Nicaragua
Bush ante América Latina: la perspectiva nicaragüense
México resulta un caso paradigmático para analizar los planes del gobierno Bush para América Latina, para Centroamérica y, por tanto, para Nicaragua. Está cada vez más claro que la mejor opción para el nuevo Presidente Bush es una solución política negociada en Nicaragua.
Equipo Envío
Revertir la revolución cubana tras la muerte de Fidel Castro, llevar hasta el fin la guerra de baja intensidad contra Nicaragua, disponerse a apoyar un golpe de Estado en Brasil, etc. son entre las recomendaciones que el Documento de Santa Fe II, en estricta continuación con los consejos dados a Reagan, hacen hoy al Gobierno de Bush poderosos sectores ultraconservadores de Estados Unidos.
Desde una perspectiva nicaragüense esos planes no son realistas y por tanto, está abocados al fracaso. El análisis que haremos de América Latina, utilizando en México como caso paradigmático, muestra la complejidad de las problemáticas que hoy se mueven en América Latina y especialmente en Centroamérica. El entrelazamiento de esa realidad con a dinámica específica de la revolución nicaragüense lleva a conclusiones radicalmente diversas a las de Santa Fe II. Este análisis muestra que en estricta lógica, e incluso desde los intereses estadounidenses, la mejor opción para Bush es la solución política negociada en Nicaragua.
En oposición a Santa Fe II, que afirma que "el buen vecino está de regreso y llegó para quedarse", este análisis muestra que las revoluciones latinoamericanas están vigentes en las "turbulencias" que se aproximan y que las ya realizadas llegaron para quedarse.
Los retos de Bush en América LatinaLa política de Ronald Reagan en Latinoamericana, excesivamente centrada en Centroamérica y especialmente en Nicaragua, descuidó una serie de importantes dinámicas del subcontinente y, a lo largo de ocho años, favoreció el desarrollo acelerado de una serie de problemas estructurales. El resultado es que Reagan no entregó resueltos a su sucesor los problemas de Centroamérica, pero sí engrandeció los de América Latina. Una simple mirada a los titulares periodísticos de los últimos veinte días bastan para advertirlo. Brasil: izquierda ganadora en elecciones no quiere dialogar con Sarney; Colombia: el país vive estado de guerra, narcotraficantes invierten en bienes raíces, Venezuela: Carlos Andrés Pérez encontrará país en crisis y asediado por narcotráfico; Perú: dudan que Alan García termine su mandato; Ecuador: Borja enfrenta su primera huelga general; Chile: Pinochet se arrepiente de las reformas; Argentina: victoria peronistas será voto de rechazo a Alfonsín; Haití: continúa inestabilidad; México: Salinas asume presidencia en la mayor crisis del sistema mexicano.
Centroamérica no se queda atrás. Panamá: Noriega se afianza, efectúa nuevos cambios entre militares; Costa Rica: AID, un estado paralelo. Hacia un desarrollo desestabilizador; Honduras: Azcona denuncia complot militar en su contra. Narcodólares de por medio; El Salvador: FMLN ataca importante cuartel en la capital; Guatemala: militares reduce margen de Cerezo.
Tras esa gran diversidad de titulares se esconden seis problemas principales, dialécticamente interrelacionados, que afectan a la mayoría de los países del subcontinente con diversos énfasis y en distintos grados. Efectos de una estructura de subdesarrollo y opresión, esos problemas encierran los retos que aguardan a George Bush si quiere que América Latina sea "esperada de la proyección del poder global de Estados Unidos" de acuerdo a los objetivos de la "era Reagan".
De esta Latinoamérica, en donde parecen estar sentándose las bases para un nuevo ciclo altamente conflictivo y convulsionado, tomaremos como ejemplo paradigmático el caso de México. México encierra, con sus obvias particularidades problemas comunes a gran cantidad de países del área, que se manifiestan cada país. Siendo expresión particular de problemas generales, México es además puente político y geopolítico entre Estados Unidos y Centroamérica y por eso nuevas dimensiones del conflicto del istmo para la relación entre las Américas.
Un primer problema en las relaciones México-Estados Unidos es el de la deuda. El difícil desenvolvimiento de la economía mexicana en la última década está estrechamente asociado con la gestión de la deuda externa. Pese a los esfuerzos realizados, ésta es hoy mayor que hace seis años y, como producto del estancamiento económico, su nivel se ha acrecentado en relación al PIB. Tan solo el pago de los intereses casi duplica los ingresos por exportación petrolera. La ambición de crecer pagando no se ha verificado y esto lo muestra múltiples indicadores económicos (producción real por habitante, transferencia real acumulada de recursos al exterior, ingresos salariales y empleo, etc).
Los bancos estadounidenses se encuentran desconcertados. Numerosos bancos regionales retroceden ante esquema que, como la reprogramación, han probado su ineficacia. El gobierno mexicano ha buscado nuevas soluciones al emplear sus importantes reservas internacionales. El esquema diseñado con el Banco Morgan, consistente en emitir bonos avalados por el tesoro norteamericano, presuponía que mercado había decretado un descuento al valor de la deuda mexicana. Pero las propias fuerzas del mercado redujeron el margen de dicho descuento mostrado así la ausencia de soluciones firmes y con perspectivas al problema e la deuda.
La dificultad aumenta para el gobierno recién electo se si toma en cuenta que tendrá que atender el reclamo de Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional (FDN), con planteamientos firmes en contra del pago de la deuda, emitiendo al mismo tiempo señales convincentes a los acreedores en el sentido de que no emprenderá acciones unilaterales. El gobierno estadounidense estará desafiado para estimular a la comunidad financiera para que éstas flexibilice su postura, se tendrá que ajustar a sí mismo en esa dirección y deberá sensibilizar a su propia opinión pública. (Un 80% de los norteamericanos considera que Estados Unidos deberá tender sus propios problemas antes de ayudar a reducir la deuda externa del Tercer Mundo).
Un segundo tema crítico es el narcotráfico. Para enmarcar adecuadamente el tema es preciso tener presente ciertos datos. Según estadísticas oficiales estadounidenses, en su país se consumen anualmente alrededor de 7 mil toneladas de marihuana, 7 toneladas de heroína y 80 toneladas de cocaína. Son demandadas por unos 27 millones de personas, es decir, cerca del 10% de la población. Se estima que a través de México se introduce la tercera parte de las drogas ingresadas a Estados Unidos proviniendo buena parte de ellas de los países andinos. Los cálculos efectuados sobre la dimensión financiera de la introducción de cocaína a Estados Unidos desde su frontera sur, muestran que ese negocio moviliza entre 80 y 120 mil millones de dólares (la deuda externa de México o Brasil), siendo esta cantidad alrededor de la tercera parte de ese negocio en el mundo, que se calcula entre 300 y 400 mil millones de dólares (en total de la deuda externa del Tercer Mundo).
¿Qué hay tras la lucha contra el narcotráfico, tras la campaña antidrogas del gobierno norteamericano?Estados Unidos ha culpado acremente al gobierno de México de corrupción y encubrimiento del tráfico de drogas. México, que asigna la cuarta parte del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional a la campaña antidrogas, ha señalado que el principal problema reside en el amplio y expansivo mercado norteamericano. Para unos, pues, el problema está en la oferta; para otros en la demanda. Hasta el momento, sin embargo, no se ha reducido la producción, el consumo, ni por tanto la distribución la popularidad que el tema de la lucha antidroga mostró en la reciente campaña electoral norteamericana augura nuevas tensiones. En su límite, éstas pueden llegar hasta la cancelación de la ayuda bilateral y multilateral norteamericana a México de acuerdo a la "Ley contra la farmacodependencia/86". En el otro extremo, México tendría que redoblar, pese a su crisis económica, el actual 25% presupuestado en la Secretaria de Defensa. Tras México, según Estados Unidos, hay 23 naciones incluidas en esa problemática.
Tras el narcotráfico se esconde la narcopolítica. Un poder económico como el señalado genera relaciones de poder clandestinas en Estados Unidos, México y todos aquellos países verdaderamente involucrados en el tráfico de drogas. En Bolivia,el general Luis García Meza llegó al poder con el abierto apoyo de los exportadores de cocaína; en Paraguay, con una economía basada en el contrabando, resulta sencillo al apoyo a Stroessner; en Colombia hay fuertes indicios de que Turbay Ayala subió al poder sobre esa misma base y resulta claro que, incorporando las ganancias del narcotráfico, esa economía tiene la deuda externa más "saneada" del continente. Como contrapartida, Estados Unidos utiliza la narcopolítica como arma de presión. Nicaragua ha sido acusada por la Administración Reagan de narcotraficante cuando en realidad el escándalo Irán-Contras ha mostrado que fueron los contrarrevolucionarios quieren, para hacerse de fondos, introdujeron cocaína al interior de Estados Unidos a través de la Scouthern Air. Demócratas y republicanos evitaron abordar ese caso comprometedor. En el complejo cruce de narcopolítica y narcotráfico se esconden redes clandestinas de poder económico y político que distorsionan significativamente las relaciones interamericanas. El tema es punto central en la agenda de México-Estados Unidos.
El comercio y la inversión en América LatinaLa problemática del comercio e inversión no escapa a los temas principales. En el transcurso del gobierno de la Madrid, especialmente en su último trienio, México se "latinoamericanizó" en este aspecto. Después de haber sido el país más proteccionista del subcontinente, pasó a convertirse en uno de los más abiertos. Entre los gobiernos de Reagan y De la Madrid se firmó un "Entendimiento en Materia de Subsidios y Derechos Compensatorios"; se abrieron discusiones sobre Propiedad Intelectual; se estableció un Marco de Principio y Procedimientos sobre Relaciones de Consultas e Inversión y, entre otras, se efectuaron negociaciones en sectores productivos de la siderurgia, energía y textiles. Pero, mientras México se movía en esa latinoamericana dirección, en Estados Unidos crecían las actitudes proteccionistas.
Eso era palpable en medidas restrictivas específicas, pero, además, en su legislación y estrategia negociadora. Con los cambios en la posición económica internacional de Estados Unidos, la sociedad norteamericana busca restringir el acceso de productos extranjeros y, en el sector laboral, frenar la salida de inversiones destinadas a la instalación de maquiladoras. El 60% de los norteamericanos respaldan esta posición al manifestar que deben restringirse las exportaciones de los países en vías de desarrollo de los Estados Unidos sea resuelto. Cabe señalar que ni los economistas más optimistas esperan que eso sea posible durante el gobierno de Bush. Los desequilibrios macroeconómicos que éste hereda de Reagan, no auguran noticias alentadoras para este México latinoamericanizado.
El problema de la migraciónLos problemas de migración son, en parte, de resultado de esta dinámica. A mediados de la década del 60 la patrulla fronteriza estadounidense capturó a 110 mil extranjeros deportables; veinte años más tarde, a 1.3 millones. Según cifras oficiales de Estados Unidos, alrededor del 50% de los inmigrantes ilegales que residen en ese país son mexicanos, incrementándose cada vez más el número de centroamericanos que huyen de sus países por la guerra y la crisis económica. Actualmente, alrededor de un millón de personas por año continúan ingresando ilegalmente al país.
Mas allá de algunos aspectos positivos reconocidos por los norteamericanos al respecto, el fenómeno es normalmente considerado potencialmente desestabilizador pues crea presiones desfavorecedoras de las condiciones generales de empleo, se deteriora la calidad y cantidad de servicios públicos, se crean problemas políticos, raciales, lingüísticos y religiosos, etc. EL 79%j de los estadounidense consideran un problema "muy serio" esa inmigración. La conocida Ley Simpson-Rodino ha buscado salirle al paso sin mucho éxito. Quedan por tanto abiertas las puertas para la toma de medidas más drásticas y represivas con la administración Bush que, como contrapartida dado el volumen de deportables, podría crear problemas políticos en las deterioradas economías de los países de origen.
Como expresión de toda esta problemática económica-social se alza el problema de la estabilidad política. Tras las últimas elecciones presidenciales, México emerge como un nuevo país. Para muchos estadounidenses, México comienza a engrosar las filas de las "naciones volátiles" latinoamericanas después de ser, por largas décadas, el país más estable. Junto a la imagen de un partido en el poder fraudulento y desbordado, se reconoce la emergencia de una nueva corriente representada por Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional (FDN). En oposición a las tradiciones tesis norteamericanas que esperaban que la ampliación de la democracia en México implicará un giro hacia la derecha y el alejamiento de posiciones nacionalistas, la realidad ha mostrado lo contrario. El nuevo presidente mexicano llegará debilitado al poder y le será difícil no tomar en cuenta las posiciones del neocardenismo en cuestiones vitales como deuda, comercio y política exterior y otras.
Crisis por toda América LatinaAunque la crisis del sistema político azteca es sumamente importante por su relativa novedad y por la posición geopolítica de México, otros países latinoamericanos enfrentan crisis similares o mayores. En Colombia la violencia tiene varios frentes y es cotidiana. Por una parte están las fuerzas guerrilleras (ELN, FARC, EPL, M19), de muy larga data. Aunque no han podido acceder al poder, tampoco han sido históricamente derrotadas y han experimentado significativos repuntes en la década de los 80 incidiendo crecientemente, no solo en el ámbito rural, sino en el urbano. Por otra parte, hacendados, industriales, etc., también participan en la sociedad de manera armada: los paramilitares, "contrarrevolucionarios"de la "guerra sucia" y sus "sicarios" ligados los militares- son actualmente los más activos del continente. A ello se añade la presencia de narcoproductores y narcotraficantes, también armados y con creciente incidencia en la vida económica y política del país. El aparato de gobierno civil y militar se encuentra cuarteado por la presencia en él, de forma subterránea, de las fuerzas anteriormente señaladas, con lo que la crisis general se prolonga y profundiza.
Perú, por su parte, se va radicalizando hacia la izquierda progresiva y firmemente. Las elecciones de 1980 fueron ganadas por Belaúnde Terry, de orientación conservadora. Para 1985, el espectro político se había corrido hacia el centro-izquierda, resultando electoralmente triunfador Alan García, candidato del APRA. Pese a la política reformista de García, la violencia política ha ido en ascenso. El movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y principalmente Sendero Luminoso,han mostrado gran capacidad organizativa en el campo pese, a estar el segundo de ellos signado por un carácter voluntaristas y antoritario. Cada vez más acciones militares se realizan también en la capital. La posibilidad de Alan García para estabilizar el sistema político peruano, en medio de una fuerte crisis económica, cuya inflación llegará este año a los cuatro dígitos, es cada vez más remota.
Desde una perspectiva distinta, otros países latinoamericanos también supondrán un serio reto para la nueva administración norteamericana. Antes de que finalice 1989, sin contar seis elecciones nacionales en países angloparlantes del Caribe, nueve estados elegirán nuevos presidentes en el subcontinente (Venezuela en diciembre/88; El Salvador en marzo/89; Panamá, Bolivia y Argentina en mayo; Brasil, Uruguay y Honduras en noviembre; y Chile en diciembre). De ellas, las de Brasil, Argentina, El Salvador, Panamá y en menor medida Chile, plantearán dilemas políticos.
Brasil y Argentina salieron recientemente de dictaduras militares y los gobiernos civiles se encuentran en su primer mandato. En ambos países, de continuar las tendencias actuales podrán llegar el poder los líderes populistas Carlos Menen y Leonel Brizola respectivamente. Desde la perspectiva de Washington esas victorias provocarían fácilmente una moratoria de la fuerte deuda externa de ambos países. En el caso de Brasil también se exacerbarían las disputas comerciales sobre la políticas proteccionistas y se debilitaría el poder del Estado, tomando en cuenta las pugnas históricas entre Brizola y los militares. En Argentina, con el ascenso de Menen, las fuerzas armadas temen regresar a los caóticos días de la presidencia de Isabel Perón. El golpe militar es una posibilidad real en ambos países ahondando así la crisis económica y el descontento político. El espectro de un Cuahtémoc Cárdenas ronda también en los escenarios del sur.
En este contexto se plantea la posición de los países latinoamericanos ante el problema de Estados Unidos y la crisis regional centroamericana. Si retomamos el caso de México, nuestro caso paradigmático, este tema de la agenda ha traído importantes diferencias con el gobierno norteamericano. México, apoyando una salida negociada, ha observado una política antiintervencionista. Sin embargo en los últimos años se había producido u paulatino retroceso en sus iniciativas y, por consiguiente, una política más discreta hacia el istmo. Hacia el futuro se abre pues la posibilidad de que Salinas de Gortari y el PRI, sin abandonar los principios sostenidos hasta ahora, desdibujen su participación en el conflicto. Pero quizás es más probable, y a ello apunta la presencia de Daniel Ortega y Fidel Castro en la toma de posesión de Salinas, que más bien recupere cierto activismo de antaño como carta interna frente una nueva oposición de izquierda y como carta internacional para lograr mayor margen de maniobra en sus relaciones con Estados Unidos. Esta dinámica, con importante diferencias de grados según países, no es ni mucho menos descartable para el resto del "Grupo de los Ocho". En todo caso es la dinámica del conflicto centroamericano la que será determinante.
Centroamérica: más retos para BushTodos y cada uno de los países centroamericanos muestran diversos tipos de problemática que, de una u otra manera dificultan los planes de Washington para la región. Paralelamente, el área en su conjunto no es la mera sumatoria de la problemática particular de los países. Noriega ha protagonizado un conflicto de las Fuerzas de Defensa panameñas con Estados Unidos que aún no ha tenido solución; en Honduras la pobreza generalizada del país se suma a tensiones del bloqueo en el poder a las que no son ajenas la presencia de la contrarrevolución y los narcodólares; en Costa Rica, Arias ha cedido progresivamente ante la AID cuyo poder interno se ha incrementado cualitativamente al impulsar al mismo tiempo la privatización de instituciones estatales costarricense y poniendo las bases para un desarrollo desestabilizador; Cerezo en Guatemala ve disminuido su margen de maniobra ante los militares los cuales, entre las tensiones de "frustrados" golpes de Estados, comprueban el lento pero persistente resurgimiento de la guerrilla. Sin embargo, ninguno de esos problemas son comparables a los planteados por El Salvador y Nicaragua con su consiguiente efecto multiplicador sobre la problemática del área en su conjunto.
El Salvador: lo más difícil está por llegar Tras el ascenso de Ronald Reagan al poder en 1981, El Salvador se convirtió en un nuevo modelo de sosfisticada dictadura. Para ello combinó tres elementos: la matanza de 35 mil salvadoreños y el desplazamiento de 800 mil en 80/81, como factor previo para impulsar los nuevos planes; el escalamiento militar de la guerra bajo la dirección de Estados Unidos; y una fachada civil demócrata cristiana, tanto para lograr apoyo internacional, como para impulsar reformas estructuralmente complementarias al esfuerzo militar. En un solo proyecto Estados Unidos intervenía el país anulándose relativo margen de soberanía, el ejército ejecutaba una política de genocidio y Duarte buscaba confundir a sectores de la opinión pública nacional e internacional.
Ocho años después, mientras Reagan comienza a despedirse de la Casa Blanca, el pueblo salvadoreño y su organizaciones han resistido el genocidio y, recuperando fuerzas sociales, han superado victoriosamente el escalamiento militar desgastando políticamente al gobierno democristiano.
En este período, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha causado al ejército gubernamental alrededor de 30 mil bajas -dos veces el número de efectivos que tenía dicho ejército al comenzar la guerra la mitad de lo que tiene actualmente-; ha capturado 2 mil prisioneros, entre ellos al Vice-ministro de Defensa; ha destruido más de 60 medios aéreos -30 de ellos en tierra- y centenares de vehículos militares de transporte; ha capturado más de 10 mil armas y abundantes municiones logrando por esa vía su principal fuente de abastecimiento;ha tomado o atacado con éxito 9 cuarteles estratégicos, entre ellos la única base de la fuerza aérea, 4 de las 6 brigadas del ejército -2 de ellas en un par de ocasiones- y, en este último mes, el Cuartel Central de la Guardia Nacional ubicado en la misma capital atacado a plena luz del día. La guerra se libra actualmente en 13 de los 14 departamentos del país.
Los Estados Unidos, en el mismo período, han cuadruplicado los efectivos del ejército salvadoreño, le han posibilitado la construcción de sus propios vehículos blindados de transporte, plantas procesadoras de comidas enlatadas, fábrica de calzado y uniformes, un moderno hospital y una importante fuerza aérea. A la dirección estratégica y táctica, impulsada por los mismos Estados Unidos, se han sumado más de 2 millones de dólares diarios para sostener un precario balance que contrarreste el intenso sabotaje realizado por el FMLN.
Pero, como resultado palpable de ese enfrentamiento militar y de sus repercusiones en todos los aspectos de la sociedad, el pueblo comienza a vive nuevamente un notable incremento en su actividad política. En la década anterior, los momentos fuertes de la organización popular masiva no habían coincidido con los momentos fuertes de la actividad de la vanguardia político-militar y viceversa. Pero ahora ambos momentos tienden a conjugarse y potenciarse. La unidad interna del FMLN también ha dado saltos de calidad. Pueblo, ejército guerrillero y unidad van confluyendo cada vez más. Puede haber discusión sobre la velocidad de ese ritmo en los meses inmediatos, pero no sobre la creciente confluencia y su perspectiva dinamizadora.
Las fuerzas políticas de la Democracia Cristiana están, por su parte, crecientemente desgastadas y divididas internamente. Las elecciones, que eran un eje político central del plan contrainsurgente, se convierten ahora en un factor desestabilizador del sistema y generador de nuevas contradicciones. ARENA, el partido de una oligarquía salvadoreña impulsora de los "escuadrones de la muerte", es favorito para vencer a la Democracia Cristiana en las elecciones de marzo/89. Como efecto del conjunto de la crisis, los militares muestran fisuras y discusiones sobre la estrategia a seguir. La actual está en bancarrota y la nueva aún no es clara. La dictadura de nuevo tipo implantada por Reagan está dividida y sin rumbo.
El desenlace de esta situación es de pronóstico reservado. Las negociaciones, más allá de eventuales e importantes juegos tácticos, no parecen ser solución debido a la polarización objetiva de los contendientes. Una victoria militar del FMLN o del ejército gubernamental tampoco parece viable en el corto plazo. La intervención militar norteamericana distraería importantes recursos que la Administración Bush prefiere invertir e otros ámbitos y, además, estaría muy lejos de producir soluciones rápidas. Los tiempos más difíciles están por llegar.
En este contexto latinoamericano y centroamérica, ¿será paradójicamente Nicaragua el país donde puede resolverse el conflicto a más corto plazo?
En Nicaragua: las alternativas de BushLa intervención militar directa, la prolongación del conflicto armado con base en los contrarrevolucionario, y la solución política negociada, son las tres alternativas entre las que Ronald Reagan tuvo que escoger y continúan abiertas para George Bush. Pero las ventajas y desventajas actuales de cada una de ellas, plantean muy diversas probabilidades desde una perspectiva estadounidense.
La intervención militar directa en Nicaragua es la opción más remota. Tras casi diez años de revolución, la patria de Augusto Sandino, que mostró hace 50 años que cuenta con excelentes montañas para la guerra de guerrillas, tiene actualmente, según cálculos extraoficiales, alrededor de cien mil hombres permanentemente sobre las armas, incluyendo al ejército profesional y a la población civil armada para su autodefensa. Ese número puede elevarse a 250 mil en caso de una radical emergencia. Expertos militares norteamericanos estiman que para golpear con eficacia a cualquier fuerza guerrillera -que sería la modalidad fundamental a emplear en Nicaragua-, la relación de combatientes debe estar en favor de los antiguerrilleros en un proporción de 10 a 1. La tecnología puede reducir un poco esa proporción. Desde este lógica y aún reduciendo a 150 mil el número de nicaragüenses que resistirían armadamente la invasión en forma guerrillera, rural o urbana, las dificultades son patentes.
A la cantidad hay que añadir la calidad.. El ejército sandinista tiene diez años de exitoso fogueo militar y buena parte de la población civil joven cuenta con niveles significativos de conocimientos militares por su experiencia en la lucha contra Somoza o por los períodos de 1 a 2 años en la lucha contra las fuerzas contrarrevolucionarias. Ese potencial militar se multiplicaría con el apoyo de un pueblo profundamente nacionales como el nicaragüense.
Si Estados Unidos, por sus compromisos en otras regiones del mundo, no puede aportar el número necesario de efectivos al menos desde un punto necesariamente se prolongaría. No hay que olvidar que los cálculos más optimistas del Pentágono, no compartidos desde la perspectiva nicaragüense, calculan que Estados Unidos tardaría cuatro años para poder retirar sus tropas de Nicaragua si interviniera. Es decir, supondría cuando menos un empatanamiento durante todo el mandato de la Administración Bush. Los factores morales, políticas e internacionales prolongarían seguramente ese tiempo, calculado sólo técnicamente, reabrirían en Estado Unidos, con fuerza, el nunca cerrado síndrome de Vietnam.
A estos factores habrían que añadir la centroamericanización del conflicto. Hemos señalado la fuerza actual de la guerrilla salvadoreña. Esta por su propia sobrevivencia ante una eventual desaparición de la revolución nicaragüense, tendría que readaptar su estrategia a una dimensión centroamericana. Si el ejército guatemalteco rompe las fronteras de su país, no tiene garantías de cómo volverá a encontrar el país tan solo a la vuelta de dos año de lucha centroamericanizada. Reagan, pese a su obsesión contra Nicaragua, comprendió eso. Por eso, pese a numerosas amenazas, no se atrevió a invadir
¿Cuál opción es la más realista para Bush?La otras dos opciones, continuidad de la guerra contrarrevolucionaria o solución negociada, son por tanto las opciones más realistas. Pero ¿cuál de ellas lo es más?.
La respuesta puede desprenderse del análisis de cuatro factores. El primero es la situación actual de la contrarrevolución. Esta comenzó su declive militar en el 85, que culminó con la "Operación Danto" en el 88. Esa realidad dividió políticamente a los contras, como lo expresan los acuerdos de Sapoá. Si primeramente la debilidad militar llevó a la debilidad política, posteriormente esa debilidad política reforzó la debilidad militar. Actualmente, salvo pequeñas fuerzas presentes en el territorio nacional, la contra ha tenido que refugiarse en Honduras, signo palpable de su escaso poder real cuantitativo y cualitativo. la continuidad de la guerra contrarrevolucionaria como alternativa, presupone restructurar a la contra de manera que vuelva a lograr viabilidad estratégica. En otras palabras, se trataría de revertir el declive que Reagan no pudo evitar a lo largo de todo en su segundo mandato. No parece un trabajo fácil para Bush. En cambio, de optar estratégicamente por la solución negociada, la contra sí estaría aún en capacidad de jugar algunos roles tácticos como carta de presión y negociación.
El segundo factor importante es el diplomático-internacional. El dato revelante en esta área es que, aquellos países latinoamericanos que sobre la base del declive militar de los contras fueron ganando espacio en su propuesta de solución negociada, mantienen actualmente fortalecida su posición. En la Asamblea de la OEA realizada en San Salvador en el mes de noviembre, se reconocieron las gestiones de paz de los grupos de Contadora y Apoyo, invitándolos a que continúen brindando su valiosa colaboración la proceso de Esquipulas II. No hubo mayores debates sobre ese punto. Tampoco lo hubo en la exhortación a los cinco países centroamericanos para continuar los esfuerzos de paz. Esta declaración fue un claro mensaje a George Bush. Complementariamente, la política de distensión internacional impulsada por la Unión Soviética y Mijaíl Gorbachov fortalece de manera importante la solución negociada de los conflictos regionales. Optar estratégicamente por la prolongación del conflicto es remar contra corriente; optar por la solución negociada permitiría concentrar los esfuerzos diplomáticos estadounidense en otras áreas de interés, menos complejas y más importantes.
Un tercer factor clave es la política interna de Estados Unidos. Los republicanos, con Bush a la cabeza, vencieron ampliamente a los demócratas de Dukakis en las recientes elecciones presidenciales. Sin embargo, en ambas Cámaras del Congreso se impusieron los demócratas. En el Senado por 55 a 45 y en la Cámara de Representantes por 262 a 173. Esto implica, de factor, una especie de co-gobierno entre ambos partidos a través de políticas bipartidista en temas importantes.
Como es sabido, los contrarrevolucionarios no cuentan con el respaldo de la mayoría de los demócratas para obtener ayuda militar, lo cual es condición de posibilidad para impulsar estratégicamente la continuación de la guerra. En cambio, sí es muy posible que cuenten con "ayuda humanitaria" para poder jugar roles tácticos hasta que se llegue a la solución negociada. No es probable que Bush se comprometa en conseguirles ayuda ilegal estando aún fresco el escándalo del Irán-Contras. Tampoco lo es que Bush quiera entrar en fuertes conflictos con el Congreso, al estilo Reagan, porque necesita un mínimo de apoyo bipartidista en los difíciles temas macroeconómicos (déficit fiscal, política impositiva),sin contar, además, con que para cualquier polémica le falta la "magia" de Reagan ante los micrófonos y las cámaras televisivas. Su tarea no sería fácil: según una encuesta de Los Angeles Times, del total de los electorales en las pasadas elecciones solo el 9% apoyó la ayuda militar a la contrarrevolución y, de los que votaron por Bush, solo el 14%. Los grandes dificultades en conseguir apoyo militar y las grandes probabilidades de conseguir "ayuda humanitaria" en el contexto de una solución negociada, incrementan, pues, las posibilidades de ésta última.
Cabe la posibilidad de que los republicanos ultraconservadores impulsen tácticamente negociaciones en la región para, en el proceso de las mismas, culpar a Nicaragua de intransigente y tener mayor posibilidad de conseguir ayuda de militar en el Congreso. La eventual continuidad de la opción militar tendrían que emplear casi necesariamente este mecanismo táctico. Así lo han declarado incluso personajes o instituciones norteamericanas que "prefieren guardar el anonimato". Esta variante debe ser tomada muy en serio por Nicaragua pero, sin duda alguna, la habilidad negociadora que el sandinismo ha mostrado especialmente en Esquipulas II y III y en Sapoá, no ofrece grandes esperanzas a los ultraconservadores.
El cuarto factor importante es la economía nicaragüense. Esta se ha venido deteriorando como efecto de once años de guerra, la crisis económica internacional y, más recientemente, por los destrozos del huracán Joan. Según el más reciente informe de la CEPAL, estos daños ascienden a 840 millones de dólares (40% del Producto Interno Bruto). Datos extraoficiales calculan que la inflación al finalizar el año no será menor de 5000% ¿No debe llevar continuar la guerra de agresión contrarrevolucionaria para provocar el derrocamiento de la revolución por esta vía?. Ciertamente esa es una posibilidad real que deberá ser contrapesada por los estrategas de Washington con los tres factores anteriormente señalados que orientan en una dirección opuesta.
La conveniencia de la solución negociadaSin embargo, una comprensión más de fondo de la crisis económica de Nicaragua de sus efectos político-ideológico internos lleva a la conclusión de la conveniencia de la solución negociada. La utilización política de la crisis económica tienen como objetivo provocar un descontento que lleve al derrocamiento del Gobierno; es decir, en último término tiene que medirse políticamente. El gobierno no caerá por sí mismo, tienen que haber una fuerza que lo haga caer. Una encuesta reciente de opinión pública, realizada por los organismos no gubernamentales Itztani y Universidad Centroamericana (católica) en Managua, muestra que esa posibilidad es sumamente remota.
La debilidad económica del gobierno, no se ha traducido en una simpatía por la alternativa contrarrevolucionaria. Un 85% de la población rechaza la ayuda de Estados Unidos y solo un 9% la aprueba (la mayoría de ellos en barrios de clase media y alta, y mayores de 40 años). Solo el 7% de la población dice admirar la democracia y la libertad de los Estados Unidos, mientras que un 54% o más califica muy positivamente la posición de México, Cuba y la Unión Soviética hacia Nicaragua. El accionar contrarrevolucionario tampoco ha favorecido a los partidos de oposición. De la población que tiene opción definida por un partido político, el 70% opta por el FSLN y el 30% por partido opositores. Por tanto, en caso de que los Estados Unidos se decidieran por la prolongación estratégica del conflicto militar, todavía tienen un muy largo trecho que recorrer para ganar "las mentes y los corazones" la población nicaragüense.
Por el contrario, la solución política negociada, con su paralelo fortalecimiento del proceso democrático nicaragüense, parece brindar mejores posibilidades. Aunque un significativo 36% rechaza la idea de que la contra se incorpore incluso a la vida política del país de acuerdo a Esquipulas II, un 57% apoya esta fórmula de solución. Eso es muestra, en gran medida, del cansancio provocado por la guerra. Ese cansancio y la crisis económica -el 74% dice que la situación económica de su familia es hoy peor que hace un año- se hace sentir en una apatía por la vida política del país: un 59% no está identificado con ningún partido político. Aunque esta apatía no es comparable con la de los Estados Unidos, en donde, pese a las costosas campañas propagandistas, un 51% de la población apta no se presentó a votar en las pesadas elecciones. Conquistar parte de ese público apático deberá ser el objeto de la posición al FSLN. Esa posibilidad sólo se les abrirá si llega al paz y, por tanto, se procede a los procesos electorales previstos en la Constitución y en los Acuerdos de Esquipulas II. En otras palabras, la crisis de la economía nicaragüense es más aprovechable por los Estado Unidos por la vía político-ideológica que por la vía militar.
Por estas razones los cuatro factores analizados (situaciones actual de la contra, panorama diplomático-internacional, política interna de Estados Unidos y situación económica de Nicaragua) nos llevan a considerar que la opción más racional por parte del gobierno Bush no es ni la intervención militar directa ni la prolongación del conflicto, sino la solución política negociada. Por una lógica distintiva esa es también la mejor opción para Nicaragua, lo cual abre las puertas de una nueva época.
¿Y si continúa la guerra?Pero la reflexión sobre la racionalidad de las opciones posibles que tiene la Administración Bush no termina ahí. Supongamos que los ultraconservadores imponen la opción de la prolongación militar del conflicto. ¿Qué podría pasar entonces? La respuesta a esta pregunta es tan importante como el razonamiento que llevamos hecho. Y la respuesta es que probablemente los Estados Unidos perderían su capacidad de optar, viéndose forzados a intervenir militarmente en Centroamérica. Es decir, se verían irreversiblemente abocados a la opción menos conveniente a la Administración Bush. Bush estaría obligado a llegara donde Reagan no quiso llegar.
La opción de prolongación militar del conflicto, posterior en todo caso a la realización de un show negociador, provocaría sin duda la respuesta de Nicaragua. Los dirigentes estadounidenses, en su gran mayoría, están acostumbrados a decir la última palabra. Por eso no calculan y se sorprenden de las respuestas que pueden recibir.
En este caso Nicaragua tendría dos respuestas escalonadas. La primera sería, que vista de la terquedad norteamericana, diera cancelado el intento de paz de Esquipulas y, dentro del marco legal que proporciona la Constitución, decretara el Estado de emergencia en su máximo rigor, suspendiendo por tanto todo tipo de elecciones y aquellas libertades propias de un tiempo de paz. Con posterioridad, rompiendo los cauces legales como lo ha hecho Estados Unidos con Nicaragua (tal como lo declaró la Corte de la Haya), proveería ¡ahora sí- a la guerrilla salvadoreña de cohetes antiaéreos.
Tomando en cuenta la actual correlación militar aéreos en la estrategia contrainsurgente, es evidente que eso inclinaría definitivamente la lucha en favor del FMLN. Los Estados Unidos se verían forzados a intervenir en Nicaragua y/o El Salvador y, en cualquier caso, las fuerzas revolucionarias de esos países centroamericanizarían responderían al conflicto. Al tener que priorizar esta área, los costos de este conflicto para el conjunto de los intereses norteamericanos en el mundo serían muy altos. Para recapacitar, Estados Unidos sólo tendría el tiempo que media entre la implementación por parte de Nicaragua del primero y el segundo escalón de lucha.
¿Dramático? Ciertamente. Pero, ¿es razonable económica, política y militarmente esperar a que el país sea poco a poco destruido? En último término ésta sería la opción nicaragüense para forzar el acortamiento del conflicto dejando tan sólo dos opciones; la intervención directa o negociación inmediata. ¿Se atreverán los sandinistas a forzar el conflicto de esta manera? Lo harán si lo necesario.
Por el contrario, si la Administración Bush hiciera oídos sordos a los ultraconservadores y se produjera un acuerdo de paz con Nicaragua, la problemática salvadoreña no podría centroamericanizarse por sí misma. Nicaragua siempre apoyaría al FMLN en el marco del derecho internacional, pero eso no es lo mismo que una coordinación militar revolucionaria.
Estos dos escenarios centroamericanos, tan distintos, refuerzan en negativo el razonamiento en positivo sobre la racionalidad que debe tener la Administración Bush para impulsar una solución negociada con Nicaragua.
El camino ha quedado abierto, y no por casualidad, en México. Carlos Salinas de Gortari, en su toma de posesión, enfatizó los principios de política exterior de su país, insistiendo en los problemas comunes que afectan a los latinoamericanos y en la necesaria autodeterminación de los pueblos. En ese marco los cancilleres centroamericanos solicitaron al Secretario General de la ONU iniciar el proceso de verificación de los Acuerdos de Esquipulas II en materia de seguridad; propusieron a los cinco presidentes centroamericanos celebrar una Cumbre en San Salvador el 15 y 16 de Enero, y convocaron a una reunión de la Comisión Ejecutiva en Managua para el 12 y 13 de Enero. Duras batallas y forcejeos políticos se avecinan tratando de definir los términos concretos de la negociación. Importantes juegos tácticos imperiales pueden estar en el trasfondo de esa reunión, la contrarrevolución puede recomenzar sus presiones militares, pero, si se impone la razón, de Esquipulas IV puede surgir el impulso decisivo hacia la paz.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica