Nicaragua
Plan Melton y Plan Shultz: una crisis anunciada
Preso en el freno que son para su política de guerra los acuerdos de Esquipulas II y los de Sapoá, Reagan trata de sobrepasarlos con proyectos que buscan desesperadamente forzar el marco de estos acuerdos y provocar una desestabilización que, en sus sueños, sería la fase previa al fin de la revolución.
Equipo Envío
El Plan Melton y el Plan Shultz -versión interna e internacional de este mismo proyecto-, que intentan romper la camisa de fuerza que es para Reagan Esquipulas II, son posibles precisamente por el terreno abierto con los acuerdos de paz regionales. Shultz intenta aislar a la revolución manipulando Esquipulas II y si pudiera, intenta matar Esquipulas en nombre de Esquipulas. El embajador norteamericano Richard Melton, aprovechándose del pluralismo político y las libertades propiciadas por Esquipulas, organizó un plan de desestabilización y se puso a la cabeza del mismo.
El gobierno de Nicaragua, con gran alegría popular, respondió con firmeza al Plan Melton y mantiene posiciones firmes ante el Plan Shultz. Esa firmeza tiene sus riesgos y un costo internacional. Hace dos meses el periódico mexicano "El Día" había detallado los pasos que daría el Plan Melton. Todos se iban cumpliendo en una peligrosa escalada. La crisis de julio -provocación vs. legalidad- fue una crisis anunciada.
Los últimos meses del Plan ReaganA mediados de julio, y al salir de una reunión con sus asesores en la que planificaba la actividad de sus últimos 6 meses de gobierno, el Presidente Reagan anunció que seguiría luchando por apoyar a los contrarrevolucionarios nicaragüenses. En esta ocasión no hubo ninguna otra declaración sobre otros importantes temas de política exterior. Mientras el gobierno Reagan, en retirada, trata de abandonar la Casa Blanca apuntándose tantos "de paz" en sus relaciones con la URSS y en algunos conflictos regionales (Afganistán, Irán-Irak, Angola...), en el caso de Nicaragua persiste en su política de guerra.
Pero esta política está muy frenada por la camisa de fuerza que hace un año confeccionaron los acuerdos de Esquipulas II y que reforzaron hace medio año los acuerdos de Sapoá. Cualquier acción significativa que el gobierno Reagan quiera desarrollar para llevarla adelante requiere de la destrucción de estos dos marcos de negociación. Quebrar Esquipulas II y quebrar Sapoá es condición necesaria para que el Plan Reagan pueda caminar. En la última etapa de su gobierno, este es un desafío contra el tiempo.
En el diálogo entre el gobierno y la contrarrevolución de mediados de junio, el gobierno Reagan buscó quebrar el marco de Sapoá usando para ello a los sectores más reaccionarios de la dirigencia contra, los sectores de la guardia somocista que obedecen a Bermúdez. Aunque Sapoá sigue existiendo, los contrarrevolucionarios lo dieron por superado en junio, retrasando el aceptar nuevas pláticas con las que seguir avanzando en el proceso, a la espera de una mejor articulación del Plan Shultz.
La situación de estancamiento del proceso de Sapoá debía preparar el camino para quebrar el marco aún más sólido de Esquipulas II. Romper Esquipulas II "en nombre de Esquipulas II" (Nicaragua no ha cumplido, el diálogo fracasó, el cese al fuego no se consigue...) debía ser el siguiente paso.
Según declaraciones de los más altos funcionarios del gobierno Reagan la opción prioritaria en esta etapa de transición hacia una nueva administración sigue siendo la militar, pero sin excluir el combinarla con algunas formas de diálogo. Lograr la reanudación de ayuda militar a los contras con el apoyo bipartidista del Congreso es el objetivo inmediato de los republicanos. Con esa ayuda podrían mantener 3 mil o 4 mil hombres armados en el interior de Nicaragua, que continuarían presionando fuertemente al gobierno nicaragüense y profundizando la crisis económica por el gasto en la defensa militar.
Para ello, ésta es "la mejor opción", pero en el caso de que no fuera viable, el gobierno Reagan podría apoyar las pláticas de paz como táctica de corto plazo para mantener vivos a los contrarrevolucionarios hasta la llegada de una nueva administración y no para poner fin a la guerra. En esta segunda opción no se excluye el que Estados Unidos entre en las negociaciones para prolongar el "tiempo político" de esta etapa. Esta segunda opción incluye la entrega a los contras de ayuda "humanitaria", reservándose el gobierno norteamericano las condiciones de esa ayuda para tener así un amplio margen de presiones sobre Nicaragua en la mesa negociadora.
Es frente a esta gama de opciones que el gobierno republicano se está moviendo y previsiblemente se moverá en los próximos meses. Si al implementar estas opciones -combinándolas- tienen éxito, los republicanos no sólo conseguirían su objetivo anti-sandinista sino también su objetivo contra el Partido Demócrata, pues si los demócratas terminan votando nueva ayuda para la contrarrevolución no estarían sino apoyando las posiciones de Reagan y no tendrían nada que reprochar a los republicanos en este importante tema de la política exterior estadounidense.
El hecho de que el Canciller norteamericano George Shultz haya pasado a ocupar un lugar tan protagónico en el conflicto con Nicaragua -como se ha visto en las última semanas- es una señal del peso político que se le quiere dar al plan anti-nicaragüense del final de la era Reagan. Nada indica que haya un cambio significativo en la línea política de agresión. El Plan Abrams sigue vigente, pero a los efectos de la imagen, del peso -y por eso de los resultados- no es lo mismo que Abrams viaje por Centroamérica a que viaje Shultz.
Para llevar adelante la última versión del Plan Reagan y asegurar su éxito, la Administración tiene que realizar una auténtica "campaña de unidad antisandinista" con varios objetivos:
- Unir a los contras.
- Unir a la oposición interna nicaragüense.
- Unir a los gobiernos centroamericanos.
- Unir al Congreso.
No son tareas fáciles. El mes de julio estuvo plagado de las actividades de esta apresurada campaña. Para comprender mejor los hilos de su entramado analizaremos estas actividades en orden sistemático más que en orden cronológico.
Unir a los contras: todo el poder a Enrique BermúdezEl Directorio de la llamada Resistencia Nicaragüense debía haberse renovado en mayo. Las pláticas de paz con el gobierno nicaragüense iniciadas en marzo y las divisiones que dominan a los contras, retrasaron hasta el mes de julio la elección del nuevo directorio. Esta elección venía precedida por las pláticas de junio, en las que se impuso en Managua la línea anti-Sapoá de Bermúdez.
El 18 y 19 de julio se celebró en la República Dominicana la Asamblea de la que había de surgir el nuevo directorio. Las pugnas internas aconsejaron que la sede no fuera Miami o cualquier otra ciudad centroamericana con un número significativo de exiliados nicas, con el fin de tener menos presiones externas que contribuyeran a profundizar las divisiones. Por eso se eligió como sede Santo Domingo.
