esquema de salarios frente al compromiso revolucionario de la clase obrera.

Los salarios y la conciencia de la clase obrera

Los obreros apoyaron con entusiasmo las medidas, con la excepción de unas fracciones de la clase obrera con salarios más altos que los de otros sectores, por trabajar en el área de servicios para las clases más acomodadas. Entre ellos, los meseros de restaurantes, con sus propinas obligatorias del 15%, que en sólo 2 horas ganaban más que un obrero en todo un mes. O lo obreros de talleres automecánicos, en donde los dueños de vehículos se acostumbraron con la hiperinflación a pagar cualquier cantidad que se les pidiera. También los trabajadores de la construcción habían logrado salarios mucho más altos que los de otras industrias, por la presión de las construcciones militares y las del programa de inversiones a largo plazo, muy por encima de los recursos materiales y humanos de esa rama. Los sectores más conflictivos eran, pues, "aristocracias obreras" que vivían de la inflación que envolvía al resto de los trabajadores y que cayeron en la trampa de defender sus privilegios alentados por los partidos de oposición política y por sus organizaciones sindicales. Las protestas de estos grupos cayeron en el vacío ante una clase obrera más amplia, que no sólo apoyó las medidas sino que rechazó más que nunca la política pro-norteamericana y oportunista de estos grupos de oposición.

Aunque las medidas incluyeron un alza salarial fuerte, de casi cinco veces más (400%) sobre el salario base, fue eliminada toda la serie de incentivos que habían ido apareciendo durante el período 1986-87 y que promediaban ya un 90% mas del salario base en el sector productivo y un 40% en el sector no productivo. El Cuadro 1 muestra que aunque el alza efectiva de los salarios bases fue menor del 400% esto significó un gran alivio para la clase obrera.

Teniendo en cuenta en salario total, incluidos los incentivos, el alza efectiva para los obreros fue sólo de un 200%. Aunque los salarios del sector productivo siguen siendo más altos que los del no productivo, el cuadro demuestra que las mejoras de los salarios no productivos fueron levemente mejores que los de los salarios productivos dentro del nuevo paquete económico.

Cuadro 1

Como se puede apreciar, la escala salarial, en la que antes había una diferencia de 8 veces (700% más) entre el salario mínimo y el salario máximo, fue liberalizada en beneficio de los rangos superiores, estableciéndose una diferencia de 15.1 veces (1.410% más) entre el salario máximo y el mínimo.

El alza de los salarios era necesaria no sólo en términos humanos sino en términos económicos. La distorsión en el equilibrio salarios/precios para el trabajador del sector formal era una tentación permanente para pasarse a engrosar el sector informal, tentación especialmente fuerte entre los trabajadores de las capas medias. Los obreros de la escalas superiores, al dejar de trabajar en el sector formal de la economía, empezaron a vender sus servicios a precios inflados al mismo sector formal, como agentes libres desde sus mini-empresas del sector informal. Para evitar este peligroso fenómeno se imponía un aumento en la diferenciación salarial.

Según las proyecciones, el nuevo salario promedio urbano (escala 16) permite comprar la canasta básica de 46 productos. Además, se calcula que hay 2.2 empleos promedios por familia, lo cual significa que las capas medidas tienen suficientes ingresos como para consumir mucho más que la canasta mínima.

Pero según los mismos cálculos, el salario base máximo de un obrero (escala 9) sólo logra comprar un 60% de la canasta básica. El Cuadro 2 demuestra los graves problemas que para la subsistencia afronta una familia de 6 personas de los estratos bajos de la clase obrera, en la que el jefe del hogar trabaja con un salario de escala 5 (900 córdobas) y cuya compañera trabaja en la escala 2 (692 córdobas).

Cuadro 2

Los dos salarios se emplean para comprar sólo una dieta inadecuada, en la que no hay carne, huevos, leche, pollo, vegetales, frutas y pastas alimenticias, ni alcanza para comprar ropa o utensilios domésticos ni para los materiales escolares de los hijos ni para papel higiénico, pasta dental o toallas sanitarias.

Es obvio que aún después de las nuevas medidas, la distorsión en la relación salarios/precios y la atracción del sector informal siguen siendo enormes. El nuevo paquete económico no es una varita mágica y no habrás salida a la crisis durante varios años.

Aunque todo los sondeos políticos y la misma incapacidad de la contrarrevolución o de los partidos de derecha para conseguir una base social indican que el pueblo tiene conciencia de que la revolución es el único camino para Nicaragua, la crisis económica exigió un mejoramiento de la relación salarios/precios. Las bases obreras presionaron y consiguieron que no se les quitaran sus incentivos o salarios extra, aunque manteniéndose éstos sólo en el área productiva. Con esa medida se incrementó el salario de los obreros y técnicos de la esfera productiva en un 30%. A la par, el Ministro de Trabajo anunció que todo movimiento sustancial de los precios, sería acompañado de un movimiento de los salarios. Los trabajadores deben tener confianza que los ajustes se harán en el momento necesario.

Dos días antes del anuncio del Ministro de Trabajo, 500 representantes de las organizaciones de masas sandinistas firmaron un documento titulado "Pronunciamiento de las Fuerzas Fundamentales de la Revolución: Defensa y Economía un solo concepto para la sobrevivencia".

En ese documento se expresa el hecho principal de la coyuntura: las fuerzas sociales más fundamentales de la revolución volvieron a concentrar su atención sobre la lucha no sólo político-militar sino sobre una nueva movilización que integra la defensa y la economía y que se emprende con confianza: "La concentración de grandes problemas económicos no nos atemoriza; estamos seguros que los resolveremos por más tensa que se ponga la situación. En la actual coyuntura, sin renunciar a lo posible, se aplazan las demandas reivindicativas de los trabajadores, y la economía se convierte en sobrevivencia para cumplir con las tareas de la defensa militar, de modo tal que la defensa militar y económica expresen un sólo concepto".

El Cuadro 3 demuestra que el poder adquisitivo de los nuevos salarios subió sustancialmente con las medidas de febrero. Pero también demuestra cómo una inflación de 113% en la canasta mínima deterioró seriamente ese poder de compra de los salarios durante el mes que siguió el anuncio de las nuevas medidas. A la altura del 23 de marzo las mejoras percibidas por los obreros estaban carcomidas, dejando el poder adquisitivo real de los salarios aun más bajo de lo que era en diciembre/87. Después del primer mes, el mito de cualquier varita mágica ya había desaparecido.

Esta afectación de los salarios ha venido menos del lado de la especulación (bastante controlada por el movimiento popular) que del lado de la escasez de producción y de las fuerzas empresariales que presionaron para conseguir mejores precios.

Cuadro 3

Precios y presiones de las fuerzas empresariales

La reacción de los empresarios privados agrupados en el COSEP, la Cámara de Comercio y UPANIC a las reformas era de esperar. Su opción política los llevó a emitir juicios económicos absurdos, como el de que la reforma monetaria los descapitalizó, o el que las medidas constituyeron un jaque mate a productores, una medida que nos viene a descapitalizar.

A pesar de las alzas salariales compensatorias, cualquier devaluación fuerte o reforma monetaria que elimina liquidez no es más que una medida que debilita el poder económico de la clase trabajadora, desvalorizando su trabajo y revalorizando el capital de los dueños, sean éstos quienes sean. En un editorial, "Barricada" respondió sobriamente a las declaraciones del COSEP: "Si alguna intencionalidad política conlleva la reforma monetaria es la de fortalecer el esquema de economía mixta en el país".

El Doctor Manuel Callejas, dirigente de UPANIC, después de repetir que las medidas no podrían hacer nada para frenar la inflación, recetó lo que el sector empresarial politizado consideró la única medicina eficaz para la economía nicaragüense: "Nosotros lo hemos dicho varias veces; que la solución es devolver todo lo estatizado y privatizarlo para que se pueda levantar el país, porque nosotros hemos producido mejor que ellos".

Aunque la eficiencia del sector privado pudiera ser potencialmente mayor que la del sector de Area Propiedad del Pueblo (APP), en la realidad ha estado muy por debajo de la eficiencia de los campesinos y pequeños productores y -lo que es más crucial- muy por debajo de la eficiencia de otros productores empresariales de Centroamérica. "Los beneficios y las maravillas de la libre empresa no han sido más que retórica. No han predicado a partir del ejemplo de su propia eficiencia", dijo de los empresarios nicaragüenses Roberto Larios, analista de Barricada.

Justamente por su ineficiencia, el sector empresarial llora sobre las nuevas medidas porque éstas exigen que los empresarios sean más eficientes y que dejen de vivir subsidiados por un Estado al que tanto critican.

La realidad es que inmediatamente después de las medidas, los empresarios, particularmente los oligopólicos, fueron corriendo a pedir limosnas al Estado. Según "Barricada" el 26 de febrero, el gremio ganadero repastador pidió $4.54 por libra de carne en pie frente a la propuesta del Ministerio de Reforma Agraria (MIDINRA) que era de $1.45, aún cuando el precio en el mercado internacional es sólo de $0.85 y a los ganaderos hondureños les resulta rentable exportar a ese precio. Al final de las negociaciones el precio de la libra de carne al productor para el mercado interno fue fijado en C$22.50 o US$ 2.25. El precio fijado para la exportación es de sólo C$9.09 o US$0.91. En esta situación, no hay ningún incentivo para exportar, y exportar fue una de las metas principales de las medidas. En los últimos seis años, según las cifras de MIDINRA, la exportación de carne se había reducido en un 49% mientras que la venta en el mercado nacional había subido en un 89%.

Mientras que el Estado paga 10 córdobas por dólar de carne exportada, paga 22.50 córdobas por dólar de carne en el mercado interno. Es decir, en vez de devaluar la moneda oficialmente, pasa un subsidio al productor y socava el precio clave de tasa de cambio que supuestamente iba a actuar para mejorar las distorsiones en los precios relativos. Incluso, el Estado, que tiene que exportar unos 15 millones de libras de carne por obligaciones contraídas con otros países -como Canadá- esta exigiendo más subsidios para poder así equilibrar las pérdidas causadas por no vender en el mercado interno esos 15 millones de libras.

Lo que pasó con los repastadores pasó con el resto de los gremios oligopólicos. Según "Barricada" los lecheros de las cuencas del Pacífico pidieron 25 córdobas por litro, mientras que el MIDINRA les ofrecía 10, en base a un promedio de los costos de producción de los campesinos de Matagalpa (8.50 x litro) y de los lecheros oligopólicos del Pacífico (12 x litro). Al final, el precio quedó en 13.85 x litro. Ninguna industria muestra las paradojas de la economía nicaragüense mas claramente que la de la leche, done las formas campesinas de producción son mucho más eficientes, racionales y adecuadas a la realidad del país que las de la producción oligopólica del Pacífico, que depende de más insumos importados.

De hecho, la modernización de la producción lechera significa que el pueblo podrá consumir cada vez menos leche, en la medida en que la recesión internacional obligue a Nicaragua a devaluar más su moneda y a cobrar más al productor por los insumos importados. En éste contexto, las formas tecnológicamente más avanzadas llegan a ser las mas regresivas en términos económicos y sociales.

El 1ro. de marzo, con 30 mil quintales de arroz guardados en las bodegas del oligopolio arrocero (50 productores) y una fuerte escasez de arroz en el mercado, Mario Hanon, presidente de la Asociación Nacional de Arroceros, exigiendo "precios realistas" pidió al MIDINRA 10 córdobas por libra, aunque esa producción en bodega sólo había costado a los 50 productores que la produjeron uno 3.500 córdobas viejos por libra, o sea 3.50 x libra. Al día siguiente se anunció el nuevo precio de 6 córdobas x libra, permitiendo así ganancias de más del 70% a los arroceros.

La ineficiencia del sector arrocero se puede medir por el precio internacional del arroz. Nicaragua podría importar arroz a 14 centavos de dólar la libra, o sea a 1.40 córdobas x libra. El problema fundamental es el uso exagerado e ineficiente de insumos importados que hace el oligopolio arrocero. Actualmente se hacen todas las tareas con avión: siembra, fertilización, aplicación de insecticidas. Antes se utilizaba mucho menos el avión y había más austeridad en el uso de los agroquímicos. El componente importado de los costos de producción del arroz, que fue en 1982 de un 42% es actualmente de un 64%. Cuando es mucho más barato importar que producir nacionalmente, el problema no es de mercado libre sino de paternalismo ante los productores oligopólicos. La tasa de cambio implícita ofrecida a los arroceros es actualmente de 42.3 córdobas por dólar.

Por otra parte, los campesinos que producen arroz en secano lo hacen con un 30% menos de costos por quintal que los arroceros tecnificados. La mejor manera e disciplinar a un oligopolio es exponerlo a la competencia de los productores nacionales más numerosos pero menos poderosos y menos interesados que el oligopolio en percibir ganancias extraordinarias.

De la misma manera, la sobretecnificación e ineficiencia del sector azucarero ha determinado que el Estado ceda ante los productores aceptando una tasa de cambio implícita de más de 50 córdobas x dólar, frene a la tasa oficial de 10 x 1, subsidiando el precio del azúcar y provocando más inflación.

Una de las tensiones fuertes entre el sector financiero y el productivo se da en el tema de los paquetes tecnológicos. El sector financiero quiere reducir la dependencia del sector en los abultados paquetes de agroquímicos y está dispuesto a restringir al sector productivo el flujo de crédito en un 30% durante 1988 para racionalizar su producción. Los sorgueros fueron uno de los pocos gremios oligopólicos que después de revisar su paquete tecnológico admitieron que el Estado había oficializado un cálculo exagerado de los requerimientos de insumos para el rubro.

En la agroexportación, los cafetaleros que utilizan menos insumos importados aceptaron los nuevos precios sin reclamos, a excepción de los sectores mas politizados, que intentaron culpar al gobierno por problemas climáticos o por los causados por la guerra. A diferencia de los cafetaleros, los algodonero, cuyos paquetes tecnológicos expresan una dependencia extrema de insumos importados, se encuentran con la necesidad de dejar el algodón para exportar ajonjolí, ya que el precio de producción del algodón anda por los US$ 150 por quintal, mientras que el valor en el mercado internacional es de sólo US$64.

El campesinado y los pequeños y medianos productores

El campesinado ha sido golpeado fuertemente con las nuevas medidas económicas. Como la clase obrera, el campesinado es dueño de su fuerza física y no del capital que podría revalorizarse con la devaluación de la moneda. Pero, a diferencia e la clase obrera, no recibió un alza similar en sus salarios, porque la reforma le tocó en el momento en el que las cosechas del café y del algodón estaban terminando y antes de la contratación para las siembras. Los precios de todos los productos de consumo hogareño, y sobre todo los de los insumos productivos, subieron cuando el campesinado no tenía nada en sus trojes para vender. Todas las Tiendas Campesinas de la UNAG, igual que el campesinado, se encontraron sin liquidez para preparar el nuevo ciclo de siembras.

El campesinado había vendido su maíz a 50 mil córdobas viejos por quintal en 1987. Actualmente, las bodegas estatales tienen un millón de quintales, que valen mas de 150 córdobas nuevos el quintal. Es decir, la revalorización del capital producido por la devaluación de la moneda dio al Estado una ganancia del 200% unos 100 mil millones de córdobas viejos o 100 millones de córdobas nuevos.

La fracción del campesinado del sector más húmedo del país, que tiene frijoles para vender, encuentra precios de compra oficiales de 450 córdobas el quintal, un 50% por debajo de los precios de diciembre de año pasado. El intento de controlar el precio del frijol crea un mercado negro donde no debe haberlo, porque la venta campesina del frijol ha sido definida como libre. El precio de ese mercado negro anda por los 1,500 córdobas el quintal. Obviamente, el campesinado no está vendiéndole al Estado, el flujo de frijol ha bajado y el consumidor está pagando precios altísimos por este alimento básico. Sólo la importación de frijoles puede mantener el precio oficial al consumidor, y eso tendrá la desventaja de desestimular el campesino productor d frijol especialmente en las zonas de la Región V donde la contrarrevolución opera. Con todo ello se estará incrementando la dependencia alimentaria de Nicaragua.

El intento de controlar administrativamente los precios de productos campesinos, en vez de beneficiar a los trabajadores urbanos puede incluso dañar sus intereses. La consolidación de la alianza obrero-campesina depende sobre todo de la liberación de las fuerzas productivas de los campesinos y los obreros. Esa liberación depende de su poder en el mercado frente a los intereses de las clases mas acomodadas, poder que debe aumentarse con la regulación del mercado de las grandes empresas oligopólicas y el impulso a la producción de las pequeñas empresas competitivas de los campesinos y artesanos.

Alianza obrero-campesina: dignidd económica nacional

En Nicaragua, el problema de las empresas oligopólicas no es el de sus abultadas o injustas ganancias sino el de su ineficiencia productiva y el de su continua dependencia de los subsidios estatales y externos. En un país con renovada capacidad negociadora de los sindicatos y donde los impuestos sobre la renta, los corporativos y los personales gravan un 70% de las ganancias, se puede decir que la batalla contra la riqueza está superada. Además, los impuestos sobre la renta se aplican sobre todo a las empresas oligopólicas y no a la pequeña producción competitiva.

El problema no es, pues, de ganancia y de acumulación sino de la ineficiencia de estos sectores oligopólicos, tanto privados como estatales. Esta ineficiencia ha contagiado a la pequeña producción, al campesinado y a la masa de la clase trabajadora. La guerra ha impedido que la recuperación de la dignidad política nacional se complemente con una revolución cultural productiva. En este sentido, el Estado revolucionario, y sobre todo el FSLN, tienen que recuperar el tiempo perdido por la guerra enfatizando los mecanismos y la mística necesarios para que toda la sociedad asuma el reto de crear una cultura productiva en igualdad en la que el que trabaja come y el que trabaja más come más.

La tercera fase del nuevo paquete económico se convierte en una batalla contra la lógica heredada del subsidio, del consumo y de la ineficiencia. Es un esfuerzo para crear la dignidad económica nacional.

A pesar de una tan notable movilización popular en la primera y segunda fases de la implementación de las nuevas medidas, la insurrección económica de los trabajadores pasa por una coyuntura bastante difícil.

El entusiasmo del pueblo y la hora de la movilización popular podrían ir esfumándose porque todos los esfuerzos de las masas para controlar los precios sólo funcionaron a medias. Como demuestra el Cuadro 3, la inflación siguió su espiral ascendente a una tasa de un 113% durante las primeras cinco semanas después de la reforma monetaria.

Con la devaluación del 14 de febrero, que aumentó el costo de los insumos importados en un 3,000% era completamente imposible controlar la tasa de inflación. Según los cálculos de los técnicos, en una economía muy PIB depende en una tercera parte de los bienes importados, el alza de los precios de éstos tendría que producir una inflación de por lo menos un 1,000% durante 1988. Además, la inflación de las ramas más dependientes de tecnología extranjera tendría que contagiar a las ramas con menor componente importado.

¿Por qué arriesgarse a desilusionar al pueblo embarcándolo en una movilización cuyas metas eran inalcanzables? La respuesta es que hubo tan poco espacio de maniobra para mejorar la economía que había que moviliza al pueblo fuera como fuera. Y el blanco más fácil era el sector especulativo. El propósito fundamental de la movilización popular era involucrar más directamente a los militantes del FSLN y a todo el pueblo en la gestión de la economía. Las nuevas medidas económicas fueron un acontecimiento: se echaron los dados sobre el tablero confiando en la capacidad popular de convertir el riesgo en éxito.

Ante el fracaso en el intento de controlar la especulación y la inflación, aún en los precios oficiales, se fue despertando en el pueblo, junto con los primeros signos de desilusión, una nueva conciencia -cada vez mas clara- de que su bienestar depende mas de su propia capacidad de levantar la producción que de cualquier otra acción. Toda la movilización para el control social en las fábricas llevaba en sí el germen de una creciente conciencia socialista de que los obreros son los responsables de la administración de la economía.

Pero en la batalla para aumentar la producción no hay tampoco mucho espacio de maniobra. Los obreros, campesinos y trabajadores de la industria informal enfrentan dos grandes tareas. Por un lado, le toca a la clase obrera disciplinar férreamente a las empresas oligopólicas privadas y estatales, que con su uso indebido de insumos importados y con sus niveles de ineficiencia generan mucha mas inflación que la actividad de los restantes productores del sector competitivo. Por otro lado, los campesinos, los medianos productores agropecuarios y los trabajadores urbanos de la pequeña industria y de la producción popular informal tienen que movilizarse para ocupar un lugar mas dominante dentro de la correlación de fuerzas de la producción actual, utilizando recursos anteriormente dedicados a proyectos de larga maduración del sector estatal.

La movilización obrera frente a monopolios y oligopolios

En empresas como la de Sacos Macen, la administración está cooperando conjuntamente con los obreros, no solamente para controlar la especulación sino para sustituirla. Los obreros están creando sus propios talleres para el mantenimiento de los equipos, la reparación de vehículos y la construcción, actividades para las que antes se contrataba a precios exorbitantes a trabajadores del sector informal especulativo. La eliminación de este sector informal parasitario bajará los costos de producción de la industria. De igual manera lo hará la decisión de aumentar las exportaciones para importar con las ganancias sus propios insumos sin depender de los buhoneros importadores.

En esta y otras industrias, todo este proyecto de disminución de gastos, de reordenamiento de personal y de eliminación de horas extra ha surgido de una gran participación de los obreros en la gestión económica. La consolidación de la movilización depende de políticas que prioricen el sector productivo sobre el sector administrativo, ligando los incrementos salariales a incrementos de la producción.

El peligro de la recesión en el sector oligopólico viene del lado de las restricciones en la demanda. Hay indicios de que la demanda desciende porque la gente no tiene sencillamente con qué comprar los productos con precios elevados, a causa del componente de insumos importados necesarios para producirlos. El alza de las medicinas en un 320% ha provocado un notable descenso de venta en las farmacias, especialmente en el momento en que todas las familias tenían que comprar útiles para los niños que iniciaban el año escolar.

En cualquier sector económico competitivo, cuando cae la demanda se da la exigencia de incrementar la eficiencia para poder vender los productos mas baratos que los del competidor. En la situación de un mercado controlado por un monopolio u oligopolio, la caída de la demanda no exige necesariamente más eficiencia sino un simple recorte de la producción. No se están vendiendo los huevos y la carne de pollo queda en los mercados. Hay preocupación de que caiga la producción de carne de pollo porque el consumo urbano depende en un alto porcentaje de unas pocas empresas. Es decir, existe el peligro de que las medidas en vez de incentivar la producción en el sector oligopólico la reduzcan.

La movilización de los campesinos y la producción popular urbana

Uno de los mecanismos mas eficaces en la segunda fase de la implementación de las nuevas medidas han sido la política de controlar a los intermediarios a través del creciente contacto directo de los expendios de los barrios con los comités barriales, con los comisariatos de las fábricas, con el campesinado, las cooperativas y la UNAG. Se han incrementado los esfuerzos de los dirigentes de los CDS y de los Comisariatos para conseguir el transporte necesario para compras directas en el campo, mientras que la UNAG está promoviendo en todo el país los mercados campesinos donde los productores venden directamente al pueblo.

En este esfuerzo hay que asegurar el aumento de la producción y no sólo la eliminación de la especulación. El comerciante que especula con productos campesinos normalmente lleva en su camión productos para vender al campesino, también a precios especulativos. Tanto para el campesino como para el artesano urbano es preferible la especulación a quedarse sin los insumos que necesitan para producir.

Es decir, en el ámbito de la producción competitiva de los campesinos y de los trabajadores de la industria informal, el peligro de recesión productiva no viene del lado de la demanda, como sucede con el sector oligopólico, sino del lado de la oferta.

La escasez aguda de insumos productivos para el campesinado hace subir los precios al consumidor urbano por los costos de producción, tal como le sucede a cualquier productor, pero tiene aún otro impacto peor: el campesino no destina su producción al mercado y vuelve a la economía de mera subsistencia.

Un aspecto importante de la compactación del Estado ha sido la agilización de los aparatos institucionales que atienden al campesinado y al sector informal productivo en las ciudades. Estos sectores populares productivos incorporan a más de un 60% de la fuerza de trabajo nacional y producen un 35% del PIB. Hay razones tanto económicas como políticas como para motivar el interés del gobierno en conducir mejor a esta gran fuerza popular en una coyuntura en la que la agresión norteamericana se volverá cada vez menos de carácter militar y mas de carácter político, centrándose la oposición a la revolución en las protestas contra la gestión económica gubernamental.

La movilización de la alianza obrero-campesina depende no solamente de consignas sino de recursos. El único espacio para avanzar en este sentido se encuentra en la transformación creativa del paquete inversionista de Nicaragua, que representó el año pasado un 205 del PIB. La gran mayoría de ese paquete ha sido dedicado a crear un nuevo sector en la economía nicaragüense tecnológicamente mucho más avanzado.

La salida, en esta coyuntura de momentos decisivos para e fin de la guerra y para superar la crisis económica, es postergar las inversiones a largo plazo y dedicar los recursos a la reproducción simple de la economía garantizando las necesidades básicas y la alianza de las mayorías populares. El 20 de febrero, el Presidente Daniel Ortega anunció la necesidad de racionalizar las inversiones, porque el paquete actual no puede rendir beneficios concretos en los próximos dos años, en los que será prioritaria una economía de sobrevivencia.

No tenemos todavía una estrategia de sobrevivencia económica

Nicaragua no tiene todavía una estrategia de sobrevivencia económica. Más bien, ha experimentado un serio desgaste económico, tanto por la guerra como por un plan de inversiones que no permitía movilizar la alianza obrero-campesina. Sobrevivencia no significa dejar de invertir sino reorientar y transformar las inversiones de larga maduración, colocando esos recursos en manos de los campesinos y de los pequeños y medianos productores de la ciudad y del campo. Significa un programa de movilización popular económica en el corto plazo y una expansión inmediata de la producción de los sectores populares. Significa volver a cuidar el mantenimiento de la planta e infraestructura existente y la reproducción simple de la economía.

Este proyecto de transformar el paquete inversionista exigirá mucha creatividad, asegurando en el primer momento en que las carteras de crédito bancario estén realmente dirigidas hacia los campesinos y la producción competitiva de la ciudad y del campo. En un segundo momento, habrá que garantizar que las nuevas ganancias del Estado por la revalorización del maíz, y sobre todo por las ganancias estatales provenientes de la revalorización y la venta de los insumos importados en abril y mayo, se canalicen en el último trimestre del año hacia los sectores populares más que hacia el Estado o hacia los grupos oligopólicos. En un tercer momento, habrá que renegociar varios préstamos bilaterales para inversiones de larga maduración, ajustándolos a la crisis que vive el país, al mismo tiempo que aprovechar los recursos provenientes de los proyectos especiales para el desarrollo de Centroamérica hechos por la Comunidad Económica Europea, Naciones Unidas y el grupo de los presidentes latinoamericanos en Acapulco.

En el primer mes de la implementación de las nuevas medidas, la movilización económica ha fortalecido la movilización militar y política. Se cumplió -como después lo señalaron las fuerzas fundamentales de la revolución en su pronunciamiento del 10 de marzo- que la insurrección económica el pueblo y la defensa de la patria representan "un solo concepto para la sobrevivencia". Sin embargo, quedan por resolver obstáculos materiales y problemas de ajuste de la política económica gubernamental para poder sostener con resultados esa movilización.

Si por un lado hay signos claros de que el país nunca ha estado mas cerca de consolidar una economía de sobrevivencia, por el otro hay indicios de que en la tercera y crucial fase del programa el Estado no tiene suficiente agilidad y capacidad de gestión para respaldar con recursos económicos la movilización popular que la revolución ha despertado.

El primer mes indica que el porvenir del nuevo paquete económico dependerá de la misma dinámica del proceso popular y de la capacidad del Estado para dejarse transformar por ella.

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