Como resultado de la Asamblea salieron del directorio Pedro Joaquín Chamorro jr. y Azucena Ferrey y entraron Roberto Ferrey y Wilfredo Montalván. Como representante indígena entró Wycliff Diego. Lo más destacado de la reestructuración fue la concentración del poder político -ya tiene el militar- en manos del coronel somocista Enrique Bermúdez.
A pesar del origen somocista de Bermúdez, del autoritarismo del que otros dirigentes contrarrevolucionarios lo acusan y de su declarada oposición a los acuerdos de Sapoá y a la finalización de la guerra, razones todas que hacían extremadamente polémica su elección, el gobierno republicano no tenía otra alternativa si quería mantener un control seguro de la contrarrevolución, que en los últimos meses venía cuarteándose aún más, además de por las razones históricas, por razón de que el sector que encabeza Alfredo César visualiza un triunfo demócrata en las elecciones y, en consecuencia, busca irse alineando con la gente de Dukakis.
Inmediatamente elegido el nuevo directorio se revelaron las profundas fisuras que hay en el grupo, artificialmente creado por el gobierno Reagan. Pedro Joaquín Chamorro jr., que en junio se había unido a los "comandantes" contras que firmaron Sapoá para fundar con ellos la llamada corriente "nacionalista", declaró que en Santo Domingo se había creado "una dictadura para derrocar a otra dictadura". Todo el llamado Frente Sur de la contrarrevolución -7 "comandantes" que dicen tener a su mando 2.700 soldados- desconoció el directorio elegido en Santo Domingo, mientras que los grupos socialcristianos en el exilio que dirige José Dávila descalificaban al socialcristiano Roberto Ferrey, los robelistas descalificaban a Montalván y Brooklyn Rivera descalificaba a Diego como representante de los indígenas que en grupúsculos están aún sobre las armas en Honduras.
En el nuevo directorio, sólo Alfredo César podría eventualmente impulsar negociaciones no tácticas con el gobierno de Nicaragua, por su cercanía al Partido Demócrata. Bermúdez y Arístides Sánchez representan a los republicanos ultras. Y Diego, Ferrey y Montalván son cuestionados por los sectores políticos que dicen representar. Durante algunos días pareció que César y los sectores que él representa iban a abandonar a los republicanos de forma definitiva para continuar ellos solos las negociaciones con los sandinistas. Ante semejante crisis, la primera actividad del recién elegido directorio tuvo que ser una reunión en Miami a la que fueron convocados de urgencia por Elliot Abrams, para mantener -para imponer- la "unidad" bajo el liderazgo de la guardia somocista. Esta "unidad" -pegada con saliva o alfileres- es sólo una cohesión momentánea en función de conseguir más ayuda militar en el Congreso. En su carrera contra el tiempo, el Plan Reagan necesita desesperadamente de la guardia somocista para mantener vivos y "unidos" a los "paladines de la libertad". La contra es sólo viable durante estos últimos meses de Reagan si permanece bajo el absoluto control de alguien a quien Estados Unidos pueda controlar en todos sus pasos. Ese hombre es únicamente Enrique Bermúdez. Por eso tiene ahora todo el poder.
Unir a la oposición interna: objetivo del Plan MeltonDesde el mes de abril casi todos los partidos de oposición nicaragüense -parlamentarios y extraparlamentarios- se unieron en el llamado Grupo de "los 14" para presionar al gobierno en función de obtener cuotas de poder político. El Diálogo Nacional propiciado por los acuerdos de Esquipulas II había creado grandes expectativas entre ellos en este sentido.
En la alianza coyuntural de "los 14" está integrada la reaganista Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN), que encontró también en el clima de pluralismo político y reconciliación propuesto por Esquipulas II un espacio que nunca antes había logrado ganar.
Iniciada la cuenta regresiva del Plan Reagan, el gobierno republicano decidió aglutinar a la oposición nicaragüense en torno a la CDN. Esta coalición formada por partidos que fueron abstencionistas en las elecciones del 84, centrales sindicales derechistas y grupos de la gran empresa privada, ha mantenido siempre frente al gobierno republicano la misma actitud de total dependencia que los sectores somocistas de la contrarrevolución.
La situación económica de Nicaragua es muy difícil. Después de ocho años de guerra, los efectos de la agresión militar y económica de Estados Unidos se dejan sentir dramáticamente. Las medidas tomadas por el gobierno en febrero y junio tratan de enderezar algo una economía que se puso al borde del colapso a fines de 1987, pero no pueden evitar el deterioro del nivel de vida de las mayorías. Sobre esta realidad objetiva organiza sus expectativas la ofensiva interna del Plan Reagan. Huelgas, manifestaciones callejeras que provoquen situaciones de violencia incontrolables y un clima de permanente desafío a las autoridades y leyes revolucionarias alentado desde los medios de comunicación -que vienen funcionando con máximo cuotas de libertad desde Esquipulas II- son las piezas esenciales de la ofensiva.
El 3 de julio, 600 personas vinculadas a la CDN y al COSEP se reunieron en Estelí en Asamblea para proclamar la fórmula política por la que se disponían a luchar: un "gobierno de salvación nacional". Se trata de exigir por presiones internacionales y por alteraciones callejeras que el FSLN abandone el poder para entregarlo a un gobierno conformado fundamentalmente por estos grupos de ultraderecha, la contrarrevolución armada, partidos opositores y también -según precisó "La Prensa"- por algunos sandinistas. Este gobierno "salvador" convocaría nuevas elecciones. En la reunión de Estelí estuvo presente en lugar de honor el embajador Melton, que fue vitoreado en varias ocasiones por los participantes.
El énfasis que el diario "La Prensa" y medios radiales afines a la CDN -entre ellos, Radio Católica- pusieron inmediatamente en la fórmula del "gobierno de salvación nacional" dibujaba ésta como la nueva bandera que alzaba Reagan al interior de Nicaragua. La propuesta era la versión interna de aquella otra propuesta que en las pláticas de junio el directorio de la contrarrevolución armada presentó al gobierno sólo dos horas antes de que terminara la reunión. La propuesta de un gobierno de salvación nacional era tan inaceptable para el gobierno de Nicaragua como aquel plan, que proponía el desmantelamiento de las estructuras de poder. El objetivo de ambos proyectos no era otro que impedir una negociación de paz. Las movilizaciones callejeras alzando una bandera tan provocadora buscarían crear un clima de creciente desestabilización.
El 10 de julio la CDN convocó a una manifestación contra el gobierno y a favor del gobierno de salvación nacional en la ciudad de Nandaime (Granada). Participaron unas 3 mil personas. Todo hacía temer una situación de violencia. En un momento, y al grito de la líder de una fracción conservadora, Miriam Argüello, -"¡Ahí vienen los perros"!-, un grupo de los participantes provocó a la policía y comenzó la refriega. Los policías que custodiaban el orden fueron golpeados con piedras, garrotes y cuchillos. Por primera vez en 9 años de revolución la policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a la gente y frenar la escalada de violencia. La mañana terminó con decenas de golpeados, 10 policías heridos y 42 personas detenidas . Entre ellas, cuatro dirigentes de la CDN, incluyendo a su presidente Carlos Huembes.
Richard Melton había llegado a Nicaragua como nuevo y quizá último embajador del gobierno Reagan a mediados de abril. Desde que asumió su cargo comenzó a actuar con una audacia que no se les había conocido a los otros embajadores norteamericanos -Pezzullo, Quainton y Bergold-. Después de dos meses de continuos contactos con los sectores de oposición del país, tarea en la que jugaban un papel activo otros funcionarios de la embajada, la principal tarea de Melton en julio estaba siendo la de llenar públicamente el vacío de liderazgo que había detectado entre los sectores de oposición.
El 7 de julio -fecha a caballo entre los sucesos de Estelí y los de Nandaime- el Comandante Bayardo Arce habló por primera vez de lo que llamó el Plan Melton, describiéndolo como la más reciente estrategia norteamericana para desestabilizar la revolución y poder así destruirla. El liderazgo de Melton era una pieza clave de este Plan. Y así como el gobierno Reagan no pudo arriesgarse a abandonar la dirección de la contrarrevolución en alguien que no fuera de tanta confianza como lo es Bermúdez, así en el plano interno tampoco podía arriesgarse a otra fórmula que no fuera la de la reaganista CDN controlada directamente por el propio embajador Melton.
En Estelí los empresarios privados calificaron a los sandinistas de "zorros meones" que lo que no se comen lo dejan hediondo" -así lo publicó "La Prensa"- y llamaron a quebrar el poder revolucionario. Melton aplaudía. En Nandaime los partidos de la CDN azuzaron públicamente a los manifestantes contra la policía. Las fotos de ese día mostraron cómo varios funcionarios de la embajada estaban presentes y eran activos en la manifestación. Después, el gobierno de Nicaragua informó que la embajada habría dado unos 180 mil córdobas a cada uno de los grupos de la CDN para organizar la manifestación y captar "manifestantes". Se reveló así públicamente la cara del plan norteamericano, que consistía en desafiar a las autoridades y a las leyes para con esta acción provocar una reacción de represión y abrir así el círculo vicioso provocación-represión-nueva provocación que desembocara en una situación incontrolable. Para el 17 de julio la CDN había convocado una Marcha contra el Hambre. También estaba organizándose huelgas de hambre entre los somocistas presos en las cárceles y otras actividades similares.
Dentro del Plan Melton la CDN estaba ungida por el embajador de Reagan para jugar el papel de vanguardia unificadora. El Centro del Plan era el proyecto de un "gobierno de salvación nacional". Pero como nunca ha habido una unidad verdadera entre partidos de ideología tan diversa como los que componen "los 14" y como la división interna entre conservadores, liberales, socialcristianos y socialistas es cada vez mayor, el Plan Melton no logró superar las divergencias, manteniendo una unidad similar a la conseguida en la contrarrevolución armada, es decir, pegada con saliva. Los sectores más moderados de ésta -César- miran hacia los demócratas y piensan en el fin de la guerra, mientras que los Bermúdez no abandonan la opción militar de los republicanos. De la misma forma, en el escenario interno, los partidos parlamentarios, y los que les son más cercanos ideológicamente entre los extraparlamentarios, buscan vínculos con los demócratas mientras que los de la CDN siguen obedeciendo los planes reganistas.
A mediados de julio, "los 14", unidos ambos sectores, hicieron una visita al Presidente Arias para proponerle algo así como misión de ser un supermediador entre ellos y el gobierno de Nicaragua y así organizar un nuevo gobierno -no usaron el término cedenista "de salvación nacional"-. La visita tuvo escasa proyección en Nicaragua y en el plano internacional y demostró una vez más que en esta concreta coyuntura del fin de la era republicana, la mayoría de los partidos opositores miran más hacia los Estados Unidos que hacia Nicaragua. Los más ultraderechistas están listos para servir a modelos como el Plan Melton, con el sueño de llegar al poder empujados por la fuerza de los últimos coletazos de Reagan o por los primeros de Bush. La mayoría de los restantes partidos miran a los demócratas y derechizan sus posiciones en la confianza de que esto los puede ayudar a resultar elegidos por Dukakis como sus instrumentos para cuestionar el poder sandinista.
La visita a Arias y el documento anti-sandinista que "los 14" le presentaron puede ser interpretado desde esta perspectiva, tanto como un golpe de efecto de los más moderados para que los demócratas no los identifiquen como "sandinistas encubiertos" como un oportunismo de los ultra-derechistas para prestigiarse al amparo de Arias.
Una vez más, la actividad opositora en Nicaragua termina siendo impotente al buscar sobre todo la proyección internacional y al hacerse tan dependiente de los movimientos de los políticos norteamericanos. Manteniendo esta óptica los partidos se debilitan a lo interno, tanto en sus escasas bases reales como en las potenciales bases que podrían disputar a los sandinistas si se enmarcaran en un proyecto más realista y más nacionalista.
La guerra que no cesaLa radicalización interna y la desestabilización social que supone el Plan Melton tienen en la continuación de la actividad militar de la contrarrevolución un importante elemento de tensión. Desde el 23 de marzo -firma de los acuerdos de Sapoá- hasta el 31 de agosto, el gobierno de Nicaragua mantiene un cese al fuego de las operaciones ofensivas -no de las defensivas- renovándolo mes tras mes. Aunque la dirigencia contrarrevolucionaria se comprometió por escrito entre marzo y junio a un cese al fuego similar en sus operaciones ofensivas, y sólo verbalmente a partir de entonces, todo indica que los contrarrevolucionarios han violado el acuerdo en bastantes ocasiones. Más allá de la información que brindan los comunicados del Ministerio de Defensa nicaragüense, los cadáveres de civiles no armados o el alto número de campesinos secuestrados son la prueba más elocuente de estas violaciones.
Según los comunicados del Ministerio de Defensa de Nicaragua, ésta ha sido la actividad militar entre el 1 de abril y el 30 de julio, en lo relativo a acciones ofensivas de la contrarrevolución y a acciones de la defensa nicaragüense:
En el mes de julio algunos de los ataques contrarrevolucionarios contra civiles fueron particularmente crueles. El 4 de julio fueron atacados unos vehículos que transportaban a campesinos de una cooperativa y a militares cerca de Acoyapa (Chontales), con el resultado de 12 muertos (7 civiles, entre ellos 5 mujeres) y 10 heridos. Cuando el chofer trataba de huir del vehículo en llamas fue degollado. En este tipo de ataques, bastante habituales en la actividad contrarrevolucionaria, los vehículos resultan destrozados por el efecto de minas anti-tanques colocadas en los caminos y después los ocupantes mueren ametrallados o resultan heridos.
El 2 de julio, los contrarrevolucionarios morterearon desde Honduras la aldea mískita fronteriza de San Carlos. Los cuerpos de dos niños (5 y 6 años) fueron destrozados mientras dormían y 3 mujeres -una de 80 años- quedaron heridas. Otros 3 hombres murieron el indiscriminado mortereo. El 19 de julio, 5 niños y 2 adultos fueron asesinados en la emboscada a un vehículo civil en Paiwitas. Todas las emboscadas en las que resultan asesinados civiles son siempre negadas por los voceros de la contrarrevolución, que afirman simplemente que los hechos no ocurrieron, que no son responsabilidad de ellos o que fueron provocados por los sandinistas.
El 30 de junio y el 8 de julio el Ministro de Defensa Humberto Ortega solicitó al Cardenal Obando y al Secretario de la OEA, Baena Soares -responsables de la verificación de los Acuerdos de Sapoá- que comprobaran en el terreno las violaciones del cese al fuego para emitir un dictamen. Las dos cartas no tuvieron respuesta pública desde marzo ni hasta el momento ha habido ninguna gestión para la verificación. La diferencias que el Cardenal Obando tiene con Baena Soares en la interpretación de lo que está ocurriendo parecen estar impidiendo avances en este sentido.
El alto número de campesinos que están siendo secuestrados en estos meses -en él se incluyen mujeres y niños- estaría indicando que el sector de la contrarrevolución que rechaza los acuerdos de Sapoá -y que obedece a Bermúdez- se mantiene activo, e incluso tiene el proyecto de continuar la guerra, pues los secuestros han estado siempre orientados a engrosar las filas de la contrarrevolución.
El total de los secuestrados en los 8 años de guerra asciende ya a varios miles. El paradero de estos secuestrados es desconocido para sus familiares: ¿están en los campamentos de Honduras?, ¿han caído en combate vestidos con el uniforme contrarrevolucionario?, ¿fueron asesinados? En las pláticas entre el gobierno de Nicaragua y los dirigentes contrarrevolucionarios, el gobierno reclamó la libertad de estos secuestrados en reciprocidad a la libertad concedida a 100 presos contras en abril y a la ley de amnistía que se mantiene vigente desde hace años para cualquier contrarrevolucionario que quiera desalzarse. En la reunión de junio, los dirigentes contras se comprometieron a liberar a 66 secuestrados, pero no han entregado a uno sólo de ellos. Con el fin de resolver esta dramática situación, un numeroso grupo de madres de secuestrados de todas las regiones del país decidieron presentarse todos los jueves ante el edificio de las Curia Arzobispal de Managua hasta que el Cardenal Obando asuma un papel más activo para la solución de este problema. Durante tres jueves de julio se organizaron patéticas manifestaciones de dolar y fe. El Cardenal no recibió a las mujeres, sino que designó para ello a sus obispos auxiliares, quienes se refirieron a las limitaciones que tienen para lograr algo concreto en este terreno.
Es evidente que con la continuación de la guerra se obstruye el proceso de Sapoá. También se viola de esta manera el espíritu y la letra de los acuerdos de Esquipulas II, que en esencia son la propuesta de trasladar al terreno de la confrontación política los conflictos militares.
Dentro del plan de guerra de los postreros meses de Reagan, han vuelto también este mes a la escena las maniobras militares honduro-norteamericanas, que han sido en todos estos años un instrumento de presión sobre Nicaragua y una forma de alentar a los contrarrevolucionarios que tienen sus bases en Honduras. Son también estas maniobras una flagrante violación de los acuerdos que los presidentes centroamericanos firmaron en Esquipulas II.
En medio de una difícil situación económica, hostigados militarmente por unos contrarrevolucionarios que no respetan las treguas y políticamente por grupos que pretenden crear una situación inmanejable, el gobierno y el pueblo de Nicaragua, después de meses de flexibilidad, estaban llegando en julio a una situación no nueva, pero sí muy crítica.
Unir a los centroamericanos: Shultz entra en escenaEl Plan n Shultz es la versión internacional del Plan Melton. Se trata de desestabilizar a la revolución uniendo a los centroamericanos en una serie de exigencias y presiones inaceptables para Nicaragua que por "" terminaría aislándose en la región. Una unidad así la puede lograr Shultz en torno a diversas opciones, desde las más militaristas, que podrían desembocar en una guerra regional, hasta todo tipo de presiones diplomáticas desgastantes. Desde "romper Esquipulas en nombre de Esquipulas" hasta manipular Esquipulas de forma unilateral para presionar sólo a Nicaragua.
Shultz asume la conducción de esta ofensiva diplomática para darle el mayor peso posible. El primero de sus viajes (29 de junio -1 de julio) tuvo una alta cuota de retórica anti-nicaragüense. El argumento no era nuevo: "Nicaragua es la única manzana podrida en la cesta democrática de Centroamérica". Al iniciar su viaje, Shultz declaró que su gobierno "no dará ni paz ni sosiego a Nicaragua" ni "tolerará los intentos nicaragüenses de subvertir a las democracias centroamericanas", aclarando que éste era "un mensaje de los Estados Unidos" y no sólo del gobierno republicano que él representa. Con Shultz viajaban Elliot Abrams y el embajador itinerante Morris Busby. Como un signo de presión psicológico, en los mismos días del viaje de Shultz llegaban al Comando Sur de Panamá, procedentes de Estados Unidos, 5 mil ataúdes y 5 mil bolsas plásticas para cadáveres de norteamericanos. Llevaban, obviamente, un mensaje: Estados Unidos está dispuesto a una intervención en Centroamérica y lo tiene todo previsto, hasta los muertos que tendrá que poner...
Para respaldar el Plan Shultz de presiones internacionales es necesario el Plan Melton con sus provocaciones y presiones internas. Pero el Plan Shultz tenía que articularse por niveles concéntricos. El primer nivel de la ofensiva estaba en Centroamérica y el objetivo en el quiebre del marco de Esquipulas II. Con los gobierno de la región Shultz intentó articular una alianza anti-nicaragüense y anti-Esquipulas. Los mejores argumentos para lograrla fueron regalos económicos. En Guatemala, Shultz firmó un convenio de cooperación para programas de desarrollo por $75 millones. Al gobierno de Duarte le entregó una donación de $125 millones. Para el gobierno de Honduras hubo un convenio de $57.3 millones para programas de salud y otro, de monto no precisado, por 20 años prorrogables para la instalación de radares que serán usados por los Estados Unidos en la lucha "anti-drogas" en el Caribe. Finalmente, el viaje de Shultz estuvo precedido en Costa Rica por una donación de la AID de $85 millones para equilibrar la balanza de pagos.
En San José, Shultz hizo categóricas declaraciones sobre el incumplimiento de Nicaragua de los acuerdos de Esquipulas II, que motivaron una dura nota de propuesta del gobierno nicaragüense. "Debemos recordar al señor Shultz -decía la nota- que él no es más que el vocero de un Estado delincuente que ha sido condenado en el más alto Tribunal de Justicia del mundo".
Aparentemente, Shultz logró un cierto consenso entre los centroamericanos: presionarían unilateralmente a Nicaragua acusándola de incumplir Esquipulas -especialmente por no haber logrado el cese al fuego definitivo-. Nada nuevo, pues esto es lo que siempre han hecho, en mayor o menor medida según los momentos políticos.
Todo indica que la gira centroamericana de Shultz tenía también el objetivo de sondear a las derechas y a los militares centroamericanos, preocupados por el fracaso del gobierno republicano en el intento de apartar a Noriega de la escena panameña. Shultz llevaba también la misión de darles confianza, estableciendo con firmeza que existe en Estados Unidos una política centroamericana y que ésta se mantiene en una línea dura a pesar del revés de Panamá. Del viaje salió el acuerdo de una reunión de los cancilleres de Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala con Shultz el 1 de agosto, sin la presencia de Nicaragua.
Al terminar Shultz los "principios" en que se basaría la presión anti-nicaragüense en esta etapa viajó por la misma ruta Morris Busby con el objetivo de elaborar el documento que los cancilleres harán público al término de su reunión con Shultz. El resultado fue un texto de 10 páginas en las que se evaluaba lo ocurrido en la región al cumplirse el primer aniversario de Esquipulas II. En la evaluación, Nicaragua resultaba "la manzana podrida": no había cumplido y los cuatro países y Estados Unidos la condenaban por su incumplimiento. Con esto estaban abiertas las puertas para renovar la ayuda militar a los contras.
Cuando Shultz viajó, no había muchos "pretextos" para un documento tan extremista como éste, pero cuando Busby hizo su gira ya podía encontrarlos: Melton había sido expulsado, "La Prensa" cerrada, etc. Esto daba pie a elaborar con los centroamericanos un paquete muy agresivo. Los que tuvieron acceso al borrador elaborado tras la gira de Busby lo describieron como una "virtual declaración de guerra" contra Nicaragua. A pesar de que el consenso que había logrado estaba pegado con saliva -con la misma saliva con la que estaban unidos los contras y los opositores nicaragüenses- Shultz llegó a Guatemala el 1 de agosto a recoger las firmas de los 4 cancilleres centroamericanos para este texto.
Unir al Congreso de Estados Unidos: nuevos paquetes de ayuda a la ContraEl gobierno Reagan intenta conseguir una nueva ayuda para sus "paladines de la libertad" que incluya un componente de ayuda militar por pequeña que sea. La Casa Blanca elaboró en junio una propuesta de ayuda, con cifras que no fueron muy precisas, pero que al final no se sometió a votación por ser muy incierta la aceptación que tendría entre los demócratas.
Cuando se produjo la expulsión del embajador en Managua, Richard Melton, hubo una ocasión inesperada y apetecible para los republicanos, que volvieron de nuevo a la carga. Robert Dole desempolvó una propuesta que tenía elaborada para someterla a votación. Tenía un monto de $47 millones (20 en ayuda militar, 27 en ayuda "humanitaria") y dejaba toda decisión sobre la entrega en manos de Reagan. Para los republicanos, forzar a los demócratas a votar sobre el tema tiene el objetivo de conseguir dinero para los contras, pero en el actual contexto de la contienda electoral tiene, sobre todo, el objetivo de dividir a los demócratas. En el caso de Dole éste actúa oportunistamente, pues busca prestigiarse entre los sectores más reaccionarios del partido republicano, no sólo de cara a las próximas elecciones sino también para ir preparando su imagen para las de 1992.
El tema de la ayuda a la contra crea divisiones en el partido demócrata. Y el que esas divisiones afloren no es nada deseable para la tendencia neoliberal (centro-derecha) que hoy controla el partido. Esta tendencia neoliberal ha buscado en los sectores más derechistas al candidato a vicepresidente, Lloyd Bentsen, que es favorable a la ayuda a la contra y siempre votó a favor de ella, excepto cuando se postulaba para senador por Texas. Los demócratas quieren escapar de un debate en el que la fisura empezaría ya desde las cabezas -Dukakis está en desacuerdo con Bentsen en este punto-. Para evitar roces internos, los demócratas ni siquiera incluyeron el nombre de Nicaragua en la plataforma que presentaron en su Convención de Atlanta. Estos temores en el partido son un reflejo de la creciente polarización que el tema de Nicaragua ha creado durante estos años en el seno de la opinión pública norteamericana.
Para evitar a toda costa un debate que debilitaría al partido, los demócratas empezaron a elaborar paquetes de ayuda propios. Con diversas fórmulas tratan de conseguir dos objetivos: no ser blanco de los republicanos, que los acusarían de blandos con los sandinistas, a la vez que no entorpecer seriamente el proceso de cese al fuego definitivo. En el fondo, sus maniobras son expresiones de una política de "sí pero no". Unidos así frente a los republicanos, hacen muy difícil la unidad bipartidista que necesita Reagan para su plan de continuar la guerra.
Los ejes de la respuesta de NicaraguaSi para conseguir sus objetivos el gobierno Reagan necesita liquidar los acuerdos de Sapoá y los de Esquipulas, el gobierno de Nicaragua impulsa permanentemente el marco de negociación establecido en estos acuerdos como el camino más realista y viable para lograr una solución pacífica del conflicto Estados Unidos-Nicaragua.
Si Estados Unidos intenta unificar a la contrarrevolución bajo la dirección de los guardias somocistas, para asegurar así la continuación de la guerra, Nicaragua trata de mantener viva la negociación con la dirigencia contrarrevolucionaria. Aunque ésta quiso dar por concluido el proceso de Sapoá al término de las pláticas de mediados de junio, para Nicaragua el proceso de Sapoá está vivo, se han aprobado ya 20 de los 32 puntos del plan integral que pondrá fin a la guerra y los altibajos que se enfrentan no son más que los que existen en cualquier proceso de negociación político-militar, siempre complejo.
Al celebrar el noveno aniversario de la revolución este mes, el Presidente Ortega hizo la que llamó "Propuesta de Juigalpa" en lo que proponía los últimos días de julio para una nueva ronda de diálogo y prorrogaba por un mes más el cese al fuego unilateral de operaciones ofensivas. Son estas puertas, permanentemente abiertas, las que tentaron nuevamente a César y a quienes le apoyan dentro de la contrarrevolución a entrar por ellas quebrando así la frágil unidad del recién elegido directorio. Elliot Abrams logró conjurar en la reunión de Miami esta tentación, al menos en el cortísimo plazo.
Si Estados Unidos intenta unificar a los cuatro países centroamericanos para aislar a Nicaragua en la región, y para presionarla a hacer concesiones políticas, el gobierno de Nicaragua trabaja para que pueda celebrarse Esquipulas IV, con una nueva reunión de los cinco presidentes centroamericanos. Como centro de esta reunión, Nicaragua propone que los cinco, de común acuerdo, resuciten la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento (CIVS), para que vuelva a ser juez del cumplimiento e incumplimiento que de los acuerdos de Esquipulas II hacen los 5 gobiernos.
La Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento (CIVS), integrada por los 8 Cancilleres de los países que forman Contadora y Apoyo y los Secretarios Generales de la OEA y la ONU nació como una garantía internacional de que los acuerdos de Esquipulas II no serían papel mojado. La CIVS emitió su primer informe en enero/88. En éste se señalaban incumplimientos en todos los países y se reconocían los pasos dados por los cinco países, también los avances logrados en Nicaragua.
El documento no aislaba a Nicaragua y exigía de todos un cumplimiento parejo. Los 4 países centroamericanos, con distinto grado de reticencia, rechazaron el informe y decidieron sustituir la CIVS por una Comisión Ejecutiva integrada por los 5 Cancilleres centroamericanos, que desde ese momento se convirtieron en jueces y partes en el conflicto. Aunque Nicaragua no estuvo de acuerdo con este cambio -trascendental para lograr o no avances en el proceso de paz- terminó aprobándolo porque en aquel momento ésta podía ser una fórmula para salvar Esquipulas.
Pero en los 5 meses que siguieron a aquella decisión, la Comisión Ejecutiva no ha sido capaz de verificar nada. Y en sus reuniones ha sido impotente para estructurar al menos algún mecanismo concreto para la verificación. Es por eso que Nicaragua insiste ahora con fuerza en resucitar la CIVS, posibilidad que no se cerró totalmente en Esquipulas. En la carta que este mes el Presidente Ortega dirigió al Presidente Arias planteándole la necesidad de volver a la CIVS y de lograr la reunión de los presidentes, le recuerda el peligro que resulta para el proceso de paz el que cada país centroamericano sea a la vez juez y parte.
Finalmente, en la Propuesta de Juigalpa el gobierno de Nicaragua lanzó también y una vez más, la propuesta de dialogar bilateralmente con los Estados Unidos para resolver todos los problemas de seguridad. De inmediato, el gobierno Reagan rechazó, también una vez más, esta oferta.
Si Estados Unidos intenta unificar a los partidos de oposición en torno a un proyecto destinado a desafiar las leyes nacionales, el gobierno de Nicaragua continúan trabajando por la institucionalización del país. Este mes quedó aprobada en la Asamblea Nacional la Ley de Municipios, base de las futuras elecciones municipales, y se inició el debate de la nueva Ley Electoral -sustituirá a la de 1984-, que regirá todas las elecciones que se celebren en el país, también las del Parlamento Centroamericano. Con estas leyes se están profundizando los mecanismos de la democracia representativa y los de la democracia participativa que consagró la Constitución, a la vez que se establece el marco que hará posible que el conflicto armado continúe dirigiéndose en un estructurado terreno político.
La crisis anunciada del Plan MeltonFue en el espacio político abierto por los acuerdos de Esquipulas II que se fue fraguando un proyecto como el llamado Plan Melton, destinado a impedir todo esfuerzo democrático, todo avance institucionalizador, y orientado a fomentar la desestabilización del país y, al final, el derrocamiento del gobierno revolucionario.
La gran flexibilidad y tolerancia del gobierno en estos meses había ido atravesando una riesgosa frontera al generar sentimientos encontrados en amplios sectores populares, especialmente porque la guerra continuaba.
En la víspera del día en que la policía era golpeada en Nandaime, un grupo contrarrevolucionario atacaba con una mina anti-tanque y a punta de morterazos a un camión en el que viajaban mujeres y un grupo de danza que se dirigían a visitar a hijos y amigos que estaban en la escuela militar de Mulukukú. Con lujo de crueldad perdieron la vida 3 mujeres y 2 jóvenes, resultando heridas otras 4 mujeres. Entre los muertos estaban dos conocidos dirigentes de la Juventud Sandinista -una, Giovanna Zavala, que acababa de ser elegida dentro de la Federación de Estudiantes de Secundaria de Managua-.
En la tarde de los violentos sucesos de Nandaime, el Presidente Daniel Ortega recorría varias casas de Managua, en las que se velaban los cadáveres de las víctimas y llegaban también al hospital en donde se atendía a las heridas. La TV recogió el momento en el que el padre de Ruth Rocha, una señora de 45 años que iba a visitar a su único hijo y que fue asesinada en el ataque, decía llorando al Presidente: "Hijo, trátalos a ellos como ellos nos tratan a nosotros. Montales otra Operación Danto". En la conciencia de amplios sectores, el logro de la paz justificaba, en último término, toda la política de flexibilidad del gobierno, el espíritu de reconciliación, la amnistía, los diálogos en Managua, las "concesiones", pero la continuación de la guerra y del terrorismo contrarrevolucionario estaba volviendo a ponerlo todo en cuestión.
Era doloroso para estos sectores que después de un ataque así, algunos medios de comunicación de Managua silenciaran lo ocurrido, lo justificaran culpando por ello a los "intransigentes sandinistas" o hicieran burla de las autoridades de la revolución y hasta de los muertos. Esta era la posición del diario "La Prensa" y de algunas emisoras de radio, entre ellas Radio Católica.
Lo ocurrido en Estelí y en Nandaime eran signos preocupantes de los pasos de avance que iba dando el Plan Melton a vista y paciencia de las autoridades. Estas estaban en una disyuntiva: o continuaban permitiendo actividades que violaban la legalidad del país y dejaban ver así a republicanos y demócratas en Estados Unidos que la oposición cuenta con un total libertad para desafiar las leyes. O hacían uso de la ley y la hacían cumplir, enviando con esto un mensaje tanto a republicanos como a demócratas sobre la necesidad de establecer cualquier futura negociación con Nicaragua sobre la base del respeto a las leyes e institucionalidad de firmeza tendría un costo internacional.
Si el gobierno elegía la primera opción -permitir el irrespeto- abría con ello un espacio, tanto a republicanos como a demócratas, para posibilitarles a un mediano plazo el logro de una crisis generalizada en el país. De ahí al derrocamiento del gobierno habría quizá pocos pasos que dar. Si elegía la segunda opción, pagaría un precio en la imagen internacional, pero plantearía las reglas del juego para salir al paso al Plan Melton en el presente y, a la vez, sentaría las bases para futuras relaciones con los Estados Unidos, gobernados por Bush o por Dukakis. El gobierno de Nicaragua aceptó pagar el precio de la segunda opción y decidió marcar con medidas contundentes cuál era la frontera entre la flexibilidad y la firmeza. La decisión fue recibida con alegría por el pueblo nicaragüense.
El 11 de julio, al día siguiente de los sucesos de Nandaime, se le comunicó al embajador Richard Melton que era persona "no grata" y que tenía 72 horas para abandonar Nicaragua con otros 7 altos funcionarios de la embajada. Ese mismo día se cerró por 15 días "La Prensa" y se clausuró por tiempo indefinido la Radio Católica. Se tocaban así a la vez tres centros neurálgicos del Plan.
El periódico mexicano "El Día" (23 mayo) había informado con detalles de un plan de desestabilización del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Nicaragua, orientado a provocar un clima de desobediencia civil que alentarían los partidos más derechistas, sectores de la Iglesia y algunos medios de comunicación. La beligerancia de algunos de estos sectores era creciente día tras día. En realidad, aunque internacionalmente las firmes medidas del gobierno pueden haber sorprendido a muchos, desde Nicaragua, el estallido de la crisis de julio -provocación vs. legalidad- tenía el terreno abonado. Por varias razones fue una crisis anunciada.
Dentro de esa crisis, la medida más delicada y que el gobierno esperaba que sería la más polémica fue la expulsión del embajador norteamericano. Sin embargo, en Estados Unidos, muchos políticos republicanos o demócratas fueron más críticos del cierre del diario y la emisora que de la sanción al diplomático.
En los ambientes políticos norteamericanos se conocía perfectamente la estrecha y personal vinculación entre el embajador en Managua y Elliot Abrams, el más fanático de los ideólogos de la guerra contrarrevolucionaria y el único que permaneció en su alto cargo después del escándalo del Contragate. Las posiciones de protagonismo político anti-sandinista que Melton estaba asumiendo no sólo eran una provocación para el gobierno de Nicaragua sino una violación de la Convención de Viena, que prohibe a los diplomáticos de cualquier país cualquier actividad política en contra del gobierno que los acoge. Apoyar con aplausos la fórmula del "gobierno de salvación nacional" era además de una injerencia, un estímulo a una bandera ilegal. El FSLN conquistó el poder en 1984 y para 6 años, según la Constitución, con un 67% de los votos de los nicaragüenses. Desconocer esto y proclamar la "ilegitimidad" del gobierno sandinista para exigir a cambio otro gobierno es contrario también a los acuerdos de Esquipulas II, que reconocen como legítimos a los cinco gobiernos centroamericanos sin exclusión y exigen que todas las medidas de democratización, de apertura política y de reconciliación nacional se articulen en el marco legal de cada país, sin violentar éste. La actividad de Melton era ilegal, las posiciones que alentaba también lo eran.
Al anunciar su expulsión, el canciller nicaragüense, padre Miguel D'Escoto, señaló que "Nicaragua es un país soberano y no el potrero de los Estados Unidos". "Aquí -dijo- no vamos a aceptar pro-cónsules, porque esto no es Honduras". A la pregunta sobre posibles represalias de Reagan, dijo: "Es difícil hablar de represalias cuando estamos ante un gobierno que mantiene contra nosotros una política de asesinatos sistemáticos. ¿Qué más pueden hacer?
La respuesta del gobierno Reagan, aunque alta en retórica, no pasó de lo que es habitual en similares pleitos diplomáticos: la reciprocidad. El embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Carlos Tünnermann y otros 7 funcionarios nicaragüenses fueron declarados "no gratos" y expulsados en 72 horas del territorio norteamericano . "Es un honor para mí y un privilegio para mi curriculum ser "no grato" al Presidente Reagan", declaró Tünnermann al abandonar los Estados Unidos. Desde el primer momento, el propio Reagan descartó la ruptura de relaciones. Para los intereses de su gobierno es fundamental el mantener la cobertura diplomática de la embajada de Managua.
Comprender las razones de la expulsión de Melton y rasgarse las vestiduras por el cierre de un diario o de una emisora no es coherente. No se trata de medidas aisladas una de otra. Los medios de comunicación que a juicio de las autoridades nicaragüenses mejor servían al embajador expulsado eran los dos que fueron cerrados. Desde su apertura en octubre/87, hasta el día de este cierre temporal, "La Prensa" ha demostrado una interpretación reaganista de las reconciliación nacional y del pluralismo político propuestos por Esquipulas II, al excluir siempre de este proyecto al FSLN y al pueblo que lo apoya, que sigue siendo mayoritario. Informaciones no verificadas que pronto pueden ser desmentidas -"calumnia, que algo queda"- y el sensacionalismo más burdo, orientado a crear desconfianza y provocar brotes de violencia o un estado de desobediencia civil han caracterizado la diaria información de "La Prensa" en todos estos meses.
Esta era también la óptica informativa de Radio Católica, amparando sus posiciones políticas en su vinculación con la jerarquía católica de la Iglesia de Managua. Este tipo de informaciones violaba artículos de la Constitución que garantizan a todos -también a los sandinistas- el derecho a una información "responsable" y "al servicio de los intereses nacionales". Como la guerra no ha cesado, la información de estos medios tenía una mayor cuota de irresponsabilidad. Hay que señalar además que el cierre o no de un medio de comunicación social no viola los compromisos de Esquipulas II, que al exigir pluralismo -también en el campo informativo- lo exigen dentro del marco de la legalidad vigente en cada país .
Estas tres respuestas del gobierno de Nicaragua para iniciar la neutralización del Plan Melton desencadenaron una crisis que ha sido cíclica en la historia del proceso revolucionario. Y que se produce siempre que el gobierno de Nicaragua se ve obligado, por razones de la política interna y por la agresión norteamericana, a tomar medidas fuertes que eviten el incremento de la agresión y que sean una clara señal de la frontera entre la flexibilidad y la firmeza. Aunque la medida firme es siempre interna y responde a problemas internos, el mayor precio político se paga en el terreno internacional. La exigente lupa que tantos gobiernos del mundo se creen con derecho a aplicar a todos los pasos que da el gobierno nicaragüense empieza a funcionar y se emiten juicios críticos, se ejercen presiones o hasta se cortan ayudas económicas en función de ese derecho que todos sienten haber adquirido para ser jueces en este largo conflicto.
Siempre es el gobierno de Estados Unidos, parte protagonista en el mismo, el que se convierte en el juez más implacable. Después de las medidas para detener el Plan Melton, Morris Busby, embajador itinerante de Estados Unidos, declaró categóricamente: "No hay duda de que ahora el compromiso de Esquipulas II está muerto". En realidad, Busby vio en esta crisis la gran oportunidad de hacer morir Esquipulas.
En otro terreno la retórica antisandinista de los congresistas norteamericanos logró un consenso bipartidista prácticamente total en ambas Cámaras al formular una declaración en la que legisladores norteamericanos condenan al gobierno de Nicaragua por violar "los derechos humanos", piden a los gobernantes centroamericanos que analicen la situación y advierten que podrían renovar la ayuda militar a los contrarrevolucionarios. En una evidente falta de medida, el representante demócrata Thomas Foley llegó a declarar que "la represión con gases lacrimógenos" había fortalecido la posibilidad de seguir apoyando la guerra contrarrevolucionaria. Al preguntársele por qué era tan distinta la "medida" empleada con el gobierno de El Salvador, que esos mismos días había reprimido no sólo con gases sino con armas de fuego una manifestación multitudinaria en San Salvador dejando en la calle 300 heridos, el congresista dijo -en un evidente signo de doble moral-: "El gobierno de El Salvador es aliado nuestro".
El 11 de julio, a pocos días de celebrar el noveno aniversario del triunfo revolucionario, el gobierno de Nicaragua optó por la firmeza, a pesar del costo internacional de una decisión así en la crítica coyuntura del final de gobierno Reagan. El comandante Bayardo Arce describió así el paréntesis en que entraba la revolución: "Se acabó el jueguito de la derecha, se acabó la doble moral: ¡la revolución se respeta o la hacemos respetar!". Y el Comandante Tomás Borge: "La revolución tiene tolerancia, pero no estupidez. El gobierno acepta a una oposición combativa, vocinglera, apasionada o nostálgica del pasado, pero eso es distinto del irrespeto a la ley y la desobediencia civil. Aceptamos una amplia libertad de expresión pero no desinformación vergonzosa, mentira organizada, calumnia criminal ni medios de comunicación convertidos en instrumentos de terror ideológico o de una potencia extranjera". El Presidente Daniel Ortega, ante los cadáveres de la mujeres asesinadas de Mulukukú lo dijo más escuetamente: "Esta es la gota que colmó el vaso".
También en el terreno diplomático el gobierno sandinista respondió al Plan Shultz con gestos contundentes. Cuando Shultz se preparaba a recorrer Centroamérica en su primera gira, entregando millones y ejerciendo presiones, Daniel Ortega viajó a Cuba para recibir la ayuda solidaria del gobierno socialista de Fidel Castro y para recibir también la máxima condecoración cubana, la Orden José Martí.
Aunque Daniel ha viajado muchas veces a Cuba, ésta fue su primera visita oficial a la isla. La elección del momento no fue causal. Al recibir la condecoración Ortega se refirió a las muchas "conspiraciones" que el gobierno cubano y el gobierno sandinista han realizado y seguirán realizando en favor de la justicia y la paz en Centroamérica y en América Latina.
En ocasión de la visita, Cuba favoreció a Nicaragua con un paquete de ayuda por valor de unos $150 millones, que comprende la condonación de una deuda de $50 millones, la inversión inicial para la explotación maderera en la zona atlántica (unos $37 millones), 90 mil toneladas anuales de petróleo por 3 años, 15 mil toneladas anuales de cemento por 3 años, donación de materias primas para las industrias nicaragüenses y de tecnología para la renovación de la industria azucarera; y el intercambio favorable a Nicaragua de 2 dólares por 1 en el trueque de artículos de exportación entre ambos países.
Por otra parte, en el discurso actual de los dirigentes del gobierno y los del FSLN aparece cada vez más explícitamente el reclamo a los otros gobiernos centroamericanos para que cumplan con los compromisos acordados en Esquipulas II, que obligan a todos por igual, y el señalamiento de los acuerdos concretos que están aún pendientes. Durante meses el gobierno de Nicaragua ha sido muy cuidadoso en plantear reclamos a los centroamericanos públicamente. Más esfuerzo ponía el gobierno en cumplir que en exigir a los otros gobiernos que cumplieran. Ahora, por primera vez, esta desequilibrada balanza está ajustándose. También en este terreno se trata de dejar mejor marcada las fronteras entre la flexibilidad y la firmeza.
En este afán de dejar las cosas claras, también este mes el gobierno de Nicaragua ha afirmado de forma explícita que su voluntad es construir el socialismo, un socialismo nicaragüense. En el solemne discurso del Presidente Ortega al celebrar el noveno aniversario de la revolución, esta declaración fue quizá la más enfatizada por él y la más aplaudida por el público. Del socialismo que Nicaragua se propone edificar hablaron también otros dirigentes revolucionarios en los muchos encuentros que con obreros agrícolas e industriales del país tuvieron los más altos dirigentes del país a lo largo del mes con el objeto de explicar el proyecto económico de la revolución. Esta explicitación del socialismo es también una forma de poner las cartas sobre la mesa de cara a cualquier negociación a corto o mediano plazo.
¿Qué avances, qué retrocesos?A lo largo del mes de agosto se irán conociendo con mayor claridad los avances o retrocesos del difícil "diálogo tripartito" abierto entre Nicaragua, los republicanos y los demócratas después del giro coyuntural que significaron los acuerdos de Esquipulas II. En torno a la "crisis anunciada" de julio, pudo verse cómo cada una de las partes dialogantes arrojó nuevas cartas sobre la mesa:
- Los republicanos articularon el Plan Melton para unir alrededor de él a la oposición nicaragüense y el Plan Shultz para unificar a los gobiernos centroamericanos, mantuvieron unido al directorio contrarrevolucionario y se lanzaron a lograr un nuevo consenso bipartidista en el Congreso para continuar la guerra. El proyecto republicano es débil. El gobierno de Nicaragua dio un duro golpe al Plan Melton y Shultz cosechó un primer fracaso con los cancilleres centroamericanos en Guatemala. Sin embargo, los republicanos no desistirán de sus planes. No quieren diálogo, quieren la guerra.
- Nicaragua actuó con decisión después de largos meses de flexibilidad, a pesar de que tuvo que pagar un precio internacional. Con su firmeza dejó mejor establecidas las reglas del juego para continuar el diálogo y para, dentro de unos meses más, iniciarlo con un nuevo gobierno demócrata o uno republicano. Nicaragua quiere y necesita la paz.
- Los demócratas, absorbidos por su campaña electoral -en la que despuntar sobre los republicanos- evitan desesperadamente abordar el tema Nicaragua o tratar de usarlo únicamente de cara a sus pugnas con los republicanos. Tienen totalmente supeditado su diálogo con Nicaragua a su campaña. Quieren, sobre todo, ganar las elecciones.
La crisis de julio, con cambios de barajas en el juego, deja abiertas varias preguntas. Del tipo de ayuda a la contra que apruebe en agosto el Congreso dependen varias de las respuestas. Aunque cualquier ayuda -militar en balas o "humanitaria" en botas- es violatoria de lo acordado en Esquipulas II y en Sapoá. Las respuestas de Nicaragua dependerán del paquete que se apruebe y de sus condiciones. A medida que avanza la cuenta atrás de la era Reagan el ritmo del juego -del diálogo- se irá haciendo más y más intenso.
|
)
Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica